CÁMARA DE SENADORES. CUANDO ACTÚA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE NO PUEDE SER REPRESENTADA EN EL JUICIO DE GARANTÍAS POR EL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS Y APODERADO DE LA CITADA CÁMARA, SEGÚN PROHIBICIÓN DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY DE AMPARO.
AMPARO EN REVISIÓN 712/2003. DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS Y APODERADO DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN.
CONSIDERANDO:
TERCERO. El presente recurso de revisión es improcedente.
La transcripción de las consideraciones en que se basa la sentencia recurrida y de los agravios hechos valer en su contra, se realizó con la finalidad de no contravenir la regla lógica de petición de principio, pues éstos involucran el tema de la legitimación del recurrente, director general de Asuntos Jurídicos Administrativos y apoderado de la Cámara de Senadores, para representar a ésta en los juicios de amparo, el cual se abordará de manera exclusiva en la presente ejecutoria.
Dichos agravios son inconsistentes. Así es, el indicado director carece de esa legitimación. El artículo 19 de la Ley de Amparo prevé: "Las autoridades responsables no pueden ser representadas en el juicio de amparo, pero sí podrán, por medio de simple oficio, acreditar delegados que concurran a las audiencias para el efecto de que en ellas rindan pruebas, aleguen y hagan promociones. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el presidente de la República podrá ser representado en todos los trámites establecidos por esta ley, en los términos que determine el propio Ejecutivo Federal por el conducto del procurador general de la República, por los secretarios de Estado y jefes de departamento administrativo a quienes en cada caso corresponda el asunto, según la distribución de competencias establecidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. ...". El numeral transcrito dispone, en lo que interesa, que no procede la representación de las autoridades responsables en el juicio de amparo, salvo el caso del presidente de la República.
En la especie, fue señalado como autoridad responsable el Congreso de la Unión, integrado por las Cámaras de Diputados y de Senadores (foja 1 del expediente de amparo). La legislación en comento es de observancia preponderante en el trámite del juicio de garantías, sobre el resto de las leyes emanadas de la Carta Magna, consideradas formalmente del mismo rango (artículo 133 de la Constitución Federal), entre ellas, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en cuyo precepto 67, punto 1, inciso l), pretende sustentar su legitimación el aquí recurrente, porque los artículos 103 y 107 constitucionales, reguladores del juicio de amparo, establecen que éste se sujetará "... a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley ..." (numeral 107), refiriéndose en esta parte del precepto, precisamente a la Ley de Amparo, reglamentaria de ambos preceptos. En esa virtud, si existe antinomia entre lo considerado por esta legislación y otra formalmente de la misma jerarquía, como sería la ley orgánica referida, debe estarse a lo que dispone aquélla tratándose del juicio de garantías, ya que no podría considerarse derogada tácitamente por ésta, puesto que su articulado no desarrolla los preceptos relativos a ese, sino los que ven al funcionamiento, organización y atribuciones del Congreso de la Unión, es decir, la aludida ley orgánica reglamenta los numerales 50 a 79 constitucionales, mientras que la Ley de Amparo lo hace con los dispositivos 103 y 107 de la Ley Suprema. Al respecto, este órgano jurisdiccional comparte, en lo esencial, el contenido de la tesis 211, de su homólogo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 191 del Tomo VI, Materia Común, Sección Precedentes Relevantes TCC, del Apéndice 1917-2000, que indica: "LEYES, REFORMA O DEROGACIÓN DE LAS. Del contenido de los artículos 72, inciso f), y 133 de la Constitución Federal y 9o. y 11 del Código Civil aplicable en materia federal, se desprende que para reformar o derogar un precepto legal, ello debe hacerse mediante otro precepto legal de la misma jerarquía, o sea, emanado formalmente del mismo órgano legislativo (Poder Legislativo Federal o Local, según sea el caso) y con los mismos requisitos de votación, promulgación y refrendo. O sea, que como la ley federal prevalece sobre la local (principio consagrado en el artículo 133), una disposición federal sólo podrá ser derogada por otra de la misma naturaleza. Pero tratándose de dos leyes federales, una disposición de la posterior puede derogar a la anterior, total o parcialmente, aun cuando se trate de dos cuerpos de leyes diferentes, pues independientemente de que puede haber una técnica legislativa defectuosa, no hay disposición constitucional alguna que establezca el principio general de que un artículo de una ley sólo puede ser derogado mediante la reforma hecha a esa misma ley. Por lo demás, la derogación puede ser expresa, como cuando se menciona el precepto derogado (expresa explícita) o cuando se declara que se derogan los preceptos que se opongan a la ley nueva (expresa implícita), y puede ser tácita, como cuando lo dispuesto en el precepto nuevo sea incompatible con lo dispuesto en el precepto anterior, aunque se trate de distintos cuerpos de leyes, y aunque en la ley nueva no se hable expresamente de derogación alguna. Ahora bien, cuando la ley anterior contiene disposiciones especiales, que establecen casos de excepción a las reglas generales, es claro que la ley nueva que sólo contenga disposiciones de carácter general no puede derogar tácitamente a la disposición especial de la ley anterior, porque ésta establece una excepción a la regla general, excepción que fue querida por el mismo legislador. Pero cuando la ley nueva contiene una disposición que es especial también, o cuando aunque sea general en principio, contiene una norma especial de derogación expresa de la norma especial anterior (ya sea declarando la derogación de toda norma que se le oponga a la nueva, o ya sea derogando expresamente tal o cual precepto legal, que en ambos casos la derogación es expresa), dicha norma sí produce el efecto de derogar a la norma especial anterior. Es decir, la ley general nueva del mismo rango (federal o local), no puede derogar tácitamente a la ley especial, pero sí puede derogarla expresamente; y la disposición especial nueva sí puede derogar tácitamente la disposición especial vieja. Y sólo podrá decirse que una ley no puede ser derogada o abrogada sino mediante reformas hechas a esa misma ley, cuando así lo disponga expresamente la Constitución, como es el caso de la Ley de Amparo, ya que el artículo 107 expresamente dice que todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos que establezca la ley cuyas bases ahí se asientan, o sea, la Ley de Amparo, cuyo articulado no puede, por ello, ser materia de derogación o abrogación de leyes diversas, aun de la misma jerarquía, por haber regla constitucional especial de la que se desprende tal cosa. Es decir, no se trata de que una ley reglamentaria de algún precepto constitucional sea de jerarquía formal superior a las demás leyes federales, porque ambas emanan del mismo órgano legislativo y el artículo 133 sólo establece la primacía de lo federal sobre lo local, sino de que exista una disposición constitucional que dé pie para estimar que una ley no puede ser modificada por otras." (el subrayado es de este tribunal).
En relación con lo anterior se invoca también, en lo conducente, la tesis de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se encuentra visible en la página 2158, Tomo LXXXIV, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, que reza: "FIANZA, OBLIGACIÓN DE OTORGARLA POR PARTE DE PETRÓLEOS MEXICANOS. Cuando la nueva ley derogatoria es de la misma jerarquía que la derogada, tácitamente no hay conflicto y es indiscutible que la derogación tácita sí puede realizarse; pero cuando la ley derogatoria es de inferior categoría a la que se ve afectada por la derogación tácita, entonces, puede afirmarse, que esa derogación no tiene efecto, como sucede en el caso en que el Ejecutivo, en uso de las facultades extraordinarias de que fue investido para determinado ramo expidió un decreto por el cual exime a Petróleos Mexicanos de otorgar las garantías que la ley exige a las partes tratándose de las controversias en que intervenga, y como al hablar de la ley, lo hace en forma general, sin referirse, por lo mismo, expresamente a la Ley de Amparo, debe convenirse, que estamos en presencia de una derogación tácita, que no puede operar, por las razones antes expuestas, ya que no es posible aceptar que un simple decreto expedido por el Ejecutivo, en uso de las facultades que no abarcan la reglamentación del juicio de amparo, pueda derogar esta ley, en cuanto a la obligación que tienen tanto el quejoso como el Juez, éste para exigir y el otro para otorgar, la garantía que el artículo 135 de la ley reglamentaria aludida fija como requisito para la procedencia de la suspensión solicitada. Se sostiene como objeción, que las leyes reglamentarias de los preceptos constitucionales tienen disposiciones que no son el reflejo de lo que la Constitución previene, en los artículos que pretenden reglamentarse, y que en este caso, esos preceptos no tienen la autoridad necesaria para considerarlos intocables por disposiciones de carácter secundario, en razón de que ordenan cuestiones que no contempla la Constitución; pero esa objeción carece de base, porque el artículo 133 antes invocado, señala como Ley Suprema del país a toda aquella que emane de la Constitución, expedida por el Congreso de la Unión, y por otra parte, si en esa clase de leyes, hay artículos que no corresponden precisamente a lo que la ley constitucional manda, tales preceptos son de carácter dispositivo, indispensables para lograr la finalidad establecida en el precepto constitucional que se reglamenta, pues si de otro modo se les viera, se desarticularían las disposiciones de esa ley reglamentaria, que es en todo orgánicamente destinado a satisfacer la aplicación práctica del precepto constitucional reglamentado, y en esa virtud, el decreto de referencia, no puede afectar la ley orgánica del juicio de amparo, derogándolo parcialmente." (el subrayado proviene de este tribunal). Insístese sobre el punto. El numeral 67, punto 1, inciso l), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ordena: "1. El presidente de la mesa directiva es el presidente de la Cámara y su representante jurídico; en él se expresa la unidad de la Cámara de Senadores. En su desempeño, deberá hacer prevalecer el interés general de la Cámara por encima de los intereses particulares o de grupo, para lo cual, además de las facultades específicas que se le atribuyen en el artículo anterior, tendrá las siguientes atribuciones: ... l) Otorgar poderes para actos de administración y para representar a la Cámara ante los tribunales en los juicios de cualquier naturaleza en que ésta sea parte.". El citado precepto manda que el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, es el representante jurídico de ésta, el cual puede otorgar poderes para actos de administración y para representarla ante los tribunales, en juicios de cualquier naturaleza en los que sea parte dicha Cámara. No obstante lo anterior, reitérase, el director general de Asuntos Jurídicos Administrativos y apoderado de la Cámara de Senadores, no puede representar a ésta, por prohibición expresa del artículo 19 de la Ley de Amparo, que establece que las autoridades responsables no pueden ser representadas en el juicio de amparo, salvo el titular del Ejecutivo Federal. Quien en todo caso está legitimado para representar a la Cámara de Senadores, es el aludido presidente de la mesa directiva, el cual, como señala la mencionada ley orgánica, es el representante jurídico de la Cámara. Lo establecido en el numeral 67, punto 1, inciso l), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, no puede sobreponerse a la Ley de Amparo, porque ésta, como se dijo anteriormente, es de aplicación preponderante a aquélla, tratándose del juicio de garantías que reglamenta. Por tanto, si aquél faculta al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores para otorgar poderes para representar a ésta, lo que está tajantemente prohibido por el susodicho artículo 19, no es posible estimar que el aquí recurrente tenga legitimación para ello. Del propio numeral 19 se desprende que las autoridades responsables en el juicio de amparo están obligadas a actuar por sí mismas o por medio de su representante, por lo que si pretenden intervenir en el juicio de garantías a través de apoderado que nombren para tal efecto, ya sea que esta designación la haga la autoridad responsable o su representante, quien ostente dicho poder carece de legitimación procesal activa para llevar a cabo esa intervención y, por consiguiente, para interponer este recurso de revisión. Sobre el particular, este Tribunal Colegiado comparte, en lo conducente y por analogía, los criterios sustentados en las tesis VIII.1o.60 A y VI.2o.393 A, emitidas, respectivamente, por sus homólogos Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicadas, en ese orden, en las páginas 1464 y 249 de los Tomos XIX, enero de 2004 y XV-II, febrero de 1995, ambos del Semanario Judicial de la Federación, que dicen: "AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE COAHUILA. NO PUEDEN INTERPONER EL RECURSO DE QUEJA EN EL JUICIO DE AMPARO POR CONDUCTO DE UN APODERADO. Los dos primeros párrafos del artículo 19 de la Ley de Amparo disponen: ‘Las autoridades responsables no pueden ser representadas en el juicio de amparo, pero sí podrán, por medio de simple oficio, acreditar delegados que concurran a las audiencias para el efecto de que en ellas rindan pruebas, aleguen y hagan promociones. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el presidente de la República podrá ser representado en todos los trámites establecidos por esta ley, en los términos que determine el propio Ejecutivo Federal por el conducto del procurador general de la República, por los secretarios de Estado y jefes de departamento administrativo a quienes en cada caso corresponda el asunto, según la distribución de competencias establecidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.’. Por tanto, el recurso de queja interpuesto por el Ayuntamiento Municipal de Torreón, Coahuila, por conducto de su apoderado general para pleitos y cobranzas y actos de administración, debe desecharse por falta de legitimación, al no hacerse valer por la autoridad responsable o por conducto de su órgano legal de representación que, en el caso, lo es el síndico municipal, por así indicarlo el primer párrafo del artículo 35 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza. Esto es así, pues del análisis de lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley de Amparo se desprende que las autoridades responsables, al encontrarse obligadas a actuar por sí mismas o por su órgano legal de representación, no pueden interponer recursos mediante apoderados jurídicos, en tanto que dicho precepto no los faculta para hacerse representar en el juicio de amparo por la persona que ellas mismas elijan, puesto que prohíbe la representación de esas autoridades y dispone que el único caso de excepción es el del presidente de la República." y "AYUNTAMIENTOS, NO PUEDEN INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN POR CONDUCTO DE UN APODERADO. Si el recurso de revisión, se hace valer por un apoderado general para pleitos y cobranzas de un Ayuntamiento del Estado de Puebla, es inconcuso, que dicho medio de impugnación resulta improcedente, al no hacerse valer precisamente por la autoridad responsable o por su órgano legal de representación en especial por el síndico municipal, a quien corresponde, tal atribución conforme con lo dispuesto por el artículo 44 fracciones I, II y III de la Ley Orgánica Municipal, habida cuenta, que se pretende hacer una representación de la autoridad responsable, lo que no es factible conforme con lo dispuesto por el artículo 19 de la ley de la materia, las autoridades responsables deben comparecer al juicio de garantías, por sí mismas o por su órgano de representación, y ello implica que no pueden hacer valer sus derechos ni mucho menos interponer recursos mediante apoderados, pues el precepto legal antes referido, no prevé ninguna excepción que faculte a las autoridades para hacerse representar en el juicio de amparo, por la persona que arbitrariamente elijan.". Las tesis transcritas son aplicables en este asunto, aun cuando se refieran al Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza y a la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, legislaciones diversas a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ello en virtud de que las tesis en comento se refieren a la interpretación que hicieron esos órganos jurisdiccionales del precepto 19 de la Ley de Amparo, lo que también realiza en esta ejecutoria este Tribunal Colegiado. También, en lo conducente y por analogía, se invocan las tesis del Pleno y de la Segunda Sala del Máximo Tribunal de Justicia del país 2564, 2565, 46 y 225; las dos primeras, formuladas por el primero, y las otras dos por la segunda, visibles, respectivamente, en las páginas 1782 y 1783, del Tomo I, Materia Constitucional, Sección Precedentes Relevantes SCJN, 33 del Tomo VI, Materia Común, Sección Precedentes Relevantes SCJN, y 167 del referido Tomo I, todos del Apéndice 1917-2000, que en ese orden señalan: "REVISIÓN INTERPUESTA POR EL OFICIAL MAYOR DEL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO. DEBE DESECHARSE. El recurso de revisión interpuesto por el oficial mayor del Congreso del Estado de Jalisco debe desecharse, porque de acuerdo con el artículo 86 de la Ley de Amparo, solamente tienen atribución para interponer recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en amparo contra leyes, las partes en el juicio, y según el artículo 87 del mismo ordenamiento legal, los titulares de los órganos del Estado a los que se encomienda su promulgación o quienes los representen en la forma prevista en la Ley de Amparo. Además, las autoridades responsables, conforme al artículo 19 de la misma ley, no pueden ser representadas en el juicio de amparo y sólo pueden acreditar delegados en las audiencias para el efecto exclusivo de que rindan pruebas, aleguen y hagan promociones en las mismas audiencias. Por otra parte, conforme a la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, el oficial mayor citado carece de la facultad para interponer revisión en contra de la sentencia en amparo contra leyes, según se advierte del contenido del artículo 145. Ahora bien, la circunstancia de que en sesión del Congreso del Estado de Jalisco se haya autorizado y comisionado al oficial mayor, para que interviniera en los juicios de amparo pendientes, mientras los diputados estuvieran ocupados en otros asuntos, no lo faculta para interponer el recurso de revisión en nombre de dicho Congreso, por no poder esta autoridad ser representada convencionalmente en el juicio de garantías, según lo dispone el citado artículo 19 de la Ley de Amparo."; "REVISIÓN INTERPUESTA POR EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO EN AUSENCIA DEL GOBERNADOR DE UN ESTADO. DEBE DESECHARSE SI NO ACREDITA ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DE LA SUSTITUCIÓN QUE PARA EL EFECTO ESTABLEZCA LA CONSTITUCIÓN LOCAL. De lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley de Amparo, se desprende que, tratándose de amparo contra leyes, la autoridad encargada de promulgar una ley se encuentra legitimada para recurrir la sentencia de un Juez de Distrito que la declara inconstitucional, y así, en el caso de impugnación de leyes locales, el gobernador estatal en su carácter de promulgador de la ley, indudablemente tiene interés en defender la constitucionalidad de la misma; empero, si el escrito de revisión es suscrito por el secretario general de Gobierno, señalando encontrarse encargado del despacho del Ejecutivo Local por ministerio de ley, debe acreditarse que se da alguno de los supuestos de sustitución del gobernador que para el efecto establezca la Constitución Local, para que pueda considerarse que se encuentra investido del cúmulo de atribuciones que le corresponden al mandatario estatal, ya que, de no ser así, debe estimarse que dicho funcionario carece de legitimación para interponer el recurso de revisión, dado que a él no compete defender la constitucionalidad de la ley que se reclame. Sin que pueda considerarse que la legitimación del secretario general de Gobierno, para actuar en el juicio de amparo en representación del Ejecutivo Local, derive de disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, ya que tal ordenamiento es normativamente inferior a la Ley de Amparo, que es reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual expresamente, en su artículo 19, prohíbe la representación de las autoridades responsables en los juicios de amparo, salvo el caso de excepción que consigna en tratándose del presidente de la República."; "AUTORIDADES RESPONSABLES EN EL JUICIO DE AMPARO DISTINTAS DE LOS TITULARES DE ALGÚN ÓRGANO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. PUEDEN SER SUPLIDAS, EN SU AUSENCIA, POR AQUELLOS FUNCIONARIOS A QUIENES SE LES ATRIBUYA TAL FACULTAD.-De conformidad con el artículo 19, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, los titulares de las dependencias del Ejecutivo de la Unión podrán ser suplidos por los funcionarios a quienes otorguen esa atribución sus reglamentos internos, disposición que debe aplicarse, por identidad de razón, a los casos en que se trate de autoridades responsables distintas de los titulares de algún órgano de la administración pública federal, que también pueden ser suplidas, en su ausencia, por aquellos funcionarios a quienes se les atribuya tal facultad en los ordenamientos internos que las rijan y en los términos que ellos mismos dispongan. Se concluye lo anterior, en virtud de que las personas físicas que encarnan a las autoridades públicas, naturalmente se encuentran imposibilitadas para cumplir en forma ininterrumpida con las atribuciones que tienen a su cargo y, por accidente, pueden encontrarse materialmente impedidas para hacerlo; atribuciones dentro de las que se encuentra la de intervenir como parte dentro del juicio de amparo, mediante el cual se cumple, entre otras, con la alta función de velar por la supremacía constitucional." y "AMPARO CONTRA LEYES. EL ACUERDO DELEGATORIO DE FACULTADES EXPEDIDO POR EL SECRETARIO DE ESTADO A QUIEN EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA OTORGÓ SU REPRESENTACIÓN, NO LEGITIMA AL FUNCIONARIO SUBALTERNO PARA LA REVISIÓN EN REPRESENTACIÓN DEL INDICADO PRESIDENTE.-El artículo 87 de la Ley de Amparo establece que tratándose de amparo contra leyes, corresponde a los titulares de los órganos del Estado a los que se encomienda su promulgación, o a quienes los representen en términos de la propia ley, interponer el recurso de revisión. Por su parte, el artículo 19 de la misma ley dispone que no procede la representación de las autoridades responsables en el juicio de amparo, salvo el caso del presidente de la República, quien podrá ser representado, en los términos que determine el propio Ejecutivo Federal, por conducto del procurador general de la República, por los secretarios de Estado y jefes de departamentos administrativos correspondientes, los cuales en este caso, así como en aquellos juicios de amparo promovidos directamente contra ellos, podrán ser suplidos por los funcionarios a quienes el reglamento interior de la respectiva dependencia otorgue esa atribución. De lo dispuesto en tales preceptos de la Ley de Amparo deriva que si se interpone recurso de revisión por un funcionario de la secretaría de Estado a cuyo titular otorgó el presidente de la República su representación, pero basando tal funcionario la representación que ostenta del Ejecutivo Federal, no en la suplencia por ausencia del secretario de Estado conforme al orden jerárquico establecido en el reglamento interior de la secretaría, sino en un acuerdo delegatorio de facultades expedido por el secretario de Estado, en el que se le dio la facultad de representar a la secretaría ante los tribunales judiciales federales y la de promover juicio de amparo y los recursos que la ley de la materia establece, el recurso de revisión debe desecharse por carecer tal funcionario de legitimación para representar al presidente de la República, en virtud de que la representación de las autoridades responsables en el juicio de amparo no está permitida por la ley de la materia y el único legalmente facultado para interponer el recurso de revisión en su nombre, es el secretario de Estado a quien otorgó su representación o quien, conforme al reglamento interior de la secretaría, pueda suplirlo en su ausencia y conforme al orden jerárquico establecido.". En atención a la regla lógica de petición de principio, se analizan los agravios planteados por el recurrente, en contra del fallo recurrido. En una parte de ellos se refuta la aplicación de las tesis de rubros: "LEGISLATURA DEL ESTADO DE TABASCO. EL PRESIDENTE DE LA GRAN COMISIÓN CUENTA CON FACULTADES LEGALES PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN, EN SU REPRESENTACIÓN." y "LEGISLATURAS. SUS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO, DEBEN CONSTAR EXPRESAMENTE EN UN CUERPO NORMATIVO.", argumentando que no se referían a la Cámara de Senadores, y que no debía aplicarse un criterio estatal en el ámbito federal. Las tesis de mérito fueron emitidas por la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del país, y pueden consultarse con los números 1550 y 1551, en la página 1093 del Tomo I, Materia Constitucional, Sección Precedentes Relevantes SCJN, del Apéndice aludido, las cuales ordenan, respectivamente: "LEGISLATURA DEL ESTADO DE TABASCO. EL PRESIDENTE DE LA GRAN COMISIÓN CUENTA CON FACULTADES LEGALES PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN, EN SU REPRESENTACIÓN.-De conformidad con lo que establece el artículo 53, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, el presidente de la Gran Comisión tiene ‘la representación legal del Congreso, quedando facultado para otorgar, sustituir o revocar poderes y mandatos, incluso aquellos que requieran cláusula especial’; por tanto, si se encuentra demostrado que el funcionario mencionado cuenta con facultades expresas de representación, conferidas por un ordenamiento legal, debe tenerse por acreditada su legitimación procesal para interponer el recurso de revisión en representación del órgano legislativo al que pertenece." y "LEGISLATURAS. SUS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO, DEBEN CONSTAR EXPRESAMENTE EN UN CUERPO NORMATIVO.-La legitimación procesal de las partes en un juicio de amparo es de orden público y, por ello, debe estudiarse aun de oficio, siendo condición necesaria, tratándose de un órgano legislativo, que la personalidad y facultades de quien ostente su representación, consten fehacientemente en un cuerpo normativo, a fin de que el funcionario u órgano en que recaiga esta representación pueda, válidamente, intervenir en el procedimiento constitucional y, específicamente, interponer los recursos procedentes. Por tanto, si quienes comparecen ostentando la representación del órgano legislativo, interponen por éste un recurso dentro del juicio de amparo, sin que dicha representación se halle apoyada en ningún ordenamiento normativo, el recurso debe desecharse por falta de legitimación. La representación legal de las Legislaturas -Federal o de los Estados- puede recaer en la mesa directiva o en alguno de sus integrantes, en la Comisión o Diputación Permanente, en alguno o algunos de sus miembros, o en cualquier otro órgano del mismo Congreso, a condición de que las facultades correspondientes se hallen consignadas en un cuerpo normativo. Luego, si conforme a lo dispuesto en el artículo 233 de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, sólo se establecen órganos con facultades de representación en juicio respecto de la Diputación Permanente para los periodos de receso, resulta que en otro periodo, por no preverse lo conducente en esa ley o en diverso ordenamiento, dichos órganos carecen de facultades para representar al Congreso del Estado.". Contrario a lo alegado en el agravio relatado, sí cobran aplicación las ejecutorias transcritas, ya que no obstante que no se refieren a la Cámara de Senadores, en específico, tratan el tema analizado en esta ejecutoria, la legitimación procesal activa de las autoridades legislativas, como lo es dicha Cámara, para interponer recursos en el juicio de amparo. Tampoco es obstáculo a lo anterior, el hecho de que, según el recurrente, se trate de "criterios estatales", toda vez que si bien analizan legislación estatal, adquieren aplicación por analogía, al tratar precisamente el susodicho tema de la legitimación de las autoridades para interponer los recursos de mérito. En otra parte de los agravios, el recurrente arguye que tiene legitimación para intervenir en el juicio de garantías, de conformidad con lo previsto en el artículo 12 de la Ley de Amparo. No es verdad lo que dice el recurrente, ya que el numeral citado dispone la posibilidad de que el agraviado (quejoso), o el tercero perjudicado, sean representados por medio de apoderado, sin embargo, el aquí recurrente es una autoridad señalada como responsable, por lo que no puede tener intervención, habiéndole sido otorgado poder para ello, repítese, debido a la prohibición expresa del precepto 19 de la legislación de referencia. Por lo que ve al alegato consistente en que debe tomarse en cuenta el principio de equidad de las partes, ha menester precisar que dicha igualdad en el proceso no se refiere a las autoridades, sino que se contrae al equilibrio procesal entre gobernados, en razón de que tanto la Constitución Federal, como la Ley de Amparo y el r
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18107-e7c2a4f8/camara-de-senadores-cuando-actua-como-autoridad-responsable · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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