Corpus
Modo: Corpus Pro

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SON INOPERANTES AQUELLOS QUE INTRODUCEN CUESTIONAMIENTOS NOVEDOSOS QUE NO FUERON PLANTEADOS EN EL JUICIO NATURAL. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO DIRECTO. INOPERANCIA DE LOS QUE INTRODUCEN CUESTIONAMIENTOS NOVEDOSOS QUE NO FUERON PLANTEADOS EN EL JUICIO NATURAL.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 181/2003. · Registro digital (IUS): 17843
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA PAQUIME, S.A DE C.V.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Diciembre de 2003, , Pág. 1190.

AMPARO DIRECTO 181/2003. CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA PAQUIME, S.A DE C.V.

CONSIDERANDO:

SEXTO. Los conceptos de violación que la quejosa esgrime contra la sentencia resultan en una parte infundados y en otra inoperantes.

Para mejor comprensión de este asunto, es conveniente tener presente que en el expediente 2802/02-12-01-1, del índice de la Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, obran, entre otras y en lo conducente, las constancias siguientes:

1. Escrito recibido el once de septiembre de dos mil dos, por el que Constructora y Arrendadora Paquime, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su representante legal, demandó la nulidad de la resolución contenida en el oficio número 322-SAT-29-2319, de veinticuatro de mayo de dos mil dos, que emitió la entonces Administración Local de Auditoría Fiscal de Tlaxcala, por la que determinó un crédito fiscal en su contra en cantidad de ocho mil doscientos cincuenta y dos pesos cero centavos, moneda nacional, por concepto de multa ante el incumplimiento a un requerimiento de información y documentación que se le formuló (fojas 1 a 23).

Basó su demanda en los hechos siguientes: "1. El día veintidós de junio de dos mil, se notificó el oficio 5135, de fecha seis de septiembre del mismo año, emitido por la Administración Local de Auditoría Fiscal de Tlaxcala, en el cual me requirió la presentación de diversa documentación correspondiente al periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, en materia de derecho de trámite aduanero, impuesto general de importación, impuesto al valor agregado, así como de las regulaciones y restricciones no arancelarias que correspondan. 2. El día veintiséis de septiembre de dos mil, fue debidamente cumplimentado el requerimiento de referencia. 3. Posteriormente, en fecha veinticuatro de enero de dos mil uno, mi mandante acudió a demandar la nulidad de la resolución que se contenía en el oficio 324-SAT-D-6405 que impuso a mi mandante una sanción por concepto de presentación incompleta de la información requerida, demanda que se admitió a trámite y radicó en el juicio de nulidad número 353/01-07-01-6 de los radicados en la Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 4. Es el caso, que mediante sentencia de fecha dos de octubre de dos mil uno, se declaró la nulidad para efectos de que se fundamentara correctamente la competencia de la demandada Administración Local de Auditoría Fiscal de Tlaxcala. 5. Posteriormente, de manera ilegal, mediante oficio 324-SAT-29-2319 de fecha veinticuatro de mayo de dos mil dos, notificado el veinticuatro de junio de dos mil dos, se pretende dar cumplimiento a la mencionada sentencia, lo cual es del todo ilegal ..." (fojas 1 y 2).

Adjuntó a la demanda, los elementos de convicción siguientes: I) resolución impugnada, y constancia de notificación (fojas 24 a 28); II) oficio 324-SAT-5135 que emitió la Administración Local de Auditoría Fiscal de Tlaxcala, para solicitar información y documentación al contribuyente, y constancia de notificación (fojas 29 y 30); III) escrito de veintiséis de septiembre de dos mil, por el que la parte actora refiere que cumplió con el requerimiento de documentación (fojas 32 y 33); IV) oficio 6405 de veinticuatro de octubre de dos mil, en que inicialmente se impuso multa al contribuyente (fojas 34 y 35); V) los autos del juicio de nulidad 353/01-07-01-6 del índice de esa misma Sala (anexo); VI) instrumental de actuaciones; y VII) presuncional legal y humana.

2. Auto de uno de octubre de dos mil dos, mediante el cual la Sala instructora admitió a trámite la demanda de nulidad de que se trata, con copia de la misma y de sus anexos, ordenó correr traslado al administrador local de Auditoría Fiscal de Tlaxcala y al secretario de Hacienda y Crédito Público, emplazándolos para que la contestaran dentro del término de ley, apercibidos que de no hacerlo se aplicaría lo que dispone el artículo 212 del Código Fiscal de la Federación; de igual modo, se tuvieron por ofrecidas y exhibidas las pruebas que se mencionaron en la demanda, y se decretó la suspensión provisional de la ejecución de la resolución impugnada (fojas 82 y 83).

3. El diecisiete de octubre de dos mil dos, la Sala instructora dictó interlocutora en la que decretó la suspensión definitiva del procedimiento administrativo de ejecución de la resolución controvertida en ese juicio (fojas 94 a 98).

4. Oficio número 325-SAT-R5-L34-IV-14915, presentado el trece de diciembre de dos mil dos, a través del cual el administrador local jurídico de Puebla Sur contestó la demanda en representación del secretario de Hacienda y Crédito Público, del presidente del Servicio de Administración Tributaria y de "la autoridad demandada"; ofreció como pruebas: a) las documentales públicas que ofreció la actora y que "esta representación fiscal hace suyas"; b) instrumental de actuaciones relativa al juicio de nulidad 353/01-07-01-6; y c) presuncional legal y humana (fojas 113 a 135).

5. El seis de enero de dos mil tres, se tuvo por contestada la demanda y, con copia simple del oficio de contestación, se mandó correr traslado a la actora para los efectos legales procedentes; por último, se otorgó a las partes un plazo de cinco días para que formularan alegatos (foja 141). No hay constancia de que las partes ejercieran ese derecho.

6. La Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el veintiocho de febrero de dos mil tres dictó sentencia en la que, con fundamento en los artículos 236, 237, 238, fracción III y 239, fracción III, penúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, resolvió que la parte actora probó su pretensión y, en consecuencia, declaró la nulidad (excepcional) de la resolución impugnada (fojas 149 a 161).

Las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida, en síntesis, son las siguientes:

a) Es infundado el primer concepto de impugnación, en tanto que ese argumento se formuló con motivo del diverso juicio de nulidad 353/01-07-01-6, y en el que se declaró infundado el mismo al estimarse que la multa equivalente a ocho mil doscientos cincuenta y dos pesos cero centavos, moneda nacional, impuesta con apoyo en los artículos 85, fracción I y 86, fracción I, ambos del Código Fiscal de la Federación, equivale al monto mínimo, la cual se reitera en la resolución determinante ahora cuestionada, que se emitió en cumplimiento a la sentencia de dos de octubre de dos mil, que se dictó en el juicio de nulidad 353/01-07-01-6, es decir, se sustentan en igual requerimiento de información, fundamentos y es el mismo monto, por lo cual resulta un acto respecto del cual ya existe pronunciamiento de esta Sala.

b) Que es fundado el segundo concepto de impugnación, puesto que el artículo 23, fracciones VIII, XI y XIX, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, que cita la autoridad demandada en la resolución determinante del crédito fiscal controvertido, prevé diversas facultades para las Administraciones Generales de Auditoría Fiscal (distinta de la que emitió el acto en examen), lo cierto es que no refiere expresamente que dicha autoridad esté facultada para imponer multas, aunque la fracción XXII de ese mismo precepto indique que puede imponer multas por infracción a disposiciones fiscales en la materia de su competencia, sin establecer a qué materia se refiere, la que puede ser limitada o amplia, entonces, no se puede conocer con certeza si la autoridad actuó dentro del ámbito de su competencia, esto es, si tiene facultad para sancionar por infracción al numeral 86, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, aunado a que no se cita el numeral 25, fracción II, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, que da la misma facultad a la Administración Local de Auditoría Fiscal, entonces, no se invocó el precepto legal que da competencia a la autoridad, y ello vulnera el artículo 16 constitucional; por ende, como en el caso "el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, no establece en forma alguna la competencia de las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal, para la imposición de multas, respecto de infracción cometida al artículo 86, fracción I, del Código Fiscal de la Federación", procede declarar la nulidad para el efecto de que si la autoridad demandada está en aptitud de hacerlo y tuviera facultades para ello, emita una nueva resolución fundada y motivada.

c) Es infundado el argumento de impugnación tercero, dado que la autoridad demandada fundó su competencia territorial en el artículo 39, párrafo primero, apartado A, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de marzo de dos mil uno, así como en el numeral 2o., párrafo segundo, número cuarenta y ocho, del Acuerdo por el que se señala nombre, sede y circunscripción territorial de las Unidades Administrativas del Servicio de Administración Tributaria, conforme a los que la Administración Local de Auditoría Fiscal de Tlaxcala puede ejercer sus facultades en la ciudad de Tlaxcala que es en donde tiene su domicilio la actora, por lo que se fundó en forma debida la competencia territorial de la autoridad, sin que hubiera que citar incisos o fracciones, en tanto no existen los mismos en los preceptos aplicables.

d) El cuarto concepto de impugnación es infundado, cuenta habida que de las constancias del juicio de nulidad 353/01-07-01-6, del índice de la propia Sala instructora, se desprende que el seis de septiembre de dos mil, se solicitó a la actora diversa información; luego, el veinticinco de octubre de dos mil se impuso a la demandante multa en cantidad de ocho mil doscientos cincuenta y dos pesos cero centavos, moneda nacional, por no suministrar la información requerida en forma completa; impugnada que fue esa determinación en el juicio 353/01-07-01-6, se declaró para efectos la nulidad de la misma; el veinticuatro de mayo de dos mil dos, se dejó sin efectos la primera multa y se impuso una de igual cantidad y por idéntico concepto, que combate en el presente juicio de nulidad; además, de las constancias que obran en el juicio en que se actúa, así como en el relacionado con la primera multa, se desprende que el antecedente de tales multas lo es el requerimiento de información del que se cuestionó la competencia de la autoridad que lo emitió, dado que la sentencia que se emitió en el expediente 353/01-07-01-6, declaró la nulidad para que la autoridad fundara en forma debida su competencia material, lo que no se cuestionó a través del juicio de amparo, resulta firme ese aspecto y no puede estudiarse de nueva cuenta la competencia de la autoridad que emitió tal requerimiento, por ser cosa juzgada, así que el requerimiento de información debe quedar intocado.

e) Es infundado el quinto argumento de inconformidad, toda vez que el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, prevé que es de seis meses el plazo de que disponen las autoridades fiscales para concluir una visita domiciliaria o revisión de gabinete, pero ello no es aplicable al término para imponer multas por infracciones a las disposiciones fiscales por ser de carácter formal y no de una multa que deriva de un oficio de liquidación en que se determina la situación fiscal del contribuyente, dado que la sanción que deriva del ejercicio de las facultades de comprobación de la autoridad hacendaria es independiente de las infracciones en que el particular pueda incurrir durante el procedimiento de fiscalización contenido en el artículo 85, fracción I, del código tributario federal, de ahí que no esté obligada la autoridad a sujetarse al plazo del numeral 46-A de referencia.

f) De los artículos 239, párrafo penúltimo y 239-B, fracciones I, inciso c), II, III, párrafo segundo y V, del Código Fiscal de la Federación, se obtiene que cuando se obligue a la autoridad hacendaria a emitir un acto determinado, lo hará en el plazo de cuatro meses; si no cumple dentro se ese lapso la parte inconforme puede ocurrir en queja; tramitada dicha instancia, se exigirá el cumplimiento del acto de que se trate en el término de veinte días, se informará al superior de la responsable para que proceda jerárquicamente, y se le impondrá una multa, pero no hay autorización legal para que se declare la nulidad de la resolución que se pronuncia fuera del periodo de cuatro meses, de ahí que el sexto concepto de impugnación sea infundado; se apoya en la jurisprudencia de rubro: "SENTENCIA DE NULIDAD FISCAL PARA EFECTOS. EL CUMPLIMIENTO FUERA DEL TÉRMINO LEGAL DE CUATRO MESES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 239, ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO OCASIONA LA ILEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN DICTADA POR LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA EN ACATAMIENTO DE ELLA." (de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación).

g) Es infundado el séptimo argumento de inconformidad, en tanto se le requirió diversa información al particular, y se le indicó la forma en que debía cumplir con el mismo, conforme al numeral 53, inciso c), del código tributario federal, pero sin apercibimiento genérico, así que no es aplicable la tesis de rubro: "VISITA DOMICILIARIA, ORDEN DE. EL APERCIBIMIENTO GENÉRICO QUE CONTIENE, VIOLA LA GARANTÍA DE LEGALIDAD." (del Tercer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito), en oposición a lo que sostiene la parte actora, ya que el supuesto en ella inmerso no ocurre en la especie, y "el hecho de que no haya apercibimiento no le depara perjuicio jurídico a la parte actora, ya que a pesar de que no exista éste, es una obligación de los particulares cumplir con los requerimientos que legalmente les realice la autoridad fiscal".

Para rebatir esas consideraciones, la parte quejosa esgrime los conceptos de violación que se sintetizan como sigue:

A) Que se violan en su perjuicio las garantías que tutelan los artículos 14 y 16 constitucionales, toda vez que se contravino lo dispuesto por el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, puesto que en la sentencia no se examinaron todos y cada uno de los conceptos de anulación que planteó en la demanda de nulidad, de ahí que proceda concederle el amparo que impetra, para que se estudien todas las cuestiones propuestas en el juicio de nulidad, pues de la lectura de la sentencia se obtiene que no se estudiaron todos los argumentos que formuló, aunado a que no analizó de modo correcto lo que se relaciona con la ilegalidad de la resolución impugnada; se apoyó en las tesis tituladas: "SENTENCIA FISCAL. DEBE COMPRENDER EL EXAMEN DE TODOS LOS AGRAVIOS." (no especifica el órgano colegiado que la emitió), "SENTENCIA FISCAL. DEBE ANALIZAR TODOS LOS AGRAVIOS Y PRUEBAS QUE SE HICIERON VALER EN EL JUICIO." (del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito), "SENTENCIAS DICTADAS EN LOS JUICIOS DE NULIDAD. PARA QUE SEAN CONGRUENTES DEBEN ANALIZAR TODAS LAS CUESTIONES PROPUESTAS." (del entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito) y "SENTENCIA FISCAL. DEBE COMPRENDER TODOS LOS CONCEPTOS DE NULIDAD. LA OMISIÓN DE ESTUDIO DE ALGUNO DE ELLOS AMERITA QUE EN EL AMPARO SE OBLIGUE A LA SALA RESPONSABLE A PRONUNCIAR NUEVO FALLO." (no especifica el órgano jurisdiccional que la emitió).

B) Que se violan los artículos 14 y 16 constitucionales, en razón de que se declara la nulidad de las resoluciones combatidas para efectos de que "la autoridad demandada esté en aptitud de emitir un nuevo acto administrativo", lo que contraviene el numeral 239, fracción III, del código tributario federal, conforme al cual, sólo cuando se trata de facultades discrecionales la autoridad tiene que declarar la nulidad lisa y llana de la resolución administrativa, que es lo que ocurre en el caso, por el cual no podía establecerse la nulidad para efectos como se hizo, sobre todo que la autoridad demandada pudo emitir una resolución fundada y motivada desde el momento de la notificación y como no ocurrió así procedía su nulidad lisa y llana, lo contrario vulnera el artículo 38, fracción III, del ordenamiento en consulta al no existir fundamento que permita actuar como lo hizo la Sala; alude a la tesis de rubro: "NULIDAD QUE DECLARA LA SENTENCIA FISCAL DEBIDO A LA NOTIFICACIÓN ILEGAL DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES. DEBE SER LA EXCEPCIONAL CON FUNDAMENTO EN LA PARTE FINAL DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 239 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN." (del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito).

C) Que la orden de visita domiciliaria es la forma en que la autoridad expresa la voluntad de ejercer facultades de comprobación, en términos del artículo 42, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, iniciándose el procedimiento de fiscalización con la notificación legal de dicho mandato, y como en la especie el citatorio y notificación relativos se emitieron contra las disposiciones legales aplicables, pues no se notificó conforme a derecho la visita domiciliaria; en consecuencia, debió declararse la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, más aún que el artículo 238, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación fija como hipótesis la que consiste en que la resolución se apoye en hechos distintos o equívocos, así como que se contravengan las disposiciones legales aplicables, y en el citatorio no se especificó en qué consistía la notificación, ante lo cual ha de otorgársele la protección federal que demanda; invoca la tesis de rubro: "TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CUANDO ESTIME QUE LA AUTORIDAD DEMANDADA VIOLÓ LA LEY, EN PERJUICIO DEL CONTRIBUYENTE, AL EMITIR LA ORDEN DE VISITA DE AUDITORÍA, DEBE DECLARAR LA NULIDAD LISA Y LLANA DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y NO PARA EFECTOS." (no precisa el órgano emisor).

D) En el fallo combatido se dejaron de aplicar los artículos 238, fracción IV y 239, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, además de que se emplearon indebidamente los diversos 238, fracción II y 239, fracción III, del propio ordenamiento, con lo cual se conculcan las garantías individuales que tutelan los artículos 14 y 16 constitucionales en perjuicio de la quejosa, toda vez que se trata de una violación de fondo, lo que lleva a que deba declararse la nulidad demandada, pero de manera lisa y llana "en el entendido de que (sic) la resolución impugnada a) no se fundó debidamente la competencia de la autoridad emisora", en contravención a las disposiciones legales debidas, así que no se está en la hipótesis del numeral 238 de referencia (fracción II), sobre todo que la actora no manifestó violaciones formales, sino refirió vicios de fondo (ilegalidad por falta de cita de los artículos que le dan competencia a la autoridad para determinar los créditos cuestionados); invoca las tesis de rubros: "CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 238 DEL." (del entonces Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito), "FISCAL. LAS CAUSALES DE ILEGALIDAD QUE ESTABLECE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 238 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, SON RELATIVAS AL FONDO DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, NO APLICABLES A OMISIONES DE LOS REQUISITOS DE FORMA QUE DEBEN TENER." (del entonces Primer Tribunal Colegiado del Tercer Circuito) y "SENTENCIA FISCAL. DEBE DECLARAR LA NULIDAD LISA Y LLANA EN PRESENCIA DE UNA VIOLACIÓN DE FONDO." (de la anterior Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación).

E) Que el artículo 86, fracción I, del Código Fiscal de la Federación en vigor en el momento de la resolución impugnada (en el año de dos mil dos), viola el numeral 22 de la Constitución Federal, dado que se trata de multa excesiva proscrita por el precepto constitucional aludido, puesto que no tienen en cuenta la situación económica del infractor, la gravedad o levedad del hecho infractor, aunado a que no permite que la autoridad atienda los aspectos enunciados, no obstante que prevea un mínimo y un máximo en lo que hace a la sanción aplicable, lo que conlleva a que la sanción sea desproporcionada a la capacidad económica de la infractora, cuando que "no debe sobrepasarse ni ir más delante de lo lícito y lo razonable" razones por las que alega es inconstitucional el artículo 86, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, por lo cual debe otorgársele la protección federal; transcribe las tesis de rubros: "MULTA EXCESIVA. CONCEPTO DE." (del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación), "MULTAS. LA AUTORIDAD TIENE ARBITRIO PARA FIJAR SU MONTO CUANDO LA LEY SEÑALA EL MÍNIMO Y EL MÁXIMO DE LAS MISMAS." (no indica el órgano que la pronunció), "MULTA EXCESIVA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL. NO ES EXCLUSIVAMENTE PENAL." (del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación) y "MULTAS FISCALES EXCESIVAS, SON INCONSTITUCIONALES." (del entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito).

Por cuestión de orden, se examinará en primer término el tema de inconstitucionalidad que plantea la quejosa en la demanda y que se sintetizó en esta sentencia, marcándolo con la letra E), consistente en que el artículo 86, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, en vigor en el momento de la resolución impugnada (en el año de dos mil dos), viola el numeral 22 de la Constitución Federal, dado que se trata de multa excesiva proscrita por el precepto constitucional aludido, puesto que no tienen en cuenta la situación económica del infractor, la gravedad o levedad del hecho infractor, aunado a que no permite que la autoridad atienda los aspectos enunciados, no obstante que prevea un mínimo y un máximo en lo que hace a la sanción aplicable, lo que conlleva a que la sanción sea desproporcionada a la capacidad económica de la infractora, cuando que "no debe sobrepasarse ni ir más delante de lo lícito y lo razonable", razones por las que alega es inconstitucional el artículo 86, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, por lo cual debe otorgársele la protección federal; transcribe las tesis de rubros: "MULTA EXCESIVA, CONCEPTO DE." (del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación), "MULTAS, LA AUTORIDAD TIENE ARBITRIO PARA FIJAR SU MONTO CUANDO LA LEY SEÑALA EL MÍNIMO Y EL MÁXIMO DE LAS MISMAS." (no indica el órgano que la pronunció), "MULTA EXCESIVA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL. NO ES EXCLUSIVAMENTE PENAL." (del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación) y "MULTAS FISCALES EXCESIVAS, SON INCONSTITUCIONALES" (del entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito).

El concepto de violación vertido en torno a la constitucionalidad del artículo 86 fracción I del código tributario federal, deviene infundado por las consideraciones siguientes:

Es menester precisar el contenido del artículo 86, fracción I, del Código Fiscal de la Federación vigente en dos mil dos (época en que se sancionó a la quejosa, según aparece en la resolución controvertida en el juicio de nulidad -oficio 324-SAT-29-2319- (foja veinticuatro) por ser el que impugna, establecía:

"Artículo 86. A quien cometa las infracciones relacionadas con el ejercicio de las facultades de comprobación a que se refiere el artículo 85, se impondrán las siguientes multas: I. De $8,825.00 a $26,476.00, a la comprendida en la fracción I." (cantidades vigentes a partir del uno de julio de dos mil uno según anexo cinco de la Décima Sexta resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal publicada en el Diario Oficial de la Federación del treinta de julio de dos mil uno -Ediciones Fiscales ISEF-).

Cabe establecer que ese precepto legal, en el año dos mil, en que se cometió la infracción sancionada, y conforme al anexo 5, de la Cuarta Resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para el dos mil, publicada en el Diario Oficial de la Federación el doce de julio de dos mil, preveía los montos siguientes: "Artículo 86. ... I. De $8,252.00 a $ 24,757.00, a la comprendida en la fracción I."

La proscripción del artículo 22 de la Constitución General de la República a las multas excesivas, requiere que la disposición enmarque la atribución de la autoridad sancionadora para que la correlacione con los siguientes elementos: a) Que exista correspondencia entra la cuantía de la multa y las condiciones económicas del infractor; y, b) Que la sanción pecuniaria tome en cuenta la gravedad de la falta.

Ahora bien, el concepto "exceso" en relación con las multas, atento las interpretaciones dadas por la doctrina y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se puede resumir con base en sus elementos que son los siguientes: A) Una multa es excesiva cuando es desproporcionada a las posibilidades económicas del infractor en relación con la gravedad del ilícito fiscal. B) Una multa es excesiva cuando se propasa, va más adelante de lo lícito y lo razonable. C) Una multa puede ser excesiva para unos, moderada para otros y leve para muchos. D) Para que una multa no sea contraria al texto constitucional debe determinarse su monto y cuantía, tomarse en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor y la reincidencia de éste en la comisión del hecho que la motiva. E) La garantía de prohibición de multas excesivas, contenida en el artículo 22 constitucional, se presenta en la práctica casi siempre en relación con la determinación concreta de la sanción administrativa, pero esta prohibición comprende también al legislador. F) La multa excesiva puede estar establecida en la ley que emana del Poder Legislativo cuando se señalan sanciones fijas que no dan bases a la autoridad administrativa para individualizar esa sanción, permitiendo a ésta un actuar arbitrario, aunque esté dentro de los límites establecidos en la propia ley.

Tiene aplicación a lo anterior, en la parte conducente, la jurisprudencia número 9/95, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia, que aparece publicada en la página cinco, Tomo II, julio de mil novecientos noventa y cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "

"MULTA EXCESIVA. CONCEPTO DE. De la acepción gramatical del vocablo ‘excesivo’, así como de las interpretaciones dadas por la doctrina y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para definir el concepto de multa excesiva, contenido en el artículo 22 constitucional, se pueden obtener los siguientes elementos: a) Una multa es excesiva cuando es desproporcionada a las posibilidades económicas del infractor en relación a la gravedad del ilícito; b) Cuando se propasa, va más adelante de lo lícito y lo razonable; y c) Una multa puede ser excesiva para unos, moderada para otros y leve para muchos. Por lo tanto, para que una multa no sea contraria al texto constitucional, debe establecerse en la ley que la autoridad facultada para imponerla, tenga posibilidad, en cada caso, de determinar su monto o cuantía, tomando en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia, en su caso, de éste en la comisión del hecho que la motiva, o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la gravedad o levedad del hecho infractor, para así determinar individualizadamente la multa que corresponda."

Así, en el caso de las normas que establecen la imposición de multas por inobservancia a las obligaciones previstas en la ley, es menester regular la atribución de la autoridad para que al imponer la sanción razone expresamente las circunstancias de capacidad económica del sancionado, la gravedad de la infracción, la del caso de infractor primario o del reincidente, y demás circunstancias objetivas.

La norma legal impugnada (artículo 86, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, vigente en dos mil dos) establece la imposición de multas entre un límite inferior y un límite superior de $8,825.00 a $26,476.00, en dos mil dos, y de $8,252.00 a $24,757.00 en dos mil.

Por tanto, como se dijo, es infundado el argumento que la quejosa vierte en torno al criterio para la imposición de la sanción, toda vez que la circunstancia de que el legislador no haya precisado en el texto mismo del precepto legal en comento los criterios o bases conforme a los cuales la autoridad administrativa debe imponer la sanción correspondiente (multa) dentro de los extremos establecidos, de ninguna manera vuelve inconstitucional el dispositivo legal, dado que encontrándose éste dentro de un contexto como lo es el título IV del Código Fiscal de la Federación denominado "De las infracciones y delitos fiscales" el legislador dejó satisfecha esa exigencia dentro del mismo marco legal, en específico, en el artículo 75 (vigente en el momento en que se impuso la sanción aludida), que prevé: "Artículo 75. Dentro de los límites fijados por este código, las autoridades fiscales al imponer multas por la comisión de las infracciones señaladas en las leyes fiscales, incluyendo las relacionadas con las contribuciones al comercio exterior, deberán fundar y motivar su resolución y tener en cuenta lo siguiente: I. Se considerará como agravante el hecho de que el infractor sea reincidente. Se da la reincidencia cuando: a) Tratándose de infracciones que tengan como consecuencia la omisión en el pago de contribuciones, incluyendo las retenidas o recaudadas, las segundas o posteriores veces que se sancione al infractor por la comisión de una infracción que tenga esa consecuencia. b) Tratándose de infracciones que no impliquen omisión en el pago de contribuciones, la segunda o posteriores veces que se sancione al infractor por la comisión de una infracción establecida en el mismo artículo y fracción de este código. Para determinar la reincidencia, se considerarán únicamente las infracciones cometidas dentro de los últimos cinco años. II También será agravante en la comisión de una infracción, cuando se dé cualquiera de los siguientes supuestos: a) que se haga uso de documentos falsos o en los que se hagan constar opera

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17843-f8df4ea4/conceptos-de-violacion-en-el-juicio-de-amparo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.