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Modo: Corpus Pro

CRÉDITO AL SALARIO. EL ARTÍCULO 119 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, AL ESTABLECER LOS REQUISITOS PARA LA PROCEDENCIA DE SU ACREDITAMIENTO, RESPETA EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. CRÉDITO AL SALARIO. EL ARTÍCULO 119 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA ES CONSTITUCIONAL, PORQUE EL CONGRESO DE LA UNIÓN TIENE FACULTADES PARA ESTABLECER LAS CONDICIONES Y REQUISITOS PARA SU ACREDITAMIENTO. RENTA. LA OMISIÓN DE PUBLICAR EL ARTÍCULO PRIMERO DEL DECRETO DE EXPEDICIÓN DE LA LEY QUE REGULA ESE IMPUESTO, NO IMPIDE SU VIGENCIA, PUES SE SUBSANÓ CON LA FE DE ERRATAS (DIARIOS OFICIALES DE LA FEDERACIÓN DEL 1o. Y 24 DE ENERO DE 2002, RESPECTIVAMENTE).

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 932/2003 · Registro digital (IUS): 17920
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: SERVICIOS HOSPITALARIOS PROFESIONALES, S. DE R.L. DE C.V.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Enero de 2004, , Pág. 519.

AMPARO EN REVISIÓN 932/2003. SERVICIOS HOSPITALARIOS PROFESIONALES, S. DE R.L. DE C.V.

MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.

SECRETARIA: LOURDES MARGARITA GARCÍA GALICIA.

CONSIDERANDO:

SEXTO. Para el análisis de los conceptos de violación propuestos en la demanda de garantías, competencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se respetará el orden numérico en que fueron planteados, sino el que permita la lógica y el método judicial.

Así, la quejosa aduce, en síntesis, lo siguiente:

a) El decreto por el que se modifican leyes fiscales y otros ordenamientos federales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el primero de enero de dos mil dos, está refrendado únicamente por el secretario de Gobernación, lo que da lugar a que el mismo no sea obligatorio para la quejosa, en razón de que debió haber sido refrendado por el secretario del ramo, es decir, por el secretario de Hacienda y Crédito Público.

b) La ley impugnada al establecer el inicio de su vigencia el mismo día de su publicación es violatoria de la garantía de seguridad jurídica, ya que es necesario que exista un periodo en el cual los afectados por la misma la conozcan antes de su entrada en vigor, toda vez que el propio legislador ordinario reconoció la existencia de tal garantía al plasmarla en diversos preceptos legales del Código Fiscal de la Federación y el Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal.

c) La Ley del Impuesto sobre la Renta, publicada en el Diario Oficial de la Federación el primero de enero de dos mil dos, no se encuentra vigente hasta el día de hoy al no existir el artículo primero a que hace referencia el artículo segundo de las disposiciones transitorias, además porque si bien dicha anomalía se subsanó en la "fe de erratas a la ley" el veinticuatro de enero de dos mil dos, ésta no expresa qué funcionario la emite y con qué fundamento legal.

d) El artículo 119, fracciones V y VI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta viola el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que el Gobierno Federal carece de facultades para legislar en materia de subsidios y, en consecuencia, para vedar, limitar o restringir el derecho a acreditar una cantidad pagada por concepto de crédito al salario, cuya obligación de pago corresponde al Estado.

e) Los requisitos que establece el artículo 119, fracciones V y VI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta limitan o restringen el derecho al acreditamiento del crédito al salario, ya que se busca a través de los mismos, que el particular se encuentre con un sinnúmero de dificultades para poder efectuarlo, lo que en la mayoría de los casos traería como consecuencia no ejercer ese derecho y, por tanto, que el patrón absorba dicho costo no obstante que el crédito al salario es un subsidio a cargo del Estado.

Ahora bien, por lo que ve a la afirmación relativa a que la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir del primero de enero de dos mil dos, viola el artículo 92 de la Constitución por la ausencia de refrendo del secretario de Hacienda y Crédito Público, no le asiste la razón a los recurrentes, ya que tal dispositivo se refiere exclusivamente a los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del presidente, los cuales requerirán para su validez la firma del secretario de Estado o jefe del Departamento Administrativo a que el asunto corresponda y sin este requisito no serán obedecidos.

En el presente asunto, al estar refrendado el decreto reclamado por el secretario de Gobernación, no se hace necesario el refrendo del secretario de Hacienda y Crédito Público, toda vez que cuando la materia o contenido del decreto promulgatorio lo constituye la orden del presidente de la República para su observancia y no para la materia de la ley o decreto oportunamente aprobados por el Congreso de la Unión, aquél requiere para su validez constitucional únicamente la firma del secretario de Gobernación, cuyo ramo administrativo resulta afectado por dicha orden de publicación, toda vez que es el acto que emana de la voluntad del titular del Ejecutivo Federal; de ahí que no tiene razón de ser el pretender que sea firmado por el secretario o secretarios de Estado a quienes corresponda la materia de la ley o decreto que se promulgue o publique, pues tal hecho constituiría el refrendo de un acto que no proviene del órgano ejecutivo sino legislativo, lo que rebasa el imperativo constitucional contenido en el artículo 92 pues, se insiste, dicho precepto establece el refrendo sólo para los actos del presidente de la República en él especificados.

Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia P./J. 3/88 de la Octava Época, emitida por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Primera Parte-1, enero a junio de 1988, visible en la página 160, que dice:

"REFRENDO DE LOS DECRETOS PROMULGATORIOS. CORRESPONDE ÚNICAMENTE AL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN EL DE LAS LEYES APROBADAS POR EL CONGRESO DE LA UNIÓN. En materia de refrendo de los decretos del Ejecutivo Federal, el Pleno de la Suprema Corte ha establecido las tesis jurisprudenciales ciento uno y ciento dos, visibles en las páginas ciento noventa y seis y ciento noventa y siete, Primera Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación -mil novecientos diecisiete a mil novecientos ochenta y cinco- cuyos rubros son los siguientes: ‘REFRENDO DE LOS DECRETOS DEL EJECUTIVO POR LOS SECRETARIOS DE ESTADO RESPECTIVOS.’ y ‘REFRENDO DE UNA LEY, CONSTITUCIONALIDAD DEL.’. Ahora bien, el análisis sistemático de los artículos 89, fracción I y 92 de la Constitución General de la República, conduce a interrumpir las invocadas tesis jurisprudenciales en mérito de las consideraciones que enseguida se exponen. El primero de los preceptos mencionados establece: ‘Las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes’: ‘I. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia’. A su vez, el artículo 92 dispone: ‘Todos los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del presidente deberán estar firmados por el secretario de Estado o jefe del Departamento Administrativo a que el asunto corresponda, y sin este requisito no serán obedecidos’. De conformidad con el primero de los numerales reseñados el presidente de la República tiene, entre otras facultades, la de promulgar las leyes que expida el Congreso de la Unión, función ésta que lleva a cabo a través de la realización de uno de los actos que señala el artículo 92 constitucional, a saber, la emisión de un decreto mediante el cual ese alto funcionario ordena la publicación de la ley o decreto que le envía el Congreso de la Unión. Esto significa, entonces, que los decretos mediante los cuales el titular del Poder Ejecutivo Federal dispone la publicación de las leyes o decretos de referencia constituyen actos de los comprendidos en el artículo 92 en cita, pues al utilizar este precepto la locución ‘todos los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del presidente ...’, es incuestionable que su texto literal no deja lugar a dudas acerca de que también a dichos decretos promulgatorios, en cuanto actos del presidente, es aplicable el requisito de validez previsto por el citado artículo 92, a saber, que para ser obedecidos deben estar firmados o refrendados por el secretario de Estado a que el asunto o materia del decreto corresponda. Los razonamientos anteriores resultan todavía más claros mediante el análisis de lo que constituye la materia o contenido del decreto promulgatorio de una ley. En efecto, en la materia de dicho decreto se aprecian dos partes fundamentales: la primera se limita a establecer por parte del presidente de la República, que el Congreso de la Unión le ha dirigido una ley o decreto cuyo texto transcribe o reproduce y la segunda a ordenar su publicación para que la ley aprobada por el Congreso de la Unión pueda ser cumplida u observada. Por consiguiente, si la materia del decreto promulgatorio está constituida en rigor por la orden del presidente de la República para que se publique o dé a conocer la ley o decreto para su debida observancia, mas no por la materia de la ley o decreto oportunamente aprobados por el Congreso de la Unión, es de concluirse que el decreto respectivo única y exclusivamente requiere para su validez constitucional de la firma del secretario de Gobernación cuyo ramo administrativo resulta afectado por dicha orden de publicación, toda vez que es el acto que emana de la voluntad del titular del Ejecutivo Federal y, por ende, el que debe ser refrendado, sin que deba exigirse, además, la firma del secretario o secretarios de Estado a quienes corresponda la materia de la ley o decreto que se promulgue o publique, pues sería tanto como refrendar un acto que ya no proviene del titular o del órgano ejecutivo sino del órgano legislativo, lo cual, evidentemente, rebasa la disposición del artículo 92 constitucional, pues dicho precepto instituye el refrendo sólo para los actos del presidente de la República ahí detallados. Lo hasta aquí expuesto llega a concluir que es inexacto que el artículo 92 constitucional exija, como se sustenta en las jurisprudencias transcritas, que el decreto promulgatorio de una ley deba refrendarse por parte de los secretarios de Estado cuyos ramos sean afectados por la misma ley, pues tal interpretación no tiene fundamento en el precepto constitucional en cita ni en otro alguno de la Ley Suprema."

Respecto del concepto de violación relativo a que la Ley del Impuesto sobre la Renta, en que se contienen los preceptos cuestionados, no contó con la fase o etapa denominada vacatio legis, en razón de que el Ejecutivo Federal sancionó y expidió el decreto promulgatorio de dicho ordenamiento el mismo día en que entró en vigor; por tanto, el parecer de las recurrentes no tienen validez ni son obligatorias sus normas por ser inexistente la ley, pues en su proceso de formación se encuentra un vicio que afecta su vigencia y obligatoriedad, con violación al principio de seguridad jurídica, esta Segunda Sala lo considera infundado, dado que la ausencia de la vacatio legis reclamada no provoca su inconstitucionalidad porque esa etapa en el proceso legislativo no está prevista como una fase esencial en el proceso legislativo en los artículos 71 y 72 constitucionales, que dicen:

"Sección II

"De la iniciativa y formación de las leyes

"Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete:

"I. Al presidente de la República;

"II. A los diputados y senadores al Congreso de la Unión; y

"III. A las Legislaturas de los Estados.

"Las iniciativas presentadas por el presidente de la República, por las Legislaturas de los Estados o por las diputaciones de los mismos, pasarán desde luego a comisión. Las que presentaren los diputados o los senadores, se sujetarán a los trámites que designe el reglamento de debates."

"Artículo 72. Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose el reglamento de debates sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones.

"A. Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, pasará para su discusión a la otra. Si ésta lo aprobare se remitirá al Ejecutivo, quien, si no tuviere observaciones que hacer, lo publicará inmediatamente.

"B. Se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo, todo proyecto no devuelto con observaciones a la Cámara de su origen, dentro de diez días útiles; a no ser que, corriendo este término hubiere el Congreso cerrado o suspendido sus sesiones, en cuyo caso la devolución deberá hacerse el primer día útil en que el Congreso esté reunido.

"C. El proyecto de ley o decreto desechado en todo o en parte por el Ejecutivo, será devuelto, con sus observaciones, a la Cámara de su origen. Deberá ser discutido de nuevo por ésta, y si fuese confirmado por las dos terceras partes del número total de votos, pasará otra vez a la Cámara Revisora. Si por ésta fuese sancionado por la misma mayoría, el proyecto será ley o decreto y volverá al Ejecutivo para su promulgación.

"Las votaciones de ley o decreto, serán nominales.

"D. Si algún proyecto de ley o decreto, fuese desechado en su totalidad por la Cámara de revisión, volverá a la de su origen con las observaciones que aquélla le hubiese hecho. Si examinado de nuevo fuese aprobado por la mayoría absoluta de los miembros presentes, volverá a la Cámara que lo desechó, la cual lo tomará otra vez en consideración, y si lo aprobare por la misma mayoría, pasará al Ejecutivo para los efectos de la fracción A; pero si lo reprobase, no podrá volver a presentarse en el mismo periodo de sesiones.

"E. Si un proyecto de ley o decreto fuese desechado en parte, o modificado, o adicionado por la Cámara Revisora, la nueva discusión de la Cámara de su origen versará únicamente sobre lo desechado o sobre las reformas o adiciones, sin poder alterarse en manera alguna los artículos aprobados. Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara Revisora fuesen aprobadas por la mayoría absoluta de los votos presentes en la Cámara de su origen, se pasará todo el proyecto al Ejecutivo, para los efectos de la fracción A. Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara Revisora fueren reprobadas por la mayoría de votos en la Cámara de su origen, volverán a aquélla para que tome en consideración las razones de ésta, y si por mayoría absoluta de votos presentes se desecharen en esta segunda revisión dichas adiciones o reformas, el proyecto, en lo que haya sido aprobado por ambas Cámaras, se pasará al Ejecutivo para los efectos de la fracción A. Si la Cámara Revisora insistiere, por la mayoría absoluta de votos presentes, en dichas adiciones o reformas, todo el proyecto no volverá a presentarse sino hasta el siguiente periodo de sesiones, a no ser que ambas Cámaras acuerden, por la mayoría absoluta de sus miembros presentes, que se expida la ley o decreto sólo con los artículos aprobados, y que se reserven los adicionados o reformados para su examen y votación en las sesiones siguientes.

"F. En la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos, se observarán los mismos trámites establecidos para su formación.

"G. Todo proyecto de ley o decreto que fuere desechado en la Cámara de su origen, no podrá volver a presentarse en las sesiones del año.

"H. La formación de las leyes o decretos puede comenzar indistintamente en cualquiera de las dos Cámaras, con excepción de los proyectos que versaren sobre empréstitos, contribuciones o impuestos, o sobre reclutamiento de tropas, todos los cuales deberán discutirse primero en la Cámara de Diputados.

"I. Las iniciativas de leyes o decretos se discutirán preferentemente en la Cámara en que se presenten, a menos que transcurra un mes desde que se pasen a la comisión dictaminadora sin que ésta rinda dictamen, pues en tal caso el mismo proyecto de ley o decreto puede presentarse y discutirse en la otra Cámara.

"J. El Ejecutivo de la Unión no puede hacer observaciones a las resoluciones del Congreso o de alguna de las Cámaras, cuando ejerzan funciones de cuerpo electoral o de jurado, lo mismo que cuando la Cámara de Diputados declare que debe acusarse a uno de los altos funcionarios de la Federación por delitos oficiales.

"Tampoco podrá hacerlas al decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias que expida la Comisión Permanente."

Como es de advertirse, la Constitución Federal no dispone nada sobre el particular, de ahí que es incuestionable que la materia pueda ser regulada libremente por el legislador ordinario.

La promulgación no es otra cosa que la publicación formal de la ley y ambas voces se emplean como sinónimas, tanto en el lenguaje común como en el jurídico. La Carta Magna emplea las dos palabras con el mismo significado, tal como puede corroborarse de la lectura de los artículos 70, 72, inciso a) y 89, fracción I.

La finalidad de la promulgación es lograr que las leyes sean conocidas de aquéllos a quienes obligan y, naturalmente, los particulares no están obligados a cumplir lo prevenido en disposiciones que no han sido publicadas. Es así que si bien el legislador ordinario cuenta con la libertad para establecer el momento en que inicia la vigencia de una ley, es claro que jamás podrá determinar que su vigencia sea anterior a su promulgación, empero, ninguna disposición constitucional le impide establecer que el ordenamiento jurídico estará vigente a partir del día de su publicación.

Si bien, lo deseable es que una ley sea conocida por todos sus destinatarios cuando cobre vigencia, lo cierto es que el sistema que establece que las leyes entrarán en vigor el día de su publicación no transgrede ningún derecho fundamental consagrado en la Carta Magna, pues de la lectura de los preceptos constitucionales transcritos lo único que se concluye es que su propósito es que las leyes sean obligatorias a partir de su promulgación.

En esta tesitura, tal como lo afirma la parte quejosa, es cierto que en diversos ordenamientos secundarios, como el Código Fiscal de la Federación o el Código Civil para el Distrito Federal, el legislador contempló sistemas de vigencia de leyes en los que media un plazo entre su publicación y su entrada en vigor, sin embargo, tales sistemas no lo obligan a establecer de ese mismo modo la vigencia de todas las leyes, pues es bien sabido que las distintas leyes que expide el legislador ordinario no tienen jerarquía unas sobre otras, cada ley rige las situaciones jurídicas que prevé de una manera válida, eficaz y autónoma, en relación con otras disposiciones de distintos cuerpos de leyes; de manera tal que no hay duda de que el legislador ordinario se encontraba en posibilidad de apartarse de esos sistemas, ya que a lo único a que está obligado es a sujetarse a las disposiciones constitucionales.

A mayor abundamiento, aun cuando se tomaran en consideración las normas del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, el agravio sería infundado, pues si bien es cierto que el artículo 3o. establece determinados plazos después de la publicación para que las leyes sean obligatorias, igualmente cierto resulta que el artículo 4o. dispone que si la ley fija el día de su vigencia, desde éste debe empezar a regir.

Consecuentemente, se debe concluir que es infundado el concepto de violación propuesto, porque contrariamente a lo que alega la quejosa, es constitucional la disposición que establece que el ordenamiento jurídico en estudio entrará en vigor el mismo día de su publicación.

Es aplicable a lo precedente la tesis sustentada por el Pleno de este Alto Tribunal, cuyos rubro, texto y datos de publicación son los siguientes:

"LEYES. EL LEGISLADOR ORDINARIO CUENTA CON LA FACULTAD DE ESTABLECER EL MOMENTO EN QUE INICIA SU VIGENCIA. Aun cuando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 71 y 72 señala a quiénes compete el derecho de iniciar leyes o decretos y el procedimiento que se sigue en las Cámaras de Diputados y Senadores para su formación, lo cierto es que no prevé regla alguna sobre el momento en que deba iniciar la vigencia de las leyes, ni de su articulado se deduce la existencia de un sistema sobre tal vigencia, por lo que es incuestionable que esta materia puede ser regulada libremente por el legislador ordinario. En consecuencia, el hecho de que una ley haya entrado en vigor el mismo día de su promulgación, no vulnera disposición constitucional alguna, pues debe tomarse en consideración que la promulgación de una ley, no es otra cosa que su publicación formal, esto es, su finalidad consiste en lograr que las leyes sean conocidas por aquellos a quienes obligan y, naturalmente, los particulares no están obligados a cumplir lo prevenido en disposiciones que no han sido publicadas, por ende, el legislador ordinario cuenta con la libertad para establecer el momento en que inicia la vigencia de una ley, al no existir disposiciones constitucionales que le impidan establecer que el ordenamiento jurídico estará vigente a partir del día de su publicación oficial, aun cuando lo deseable es que una ley sea conocida por todos sus destinatarios antes de que cobre vigencia." (Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XVI, diciembre de 2002. Tesis: P. XLV/2002. Página: 13).

Respecto del planteamiento elaborado en el sentido de que la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicada en el Diario Oficial de la Federación el primero de enero de dos mil dos, no se encuentra vigente hasta el día de hoy al no existir el artículo primero a que hace referencia el artículo segundo de las disposiciones transitorias, además porque si bien dicha anomalía se subsanó en la "fe de erratas a la ley" el veinticuatro de enero de dos mil dos, ésta no expresa qué funcionario la emite y con qué fundamento legal, es igualmente infundado con base en las siguientes anotaciones.

El proceso legislativo de creación de una ley, hasta su entrada en vigor, se compone de diferentes etapas, a saber:

1. Iniciativa. Es el acto en virtud del cual, los sujetos autorizados constitucionalmente por el artículo 71, presentan o proponen, ante la Cámara de Origen del Congreso de la Unión que corresponda, un proyecto de ley o decreto, con lo cual se pone en marcha el mecanismo para la formación de las leyes en nuestro sistema constitucional.

2. Discusión. Es la etapa del proceso legislativo en la cual, con arreglo a las disposiciones establecidas en el reglamento de debates, se examinan las iniciativas de ley o decreto por los legisladores en cada una de las Cámaras que integran el Congreso Federal y se hace el intercambio de opiniones a favor o en contra de la proposición.

3. Aprobación. Una vez agotada la discusión en el seno de la Cámara de Origen, se recoge la votación nominal de los legisladores, la cual, de ser suficiente, provocará la aprobación del proyecto de ley o decreto, debiendo entonces remitirse para su discusión y aprobación a la Cámara Revisora. Debe destacarse que el proceso de discusión y aprobación de las iniciativas debe realizarse de manera sucesiva en ambas Cámaras, por así establecerlo el epígrafe del artículo 72 constitucional, siendo que por lo que toca a los proyectos de decretos o leyes que versen sobre empréstitos, contribuciones, reclutamiento de tropas y responsabilidades políticas de servidores públicos, la discusión deberá realizarse primero en la Cámara de Diputados, fungiendo como Revisora la de Senadores; por lo demás, no existe impedimento constitucional para que la etapa de discusión se inicie, indistintamente, en cualquiera de las Cámaras.

4. Sanción. Una vez aprobado un proyecto de ley por ambas Cámaras del Congreso Federal, se remite al Ejecutivo Federal para que, de no tener observaciones, ordene su publicación. El ejercicio de observaciones al proyecto se ha denominado como derecho de veto que provoca su devolución a la Cámara de Origen para su revisión, discusión y, en su caso, nueva aprobación por dos terceras partes del número total de votos, la cual, de darse, generará a su vez la remisión del proyecto a la Cámara Revisora para los mismos efectos que, de ser aprobada, deberá publicarse inmediatamente por el Ejecutivo.

5. Promulgación o publicación. Consiste en la etapa del proceso legislativo en que el Ejecutivo Federal, una vez aprobado definitivamente el proyecto de ley o decreto en los términos requeridos con anterioridad, ordena que la norma recién creada se haga del conocimiento de los gobernados mediante su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

6. Inicio de vigencia. Aun cuando la fecha en que la norma legal se vuelve obligatoria constituye propiamente un efecto producto de la culminación del proceso legislativo, según lo establecido en el propio ordenamiento o de acuerdo con su publicación en el aludido periódico oficial, en la doctrina se ha identificado a la vigencia de la ley como la última de las etapas de dicho procedimiento.

De las diversas etapas de creación y entrada en vigor destaca, por su trascendencia para la resolución del presente asunto, la relativa a la promulgación o publicación de la norma legal, en la que el titular del Poder Ejecutivo Federal, una vez aprobado el decreto de ley, ordena que la misma se haga del conocimiento de los particulares mediante su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La materialización de dicho acto tiene lugar a través de la expedición del decreto correspondiente por el presidente de la República, quien para efectos de la publicación, envía o remite el mismo al secretario de Gobernación, el cual a su vez, lo envía al director general del Diario Oficial de la Federación, quien de manera directa se encarga de la impresión y publicación del periódico oficial.

Ahora bien, aun cuando en la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicada en el Diario Oficial de la Federación el primero de enero de dos mil dos, se hubiera omitido señalar el artículo primero a que hace referencia el artículo segundo de las disposiciones transitorias, dicha situación no es suficiente para considerar que el ordenamiento jurídico antes citado no se encuentra vigente, ya que ello se debió a un error en su publicación.

En efecto, en el decreto promulgatorio de la Ley del Impuesto sobre la Renta de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil uno, se lee:

"Vicente Fox Quezada, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:

"Que el honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente

"Decreto

"El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, decreta:

"Artículo primero. Se expide la siguiente:

"Ley del Impuesto sobre la Renta."

Lo que evidencia, por una parte, que en el texto de la ley aprobado por las Cámaras del Congreso de la Unión y en el decreto promulgatorio, sí existía el artículo primero y, por otra, que dicha omisión se debe a un error en la publicación, la cual se subsanó en la fe de erratas relativa a dicho ordenamiento, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día veinticuatro de enero de dos mil dos, que a la letra dice:

"Fe de errata a la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicada el 1 de enero de 2002.

"En la segunda sección, página 1, donde dice:

"El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, decreta:

"Ley del Impuesto sobre la Renta

"...

"Debe decir:

"El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, decreta:

"Artículo primero. Se expide la siguiente:

"Ley del Impuesto sobre la Renta."

La fe de erratas que antecede se encuentra apegada a derecho en atención a que mediante este acto se cumple con la obligación de subsanar un error que se cometió al realizar la publicación en el Diario Oficial de la Federación del decreto multimencionado, mismo que se hizo consistir en la omisión de publicar el texto originalmente aprobado por el Poder Legislativo.

Cabe agregar que dicho decreto promulgatorio hace prueba plena en términos de lo establecido en el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.

Sirve de apoyo a las consideraciones anteriores, en lo conducente, la tesis P. VI/2003, sustentada por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, pendiente de publicación y aprobada en sesión privada el primero de julio de dos mil tres, que dice:

"LEY. PARA DETERMINAR LA AUTENTICIDAD DE SU TEXTO DEBE ATENDERSE AL APROBADO POR LAS CÁMARAS DURANTE EL PROCESO LEGISLATIVO Y NO AL QUE DIFIRIENDO DE ÉSTE SE HAYA ENVIADO AL EJECUTIVO PARA SU PROMULGACIÓN. El procedimiento de formación de la ley es un acto complejo en el que intervienen diversos órganos constitucionales, como lo son el Legislativo que las expide y el Ejecutivo que las promulga y publica. Las actuaciones de ambos poderes, en conjunto, son las que dan vigencia a un ordenamiento legal, de manera que dichos actos no pueden quedar subsistentes o insubsistentes aisladamente, aunque tengan lugar en momentos distintos y emanen de órganos diferentes. Por otra parte, son las etapas de discusión y aprobación de las leyes en las que ambas Cámaras, tanto la de Origen como la Revisora, examinan las iniciativas de ley, intercambian opiniones a favor o en contra del proyecto, sea en lo general o sobre algún punto en particular, y finalmente votan el proyecto de ley; etapas o momentos en los cuales el Poder Legislativo ejerce tanto formal como materialmente su facultad legislativa y, por tanto, son las etapas del proceso legislativo en las cuales se crea la ley en sentido material, aun y cuando no pueda tenérsele como tal formalmente, pues resta aún la intervención del Poder Ejecutivo en las fases de sanción y promulgación, para que dicha ley sea obligatoria y entre en vigor. En consecuencia, el texto del decreto o ley aprobados por el Congreso de la Unión corresponde única y exclusivamente al que fue discutido y votado sucesivamente por ambas Cámaras del Congreso de la Unión, sin que dicho texto pueda ser modificado al remitirse para su sanción y promulgación al Ejecutivo. La voluntad conjunta de las Cámaras del Congreso de la Unión se expresa en el momento en que se discuten y aprueban los dictámenes presentados por las comisiones respectivas, sin que la mera autorización que del texto del decreto o ley, realizan los presidentes y secretarios de ambas Cámaras pueda, por sí solo, modificar o corregir la decisión que tomaron, democráticamente, cada uno de los cuerpos legislativos que integran el Congreso, y sin que dicho texto pueda ser modificado durante su etapa de promulgación. Así, aun cuando el texto final de una ley o decreto, previamente a su remisión al Poder Ejecutivo, haya sido pulido y cuidado en términos de estilo, o bien, posteriormente se publique una fe de erratas en rel

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17920-fb0988c4/credito-al-salario-el-articulo-119-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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