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Modo: Corpus Pro

CONSOLIDACIÓN FISCAL. EL ARTÍCULO 57-N DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, RELATIVO A ESE RÉGIMEN, VIGENTE A PARTIR DEL PRIMERO DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, PUEDE IMPUGNARSE EN AMPARO TANTO POR LAS SOCIEDADES CONTROLADORAS COMO POR LAS CONTROLADAS. CONSOLIDACIÓN FISCAL. LA NATURALEZA JURÍDICA DE LA AUTORIZACIÓN PARA TRIBUTAR BAJO ESE RÉGIMEN ES LA DE UNA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA. CONSOLIDACIÓN FISCAL. LAS REFORMAS A LOS PRECEPTOS QUE REGULAN ESTE RÉGIMEN, QUE INICIARON SU VIGENCIA EL PRIMERO DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, SON VIOLATORIAS DEL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y POR CONSECUENCIA DE LA CERTEZA Y LA SEGURIDAD JURÍDICAS, EN RELACIÓN, EXCLUSIVAMENTE, CON LOS CONTRIBUYENTES QUE EN ESE MOMENTO TRIBUTABAN DENTRO DEL PERIODO OBLIGATORIO DE CINCO EJERCICIOS, SÓLO RESPECTO A LOS PENDIENTES DE TRANSCURRIR. CONSOLIDACIÓN FISCAL. LOS ARGUMENTOS RELATIVOS A LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS REFORMAS QUE ENTRARON EN VIGOR EL PRIMERO DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, POR VIOLACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, RESULTAN INOPERANTES. CONSOLIDACIÓN FISCAL. NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS DE ESE RÉGIMEN DE TRIBUTACIÓN. CONSOLIDACIÓN FISCAL. VIGENCIA DE LA AUTORIZACIÓN PARA TRIBUTAR BAJO ESE RÉGIMEN. RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. SU DETERMINACIÓN CONFORME A LA TEORÍA DE LOS COMPONENTES DE LA NORMA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 1037/99. · Registro digital (IUS): 16922
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: FIBERVISIONS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Y COAGS.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, , Pág. 79.

AMPARO EN REVISIÓN 1037/99. FIBERVISIONS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Y COAGS.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIA: ROSALÍA ARGUMOSA LÓPEZ.

CONSIDERANDO:

QUINTO. Es fundado el primer agravio en que medularmente se alega que, contrariamente a lo considerado por la Juez de Distrito, los artículos 57-E y 57-K, fracción VI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, cuya inconstitucionalidad se reclama, sí afectan el interés jurídico de las empresas quejosas Fibervisions de México, Sociedad Anónima de Capital Variable (antes Hércules de México, Sociedad Anónima de Capital Variable), Fibervisions Products de México, Sociedad Anónima de Capital Variable (antes Hércules Fibras de México, Sociedad Anónima de Capital Variable) y Servi Q, Sociedad Anónima de Capital Variable, en su carácter de controladas.

Previamente a determinar por qué dichas personas morales tienen interés jurídico para reclamar en este amparo conjuntamente con la empresa controladora la inconstitucionalidad de los referidos preceptos legales, aunque sólo establecieran obligaciones a cargo de la empresa dominatriz o controladora, conviene precisar que la finalidad del régimen de consolidación fiscal, que propiamente debería llamarse "consolidación de resultados fiscales", establecido en el título I, capítulo IV, artículos 57-A a 57-O de la Ley del Impuesto sobre la Renta, es precisamente determinar en un solo resultado fiscal el gravamen o tributo que se debe cubrir por concepto de impuesto sobre la renta correspondiente al interés común o unidad económica común, integrada por las empresas controladora y controlada.

Tal unidad económica o de interés común, para efectos fiscales, se explica de la siguiente manera:

El grupo accionario financiero congregado en la empresa directriz, de control o controladora, como indistintamente se le conoce, controla, domina y dirige los destinos o actividades de otra u otras empresas mercantiles dominadas o controladas, mediante la suscripción y el voto mayoritario de las acciones o de cuotas de participación social en el capital de éstas; para ello, según establece el artículo 57-A de la citada ley, se requiere que la sociedad controladora sea propietaria de más del 50% (cincuenta por ciento) de las acciones con derecho a voto, del capital social de la empresa o empresas controladas, de tal manera que controladora y controlada conforman aquella unidad económica o de interés común, en tanto que la controladora ejerce una influencia preponderante en las operaciones o actividades de la empresa controlada, si en cuenta se toma que el voto es el medio vinculatorio de poder que ejerce la controladora en la consecución de intereses y resultados patrimoniales de las controladas.

Los artículos tildados de inconstitucionales, que a juicio de la Juez de Distrito no afectan el interés jurídico de las sociedades mercantiles controladas, son pieza clave en el procedimiento de consolidación de resultados fiscales, pues su contenido evidencia la estrecha vinculación jurídico-económica entre las sociedades controladoras y las controladas quejosas, aquí recurrentes, en virtud de que el cálculo del impuesto sobre la renta, que de manera consolidada se debe cubrir al fisco, se determina tomando en cuenta las utilidades o pérdidas fiscales obtenidas por la empresa controlada, lo que pone de manifiesto que las disposiciones legales dirigidas a las controladoras repercuten en la controlada y viceversa, las dirigidas a la controlada repercuten en la controladora, pues corre a cargo de ésta la obligación de determinar el resultado fiscal consolidado, el cual no se lograría sin la participación económica y jurídica, desde el punto de vista tributario, de la controlada.

El tenor de los numerales aludidos es el siguiente:

"Artículo 57-E. La sociedad controladora para determinar su resultado fiscal consolidado o pérdida fiscal consolidada procederá como sigue:

"I. Se obtendrá la utilidad o pérdida fiscal consolidada conforme a lo siguiente:

"a) Sumará las utilidades fiscales del ejercicio de que se trate correspondientes a las sociedades controladas.

"b) Restará las pérdidas fiscales del ejercicio en que hayan incurrido las sociedades controladas, sin la actualización a que se refiere el artículo 55 de esta ley.

"c) Según sea el caso, sumará su utilidad fiscal o restará su pérdida fiscal del ejercicio de que se trate. La pérdida fiscal será sin la actualización a que se refiere el artículo 55 de esta ley.

"Las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de disminuir en los términos del artículo 55 de esta ley, que tuviere la sociedad controladora en el ejercicio en que comience a consolidar en los términos de este capítulo, se podrán disminuir sin que el monto que se reste en cada ejercicio exceda de la utilidad fiscal a que se refiere este inciso.

"d) Sumará o restará, en su caso, los conceptos especiales de consolidación del ejercicio y las modificaciones a dichos conceptos así como a la utilidad o pérdida fiscales de las controladas correspondientes a ejercicios anteriores.

"Los conceptos señalados en los incisos anteriores de esta fracción, se sumarán o restarán en la participación consolidable.

"Para efectos de este capítulo, la participación consolidable será la participación accionaria que una sociedad controladora tenga en el capital social de una controlada, ya sea en forma directa o indirecta al cierre del ejercicio de que se trate, multiplicada por el factor del 0.60. Tratándose de una sociedad controladora distinta de una controladora pura a que se refiere el noveno párrafo del artículo 57-A de esta ley, la participación consolidable de esta sociedad será el 60%. En el caso de las controladoras puras, la participación consolidable de estas sociedades será del 100%. La proporción de la participación que conforme a este párrafo no se consolide se considerará como de terceros.

"Los conceptos especiales de consolidación a que se refiere esta ley por operaciones de la sociedad controladora, se sumarán o restarán para determinar la utilidad o pérdida fiscal consolidada, en la participación consolidable que la controladora tenga en el capital social de la controlada con la que efectuó la operación que dio lugar al concepto especial de consolidación. Tratándose de operaciones entre dos controladas, la participación consolidable que se deberá considerar será la que la controladora tenga en la adquirente de los bienes o en la enajenante de los mismos, la que resulte menor.

"Para calcular las modificaciones a los conceptos especiales de consolidación y a las utilidades o pérdidas fiscales de las controladas de ejercicios anteriores, cuando la participación accionaria en una sociedad controlada cambie de un ejercicio a otro, se dividirá la participación accionaria que la controladora tenga en el capital social de la controlada al cierre del ejercicio en curso entre la misma participación correspondiente al cierre del ejercicio inmediato anterior; el cociente que se obtenga será el que se aplicará a la utilidad o pérdida fiscal, a los conceptos especiales de consolidación incluidos en las declaraciones de los ejercicios anteriores, y al impuesto que corresponda a estos ejercicios, en los términos del artículo 57-M de esta ley.

"Para los efectos de los incisos a) y b) de esta fracción, las controladas que gocen de la reducción en el pago del impuesto en los términos del artículo 13 de esta ley, disminuirán la utilidad o pérdida fiscal en la misma proporción en que gocen de la reducción en el impuesto.

"II. A la utilidad fiscal consolidada se le disminuirán, en su caso, las pérdidas fiscales consolidadas de otros ejercicios, en los términos del artículo 55 de esta ley.

"Las pérdidas fiscales obtenidas por la sociedad controladora o una sociedad controlada que no hubieran podido disminuirse por la sociedad que las generó en los términos del artículo 55 de esta ley, y que en los términos del inciso b) y del primer párrafo del inciso c) de la fracción I de este artículo se hubieran restado en algún ejercicio anterior para determinar la utilidad o pérdida fiscal consolidada, deberán adicionarse a la utilidad fiscal consolidada o disminuirse de la pérdida fiscal consolidada del ejercicio en que se pierda el derecho a disminuirlas. El monto equivalente a las pérdidas fiscales que se adicione a la utilidad fiscal consolidada o se disminuya de la pérdida fiscal consolidada, según sea el caso conforme a este párrafo, se actualizará por el periodo comprendido desde el primer mes de la segunda mitad del ejercicio al que corresponda dicha pérdida y hasta el último mes del ejercicio en que se adicionen o se disminuyan. Para estos efectos, las pérdidas de la controladora que se adicionen a la utilidad fiscal consolidada o se disminuyan de la pérdida fiscal consolidada, serán aquellas distintas de las que deriven de su actividad como tenedora de acciones de sus sociedades controladas, y que de no haber consolidado, la controladora no hubiera podido disminuirlas en los términos del artículo 55 de esta ley. Para estos efectos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitirá las reglas de carácter general que correspondan. No estarán a lo dispuesto en este párrafo las pérdidas fiscales de las controladoras puras.

"Para efectos del tercer párrafo del artículo 57-A de esta ley, la utilidad fiscal consolidada reinvertida del ejercicio será la cantidad que se obtenga de restar al resultado fiscal consolidado obtenido en el mismo incrementado con la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa deducida en los términos de la fracción III del artículo 25 de dicha ley, la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, el importe de las partidas no deducibles para efectos del impuesto sobre la renta, excepto las señaladas en las fracciones IX y X del artículo 25 de la misma ley, y las utilidades derivadas de los ingresos percibidos en el ejercicio de fuente de riqueza ubicada en el extranjero, calculando para estos efectos las deducciones que correspondan con las reglas establecidas en el artículo 6o., sexto párrafo de esta ley, de la controladora y de las controladas. En este último caso, si en lugar de utilidad hubiese pérdida derivada de los ingresos del extranjero ésta se sumará. Las partidas no deducibles, las utilidades o pérdidas derivadas de ingresos provenientes de fuente de riqueza ubicada en el extranjero y la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, se sumarán o restarán, según corresponda, considerando la participación consolidable.

"La sociedad controladora que determine su resultado fiscal en los términos de este capítulo podrá calcular el valor del activo consolidado del ejercicio a que se refiere el artículo 13 de la Ley del Impuesto al Activo, considerando tanto el valor del activo como el valor de las deudas de sus sociedades controladas y los que le correspondan en la participación consolidable, siempre que la misma y todas sus controladas ejerzan la misma opción. Una vez ejercida la opción a que se refiere este párrafo, la controladora y las controladas deberán pagar el impuesto al activo con base en la misma durante todo el periodo en que se determine el resultado fiscal consolidado. Para estos efectos, la controladora presentará un aviso dentro de los dos primeros meses del ejercicio en que comience a determinar su resultado fiscal consolidado, ante las oficinas autorizadas. El impuesto que corresponda a la participación no consolidable se enterará por la sociedad controladora o controlada según corresponda, directamente ante las oficinas autorizadas.

"Cuando la sociedad controladora o las sociedades controladas tengan inversiones a que se refiere el artículo 5o. B de esta ley, la controladora no deberá considerar el ingreso gravable, la utilidad fiscal o el resultado fiscal derivados de dichas inversiones para determinar el resultado fiscal consolidado o la pérdida fiscal consolidada, y estará a lo dispuesto en el artículo 17-A de dicha ley. Tampoco se considerarán para la determinación del resultado fiscal consolidado o de la pérdida fiscal consolidada, la utilidad o pérdida fiscal que tenga la asociación en participación en la que la sociedad controladora o alguna de sus controladas participe como asociada o asociante. El impuesto que se pague por los ingresos que obtenga la asociación en participación a que se refiere este párrafo únicamente se podrá acreditar contra el impuesto al activo que se cause en el ejercicio, por los activos que generen tales ingresos."

"Artículo 57-K. La sociedad controladora que ejerza la opción de consolidar a que se refiere el artículo 57-A de esta ley, además de las obligaciones establecidas en otros artículos de la misma, tendrá las siguientes:

"...

"VI. Presentará su declaración del ejercicio y calculará el impuesto como si no hubiera consolidación. Del impuesto que resulte enterará ante las oficinas autorizadas el 40%. Lo dispuesto en esta fracción no será aplicable a las controladoras puras."

Del análisis sistemático de los supratranscritos preceptos legales (sobre todo del artículo 57-E), se desprende que en el procedimiento para determinar el resultado fiscal consolidado, la empresa controladora debe sumar las utilidades fiscales correspondientes a las de las sociedades controladas; restar las pérdidas fiscales en que hayan incurrido éstas; según sea el caso, sumar su utilidad o restar su perdida fiscal y, finalmente, sumar o restar, en su caso, los conceptos especiales de consolidación del ejercicio y las modificaciones a dichos conceptos, así como la utilidad o pérdida fiscal de la controlada correspondientes a ejercicios anteriores.

De lo anterior se colige que como la determinación del resultado fiscal consolidado consiste en vincular en uno solo los resultados fiscales de las empresas controladora y controlada, de tal suerte que al tributar como unidad económica, lo que en realidad irroga perjuicio a las recurrentes es la mecánica operativa establecida en el conjunto de normas que modificaron el régimen de consolidación fiscal.

Por ello, contrariamente a lo considerado por la Juez de Distrito, el oficio número 325-A-IX-3778 de veintiocho de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, expedido por el administrador especial jurídico de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en que se autorizó a las empresas Química Hércules, Sociedad Anónima de Capital Variable, Hércules Fibras de México, Sociedad Anónima de Capital Variable y Servi Q, Sociedad Anónima de Capital Variable, a determinar su resultado fiscal consolidado, a partir del ejercicio fiscal comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cinco (páginas 244 a 246 del amparo), tal documento valorado al tenor de los artículos 79, 93, fracción II, 129, 197, 202 y demás relativos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia de amparo, es suficiente para acreditar plenamente que los preceptos legales aludidos, por formar parte del procedimiento para la determinación del resultado fiscal consolidado, sí afectan de manera real y directa el interés jurídico de las empresas mencionadas, dado que con el documento en mención se demuestra que en tal procedimiento actúan como sociedades mercantiles controladas.

Lo anterior encuentra apoyo en la tesis número XXXIX/93, sustentada por el anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 67, página 23, que dice:

"AMPARO CONTRA LEYES. LA APLICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA DE DETERMINADOS PRECEPTOS DEMUESTRA SU INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR LOS QUE LE HAN SIDO APLICADOS, ASÍ COMO AQUELLOS QUE REGULAN EL SISTEMA ESPECÍFICO DENTRO DEL QUE SE UBICA. La aplicación a la parte quejosa de determinados preceptos de la ley cuya inconstitucionalidad reclama en el juicio de amparo, demuestra su interés jurídico para combatir tales preceptos, así como aquellos que, por la íntima relación que guardan sus disposiciones, puedan resultarle aplicables como consecuencia, es decir, todos aquellos que regulen el sistema específico dentro del que se ubique. Sin embargo, esto no significa que tenga, necesariamente, interés jurídico para combatir todo el cuerpo legal que contiene los preceptos que le fueron aplicados, pues el mismo puede regular hipótesis diversas, como podrían ser impuestos diferentes o contribuyentes diversos que se rigen por otro sistema, o bien hipótesis excluyentes entre sí, de manera tal que la aplicación de determinados preceptos implique, precisamente, la imposibilidad de aplicación de otros dispositivos del mismo ordenamiento legal."

En esas condiciones, al encontrar fundado el agravio analizado, procede revocar el sobreseimiento estimado en lo concerniente a los artículos 57-E, 57-K, fracción VI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, reclamados conjuntamente por las empresas controladas Fibervisions Products de México, Sociedad Anónima de Capital Variable (antes Hércules Fibras de México, Sociedad Anónima de Capital Variable) y Servi Q, Sociedad Anónima de Capital Variable, y por la controladora Fibervisions de México, Sociedad Anónima de Capital Variable (antes Hércules de México, Sociedad Anónima de Capital Variable), para el efecto de examinar su constitucionalidad a la luz de los restantes agravios.

SEXTO. Antes de analizar los agravios formulados por la parte recurrente y con el propósito de que el mismo se facilite, sea suficientemente claro y, principalmente, se cuente con un marco de referencia de la decisión del presente asunto, este Alto Tribunal estima conveniente expresar algunas consideraciones sobre aspectos generales del régimen de consolidación fiscal, hacer una breve reseña de los antecedentes jurídicos del régimen que actualmente rige, desentrañando el sentido y alcance que debe darse a las disposiciones relativas en cuanto a la naturaleza jurídica de la autorización inicial y su vigencia, así como destacar las reglas fundamentales sobre el modo como opera este régimen de tributación. Al respecto, debe mencionarse lo siguiente:

I. El régimen de consolidación fiscal, en términos generales, consiste en el reconocimiento que la autoridad otorga a grupos de empresas con intereses económicos comunes, que reúnen ciertas características y cumplen con los requisitos establecidos en la ley, de ser consideradas como una unidad económica y bajo este esquema, realizar el pago del tributo que corresponda, aun cuando legalmente se encuentren organizadas como sociedades individuales.

Las principales características del régimen de consolidación fiscal son:

o Reunir las utilidades y pérdidas de una entidad o unidad económica, integrada por la compañía controladora y sus controladas como si se tratara de una sola empresa, para que sobre este resultado se pague el impuesto.

o Permitir que las pérdidas generadas por una sociedad del grupo que consolida sean amortizadas de inmediato contra las utilidades generadas por otras sociedades del mismo grupo, independientemente de que la controladora que la hubiera generado, todavía no tuviera la posibilidad de aplicar dichas pérdidas en lo individual.

Las disposiciones jurídicas que regulan este régimen se encuentran previstas en el capítulo IV del título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, denominado "De las sociedades mercantiles controladoras", que entró en vigor el primero de enero de mil novecientos ochenta y dos; el cual estuvo vigente, conforme a su concepción original, hasta diciembre de mil novecientos noventa y ocho, ya que si bien durante este periodo hubo ciertas modificaciones como parte del proceso normal de revisión y adecuación anual de las disposiciones de la ley respectiva, en realidad no se realizó ningún cambio trascendental, sino hasta las reformas que ahora se impugnan.

El antecedente inmediato de la consolidación fiscal se encuentra en el "Decreto que concede estímulos a las sociedades y unidades económicas que fomentan el desarrollo industrial y turístico del país", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de junio de mil novecientos setenta y tres, mismo que, como su nombre lo indica, tenía por objeto promover la creación de unidades de fomento que se estimaban como promotoras del desarrollo industrial y turístico del país, ya que en esa época, por las condiciones económicas y sociales que imperaban en él, se requería crear un incentivo a grupos de empresas para que coadyuvaran a solucionar diversos problemas de interés nacional.

Las características relevantes del decreto son:

o Promover la existencia de unidades de fomento, definidas como "... unidades económicas que fomenten el desarrollo industrial del país y se forman por una sociedad de fomento y una o más sociedades promovidas ...". De acuerdo con el artículo 1o., la unidad económica debía comprobar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que con la agrupación de las sociedades que la integraban, lograban incrementar sus ventas y servicios: "... en un tanto por ciento equivalente al compuesto por la suma del índice de crecimiento de la actividad industrial del país y el 20% de dicho índice ... por lo menos en cinco de las siguientes actividades: I. Mexicanización de sociedades con mayoría de inversión extranjera; II. Creación de nuevos empleos; III. Creación de nuevas empresas industriales y de turismo; IV. Desarrollo tecnológico nacional; V. Aumento en las exportaciones; VI. Sustitución de importaciones; VII. Inversiones en zonas de menor desarrollo económico relativo; VIII. Industrialización de recursos naturales; IX. Ampliación de empresas industriales y de turismo, y X. Colocación de acciones entre el público.".

o Se definían, para efectos del decreto, cada una de las actividades arriba citadas y se condicionaba su aplicación a la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La sociedad de fomento debía ser una sociedad anónima mexicana legalmente constituida y con cláusula de exclusión de extranjeros, y se debía dedicar exclusivamente a las actividades propias de una sociedad controladora, como son la compraventa de acciones o partes sociales, el otorgamiento o garantía de créditos a las sociedades promovidas y a la prestación de servicios exclusivamente a dichas sociedades.

o La sociedad promovida, por su parte, debía ser obviamente mexicana en la constitución de su capital y en su determinación, cuyo control accionario directo o indirecto debía tenerlo la sociedad de fomento en más del 50% de sus acciones comunes y tenía también perfectamente delimitadas las posibilidades de inversión de sus activos. No podían ser sociedades promovidas las instituciones de crédito, de seguros o de fianzas ni las organizaciones auxiliares de crédito.

El régimen fiscal de las unidades de fomento previsto en el decreto antes mencionado, que lo hace el antecedente directo del régimen de consolidación fiscal que se reguló en la Ley del Impuesto sobre la Renta posteriormente como tal, esencialmente, consistía en los puntos que a continuación se destacan:

o La determinación del ingreso global gravable de la unidad de fomento.

o En 1973 la base del impuesto sobre la renta se llamaba ingreso global gravable y se determinaba restando de los ingresos acumulables las deducciones autorizadas.

o Previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la unidad de fomento como tal podría determinar su ingreso global gravable y pagar el impuesto sobre la renta correspondiente, conforme a las siguientes reglas que establecía el artículo 7o. del decreto:

a) La sociedad de fomento y las sociedades promovidas declaraban y pagaban su impuesto de forma individual.

b) Se determinaba el ingreso global gravable de la unidad de fomento sumando al cien por ciento los ingresos acumulables y las deducciones autorizadas declaradas según el punto anterior, sin eliminación de partidas intercompañías, salvo la ganancia o pérdida en enajenación de inmuebles no depreciables.

c) Al ingreso global gravable de la unidad de fomento se le aplicaba la tarifa del artículo 34 de la ley, determinando así el impuesto a cargo de la unidad de fomento.

d) La sociedad de fomento presentaba una declaración como unidad de fomento determinando la diferencia entre el "impuesto global gravable" según el punto anterior y el total causado por cada una de las sociedades, resultando así un saldo a cargo o a favor de las pérdidas individuales que pudieran existir.

e) El saldo a cargo debía pagarse con la declaración de la unidad de fomento; en caso de saldo a favor éste pasaba a ser saldo a favor de la sociedad de fomento, por el cual se podía pedir la devolución o compensar con saldos a cargo de la unidad de fomento o con el consentimiento de las sociedades promovidas se podía compensar con saldos a cargo de cualquiera de ellas. La devolución o compensación no podría exceder de la suma de los impuestos causados por las sociedades promovidas, que el exceso proviniera de franquicias o reducciones o excediera el monto de dichas franquicias, reducciones o exenciones parciales.

f) La sociedad de fomento era responsable por créditos fiscales a cargo de la unidad de fomento.

g) La amortización de pérdidas de las sociedades promovidas no tenía efecto en la determinación del ingreso global gravable de la unidad de fomento, salvo que en años anteriores no hubieran sido deducidas.

h) La unidad de fomento no efectuaba pagos provisionales.

i) Otra característica de importancia que estaba establecida en el artículo 9o. del decreto, era la reversión de los beneficios obtenidos por este régimen, cuando la sociedad de fomento dejara de considerarse como tal o en los casos de desincorporación de alguna sociedad.

Los razonamientos esenciales de los "considerandos" que se establecían en el decreto, en cuanto a la parte que interesa, son los siguientes:

"1. Objetivo general del Estado para establecer el incentivo:

"... las características estructurales del incentivo obligan a limitarlo a los sectores manufacturero y turístico capacitándolos para operar la economía de escala, sin que esto se aplique a otros sectores, pues se está en presencia de un instrumento que al lado de sus bondades tiene limitaciones, superables y superadas por otras medidas de gobierno.

"... en ambas hipótesis el principio de neutralidad fiscal no se concibe en forma inerte, estática, como un simple dejar hacer, sino comprometidos con el reto de nuestro tiempo; el desarrollo que busca la participación de todos los sectores en el aumento de la productividad y el reparto justiciero de sus frutos exigiéndose a las empresas que deseen utilizar incentivos fiscales, cumplan requisitos que garanticen la promoción de dicho desarrollo.

"Política económica:

"... una estrategia de desarrollo que se funda en la política de pleno empleo requiere fomentar la creación de nuevas unidades productivas y ampliar las existentes, con el objeto de crear empleo y orientarlas hacia actividades que el Ejecutivo Federal considere conveniente se incrementen por formar parte de su programa de gobierno.

"... esa misma estrategia de desarrollo requiere el aumento del gasto público nacional a favor de las clases, regiones y sectores más necesitados.

"Política fiscal:

"... frente a la necesidad de promover, dentro del sistema de economía mixta que nos rige, las unidades productivas mexicanas y ante la imposibilidad de desviar el gasto público de las ingentes (sic) necesidades que tiene que satisfacer, se ha formulado un sistema de incentivo que flexibiliza la capacidad operativa y financiera de estas empresas sin producir, en términos generales, sacrificio fiscal o que de producirlo implicaría un simple diferimiento en el pago del impuesto de la unidad productiva.

"... toda administración de incentivos técnicamente planeada exige el establecimiento de metas claramente cuantificables y el señalamiento de plazos que permitan evaluar sus resultados, por lo que este decreto contiene un sistema de evaluación por periodos bianuales y obliga al logro de objetivos mesurables en términos de incremento en relación con el periodo anterior, de suerte que se exige un aumento constante a ritmo superior al del crecimiento del sector manufacturero en su conjunto, con lo que a la par se garantiza la eficaz administración del incentivo, se establece un mecanismo de autocontrol que impide fomentar la ineficacia y nivela las pérdidas de una empresa con la utilidad de otras, a modo de salvaguardar la recaudación proveniente de la unidad económica.

"... para aprovechar los incentivos que este decreto concede es necesario que las empresas realicen actividades benéficas a la economía nacional, tales como la mexicanización de sociedades con mayoría de inversión extranjera, creación de nuevos empleos, de nuevas empresas industriales y de turismo, desarrollo tecnológico nacional, sustitución de importaciones, inversiones en zonas de menor desarrollo económico relativo y, en especial, para la industrialización de recursos naturales y colocación de acciones entre el público."

Tiempo después, el artículo noveno transitorio de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que entró en vigor el primero de enero de mil novecientos ochenta y uno, ratificó la validez del decreto siempre que se cumplieran las condiciones y requisitos que en el mismo se establecían.

El precepto de referencia es del tenor siguiente:

"Las sociedades de fomento, las sociedades promovidas y las unidades de fomento a que se refiere el Decreto que concede estímulos a las sociedades y unidades económicas que fomentan el desarrollo industrial y turístico del país, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 20 de junio de 1973, gozarán de los beneficios y estímulos que establece dicho decreto, siempre que cumplan con las condiciones y requisitos que establece el mismo."

Posteriormente, en la exposici

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/16922-60905c07/consolidacion-fiscal-el-articulo-57-n-de-la-ley · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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