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Modo: Corpus Pro

CONTRIBUCIONES. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA NORMA TRIBUTARIA. ACTIVO. EL IMPUESTO QUE ESTABLECE LA LEY RELATIVA NO CONSTITUYE UNA CONTRIBUCIÓN ADICIONAL O SOBRETASA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. ACTIVO. EL ARTÍCULO 5o., PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RESPECTIVO, QUE ESTABLECE LA IMPOSIBILIDAD DE DEDUCIR DEUDAS CONTRATADAS CON EL SISTEMA FINANCIERO, ATAÑE A UNA PREVISIÓN VARIABLE DEL TRIBUTO QUE SÓLO AFECTA A QUIENES TIENEN CONTRATADAS ESA CLASE DE DEUDAS. ACTIVO, IMPUESTO AL. LA PROCEDENCIA DEL AMPARO EN CONTRA DEL ARTÍCULO 5o., PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DEL TRIBUTO, REQUIERE QUE EL QUEJOSO DEMUESTRE TENER DEUDAS CONTRATADAS CON EL SISTEMA FINANCIERO Y QUE EXHIBA LA DECLARACIÓN ANUAL QUE DEMUESTRE EL ACTO DE APLICACIÓN. ACTIVO. EL ACTO DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY DE DICHO IMPUESTO SE DEMUESTRA CON LA DECLARACIÓN ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL Y NO CON DECLARACIONES PROVISIONALES MENSUALES. ACTIVO, LEY DEL IMPUESTO AL. REFORMA DEL 10 DE MAYO DE 1996, RELATIVA AL RÉGIMEN TRIBUTARIO DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SISTEMA FINANCIERO. LOS CONTRIBUYENTES QUE NO PERTENECEN A ESA CATEGORÍA CUENTAN CON INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMARLA POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE EQUIDAD TRIBUTARIA. ACTIVO. LOS ARTÍCULOS 1o. Y 5o.-B DE LA LEY DE DICHO IMPUESTO, QUE ESTABLECEN LA DETERMINACIÓN DE LA BASE DEL TRIBUTO A CARGO DE LAS EMPRESAS QUE COMPONEN EL SISTEMA FINANCIERO, NO VIOLAN EL ARTÍCULO 13 CONSTITUCIONAL, POR NO SER NORMAS PRIVATIVAS.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 2141/97. · Registro digital (IUS): 1813
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: CAPCOM MÉXICO, S.A. DE C.V.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Diciembre de 1998, , Pág. 446.

AMPARO EN REVISIÓN 2141/97. CAPCOM MÉXICO, S.A. DE C.V.

MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.

SECRETARIA: FORTUNATA F. SILVA VÁSQUEZ.

CONSIDERANDO:

SEXTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, este Tribunal Pleno invoca de oficio la causa de improcedencia prevista en la fracción VI del precepto antes citado, respecto del acto reclamado consistente en el artículo 9o. de la Ley del Impuesto al Activo.

La circunstancia de que el presente asunto se encuentre en grado de revisión no constituye impedimento para el análisis de tal figura, pues el principio que orienta la procedencia del juicio de garantías lo permite, al ser esta una cuestión de orden público y no haber sido abordada en esos términos por el Juez de primera instancia.

Pues bien, el artículo 9o. de la Ley del Impuesto al Activo, tiene la naturaleza de norma heteroaplicativa, por lo que para su impugnación se requiere de un acto concreto de aplicación y que el particular se sitúe dentro de la hipótesis normativa, que genere, en consecuencia, la obligación de hacer o de no hacer a su cargo.

A fin de ilustrar la afirmación precedente debe tenerse en cuenta que los artículos 21, 22, 73, fracciones VI y XII y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, establecen las bases para la procedencia del juicio de garantías cuando se impugnan normas de carácter general atendiendo a su propia naturaleza; es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas) o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida (heteroaplicativas).

En el primer caso, basta con que el gobernado se ubique en los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal, que por su sola expedición le obliguen a hacer o dejar de hacer, provocando la afectación a su esfera jurídica, sin ningún acto ulterior de autoridad, para que esté en aptitud de ejercitar la acción constitucional dentro del plazo de treinta días, contados a partir de la entrada en vigor del precepto que se trate, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley de Amparo.

En el segundo caso, se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales, para que se produzca la actualización de la hipótesis normativa y, entonces, el término con que cuenta el agraviado para promover el juicio de garantías será de quince días, según la regla establecida en el artículo 21 de la ley citada.

Así, para la impugnación de las normas generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato, o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación, el cual puede provenir, generalmente, por la actuación de una autoridad, pero también de los propios particulares, si mediante estas conductas se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus supuestos.

Al respecto es de tomar en cuenta el criterio que actualmente sustenta este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el propósito de establecer las bases para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas. La referida tesis del Pleno de este Alto Tribunal, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, página 123, correspondientes al mes de abril de 1996, cuyo rubro y texto dice:

"LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que para distinguir las leyes autoaplicativas y heteroaplicativas, conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, generan perjuicio al gobernado desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativa o jurisdiccional, e incluso, comprende el acto jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio, de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento."

Ahora bien, el contenido del precepto reclamado en la demanda de amparo es el siguiente:

"Artículo 9o. Los contribuyentes podrán acreditar contra el impuesto del ejercicio una cantidad equivalente al impuesto sobre la renta que les correspondió en el mismo, en los términos de los títulos II o II-A, o del capítulo VI del título IV de la ley de la materia. Adicionalmente, los contribuyentes podrán acreditar contra el impuesto del ejercicio, la diferencia que resulte en cada uno de los tres ejercicios inmediatos anteriores conforme al siguiente procedimiento y hasta por el monto que no se hubiera acreditado con anterioridad. Esta diferencia será la que resulte de disminuir al impuesto sobre la renta causado en los términos de los títulos II o II-A o del capítulo VI del título IV de la ley de la materia, el impuesto al activo causado, siempre que este último sea menor y ambos sean del mismo ejercicio. Para estos efectos, el impuesto sobre la renta causado en cada uno de los tres ejercicios citados deberá disminuirse con las cantidades que hayan dado lugar a la devolución del impuesto al activo conforme al cuarto párrafo de este artículo. Los contribuyentes también podrán efectuar el acreditamiento a que se refiere este párrafo contra los pagos provisionales del impuesto al activo. El impuesto que resulte después del acreditamiento a que se refieren los párrafos anteriores, será el impuesto a pagar conforme a esta ley. Cuando en el ejercicio el impuesto sobre la renta por acreditar en los términos del primer párrafo de este artículo exceda al impuesto al activo del ejercicio, los contribuyentes podrán solicitar la devolución de las cantidades actualizadas que hubieran pagado en el impuesto al activo, en los diez ejercicios inmediatos anteriores, siempre que dichas cantidades no se hubieran devuelto con anterioridad. La devolución a que se refiere este párrafo en ningún caso podrá ser mayor a la diferencia entre ambos impuestos. El impuesto sobre la renta por acreditar a que se refiere esta ley será el efectivamente pagado. Las diferencias del impuesto sobre la renta que resulten en los términos del segundo párrafo y el impuesto al activo efectivamente pagado en los diez ejercicios inmediatos anteriores a que se refiere el cuarto párrafo de este artículo, se actualizará por el periodo comprendido desde el sexto mes del ejercicio al que corresponda al pago del impuesto sobre la renta o el impuesto al activo, respectivamente, hasta el sexto mes del ejercicio por el que se efectúe el acreditamiento a que se refiere el segundo párrafo de este artículo, o del ejercicio en el cual el impuesto sobre la renta exceda al impuesto al activo, según se trate. Los contribuyentes de esta ley no podrán solicitar la devolución del impuesto sobre la renta pagado en exceso en los siguientes casos: Cuando en el mismo ejercicio, el impuesto establecido en esta ley sea igual o superior a dicho impuesto. En este caso el impuesto sobre la renta pagado por el que se podría solicitar la devolución por resultar en exceso, se considerará como pago del impuesto al activo del mismo ejercicio, hasta por el monto que resulte a su cargo en términos de esta ley, después de haber efectuado el acreditamiento del impuesto sobre la renta a que se refieren el primero y segundo párrafos de este artículo. Los contribuyentes podrán solicitar la devolución de la diferencia que no se considere como pago del impuesto al activo del mismo ejercicio en los términos de esta fracción. Cuando su acreditamiento dé lugar a la devolución del impuesto establecido en esta ley, en los términos del cuarto párrafo de este artículo. En este caso, el impuesto sobre la renta pagado en exceso cuya devolución no proceda en los términos de esta fracción se considerará como impuesto al activo para efecto de lo dispuesto en el cuarto párrafo de este artículo. Cuando el contribuyente no efectúe el acreditamiento o solicite la devolución en un ejercicio, pudiéndolo haber hecho conforme a este artículo, perderá el derecho a hacerlo en ejercicios posteriores. Los contribuyentes podrán también acreditar contra los pagos provisionales que tengan que efectuar en el impuesto al activo, los pagos provisionales del impuesto sobre la renta. Cuando en la declaración de pago provisional el contribuyente no pueda acreditar la totalidad del impuesto sobre la renta efectivamente pagado, el remanente lo podrá acreditar contra los siguientes pagos provisionales. Las personas morales que tengan en su activo acciones emitidas por sociedades residentes en el extranjero podrán acreditar contra el impuesto al activo, el impuesto sobre la renta pagado en el extranjero por dichas sociedades, hasta por el monto que resulte conforme a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 6o. de la ley del impuesto mencionado. Los derechos al acreditamiento y a la devolución previstos en este artículo son personales del contribuyente y no podrán ser transmitidos a otra persona ni como consecuencia de fusión. En el caso de escisión, estos derechos se podrán dividir entre las sociedades escindente y las escindidas, en la proporción en que se divida el valor del activo de la escindente en el ejercicio en que se efectúa la escisión, determinado este después de haber efectuado la disminución de las deudas deducibles en los términos del artículo 5o. de esta ley."

De la exposición acerca de la naturaleza jurídica de la norma reclamada, se aprecia que es heteroaplicativa, ya que requiere necesariamente, en términos del artículo 73, fracción VI, de la Ley de Amparo, de un acto de aplicación que cause perjuicio y justifique, al mismo tiempo, la procedencia del juicio de amparo indirecto en su contra, puesto que únicamente cuando el contribuyente presente la declaración anual correspondiente, será el momento, y no otro, cuando podrá acreditar o no contra el impuesto del ejercicio una cantidad equivalente al impuesto sobre la renta que le correspondió en el mismo.

En estas condiciones, si para determinar el monto de la base del activo conforme al precepto reclamado, es necesaria la existencia de la declaración anual; luego, para la procedencia del juicio de amparo promovido en contra de esta norma, resulta indispensable que en aquélla aparezca que se realizó el acreditamiento previsto en el artículo 9o., o que aquél no se llevó a cabo, porque no se actualizan los requisitos que para tal efecto señala el precepto reclamado y hechos que la quejosa considera que le causan perjuicio.

En este tenor, con la declaración provisional del mes de marzo de mil novecientos noventa y siete, no se demuestra el acto de aplicación del artículo 9o. de la Ley del Impuesto al Activo, en virtud de que en términos de lo dispuesto en el precepto reclamado, aquél se llevará a cabo hasta que se presente la declaración anual por el ejercicio fiscal de que se trate en la que realizó el acreditamiento previsto en el precepto reclamado y que la quejosa considera lesiona su esfera jurídica, por lo que al no existir en autos del expediente del juicio de garantías constancia de dicha declaración, no es posible tener por acreditado el acto concreto de aplicación del precepto reclamado y ello conduce a estimar actualizada la causa de improcedencia en estudio y, por tanto, a sobreseer en el juicio de garantías por lo que hace al precepto legal mencionado, con fundamento, además, en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo.

SÉPTIMO. Este Tribunal Pleno estima conveniente ejercer la facultad de atracción para conocer del recurso de revisión interpuesto por el administrador local de Recaudación del Norte del Distrito Federal, autoridad dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues en el agravio plantea el sobreseimiento del juicio por inexistencia del acto reclamado de dicha autoridad, el cual, según afirmación de la promovente contenida en la demanda de amparo, constituye acto de aplicación de los ordenamientos reclamados -base para la impugnación de éstos-; además, si la parte quejosa no le atribuyó vicios propios a ese acto, la decisión correlativa a la Ley del Impuesto al Activo y la Ley de Ingresos reclamada, deberá comprender también a aquél, de tal manera que como el pronunciamiento relacionado con el acto de aplicación referido no ameritará un estudio especial, no hay razón que justifique en el caso la intervención, en ese aspecto, de un Tribunal Colegiado de Circuito.

Aduce la autoridad recurrente que indebidamente la Juez Federal estimó como cierto el acto que se le atribuyó, no obstante que el mismo es inexistente, como se manifestó en el informe justificado rendido ante la juzgadora, quien incluso reconoció que la declaración de impuestos reclamada, señalada como primer acto de aplicación de la Ley del Impuesto al Activo, fue elaborada y presentada por la propia empresa quejosa y no por la autoridad responsable, quien tampoco recibió el pago respectivo.

Es fundado el agravio propuesto, habida cuenta de que en autos del expediente del juicio de amparo, obra copia certificada de la "declaración de pagos provisionales, primera parcialidad y retenciones de impuestos federales, personas morales y personas físicas, con actividades empresariales", presentada el diecisiete de abril de mil novecientos noventa y siete, ante Bancomer, Sociedad Anónima, en la cual la empresa quejosa enteró la cantidad de quinientos ochenta y nueve mil pesos por concepto del impuesto al activo; de lo que se concluye que dicho pago se realizó de manera espontánea por la misma contribuyente y conforme a los cálculos que realizó para determinar la cantidad a pagar por concepto del impuesto que impugna, y que la enteró a la institución bancaria autorizada para recibir el pago.

Por tanto debe concluirse que, efectivamente, aun cuando la autoridad responsable cuente con facultades para aplicar la Ley del Impuesto al Activo reclamada y, en consecuencia, para recaudar el impuesto respectivo, tales circunstancias no demuestran que hubiera realizado la actividad material correspondiente para estimar cierto el acto que se le atribuye, pues, en todo caso, para ello resultaba necesario que hubiere mediado en la especie un requerimiento para conminar al pago del tributo.

En consecuencia, al no acreditarse tal extremo, no puede estimarse cierto el acto de aplicación reclamado del mencionado administrador local de Recaudación del Norte del Distrito Federal.

A mayor abundamiento, de la propia declaración provisional se advierte que se presentó ante una institución bancaria y no en las oficinas recaudadoras a cargo de la recurrente, y la circunstancia de que dicha institución finalmente deba entregar el pago recibido a la dependencia, no demuestra que ésta hubiere emitido o de alguna forma provocado la realización de ese acto.

En las relacionadas condiciones, debe considerarse que no se desvirtuó con prueba alguna la negativa expresada por la autoridad recurrente, por lo que, contrario a lo considerado por la Juez del conocimiento, procede modificar la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio respecto del acto reclamado del administrador local de Recaudación del Norte del Distrito Federal recurrente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo.

Debe agregarse que la determinación anterior no implica la inexistencia del acto de aplicación de los ordenamientos reclamados, pues, como se precisó con antelación, en autos obra la declaración provisional presentada ante la institución bancaria; sin embargo, tal acto proviene de particular lo que, en el caso, hace procedente el juicio de garantías promovido contra la ley como heteroaplicativa, respecto de aquellas normas por las cuales no se advierta la existencia de causa de improcedencia, de conformidad con el criterio contenido en la jurisprudencia 217, sustentada por este Tribunal Pleno en su anterior integración, publicada en la página 208, del Tomo I, Apéndice 1995, Tomo I, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor literal siguiente:

"LEYES HETEROAPLICATIVAS, AMPARO CONTRA. PROCEDE POR ACTOS PROVENIENTES DE UN PARTICULAR QUE ACTÚA POR MANDATO EXPRESO DE LA LEY. Tratándose de juicios de amparo contra leyes, se dan dos supuestos genéricos de procedencia de la acción: el relativo a las leyes autoaplicativas y el que se refiere a las leyes heteroaplicativas, considerando que respecto a las segundas, la demanda debe presentarse dentro de los quince días siguientes al en que se dé el acto de aplicación o al en que se resuelve el recurso interpuesto en dicho acto, conforme a lo establecido en los artículos 21 y 73, fracción XII, de la Ley de Amparo. Sin embargo, la referencia que el artículo 73, fracción VI, de la ley invocada hace en cuanto a que se requiere que el acto de aplicación de leyes que por su sola expedición no causen perjuicio al quejoso, provenga de una autoridad, no debe tomarse en sentido literal; es decir, el acto de aplicación de ley, no debe necesaria y forzosamente efectuarse en forma directa por una autoridad en sentido estricto, sino que su realización puede provenir de un particular que actúe por mandato expreso de la ley. En estos casos, el particular se reputa como auxiliar de la administración pública, pues el juicio de amparo no procede en contra de actos de particulares."

OCTAVO. Por lo que toca a los agravios expresados en representación del presidente de la República, serán analizados, de conformidad con las siguientes consideraciones:

Se aduce en el primero de ellos, que la Juez del conocimiento omitió realizar un estudio minucioso de las causales de improcedencia hechas valer en el juicio de garantías, en especial, la consistente en que la quejosa carece de interés jurídico para reclamar la inconstitucionalidad del artículo 5o. de la Ley del Impuesto al Activo, al no haber demostrado encontrarse ubicada en los supuestos previstos en dicho numeral.

Agrega la recurrente que la circunstancia de acreditar que se es sujeto del impuesto al activo, no necesariamente implica la demostración de que el contribuyente se ubica en el supuesto del artículo 5o. de la mencionada ley, porque, en su concepto, para ello resultaba necesario que la quejosa probara que tiene deudas contratadas con el sistema financiero que no puede deducir, lo que dice no se demostró en el caso y por tanto, el contenido de dicho dispositivo no ocasiona agravio alguno a la promovente de la instancia constitucional.

Es fundado lo sostenido por la autoridad inconforme.

A fin de ilustrar el aserto anterior es necesario tener en consideración que la quejosa alega, en el concepto de violación que identifica con la letra "E", que la precisada disposición es violatoria de los principios de proporcionalidad y equidad tributaria contenidos en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución, en tanto que en unos casos permite la deducción de deudas y la prohíbe cuando se trate de deudas negociables cuyo crédito se hubiese cedido a favor de empresas de factoraje financiero, o sean contratadas con el sistema financiero o con su intermediación, colocando a los sujetos pasivos del impuesto en una situación desigual, adquiriendo el tributo el carácter de ruinoso y confiscatorio; y agrega que tiene contratados pasivos con el sistema financiero, como, dice, lo demostrará en su oportunidad.

Como es fácil de apreciar, la promovente del juicio de garantías pretende cuestionar la constitucionalidad del artículo 5o., primer párrafo, parte final y segundo párrafo, de la Ley del Impuesto al Activo, en cuanto a la imposibilidad de restar de sus activos las deudas negociables cedidas a empresas de factoraje financiero y los pasivos adquiridos con las empresas que componen el sistema financiero o su intermediación.

Ahora bien, el artículo 5o. antecitado, en la parte que interesa es del tenor siguiente:

"Artículo 5o. Los contribuyentes podrán deducir del valor del activo en el ejercicio, la deudas contratadas con empresas residentes en el país o con establecimientos permanentes ubicados en México de residentes en el extranjero, siempre que se trate de deudas no negociables. También podrán deducirse las deudas negociables en tanto no se le notifique al contribuyente la cesión del crédito correspondiente a dichas deudas a favor de una empresa de factoraje financiero, y aun cuando no habiéndosele notificado la cesión el pago de la deuda se efectúe a dicha empresa o a cualquier otra persona no contribuyente de este impuesto.

"No son deducibles las deudas contratadas con el sistema financiero o con su intermediación."

De este numeral se desprende, que se autoriza a los contribuyentes a deducir ciertas deudas del valor del activo en el ejercicio y se les prohíbe deducir aquellas deudas negociables que sean cedidas a empresas de factoraje financiero o los adeudos que tengan contratados con el sistema financiero o su intermediación.

Entonces, para demostrar plenamente el interés jurídico que le asiste a la promovente del juicio de garantías para impugnar el artículo 5o., de la Ley del Impuesto al Activo, en los párrafos citados, con motivo de un acto concreto de aplicación, no sólo es necesario acreditar que se es sujeto pasivo de dicha contribución y afirmar que no se le permite deducir las deudas mencionadas que tiene contratadas con el sistema financiero, sino también, demostrar este último hecho.

Esto es, existen mecanismos de tributación que son simples cuyos elementos esenciales, tales como sujeto, objeto, base y tasa, requieren cálculos básicos que no necesitan una mayor pormenorización en la ley. Así, a medida que un tributo se torna complejo, para adicionarse mayores elementos que pueden considerarse al realizar su cálculo, surgen previsiones legales que son variables, es decir, que no se aplican a todos los contribuyentes, sino sólo aquellos que se ubiquen en sus hipótesis jurídicas, como sucede, por ejemplo, en los impuestos al activo y sobre la renta.

En consecuencia, podría decirse que existen dos clases de normas tributarias, las que establecen los elementos esenciales de las contribuciones y aquellas que prevén variables que se aplican a dichos elementos esenciales. En el caso de las primeras, de concederse el amparo, su efecto producirá que el gobernado no se encuentre obligado a cubrir el tributo, al afectarse el mecanismo impositivo esencial cuya transgresión por el legislador no permite que sus elementos puedan subsistir, porque al estar viciado uno de ellos, todo el sistema se torna inconstitucional. Lo anterior no ocurre cuando la inconstitucionalidad se presenta en un elemento variable, puesto que el efecto del amparo no afectará el mecanismo esencial del tributo, dado que se limitará a remediar el vicio de la variable de que se trate, para incluirla de una manera congruente con los elementos esenciales sin que se afecte con ello a todo el sistema del impuesto.

En este caso se encuentra el artículo 5o., primer párrafo, parte final y segundo párrafo, de la Ley del Impuesto al Activo, que establece la imposibilidad de deducir deudas negociables que sean cedidas a empresas de factoraje financiero, así como aquellas contratadas con el sistema financiero, puesto que las reglas que rigen a los elementos esenciales de la contribución se establecen en diversos preceptos legales siendo que la posibilidad de deducir deudas cedidas o contratadas con el sistema financiero, si bien atañe al cálculo de la base gravable, es una variable que no se da en todos los contribuyentes del impuesto, sino sólo en aquellos que tienen contratadas esa clase de deudas; por ende, el amparo que eventualmente se llegara a conceder, en caso de que así procediera, produciría el efecto de permitir a la quejosa la deducción de las aludidas deudas, sin que con ello quede eximida de pagar el tributo, pues el vicio de inconstitucionalidad planteado no alcanza la totalidad del sistema impositivo sino sólo una variable que se aplica a la base.

Por lo anterior, no basta que la quejosa demuestre ser contribuyente del impuesto al activo para reclamar la inconstitucionalidad de una de sus variables, sino que resulta indispensable que demuestre ubicarse en la hipótesis legal que la prevé, de lo contrario, retomando el asunto en análisis, podría darse el caso de que la quejosa tuviera en su poder un amparo inútil, de no tener al momento de su promoción deudas negociables cedidas a empresas de factoraje financiero o contratadas con el sistema financiero, con lo que el amparo no conseguiría un fin restitutorio sino de mera planeación fiscal al permitirle en el futuro contratar esa clase de deudas que podrá hacerlas deducibles, lo que es contrario a la naturaleza del juicio de garantías.

En esta tesitura, lo expuesto lleva a concluir que, en tratándose de elementos variables de la contribución, es necesario que se demuestre estar dentro de las hipótesis legales; por tanto, como en la especie la quejosa no demostró tener deudas negociables cedidas a empresas de factoraje financiero o adeudos contratados con el sistema financiero, procede sobreseer en el juicio de amparo por falta de interés jurídico, respecto del artículo 5o., primer párrafo, parte final y segundo párrafo, de la Ley del Impuesto al Activo.

Se corrobora lo precedente, si se tiene en consideración el criterio contenido en la tesis 3a. CXXXI/91, consultable en la página 21, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VIII-Septiembre, Octava Época, Tercera Sala, cuyo rubro es "ACTIVO DE LAS EMPRESAS, IMPUESTO AL. LOS EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO, FIRME POR NO HABER SIDO IMPUGNADO, RESPECTO DEL ARTÍCULO 5o. DE LA LEY QUE ESTABLECE ESTE IMPUESTO SON EXCLUSIVAMENTE LOS DE PERMITIR AL QUEJOSO LA DEDUCCIÓN DEL VALOR PROMEDIO DE LAS DEUDAS EN MONEDA NACIONAL CONCERTADAS CON EL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO O SU INTERMEDIACIÓN.", en el cual claramente se establece que el efecto de la concesión de la protección constitucional sólo consiste en permitirle a la parte quejosa la deducción del valor promedio de las deudas en moneda nacional concertadas con el sistema financiero mexicano o su intermediación; luego, puede inferirse, que para acreditar el interés jurídico que le asiste al gobernado para reclamar el artículo 5o., primer párrafo, parte final y segundo párrafo, de la Ley del Impuesto al Activo, en cuanto establece la prohibición de deducir deudas negociables cedidas a empresas de factoraje financiero o aquellas contratadas con el sistema financiero, con motivo de un acto de aplicación, es necesario demostrar que se ubica dentro de ese supuesto, lo cual no aconteció en la especie.

Por tanto, con base en las consideraciones precedentes, se estima que el primer agravio esgrimido por la autoridad recurrente es fundado, por lo que contrario a lo considerado por la Juez del conocimiento, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, con apoyo en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, respecto del artículo 5o., primer párrafo, parte final y segundo párrafo, de la Ley del Impuesto al Activo, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio y ello trae como consecuencia que queden insubsistentes las consideraciones de la Juez Federal por las que estimó inconstitucional el aludido precepto legal y que resulte innecesario el estudio de los argumentos propuestos por la autoridad recurrente en el cuarto agravio tendientes a combatir esas consideraciones.

OCTAVO. En el segundo de sus agravios aduce la autoridad recurrente que la Juez Federal inobservó los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, al considerar infundada la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracciones V y XVIII, esta última en relación con el numeral 4o., del mismo ordenamiento legal, tomando en cuenta que el artículo 5o. B de la Ley del Impuesto al Activo reclamado por la quejosa, no le ocasiona un agravio personal y directo, además carece de legitimación para promover el presente juicio de garantías, en virtud de que el precepto tildado de inconstitucional no establece una obligación o coacción en su perjuicio, pues los destinatarios del mismo son las empresas que componen el sistema financiero y no la demandante, por lo que si se toma en cuenta que el juicio de garantías sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, resulta claro que la promovente se encuentra impedida para combatir el citado precepto legal.

Para comprender el sentido de los artículos 1o. y 5o.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/1813-f9730c22/contribuciones-efectos-que-produce-la-concesion-del-amparo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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