TELEVISIÓN POR CABLE. EL ARTÍCULO 91, APARTADO A, FRACCIÓN VI, DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, VIOLA EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL, AL ESTABLECER EL CORRESPONDIENTE A LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD RECTORA RESPECTIVA.
AMPARO EN REVISIÓN 2343/97. CABLEMEX, S.A. DE C.V.
MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.
SECRETARIA: MAURA ANGÉLICA SANABRIA MARTÍNEZ.
CONSIDERANDO:
TERCERO.-Queda intocado el sobreseimiento decretado por el Juez Federal en el primer punto resolutivo de la sentencia que se revisa y considerando segundo que lo rige, en relación a los actos que se atribuyen al secretario de Hacienda y Crédito Público, consistentes en la aplicación del precepto reclamado.
Asimismo queda intocado, por no ser materia de impugnación, el sobreseimiento decretado por el Juez Federal en el punto resolutivo primero de la sentencia recurrida y considerando cuarto que lo rige, respecto de los actos reclamados del Congreso de la Unión, presidente de la República y secretario de Gobernación, consistentes en la discusión, aprobación, expedición, promulgación y refrendo de la ley que establece y modifica diversas disposiciones fiscales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día treinta de diciembre de mil novecientos noventa y seis, en lo relativo al artículo décimo octavo, mediante el cual se adiciona el artículo 91 de la Ley Federal de Derechos, concretamente por cuanto a su apartado B, fracción VI.
CUARTO.-De las constancias que corren agregadas al cuaderno principal, se advierte que la parte quejosa promovió el presente juicio de garantías en contra de actos del Congreso de la Unión y otras autoridades, consistentes en la expedición de la ley que establece y modifica diversas disposiciones fiscales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día treinta de diciembre de mil novecientos noventa y seis, por la que se reformó la Ley Federal de Derechos, concretamente por cuanto a su artículo 91, apartado A, fracción VI, con motivo de su primer acto de aplicación.
Así mismo se advierte que el Juez de Distrito del conocimiento, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, por estimar en lo fundamental:
Que el precepto reclamado es violatorio de la garantía de proporcionalidad y equidad tributaria, prevista en el artículo 31, fracción IV, constitucional, en razón de que impone la obligación de pago del derecho de verificación, en forma anual, a cargo de permisionarios y concesionarios que presten el servicio de televisión por cable, sin tomar en consideración que esa verificación se lleve a cabo o no; y,
Que el derecho de verificación debe ser cubierto únicamente por aquellos sujetos a quienes efectivamente se efectúe el servicio por parte del Estado consistente en la verificación de cada equipo terminal al que se preste el servicio de televisión por cable, ya que la cuota del derecho debe estar vinculada con el hecho generador y no hacerlo derivar de la actividad concesionada.
Ahora bien, en los agravios que se formulan, la autoridad recurrente aduce en lo esencial:
a) Que contrariamente a lo considerado por el a quo, el precepto reclamado no es violatorio de los principios de equidad y proporcionalidad que imperan en materia tributaria, ya que el juzgador pasó por alto que el derecho que se reclama fue establecido con el objeto de promover un desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y la verificación a que se alude en el numeral en cita no debe entenderse en sentido estricto, esto es, constriñéndola a la visita de inspección de las instalaciones de las empresas concesionadas o permisionarias, sino en sentido lato, en virtud de que la verificación es un acto constante que se efectúa en las señales que envían éstas, así como en la información que proporcionan, con el propósito de cerciorarse de que el servicio que prestan las empresas concesionadas cumpla con los objetivos de eficiencia y seguridad jurídica que el Estado como rector en la materia de telecomunicaciones se ha propuesto;
b) Que lo anterior justifica que se haya tomado como base para el pago del derecho que se impugna, el número de líneas y equipos terminales a los que se presta el servicio de televisión por cable, pues la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, debe constatar que las señales lleguen sin alteraciones ni interferencias a los usuarios, verificando la interconexión de los equipos y redes públicas de telecomunicaciones, así como la calidad del servicio y su apego a las disposiciones legales y reglamentarias de la materia; y,
c) Que el derecho que se reclama cumple con el principio de legalidad, porque su establecimiento, fijación e imposición se realizó a través de una ley debidamente aprobada y sancionada por el órgano legislativo competente.
El agravio que hace valer la autoridad recurrente en cuanto pretende desvirtuar las consideraciones en las que el Juez de Distrito apoyó la concesión del amparo a la quejosa, por estimar dicha autoridad que el precepto reclamado no es violatorio de la fracción IV del artículo 31 constitucional, resulta inoperante pues, independientemente de que las referidas consideraciones de la sentencia recurrida hayan sido o no correctas, lo cierto es que lo argumentado por la autoridad resulta insuficiente para demostrar que el artículo 91, apartado A, fracción VI, de la Ley Federal de Derechos, respete la disposición constitucional citada.
Al respecto cabe precisar que el Código Fiscal de la Federación, define el concepto de derechos en su artículo 2o., fracción IV, de la siguiente manera:
"... IV. Derechos son las contribuciones establecidas en la ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando, en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.
"Cuando sean organismos descentralizados los que proporcionen la seguridad social a que hace mención la fracción II, las contribuciones correspondientes tendrán la naturaleza de aportaciones de seguridad social ..."
Por su parte, la Ley Federal de Derechos los define en su artículo primero como sigue:
"Artículo 1o. Los derechos que establece esta ley, se pagarán por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados y en este último caso, cuando se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en esta ley. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado ..."
De la lectura de los preceptos transcritos, en su parte conducente, se advierte que el legislador estableció dos clases distintas de derecho; la primera, se refiere a las contribuciones cuyo presupuesto de hecho se actualiza, cuando el particular recibe los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público (derecho por servicios); la segunda, se refiere a las contribuciones cuyo presupuesto de hecho se actualiza, cuando el particular aprovecha bienes del dominio público de la nación (derecho por uso de bienes del dominio público).
Ahora bien, el artículo 91, apartado A, fracción VI, de la Ley Federal de Derechos, establece textualmente que:
"Artículo 91. Los permisionarios y concesionarios sujetos a verificación conforme a la Ley Federal de Telecomunicaciones, deberán pagar anualmente el derecho de verificación conforme a las siguientes cuotas: A. Tratándose de permisionarios y concesionarios que hubieren prestado servicios de telecomunicaciones de los previstos en este artículo durante los doce meses del año inmediato anterior al ejercicio de que se trate: ...VI. Por cada equipo terminal al que se preste el servicio de televisión por cable ... $8.30.-Para determinar el número de usuarios por servicio, de conformidad con este artículo, se considerarán las líneas y equipos terminales reportados por el concesionario o permisionario ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes al treinta y uno de diciembre del año anterior.-Los contribuyentes a que se refiere este apartado efectuarán seis pagos bimestrales iguales por un monto equivalente a la sexta parte del derecho anual durante los primeros cinco días de los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre del ejercicio de que se trate, mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público."
Del examen del artículo transcrito, se advierte, con toda claridad, que su contenido se adecua a la hipótesis prevista en el primero de los supuestos, es decir, el precepto establece un derecho cuyo presupuesto de hecho deriva de la prestación de un servicio por parte del Estado, ello según se advierte de la redacción del propio artículo, que establece que los sujetos de la contribución son los permisionarios y concesionarios verificables conforme a la Ley Federal de Telecomunicaciones.
Por su parte, los artículos 67 y 68 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, disponen lo siguiente:
"De la verificación e información".
"Artículo 67. La secretaría verificará el cumplimiento de esta ley, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables. Para tal efecto, los concesionarios y permisionarios estarán obligados a permitir a los verificadores de la secretaría el acceso a sus instalaciones, así como a otorgarles todas las facilidades para que realicen la verificación en términos de la presente ley.
"Los concesionarios y permisionarios que sean sujetos de verificación cubrirán las cuotas que por este concepto se originen."
"Artículo 68. Los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones deberán proporcionar información contable por servicio, región, función y componentes de sus redes, de acuerdo a la metodología y periodicidad que para tal efecto establezca la secretaría, así como aquella que permita conocer la operación y explotación de los servicios de telecomunicaciones.
"La secretaría vigilará que los concesionarios y permisionarios proporcionen al público información completa y veraz sobre los servicios de telecomunicaciones que presten."
Se advierte, del contenido de los preceptos reproducidos, que la Ley Federal de Telecomunicaciones establece, entre otras obligaciones a cargo de los concesionarios y permisionarios de las redes públicas de telecomunicaciones, la de permitir a los verificadores de la secretaría (se refiere a la de Comunicaciones y Transportes) el acceso a sus instalaciones, otorgándoles todas las facilidades para que realicen la verificación en términos de dicha ley, así como la de pagar las cuotas que se originen por las verificaciones que se les practiquen.
Al respecto, cabe destacar que si bien es cierto, como lo alega la autoridad recurrente, que conforme al artículo 67 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, los concesionarios y permisionarios están obligados a cubrir las cuotas que se originen con motivo de la verificación que se les realice, también lo es, que del precepto que da origen al establecimiento del cobro del derecho cuya constitucionalidad se impugnó en el amparo, no se infiere que los concesionarios y permisionarios del servicio de televisión por cable que hayan sido sujetos de verificación, deban cubrir tal derecho, sino que el legislador estableció en el precepto impugnado que deberán cubrirlo los concesionarios y permisionarios, que conforme a la Ley Federal de Telecomunicaciones sean potencialmente susceptibles de ser verificados en sus instalaciones, sin condicionar el pago del derecho a que dicha verificación efectivamente se realice, sino que, de manera genérica, se establece el pago anual para todos los que presten el servicio de telecomunicaciones, de lo que se sigue que el artículo 67 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y el artículo 91 de la Ley Federal de Derechos, establecen dos supuestos distintos; ya que el precepto impugnado determina que el costo del servicio de verificación recae en todos los concesionarios y permisionarios, aun cuando no se les haya practicado verificación alguna; mientras que el artículo 67 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, establece que sólo deben cubrirlo los sujetos a los que realmente se les preste dicho servicio, es decir, este último precepto prevé esa obligación sólo a cargo de aquellos a quienes efectivamente se les practique la multicitada verificación.
Ahora bien, teniendo presente que los derechos por servicios son una especie de las contribuciones que tienen su origen en la recepción por parte del particular de una actividad del Estado individualizada, concreta y determinada, por la cual se genera una relación entre el usuario y la administración; que justifica el pago del tributo; o bien, dicho de otra manera, los derechos por servicios son aquellas contribuciones que tienen como base precisamente la prestación de un servicio por parte del Estado, debe concluirse que el precepto impugnado es violatorio de la fracción IV, del artículo 31 de la Constitución General, porque impone un tributo anual a los concesionarios y permisionarios del servicio de televisión por cable, independientemente de que se realice, o no, la actividad individualizada, concreta y determinada por parte del Estado, que justifique el cobro del tributo; es decir, se establece la obligación de pagar el derecho anual de que se trata, aun cuando el servicio de verificación no se hubiese realizado.
La anterior circunstancia resulta violatoria de los principios tributarios establecidos en la fracción IV, del artículo 31 constitucional, porque el derecho controvertido no guarda relación con el servicio de verificación que debía originar su pago, y entre la cuota y la prestación del servicio tampoco existe un razonable equilibrio, ya que ésta no se establece a partir del número de verificaciones realizadas ni del costo que representa para el Estado la prestación del servicio de verificación, sino que se atiende para fijar el monto del derecho en el ejercicio fiscal de que se trate, al número de líneas terminales reportadas al treinta y uno de diciembre del año anterior, ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a la calidad del sujeto de la contribución de concesionario o permisionario del servicio de televisión por cable sometido a verificación, de manera que el precepto examinado resulta inconstitucional.
El criterio expresado es acorde con el sustentado por el Pleno de este Alto Tribunal en la tesis de jurisprudencia 3/1998, que a continuación se transcribe:
"DERECHOS POR SERVICIO SUBSISTE LA CORRELACIÓN ENTRE EL COSTO DEL SERVICIO PÚBLICO PRESTADO Y EL MONTO DE LA CUOTA.-No obstante que la legislación fiscal federal, vigente en la actualidad, define a los derechos por servicio como las contribuciones establecidas en la ley por los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, modificando lo consignado en el Código Fiscal de la Federación de 30 de diciembre de 1966, el cual en su artículo 3o. los definía como ‘las contraprestaciones establecidas por el poder público, conforme a la ley, en pago de un servicio’, lo que implicó la suspensión del vocablo ‘contraprestación’, debe concluirse que subsiste la correlación entre el costo del servicio público prestado y el monto de la cuota, ya que entre ellos continúa existiendo una íntima relación, al grado que resultan interdependientes, pues dicha contribución encuentra su hecho generador en la prestación del servicio. Por lo anterior, siendo tales características las que distinguen a este tributo de las demás contribuciones, para que cumpla con los principios de equidad y proporcionalidad que establece la fracción IV del artículo 31 constitucional, debe existir un razonable equilibrio entre la cuota y la prestación del servicio, debiendo otorgarse el mismo trato fiscal a los que reciben igual servicio, lo que lleva a reiterar, en lo esencial, los criterios que este Alto Tribunal ya había establecido conforme a la legislación fiscal anterior, en el sentido de que el establecimiento de normas que determinen el monto del tributo atendiendo al capital del contribuyente o a cualquier otro elemento que refleje su capacidad contributiva, puede ser correcta tratándose de impuestos, pero no de derechos, respecto de los cuales debe tenerse en cuenta ordinariamente el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio; y que la correspondencia entre ambos términos no debe entenderse como en derecho privado, de manera que el precio corresponda exactamente al valor del servicio prestado, pues los servicios públicos se organizan en función del interés general y sólo secundariamente en el de los particulares."
En las relacionadas condiciones, al haber resultado inoperante el agravio propuesto por la autoridad recurrente, en cuanto a la constitucionalidad del artículo 91, apartado A, fracción VI, de la Ley Federal de Derechos, lo procedente es confirmar la sentencia recurrida en la materia de la revisión y otorgar el amparo solicitado a la sociedad quejosa.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.-Queda intocado el sobreseimiento decretado por el Juez Federal en el primer punto resolutivo de la sentencia que se revisa y considerando segundo que lo rige, en relación a los actos que se atribuyen al secretario de Hacienda y Crédito Público, consistentes en la aplicación del precepto reclamado; asimismo, queda intocado el sobreseimiento decretado por el Juez Federal en el punto resolutivo primero de la sentencia recurrida y considerando cuarto que lo rige, respecto de los actos reclamados del Congreso de la Unión, presidente de la República y secretario de Gobernación, consistentes en la discusión, aprobación, expedición, promulgación y refrendo de la ley que establece y modifica diversas disposiciones fiscales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día treinta de diciembre de mil novecientos noventa y seis, en lo relativo al artículo décimo octavo, mediante el cual se adiciona el artículo 91 de la Ley Federal de Derechos, concretamente por cuanto a su apartado B), fracción VI.
SEGUNDO.-Se confirma la sentencia recurrida.
TERCERO.-Con la salvedad del resolutivo primero, la Justicia de la Unión ampara y protege a Cablemex, Sociedad Anónima en contra de las autoridades y por los actos precisados en el resultando primero de esta resolución.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución vuelvan los autos a su lugar de origen y en su oportunidad archívese el toca como asunto concluido.
Así lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Pleno, por unanimidad de diez votos de los Ministros Aguirre Anguiano, Azuela Güitrón, Díaz Romero, Góngora Pimentel, Gudiño Pelayo, Ortiz Mayagoitia, Román Palacios, Sánchez Cordero, Silva Meza y presidente en funciones Castro y Castro: primero, declarar intocado el sobreseimiento decretado por el Juez Federal en el primer punto resolutivo de la sentencia que se revisa, en relación a los actos que se atribuyeron al secretario de Hacienda y Crédito Público, consistentes en la aplicación del precepto reclamado; asimismo, declarar intocado el sobreseimiento decretado por el Juez Federal en el punto resolutivo primero de la sentencia recurrida, respecto de los actos reclamados del Congreso de la Unión, del presidente de la República y del secretario de Gobernación consistentes en la discusión, aprobación, expedición, promulgación y refrendo de la ley que establece y modifica diversas disposiciones fiscales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día treinta de diciembre de mil novecientos noventa y seis, en lo relativo al artículo décimo octavo, mediante el cual se adiciona el artículo 91 de la Ley Federal de Derechos, concretamente por cuanto a su apartado B, fracción VI; segundo, confirmar la sentencia recurrida; y, tercero, con la salvedad del resolutivo primero, conceder el amparo a la quejosa en contra de las autoridades y por los actos precisados en el resultando primero. Ausente el Ministro presidente José Vicente Aguinaco Alemán, por licencia concedida. Fue ponente el Ministro Juan Díaz Romero.
Nota: El rubro a que se alude al inicio de esta ejecutoria corresponde a la tesis P./J. 23/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, abril de 1998, página 18.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4885-f080c0ef/television-por-cable-el-articulo-91-apartado-a · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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