PRUEBAS PARA MEJOR PROVEER EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. EL TRIBUNAL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, SI LO CONSIDERA NECESARIO, PODRÁ ORDENAR, DE OFICIO, QUE SE RECABEN Y DESAHOGUEN AUNQUE YA LE HAYA SIDO PRESENTADO EL PROYECTO PARA SU RESOLUCIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 35 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS).
RECURSO DE RECLAMACIÓN 201/2002-PL, DEDUCIDO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 356/2001. MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, ESTADO DE GUERRERO.
MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.
SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO. Por cuestión de orden, en primer término se analizará la procedencia del presente recurso de reclamación.
El artículo 51, fracción V, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, señala:
"Artículo 51. El recurso de reclamación procederá en los siguientes casos:
"...
"V. Contra los autos o resoluciones del Ministro instructor que admitan o desechen pruebas."
De lo anterior se advierte que como la reclamación a estudio se interpone en contra del auto por el que el Ministro instructor desechó las pruebas testimoniales y periciales en materias de antropología, derecho indígena, derecho internacional y derecho constitucional, así como en derecho y autonomía municipal, ofrecidas por la parte actora, ahora recurrente, el referido recurso es procedente.
TERCERO. Enseguida se analizará la oportunidad del recurso de reclamación.
El artículo 52 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé:
"Artículo 52. El recurso de reclamación deberá interponerse en un plazo de cinco días y en él deberán expresarse agravios y acompañarse pruebas."
Del precepto reproducido se desprende que el plazo para la interposición del recurso de reclamación es de cinco días.
Por su parte, los artículos 2o., 3o. y 6o., de la ley reglamentaria de la materia, señalan:
"Artículo 2o. Para los efectos de esta ley, se considerarán como hábiles todos los días que determine la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación."
"Artículo 3o. Los plazos se computarán de conformidad con las reglas siguientes:
"I. Comenzarán a correr al día siguiente al en que surta sus efectos la notificación, incluyéndose en ellos el día del vencimiento;
"II. Se contarán sólo los días hábiles, y
"III. No correrán durante los periodos de receso, ni en los días en que se suspendan las labores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación."
"Artículo 6o. Las notificaciones surtirán sus efectos a partir del día siguiente al en que hubieren quedado legalmente hechas.
"Las notificaciones que no fueren hechas en la forma establecida en este título serán nulas. Declarada la nulidad se impondrá multa de uno a diez días al responsable, quien en caso de reincidencia será destituido de su cargo."
Los artículos reproducidos prevén los plazos y reglas generales a las que deberán sujetarse las notificaciones dentro del trámite de las controversias constitucionales, señalando, al efecto, que tales plazos comenzarán a correr al día siguiente al en que surta sus efectos la notificación, incluyendo en ellos el día de vencimiento; que se contarán sólo los días hábiles; que no correrán durante los periodos de receso, ni en los días en que se suspendan las labores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que las notificaciones surtirán sus efectos a partir del día siguiente al en que hubiesen quedado legalmente hechas.
En la especie, el auto recurrido, de tres de junio de dos mil dos, fue notificado a la parte recurrente el martes cuatro de junio siguiente, por medio del oficio número 09495-II, como consta a fojas dieciocho de este expediente, surtiendo efectos el miércoles cinco, por lo que el plazo para la interposición del recurso corrió a partir del día hábil siguiente a éste en que surtió efectos la notificación, esto es, el jueves seis de junio de dos mil dos, y concluyó el miércoles doce de junio siguiente, descontándose el sábado ocho y domingo nueve de junio, por ser inhábiles, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2o. y 3o., fracción II, de la ley reglamentaria de la materia, en relación con el 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
En consecuencia, si el recurso de reclamación fue presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el once de junio de dos mil dos, según se advierte del sello que obra en el reverso de la hoja cinco de este expediente, es evidente que fue interpuesto oportunamente.
CUARTO. A continuación se analizará la legitimación de quien interpone el recurso de reclamación a estudio.
El presente recurso lo signa Aurora Salomé de la Riva Copete, en su carácter de delegada del Municipio de Alcozauca, Estado de Guerrero, en términos del artículo 11 de la ley reglamentaria de la materia, que en la parte que a este asunto interesa, prevé:
"Artículo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.
"En las controversias constitucionales no se admitirá ninguna forma diversa de representación a la prevista en el párrafo anterior; sin embargo, por medio de oficio podrán acreditarse delegados para que hagan promociones, concurran a las audiencias y en ellas rindan pruebas, formulen alegatos y promuevan los incidentes y recursos previstos en esta ley. ..."
En consecuencia, si conforme a la disposición legal reproducida, los delegados designados por las partes pueden promover los recursos previstos en la ley reglamentaria de la materia, y si dicho carácter le fue reconocido a Aurora Salomé de la Riva Copete, por auto de cuatro de octubre de dos mil uno (fojas treinta y siete del expediente principal), dictado por el Ministro instructor en la controversia constitucional de donde se deriva este recurso, es evidente que el delegado referido cuenta con la legitimación necesaria para interponer el presente recurso de reclamación.
QUINTO. Los agravios encaminados a demostrar que con la emisión del auto recurrido se violaron los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal deben desestimarse, porque la tramitación de las controversias constitucionales se rige por lo dispuesto en la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, y a falta de disposición expresa, por las del Código Federal de Procedimientos Civiles, por lo que si durante el procedimiento de dichas controversias se emite algún auto o resolución que a juicio de alguna de las partes resulte incorrecto, dicho proceder debe analizarse a la luz de los ordenamientos legales invocados y no de los preceptos que contiene la Constitución Federal.
Sirve de apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia P./J. 139/2001, sustentada por el Tribunal Pleno, visible en la página mil cuarenta y tres del Tomo XV, enero de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señala:
"RECLAMACIÓN EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SON INATENDIBLES LOS AGRAVIOS QUE SE HACEN VALER EN DICHO RECURSO CUANDO SE REFIERAN A LA CONTRAVENCIÓN DE PRECEPTOS CONSTITUCIONALES POR PARTE DEL MINISTRO INSTRUCTOR. De conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el conocimiento de las controversias constitucionales estará a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y su tramitación y resolución se rigen por las disposiciones de la ley reglamentaria de la materia y, a falta de disposición expresa, por las del Código Federal de Procedimientos Civiles, por lo que si durante su instrucción o procedimiento se emite algún auto o resolución que a juicio de alguna de las partes resulta incorrecto, dicho proceder debe analizarse a la luz de las disposiciones de los ordenamientos invocados. En consecuencia, si en el recurso de reclamación se hacen valer como agravios la contravención a preceptos de la Constitución Federal por parte del Ministro instructor, dichos agravios deben desestimarse por inatendibles, pues jurídicamente no es posible que proceda un medio de control constitucional sobre otro, ya que a través del citado recurso este Alto Tribunal podrá corregir dentro de aquél las irregularidades del procedimiento que en su caso hubieran existido."
En otro aspecto, la parte recurrente hace valer como agravios, los siguientes:
a) Que el Ministro instructor aplicó inexactamente el artículo 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, ya que las pruebas testimoniales y la pericial en materia de antropología que anunció, tienen por objeto demostrar hechos en sentido genérico y actos jurídicos en sentido estricto, mas no acreditar una cuestión de derecho.
b) Que el Ministro instructor también aplicó inexactamente dicho artículo 86, en su segunda parte, donde dispone que son objeto de prueba "los usos y costumbres en que se funde el derecho", y los medios probatorios en cuestión no sólo tienen la finalidad de acreditar hechos, sino también usos y costumbres, ya que en la demanda de controversia constitucional se reclama la violación al procedimiento seguido para reformar la Constitución en materia indígena, al no haberse llevado a cabo consulta alguna con la asamblea de su Municipio, la cual, conforme a sus costumbres, es el máximo órgano de discusión, consulta y toma de decisión en aquellos asuntos en que se vean involucrados los intereses de la colectividad, reiterando que como en esas costumbres funda su derecho a ser consultado a través de la asamblea, la testimonial y la pericial antropológica sí guardan relación con la controversia, ya que de probar la existencia de la asamblea y su carácter de instancia máxima de toma de decisión y consulta, pondrá de manifiesto que no se consultó al Municipio actor, o bien, de existir la consulta, que ésta no se hizo con las instancias representativas. Consecuentemente, el Ministro instructor dejó de valorar el carácter de usos y costumbres que revisten los hechos en los que el Municipio actor funda su derecho a ser consultado a través de la asamblea general.
c) Que desde otro punto de vista, en el auto recurrido se aplicó inexactamente el artículo 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, porque en la controversia constitucional se reclama la invalidez del procedimiento de reformas a la Constitución Federal en materia indígena, por violaciones cometidas en éste, por lo que niega que la litis únicamente se centre en el análisis del contenido de los artículos reformados.
d) Que el Ministro instructor aplicó inexactamente el artículo 31 de la ley reglamentaria de la materia, porque prejuzga el resultado final de la controversia en detrimento del Municipio actor, al considerar en el auto recurrido que los medios probatorios ofrecidos no influirán en la sentencia definitiva, cuando lo cierto es que en caso de que el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación determine entrar al estudio de todas las violaciones planteadas, dichas pruebas influirán, en forma decisiva, en la resolución del asunto.
e) Que para decidir sobre las violaciones al procedimiento de reformas a la Constitución, la litis será estrictamente jurídica si este Alto Tribunal considera que no tiene competencia para ello; así, la discusión habrá quedado en puntos de derecho, pero si decide que debe conocer de dicho procedimiento, forzosamente deberá analizar los actos que componen el referido procedimiento, para lo cual debe tener a la vista todos los medios probatorios relativos.
f) Que al no admitírsele las pruebas relativas, esta Suprema Corte está prejuzgando sobre el concepto de invalidez que expresó en su demanda respecto a que se transgreden, en su perjuicio, el artículo 133 constitucional, en relación con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en virtud de que las autoridades demandadas impiden que el Municipio, en cumplimiento al convenio citado, proteja, en su calidad de órgano de gobierno, el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados sobre las medidas legislativas susceptibles de afectarles directamente y mediante procedimientos apropiados, de tal suerte que dichas pruebas son indispensables para estudiar el concepto de invalidez y para cumplir con el convenio de referencia.
Los agravios anotados se estudiarán en forma conjunta, por la íntima relación que guardan entre sí.
A efecto de resolver las cuestiones planteadas, resulta necesario hacer las precisiones siguientes:
En primer lugar, se advierte que la parte actora, ahora recurrente, impugna en la controversia constitucional la invalidez del procedimiento legislativo del decreto de reformas a los artículos 1o., 2o., 4o., 18 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo texto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de agosto de dos mil uno; y al respecto adujo como conceptos de invalidez, esencialmente, los siguientes:
a) Que las autoridades señaladas como demandadas violaron el artículo 6o. del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en relación con los artículos 14, 16, 133 y 135 constitucionales, porque tratándose de una reforma constitucional, el órgano facultado para modificarla debe cumplir con la consulta a los pueblos interesados, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6o. del convenio mencionado, la cual constituye una fase del procedimiento reformatorio, además de las establecidas en el artículo 135 de la Constitución, fase aquélla con la que no cumplieron las demandadas.
b) Que la consulta y participación de los pueblos indígenas es un derecho internacionalmente reconocido por los órganos de aplicación, tanto del Sistema Regional Interamericano, como de las Naciones Unidas, lo que también se encuentra plasmado en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, ratificado por México en mil novecientos setenta y cinco, por lo que dicha consulta no puede quedar a criterio de los legisladores.
c) Que durante el procedimiento para la aprobación del decreto de reformas constitucionales en materia de derechos indígenas, nunca se consultó a la parte actora, a los restantes Municipios o a algún pueblo indígena de este país, por lo que se conculca el artículo 6o. del Convenio 169 multicitado y, por ende, la reforma está afectada de invalidez.
d) Que la reforma constitucional combatida no sólo no respetó el derecho de consulta de los pueblos indígenas, sino que transgredió los acuerdos adoptados entre el Ejecutivo Federal y los pueblos indígenas, como son el de San Andrés, suscrito el dieciséis de febrero de mil novecientos noventa y seis, base de la propuesta de reforma constitucional de la Cocopa, los cuales debieron ser tomados en cuenta conforme a lo dispuesto por el artículo 6o. del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
e) Que las Legislaturas de los Estados de Aguascalientes, Durango, Jalisco, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco y Tlaxcala, como integrantes del Órgano Reformador de la Constitución, violaron el procedimiento para reformar o modificar la Constitución Federal, al no emitir el decreto aprobatorio con la votación de la mayoría calificada exigida por la Constitución Federal y las respectivas Constituciones Locales, por lo que se vicia el conteo de votos efectuado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, así como todos los actos legislativos y administrativos posteriores a ese acto.
f) Que la reforma constitucional en materia indígena afecta directa e inmediatamente los derechos colectivos reconocidos al Municipio actor en los instrumentos legales nacionales, estatales e internacionales, toda vez que dicha reforma, implícitamente, deja sin efecto el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Oaxaca, con lo que viola el artículo 72, inciso f), de la Constitución Federal, dado que su contenido es inferior a los principios y derechos mínimos contenidos en esos instrumentos legales.
g) Que las demandadas en ningún momento llamaron al representante del Municipio actor para participar en la discusión y decisión de aprobar la reforma constitucional en materia indígena, la cual es ajena a la voluntad e intereses municipales y hace nugatorio el derecho del Municipio actor para ejercer sus facultades de organización, representación y gobierno, lo que es contrario a lo dispuesto por el artículo 115 constitucional, en relación con diversos preceptos de la Constitución Local, así como de la Ley Orgánica Municipal y la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas.
h) Que el presidente de la República no ejerció los mecanismos legales, como es la controversia constitucional, ni la Procuraduría General de la República, en la esfera del Poder Ejecutivo, promovió acción de inconstitucionalidad contra aquellos actos legislativos susceptibles de violar la Constitución, por lo que se infringe lo previsto en los artículos 87 y 128 constitucionales, en cuanto a la obligación que tiene el Poder Ejecutivo Federal de guardar y hacer guardar la Constitución Federal.
De lo anotado se desprende que, en la controversia constitucional de donde se deduce este recurso, la parte actora aduce que el procedimiento legislativo del decreto de reformas a los artículos 1o., 2o., 4o., 18 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación de catorce de agosto de dos mil uno, es violatorio de los artículos 5o., 14, 16, 72, 87, 128, 133 y 135 de la misma Constitución, así como del artículo 6o. del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y de la Constitución Local.
Las autoridades señaladas como demandadas, al respecto, hacen consistir sus defensas, esencialmente, en que no se violaron las disposiciones legales que señala la parte ahora recurrente en su demanda de controversia constitucional y que, por ende, no se transgredió el procedimiento de reforma constitucional impugnado.
La parte actora, ahora recurrente, en la controversia constitucional de donde se deduce el presente recurso, anunció pruebas testimoniales con la finalidad de acreditar la forma en que se consulta y se toman las decisiones en el Municipio actor; esclarecer si en el procedimiento de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia indígena, se consultó a dicho Municipio, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 6o. del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, y acreditar las irregularidades cometidas por la Cámara de Diputados y la Comisión Permanente del Congreso de la Unión durante el procedimiento de reforma, al tenor de los cuestionarios siguientes:
"Interrogatorio al tenor del cual solicito sean examinados los señores Nicolás Néstor Díaz y Palemón Porfirio Cornelio, en la controversia constitucional número 356/2001, promovida por el Municipio de Alcozauca, Guerrero, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
"Previa protesta de ley y otorgamiento de sus generales, el testigo dirá:
"1. ¿A qué pueblo pertenece usted?
"2. ¿Conoce el Municipio de Alcozauca, Guerrero?
"3. ¿Si las comunidades que conforman al Municipio de Alcozauca, Guerrero, pertenecen a algún pueblo indígena?
"4. Si la respuesta anterior es afirmativa, que diga ¿a qué pueblo indígena pertenecen?
"5. ¿En qué forma toman decisiones y acuerdos los ciudadanos del Municipio de Alcozauca, Guerrero?
"6. Describa una asamblea general del Municipio de Alcozauca, Guerrero.
"7. ¿Qué asuntos son discutidos en las asambleas de ciudadanos en el Municipio de Alcozauca, Guerrero?
"8. Si en el año de 2001 ¿conoció que la cultura y los derechos de los pueblos indígenas iban a ser reconocidos en la Constitución?
"9. ¿Cómo se enteró que la cultura y los derechos indígenas iban a ser reconocidos en la Constitución?
"10. Ante la posibilidad de que fueran reconocidos la cultura y los derechos indígenas ¿en qué forma participó?
"11. Ante la posibilidad de que fueran reconocidos la cultura y derechos indígenas ¿en qué forma participó el Municipio de Alcozauca, Guerrero?
"12. ¿En el año 200 (sic), alguna autoridad acudió al Municipio de Alcozauca, Guerrero, para tomarles su opinión sobre la posibilidad de que la cultura y los derechos indígenas fueran reconocidos en la Constitución?
"13. En caso de ser afirmativa la respuesta otorgada a la pregunta anterior ¿en qué forma realizaron la consulta?
"14. El asunto del reconocimiento de los derechos y cultura indígena ¿debe ser conocido por la asamblea de ciudadanos del Municipio de Alcozauca, Guerrero?
"15. Dé la razón de su dicho."
"Interrogatorio al tenor del cual solicito sean examinados los testigos, diputados federales, José Narro Céspedes y Martí Batres Guadarrama, respectivamente, dentro de la controversia constitucional número 356/2001, promovida por el Municipio de Alcozauca, Guerrero, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, previa calificación de legales.
"Previa protesta de ley y otorgamiento de sus generales, el testigo dirá:
"1. ¿Conoce usted la intervención que tuvo la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en el proceso de reforma a la Constitución en materia indígena que se llevó a cabo en el año 2001?
"2. ¿Conoce usted la intervención que tuvo la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el proceso de reforma a la Constitución en materia indígena que se llevó a cabo en el año 2001?
"3. ¿Conoce usted cómo debe desahogarse en una Cámara como la de Diputados, su intervención en un proceso de reforma constitucional?
"4. ¿Sabe usted cómo desahogó la Cámara de Diputados su intervención en el proceso de reforma a la Constitución mencionada?
"5. ¿Sabe usted qué irregularidades se cometieron durante la intervención de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en el referido proceso de reforma a la Constitución Federal?
"6. ¿Conoce usted cómo desahoga su intervención la Comisión Permanente durante un proceso de reforma a la Constitución?
"7. ¿Sabe usted cómo desahogó su intervención la Comisión Permanente durante el proceso de reforma a la Constitución mencionada?
"8. ¿Sabe usted qué irregularidades cometió durante su intervención, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en el referido proceso de reforma a la Constitución Federal?
"9. ¿Sabe usted qué participación dieron la Cámara de Diputados y la Comisión Permanente a los pueblos indígenas que resultaron afectados con las reformas constitucionales mencionadas?
"10. ¿Sabe si la Cámara de Diputados o la Comisión Permanente consultaron a los pueblos indígenas sobre el contenido de la reforma constitucional que aprobaron?
"11. En caso de responder afirmativamente la pregunta anterior, describa si sabe ¿en qué forma se llevó a cabo dicha consulta?
"12. ¿Sabe si existe alguna determinación de la Cámara de Diputados por la que se tenga por bien hecha la consulta a los pueblos indígenas?
"13. ¿Sabe si la mayoría de las Legislaturas Estatales de la República, aprobó el dictamen de reforma a la Constitución Federal en materia indígena?
"14. En caso de responder afirmativamente la pregunta anterior, describa si sabe ¿en qué forma aprobó la mayoría de las Legislaturas Estatales, el dictamen de reforma mencionado y cómo lo comunicaron a la Comisión Permanente?
"15. ¿Describa si le es posible, cómo realizó la Comisión Permanente el cómputo de los votos de las legislaturas?
"16. ¿Sabe si la Comisión Permanente cometió alguna irregularidad en el proceso de cómputo que llevó a cabo en la sesión del día 18 de julio de 2001 y en caso de ser afirmativa su respuesta, describa dicha irregularidad?
"17. Dé la razón de su dicho."
"Interrogatorio al tenor del cual solicito sea examinado el testigo, diputado federal, Héctor Sánchez López, dentro de la controversia constitucional número 356/2001, promovida por el Municipio de Alcozauca, Guerrero, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, previa calificación de legales.
"Previa protesta de ley y otorgamiento de sus generales, el testigo dirá:
"1. ¿Conoce usted la intervención que tuvo la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en el proceso de reforma a la Constitución en materia indígena que se llevó a cabo en el año 2001?
"2. ¿Conoce usted la intervención que tuvo la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el proceso de reforma a la Constitución en materia indígena que se llevó a cabo en el año 2001?
"3. ¿Conoce usted cómo debe desahogarse en una Cámara como la de Diputados, su intervención en un proceso de reforma constitucional?
"4. ¿Sabe usted cómo desahogó la Cámara de Diputados su intervención en el proceso de reforma a la Constitución mencionada?
"5. ¿Sabe usted qué irregularidades se cometieron durante la intervención de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en el referido proceso de reforma a la Constitución Federal?
"6. ¿Conoce usted cómo debe desahogar su intervención la Comisión Permanente durante un proceso de reforma a la Constitución?
"7. ¿Sabe usted cómo desahogó su intervención la Comisión Permanente durante el proceso de reforma a la Constitución mencionada?
"8. ¿Sabe usted qué irregularidades cometió durante su intervención, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en el referido proceso de reforma a la Constitución Federal?
"9. ¿Sabe usted qué participación dieron la Cámara de Diputados y la Comisión Permanente a los pueblos indígenas que resultaron afectados con las reformas constitucionales mencionadas?
"10. ¿Sabe si la Cámara de Diputados o la Comisión Permanente consultaron a los pueblos indígenas sobre el contenido de la reforma constitucional que aprobaron?
"11. En caso de responder afirmativamente la pregunta anterior, describa si sabe ¿en qué forma se llevó a cabo dicha consulta?
"12. ¿Sabe si existe alguna determinación de la Cámara de Diputados por la que se tenga por bien hecha la consulta a los pueblos indígenas?
"13. ¿Sabe si la mayoría de las Legislaturas Estatales de la República, aprobó el dictamen de reforma a la Constitución Federal en materia indígena?
"14. En caso de responder afirmativamente la pregunta anterior, describa si sabe ¿en qué forma aprobó la mayoría de las Legislaturas Estatales, el dictamen de reforma mencionado y cómo lo comunicaron a la Comisión Permanente?
"15. ¿Describa si le es posible, cómo realizó la Comisión Permanente el cómputo de los votos de las legislaturas?
"16. ¿Sabe si la Comisión Permanente cometió alguna irregularidad en el proceso de cómputo que llevó a cabo en la sesión del día 18 de julio de 2001 y en caso de ser afirmativa su respuesta, describa dicha irregularidad?
"17. Dé la razón de su dicho."
Asimismo, la parte actora, ahora recurrente, anunció en la controversia constitucional de donde se deduce este recurso, las pruebas periciales siguientes:
a) En materia de antropología, con la finalidad de acreditar cuál es el mecanismo y la instancia legítima y representativa de consulta del Municipio actor, conforme a sus tradiciones y costumbres, en los términos exigidos por el artículo 6o., inciso b), del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
b) En materia de derecho internacional y derecho constitucional, con la finalidad de ilustrar acerca de la vigencia, obligatoriedad y aplicabilidad del Convenio 169 mencionado, en el procedimiento de reformas a la Constitución Federal en materia de derechos y cultura indígenas, así como el contenido, alcance y forma del cabal cumplimiento del derecho de consulta.
c) En materia de derecho y autonomía municipal, para ilustrar los hechos que, conforme a derecho, son realizados por el Municipio actor, de acuerdo con su autonomía municipal.
d) En materia de derecho indígena, con la finalidad de ilustrar cuál es la situación jurídica de la asamblea del Municipio actor, conforme a los instrumentos jurídicos internacionales, nacionales y del Estado de Guerrero, y si, en su caso, la referida asamblea tenía capacidad para ser interlocutor ante el derecho de consulta a dicho Municipio, conforme a lo dispuesto por el artículo 6o. del multicitado Convenio 169.
Las pruebas en cuestión fueron ofrecidas al tenor de los cuestionarios siguientes:
"Cuestionario conforme al cual rendirá su dictamen el perito en materia antropológica, antropólogo Yuri Alex Escalante Betancourt, en la controversia constitucional número 356/2001, promovida por el Municipio de Alcozauca, Guerrero, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
"Previo el otorgamiento de sus generales, formación académica y experiencia profesional, se solicita que el perito determine:
"1. ¿El Municipio de Alcozauca, Guerrero, pertenece a algún pueblo indígena? Si la respuesta fuera afirmativa, diga a cuál pueblo pertenece.
"2. ¿Cuáles son las principales instituciones sociales, económicas, culturales y políticas del Municipio de Alcozauca, Guerrero?
"3. ¿Cuál es la institución del pueblo indígena asentado dentro del Municipio de Alcozauca, Guerrero, en la que se consultan y toman las decisiones?
"4. Realice una descripción de dicha institución.
"5. ¿Cuáles son las facultades o atribuciones del sistema de cargos indígenas, vigente dentro del Municipio de Alcozauca, Guerrero?
"6. Precise si el contenido de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación es asunto que compete al pueblo indígena y sus comunidades asentados en el Municipio de Alcozauca, Guerrero.
"7. ¿La participación de uno de los integrantes del pueblo indígena asentado dentro del Municipio de Alcozauca, Guerrero, en foros o reuniones de consulta, distintas a la asamblea general, puede considerarse una consulta, en los términos del artículo 6o. del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales?
"8. ¿Qué instancia y cuál es el procedimiento adecuad
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17238-d4a41541/pruebas-para-mejor-proveer-en-controversias-constitucionales-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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