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PENSIÓN DE LOS TRABAJADORES ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. EL ARTÍCULO 19 A DE LA LEY ORGÁNICA QUE LA RIGE, REFORMADO MEDIANTE DECRETO 19871, PUBLICADO EL VEINTICUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DOS, EN CUANTO ESTABLECE LA REGULACIÓN DE AQUÉLLA, NO VIOLA LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 159/2003. · Registro digital (IUS): 17786
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ELEAZAR CASTRO CASTAÑEDA.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Octubre de 2003, , Pág. 844.

AMPARO EN REVISIÓN 159/2003. ELEAZAR CASTRO CASTAÑEDA.

CONSIDERANDO:

SÉPTIMO. Así las cosas, el análisis de los agravios planteados por quien recurre permite realizar las consideraciones siguientes:

Se consideran inoperantes las siguientes manifestaciones vertidas por el inconforme en su recurso de revisión: (folio 7).

"... Independientemente de lo anterior, el a quo dejó de considerar que el Congreso Estatal carece de competencia legislativa para legislar en materia laboral."

En efecto, el anterior señalamiento no es de tomarse en cuenta en el presente recurso de revisión, en virtud de que tales argumentaciones no fueron formuladas por el quejoso en su demanda de garantías, es decir, no formaron parte de los conceptos de violación presentados al Juez de Distrito del conocimiento, por lo que éste y las autoridades responsables no tuvieron oportunidad de opinar al respecto, de ahí que no pueda emprenderse el estudio relativo en esta segunda instancia, porque de hacerlo se podría dejar en estado de indefensión a la contraparte del disconforme.

Tiene aplicación el criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, ubicado en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Segunda Parte-1, enero a junio de 1989, página 85, que precisa:

"AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. Si el recurrente en revisión, en sus agravios esgrime argumentos que no haya hecho valer en su demanda de garantías, tales agravios resultan ineficaces y, consecuentemente, se está en el caso de confirmar la sentencia recurrida."

Por otra parte, el recurrente manifiesta que el acto reclamado lo priva de derechos ya adquiridos e ingresados a su patrimonio, por lo que las consideraciones del Juez de Distrito son equivocadas, toda vez que en la sentencia de amparo indirecto se negó el amparo solicitado en razón de que se consideró que los preceptos legales reclamados no conculcan las garantías individuales del quejoso, ya que no se trata de derechos adquiridos, sino de expectativas de derechos.

Se consideran infundados dichos agravios formulados por el inconforme en atención a lo siguiente:

El quejoso se duele, esencialmente, de que el decreto que modifica los preceptos impugnados son violatorios de la garantía de irretroactividad de las leyes que prevé el numeral 14 de nuestra Carta Magna, ya que suprimieron derechos y prestaciones laborales adquiridos durante la vigencia de la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, específicamente en las fracciones III y IV, ya derogadas, del artículo 18 de dicho cuerpo legal.

Ahora bien, cabe señalar que sobre el tema de la irretroactividad de leyes, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tomado en consideración como parámetros para determinar si una ley es o no retroactiva, esencialmente, la teoría de los derechos adquiridos y de las expectativas de derechos.

De acuerdo con ello, para determinar si los preceptos impugnados son o no violatorios de la referida garantía es necesario precisar si el quejoso tenía ya dentro de su haber jurídico los derechos y prestaciones a los que alude o se trataba sólo de una expectativa de derecho, como lo consideró el Juez de Distrito, en términos de la tesis emitida por el Pleno del más Alto Tribunal del país, visible en la Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación, Volumen CXXXVI, Primera Parte, página 80, que reza:

"RETROACTIVIDAD, TEORÍAS DE LA. Sobre la materia de irretroactividad, existen diversidad de teorías, siendo las más frecuentes, la de los derechos adquiridos y de las expectativas de derecho y la de las situaciones generales de derecho y situaciones concretas o situaciones abstractas y situaciones concretas, siendo la primera, el mandamiento de la ley, sin aplicación concreta de la misma. El derecho adquirido es definible, cuando el acto realizado introduce un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona, y el hecho efectuado no puede afectarse ni por la voluntad de quienes intervinieron en el acto, ni por disposición legal en contrario; y la expectativa de derecho es una esperanza o una pretensión de que se realice una situación jurídica concreta, de acuerdo con la legislación vigente en un momento dado. En el primer caso, se realiza el derecho y entra al patrimonio; en el segundo, el derecho está en potencia, sin realizar una situación jurídica concreta, no formando parte integrante del patrimonio; estos conceptos han sido acogidos por la Suprema Corte, como puede verse en las páginas 226 y 227 del Apéndice al Tomo L del Semanario Judicial de la Federación, al establecer: ‘Que para que una ley sea retroactiva, se requiere que obre sobre el pasado y que lesione derechos adquiridos bajo el amparo de leyes anteriores, y esta última circunstancia es esencial’. ‘La ley es retroactiva cuando vuelve al pasado, para cambiar, modificar o suprimir los derechos individuales adquiridos’. ‘Al celebrarse un contrato, se crea una situación jurídica concreta, que no puede destruirse por la nueva ley, si no es incurriendo en el vicio de retroactividad. Si una obligación ha nacido bajo el imperio de la ley antigua, subsistirá con los caracteres y las consecuencias que la misma ley le atribuye’."

Por consiguiente, y de acuerdo con ello, es útil retomar el contenido de los numerales que fueron modificados y el artículo impugnado de la nueva ley orgánica.

El numeral derogado de dicha ley establecía:

"Artículo 18. Son derechos y deberes del personal académico de la universidad: ... III. Recibir la pensión que otorgue el Consejo General Universitario, en los términos de la normatividad correspondiente, cuando en el desempeño de sus funciones, sufran incapacidad para el servicio; IV. Recibir la pensión vitalicia que otorgue el Consejo General Universitario, cuando cuente con sesenta y cinco años o más de edad, o como mínimo treinta años al servicio efectivo de la universidad ... El procedimiento para regular las licencias, remociones, jubilaciones y demás relaciones propias del personal académico de la universidad, será regulado en los estatutos y reglamentos que autorice el Consejo General Universitario, así como por la normatividad estatal y federal aplicable."

Por su parte, el artículo reclamado establece:

"Artículo 19 A. Los trabajadores académicos y administrativos de la Universidad de Guadalajara recibirán una sola pensión; la establecida en los términos de la Ley del Seguro Social, o bien, la que la universidad convenga con sus trabajadores en un régimen pensionario propio en los términos que establezca el Consejo General Universitario."

De lo anterior se advierte lo siguiente:

a) De conformidad con la fracción III derogada del numeral 18 de la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, el personal académico de dicha institución tendría derecho a recibir la pensión que se otorgue por el consejo, cuando en el desempeño de sus funciones sufran incapacidad para el servicio.

b) De acuerdo con la fracción IV derogada, dicho personal académico tendría derecho a recibir una pensión vitalicia al contar con sesenta y cinco años o más de edad, o tener un mínimo de treinta años al servicio de la universidad.

Ahora bien, de las documentales aportadas por el inconforme al presentar su demanda de amparo indirecto, específicamente de la copia simple de su credencial de elector con fotografía, se advierte que su fecha de nacimiento es el quince de mayo de mil novecientos cuarenta y nueve, es decir, que a la fecha en que entró en vigor la reforma aludida, es decir, el día veinticinco de diciembre de dos mil dos, tenía cincuenta y tres años de edad; por otra parte, de la copia simple del nombramiento otorgado por la Universidad de Guadalajara, se advierte que su antigüedad en esa institución educativa es desde el uno de febrero de mil novecientos noventa y seis.

Como se observa de lo anterior, los derechos de las fracciones derogadas a que hace alusión el inconforme no constituyeron prestaciones que se hubieran ya actualizado, sino que potencialmente se iban a obtener al surtirse los supuestos establecidos en dicha ley.

O sea, no se estuvo en el caso de que el recurrente estuviera incapacitado para el servicio, ni contaba con sesenta y cinco años de edad, ni con treinta años de servicio para la institución universitaria.

Por tanto, contrario a lo afirmado por el que recurre, la determinación del Juez de Distrito es correcta, en razón de que dicha autoridad federal estableció que esas prestaciones no constituyen derechos que hubiesen sido adquiridos por el simple hecho de ser sujeto de dicha ley, sino que su obtención estaba condicionada a determinados supuestos o requisitos y, por tanto, los preceptos reclamados no infringen la garantía de irretroactividad cuestionada al no afectar o modificar derechos ya adquiridos.

Tiene aplicación la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, octubre de 2001, tesis P./J. 123/2001, página 16, que reza:

"RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. SU DETERMINACIÓN CONFORME A LA TEORÍA DE LOS COMPONENTES DE LA NORMA. Conforme a la citada teoría, para determinar si una ley cumple con la garantía de irretroactividad prevista en el primer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe precisarse que toda norma jurídica contiene un supuesto y una consecuencia, de suerte que si aquél se realiza, ésta debe producirse, generándose, así, los derechos y obligaciones correspondientes y, con ello, los destinatarios de la norma están en posibilidad de ejercitar aquéllos y cumplir con éstas; sin embargo, el supuesto y la consecuencia no siempre se generan de modo inmediato, pues puede suceder que su realización ocurra fraccionada en el tiempo. Esto acontece, por lo general, cuando el supuesto y la consecuencia son actos complejos, compuestos por diversos actos parciales. De esta forma, para resolver sobre la retroactividad o irretroactividad de una disposición jurídica, es fundamental determinar las hipótesis que pueden presentarse en relación con el tiempo en que se realicen los componentes de la norma jurídica. Al respecto cabe señalar que, generalmente y en principio, pueden darse las siguientes hipótesis: 1. Cuando durante la vigencia de una norma jurídica se actualizan, de modo inmediato, el supuesto y la consecuencia establecidos en ella. En este caso, ninguna disposición legal posterior podrá variar, suprimir o modificar aquel supuesto o esa consecuencia sin violar la garantía de irretroactividad, atento que fue antes de la vigencia de la nueva norma cuando se realizaron los componentes de la norma sustituida. 2. El caso en que la norma jurídica establece un supuesto y varias consecuencias sucesivas. Si dentro de la vigencia de esta norma se actualiza el supuesto y alguna o algunas de las consecuencias, pero no todas, ninguna norma posterior podrá variar los actos ya ejecutados sin ser retroactiva. 3. También puede suceder que la realización de alguna o algunas de las consecuencias de la ley anterior, que no se produjeron durante su vigencia, no dependa de la realización de los supuestos previstos en esa ley, ocurridos después de que la nueva disposición entró en vigor, sino que tal realización estaba solamente diferida en el tiempo, ya sea por el establecimiento de un plazo o término específico, o simplemente porque la realización de esas consecuencias era sucesiva o continuada; en este caso la nueva disposición tampoco deberá suprimir, modificar o condicionar las consecuencias no realizadas, por la razón sencilla de que éstas no están supeditadas a las modalidades señaladas en la nueva ley. 4. Cuando la norma jurídica contempla un supuesto complejo, integrado por diversos actos parciales sucesivos y una consecuencia. En este caso, la norma posterior no podrá modificar los actos del supuesto que se haya realizado bajo la vigencia de la norma anterior que los previó, sin violar la garantía de irretroactividad. Pero en cuanto al resto de los actos componentes del supuesto que no se ejecutaron durante la vigencia de la norma que los previó, si son modificados por una norma posterior, ésta no puede considerarse retroactiva. En esta circunstancia, los actos o supuestos habrán de generarse bajo el imperio de la norma posterior y, consecuentemente, son las disposiciones de ésta las que deben regir su relación, así como la de las consecuencias que a tales supuestos se vinculan."

Por tanto, en el caso que nos ocupa no se actualizaron los supuestos que precisaban los artículos derogados, ya que el quejoso no cumplió los sesenta y cinco años de edad, ni los treinta años de servicio para la Universidad de Guadalajara, ni tampoco tuvo alguna incapacidad para el servicio, por lo que se concluye que se trata de expectativas de derechos.

Tiene aplicación al presente caso el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 145-150, Primera Parte, página 53, que establece:

"DERECHOS ADQUIRIDOS Y EXPECTATIVAS DE DERECHO, CONCEPTO DE LOS, EN MATERIA DE RETROACTIVIDAD DE LEYES. El derecho adquirido se puede definir como el acto realizado que introduce un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona, y ese hecho no puede afectarse, ni por la voluntad de quienes intervinieron en el acto, ni por disposición legal en contrario; la expectativa del derecho es una pretensión de que se realice una situación jurídica concreta, conforme a la legislación vigente en un momento determinado."

De conformidad con la tesis que se acaba de citar, y como bien lo precisó el Juez Federal del conocimiento, el derecho adquirido es aquél por medio del cual se introduce un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona; en cambio, la expectativa de derecho es una pretensión de que se realice una situación determinada que va a generar con posterioridad un derecho. En otras palabras, mientras que el derecho adquirido constituye un presente, la expectativa de derecho corresponde al futuro, el cual todavía no se concretiza.

Entonces, si las prestaciones establecidas en las fracciones derogadas no habían entrado al patrimonio del inconforme porque no estaba en los supuestos que la misma ley establecía, ya fuera por cumplir sesenta y cinco años de edad o tener treinta años laborando al servicio de la universidad, o sufrir alguna cuestión de incapacidad, entonces, únicamente constituían una expectativa de derecho lógicamente condicionada al cumplimiento de determinados requisitos, como por ejemplo, cumplir al menos treinta años al servicio de la institución.

No pasa inadvertido para este órgano colegiado el hecho de que el quejoso en su demanda de garantías haya manifestado lo siguiente: (folio 6).

"... se puede advertir con toda claridad, que el suscrito como trabajador de la Universidad de Guadalajara tenía derechos de pensión y de jubilación consagrados a mi favor, de los cuales se me priva con la sola emisión del acto reclamado, pese a que mi derecho a tales prestaciones se encuentra solamente diferido con el tiempo, que como condición suspensiva es el evento futuro que irremediablemente acontecerá, actualizando mi derecho a las pensiones de que me priva el acto reclamado ..."

Lo anterior representa el completo reconocimiento por parte del inconforme de que los derechos a los que nos hemos venido refiriendo aún no se han adquirido, lo que se traduce en que únicamente pueden ser considerados como simples expectativas, tal como lo precisó el Juez de Distrito.

Por consiguiente, si las prestaciones a que hace referencia el quejoso no tenían el carácter de derechos adquiridos, evidentemente es correcta la determinación del Juez de Distrito al establecer que los preceptos impugnados que modifican las prestaciones referidas no son retroactivos.

Además, es inexacto lo aducido por el quejoso en el sentido de que "irremediablemente" va a estar en el supuesto de tener los años de edad o de servicios a que se refería la ley anterior, dado que ello, con independencia de que sí es factible que suceda, resulta que no es determinante para establecer la inconstitucionalidad de la ley, en virtud de que lo importante es que la misma condicionó el derecho a los beneficios de pensión o jubilación a determinadas exigencias, que como no se dieron durante la vigencia de la ley no puede el quejoso válidamente afirmar que se le privó de un derecho, si éste no se había actualizado por no haber reunido los requisitos de años de edad y prestación de servicios, ni estuvo en un estado de incapacidad para el servicio; de ahí que a fin de obtener tales beneficios ahora debe observar lo que la nueva ley prevé, que incluso siguen siendo expectativas de derecho, que vendrán a constituir derecho adquirido cuando se den las condiciones relativas. Por ende, el Juez de Distrito no infringió el artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo; en primer lugar, porque esa disposición no aplica para la materia de trabajo, sino para la civil y administrativa; en segundo lugar, porque no se actualiza una violación manifiesta de la ley que haya dejado sin defensa a la quejosa, dado que, como se vio, no existe la irretroactividad alegada.

Tiene aplicación al presente caso la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 306, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, junio de 2001, que establece:

"IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. NO SE VIOLA ESA GARANTÍA CONSTITUCIONAL CUANDO LAS LEYES O ACTOS CONCRETOS DE APLICACIÓN SÓLO AFECTAN SIMPLES EXPECTATIVAS DE DERECHO, Y NO DERECHOS ADQUIRIDOS. Conforme a la interpretación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en cuanto al tema de la irretroactividad desfavorable que se prohíbe, se desprende que ésta se entiende referida tanto al legislador, por cuanto a la expedición de las leyes, como a la autoridad que las aplica a un caso determinado, ya que la primera puede imprimir retroactividad, al modificar o afectar derechos adquiridos con anterioridad y la segunda, al aplicarlo, produciéndose en ambos casos el efecto prohibido por el Constituyente. Ahora bien, el derecho adquirido es aquel que ha entrado al patrimonio del individuo, a su dominio o a su haber jurídico, o bien, es aquel que implica la introducción de un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona o haber jurídico; en cambio, la expectativa de derecho es una pretensión o esperanza de que se realice una situación determinada que va a generar con posterioridad un derecho; es decir, mientras que el derecho adquirido constituye una realidad, la expectativa de derecho corresponde al futuro. En estas condiciones, se concluye que si una ley o un acto concreto de aplicación no afectan derechos adquiridos sino simples expectativas de derecho no violan la garantía de irretroactividad de las leyes prevista en el precepto constitucional citado."

Resultan inoperantes las manifestaciones formuladas en el sentido de que la sentencia que reclama violenta el principio de seguridad jurídica al analizar de manera insatisfactoria e incorrecta los conceptos de violación elaborados.

En efecto, lo anterior es así, atendiendo al hecho de que tal como se desprende de la resolución dictada por el Juez de Distrito, se advierte que hizo un análisis completo de los conceptos de violación hechos valer en el juicio de amparo indirecto, al dar contestación a los mismos y exponer los motivos y fundamentos por los que determinó, por una parte, sobreseer el juicio de amparo y, por otra, negar la protección constitucional, sin que fuera necesario numerar y ordenar esos argumentos tal como fueron numerados y ordenados por el quejoso los conceptos de violación en la demanda de amparo presentada, pues si los mismos están relacionados, y en esencia lo que se reclama es lo mismo, es decir, el punto jurídico consistió en la retroactividad de la aplicación de la ley reformada y el hecho de que con la misma se le priva de los derechos a que hace referencia, por tanto, al haberse emitido una sentencia congruente con dichas manifestaciones el Juez Federal no le causa perjuicio a la recurrente con la sentencia emitida.

Además de dichos agravios, también se consideran inoperantes los que formula en relación con que la sentencia de amparo fue omisa en advertir que la aplicación de la ley reclamada viola también la garantía de audiencia y defensa, a fin de ser oído y vencido en juicio para la pérdida de derechos, contenida en el numeral 14 constitucional.

Lo anterior es así, atendiendo al hecho de que esas manifestaciones no fueron vertidas por el inconforme en su demanda de amparo y aunque las mismas tienen íntima relación con los conceptos de violación formulados, a nada práctico conduce su estudio, ya que al establecer el Juez de Distrito que la ley reclamada no es de aplicación retroactiva por no tratarse el caso que nos ocupa de derechos adquiridos, sino de simples expectativas de derecho, es indudable que no puede reclamarse la violación a la garantía que tutela el derecho a ser oído y vencido en juicio para la pérdida de derechos, pues al considerar el Juez Federal que el quejoso no tenía algún derecho adquirido, es incontrovertible el hecho de que no se puede reclamar la pérdida de algo (el derecho a las pensiones) que no se tenía.

Así las cosas, se estiman infundadas las manifestaciones iniciales del inconforme en las que refiere que el Juez de Distrito emitió la resolución impugnada invocando una serie de criterios jurisprudenciales que no aplican al presente caso.

En efecto, del contenido de la sentencia aquí recurrida se desprende que el Juez de amparo aplicó la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 405, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, diciembre de 1999, de rubro: "JUBILACIÓN. EL ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO TRANSITORIO DEL DECRETO 241 QUE REFORMÓ LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, NO VIOLA LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY."

Dicha tesis se transcribe a continuación:

"JUBILACIÓN. EL ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO TRANSITORIO DEL DECRETO 241 QUE REFORMÓ LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, NO VIOLA LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY.-El artículo décimo tercero transitorio mencionado, que establece que los trabajadores del Estado de Nuevo León que ya tenían derecho a la jubilación a la fecha de entrada en vigor de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de ese Estado, o bien, que se encontraban cerca de obtener ese derecho, podían optar entre el pago de la pensión correspondiente en los términos establecidos en la ley anterior o de conformidad con el nuevo ordenamiento, no resulta retroactivo, en virtud de que rige solamente para quienes ya tenían incorporado a su favor el derecho a la jubilación, es decir, quienes ya contaban con los años de servicio requeridos para ello y, además, habían decidido optar por la jubilación. Lo anterior en virtud de que el derecho a la jubilación no nace inmediatamente cuando se pacta, sino que está condicionado al cumplimiento de algunos requisitos, como cumplir cierto número de años de servicio, que de no actualizarse impedirá que se adquiera ese derecho; de igual manera, si no se optó por la jubilación, no se actualizaron los supuestos de la norma, es decir, si en su momento quien tenía derecho a jubilarse con los porcentajes inherentes al tiempo de servicio correspondiente, no hizo valer ese derecho, no se actualizó en su beneficio el supuesto previsto por la norma. Además, debe tenerse presente que el propio precepto transitorio estableció que aquellas personas que contaran con los años de servicio requeridos para obtener su jubilación, o bien, que encontrándose próximos a cumplirlos, tenían la posibilidad de decidir cuál opción elegían para el pago de su pensión, lo cual debían informar a más tardar el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, lo que constituyó un beneficio extra para quienes todavía no contaban con el derecho a la jubilación."

Así, la apreciación del inconforme es incorrecta, pues el Juez de Distrito aplicó un criterio que sí tiene similitud con el asunto en estudio, como se advierte del rubro y texto de la tesis referida, además de que dicho criterio se invocó porque se trata de un caso semejante al juicio a resolver, es decir, se trata de un caso análogo, por lo que debe desestimarse esta valoración del recurrente por ser equivocada.

Tiene aplicación al presente asunto la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de 1999, tesis VIII.2o. J/26, página 837, de rubro y texto siguientes:

"ANALOGÍA, PROCEDE LA APLICACIÓN POR, DE LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.-Es infundado que las tesis o jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o sus Salas, no puedan ser aplicadas por analogía o equiparación, ya que el artículo 14 constitucional, únicamente lo prohíbe en relación a juicios del orden criminal, pero cuando el juzgador para la solución de un conflicto aplica por analogía o equiparación los razonamientos jurídicos que se contienen en una tesis o jurisprudencia, es procedente si el punto jurídico es exactamente igual en el caso a resolver que en la tesis, máxime que las características de la jurisprudencia son su generalidad, abstracción e impersonalidad del criterio jurídico que contiene."

Para poner de manifiesto dicha similitud, basta decir que en el precedente invocado se trató de que los interesados tenían un régimen de jubilación y pensión específicos que fue reformado por el legislador en cuanto a sus bases, lo que también sucedió en el caso, sin que en dicho supuesto los quejosos hayan reunido los requisitos para tales efectos, según se vio con anterioridad.

Además de lo anterior, el inconforme manifiesta que la aplicación de los criterios jurisprudenciales citados no es correcta, ya que las condiciones laborales que rigen a los trabajadores al servicio del Estado de Nuevo León son diferentes, pues mientras que éstos se rigen por lo que establece el apartado B del numeral 123 constitucional, la relación laboral de los trabajadores de la Universidad de Guadalajara se encuentra prevista por el apartado A del artículo constitucional referido.

Lo anterior es infundado, en virtud de que aun cuando existan diferencias en las relaciones laborales entre los trabajadores de la Universidad de Guadalajara y los trabajadores al servicio del Estado de Nuevo León, es decir, que sus relaciones laborales deriven de distintos apartados del numeral 123 de la Constitución, en lo que se coincide es en las prestaciones, por lo que es irrelevante a qué apartado correspondan.

Por otra parte, manifiesta el recurrente que la resolución dictada por el Juez de Distrito le causa agravios al establecer que no tiene sino una expectativa de derecho, por lo que ello es tanto como afirmar que es válido pactar en un contrato laboral cuantas prestaciones se quiera, para inmediatamente después modificar su contenido en perjuicio del trabajador.

Los anteriores argumentos devienen ineficaces, en razón de que el inconforme expone casos distintos, pues si se pacta una prestación para el trabajador y ésta se da con motivo de la relación laboral, ya no puede válidamente quitársela el patrón; en cambio, en el presente caso la ley reclamada, si bien prevé la prestación, resulta que no las ha dado por no reunir los requisitos el quejoso; igual acontecería en un contrato de trabajo, esto es, que el patrón se comprometa a jubilar a los trabajadores que tengan treinta años de servicios y después aumente esos años, si el empleado aún no tuviera los treinta años la modificación sería válida por no haber tenido el derecho adquirido, sino sólo una expectativa de derecho.

Sostiene también el inconforme que en el estudio de la demanda de amparo debió prevalecer el criterio contenido en el numeral 123, apartado A, fracción XXVII, inciso h), constitucional, que establece que las estipulaciones que impliquen renuncia de algún derecho consagrado a favor del obrero en las leyes de protección y auxilio de los trabajadores serán condiciones nulas y no obligarán a los contratantes, aunque se expresen en el contrato; resulta que en el caso la ley reclamada ningún derecho adquirido generó a su favor, puesto que, como se vio, sólo se trató de una expectativa de derecho, que si bien el quejoso de acuerdo a la legislación reformada podía llegar a adquirir por el transcurso del tiempo o su estado de salud, resulta que nunca llegó a reunir los requisitos que se establecían en los preceptos correspondientes; de manera tal que si la nueva norma modifica los mismos no puede estimarse que infrinja dicho precepto constitucional, por no estar renunciando el inconforme ni se le está privando de algún derecho que ya hubiera ingresado a su esfera jurídica.

También manifiesta que como el acto reclamado regula las relaciones laborales de los trabajadores universitarios, éste deviene inconstitucional, ya que los contratos deben regirse por la ley vigente en el momento de su celebración, a lo que cita la tesis de jurisprudencia 56/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "CONTRATOS, SUS EFECTOS SE RIGEN POR LA LEY VIGENTE AL MOMENTO DE SU CELEBRACIÓN."

Dichas consideraciones son infundadas, en virtud de que la tesis que invoca es inaplicable, dado que trata sobre un contrato celebrado con disposiciones vigentes en el mo

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17786-0d653fdd/pension-de-los-trabajadores-academicos-de-la-universidad · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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