PODER OTORGADO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE UNA SOCIEDAD MERCANTIL. ES INNECESARIO QUE LA ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE SE HAGA CONSTAR CONTENGA LA INSERCIÓN RELATIVA A LAS FACULTADES DEL OTORGANTE.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 7/2003-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y CUARTO, AMBOS DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. El Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, al resolver, por unanimidad de votos, en sesión de veintisiete de septiembre de dos mil dos, el amparo directo civil 410/2002, sostuvo el criterio siguiente:
"SEXTO. De los conceptos de violación hechos valer, unos resultan inoperantes e infundados en sus diversos aspectos, mientras que el último resulta fundado y suficiente para conceder la protección constitucional. En la primera parte de sus motivos de disenso, la inconforme se refiere a la falta de personalidad del representante de la empresa Ce Calpulli, Resolución de Cartera, Sociedad Anónima de Capital Variable (sic). Sobre este aspecto, aduce que en la escritura pública número 22,801 (veintidós mil ochocientos uno), presentada por el actor formal en el juicio de origen, no se expresan las facultades de la asamblea general para otorgar poderes, lo que permite concluir que Carlos Manuel López Cedeño carece de personalidad. También dice que el otorgamiento de poderes es un acuerdo que debe ser tomado en reunión de asamblea extraordinaria, no ordinaria, por lo que si dichos poderes fueron conferidos en una asamblea de estas últimas, tal acuerdo es nulo; de ahí que, contrario a lo expresado por la Sala responsable, sí adquiere relevancia la distinción de tales tipos de asamblea. Agrega, además, que de la diversa escritura pública número 75,070 (setenta y cinco mil setenta), referida como antecedente en el instrumento público anterior, no se desprenden aspectos básicos de esa persona moral, pues inclusive en la posterior escritura número 101,254 (ciento un mil doscientos cincuenta y cuatro), también mencionada como antecedente, se reformaron íntegramente los estatutos sociales, los cuales no se dan a conocer, pues no es suficiente que el notario haya transcrito el cambio del objeto social, sino que era necesario la transcripción de los nuevos estatutos, a efecto de saber los alcances de la sociedad, por lo cual el poder presentado por la actora no reúne los requisitos establecidos en el artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Asimismo, que no obstante que la asamblea sea el órgano supremo, de cualquier modo se requiere de la transcripción de los estatutos sociales para verificar las facultades de la asamblea, pues la fracción III del artículo 68 se refiere al nombramiento y destitución de gerentes, y no se advierte que Carlos Manuel López Cedeño sea gerente, ni que el órgano de administración esté formado por gerentes, por lo que también resulta inaplicable el principio hecho valer por la responsable, de que ‘quien puede lo más puede lo menos’, pues con independencia de las facultades para nombrar y remover el órgano de administración, tal proceder es en base a las facultades de la asamblea, las cuales, al no transcribirse en la escritura correspondiente, impiden que se acredite la personalidad del apoderado de la empresa antes mencionada. En redundancia de esto último, vuelve a aseverar que aun cuando en la escritura pública número 22,801 (veintidós mil ochocientos uno), se protocolizó la asamblea general ordinaria donde se tomó el acuerdo para otorgar poderes a varios profesionistas, entre ellos a Ramón Cuauhtémoc Corona González, lo cierto es que no se cumplió con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, ya que a pesar de que el notario transcribió la constitución, duración, domicilio, capital social y objeto de la sociedad, empero, no se advierten las facultades que le corresponden al órgano que acordó el otorgamiento del poder, pues para ello era necesario la transcripción de los nuevos estatutos de la sociedad, a fin de verificar las facultades de la asamblea. Al respecto y para mejor comprensión del asunto, conviene precisar los siguientes datos, que se desprenden de las constancias que integran los autos del juicio de origen y su cuaderno de pruebas: I. Mediante escrito presentado el veintinueve de junio de dos mil uno, Ramón Cuauhtémoc Corona González, en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de la empresa denominada Ce Calpulli, Resolución de Cartera, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, demandó en la vía ordinaria mercantil de Teresa de Jesús Navarro Moreno, diversas prestaciones. II. Para acreditar su personalidad, el promovente exhibió copia certificada ante notario de la escritura pública número 22,801 (veintidós mil ochocientos uno), tirada ante la fe del notario público número 195 del Distrito Federal, de fecha veinte de septiembre de dos mil, en la cual se contiene lo siguiente: 1. Como antecedentes se mencionaron éstos: a) Que por escritura número 48,107 (cuarenta y ocho mil ciento siete) fechada el trece de abril de dos mil, se protocolizó acta de asamblea donde, entre otros acuerdos, se otorgaron poderes. En este instrumento, a su vez, se refirieron los antecedentes de a (sic) continuación: A través de la escritura pública número 75,070 (setenta y cinco mil setenta) de veinticinco de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, se constituyó la sociedad mercantil Ce Calpulli, Resolución de Cartera, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable. Por escritura número 101,254 (ciento un mil doscientos cincuenta y cuatro) de fecha treinta de julio de mil novecientos noventa y nueve, se protocolizó el acuerdo de asamblea para reformar los estatutos de la sociedad. 2. La transcripción del acta levantada en la asamblea general ordinaria de socios de la empresa en comento, celebrada con fecha trece de septiembre de dos mil, la que se anotó y firmó a fojas catorce vuelta a dieciséis frente, en la que se contienen los aspectos que enseguida se describen: a) Que se reunieron los socios que integran esa persona moral, y que son GMAC RFC Auritec, Sociedad Anónima, representada por Carlos Manuel López Cedeño y Operadora Auritec, Sociedad Anónima de Capital Variable, representada en el acto por Benedicto A. Zapata Raya. b) La asamblea general de socios otorgó poder general para pleitos y cobranzas, entre otros, a Ramón Cuauhtémoc Corona González. c) Que por decisión unánime, fungieron como presidente y secretario de la asamblea Lucy Janet Loftus Jiménez y Carlos Manuel López Cedeño, respectivamente, a quienes, junto con Alejandro Romero Sandoval, se les designó como delegados especiales de la asamblea, con autorización para acudir ante notario público a formalizar, otorgar escrituras, o en su caso protocolizar esos acuerdos de asamblea, inscribir en el Registro Público del Comercio las escrituras que otorguen y expedir copias de esa acta. 3. Al final de la propia escritura 22,801 (veintidós mil ochocientos uno) se otorgaron como cláusulas: a) Quedó protocolizada el acta de la asamblea general ordinaria de accionistas de Ce Calpulli, Resolución de Cartera, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, celebrada el trece de septiembre de dos mil. b) Carlos Manuel López Cedeño, en su calidad de delegado especial de esa asamblea general ordinaria, en representación de la empresa referida, confirió a las mismas personas que la asamblea de socios, incluyendo a Ramón Cuauhtémoc Corona González, poder general para pleitos y cobranzas. A partir de lo anterior, se puede afirmar que no le asiste la razón a la impetrante en sus afirmaciones antes mencionadas. Efectivamente, como se advierte de la alusión hecha al contenido de la escritura pública número 22,801 (veintidós mil ochocientos uno), el apoderado de la empresa actora, Ramón Cuauhtémoc Corona González, recibió un doble poder, directamente por parte de la asamblea general de socios y por parte del delegado especial Carlos Manuel López Cedeño. Respecto de la representación que le confirió la asamblea, es totalmente válida porque se encuentra ajustada a derecho. La Ley General de Sociedades Mercantiles, dispone en lo conducente: ‘Artículo 10.’ (se transcribió). ‘Artículo 77.’ (se transcribió). Así pues, es inconcuso que la asamblea general de socios, como órgano supremo de la sociedad mercantil, puede otorgar poderes para su representación a las personas que desee, sin más condiciones que sus acuerdos se tomen por mayoría de votos de los socios que representen por lo menos la mitad del capital social, por lo que si en el caso fue este órgano supremo quien confirió la representación (al margen que también lo haya hecho con posterioridad su delegado especial), es indudable que en esta parte el poder fue debidamente otorgado. Ahora bien, en cuanto al reclamo de que en el instrumento notarial exhibido no transcribieron los nuevos estatutos de la sociedad y que, por ello, se desconocen las facultades de la asamblea general para otorgar poderes, carece de razón. A partir de reconocer que la asamblea general es el órgano supremo de una sociedad, es indiscutible que dentro del marco legal a que se encuentran sometidas, están facultadas para decidir todo lo concerniente a esa persona moral. Esto se puede entender desde el momento en que se constituyen o crean tales personas morales denominadas sociedades mercantiles, las cuales surgen a la vida jurídica cuando dos o más personas convergen en la decisión de formar una persona colectiva, distinta en personalidad, derechos, obligaciones y patrimonio de quienes la integran. De esta manera, la esencia de la creación de toda sociedad mercantil es el acuerdo de voluntades de personas que están de acuerdo en su constitución, las que en todo momento pueden también acordar su disolución, desde luego, cubriendo las exigencias legales conducentes. En ese sentido, la misma voluntad general y amplia que los socios externaron al momento de creación de la sociedad, la vuelven a manifestar en las reuniones de asamblea que celebren, donde deben ser convocados todos para que precisamente tengan oportunidad de hacer valer sus decisiones, y una vez consensado un acuerdo de mayoría, se tomen las deliberaciones que se estimen pertinentes, las que pueden llegar incluso al grado de modificar la esencia original del pacto social, como puede ser el objeto de la sociedad, sus estatutos, representantes o administradores. Por tanto, es indebido que en el caso se pretenda disminuir o nulificar la eficacia de representación que contiene la escritura pública número 22,801 (veintidós mil ochocientos uno), por el solo hecho de que existiendo un acuerdo de asamblea general en el que se determinó conferir poder general al ahora actor formal del juicio de origen, no se conocieron los estatutos de la sociedad, para saber si ésta tiene facultades para conferir esos poderes, ya que la voluntad social expresada en la asamblea de trece de septiembre de dos mil, es la que debe prevalecer y es suficiente para acreditar esas facultades de representación. Esto es así, pues aun en el supuesto de que en los estatutos no se contuviera la facultad de otorgar poderes para la asamblea general, como ésta determina su propia actuación y facultades, con tal de que no se desaparte de la ley, puede, en todo caso, en el momento de otorgar el poder correspondiente, surgir o hacer nacer esa facultad, sin que para ello tenga mayor obstáculo o restricción, pues de las facultades que le confiere a la asamblea de este tipo de sociedades de responsabilidad limitada, el artículo 78 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, no se desprende limitante alguno para ello; por el contrario, en la fracción VIII se le faculta para modificar el contrato social, lo que desde luego implica también la posible modificación de los estatutos; además de lo cual, en la fracción XII del propio numeral, se le reconocen otras facultades que la ley o el contrato social le confieren, y como en el caso ya se dijo que al tenor del artículo 77 de la ley de la materia, la asamblea sí tiene esa facultad, entonces el poder extendido a favor de Ramón Cuauhtémoc Corona González es legal, ya que se ajusta totalmente a lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, como bien lo apuntó la responsable, toda vez que el notario público responsable de la escritura pública 22,801 (veintidós mil ochocientos uno), cumplió con ese precepto, al hacer constar la razón social de la sociedad, su domicilio, duración, importe del capital social y su objeto. Ilustra lo anterior, por las razones que la informan, la tesis I.2o.C.219 C del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que se comparte, la cual es visible en la página 299 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XII, noviembre de 1993, Octava Época, del tenor literal siguiente: ‘APODERADO DE PERSONA MORAL, SOCIEDAD MERCANTIL. SU DESIGNACIÓN.’ (se transcribió)."
CUARTO. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, al resolver, por mayoría de votos, en sesión de seis de noviembre de dos mil dos, el amparo directo civil 560/2002, sostuvo el criterio siguiente:
"QUINTO. Es sustancialmente fundado el concepto de violación que se hace consistir en un indebido análisis de la excepción de falta de personalidad del actor formal del juicio ordinario mercantil del que deriva éste en que se actúa, en virtud de una inexacta aplicación de lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. El Magistrado responsable, incorrectamente determinó que la prueba documental consistente en copia certificada de la escritura 22,801 de veinte de septiembre de dos mil, pasada ante la fe del notario público 195 del Distrito Federal, resultó suficiente para tener por demostrada la personalidad del actor en sentido formal, licenciado Ramón Cuauhtémoc Corona González, quien acudió al juicio natural en su carácter de apoderado de Ce Calpulli, Resolución de Cartera, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable; lo anterior, en virtud de que dicha escritura no satisface los requisitos exigidos por el artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, dado que no constan en ella cuáles son las facultades que corresponden a la asamblea general de socios, ni los datos relativos a los estatutos que rigen a la sociedad, lo cual era indispensable por disposición expresa del dispositivo invocado, para tener plena certeza de que la asamblea general de socios contaba con facultades para otorgar el referido poder, a favor del citado profesionista, en representación de la sociedad. En efecto, el artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, establece: (se transcribió). Así, del precepto transcrito se desprende que cuando el poder otorgado por una sociedad mercantil provenga de la asamblea general de socios, o bien del órgano colegiado de administración, en ambos casos resulta indispensable que el instrumento público respectivo, contenga las inserciones relativas a las facultades del otorgante, toda vez que dicho mandamiento no establece distinción alguna al respecto, motivo por el cual no es dable jurídicamente establecer tal distinción, ni por ende, concluir que tal requisito no sea exigible tratándose del otorgamiento de poderes por parte de la asamblea general de socios. No es obstáculo a lo anterior, el contenido del artículo 178 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, conforme al cual: ‘La asamblea general de accionistas es el órgano supremo de la sociedad; podrá acordar y ratificar todos los actos y operaciones de ésta y sus resoluciones serán cumplidas por la persona que ella misma designe, o a falta de designación, por el administrador o por el consejo de administración. ...’, ya que de tal disposición no se desprende ninguna facultad de la asamblea relacionada con el otorgamiento de poderes; de ahí que en la especie fuera necesario la transcripción de los estatutos de la sociedad, en lo conducente, a fin de poder determinar cuál o cuáles eran los órganos facultados para conferir poderes en nombre de la sociedad. Por las mismas razones, tampoco puede concluirse que la asamblea general de socios de la sociedad mercantil tercero perjudicada, tuviera facultades para otorgar poderes por el hecho de que el artículo 77 del citado ordenamiento, establezca: ‘La asamblea de socios es el órgano supremo de la sociedad. Sus resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los socios que representen, por lo menos, la mitad del capital social ...’, y que el numeral 78, fracción XII, del mismo cuerpo legal, señale que: ‘Las asambleas tendrán las facultades siguientes: ... XII. Las demás que les correspondan conforme a la ley o al contrato social.’, pues la interpretación conjunta de tales mandamientos es insuficiente en la especie para llegar a esa conclusión, cuenta habida que la ley no establece que la asamblea general de socios tenga facultades para otorgar poderes, y que, por otro lado, la escritura donde se contiene el poder conferido por la sociedad al profesional mencionado, no contiene las inserciones relativas a las facultades de la propia asamblea; aunado a que de su literalidad se advierte que el notario público hizo constar que quien otorgó el poder para pleitos y cobranzas fue Carlos Manuel López Cedeño, en representación y por cuenta de Ce Calpulli, Resolución de Cartera, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable; quien sólo tenía el carácter de delegado especial de la asamblea con facultades para acudir ante notario público y protocolizar los acuerdos de la asamblea. Razones por las cuales, se reitera, que la responsable no actuó jurídicamente al estimar acreditado el carácter de apoderado de la empresa actora, con el que acudió a juicio."
En ese mismo sentido se pronunció el mencionado Tribunal Colegiado al resolver por mayoría de votos, en sesión de catorce de agosto de dos mil dos, el amparo directo civil número 332/2002.
QUINTO. Con el propósito de verificar si en el presente caso existe contradicción entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados contendientes, se tiene presente el contenido de la siguiente jurisprudencia:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, abril de 2001
"Tesis: P./J. 26/2001
"Página: 76
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
De lo anterior se obtiene, que para que exista la contradicción de tesis denunciada deben cumplirse los requisitos siguientes:
a) Que al resolver los negocios jurídicos se hayan examinado cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes;
b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y,
c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
Ahora bien, de las sentencias pronunciadas por los tribunales contendientes se advierte, como aspectos importantes del problema sometido a la consideración de esta Primera Sala, lo siguiente:
El Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, al analizar la excepción de falta de personalidad que se hizo valer por la demandada en el juicio natural, consideró que no se encontraba acreditada toda vez que el poder general para pleitos y cobranzas, otorgado por la asamblea de socios de la sociedad de responsabilidad limitada actora, era válido no obstante que en la escritura respectiva no se hubieran insertado los estatutos conforme a los cuales se otorgara a dicha asamblea la facultad de otorgar poderes.
El mencionado órgano colegiado arribó a tal conclusión, pues consideró que no obstante lo que dispone el artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en el sentido de que para que los poderes que otorgan las sociedades mercantiles sean válidos deben contener las inserciones referidas; no debe perderse de vista que al ser la asamblea general de socios el órgano supremo de la sociedad mercantil puede otorgar poderes para su representación a las personas que desee, sin más condiciones que la de que sus acuerdos se tomen por mayoría de votos de los socios que representen por lo menos la mitad del capital social.
Así, refirió el Tribunal Colegiado, la eficacia de la representación conferida por la asamblea de socios, no puede verse disminuida o afectada de nulidad por el solo hecho de que en el instrumento público correspondiente no se conocieran los estatutos de la sociedad para saber si ésta tenía facultades para otorgar tales poderes, habida cuenta que, aun en el supuesto de que en los estatutos no estuviera contenida la facultad de la asamblea general para otorgar poderes, tomando en cuenta que ésta determina su propia actuación y facultades (como manifestación de la voluntad de los socios), el otorgamiento es válido en tanto que no se desaparte de la ley.
Agrega dicho órgano de control constitucional, que en el acto jurídico que comprende el otorgamiento del poder correspondiente, puede surgir o hacer nacer esa facultad sin mayor restricción u obstáculo, pues de las facultades que le confiere a la asamblea de socios el artículo 78 de la ley especial citada, no se desprende limitante alguna para ello; sino por el contrario, en la fracción VIII se le faculta para modificar el contrato social, lo que desde luego implica también la posible modificación de los estatutos.
Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, sostuvo que sí se encontraba acreditada la excepción de falta de personalidad de quien se ostentó representante de la sociedad de responsabilidad limitada actora, en atención a que la escritura pública en la que se hizo constar el poder otorgado por la asamblea de socios, no contenía la inserción de los estatutos de la sociedad, de los que se desprendiera que dicho órgano social contaba con facultades para otorgar poderes y, por ende, el poder carecía de eficacia jurídica para tales efectos.
Lo anterior se consideró así, pues a juicio de ese órgano jurisdiccional, resulta indispensable que el instrumento público respectivo satisfaga los requisitos que establece expresamente el artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles; entre otros, que incluya las inserciones relativas a las facultades del otorgante, toda vez que dicho mandamiento no establece distinción alguna entre la asamblea de socios y el órgano de administración.
En esa virtud -concluye ese órgano de control constitucional-, no puede resultar suficiente para tener por demostrada la personalidad del actor en sentido formal, si en la escritura respectiva no constan cuáles son las facultades que corresponden a la asamblea general de socios, ni los datos relativos a los estatutos que rigen a la sociedad, lo cual es indispensable por disposición expresa del dispositivo señalado.
Así, refiere ese Tribunal Colegiado, no es obstáculo para tal exigencia el hecho de que el artículo 77 de la Ley General de Sociedades Mercantiles disponga que la asamblea de socios es el órgano supremo de la sociedad, pues en las facultades que el propio ordenamiento legal otorga a ésta, no se encuentran la de otorgar poderes.
En ese orden de ideas, se advierte que en la especie concurren todos los requisitos necesarios para la configuración de la contradicción de tesis, a saber:
Al resolverse los negocios jurídicos se examinaron cuestiones jurídicas esencialmente iguales, pues los órganos colegiados contendientes examinaron si se acreditaba o no la excepción de falta de personalidad, por el hecho de que la escritura pública en la que se hizo constar el poder notarial conforme al cual el promovente pretendió acreditar su personalidad -como representante de la sociedad de responsabilidad limitada actora-, otorgado por la asamblea general de socios, no contenía las inserciones de las cuales se demostrara que la asamblea de socios tenía facultades para otorgar poderes.
Asimismo, los tribunales contendientes arribaron a conclusiones distintas, pues para el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, la excepción de falta de personalidad no se encontraba acreditada, toda vez que el mencionado poder resultaba válido no obstante no contener las inserciones referidas, al considerarse que la asamblea de socios es el órgano supremo de la sociedad mercantil y, por ende, no se requería de comprobar que estaba facultada para otorgar poderes; en tanto que, para el Segundo Tribunal Colegiado del mismo circuito, la referida excepción sí se encontraba acreditada, pues conforme al artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en todos los casos la escritura pública en que se haga constar el poder, debe contener las inserciones relativas a las facultades de quien lo otorga, sin que existan excepciones en relación con tal exigencia.
Por otra parte, la diferencia de criterios se presenta en las consideraciones, razonamientos e interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas, como se advierte de las ejecutorias cuyas copias certificadas obran en autos; y,
Los distintos criterios provienen del examen de los mismos elementos, pues el tema analizado tuvo como punto de partida las reglas que prevé la Ley General de Sociedades Mercantiles, en relación con los requisitos que deben contener los poderes otorgados por las sociedades mercantiles.
Así las cosas, procede concluir que sí existe la contradicción de tesis denunciada, consistente en determinar si se acredita o no la personalidad en juicio, con un poder otorgado por la asamblea general de socios de una sociedad de responsabilidad limitada, si en la escritura pública en que se haga constar no se insertan los estatutos de la sociedad, de los cuales se desprenda que la asamblea referida cuenta con facultades para otorgar poderes.
No es obstáculo a lo anterior, la circunstancia de que los criterios en contraposición no constituyan jurisprudencia, porque los artículos 107, fracción XIII, párrafos primero y tercero, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, que establecen el procedimiento para resolverla, no imponen dicho requisito.
Al respecto, cobran aplicación las tesis de jurisprudencia y aislada sustentadas, respectivamente, por el Tribunal Pleno y por la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que literalmente dicen:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, abril de 2001
"Tesis: P./J. 27/2001
"Página: 77
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El vocablo ‘tesis’ que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificación del asunto en donde se sostuvo y, menos aún, que constituya jurisprudencia obligatoria en los términos previstos por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia."
"Octava Época
"Instancia: Segunda Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: XII, diciembre de 1993
"Tesis: 2a. VIII/93
"Página: 41
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU RESOLUCIÓN NO ES NECESARIO QUE ÉSTAS TENGAN EL CARÁCTER DE JURISPRUDENCIA. El procedimiento para dirimir contradicciones de tesis no tiene como presupuesto necesario el que los criterios que se estiman opuestos tengan el carácter de jurisprudencia, pues los artículos 107, fracción XIII de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo no lo establecen así.
"Varios 29/92. Contradicción de tesis sustentadas entre los Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto en Materia Administrativa del Primer Circuito. Cinco votos. 19 de mayo de 1993. Ponente: Fausta Moreno Flores. Secretario: Juan Carlos Cruz Razo."
SEXTO. Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atento las consideraciones siguientes:
Como quedó expuesto en su oportunidad, la materia de la presente contradicción estriba en determinar si se acredita la personalidad en juicio, con un poder otorgado por la asamblea de socios de una sociedad de responsabilidad limitada, si en la escritura pública en que se haga constar no se insertan los estatutos de la sociedad, de los cuales se desprenda que la asamblea referida cuenta con facultades pa
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18189-6a08eb20/poder-otorgado-por-la-asamblea-general-de-una · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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