Corpus
Modo: Corpus Pro

PROCESO SUMARIO. LA NOTIFICACIÓN AL INCULPADO Y A SU DEFENSOR DEL AUTO DE TÉRMINO CONSTITUCIONAL EN EL QUE SE DECRETA ES SUFICIENTE PARA QUE AQUÉL ESTÉ EN APTITUD DE EJERCER SU DERECHO A OPTAR POR EL PROCESO ORDINARIO, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 152 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 53/2002-PS. · Registro digital (IUS): 17938
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Febrero de 2004, , Pág. 25.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 53/2002-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

CUARTO. Los criterios en posible contradicción son los siguientes:

El Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, al resolver el amparo directo penal 20/2002, promovido por ... en sesión de fecha quince de marzo de dos mil dos, en la parte que interesa, sostuvo lo siguiente:

"... Otra violación procesal que alude el peticionario de amparo en sus conceptos de violación, consistente (sic) en que durante la tramitación de la causa penal se violaron las reglas del procedimiento, específicamente el último párrafo del artículo 152 del Código Federal de Procedimientos Penales, ya que al notificársele el auto de formal prisión no se le hizo saber que se decretaba la apertura del procedimiento sumario, por lo que se le otorgaba un plazo de tres días para optar por el ordinario; omisión que refiere le impidió solicitar que el proceso se tramitara de manera ordinaria a efecto de tener mayor posibilidad de ofrecer pruebas; que la misma irregularidad se advierte de la notificación que del auto de término constitucional se practicó al defensor público. En apoyo del concepto de violación referido, transcribe una tesis de jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, de rubro: ‘PROCEDIMIENTO SUMARIO PENAL. DEBE EXISTIR CERTEZA QUE DEL REQUERIMIENTO DE SU APERTURA TUVO CONOCIMIENTO EL QUEJOSO Y SUS DEFENSORES.’. Lo expuesto en el concepto de violación previamente sintetizado se considera infundado pues, aun cuando es verdad que de las constancias de notificación que de la resolución de término constitucional se practicó al quejoso y a su defensor, se aprecia que ciertamente no consta de manera expresa que se hubiera hecho saber la apertura del procedimiento sumario y del plazo de que disponía el entonces inculpado para optar por el procedimiento ordinario; sin embargo, tal omisión en concepto de este tribunal, no puede considerarse como una violación al procedimiento que motive su reposición, en principio, porque no lo establece de esa manera el artículo 160 de la Ley de Amparo, ni el diverso 388 del Código Federal de Procedimientos Penales. Dentro de nuestro sistema procesal la notificación es un acto a cargo del órgano del Estado encargado de conocer determinado asunto y como acto jurídico, se encuentra revestida de ciertas formalidades que debe cumplir, de ahí que el documento en que consten tengan el carácter de documento público. Asimismo, la notificación es el medio legal de comunicación por el cual se da a conocer a las partes o a un tercer (sic) el contenido de una resolución judicial. Partiendo de lo anterior, puede arribarse a la conclusión de que la notificación del auto de formal prisión cuestionada por el quejoso, es legal, aun cuando no se hiciera constar de manera concreta que se hizo saber al aquí peticionario de garantías la apertura del procedimiento sumario y del término en que podría optar por el procedimiento ordinario, pues al constituir el auto de término constitucional una resolución se entiende que se notificó y se le hizo saber al ahora peticionario de amparo el contenido de dicha resolución como tal, esto es, no únicamente respecto de que se le había declarado formalmente preso, sino de todos aquellos aspectos que comprende la resolución en que se resolvió la situación jurídica del inculpado, pues adoptar criterio diverso llevaría a extremos tales como realizar una constancia de notificación respecto de cada aspecto o tema que comprenda una resolución, lo cual, además de no establecerlo así la ley, implícitamente refleja que no se notificó una resolución, sino diversas. En efecto, del capítulo XII, título primero, relativo a las notificaciones y del diverso capítulo III, del título segundo, correspondiente a los autos de formal prisión, de sujeción a proceso y de libertad por falta de elementos para proceder del Código Federal de Procedimientos Penales, no se advierte que en la constancia de notificación del auto de formal prisión deba especificarse cada uno de los aspectos considerados en dicha resolución, por ejemplo, que se decretó la formal prisión; que se le debería identificar administrativamente, por el sistema legalmente adoptado; que se le suspende en sus derechos políticos y civiles durante la tramitación del proceso, en términos del artículo 38, fracción II, de la Constitución Federal; y, que se decretó la apertura del proceso sumario. Así, la circunstancia de que el procedimiento se tramite en la vía ordinaria y no en la sumaria, influya tanto en las pruebas que se ofrecen y admiten, como en el plazo para su desahogo, si bien tal aseveración del quejoso es correcta, no menos verdad es que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia no fue determinante, puesto que del ocho de abril en que se resolvió la situación jurídica y se notificó el auto de término constitucional y aquélla en que se decretó el cierre de instrucción (diecinueve de julio de dos mil), mediaron poco más de tres meses. Luego, si el quejoso y su defensor no ofrecieron pruebas, no fue porque los términos para la tramitación del procedimiento sumario no se los hubiera permitido, sino que, en todo caso, debió obedecer a otros factores, de ahí que tampoco por dicha razón habría lugar a reponer el procedimiento. Acorde con las razones expuestas este Tribunal Colegiado no comparte el criterio jurisprudencial de diverso colegiado, que en relación con el tema cita el quejoso, pues al provenir de un órgano judicial de igual jerarquía, no resulta obligatoria su observancia."

Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, al resolver el amparo directo 607/99, promovido por ... en sesión de fecha diez de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, sostuvo esencialmente lo siguiente:

"CUARTO. Este órgano de control constitucional, en términos de lo dispuesto por el artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, advierte en suplencia de los conceptos de violación, que se violaron las leyes del procedimiento en el juicio penal de origen, afectándose las defensas del quejoso, lo que hace innecesario el estudio de los conceptos de violación esgrimidos por el peticionario de garantías, dirigidos a atacar el fondo del asunto. En efecto, de los autos de la causa penal, obra de la foja 78 a la 81 el auto de formal prisión dictado en contra del hoy quejoso, advirtiéndose que en el punto resolutivo tercero se señaló textualmente lo siguiente: ‘Con fundamento en el artículo 152, inciso b), del Código Federal de Procedimientos Penales, se decreta la apertura del procedimiento sumario. Requiérase a las partes para que manifiesten al momento de notificarse de esta resolución o dentro de los tres días siguientes, si se conforman con ella y si tienen o no pruebas que ofrecer, apercibidos de que de no interponer recurso de apelación contra este auto y no hacer manifestación alguna, se citará a la audiencia a que se refiere el artículo 307 del enjuiciamiento penal federal, con fundamento en el invocado numeral 152, inciso d), ídem, y habiéndose ordenado notificar personalmente al inculpado el derecho y término que la ley le concede para apelar la resolución, el actuario respectivo, el día veintiuno de junio del presente año, señaló que le impuso de la resolución de término constitucional a ... y que enterado dijo que la oye y le hizo saber el derecho y término que la ley concede para apelar (sic) de dicha resolución, manifestando que se reserva el derecho de hacerlo hasta hablar con su abogado; habiendo realizado además la notificación del auto de formal prisión mencionado, en la misma fecha, al pasante en derecho ... abogado defensor, en el domicilio sito en calle ... número 303, señalando que dejó cédula fijada en la puerta por encontrarse cerrado dicho despacho, en términos de lo dispuesto por el artículo 109 del Código Federal de Procedimientos Penales; habiendo también realizado el mencionado actuario la notificación del auto de formal prisión antes citado, al defensor de oficio, el día veintidós de junio de mil novecientos noventa y nueve, señalando que lo imponía de la resolución de término constitucional. De lo anterior se advierte que, en la especie, se actualiza una violación a las leyes del procedimiento establecida por el artículo 160, fracción XVII, de la Ley de Amparo, en virtud de que el magistrado responsable debió suplir la deficiencia de los agravios expresados por el sentenciado y advertir que en el presente caso ha lugar a la reposición del proceso, ya que se estima que existieron omisiones en el derecho de defensa en perjuicio del sentenciado, al haberlo privado de la oportunidad de ofrecer y aportar las pruebas necesarias para acreditar su dicho defensivo, dado que no existe certeza que el requerimiento contenido en el resolutivo tercero del auto de formal prisión vinculado a la apertura del proceso sumario se hubiera realizado haciéndole saber al quejoso y sus defensores de la apertura del mismo, bajo las hipótesis que se señalan en dicho resolutivo, lo que es de suma importancia dada la implicación y trascendencia que para el derecho de defensa resulta la formación de un proceso sumario penal, lo cual, como ya se dijo, reviste suma trascendencia, más aún para el inculpado o el quejoso, pues éste tiene el derecho de elegir la vía que a su parecer convenga más a su defensa en los términos del artículo 152, último párrafo, del Código Federal de Procedimientos Penales, puesto que la apertura del proceso sumario difiere en cuanto a las pruebas que se aportarán y admitirán, así como los términos de desahogo que son evidentemente diversos en un procedimiento ordinario y en uno sumario, es por ello que el reo mayormente y su defensor tienen derecho a conocer de las hipótesis sobre las que se surtirá la apertura del procedimiento sumario y, en el caso, no existe elemento fidedigno que nos permita establecer que se cumplió cabalmente con lo resuelto en la parte final del resolutivo tercero del auto de formal prisión emitido por el Juez natural. Así las cosas, lo conducente es otorgarle el amparo y protección de la Justicia Federal al agraviado, para el efecto de que el Magistrado responsable deje insubsistente la resolución combatida y emita otra conforme a los lineamientos antes apuntados, debiendo hacerse extensiva tal concesión en lo que respecta a las demás autoridades, en virtud de que no se señala que hubieran cometido violaciones por vicios propios. Sirve de apoyo la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que este tribunal hace suya, que aparece publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 83, noviembre de 1994, tesis: VI.2o. J/338, página 69, que a la letra dice: ‘AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE. NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS.’ (se transcribe)."

En términos similares se pronunció dicho Tribunal Colegiado al resolver los amparos directos 738/98, 81/2000, 284/2000 y 203/2000, en sesiones de fechas, el primero de los citados el día once de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, los dos siguientes el día seis de octubre de dos mil y el último el veinte de octubre del mismo año.

Dichas resoluciones dieron origen a la tesis cuyos datos de identificación, rubro, texto y precedentes son los siguientes:

"Novena Época

"Instancia: Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XII, diciembre de 2000

"Tesis: VIII.1o. J/15

"Página: 1286

"PROCEDIMIENTO SUMARIO PENAL. DEBE EXISTIR CERTEZA QUE DEL REQUERIMIENTO DE SU APERTURA TUVO CONOCIMIENTO EL QUEJOSO Y SUS DEFENSORES. Si no existe certeza de que el reo o quejoso y sus defensores tienen conocimiento del contenido en el auto de término constitucional, referente a la apertura del procedimiento sumario penal, resulta evidente que se actualiza una violación a las leyes del procedimiento, con base en el artículo 160, fracción XVII, de la Ley de Amparo, al existir omisiones en el derecho de defensa en perjuicio del sentenciado, puesto que la certeza de la apertura del proceso sumario reviste suma trascendencia para el inculpado quejoso y sus defensores, en virtud de que éste tiene derecho de elegir la vía que a su parecer más convenga a su defensa, en términos del artículo 152, último párrafo del Código Federal de Procedimientos Penales, toda vez que la apertura del proceso sumario difiere del ordinario primordialmente en cuanto a las pruebas que se aportarán y se admitirán, así como los términos del desahogo de las mismas, que como ya se dijo son claramente diversas en un procedimiento ordinario, por lo que a fin de no transgredir el derecho de defensa del reo, debe tenerse certeza de que éste y sus defensores tuvieron pleno conocimiento de las hipótesis en las cuales se les requiere de la apertura de un procedimiento sumario.

"Amparo directo 607/99. 10 de noviembre de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: José Roberto Cantú Treviño. Secretario: Marco Antonio Arredondo Elías.

"Amparo directo 738/98. 11 de noviembre de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: René Silva de los Santos. Secretaria: Martha G. Ortiz Polanco.

"Amparo directo 81/2000. 6 de octubre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Vicente Arenas Ochoa. Secretario: Mario Roberto Pliego Rodríguez.

"Amparo directo 284/2000. 6 de octubre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Martha G. Ortiz Polanco, secretaria de tribunal autorizada por el Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrada. Secretario: Víctor Hugo Zamora Elizondo.

"Amparo directo 203/2000. 20 de octubre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Vicente Arenas Ochoa. Secretaria: María Guadalupe Carranza Galindo."

QUINTO. Previo al estudio de fondo del asunto, es necesario determinar si, en el presente caso, existe o no contradicción de tesis entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados contendientes.

Para ello, debe tenerse presente el contenido de la siguiente tesis de jurisprudencia:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 26/2001

"Página: 76

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

"Contradicción de tesis 1/97. Entre las sustentadas por el Segundo y el Primer Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, ambos del Tercer Circuito. 10 de octubre de 2000. Mayoría de ocho votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Disidentes: José Vicente Aguinaco Alemán y Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Francisco Olmos Avilez.

"Contradicción de tesis 5/97. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 10 de octubre de 2000. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame.

"Contradicción de tesis 2/98-PL. Entre las sustentadas por el Segundo y Tercer Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito. 24 de octubre de 2000. Once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: José Carlos Rodríguez Navarro.

"Contradicción de tesis 28/98-PL. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, el Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 16 de noviembre de 2000. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Rubén D. Aguilar Santibáñez.

"Contradicción de tesis 44/2000-PL. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 18 de enero de 2001. Mayoría de diez votos. Disidente: Humberto Román Palacios. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: José Luis Vázquez Camacho."

Según se desprende del criterio antes transcrito, para que exista contradicción de tesis deben reunirse los siguientes elementos:

a) Que al resolver los planteamientos jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes.

b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias.

c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

De las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados contendientes se desprende lo siguiente:

El Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, al resolver un amparo directo sostuvo que no constituye violación al procedimiento que motive su reposición el hecho de que no conste de manera expresa en la notificación que de la resolución de término constitucional se practicó al quejoso y a su defensor, que se les hubiera hecho saber la apertura del procedimiento sumario y el plazo de que disponía el inculpado para optar por el procedimiento ordinario, porque no lo establecen así el artículo 160 de la Ley de Amparo, ni el diverso 388 del Código Federal de Procedimientos Penales.

Señaló que la notificación del auto de formal prisión cuestionada por el quejoso es legal aun cuando no se le hiciera saber la apertura del procedimiento sumario y el término en que podría optar por el procedimiento ordinario, pues al constituir el auto de término constitucional una resolución se entiende que se notificó y se le hizo saber el contenido de dicha resolución como tal, esto es, todos aquellos aspectos que comprende la resolución en que se resolvió la situación jurídica del inculpado, sin que sea necesario que en la notificación del auto de formal prisión deba especificarse cada uno de esos aspectos.

Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, al resolver los amparos directos citados, en suplencia de la deficiencia de la queja concedió el amparo a los quejosos, toda vez que al no existir certeza de que se hubiere hecho saber al inculpado y a su defensor la apertura del proceso sumario decretada en el auto de formal prisión, así como el término con el que contaba el inculpado para optar por el proceso ordinario, se actualizó una violación a las leyes del procedimiento, prevista en el artículo 160, fracción XVII, de la Ley de Amparo, porque existieron omisiones en el derecho de defensa en perjuicio del sentenciado, ya que es de suma importancia dada la implicación y trascendencia que para el derecho de defensa resulta la formación de un proceso sumario penal, cuando el inculpado tiene derecho a elegir la vía que convenga a su defensa en términos del artículo 152, último párrafo, del Código Federal de Procedimientos Penales.

Sostuvo que la apertura del proceso sumario difiere en cuanto a las pruebas que se aportarán y admitirán, así como los términos de desahogo que son diversos en un procedimiento ordinario; por tal motivo, tanto el reo como el defensor tienen derecho a conocer de las hipótesis de apertura del procedimiento sumario.

Lo anterior pone de manifiesto que ambos Tribunales Colegiados examinaron cuestiones esencialmente iguales y, no obstante ello, adoptaron posiciones jurídicas discrepantes, pues mientras el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito sostuvo que la falta de constancia expresa en la notificación del auto de término constitucional, de que se le hizo saber al quejoso y a su defensor la apertura del procedimiento sumario y el plazo que disponía el inculpado para optar por el procedimiento ordinario, no puede considerarse como una violación al procedimiento que motive su reposición porque no lo establece así los artículos 160 de la Ley de Amparo y 388 del Código Federal de Procedimientos Penales, por su parte, el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito sostuvo que si no existe certeza de que al notificar el auto de formal prisión en el que se decreta la apertura del procedimiento sumario y el término que tiene el inculpado para optar por el ordinario, se hubiere hecho saber al quejoso y a su defensor de la apertura del mismo, dada su importancia y trascendencia constituye una violación a las leyes del procedimiento, prevista en la fracción XVII del artículo 160 de la Ley de Amparo.

Como se ve, la contradicción de criterios deriva de la consideración que hacen los Tribunales Colegiados en torno a determinar si hace constancia suficiente y bastante la sola mención de que se notificó al inculpado y a su defensor el auto de término, para tenerlos por notificados de que se abre el proceso sumario y de que se cuenta con tres días para optar por el ordinario; al resolver juicios de amparo directos promovidos en contra de las sentencias dictadas en materia penal, lo que pone de relieve que al resolver los planteamientos jurídicos, se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes.

Por lo que hace al segundo de los requisitos debe señalarse que las transcripciones de las respectivas resoluciones de los órganos jurisdiccionales que contienden, permiten advertir que la diferencia de criterios se presenta precisamente en las consideraciones y razonamientos contenidos en cada una de las sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados contendientes.

Finalmente, por lo que hace al tercer requisito, es de señalarse que de las referidas sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados contendientes, se desprende que los criterios en contradicción provienen del examen de los mismos elementos, a saber: a) una sentencia de segunda instancia en materia penal derivada de un juicio sumario, b) una notificación del auto de término constitucional en el cual se decretó la apertura del procedimiento sumario, c) casos en los que no existe constancia fehaciente de que se haya hecho del conocimiento del inculpado y de su defensor de la apertura de dicho procedimiento, y el término que tiene para optar por el ordinario, y d) la determinación consistente en si la falta de dicha constancia constituye una violación al mismo en términos del artículo 160 de la Ley de Amparo, que amerite su reposición.

Conforme a lo antes expuesto, es claro que sí existe contradicción de criterios entre los sustentados por el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito.

Para la existencia de la contradicción de criterios no representa obstáculo el hecho de que uno de los tribunales haga referencia al artículo 388 del Código Federal de Procedimientos Penales, toda vez que dicha referencia no fue determinante para arribar al criterio que sostiene en el sentido de que al no estar prevista como violación procesal en dicho precepto no puede tenerse como tal la falta de la constancia antes señalada.

SEXTO. Una vez que ha quedado determinado que sí existe contradicción de criterios, a continuación se procede a precisar cuál es el que debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia, sin que necesariamente tenga que ser uno de los que originaron la contradicción, pues el análisis del problema planteado puede conducir a establecer uno diverso.

Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 2/94, sostenida por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, y que esta Primera Sala comparte:

"Octava Época

"Instancia: Cuarta Sala

"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

"Tomo: 74, febrero de 1994

"Tesis: 4a./J. 2/94

"Página: 19

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. NO TIENE QUE RESOLVERSE INVARIABLEMENTE DECLARANDO QUE DEBE PREVALECER UNO DE LOS CRITERIOS QUE LA ORIGINARON, PUESTO QUE LA CORRECTA INTERPRETACIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO PUEDE LLEVAR A ESTABLECER OTRO. La finalidad perseguida por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, al otorgar competencia a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver las contradicciones de tesis que surjan entre los Tribunales Colegiados de Circuito, estableciendo cuál tesis debe prevalecer, es la de preservar la unidad en la interpretación de las normas que integran el orden jurídico nacional, fijando su verdadero sentido y alcance, lo que, a su vez, tiende a garantizar la seguridad jurídica; tan importante y trascendental propósito se tornaría inalcanzable si se llegara a concluir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está obligada, inexorablemente, a decidir en relación con el criterio que se establece en una de las tesis contradictorias, a pesar de considerar que ambas son incorrectas o jurídicamente insostenibles. Por consiguiente, la Suprema Corte válidamente puede acoger un tercer criterio, el que le parezca correcto, de acuerdo con el examen lógico y jurídico del problema, lo que es acorde, además, con el texto de las citadas disposiciones en cuanto indican que la Sala debe decidir ‘... cuál tesis debe prevalecer’, no, cuál de las dos tesis debe prevalecer.

"Contradicción de tesis 1/91. Entre el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito. 1o. de julio de 1992. Cinco votos. Ponente: Felipe López Contreras. Secretario: Guillermo Loreto Martínez.

"Contradicción de tesis 24/91. Entre el Primero y Segundo Tribunales Colegiados del Décimo Noveno Circuito. 1o. de julio de 1992. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Adriana Campuzano de Ortiz.

"Contradicción de tesis 34/92. Entre el Tercero y Quinto Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 18 de enero de 1993. Cinco votos. Ponente: Ignacio Magaña Cárdenas. Secretario: Sergio García Méndez.

"Contradicción de tesis 35/92. Entre el Primer y Octavo Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 12 de abril de 1993. Cinco votos. Ponente: José Antonio Llanos Duarte. Secretario: Fernando Estrada Vásquez.

"Contradicción de tesis 80/90. Entre el Sexto y Séptimo Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 3 de mayo de 1993. Cinco votos. Ponente: Carlos García Vázquez. Secretario: Ernesto Aguilar Gutiérrez."

Tomando en cuenta que el punto de contradicción consiste en determinar si la falta de constancia fehaciente de que se hizo del conocimiento tanto del inculpado como de su defensor la apertura del procedimiento sumario decretada en el auto de formal prisión y del plazo otorgado para optar por el procedimiento ordinario, constituye una violación al procedimiento en términos del artículo 160 de la Ley de Amparo que amerite su reposición, resulta pertinente hacer algunas precisiones para ilustrar la decisión que habrá de tomarse.

En principio, el artículo 152 del Código Federal de Procedimientos Penales, que establece el trámite del proceso en forma sumaria, es del tenor siguiente:

"Artículo 152. El proceso se tramitará en forma sumaria en los siguientes casos:

"a) En los casos de delitos cuya pena no exceda de dos años de prisión, sea o no alternativa, o la aplicable no sea privativa de libertad, al dictar el auto de formal prisión o de sujeción a proceso, de oficio resolverá la apertura del procedimiento sumario, en el cual se procurará cerrar la instrucción dentro de quince días. Una vez que el tribunal la declare cerrada, citará a la audiencia a que se refiere el artículo 307;

"b) Cuando la pena exceda de dos años de prisión sea o no alternativa, al dictar el auto de formal prisión o de sujeción a proceso, el Juez de oficio resolverá la apertura del procedimiento sumario en el cual se procurará cerrar la instrucción dentro del plazo de treinta días, cuando se esté en cualquiera de los siguientes casos:

"I. Que se trate de delito flagrante;

"II. Que exista confesión rendida precisamente ante la autoridad judicial o ratificación ante ésta de la rendida ante el Ministerio Público; o

"III. Que no exceda de cinco años el término medio aritmético de la pena de prisión aplicable, o que excediendo sea alternativa.

"Una vez que el juzgador acuerde cerrar la instrucción, citará para la audiencia a que se refiere el artículo 307, la que deberá celebrarse dentro de los diez días siguientes;

"c) En cualquier caso en que se haya dictado auto de formal prisión o de sujeción a proceso y las partes manifiesten al notificarse de ese auto o dentro de los tres días siguientes a la notificación, que se conforman con él y que no tienen más pruebas que ofrecer salvo las conducentes sólo a la individualización de la pena o medida de seguridad y el Juez no estime necesario practicar otras diligencias, citará a la audiencia a que se refiere el artículo 307.

"El inculpado podrá optar por el procedimiento ordinario dentro de los tres días siguientes al que se le notifique la instauración del juicio sumario."

El artículo antes transcrito fue reformado por última vez mediante decreto

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17938-f4494362/proceso-sumario-la-notificacion-al-inculpado-y-a · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.