COSTAS EN PRIMERA INSTANCIA EN JUICIO ORDINARIO MERCANTIL. PARA SU CONDENA ES IMPROCEDENTE LA APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL LOCAL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 9/2003-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y CUARTO, AMBOS DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
CUARTO. Una vez establecido lo anterior, debe determinarse si en el caso existe contradicción entre los criterios antes referidos, pues sólo en tal supuesto es dable que esta Sala emita un pronunciamiento en cuanto al fondo de la presente denuncia.
Al respecto, debe tenerse en cuenta el contenido de la jurisprudencia sostenida por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala lo siguiente:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, abril de 2001
"Tesis: P./J. 26/2001
"Página: 76
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
"Contradicción de tesis 1/97. Entre las sustentadas por el Segundo y el Primer Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, ambos del Tercer Circuito. 10 de octubre de 2000. Mayoría de ocho votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Disidentes: José Vicente Aguinaco Alemán y Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Francisco Olmos Avilez.
"Contradicción de tesis 5/97. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 10 de octubre de 2000. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame.
"Contradicción de tesis 2/98-PL. Entre las sustentadas por el Segundo y Tercer Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito. 24 de octubre de 2000. Once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: José Carlos Rodríguez Navarro.
"Contradicción de tesis 28/98-PL. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, el Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 16 de noviembre de 2000. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Rubén D. Aguilar Santibáñez.
"Contradicción de tesis 44/2000-PL. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 18 de enero de 2001. Mayoría de diez votos. Disidente: Humberto Román Palacios. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: José Luis Vázquez Camacho.
"El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintinueve de marzo en curso, aprobó, con el número 26/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintinueve de marzo de dos mil uno."
De conformidad con la jurisprudencia transcrita, para que exista contradicción de tesis deben reunirse los siguientes elementos:
A) Que al resolver los negocios se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes;
B) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y
C) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
Para determinar la existencia de la contradicción conviene transcribir, en lo conducente, las ejecutorias emitidas por los tribunales contendientes.
a) El Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, al resolver el amparo directo 447/2000, sostuvo, en lo que interesa a este Alto Tribunal, lo siguiente:
"Para mayor claridad se transcribe el citado artículo vigente antes de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, que resulta aplicable conforme al artículo transitorio primero del correspondiente decreto, en virtud de que el crédito cuyo pago se exigió se pactó el diecisiete de julio de mil novecientos noventa y uno.
"‘Artículo 1084.’ (se transcribe).
"A este precepto es al que hay que atender, pues es completo y no requiere de complementación alguna para establecer los supuestos para la procedencia o improcedencia de la condena sobre gastos y costas, pues contrario a lo que aduce la solicitante del amparo, no es dable aplicar de manera supletoria al Código de Comercio, el Código de Procedimientos Civiles del Estado en este tema, en virtud de que en el primero de los ordenamientos citados existe un precepto que de manera específica y detallada regula esas hipótesis, como es el 1084, que señala los casos en que deberá, la parte perdidosa, pagar las costas erogadas por su contraria; así, aun cuando la legislación mercantil prevé en su artículo 2o. que a falta de disposiciones aplicables lo serán a los actos de comercio las del derecho común, y que en materia de procedimiento, en términos del artículo 1054 de ese ordenamiento, se estará a lo que establezcan las legislaciones procesales civiles de los Estados, esas circunstancias no se actualizan porque, como ya se expuso, existe una norma que regula dicha condena; por lo que en tales condiciones no surge la necesidad de la supletoriedad al Código de Comercio de la legislación común, debiéndose entender esa supletoriedad como una necesidad de complementar una ley partiendo de una general, la cual es omisa en ciertos aspectos, en los que entra a regir la legislación secundaria para evitar lagunas jurídicas.
"Es de aplicación a lo anterior la jurisprudencia I.3o.A. J/19, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 374, Tomo V, enero de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘SUPLETORIEDAD DE LEYES. CUÁNDO SE APLICA.’ (se transcribe).
"No pasa inadvertido el criterio de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que corresponde a la voz y texto siguiente: ‘COSTAS EN EL JUICIO ORDINARIO MERCANTIL. APLICACIÓN SUPLETORIA DE LOS CÓDIGOS DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DE LOS ESTADOS.’ (se transcribe), porque a más de constituir una tesis aislada que no es obligatoria, como ya se dijo, el Código de Comercio cuenta con un sistema perfectamente regulado en costas para la primera y segunda instancias en juicios ordinarios mercantiles (también en juicios ejecutivos mercantiles).
"En el caso de los juicios ordinarios mercantiles se debe atender a lo que establece el primer párrafo del artículo 1084 del Código de Comercio, esto es, a la temeridad o a la mala fe.
"El tema de temeridad o mala fe en la condena en costas en primera instancia en juicios ordinarios mercantiles también se sostuvo por la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tercera tesis relacionada con la jurisprudencia 543, visible en la página 934 de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que dice: ‘COSTAS, CUÁNDO DEBE CONDENARSE POR TEMERIDAD AL PAGO DE.’ (se transcribe).
"Aun cuando la magistrada responsable no expresó por qué se daba la absolución de costas para la primera instancia, es de señalarse que su apreciación es ajustada a derecho pues, como ya se indicó, en el caso debió atender a la temeridad o a la mala fe de la parte actora, aspectos que no se dieron.
"Se afirma lo anterior en virtud de que el hecho de que la demandante hubiese presentado su demanda, ofrecido pruebas o incluso hubiese llegado a formular alegatos o a interponer algún recurso, en sí mismo no determina temeridad o mala fe en su proceder para efectos del artículo 1084 del Código de Comercio, pues para determinar ese aspecto subjetivo es menester que se advierta que la parte que haya intentado cualquiera de los actos procesales anteriores sostenga una pretensión injusta a sabiendas de que lo es, que las excepciones, reconvenciones, promociones, pruebas o recursos que intente sean inconducentes, o que en éstos se haya faltado a la verdad con el deliberado propósito de entorpecer o dilatar el procedimiento; por tanto, para determinar cuándo el litigante ha procedido de esa forma no debe examinarse el hecho en sí, sino la intención con que se actúa dentro del proceso para esclarecer si se obró con el propósito de entorpecer o dilatar el procedimiento en detrimento de la pronta y expedita administración de justicia.
"En el caso, la Sala responsable no determinó de manera expresa la temeridad o la mala fe para absolver del pago de gastos y costas en la primera instancia, pero ello no deriva en la ilegalidad de su determinación, puesto que, se insiste, no se da el supuesto necesario para esa condena; la temeridad o la mala fe de la parte actora, dado que la sola presentación de la demanda o el ofrecimiento de pruebas no lo revela, dado que en ello no existió el propósito de dilatar y entorpecer la administración de justicia sino pretender el pago de un adeudo ante el tribunal correspondiente, en ejercicio de la garantía de impartición de justicia consagrada en el artículo 17 constitucional.
"En consecuencia, si la actuación de la responsable, por lo que se refiere a la absolución de los gastos y costas de la primera instancia, como ya se expuso, encuentra sustento legal, no existe violación alguna a los derechos sustantivos protegidos por las garantías individuales de la quejosa.
"Por otra parte, tampoco para la absolución de los gastos y costas de la segunda instancia existe violación alguna, pues la Magistrada del conocimiento se apoyó en lo que establece la fracción IV del artículo 1084 del Código de Comercio: que existan dos sentencias conformes de toda conformidad en su parte resolutiva, sin tomar en cuenta la declaración sobre gastos y costas; hipótesis que no se surte en la especie, dado que la sentencia de primer grado fue adversa a los intereses de la parte aquí inconforme, de ahí, se reitera, la legalidad de la actuación de la citada autoridad ..."
b) De igual manera, el señalado Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito al resolver el amparo directo 383/2002, sustentó lo siguiente:
"Efectivamente, se sostiene lo anterior toda vez que este órgano colegiado no comparte el criterio sostenido por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que invoca la responsable bajo el rubro ‘COSTAS EN EL JUICIO ORDINARIO MERCANTIL. APLICACIÓN SUPLETORIA DE LOS CÓDIGOS DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DE LOS ESTADOS.’, ya que el mismo, además de ser aislado y, por ende, no obligar a este órgano, en términos de lo prevenido por el artículo 194 de la Ley de Amparo, no se estima aplicable porque si bien el artículo 1054 del Código de Comercio prevé que los juicios mercantiles se deben regir por las disposiciones del libro quinto de dicho cuerpo de leyes y que en su defecto debe aplicarse la ley adjetiva local que corresponda, la aplicación del artículo 11 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato es improcedente respecto del pago de costas, tanto de la primera como de la segunda instancias, toda vez que las mismas se hallan reguladas en el capítulo VII del libro quinto, y en el caso que nos ocupa tiene aplicación el artículo 1084 del Código de Comercio.
"Para mayor entendimiento se transcribe el citado artículo vigente antes de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, que resulta aplicable, conforme al artículo transitorio primero del correspondiente decreto, en virtud de que el crédito cuyo pago se exigió se pactó antes de la misma.
‘Artículo 1084.’ (se transcribe).
"A este precepto es al que hay que atender, pues es completo y no requiere de complementación alguna para establecer los supuestos para la procedencia o improcedencia de la condena sobre gastos y costas, por lo que no es dable aplicar de manera supletoria al Código de Comercio el Código de Procedimientos Civiles del Estado en este tema, en virtud de que en el primero de los ordenamientos citados existe un precepto que de manera específica y detallada regula esas hipótesis, como es el 1084, que señala los casos en que deberá la parte perdidosa pagar las costas erogadas por su contraria; así, aun cuando la legislación mercantil prevé en su artículo 2o. que a falta de disposiciones aplicables lo serán a los actos de comercio las del derecho común, y que en materia de procedimiento, en términos del artículo 1054 de ese ordenamiento, se estará a lo que establezcan las legislaciones procesales civiles de los Estados, esa circunstancia no se actualiza porque, como ya se expuso, existe una norma que regula dicha condena; por lo que en tales condiciones no surge la necesidad de la supletoriedad al Código de Comercio de la legislación común, debiéndose entender esa supletoriedad como una necesidad de complementar una ley partiendo de una general, la cual es omisa en ciertos aspectos, en los que entra a regir la legislación secundaria para evitar lagunas jurídicas.
"Es de aplicación a lo anterior la jurisprudencia I.3o.A. J/19, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, misma que se comparte, consultable en la página 374 del Tomo V, enero de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘SUPLETORIEDAD DE LEYES. CUÁNDO SE APLICA.’ (se transcribe).
"Como ya se ha dicho, en el caso de los juicios ordinarios mercantiles se debe atender a lo que establece el primer párrafo del artículo 1084 del Código de Comercio, esto es, a la temeridad o mala fe.
"El tema de temeridad o mala fe en la condena en costas en primera instancia en juicios ordinarios mercantiles también se sostuvo por la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tercera tesis relacionada con la jurisprudencia 543, visible en la página 934 de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que dice: ‘COSTAS, CUÁNDO DEBE CONDENARSE POR TEMERIDAD AL PAGO DE.’ (se transcribe).
"Y para la condena al pago de costas de segunda instancia se debe atender a lo prevenido por la fracción IV del artículo 1084 del Código de Comercio en mención.
"Por tanto, al ser fundado el concepto de violación analizado se debe conceder la protección constitucional solicitada para el efecto de que el Magistrado responsable deje insubsistente el fallo reclamado y en su lugar dicte otro en el que, siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, reproduzca las consideraciones que expuso en la sentencia que constituye el acto reclamado, excepto en el considerando quinto y en el resolutivo de igual ordinal, en los cuales deberá resolver lo que proceda en cuanto a condena en costas, con fundamento en lo prevenido al respecto por el capítulo respectivo del Código de Comercio ..."
c) Por su parte, el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, al resolver el amparo directo 410/2002, estableció lo siguiente:
"Como tercer tema de reclamo, la peticionaria de amparo refiere que para el caso sí es aplicable supletoriamente al Código de Comercio el artículo 11 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, referente al pago de costas, toda vez que el ordenamiento mercantil no contiene las reglas suficientes para hacer pronunciamiento respecto de todas las situaciones concernientes al tema, por lo que se actualiza el supuesto de suplencia que prevé el artículo 1054 del ordenamiento federal. También aduce que en el caso se colmó el supuesto previsto en la fracción I del artículo 1084 del Código de Comercio, pues se acreditó que la parte actora procedió con temeridad y mala fe.
"Respecto a la consideración contenida en el segmento final del párrafo anterior, en la especie no se advierten datos que acrediten la actuación con temeridad y mala fe de parte del actor ya que, como bien lo tuvo la autoridad responsable, el hecho de que su pretensión no haya resultado prosperante, no actualiza la fracción en comento, pues en autos sí obran pruebas rendidas por la actora, las cuales sí permiten apreciar el derecho que tiene sobre el pago que demandó, sólo que éste no fue procedente al haber dejado de cubrir el requisito de notificar la cesión de crédito, por lo cual no se acredita la temeridad y mala fe a que hace alusión la quejosa.
"En cambio, es fundado y suficiente para conceder la protección constitucional impetrada la primera parte de este argumento, ya que es una verdad legalmente definida que la supletoriedad prevista en el Código de Comercio ocurre cuando esa ley contempla una institución pero la reglamente de forma insuficiente, dejando lagunas normativas.
"De inicio es imprescindible definir que el crédito, que fue materia del juicio de origen, fue contratado el tres de marzo de mil novecientos noventa y tres, por lo que es aplicable al respecto el Código de Comercio anterior a las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, en virtud de lo dispuesto en el artículo primero transitorio del propio decreto reformador.
"Dicho lo anterior, la ley mercantil en su capítulo VII, que comprende los artículos 1081 a 1089, establece toda la base normativa tocante al aspecto de las costas procesales, y en el artículo 1084 precisa de manera concreta y específica los casos en los que debe existir condena al pago de costas, al establecer:
"‘Artículo 1084.’ (se transcribe).
"De donde se observa, como primer supuesto, que se condenará al pago de costas cuando lo prevenga la ley o cuando a juicio del Juez se haya procedido con temeridad o mala fe, y los casos en que expresamente lo previene la ley los podemos advertir en las sucesivas fracciones de este numeral; sin embargo, tales disposiciones, como bien lo apunta la quejosa, son omisas en reglamentar los supuestos de pago de costas cuando no se haya obtenido resolución favorable en un juicio ordinario mercantil donde no exista temeridad o mala fe. Y este es precisamente el supuesto que nos ocupa, pues si la Sala Civil responsable apuntó con acierto que no se probó la mala fe o temeridad de la parte actora y al no tratarse de ninguno de los supuestos que tales fracciones prevén, podríamos pensar que no existe condena para quien intentó un juicio del que no resultó favorecido, es decir, instó para que la demandada acudiera a defenderse de las pretensiones que se le reclamaban, para lo cual, desde luego, hubo de erogar gastos indiscutibles, como lo son el pago de honorarios de su abogado patrono. Gastos que en las circunstancias determinadas por la responsable nunca podrían verse resarcidos ni compensados con la sola determinación de que no prosperó la acción intentada en su contra, pues si bien es cierto que una sentencia que le absuelve de los reclamos de su contraparte es en sí misma un beneficio, no es suficiente porque deja insoluto el aspecto de los gastos que se hubieron de desembolsar precisamente para poder obtener ese beneficio. Por tanto, ante la deficiencia en la regulación de esta hipótesis (texto ilegible) figura de la supletoriedad de la ley de procedimientos local, por disposición expresa del artículo 1051 del anterior Código de Comercio, y entonces debe aplicarse lo dispuesto en el artículo 11 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, y si la responsable no lo definió así, violó las garantías de legal proceso en agravio de la solicitante del amparo.
"Resulta aplicable al respecto el criterio de la Tercera Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación correspondiente a la Séptima Época, Volúmenes 217-228, Cuarta Parte, página 83, con el rubro y texto siguientes: ‘COSTAS EN EL JUICIO ORDINARIO MERCANTIL. APLICACIÓN SUPLETORIA DE LOS CÓDIGOS DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DE LOS ESTADOS.’ (se transcribe).
"En mérito de lo anterior se impone conceder la protección constitucional impetrada, lo que se hace extensivo a las autoridades ejecutoras, cuyos actos no se reclamaron por vicios propios para el efecto de que se deje insubsistente la resolución reclamada y en su lugar se emita otra donde la responsable, siguiendo los lineamientos de la presente ejecutoria, determine que para el caso sí opera la supletoriedad del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato en materia de costas de primera instancia, hecho lo cual actúe en consecuencia."
QUINTO. En la especie, solamente se surten los requisitos para la existencia de la contradicción de tesis denunciada en las ejecutorias emitidas por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito al resolver el amparo directo civil 447/2000 y el Cuarto Tribunal Colegiado del mencionado circuito al resolver el amparo directo civil 410/2002; lo anterior con base en lo siguiente:
El Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito al resolver el amparo directo civil 447/2000 estudió el mismo problema jurídico que el Cuarto Tribunal Colegiado del mencionado circuito al resolver el amparo directo civil 410/2002, consistente en determinar la procedencia o improcedencia de la supletoriedad del artículo 11 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, para el caso de condena al pago de gastos y costas prevista en el artículo 1084 del Código de Comercio, cuando de autos se advierta que el actor no se condujo con temeridad o mala fe dentro del juicio ordinario mercantil y el mismo se vea desfavorecido con la sentencia emitida en primera instancia.
Se asevera que únicamente existe el antagonismo de criterios en las ejecutorias antes mencionadas, toda vez que el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito al resolver el amparo directo civil 383/2002, no analizó los mismos elementos jurídicos que el Cuarto Tribunal Colegiado del referido circuito, ya que el primero de los órganos mencionados de manera genérica determina que el contenido del artículo 1084 del Código de Comercio es completo y detallado y que el mismo no admite la supletoriedad del artículo 11 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, determinación a la que arribó sin analizar la conducta desplegada por el actor dentro del juicio ordinario mercantil, para establecer si en el caso concreto el actor se condujo con temeridad o mala fe dentro de la secuela procedimental.
Estimó el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito al resolver el amparo directo civil 447/2000, que el artículo 1084 del Código de Comercio es completo y detallado y que el mismo no admite la aplicación supletoria del artículo 11 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, para el caso de la procedencia de la condena en costas en primera instancia al actor que en juicio ordinario mercantil hubiese obtenido sentencia contraria a sus intereses.
Por su parte, el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito determinó, al resolver el amparo directo civil 410/2002, que el artículo 1084 del Código de Comercio no contemplaba la hipótesis en que el actor en juicio ordinario mercantil haya obtenido sentencia contraria a sus intereses y el mismo no se haya conducido con temeridad o mala fe dentro del juicio, para el efecto de condena al pago de gastos y costas, siendo aplicable para esta hipótesis el contenido del artículo 11 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato.
Ambos colegiados abordaron el estudio de los artículos 2o., 1054 y 1084 del Código de Comercio vigente con anterioridad a la entrada en vigor de las reformas al Código de Comercio de fecha veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, en relación con el artículo 11 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato.
Los mencionados Tribunales Colegiados establecen sus consideraciones y razonamientos en sus respectivas ejecutorias por lo cual se encuentra satisfecho el segundo de los requisitos señalados en el considerando quinto de la presente ejecutoria.
Es por lo anterior que únicamente se actualiza la contradicción de tesis entre el Tercer y Cuarto Tribunales Colegiados del Décimo Sexto Circuito, en lo referente a lo argumentado en las ejecutorias recaídas en los amparos directos civiles 447/2000 y 410/2002, por ser en éstas donde se colman los tres requisitos para la existencia de la contradicción de tesis denunciada.
Se concluye que el tema de contradicción a resolver consiste en determinar si procede o no condenar al actor en juicio ordinario mercantil al pago de gastos y costas en primera instancia, cuando éste haya obtenido sentencia contraria a sus intereses y el mismo no se haya conducido con temeridad o mala fe durante la secuela procedimental, con base en el artículo 11 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, aplicado supletoriamente al artículo 1084 del Código de Comercio.
No constituye obstáculo alguno para que esta Primera Sala resuelva la contradicción de tesis denunciada el hecho de que los preceptos interpretados por lo Tribunales Colegiados contendientes hayan sido derogados por el decreto de reformas al Código de Comercio de fecha veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, toda vez que del contenido del artículo tercero transitorio del mencionado decreto se desprende que las referidas reformas no le serán aplicables a toda persona que tenga créditos contratados con anterioridad a la entrada en vigor del mencionado decreto o que hayan novado o reestructurado contratos de crédito con instituciones bancarias, y siendo el caso que los Tribunales Colegiados en contienda emiten sus ejecutorias aclarando que en los casos concretos los créditos materia de las controversias se adquirieron con anterioridad a la entrada en vigor de la multireferida reforma, resulta claro que se actualiza la hipótesis de excepción prevista por el mencionado artículo transitorio, cobrando aplicación el contenido de la normatividad mercantil vigente con anterioridad a la entrada en vigor de la reforma de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis.
Excepción prevista en el artículo tercero transitorio del decreto en mención, que se traduce en la posibilidad de que no obstante tratarse de artículos derogados pudieran encontrarse pendientes algunos asuntos que regulados por dichos preceptos deban resolverse conforme a la tesis que llegue a establecerse con motivo de la contradicción denunciada.
Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la anterior Tercera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que se transcribe a continuación:
"Octava Época
"Instancia: Tercera Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: I, Primera Parte-1, enero a junio de 1988
"Página: 284
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DETERMINACIÓN DEL CRITERIO QUE DEBE PREVALECER, AUNQUE SE REFIERA A PRECEPTOS PROCESALES CIVILES DEROGADOS. Es procedente resolver la denuncia de contradicción de tesis propuesta, respecto de tesis en pugna que se refieran a preceptos procesales civiles de una entidad federativa que ya se encuentren derogados, pues aun cuando el sentido único de la resolución que se dicte sea fijar el criterio que debe prevalecer, sin afectar las situaciones concretas de los asuntos en los que se sustentaron las tesis opuestas conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 197-A de la Ley de Amparo, la definición del criterio jurisprudencial es indispensable, por una parte, porque es factible que no obstante tratarse de preceptos procesales civiles locales derogados, pudieran encontrarse pendientes algunos asuntos que, regulados por dichos preceptos, deban resolverse conforme a la tesis que llegue a establecerse con motivo de la contradicción y, por otra parte, porque tratándose de un criterio general sobre legislación procesal civil, el mismo también sería aplicable a preceptos de códigos procesales de otras entidades federativas que coincidieran con los preceptos que fueron derogados.
"Contradicción de tesis 2/84. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y Tercer y Cuarto Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito. 25 de febrero de 1988. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Ernesto Díaz Infante. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot."
El hecho de que en el presente caso los criterios emitidos por el Tercer y Cuarto Tribunales Colegiados del Décimo Sexto Circuito no se encuentren redactados con el carácter de tesis aisladas o jurisprudenciales, no constituye obstáculo para que esta Primera Sala declare procedente la contradicción de tesis denunciada, lo anterior habida cuenta que ni la fracción XIII del artículo 107 constitucional ni el artículo 197-A de la Ley de Amparo, así lo establecen.
Cobra aplicación el criterio emitido por el Pleno de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual establece:
"Octava Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18037-61366f04/costas-en-primera-instancia-en-juicio-ordinario-mercantil · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- PODER OTORGADO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE UNA SOCIEDAD MERCANTIL. ES INNECESARIO QUE LA ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE SE HAGA CONSTAR CONTENGA LA INSERCIÓN RELATIVA A LAS FACULTADES (CONTRADICCIÓN DE TESIS 7/2003-PS)
- TERCERÍAS EXCLUYENTES TIENEN NATURALEZA DE JUICIO Y NO DE INCIDENTE. (CONTRADICCIÓN DE TESIS 91/2003-PS)
- PARTICIPACIÓN EN LA INTRODUCCIÓN DE FORMA CLANDESTINA DE CARTUCHOS Y MUNICIONES PARA ARMAS QUE NO SON RESERVADAS DEL USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA. ES UNA CONDU (CONTRADICCIÓN DE TESIS 96/2003-PS)
- ENDOSO. LA PRESUNCIÓN LEGAL DE QUE SE HIZO EN PROPIEDAD, POR NO HABERSE ESPECIFICADO SU CLASE, SE DESVIRTÚA CUANDO AL PROMOVER EL JUICIO PARA OBTENER EL PAGO DEL TÍTULO, EL ENDOSAT (CONTRADICCIÓN DE TESIS 10/2003-PS)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- SENTENCIAS CIVILES. (XXI.65 K)
- RESOLUCIONES QUE NO CAUSAN ESTADO. (XX.71 K)
- ESCRITURAS PUBLICAS. (s/clave)
- TESIS AISLADAS DE TRIBUNALES COLEGIADOS. LOS JUECES DE DISTRITO NO ESTÁN IMPEDIDOS PARA APOYAR EN ELLAS SU CRITERIO. (XVII.4o.4 K )
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis