Corpus
Modo: Corpus Pro

PÉRDIDAS FISCALES. EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 55 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, AL ESTABLECER QUE EL DERECHO A DISMINUIRLAS ES PERSONAL DEL CONTRIBUYENTE QUE LAS SUFRE Y QUE DICHO DERECHO NO PUEDE TRANSMITIRSE A OTRA PERSONA NI COMO CONSECUENCIA DE LA FUSIÓN, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. PÉRDIDAS FISCALES. EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 55 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, AL ESTABLECER QUE EL DERECHO A DISMINUIRLAS ES PERSONAL DEL CONTRIBUYENTE QUE LAS SUFRE Y QUE DICHO DERECHO NO PUEDE TRANSMITIRSE A OTRA PERSONA NI COMO CONSECUENCIA DE LA FUSIÓN, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1057/2000. · Registro digital (IUS): 17797
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: AEROVÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Y OTRA.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Octubre de 2003, , Pág. 71.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1057/2000. AEROVÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Y OTRA.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIA: ROSALÍA ARGUMOSA LÓPEZ.

CONSIDERANDO:

CUARTO. Puntualizado lo anterior, en los agravios primero y segundo transcritos en líneas precedentes, en esencia, la parte quejosa aduce que el Tribunal Colegiado negó el amparo solicitado con base en una ejecutoria dictada en un diverso juicio de amparo directo sin analizar los conceptos de violación consistentes en que el artículo 55 de la Ley del Impuesto sobre la Renta viola la garantía de equidad tributaria al dar un trato desigual a iguales, pues no permite que las sociedades fusionantes amorticen las pérdidas en que incurrieron las fusionadas en ejercicios anteriores a la fusión no obstante que adquirieron todo el patrimonio de las fusionadas, en tanto que una sociedad que no se ha fusionado sí puede acreditar las pérdidas en que haya incurrido en ejercicios anteriores, así como que dicho precepto es violatorio de la garantía de audiencia.

Tales aseveraciones son infundadas, pues de la resolución impugnada se advierte que el Tribunal Colegiado dio contestación a los conceptos de violación mencionados en los términos siguientes:

"De los razonamientos jurídicos vertidos por el Pleno del Máximo Tribunal nacional en la ejecutoria transcrita, se infiere que el artículo 55 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al establecer que el derecho a disminuir las pérdidas es personal del contribuyente que las sufra y no podrá ser transmitido ni como consecuencia de la fusión no es violatorio de las garantías de equidad y proporcionalidad tributarias consignadas en el artículo 31, fracción IV, constitucional o de la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 de la Carta Magna, por lo siguiente: a) Aunque las empresas fusionadas y las que no se han fusionado se ubican en la misma hipótesis de causación respecto del impuesto sobre la renta, no deben recibir un trato equitativo en tanto que se encuentran en una situación jurídica desigual, en virtud de que por efectos de la fusión las fusionadas dejan de existir, además de que transmiten su patrimonio a la nueva sociedad o a la subsistente, consecuentemente, se genera la resolución de los vínculos jurídicos que hayan tenido establecidos con terceros y con sus propios socios, se sustituye el deudor respecto de los acreedores de la fusionada, se establecen nuevos vínculos jurídicos entre la fusionante y los socios de la fusionada; efectos que no se presentan en las empresas que no se fusionan, en esa tesitura es evidente que la fusionada recibe un trato acorde con su situación jurídica, ya que no se encuentra en el mismo plano de igualdad que la no fusionada. c) Si bien es cierto que la autoridad legislativa debe cumplir también con la garantía de audiencia, en tanto que tiene el deber jurídico de consignar en las leyes los procedimientos necesarios para que se oiga a los interesados y se les dé la oportunidad de defensa en los casos en que resulten afectados sus derechos, pero dicha garantía no puede tener el alcance de que se oiga a todos los posibles afectados con la ley que se impugna, pues resultaría imposible saber quiénes lo serán, además de que el proceso de formación de las leyes corresponde exclusivamente a órganos públicos."

De la transcripción expuesta se advierte que si bien es cierto que el Tribunal Colegiado reprodujo en su integridad la ejecutoria que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió al resolver el amparo en revisión número 935/97, promovido por Consorcio Ara, S.A. de C.V., también lo es que el órgano colegiado dio contestación a los conceptos de violación mencionados, porque al sustentar su sentencia en esa ejecutoria hizo suyos los razonamientos contenidos en ella, consistentes en que:

a) El artículo 55 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que establece que los derechos a disminuir pérdidas y a realizar acreditamientos y devoluciones son personales del contribuyente no violan la garantía de equidad tributaria establecida en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

b) Las empresas fusionadas y las que no se han fusionado, aun cuando se ubican en la misma hipótesis de causación respecto del impuesto sobre la renta, no deben recibir un trato equitativo en tanto que se encuentran en una situación jurídica desigual, en virtud de que por efectos de la fusión las fusionadas dejan de existir además de que trasmiten su patrimonio a la nueva sociedad o a la subsistente.

c) Lo anterior genera la resolución de los vínculos jurídicos que hayan tenido establecidos con terceros y con sus propios socios, se sustituye al deudor respecto de los acreedores de la fusionada, se establecen nuevos vínculos jurídicos entre la fusionante y los socios de la fusionada, efectos que no se presentan en las empresas que no se fusionan, por lo cual la fusionada recibe un trato acorde con su situación jurídica, ya que no se encuentra en el mismo plano de igualdad que la no fusionada.

d) Asimismo, en la citada ejecutoria se consideró que el precepto invocado no viola la garantía de audiencia prevista por el artículo 14 constitucional, porque dicha garantía no puede tener el alcance de que se oiga a todos los posibles afectados con la ley que se impugna, pues resultaría imposible saber quiénes lo serán.

Luego, si el órgano colegiado citado hizo suyos los razonamientos contenidos en la ejecutoria emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 935/97, es evidente que sí dio contestación a los conceptos de violación mencionados.

Sobre el particular, es aplicable la tesis P. XIII/96, consultable a fojas 172, Tomo III, Novena Época, febrero de 1996, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"SENTENCIA. CUANDO EL JUEZ CITA UNA TESIS PARA FUNDARLA, HACE SUYOS LOS ARGUMENTOS CONTENIDOS EN ELLA. Cuando en una sentencia se cita y transcribe un precedente o una tesis de jurisprudencia, como apoyo de lo que se está resolviendo, el Juez propiamente hace suyos los argumentos de esa tesis que resultan aplicables al caso que se resuelve, sin que se requiera que lo explicite, pues resulta obvio que al fundarse en la tesis recoge los diversos argumentos contenidos en ella."

Además, la ejecutoria con base en la cual el órgano colegiado emitió la sentencia recurrida originó la tesis P. XC/98 que aparece a fojas 243, Tomo VIII, diciembre de 1998 de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto es del tenor literal siguiente:

"FUSIÓN DE SOCIEDADES. LOS ARTÍCULOS 55, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y 9o., ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO, QUE ESTABLECEN QUE LOS DERECHOS A DISMINUIR PÉRDIDAS Y A REALIZAR ACREDITAMIENTOS Y DEVOLUCIONES SON PERSONALES DEL CONTRIBUYENTE, NO VIOLAN LA GARANTÍA DE EQUIDAD TRIBUTARIA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN. Los artículos 55, último párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta y el artículo 9o., último párrafo, de la Ley del Impuesto al Activo, establecen que el derecho a disminuir pérdidas es personal del contribuyente que las sufra y no podrá ser transmitido ni como consecuencia de fusión y que los derechos al acreditamiento y a la devolución previstos en el artículo 9o. de la Ley del Impuesto al Activo son personales del contribuyente, e igualmente no podrán ser transmitidos a otra persona ni como consecuencia de fusión. Dichos preceptos no atentan contra los principios de justicia tributaria, pues no es exacto que permitan inequitativamente que las sociedades mercantiles no fusionadas sí puedan obtener los beneficios señalados, toda vez que una empresa fusionada está en una situación jurídica diversa de una que no se ha fusionado atento a que aquélla se ha extinguido jurídicamente, razón por la que el trato diferente que se le da a través de aquellos numerales no viola la garantía de equidad establecida en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues para que exista inequidad es presupuesto que se trate de entes que estando en igual situación, se les trate en forma desigual por la ley, o estando en diversa situación, se les dé trato igual, extremo que no acontece en la especie."

QUINTO. Por otra parte, es fundado el agravio que la parte quejosa hace valer en el sentido de que el órgano colegiado del conocimiento no estudió el concepto de violación relativo a que el precepto impugnado es inequitativo, porque en los casos de escisión de sociedades permite la transmisión de las pérdidas fiscales pendientes de amortizar a las sociedades que se escinden y no así a las que se fusionaron, no obstante que a través de ambos opera una transmisión universal patrimonial de un contribuyente a otro, por lo cual debe dárseles un trato idéntico en materia de amortización de pérdidas de ejercicios anteriores.

En efecto, de las consideraciones sustentadas por el Tribunal Colegiado en la resolución recurrida, transcritas en líneas precedentes, se advierte que no se ocupó del concepto de violación citado, pues si bien hizo suyos los razonamientos expuestos por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 935/97, promovido por Consorcio Ara, Sociedad Anónima de Capital Variable, reproducida en el considerando que antecede, para apoyar su determinación de declarar constitucional el artículo 55, último párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, porque no viola el principio de equidad; también lo es que, en el precedente mencionado, no consta que se haya analizado la inequidad de la disposición de mérito, porque a las sociedades escindidas se les permite amortizar sus pérdidas, en tanto que a las fusionadas no.

Asimismo, las quejosas aducen que el Tribunal Colegiado omitió analizar el concepto de violación relativo a que el artículo 55, último párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta es violatorio de la garantía de justicia tributaria, consagrada en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Federal, porque quebranta el principio de proporcionalidad al impedir que la fusionante amortice las pérdidas fiscales que resintió la fusionada, se grava a la primera en forma desproporcional a su auténtica capacidad contributiva, en virtud de que el impuesto sobre la renta incide sobre el incremento patrimonial del sujeto pasivo, el cual se determina sumando la totalidad de los ingresos acumulables menos las deducciones autorizadas y, en su caso, las pérdidas fiscales, de manera que si por efecto de la fusión el patrimonio de la empresa extinguida pasa a formar parte del de la absorbente, es evidente que para medir la capacidad contributiva de la última deben tomarse en cuenta las pérdidas de la primera.

Ahora bien, el Tribunal Colegiado consideró:

"b) Habiéndose establecido que se encuentra legalmente justificado el trato diferente que reciben las empresas fusionadas respecto de las que no se han fusionado, en relación con la amortización de las pérdidas fiscales en el impuesto sobre la renta, es evidente que deberán tributar conforme a una base diversa, lo cual es acorde con su condición legal, razón por la cual no puede estimarse que la disposición tildada de inconstitucional infrinja el principio de proporcionalidad tributaria."

De la transcripción que precede, se advierte que el órgano colegiado consideró que el artículo 55 de la Ley del Impuesto sobre la Renta no es desproporcional, porque al justificarse un trato distinto es correcto que se tribute bajo bases distintas acordes con la condición legal de las empresas fusionadas, sin que dé contestación al concepto de violación resumido con anterioridad.

Por tanto, ante lo fundado de los agravios conforme con lo dispuesto por el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo, este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se hace cargo del estudio de los conceptos de violación omitidos.

SEXTO. Los conceptos de violación que se analizan, son infundados por las razones siguientes:

La parte quejosa aduce en síntesis:

a) Que el artículo 55, último párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta no contraviene la garantía de proporcionalidad contenida en el artículo 31, fracción IV, constitucional, porque limita la posibilidad de transmitir las pérdidas de una sociedad fusionante.

b) Que la capacidad contributiva de los sujetos del impuesto sobre la renta se determina en función a los ingresos que perciben, debiendo reconocerse los gastos en que incurran y, en consecuencia, las pérdidas que generen, ya que dicho impuesto tiene por objeto la utilidad que se determine en cada ejercicio; sin embargo, en el artículo impugnado se establece que el derecho a disminuir pérdidas es personal del contribuyente y no podrá transmitirse ni como consecuencia de fusión, lo que evidentemente no reconoce la capacidad contributiva de los pasivos del impuesto.

c) Que conforme a la Ley General de Sociedades Mercantiles, con motivo de la fusión opera una transmisión universal de los derechos y obligaciones de la fusionada a la fusionante, por lo que ésta se coloca en el lugar de la primera y en virtud de ello la sociedad fusionante continuará realizando las mismas actividades que realizaba con anterioridad la fusionada como causahabiente de ésta, por lo que para reconocer la auténtica capacidad contributiva de la fusionante deben tomarse en cuenta todos los gastos, adquisiciones, inversiones y demás erogaciones que en su momento se realizaron tanto por la fusionada como por la fusionante y que resultaron estrictamente indispensables para la generación de ingresos, inclusive, la fusionante deberá reconocer, para efectos de determinar el impuesto sobre la renta a su cargo, aquellos ingresos que se generaron por las actividades de la fusionada, pero que deban acumularse con posterioridad a la fusión.

d) Que en ese orden de ideas, si con motivo de la fusión se transmite la totalidad del patrimonio de la fusionada a la fusionante, para que el impuesto sobre la renta grave su auténtica capacidad contributiva es necesario que se atienda al incremento patrimonial del contribuyente medido en función del resultado fiscal; por lo que para que el gravamen a cargo de la fusionante resulte proporcional, es necesario que se reconozcan todas aquellas partidas que afecten este nuevo patrimonio conjunto, entre las que se encuentran las pérdidas fiscales, y al no permitirse su transmisión se atenta contra su capacidad contributiva, pues le obliga a pagar un impuesto sin tomar en cuenta dichas pérdidas.

e) Que como quedó señalado, la medida de la capacidad contributiva de los sujetos del impuesto se determina en función del reconocimiento que la ley hace tanto de los ingresos como de las deducciones del ejercicio, así como las pérdidas pendientes de amortizar, si después de dicha operación, consignada en el artículo 10 de la Ley Impuesto sobre la Renta, el resultado es positivo estaremos en presencia de una renta gravable, en caso contrario, si el resultado es negativo se genera una pérdida pendiente de amortizar, lo que implica que el contribuyente no tuvo capacidad para contribuir al gasto público.

f) Que en virtud de la fusión, la empresa fusionante adquiere la totalidad de los bienes, derechos y obligaciones de la fusionada y por dicha transmisión el patrimonio de la fusionante se ve claramente afectado, puesto que no sólo adquiere los activos, sino también los pasivos de la fusionada, como lo son las pérdidas cuya deducción se prohíbe; por lo que la prohibición señalada implica que la Ley del Impuesto sobre la Renta únicamente reconoce los ingresos que se hubieran adquirido con motivo de la fusión, desconociendo las cargas que también se adquirieron en dicha operación, debiendo la fusionante determinar su resultado fiscal considerando únicamente aquella parte que incrementa su patrimonio, por lo que la disposición impugnada se traduce en un desconocimiento de los gastos, erogaciones, costos y pérdidas en que requiere incurrir el contribuyente para la generación de los ingresos que son materia del gravamen lo que, desde luego, implica violación a la garantía de proporcionalidad tributaria.

g) Que por ello se provoca que se obligue a la fusionante a pagar el impuesto sobre bases ajenas a su auténtica capacidad contributiva, puesto que ello implica que deba acumular los ingresos que se deriven de la actividad que anteriormente venía realizando la fusionada, sin reconocer los gastos e inversiones en que ésta incurrió en su momento para la generación de los mismos y así se llegaría al absurdo de que los ingresos de la fusionada, generados cuando era un ente distinto, no debían traspasarse a la fusionante entonces por virtud de la fusión, lo que es contrario a la figura que nos ocupa.

Los anteriores argumentos son infundados en atención a que el artículo 55, último párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no es violatorio de la garantía de proporcionalidad tributaria que consagra el artículo 31, fracción IV, constitucional, por las razones que a continuación se exponen.

El Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que la capacidad contributiva, en relación con un determinado impuesto, debe inferirse de la congruencia entre el objeto gravado y la base imponible, toda vez que la capacidad económica gravable o capacidad tributaria no es necesariamente total, genérica o absoluta sino relativa, es decir, referida al objeto del gravamen específico.

El criterio que antecede se encuentra plasmado en la tesis cuyos rubro, texto y datos de identificación se citan enseguida:

"CAPACIDAD CONTRIBUTIVA. CONSISTE EN LA POTENCIALIDAD REAL DE CONTRIBUIR A LOS GASTOS PÚBLICOS. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que el principio de proporcionalidad tributaria exigido por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consiste en que los sujetos pasivos de un tributo deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad contributiva. Lo anterior significa que para que un gravamen sea proporcional, se requiere que el hecho imponible del tributo establecido por el Estado, refleje una auténtica manifestación de capacidad económica del sujeto pasivo, entendida ésta como la potencialidad real de contribuir a los gastos públicos. Ahora bien, tomando en consideración que todos los presupuestos de hecho de los impuestos deben tener una naturaleza económica en forma de una situación o de un movimiento de riqueza y que las consecuencias tributarias son medidas en función de esta riqueza, debe concluirse que es necesaria una estrecha relación entre el hecho imponible y la base gravable a la que se aplica la tasa o tarifa del impuesto." (Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: X, noviembre de 1999. Tesis: P./J. 109/99. Página: 22).

De este criterio se concluye que el principio constitucional de proporcionalidad tributaria vincula a los órganos del Estado a que el objeto del tributo guarde relación con la potencialidad del sujeto pasivo para contribuir a los gastos públicos, garantía que en materia de impuestos directos como lo es el impuesto sobre la renta, deberá atender necesariamente a la fuente de riqueza que grava.

Así, para estar en posibilidad de determinar si la norma impugnada, respecto a la prohibición de transferencia de la pérdida fiscal obtenida por una empresa fusionada, torna en desproporcional el impuesto sobre la renta a cargo de una empresa fusionante, es necesario analizar las normas relacionadas con los elementos del tributo, vigentes en el año de mil novecientos noventa y ocho (fecha en que la parte quejosa formuló la consulta).

Ley del Impuesto sobre la Renta.

"Artículo 1o. Las personas físicas y las morales están obligadas al pago del impuesto sobre la renta en los siguientes casos:

"I. Las residentes en México respecto de todos sus ingresos cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan.

"II. Los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente o una base fija en el país, respecto de los ingresos atribuibles a dicho establecimiento permanente o base fija.

"III. Los residentes en el extranjero, respecto de los ingresos procedentes de fuentes de riqueza situadas en territorio nacional, cuando no tengan un establecimiento permanente o base fija en el país, o cuando teniéndolos, dichos ingresos no sean atribuibles a éstos."

"Artículo 10. Las personas morales deberán calcular el impuesto sobre la renta, aplicando al resultado fiscal obtenido en el ejercicio la tasa del 34%.

"El resultado fiscal del ejercicio se determinará como sigue:

"I. Se obtendrá la utilidad fiscal disminuyendo de la totalidad de los ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio, las deducciones autorizadas por este título.

"II. A la utilidad fiscal del ejercicio se le disminuirán, en su caso, las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de otros ejercicios.

"El impuesto del ejercicio se pagará mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas, dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que termine el ejercicio fiscal."

Cabe señalar que el primer párrafo del artículo 10 fue reformado el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, por lo que respecta a la tasa del 35%, razón por la cual en el desarrollo de esta sentencia se aludirá a este último porcentaje.

"Artículo 15. Las personas morales residentes en el país acumularán la totalidad de los ingresos en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito o de cualquier otro tipo que obtengan en el ejercicio, inclusive los provenientes de sus establecimientos en el extranjero. La ganancia inflacionaria es el ingreso que obtienen los contribuyentes por la disminución real de sus deudas. ..."

"Artículo 17. Para los efectos de este título se consideran ingresos acumulables, además de los señalados en otros artículos de esta ley, los siguientes:

"I. Los ingresos determinados, inclusive presuntivamente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los casos en que proceda conforme a las leyes.

"II. La diferencia entre la parte de la inversión aún no deducida, actualizada en los términos del artículo 41 de esta ley y el valor que conforme al avalúo practicado por persona autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tenga en la fecha en que se transfiera su propiedad por pago en especie.

"III. La diferencia entre los inventarios final e inicial de un ejercicio, cuando el inventario final fuere el mayor tratándose de contribuyentes dedicados a la ganadería.

"IV. Los que provengan de construcciones, instalaciones o mejoras permanentes en inmuebles, que de conformidad con los contratos por los que se otorgó su uso o goce queden a beneficio del propietario. El ingreso se entenderá que se obtiene al término del contrato y en el monto que a esa fecha tengan las inversiones conforme al avalúo que practique persona autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

"V. La ganancia derivada de la enajenación de activos fijos y terrenos, títulos valor, acciones, partes sociales o certificados de aportación patrimonial emitidos por sociedades nacionales de crédito, así como la ganancia realizada que derive de fusión o escisión de sociedades y la proveniente de reducción de capital o de liquidación de sociedades mercantiles de residentes en el extranjero, en las que el contribuyente sea socio o accionista. ..."

"Artículo 22. Los contribuyentes podrán efectuar las deducciones siguientes:

"I. Las devoluciones que se reciban o los descuentos o bonificaciones que se hagan, aun cuando se efectúen en ejercicios posteriores.

"II. Las adquisiciones de mercancías, así como de materias primas, productos semiterminados o terminados que utilicen para prestar servicios, para fabricar bienes o para enajenarlos, disminuidas con las devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre las mismas efectuadas inclusive en ejercicios posteriores.

"No serán deducibles conforme a esta fracción los activos fijos, terrenos, las acciones, partes sociales, obligaciones y otros valores mobiliarios, así como los títulos valor que representen la propiedad de bienes, excepto certificados de depósito de bienes o mercancías; la moneda extranjera, así como las piezas de oro o de plata que hubieran tenido el carácter de moneda nacional o extranjera y las piezas denominadas onzas troy.

"III. Los gastos.

"IV. Las inversiones.

"V. La diferencia entre los inventarios final e inicial de un ejercicio, cuando el inventario inicial fuere el mayor, tratándose de contribuyentes dedicados a la ganadería.

"VI. Los créditos incobrables y las pérdidas por caso fortuito, fuerza mayor o por enajenación de bienes distintos a los que se refiere la fracción II de este artículo.

"VII. Las aportaciones para fondos destinados a investigación y desarrollo de tecnología, así como las aportaciones a fondos destinados a programas de capacitación de sus empleados en los términos del artículo 27 de esta ley.

"VIII. La creación o incremento de reservas para fondos de pensiones o jubilaciones del personal complementarias a las que establece la Ley del Seguro Social y de primas de antigüedad constituidas en los términos de esta ley.

"IX. Derogada.

"X. Los intereses y la pérdida inflacionaria determinados conforme a lo dispuesto en el artículo 7o. B de esta ley.

"XI. Los anticipos y rendimientos que paguen las sociedades cooperativas de producción, así como los anticipos que entreguen las sociedades y asociaciones civiles a sus miembros, cuando los distribuyan en los términos de la fracción II del artículo 78 de esta ley. ..."

"Artículo 24. Las deducciones autorizadas en este título deberán reunir los siguientes requisitos:

"I. Que sean estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente, salvo que se trate de donativos no onerosos ni remunerativos, que satisfagan los requisitos previstos en esta ley y en las reglas generales que para el efecto establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que se otorgue en los siguientes casos ..."

"Artículo 55. La pérdida fiscal será la diferencia entre los ingresos acumulables del ejercicio y las deducciones autorizadas por esta ley, cuando el monto de estas últimas sea mayor que los ingresos. ..."

De las disposiciones legales antes transcritas se desprende que los sujetos del impuesto sobre la renta son todas las personas físicas y morales que se ubiquen en la hipótesis de causación del mismo, referida ésta al objeto del tributo, mismo que lo constituye la percepción de ingresos y se especifica que tratándose de residentes en territorio nacional el tributo recae sobre todos los ingresos que éstos perciban, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza. Tratándose de residentes en el extranjero, se prevén dos supuestos, a saber, aquellos que tengan un establecimiento permanente en el país, caso en el que quedan afectos al impuesto los ingresos atribuibles a dicho establecimiento permanente o base fija, y aquellos que no teniendo establecimiento permanente en el país perciben ingresos procedentes de fuentes de riqueza situadas en territorio nacional, siendo tales ingresos el objeto de la contribución.

Asimismo, se precisa cuáles son los conceptos que se consideran como ingresos acumulables, pues la propia ley señala que las personas morales residentes en el país tienen la obligación de acumular la totalidad de los ingresos en efectivo, en bienes, en servicios, en crédito o de cualquier otro tipo que obtengan en el ejercicio, inclusive los provenientes de sus establecimientos en el extranjero, entre los que se encuentran los determinados presuntivamente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; la diferencia entre la parte de la inversión aún no deducida y actualizada en los términos del artículo 41 de la propia ley y el valor que conforme al avalúo tenga en la fecha en que se transfiera su propiedad por pago en especie; la diferencia entre los inventarios final e inicial de un ejercicio, cuando el final sea el mayor, tratándose de contribuyentes dedicados a la ganadería; los provenientes de construcciones, instalaciones o mejoras permanentes en inmuebles que queden en beneficio del propietario; así como la ganancia derivada de la enajenación de activos fijos y terrenos, títulos valor, acciones, partes sociales o certificados de aportación patrimonial emitidos por sociedades nacionales de crédito, así como la ganancia realizada que derive de fusión o escisión de sociedades y la proveniente de reducción de capital o de liquidación de sociedades mercantiles de residentes en el extranjero en las que el contribuyente sea socio o accionista.

De la misma forma se especifica cuáles son los conceptos respecto de los cuales el contribuyente puede efectuar su deducción para el efecto de determinar su resultado fiscal, precisándose que son deducibles las devoluciones que se reciban, los descuentos o bonificaciones que se hagan; la adquisición de mercancías, materias primas, productos semiterminados o terminados que utilicen para prestar servicios, para fabricar bienes o para enajenarlos; los gastos, las inversiones, la diferencia entre los inventarios final e inicial de un ejercicio, cuando el inventario inicial sea mayor, tratándose de contribuyentes dedicados a la ganadería; los créditos incobrables y las pérdidas por caso fortuito, fuerza mayor o por enajenación de bienes distintos a los señalados en la fracción II del artículo 22; las aportaciones para fondos destinados a investigación y desarrollo de tecnología, así como las aportaciones a fondos destinados a programas de capacitación de sus empleados en los términos del artículo 27 de la ley; la creación o incremento de reservas para fondos de pensiones o

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17797-130ad61b/perdidas-fiscales-el-ultimo-parrafo-del-articulo-55 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.