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Modo: Corpus Pro

ACTIVO, IMPUESTO AL. PARA ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO AL IMPUGNAR EN AMPARO EL ARTÍCULO 5o., SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY RELATIVA, NO BASTA QUE EL QUEJOSO DEMUESTRE SER CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO, SINO QUE DEBE PROBAR QUE TIENE DEUDAS CONTRATADAS CON EL SISTEMA FINANCIERO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 1588/96. · Registro digital (IUS): 5583
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: AVATAR, S.A. DE C.V.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Abril de 1999, , Pág. 217.

AMPARO EN REVISIÓN 1588/96. AVATAR, S.A. DE C.V.

MINISTRO PONENTE: HUMBERTO ROMÁN PALACIOS.

SECRETARIO: JESÚS ENRIQUE FLORES GONZÁLEZ.

CONSIDERANDO:

CUARTO. Son infundados los agravios hechos valer por la autoridad recurrente en relación con las causas de improcedencia del juicio, en atención a las razones que a continuación se indican.

Por cuanto hace al argumento consistente en que el Juez de Distrito omitió estudiar de oficio las causas de improcedencia que establece el artículo 73 de la Ley de Amparo, debe declararse infundado, pues al respecto, si el Juez de Distrito no encuentra causa de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, ni se hizo valer por alguna de las partes, no se encuentra obligado a estudiar todas y cada una de las contenidas en el artículo 73 antes referido. Criterio del cual el Pleno de este Alto Tribunal en su anterior integración sostuvo la tesis jurisprudencial número 22/1991, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y uno, Pleno, misma que se transcribe:

"IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada uno de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento."

Por cuanto hace a la causa de improcedencia hecha valer por la autoridad recurrente, relativa a que debió sobreseer el Juez de Distrito respecto de la Ley de Ingresos para los ejercicios fiscales de 1994-1995, de conformidad con el artículo 74, fracción III, en relación con el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, ya que sólo constituye un catálogo de impuestos anual y no determina la vigencia de la Ley del Impuesto al Activo, y por tanto carece de interés jurídico para impugnarlo, debe estimarse infundado.

El argumento anterior contenido en el primer agravio, ya ha sido materia de estudio de este Tribunal Pleno al resolver la contradicción de tesis número 26/94, aplicable al caso, ya que la Ley de Ingresos no se reclama por vicios propios, misma que se encuentra publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, correspondiente al mes de septiembre de 1995, página 32, número de tesis 25/95, misma que es del contenido literal siguiente:

"LEYES DE INGRESOS. CUANDO NO TENGAN QUE ATRIBUÍRSELES VICIOS PROPIOS, RESULTA OPTATIVO PARA EL QUEJOSO IMPUGNARLAS O NO EN EL AMPARO EN EL QUE SE RECLAMA LA LEY QUE REGULA EL IMPUESTO ESPECÍFICO. Conforme a la tesis jurisprudencial número 127, del Tribunal Pleno, visible en la página 231, de la primera parte del Apéndice 1917-1988, con el rubro ‘LEYES DE INGRESOS.’, estas leyes constituyen un catálogo de gravámenes tributarios, pero que condicionan la aplicación de las disposiciones impositivas de carácter especial; por tanto, si en un juicio de amparo se acredita tener interés jurídico para reclamar la inconstitucionalidad de un impuesto determinado establecido en una ley específica, resulta evidente que también le asiste dicho interés para impugnar la correspondiente Ley de Ingresos que condiciona la aplicación de aquél, pues el efecto legal que tenga el tratamiento jurídico que se dé a la ley específica tendrá repercusión en la Ley General de Ingresos a la que trasciende y afecta dada su estrecha vinculación. No obstante, nada impide que se pueda reclamar en amparo únicamente la ley específica sin impugnarse la Ley General de Ingresos, pues la circunstancia de que en aquélla se fijen el monto del impuesto, los sujetos del mismo y las formas de causarse y recaudarse, permiten el acceso directo al juicio de garantías cuando se acredita el perjuicio que ocasiona esta última ley al quejoso. En esas condiciones, puede válidamente afirmarse que cuando no se tengan que atribuir vicios propios a la Ley de Ingresos, resulta optativo para el agraviado impugnarla o no en amparo, ya que, por un lado, si ésta se reclama, el interés jurídico para impugnarla se acredita al demostrarse la afectación ocasionada por la ley que regula el impuesto específico y, por otra parte, su no impugnación no impediría abordar el estudio de la ley específica que se reclame."

Contradicción de tesis 26/94. Entre las sustentadas por las anteriores Tercera Sala y Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 21 de agosto de 1995. Unanimidad de once votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Alejandro S. González Bernabé.

Como segunda causal de improcedencia sostiene la autoridad recurrente, que debe sobreseerse en el juicio de garantías porque la parte quejosa reclamó la inconstitucionalidad de la Ley del Impuesto al Activo como heteroaplicativa, haciendo consistir como primer acto de aplicación el oficio 324-A-II-1-2.2-8964 de treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y cinco en el que se determina un crédito fiscal y multa en contra de la quejosa, y que éste no es el primer acto de aplicación, pues afirma la recurrente que puede observarse en la declaración presentada el 29 de septiembre de 1994, en la parte correspondiente al estado de posición financiera (balance) al 31 de diciembre de 1993, manifiesta tener activos y por tanto ser sujeto del impuesto, al ubicarse dentro de la hipótesis normativa así como con las declaraciones presentadas el 5 de agosto de 1994 y 20 de enero de 1995 en ceros, que determinan que el impuesto ya le había sido aplicado, y por tanto la demanda es extemporánea.

Previo al análisis de esta causal de improcedencia, conviene transcribir el contenido del oficio 324-A-II-1-2.2-8964 de treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y cinco, señalado como el primer acto de aplicación del impuesto al activo de las empresas:

"En virtud de que la contribuyente no presentó documentos, libros o registros que desvirtuaran las irregularidades consignadas en la última acta parcial, dentro del plazo previsto en el artículo 46, fracción IV, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación vigente, no ejerciendo a su favor el derecho concedido en dicho precepto, se le tienen por consentidos los hechos consignados en el acta final de visita que se reseñan a continuación.

"I. Impuesto al activo.

"Ejercicio: del 1o. de enero al 31 de diciembre de 1994.

"Valor del activo en el ejercicio.

"Consigna a la autoridad revisora a folios 53062550395014 y 53062560395015 del acta final de auditoría, de fecha 31 de octubre de 1995, que la contribuyente omitió declarar dentro del valor del activo del ejercicio, la cantidad de N$8’224,379.00, misma que se integra como a continuación se indica:

Ver cuadro 1

"Asimismo, se consigna que la cantidad de N$176,572.00 correspondiente a promedio de activos financieros, se conoció en base a papeles de componente inflacionario e impuesto al activo del ejercicio 1994, propiedad de la contribuyente Avatar, S.A. de C.V., de los cuales se obtuvieron fotocopias que fueron certificadas por los visitadores, y que forman parte integrante de la última acta parcial de fecha 6 de octubre de 1995 a folios 53062250295005, según consta en acta final de fecha 31 de octubre de 1995 a folios 53062550395014.

"Las cantidades de N$1’278,510.00, N$6’636,012.00 y N$133,285.00, correspondientes a promedio de terrenos, promedio de edificios y promedio de equipo, respectivamente, se conocieron en base a un papel de trabajo de determinación de impuesto al activo ejercicio 1994, propiedad de la contribuyente Avatar, S.A. de C.V., del cual forma parte integrante de la última acta parcial de fecha 6 de octubre de 1995 a folios 53062250295005 y 53062260295006, según consta en acta final de fecha 31 de octubre de 1995 a folios 53062550395014 y 53062560395015.

"Esta autoridad considera procedente la observación de los CC. Visitadores y por lo tanto se confirma la omisión del valor del activo en el ejercicio en cantidad de N$8’224,379.00, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o. de la Ley del Impuesto al Activo vigente en el ejercicio que se liquida, el cual señala que las personas morales están obligadas al pago del impuesto al activo por el activo que tengan; asimismo, el artículo 2o. fracción I de la citada ley, indica que el impuesto se determinará por ejercicios fiscales aplicando el valor del activo en el ejercicio la tasa del 2% y que al valor del activo en el ejercicio se calculará sumando los promedios de los activos.

"Valor de las deudas en el ejercicio.

"Consigna la autoridad revisora a folios 53062560395015 del acta final de auditoría de fecha 31 de octubre de 1995, que la contribuyente omitió declarar dentro del valor de las deudas en el ejercicio, la cantidad de N$1’155,058.00, misma que se conoció del análisis efectuado por los visitadores a la cuenta documentos por pagar contenida en los registros auxiliares propiedad de la contribuyente visitada, y cuyo análisis circunstanciado se encuentra contenido en una cédula de trabajo elaborada por los visitadores, la cual forma parte integrante de la última acta parcial de fecha 6 de octubre de 1995 a folios 53062270295006 y 53062280295007, según consta en acta final de fecha 31 de octubre de 1995 a folios 53062560395015.

"Esta autoridad considera procedente la observación de los CC. Visitadores y por lo tanto se confirma la omisión en la cantidad de N$1’155,058.00 por concepto de valor promedio de deudas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5o. en relación con los artículos 1o. y 2o. de la Ley del Impuesto al Activo vigente en el ejercicio que se liquida, disposiciones que señalan que del valor del activo en el ejercicio, los contribuyentes deducirán el valor promedio de las deudas en el ejercicio.

"Periodo

"Del 1o. de enero al 7 de septiembre de 1995.

"Consigna la autoridad revisora a folios 53062560395015 y 530625703095016 del acta final de auditoría de fecha 31 de octubre de 1995, que la contribuyente omitió efectuar sus pagos provisionales para efectos de este impuesto correspondientes al periodo del 1o. de enero al 7 de septiembre de 1995, en virtud de lo cual los visitadores, procedieron a determinarlos tomando como base el impuesto al activo correspondiente al ejercicio anterior, el cual fue determinado por los visitadores según consta en la última acta parcial de fecha 6 de octubre de 1995 a folios 53062240295003, 53062250295004, 53062260295005, 53062270295006 y 53062280295007, la cual forma parte integrante del acta final de fecha 31 de octubre de 1995, según consta a folios 53062560395015 y 53062570395016.

"Esta autoridad considera procedente la observación de los visitadores, en virtud de que la contribuyente infringió el artículo 7o. de la Ley del Impuesto al Activo vigente en el ejercicio que se liquida, disposición que señala que los contribuyentes efectuarán pagos provisionales a cuenta del impuesto del ejercicio, asimismo, señala el procedimiento para determinar los pagos provisionales, considerando el impuesto actualizado que correspondió al ejercicio inmediato anterior, como ha quedado debidamente fundado y motivado.

"En consecuencia esta dependencia, procede a determinar los créditos fiscales como sigue:

Ver cuadro 2

"Los pagos provisionales mensuales del periodo se calcularon en base a lo siguiente:

"Se determinaron dividiendo entre 12 el impuesto actualizado que correspondió al ejercicio inmediato anterior en cantidad de N$151,363.71, multiplicando el resultado por el número de meses comprendidos desde el inicio del ejercicio hasta el mes al que se refiere el pago; el impuesto del ejercicio inmediato anterior se actualizó como sigue:

Ver cuadro 3

"Factor de actualización.

"El factor de actualización de 1.2286, que se cita en la hoja número 4 de esta resolución, se determinó de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación vigente, tomando el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de septiembre de 1995, por 145.317 publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 10 de octubre de 1995, expresado con la base 1994=100, dividiéndolo contra el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de febrero de 1995, por 41763.30, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 10 de febrero de 1995, expresado con la base 1978=100, según comunicación del Banco de México, publicada en el segundo párrafo de la página 85 del Diario Oficial de la Federación de fecha 10 de abril de 1995, mismo que se procede a convertirlo a la base 1994=100, al dividirse entre la constante C=37394.134 y multiplicando el resultado por 100, según instrucción contenida en dicho Diario Oficial resultando un índice de precios del citado mes de febrero de 1995 por 111.6841.

"Los factores de actualización que se citan en la hoja número 5 de esta liquidación, se determinaron como sigue:

Ver cuadro 4

"Recargos

"En virtud de que la contribuyente Avatar, S.A. de C.V., omitió pagar la contribución determinada que se indica en el capítulo I anteriormente citado, con fundamento en el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación, se procede a determinar el importe de los recargos por concepto de indemnización al fisco federal por falta de pago oportuno, multiplicando las contribuciones omitidas actualizadas, por las diferentes tasas mensuales de recargos vigentes en cada uno de los meses transcurridos desde el mes en que se hizo exigible la presentación de cada declaración, hasta el mes de octubre de 1995, mismas que se encuentran establecidas como sigue:

"Recargos generados por el año de 1995.

"De conformidad con lo dispuesto por el artículo 6o. de la Ley de Ingresos de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 28 de diciembre de 1994 y el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación vigente en ese año, las tasas publicadas en los Diarios Oficiales de la Federación de fechas 31 de enero, 3 de marzo, 1 de abril, 4 de mayo, 7 de junio, 12 de julio, 18 de agosto, 12 de septiembre y 6 de octubre de 1995, las tasas mensuales de recargos de los meses de febrero a mayo fueron del 3.00%, de 0.86% por el mes de junio y del 3.00% por los meses de julio a octubre de 1995, dando una tasa de 24.86% por los meses transcurridos de 1995.

Ver cuadro 5

"Multas

"En relación con lo anterior y en virtud de que omitió pagar la contribución por adeudo propio, del impuesto al activo, cuya suma actualizada al 31 de octubre de 1995, asciende a N$173,707.00 se hace acreedora a la imposición de una multa en cantidad de N$121,595.00 equivalente al 70% de la contribución omitida actualizada de conformidad con lo establecido en el artículo 76 fracción II del Código Fiscal de la Federación vigente.

"Por otra parte infringió el artículo 81 fracción IV en relación con el artículo 82 fracción IV del Código Fiscal de la Federación vigente en el ejercicio que se liquida en virtud de que no efectuó pagos provisionales para efectos del impuesto al activo, haciéndose acreedora a la imposición de una multa equivalente a la cantidad de N$130.00 por el primer pago provisional y N$18,193.00 por los pagos subsecuentes, lo cual hace un total de N$18,323.00 de conformidad con el artículo 82 fracción IV, del mencionado ordenamiento.

Ver cuadro 6

"Condiciones de pago

"Las contribuciones omitidas determinadas en la presente resolución se presentan actualizadas al 31 de octubre de 1995; y a partir de esa fecha se deberán actualizar en los términos y para los efectos de los artículos 17-A y 21 del Código Fiscal de la Federación vigente.

"La cantidad anterior y los recargos sobre las contribuciones omitidas actualizadas, así como las multas correspondientes, deberán ser enteradas en una institución de crédito autorizada de su preferencia, previa presentación de este oficio en la Administración Local Jurídica de Ingresos correspondiente a su domicilio fiscal, dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación de la presente resolución, con fundamento en el artículo 65 del Código Fiscal de la Federación vigente.

"Asimismo, cuando las multas no sean pagadas dentro del plazo previsto en el artículo 65 del Código Fiscal de la Federación vigente, el monto de la misma se actualizará desde el mes en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe en los términos del tercer párrafo del artículo 70 del citado código.

"Los recargos generados se presentan calculados sobre las contribuciones omitidas actualizadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación vigente, computados a partir del 1 de abril de 1995 hasta el 31 de octubre de 1995 para efectos de impuesto anual, y a partir del 18 de febrero de 1995 y hasta el 31 de octubre de 1995 para efectos de pagos provisionales.

"Quedan enterados que tendrá derecho a una reducción a la multa impuesta en cantidad de N$121,595.00 en un 25% calculado sobre la cantidad de N$141,386.00 el monto de la contribución omitida, de conformidad con lo previsto en el artículo 77 fracción II inciso a) del Código Fiscal de la Federación vigente, en virtud de haber hecho dictaminar por contador público autorizado, sus estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal en el cual ocurrió la infracción.

"Quedan enterados que si pagan el crédito fiscal aquí determinado dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a aquel en que haya surtido efectos su notificación, tendrán derecho a una reducción del 20% de la multa impuesta en suma de N$18,323.00 de conformidad con lo previsto en el artículo 75 fracción VI del Código Fiscal de la Federación vigente."

El argumento antes expuesto debe estimarse infundado, pues del análisis minucioso de las constancias que obran en los autos del juicio de amparo, así como del oficio 324-A-II-1-2.2-8964 de treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y cinco, antes transcrito, en el que se le finca un crédito a la quejosa por la omisión en declarar pagos provisionales correspondientes al impuesto al activo para 1993 y 1994, y multas que se establecen, no se especifica en el propio documento si esto haya correspondido a sus declaraciones del impuesto al activo presentadas con anterioridad o por la omisión de hacerlo, sin que para ello la autoridad recurrente haya presentado las constancias a las que alude, por tanto no se puede estar en condiciones de tomar en consideración y menos aún aceptar las afirmaciones y apreciaciones subjetivas de la autoridad, para estar en condiciones de aceptar que le hubiese sido aplicado el impuesto de que se trata con anterioridad.

No es obstáculo a la conclusión alcanzada, el hecho de que en el oficio antes transcrito se establezca que el promedio de los activos financieros se conoció en base a papeles de componente inflacionario e impuesto al activo del ejercicio de 1994, propiedad de la empresa quejosa y los cuales no fueron controvertidos en el juicio, pues de ello no se sigue necesariamente que se trate de la declaración del impuesto, sino que es una mera aseveración de una de las partes en el juicio, sin fuerza suficiente para desvirtuar lo que señaló la quejosa en su demanda, ya que el oficio describe únicamente que se conoció el promedio de activos financieros en base a papeles encontrados en la empresa quejosa y no en las declaraciones del impuesto correspondiente a los ejercicios fiscales que consigna, ni hace referencia a ningún otro documento, que obre en autos, que acredite fehacientemente que le fue aplicado el impuesto de que se trata con anterioridad al oficio.

QUINTO.-No obstante de haber sido ineficaces los agravios encaminados a demostrar la improcedencia del juicio de amparo, este Tribunal Pleno advierte de oficio una causal de improcedencia, en relación al artículo 5o., segundo párrafo, de la Ley del Impuesto al Activo por la que procede sobreseer al respecto.

En efecto, el artículo 5o. antes citado, en la parte que interesa es del tenor siguiente:

"Artículo 5o. Los contribuyentes podrán deducir del valor del activo en el ejercicio, las deudas contratadas con empresas residentes en el país o con establecimientos permanentes ubicados en México de residentes en el extranjero, siempre que se trate de deudas no negociables. También podrán deducirse las deudas negociables en tanto no se le notifique al contribuyente la cesión del crédito correspondiente a dichas deudas a favor de una empresa de factoraje financiero. Y aun cuando no habiéndosele notificado la cesión del pago de la deuda se efectúe a dicha empresa o a cualquier otra persona no contribuyente de este impuesto.

"No son deducibles las deudas contratadas con el sistema financiero o con su intermediación."

De este numeral se desprende, que se autoriza a los contribuyentes a deducir ciertas deudas del valor del activo en el ejercicio y se les prohíbe deducir aquellas que tengan contratadas con el sistema financiero o su intermediación.

Entonces, para demostrar plenamente el interés jurídico que le asiste a la promovente del juicio de garantías para impugnar el artículo 5o., segundo párrafo, de la Ley del Impuesto al Activo, con motivo de un acto concreto de aplicación, no sólo es necesario acreditar que se es sujeto pasivo de dicha contribución y afirmar que no se le permite deducir las deudas que tiene contratadas con el sistema financiero, sino también, demostrar este último hecho.

Esto es, existen mecanismos de tributación que son simples cuyos elementos esenciales, tales como sujeto, objeto, base y tasa, requieren cálculos básicos que no necesitan una mayor pormenorización en la ley. Así, a medida que un tributo se torna complejo, para adicionarse mayores elementos que pueden considerarse al realizar su cálculo, surgen previsiones legales que son variables, es decir, que no se aplican a todos los contribuyentes, sino sólo a aquellos que se ubiquen en sus hipótesis jurídicas, como sucede, por ejemplo, en los impuestos al activo y sobre la renta.

En consecuencia, podría decirse que existen dos clases de normas tributarias, las que establecen los elementos esenciales de las contribuciones y aquellas que prevén variables que se aplican a dichos elementos esenciales. En el caso de las primeras, de concederse el amparo, su efecto producirá que el gobernado no se encuentre obligado a cubrir el tributo, al afectarse el mecanismo impositivo esencial cuya transgresión por el legislador no permite que sus elementos puedan subsistir, porque al estar viciado uno de ellos, todo el sistema se torna inconstitucional. Lo anterior no ocurre cuando la inconstitucionalidad se presenta en un elemento variable, puesto que el efecto del amparo no afectará el mecanismo esencial del tributo, dado que se limitará a remediar el vicio de la variable de que se trate, para incluirla de una manera congruente con los elementos esenciales sin que se afecte con ello a todo el sistema del impuesto.

En este caso se encuentra el artículo 5o., segundo párrafo, de la Ley del Impuesto al Activo, que establece la imposibilidad de deducir deudas contratadas con el sistema financiero puesto que las reglas que rigen a los elementos esenciales de la contribución se establecen en diversos preceptos legales siendo que la posibilidad de deducir deudas contratadas con el sistema financiero, si bien atañe al cálculo de la base gravable, es una variable que no se da en todos los contribuyentes del impuesto, sino sólo en aquellos que tienen contratadas esa clase de deudas; por ende, el amparo que eventualmente se llegara a conceder, en caso de que así procediera, produciría el efecto de permitir a la quejosa la deducción de las aludidas deudas, sin que con ello quede eximido de pagar el tributo, pues el vicio de inconstitucionalidad planteado no alcanza la totalidad del sistema impositivo sino sólo una variable que se aplica a la base.

Por lo anterior, no basta que el quejoso demuestre ser contribuyente del impuesto al activo para reclamar la inconstitucionalidad de una de sus variables, sino que resulta indispensable que demuestre ubicarse en la hipótesis legal que la prevé, de lo contrario, retomando el asunto en análisis, podría darse el caso de que el quejoso tuviera en su poder un amparo inútil, de no tener al momento de su promoción deudas contratadas con el sistema financiero, con lo que el amparo no conseguiría un fin restitutorio sino de mera planeación fiscal al permitirle en el futuro contratar esa clase de deudas que podrá hacerlas deducibles, lo que es contrario a la naturaleza del juicio de garantías.

En esta tesitura, lo expuesto lleva a concluir que, en tratándose de elementos variables de la contribución, es necesario que se demuestre estar dentro de las hipótesis legales; por tanto, como en la especie la quejosa no demostró tener deudas contratadas con el sistema financiero, procede sobreseer en el juicio de amparo por falta de interés jurídico, respecto del artículo 5o., segundo párrafo, de la Ley del Impuesto al Activo.

Se corrobora lo precedente, si se tiene en consideración el criterio contenido en la tesis 3a. CXXXI/91, consultable en la página 21, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VIII-Septiembre, Octava Época, Tercera Sala, cuyo rubro es "ACTIVO DE LAS EMPRESAS, IMPUESTO AL. LOS EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO, FIRME POR NO HABER SIDO IMPUGNADO, RESPECTO DEL ARTÍCULO 5o. DE LA LEY QUE ESTABLECE ESTE IMPUESTO SON EXCLUSIVAMENTE LOS DE PERMITIR AL QUEJOSO LA DEDUCCIÓN DEL VALOR PROMEDIO DE LAS DEUDAS EN MONEDA NACIONAL CONCERTADAS CON EL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO O SU INTERMEDIACIÓN.", en el cual claramente se establece que el efecto de la concesión de la protección constitucional sólo consiste en permitirle a la parte quejosa la deducción del valor promedio de las deudas en moneda nacional concertadas con el sistema financiero mexicano o su intermediación; luego, puede inferirse, que para acreditar el interés jurídico que le asiste al gobernado para reclamar el artículo 5o., segundo párrafo, de la Ley del Impuesto al Activo, en cuanto establece la prohibición de deducir deudas contratadas con el sistema financiero, con motivo de un acto de aplicación, es necesario demostrar que se ubica dentro de ese supuesto, lo cual no aconteció en la especie.

Por tanto, con base en las consideraciones precedentes, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, con apoyo en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, respecto del artículo 5o., segundo párrafo, de la Ley del Impuesto al Activo, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio.

En el tercer agravio sostiene la autoridad recurrente que indebidamente el Juez de Distrito concedió el amparo de la Justicia Federal por cuanto hace al artículo 9o. de la ley del impuesto impugnado, por considerar que es inequitativo al exentar de dicha obligación a las empresas que componen el sistema financiero, sin embargo el hecho de que exceptúe a tales empresas no implica que se esté dando un trato diferencial a sujetos iguales, pues no se establece en función del tipo de contribuyentes, sino por la actividad que realizan y se apoya en el criterio jurisprudencial que sostuvo este Tribunal Pleno en su anterior integración, en la tesis cuyo rubro es el siguiente: "ACTIVO DE LAS EMPRESAS, IMPUESTO AL. EL ARTÍCULO 6o., FRACCIÓN I, DE LA LEY, QUE EXENTA A LAS EMPRESAS QUE COMPONEN EL SISTEMA FINANCIERO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIO.".

Lo anterior debe estimarse infundado, pero cabe aclarar que no se trata del artículo 9o. al que hace referencia el agravio en los primeros párrafos, sino al 6o. de la ley impugnada que es el que se refiere a la exención de las empresas que componen el sistema financiero, y al respecto este Tribunal Pleno interrumpió el anterior criterio sustentado en la tesis jurisprudencial número 23/90, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VI, Primera Parte, página 55, y tesis 1/91, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, enero de 1991, página 14, para estimar que la exención de las empresas que componen el sistema financiero del pago del impuesto al activo, viola el principio de equidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Federal, al considerar que tienen activos destinados a la actividad empresarial sin que se presente un beneficio o justificación social que pudiera fundar ese trato privilegiado, en su tesis jurisprudencial número 10/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, correspondiente a marzo de 1996, página 38, misma que es del texto siguiente:

"ACTIVO, IMPUESTO AL. LA EXENCIÓN A LAS EMPRESAS QUE COMPONEN EL SISTEMA FINANCIERO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.-El artículo 6o., fracción I de la Ley del Impuesto al Activo, vigente en su origen (actual fracción II) al establecer que exenta del pago del tributo a las empresas que componen el sistema financiero, transgrede el principio de equidad tributaria, consagrado en el artículo 31, fracción IV constitucional, en virtud de que teniendo estas empresas activos destinados a actividades empresariales, y no presentarse respecto de ellas ninguna situación de beneficio o justificación social que pudiera fundar un trato privilegiado de exención, no existe razón alguna por la que respecto de ellas no se establezca que al ser sujetos del tributo deban pagar el impuesto al activo, el cual podrán acreditar al impuesto sobre la renta efectivamente pagado, sin que pueda argüirse como justificación de tal exención la dificultad para medir con exactitud el

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5583-1f95645f/activo-impuesto-al-para-acreditar-su-interes-juridico · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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