EDICTOS PARA EL REMATE DE BIENES. SU PUBLICACIÓN EN LOS PERIÓDICOS NO ES UNA ACTUACIÓN JUDICIAL (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 83/2003-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en el amparo en revisión RC-337/73, promovido por Banco Internacional Inmobiliario, Sociedad Anónima, resuelto por unanimidad de votos el veinte de septiembre de mil novecientos setenta y tres, sostuvo la tesis siguiente:
"Séptima Época
"Instancia: Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Volumen: 57, Sexta Parte
"Página: 27
"EDICTOS PARA CONVOCAR POSTORES A REMATES JUDICIALES, SON ACTUACIONES JUDICIALES LOS. La publicación de los edictos para un remate judicial son verdaderas actuaciones judiciales. Entre los actos procesales que le corresponde realizar al Juez y considerados como de dirección dentro del proceso está el de comunicación que no sólo comprende a la notificación en sentido estricto, sino a toda comunicación a las personas que intervienen directa e indirectamente en el mismo proceso. En el caso del remate es evidente que hay un verdadero procedimiento regulado por disposiciones expresas contenidas en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito y Territorios Federales en que se impone al órgano jurisdiccional, concretamente al Juez, que actúe en forma de dirección para llevar a cabo el remate de los bienes embargados; y entre esos actos están los previstos en el artículo 570, en que una vez hecho el avalúo, se sacarán los bienes a pública subasta, anunciándose por dos veces, de siete en siete días. En consecuencia, el edicto que convoca a postores es un acto de dirección del proceso en que el Juez actúa procesalmente y comunica no sólo a las partes sino también a personas extrañas e indeterminadas, que en el juicio donde se da la actuación pueden intervenir como postores conforme a las reglas legales respectivas. Se trata pues de una actuación judicial que constituye una verdadera notificación a las partes que también podrán intervenir como postores en el remate de que se trata y a otras personas que podrán concurrir al mismo.
"PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
"Amparo en revisión RC-337/73. Banco Internacional Inmobiliario, S.A. 20 de septiembre de 1973. Unanimidad de votos. Ponente: Livier Ayala Manzo.
"Nota: En el Informe de 1973, la tesis aparece bajo el rubro ‘EDICTOS, SON UNA ACTUACIÓN JUDICIAL, LOS.’."
CUARTO. Por su parte el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito al resolver el amparo en revisión número RC. 1082/2003, promovido por Cerámicas y Ladrillos Poluca, Sociedad Anónima de Capital Variable, en lo que interesa sostuvo:
"En el mismo agravio manifiesta la recurrente que el Juez debió declarar fundado el concepto de violación, porque en el caso existe infracción directa al artículo 14 constitucional, habida cuenta que no se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento, como son los plazos y formas de publicar los edictos relativos al remate de bienes que contienen los Códigos de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y para el Estado de Tabasco, los que al no ser respetados conllevan la infracción a lo dispuesto por el artículo 14 constitucional. Que la formalidad violada deriva de lo dispuesto por los artículos 64 y 131 del código adjetivo para el Distrito Federal, habida cuenta que la publicación de edictos se hizo el día sábado dos de junio de dos mil uno, fecha en la cual no puede tener lugar una actuación judicial, de conformidad con lo previsto por los artículos 115 y 117 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco. Que a la luz de tales numerales se originó violación directa a los artículos 14 y 16 constitucionales, en razón de que el acto reclamado no se ajustó a sus disposiciones por existir prohibición para actuar en días y horas inhábiles sin que la ley contemple excepción al respecto, pero que en todo caso podría operar con autorización del Juez del conocimiento habilitando días y horas para la actuación judicial, de tal manera que al no haberlo realizado así se hace nugatoria la garantía de seguridad jurídica y, por ende, ocioso el trabajo del Poder Legislativo al hacer caso omiso a una norma establecida por él. El agravio es inoperante porque no controvierte lo resuelto por el secretario encargado del despacho, ya que sólo se trata de una relación de cuestiones por las que a juicio de la quejosa el concepto de violación debió declararse fundado. Con independencia de que los argumentos narrados también son materia de los siguientes motivos de inconformidad que expresó la quejosa, por lo que su estudio será abordado más adelante, cabe aclarar que lo referente a que la publicación de edictos es una actuación judicial resulta equivocado, porque tal actividad no tiene las características necesarias para ser considerada como tal. En efecto, el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en el capítulo II, denominado: ‘De las actuaciones y resoluciones judiciales’, contiene una serie de normas reguladoras de la forma de las actuaciones judiciales y de los ocursos de las partes, igualmente la obligación del funcionario público correspondiente de autorizar, dar fe o certificar el acto respectivo, la forma de llevar a cabo las audiencias y el funcionario que debe presidirlas, la orden de realizar las actuaciones judiciales en días y horas hábiles, salvo excepciones y los casos en que se habiliten horas y días inhábiles para ese fin, el lugar donde deben presentarse ocursos y la obligación de los órganos jurisdiccionales de recibirlos a efecto de proveer lo conducente dentro de los términos establecidos para ello, la formación de los expedientes, los requisitos de las sentencias, la nulidad de las actuaciones judiciales; todo lo anterior tanto en primera como en segunda instancia. De esto se tiene que el código adjetivo regula las actuaciones judiciales estableciendo el tiempo, el lugar y la manera en que deben pronunciarse, requisitos formales y materiales que no reúne la publicación de edictos, ya que la efectúa el director del Periódico Oficial del Estado de Tabasco, quien evidentemente no es una autoridad, ni el periódico es un tribunal y menos le recae un acuerdo en el mismo diario que deba autorizar, certificar o dar fe un funcionario público. Por tanto, si la publicación de edictos es una actividad que no se realiza ante un órgano jurisdiccional ni interviene el personal del mismo, es factible que se lleve a cabo en días inhábiles, sin que esto constituya una infracción al proceso. Al caso sirve para reforzar el criterio de este tribunal, relativo a que la publicación de edictos no es una actuación judicial, lo sostenido en la tesis XII.1o.35 C, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, consultable en la página 701 del Tomo XIII, del mes de junio de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: ‘EDICTOS. AL NO CORRESPONDER SU NATURALEZA A UNA ACTUACIÓN JUDICIAL, EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA SU PUBLICACIÓN EN JUICIOS SUCESORIOS DEBE REALIZARSE EN DÍAS NATURALES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA. El artículo 789 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, establece un plazo para efectuar la publicación de edictos en los juicios sucesorios, por tres veces de diez en diez días, lo cual no corresponde propiamente a una actuación judicial, sino sólo al cumplimiento de un mandato, por lo que no se encuentra en el caso específicamente determinado para que deba acatarse contando exclusivamente días hábiles, pues a diferencia del término que precisa el artículo 794 del citado ordenamiento legal, que se refiere a la oportunidad para que comparezcan a juicio los señalados como interesados, es preciso que en él sólo queden comprendidos los días hábiles, ya que solamente entonces pueden realizar la comparecencia pretendida, por ser indispensable que el órgano jurisdiccional se encuentre en funciones, a fin de que pueda llevarse a cabo la actuación judicial relativa, en la que debe intervenir el personal del juzgado, actuación que puede tener lugar únicamente en días hábiles, como lo establece el artículo 64 del código procesal invocado; es decir, que el cómputo respectivo debe realizarse atendiendo a la naturaleza del acto procesal correspondiente.’."
Las consideraciones anteriores dieron motivo a la emisión de la siguiente tesis:
"Novena Época
"Instancia: Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XVIII, julio de 2003
"Tesis: I.2o.C.24 C
"Página: 1097
"EDICTOS, PUBLICACIÓN DE LOS, PARA EL REMATE DE BIENES. POR SU NATURALEZA NO SON ACTUACIONES JUDICIALES. El artículo 570 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal dispone que hecho el avalúo se sacarán los bienes a pública subasta, anunciándose por medio de edictos. De esto se obtiene que la publicación de edictos constituye en realidad un anuncio dirigido al público que pudiera estar interesado en adquirir los bienes que se van a rematar. Por otro lado, el mismo código, en su capítulo II denominado ‘De las actuaciones y resoluciones judiciales’, contiene en esencia una serie de normas que establecen el tiempo, el lugar y la manera en que deben pronunciarse las actuaciones judiciales, esto es, regulan la forma que deben revestir, impone la obligación al funcionario público que corresponda de proveer, presidir, autorizar, dar fe o certificar el acto respectivo y los términos en que debe hacerlo. En una palabra, el capítulo de referencia determina los requisitos formales y materiales que deben observar las actuaciones judiciales, requisitos que no reúne la publicación de edictos por ser una actividad que lleva a cabo el director de un periódico oficial, quien evidentemente no es autoridad, además de que tampoco el encargado de publicar el periódico es un tribunal y menos le recae un acuerdo en el mismo diario que deba autorizar, certificar o dar fe un funcionario público. Por todo esto, la publicación de edictos no puede ser considerada como actuación judicial, sino únicamente como la manera de dar cumplimiento al mandato de un Juez.
"SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
"Amparo en revisión 1082/2003. Cerámicas y Ladrillos Poluca, S.A. de C.V. 27 de febrero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: José Joaquín Herrera Zamora. Secretaria: Miguelina Hernández Martínez.
"Nota: Sobre el tema tratado existe denuncia de contradicción de tesis 83/2003, pendiente de resolver en la Primera Sala."
QUINTO. Procede ahora examinar si existe la contradicción de tesis denunciada.
Al efecto, el análisis de dicha cuestión se hará tomando en consideración los requisitos establecidos en la jurisprudencia siguiente:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, abril de 2001
"Tesis: P./J. 26/2001
"Página: 76
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
El tema de la posible contradicción de tesis radica en determinar si la publicación de los edictos para convocar a postores judiciales constituye actuaciones judiciales de conformidad con el artículo 570 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y si deben efectuarse conforme a días hábiles.
Las posturas asumidas por los Tribunales Colegiados contendientes sobre el tema son las siguientes:
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en su tesis aislada dictada al resolver el amparo en revisión 337/73, sostiene que la publicación de los edictos para un remate judicial son verdaderas actuaciones judiciales, en consecuencia, el edicto que convoca a postores es un acto de dirección del proceso en el que el Juez actúa procesalmente y comunica no sólo a las partes sino también a personas extrañas e indeterminadas que pueden intervenir en el juicio donde se dé la actuación conforme a las reglas legales respectivas, por lo que se trata de una verdadera notificación a las partes.
En cambio, el Segundo Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito, en su tesis aislada dictada al resolver el amparo en revisión 1082/2003, sostiene que la publicación de los edictos constituye un anuncio dirigido al público que pudiera estar interesado en adquirir los bienes que se van a rematar, y no puede ser considerada como una actuación judicial, toda vez que no reúne los requisitos formales y materiales que ésta debe observar, sino sólo se trata de una manera de dar cumplimiento al mandato de un Juez, por lo que la publicación de edictos que se lleve a cabo en días inhábiles no constituye una infracción al proceso.
Como puede observarse, ambos Tribunales Colegiados contendientes se pronunciaron en amparos en revisión, en relación con la naturaleza jurídica de los edictos, si corresponden o no a actuaciones judiciales de conformidad con el artículo 570 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
En consecuencia, están dadas las condiciones para la existencia de la contradicción de tesis que se desprende de la interpretación de los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuenta habida que los Tribunales Colegiados de Circuito al resolver los mencionados negocios jurídicos examinaron cuestiones jurídicas esencialmente iguales y adoptaron posiciones discrepantes, la diferencia de criterios está presente en las consideraciones, razonamientos e interpretaciones jurídicas de una sentencia y un criterio aislado y esos criterios provienen del examen de los mismos elementos.
SEXTO. Precisada la procedencia de la presente denuncia de contradicción de tesis, así como el tema de la contradicción y examinadas las resoluciones que dieron origen a la misma, se considera que debe prevalecer el criterio sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en mérito de las consideraciones que se exponen:
Para estar en posibilidad de determinar la contradicción de tesis que nos ocupa, es preciso transcribir los artículos 570, contenidos en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y Territorios Federales y en el Código Civil para el Distrito Federal, que fueron los numerales aplicados por los Tribunales Colegiados materia de la contradicción en las épocas en que fueron fallados sus respectivos amparos en revisión:
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y Territorios Federales:
"Artículo 570. Hecho el avalúo se sacarán los bienes a pública subasta, anunciándose por dos veces, de siete en siete días, fijándose edictos en los sitios públicos de costumbre y si el valor de la cosa pasara de cinco mil pesos se insertarán aquéllos en un periódico de información. A petición de cualquiera de las partes y a su costa el Juez puede usar además de los dichos, algún otro medio de publicidad para convocar postores."
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal:
"Artículo 570. Hecho el avalúo se sacarán los bienes a pública subasta, anunciándose por medio de edictos que se fijarán por dos veces en los tableros de avisos del juzgado y en los de la Tesorería del Distrito Federal, debiendo mediar entre una y otra publicación siete días hábiles y, entre la última y la fecha del remate, igual plazo. Si el valor de la cosa pasare del equivalente a ciento ochenta y dos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, se insertarán además los edictos en un periódico de información. A petición de cualquiera de las partes y a su costa el Juez puede usar, además de los dichos, algún otro medio de publicidad para convocar postores."
De la lectura anterior se colige que ambos dispositivos en lo que respecta a la materia de la contradicción son de contenido similar, y que se refieren a la naturaleza de los edictos y a su publicación para convocar a postores a remates judiciales de bienes.
Para determinar si la naturaleza y publicación de los edictos para convocar a postores a remates judiciales constituyen actuaciones judiciales es necesario precisar, primero, la naturaleza jurídica de los edictos.
Edicto, según Guillermo Cabanellas significa: "Del verbo latino edicere (v.), con múltiples significados pero con el de ordenar o disponer y el de publicar o hacer saber como más útiles etimológicamente ahora. Edicto es el mandato, orden o decreto de una autoridad. Hasta el siglo XVIII equivalió con frecuencia a una ley. Actualmente se reduce a un llamamiento o notificación de índole pública hecha por un Juez o tribunal, mediante escritos ostensibles en los estrados del juzgado, audiencia o Corte; y, en ocasiones, publicado asimismo en periódicos oficiales o de gran circulación, con objeto de citar a personas inciertas o de domicilio desconocido. También significa bando, y entonces constituye una disposición, por lo general transitoria y severa, que se fija por escrito en parajes públicos. Comunicación de alguna noticia o hecho cuya divulgación interesa a la autoridad. Según aquella de la cual emanan, los edictos se denominan administrativos, eclesiásticos, gubernativos, judiciales, de policía. Las principales especies y algunos de significado histórico se insertan en las voces inmediatas. (v. Constitución imperial, jus edicendi, notificación de edictos)." (Guillermo Cabanellas. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Ed. Heliasta, S.R.L., Argentina, 1986, p. 368).
Para Eduardo Pallares los edictos son: "Las publicaciones ordenadas por el tribunal para practicar una notificación o convocar a determinadas personas, a fin de que comparezcan a ejercitar sus derechos en un proceso." (Eduardo Pallares, Diccionario de Derecho Procesal Civil, Ed. Porrúa, México, 1977, p. 301).
Si se considera que los edictos son llamamientos o notificaciones, se trata indiscutiblemente de actos procesales que según Couture constituyen una voluntad jurídica idónea para crear, modificar o extinguir derechos procesales.
Según este mismo autor, un primer criterio para clasificar los actos procesales como punto de referencia a quien los emite es el siguiente:
"A) Actos de tribunal: por tales se entiende todos aquellos actos emanados de los agentes de la jurisdicción, entendiéndose por tales no sólo a los Jueces, sino también a sus colaboradores. La importancia de éstos radica en que constituyen normalmente una manifestación de la función pública y se hallan dominados por los principios que regulan la producción de actos jurídicos de derecho público." (Eduardo Couture, Fundamentos de Derecho Procesal Civil, Ediciones De Palma, Buenos Aires, Argentina, 1988, p. 203).
Por otra parte, las notificaciones son medios de comunicación procesal.
Pallares a este respecto señala: "La notificación es el medio legal por el cual se da a conocer a las partes o a un tercero el contenido de una resolución judicial" (Diccionario de Derecho Procesal Civil, Ed. Porrúa, México, 1977, p. 570).
De lo anterior claramente se desprende que la naturaleza de los edictos para convocar a las partes a remates judiciales como actos decisorios del Juez constituye un acto procesal, y que se deben notificar por ser medios de comunicación procesal como lo preceptúa el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
El Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece en sus artículos 56, 64, 74, 76, 77 y 110, lo siguiente:
"Artículo 56. Todos los expedientes se formarán por el tribunal con la colaboración de las partes, terceros, demás interesados y auxiliares que tengan que intervenir en los procedimientos, observando forzosamente las siguientes reglas:
"I. Todos los ocursos de las partes y actuaciones judiciales deberán escribirse en español y estar firmados por quienes intervengan en ellos. Cuando alguna de las partes no supiere o no pudiere firmar, impondrá su huella digital, firmando otra persona en su nombre y a su ruego, indicando estas circunstancias. La falta de cumplimiento de los requisitos señalados, dará lugar a que no se obsequie la petición que se contenga en el escrito respectivo;
"II. Los documentos redactados en idioma extranjero deberán acompañarse con la correspondiente traducción al español;
"III. En las actuaciones judiciales, las fechas y cantidades se escribirán con letra, y no se emplearán abreviaturas, ni se rasparán las frases equivocadas, sobre las que sólo se pondrá una línea delgada que permita la lectura salvándose al final del documento con toda precisión el error cometido;
"IV. Las actuaciones judiciales deberán ser autorizadas, bajo pena de nulidad, por el funcionario público a quien corresponda dar fe o certificar el acto, y
"V. Las copias simples de los documentos que se presenten, confrontadas y autorizadas por el secretario, correrán en los autos, quedando los originales en el seguro del tribunal, donde podrá verlos la parte contraria, si lo pide."
(Reformado, D.O.F. 14 de marzo de 1973)
"Artículo 64. Las actuaciones judiciales se practicarán en días y horas hábiles. Son días hábiles todos los del año, menos los sábados y domingos, y aquellos que las leyes declaren festivos.
"Se entienden horas hábiles las que median desde las siete hasta las diecinueve horas. En los juicios sobre alimentos, impedimentos de matrimonio, servidumbres legales, interdictos posesorios, diferencias domésticas y los demás que determinen las leyes, no hay días ni horas inhábiles. En los demás casos, el Juez puede habilitar los días y horas inhábiles para actuar o para que se practiquen diligencias, cuando hubiere causa urgente que lo exija, expresando cuál sea ésta y las diligencias que hayan de practicarse."
"Artículo 74. Las actuaciones serán nulas cuando les falte alguna de las formalidades esenciales de manera que quede sin defensa cualquiera de las partes, y cuando la ley expresamente lo determine; pero no podrá ser invocada esa nulidad por la parte que dio lugar a ella."
"Artículo 76. Las notificaciones hechas en forma distinta a la prevenida en el capítulo V del título II, serán nulas; pero si la persona notificada se hubiere manifestado en juicio, sabedora de la providencia, la notificación surtirá desde entonces sus efectos, como si estuviese legítimamente hecha."
"Artículo 77. La nulidad de una actuación debe de reclamarse en la actuación subsecuente, pues de lo contrario, aquélla queda revalidada de pleno derecho; con excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento."
(Reformado primer párrafo, G.O. 1o. de junio de 2000)
"Artículo 110. Los notificadores deberán practicar las notificaciones apegándose a las disposiciones contenidas en el artículo 116 de este ordenamiento, dentro de los tres días siguientes al en que se reciban el expediente o las actuaciones correspondientes, salvo que el Juez o la ley dispusiera otra cosa. Los infractores de esta disposición serán destituidos de su cargo cuando reincidan por más de tres ocasiones, sin responsabilidad para el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, previa audiencia de defensa ante el Consejo de la Judicatura.
(Reformado, D.O.F. 14 de enero de 1987)
"Para los anteriores efectos, se llevará un registro diario de los expedientes o actuaciones que se les entreguen debiendo recibirlos bajo su firma y devolverlos dentro del plazo señalado."
De la lectura de los preceptos transcritos se colige que las actuaciones judiciales son todos aquellos actos realizados por el Juez, los empleados del juzgado o los particulares dentro del procedimiento, los cuales si no se llevan a cabo conforme lo indican las leyes procesales producen su nulidad.
Esta Primera Sala al fallar por unanimidad de votos la contradicción de tesis 40/2002-PS, de la ponencia del señor Ministro Humberto Román Palacios, determinó que se debe entender por actuaciones judiciales "todas aquellas actuaciones procesales que dicta o realiza tanto el funcionario judicial como las partes dentro de un procedimiento determinado y que integran un expediente".
También se sostuvo que la publicación de los edictos en las puertas del juzgado y en las oficinas fiscales de la localidad conforme al artículo 1411 del Código de Comercio constituyen actuaciones procesales.
No pasa inadvertido que la contradicción de tesis a que se ha hecho mención se refiere a la publicación de edictos en las puertas del juzgado y en las oficinas fiscales de la localidad exclusivamente y en materia mercantil; sin embargo, resulta aplicable por identidad de razón dicho criterio, ya que en esencia se refiere a la naturaleza jurídica de los edictos, independientemente de la forma en que se publiquen.
Las consideraciones que dieron motivo a la contradicción de tesis 40/2002-PS se transcriben en la parte que interesa:
"La tesis a que se hace referencia en este último párrafo dice literalmente:
"‘Quinta Época
"‘Instancia: Tercera Sala
"‘Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"‘Tomo: XCIII
"‘Página: 1363
"‘REMATES EN MATERIA MERCANTIL, PUBLICACIÓN DE LOS EDICTOS TRATÁNDOSE DE. El artículo 1411 del Código de Comercio establece que la venta de los inmuebles en remate judicial, se anunciará por tres veces dentro de nueve días. En consecuencia, los edictos deben publicarse y, en su caso, fijarse en los lugares públicos de costumbre, sin exceder del citado término; pero ello no significa que necesariamente se tenga que utilizar el plazo de nueve días para hacer las publicaciones, las cuales pueden ser sucesivas, quedando así dentro del término legal, o bien, pueden realizarse con intervalos, sin exceder del citado plazo.
"‘Amparo civil en revisión 7932/44. García Bernardo, Sucn. de. 7 de agosto de 1947. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Carlos I. Meléndez. La publicación no menciona el nombre del ponente.’
"Por otra parte, de la lectura del citado dispositivo, se advierte que en el mismo no se precisan los medios por los cuales debe hacerse el anuncio de la venta de bienes, esto es, si los edictos deben ser publicados en los estrados de los juzgados o, en su caso, si además deben publicarse en otros órganos de difusión distintos, como podría ser a través de periódicos, ni tampoco ello se establece en algún otro precepto del Código de Comercio.
"Por su parte, el artículo 1054 de la indicada legislación señala:
(Reformado, D.O. 24 de mayo de 1996)
"‘Artículo 1054. En caso de no existir convenio de las partes sobre el procedimiento ante tribunales en los términos de los anteriores artículos, salvo que las leyes mercantiles establezcan un procedimiento especial o una supletoriedad expresa, los juicios mercantiles se regirán por las disposiciones de este libro y en su defecto se aplicará la ley de procedimientos local respectiva.’
"Atento lo anterior, en virtud de que la citada legislación mercantil prevé de manera deficiente el anuncio de la venta de los bienes, al no establecer el medio por el cual se debe realizar esa publicación, se hace necesario acudir al Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas, que es el aplicable, pues ambos casos que motivaron la contradicción de tesis fueron tramitados y resueltos por Tribunales Colegiados con competencia en ese Estado.
"...
"Así pues, de la lectura del indicado precepto, se desprende que el Juez puede ordenar que los anuncios respectivos se publiquen mediante edictos publicados en:
"A) Las puertas (estrados) del juzgado donde radica el juicio o en las del juzgado exhortado.
"B) Las puertas de las oficinas fiscales de la localidad.
"C) El periódico oficial.
"D) Los periódicos del lugar donde radica el juicio.
"E) Los periódicos del lugar donde se encuentren los bienes.
"F) Cualquier otro medio de publicidad a petición y a costa de cualquiera de las partes.
"Ahora bien, el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito establece que los edictos a que se refieren los incisos A) y B), cuando se realiza por funcionario judicial, deben publicarse dentro del término de nueve días naturales, mientras que el Primer Tribunal Colegiado del mismo circuito estimó que debían realizarse en días hábiles.
"Al sustentar su criterio, dichos órganos colegiados hicieron diversos pronunciamientos respecto de los vocablos ‘término’ y ‘actuaciones judiciales’, aspectos que dado el tópico que se trata de dilucidar, conviene analizar, pues uno de los Tribunales Colegiados determinó que el anuncio o publicación de esos edictos no constituía un ‘término’, mientras que el otro externó lo contrario, de igual forma sucedió respecto de lo que se entiende por ‘actuaciones judiciales’.
"Así pues, en el presente caso, se estima conveniente destacar qué es la ‘actuación judicial’ y cómo se conceptúa la palabra ‘término’.
"En la obra intitulada: ‘Diccionario de Derecho Procesal Civil’, del autor Eduardo Pallares, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, vigésima primera edición, México, 1994, páginas 68, se señala:
"‘Actuación. Esta palabra tiene en derecho procesal dos sentidos, amplio el uno, restringido el otro.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18004-5922407b/edictos-para-el-remate-de-bienes-su-publicacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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