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Modo: Corpus Pro

FIANZA PENAL. CUANDO SE REVOCA LA LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN PORQUE EL INDICIADO INCUMPLIÓ SUS OBLIGACIONES PROCESALES, PROCEDE HACERLA EFECTIVA ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON ESE CONCEPTO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 50/2002-PS. · Registro digital (IUS): 18114
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO Y EL DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Junio de 2004, , Pág. 99.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 50/2002-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO Y EL DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO. La ejecutoria dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al resolver el toca de revisión R-40/2002, deducido del juicio de amparo indirecto número 1451/2001, en lo que a esta contradicción de tesis interesa, es del tenor literal siguiente:

"QUINTO. Son inoperantes en una parte, infundados en otra, y en una más fundados los agravios vertidos por el recurrente, aunque para decirlo así se esté en el caso de suplir la deficiencia de la queja en términos de la fracción II del artículo 76 bis de la Ley de Amparo. A fin de dar claridad a este fallo, desde ahora conviene precisar que se estudiará por separado la orden de reaprehensión reclamada en sí misma, y por otra parte, la orden de hacer efectiva la garantía ... . SÉPTIMO. Como se anticipó en el considerando quinto, procede analizar por separado la orden de hacer efectiva la garantía, precisamente por ser de diversa naturaleza a la orden de reaprehensión, no obstante que ambos aspectos se contienen en el acuerdo de veinticuatro de septiembre del año dos mil uno. Por otra parte, el revisionista alega que es incorrecto que se haga efectivo el depósito que exhibió para gozar del beneficio de su libertad bajo caución, toda vez que ésta es para garantizar posibles multas, la no sustracción de la acción de la justicia y la reparación del daño; y únicamente se debió hacer efectiva la cantidad que garantiza la no sustracción de la justicia. Lo anterior es fundado, ya que de conformidad con lo establecido en el artículo 350 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, para poder gozar de la libertad bajo caución se debe garantizar el monto estimado de la reparación del daño, las sanciones pecuniarias que en su caso puedan imponérsele y el cumplimiento de las obligaciones a su cargo con motivo del proceso. Por ende, por disposición expresa de la propia ley (artículo 350), la garantía exhibida para gozar del beneficio de la libertad provisional bajo caución debe amparar conceptos diversos, a saber, reparación del daño, multa y el cumplimiento de las obligaciones derivadas del proceso. Así las cosas, por simple lógica jurídica debe considerarse que el incumplimiento de una obligación derivada de la causa propicia la reaprehensión y hacer efectiva la garantía exhibida, pero sólo por ese aspecto, mas no por lo que hace a conceptos diversos, tales como la reparación del daño y la multa. Cabe agregar que el legislador precisó varios aspectos que debía comprender la caución, precisamente a fin de garantizar conceptos diversos, sostener lo contrario, es decir, que se garantice, en general, la libertad provisional concedida sin distinguir ningún concepto, haría ilógica la precisión de las fracciones I, II y III del artículo 350 antes invocado, que a la letra dicen: ‘I. Que garantice el monto estimado de la reparación del daño; II. Que garantice las sanciones pecuniarias que en su caso puedan imponérsele; y III. Que caucione el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, que la ley establece en razón del proceso.’. En consecuencia, el acto reclamado es violatorio de garantías sólo por cuanto ordena hacer efectiva la totalidad de la garantía exhibida por el quejoso, ya que sólo debió comprender lo relativo a la cantidad concerniente a sus obligaciones, dejando intacto los conceptos de multa y reparación del daño. Bajo tal tesitura, al resultar fundados parte de los agravios expresados por el recurrente, lo que procede es modificar la sentencia sujeta a revisión y conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso ... sólo para el efecto de que el Juez de la causa deje insubsistente el auto de veinticuatro de septiembre del año dos mil uno, única y exclusivamente en lo relativo a hacer efectiva la totalidad de la garantía exhibida para gozar del beneficio de la libertad provisional bajo caución, y en su lugar considere nada más hacer efectiva la garantía por el monto consistente a las obligaciones derivadas del proceso, no así lo relativo a la multa y a la reparación del daño." (fojas 11 vuelta a 17 vuelta ídem).

Las consideraciones vertidas en la anterior ejecutoria dieron lugar al siguiente criterio aislado:

"LIBERTAD PROVISIONAL. SU REVOCACIÓN POR DESOBEDIENCIA A UNA ORDEN DEL JUEZ DEL PROCESO, IMPLICA HACER EFECTIVA SÓLO LA GARANTÍA DEPOSITADA POR EL CONCEPTO DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES PROCESALES, Y NO POR DIVERSOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Si el inculpado que se encuentra gozando de la libertad provisional bajo caución desobedeció sin causa justa y comprobada un mandato del Juez, si garantizó ésta por sí mismo, procede revocar su libertad, ordenar su reaprehensión y hacer efectiva una parte de la garantía, mas no toda, ya que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 350 del código adjetivo de la materia, el inculpado, para gozar del citado beneficio, debió garantizar: a) El monto estimado de la reparación del daño; b) El cumplimiento de las obligaciones a su cargo que la ley establece en razón del proceso; y c) Las sanciones pecuniarias que en su caso puedan imponérsele; por lo que en el particular, procede hacer efectiva sólo la caución que depositó por concepto de cumplimiento de sus obligaciones procesales, y no los demás que deberán seguir vigentes por ser de distinta naturaleza y garantizar cuestiones diversas."

CUARTO. Por su parte, el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver los amparos directos 453/2001-23, 3413/2001-171 y 49/2002-631, en lo que a esta contradicción de tesis interesa, manifestó lo siguiente:

Amparo directo 453/2001-23

"SEXTO. ... Los conceptos de violación que hace valer la quejosa son inoperantes en parte e infundados en otra, como se verá con posterioridad. ... Por otra parte, es infundado el argumento que hace valer la solicitante del amparo, en el que manifiesta que la Sala responsable omitió analizar que el requerimiento de pago impugnado carece de los requisitos legales de la debida fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe contener, porque no se anexó el documento fundamental que haga exigible el pago de la póliza de fianza y, por tanto, dicho requerimiento de pago no tiene sustento legal, porque no existe una resolución judicial definitiva que avale el pago de la reparación del daño y la sanción pecuniaria, por lo cual no se cumple con el artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, precepto que además no fue tomado en consideración en la sentencia reclamada. Para establecer lo infundado del argumento que se analiza, conviene precisar que los artículos 95, fracción II y 130 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, prevén lo siguiente: ‘Artículo 95.’ (se transcribe). ‘Artículo 130.’ (se transcribe). Ahora bien, del análisis integral de la sentencia reclamada se observa que la Sala Fiscal advirtió que en la póliza de fianza no se pactó como obligaciones para su exigibilidad, que se dictara una sentencia condenatoria, o que dado su carácter de accesorio de la obligación principal se encontrara garantizando todo el juicio penal y, por el contrario, observó que al requerimiento de pago acompañaron los documentos consistentes en la constancia, por la cual el Juez Sexagésimo de Paz Penal del Distrito Federal notificó a la afianzadora, con fecha veintitrés de agosto de mil novecientos noventa y nueve, el requerimiento para que presentara a su fiado, con el apercibimiento que de no hacerlo se haría efectiva la póliza de fianza respectiva. Aunado a ello, también apreció que de la referida póliza no se advertía que su exigibilidad estuviera condicionada a que se dictara sentencia alguna, ya que la misma se expidió en términos del artículo 556 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, el cual prevé los requisitos que se deben cumplir por el fiado para obtener su libertad provisional bajo caución. Consecuentemente, contrario a lo que alega la quejosa, la Sala sí analizó la debida fundamentación y motivación del requerimiento de pago impugnado, respecto del cual se observa que concluyó que al provenir de una fianza por la que se garantizó la libertad bajo caución, no era requisito para su exigibilidad que se anexara copia de la sentencia por la cual se haya condenado al fiado al pago de la reparación del daño y la responsabilidad penal, sobre todo porque en la misma fianza no se pactó esa condición como presupuesto de la efectividad del cobro. En ese sentido, y no obstante que la Sala se apoyó únicamente en el artículo 556 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, para declarar la validez y legalidad del requerimiento de pago, se debe sostener la sentencia reclamada, toda vez que los documentos que exhibe el tesorero del Distrito Federal, a dicho requerimiento, los cuales se observa sirvieron de base para motivar el acto reclamado, son suficientes para determinar la exigibilidad de la póliza de fianza, ya que en términos del artículo 569 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, en caso de revocación de la libertad caucional, además de mandarse reaprehender al procesado, por disposición de ley, se hará efectiva la garantía que verse sobre las sanciones pecuniarias, siendo causa de revocación de dicha libertad, la de cumplir (sic) con las obligaciones procesales que estipulan los preceptos 567 y 568 del citado ordenamiento legal, situación que aconteció en el caso concreto. De tal manera que el argumento de la actora en el que señala que la autoridad ejecutora tenía la obligación de acreditar la existencia, así como la exigibilidad de cada una de las obligaciones garantizadas, mediante la exhibición de la sentencia que resolviera condenar al fiado al pago de la sanción pecuniaria, es infundado toda vez que la exigibilidad de las pólizas de fianza no quedó condicionada a que se condenara o no al fiado, sino que fueron expedidas para garantizar el pago de los conceptos mencionados. Por tanto, es inexacto lo que aduce la quejosa en cuanto a que la Sala omitió analizar la debida fundamentación y motivación del requerimiento de pago, porque sostuvo que para exigir las obligaciones contraídas a través de la póliza de referencia, no era necesario que el tesorero del Distrito Federal exhibiera la sentencia en la que se condenó al fiado al pago de la reparación del daño y la responsabilidad penal, de modo que los documentos que se acompañaron son suficientes y cumplen con los requisitos a que se refieren los artículos 95 y 130 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas. Conclusión que se adopta toda vez que el precepto 569 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal prevé que si el procesado incumple con sus obligaciones se procederá a revocar su libertad caucional y se librará la orden de aprehensión correspondiente y, salvo el caso que cuando el sujeto solicite la revocación de su libertad, se procederá hacer efectiva a favor de la víctima o del ofendido por el delito la garantía relativa a la reparación del daño; en tanto que las que versen sobre las sanciones pecuniarias y para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del proceso, se harán efectivas a favor del Estado, sin que para ello prevea la necesidad de que se dicte sentencia definitiva que condene al procesado a las penas de reparación del daño y pecuniaria. Así, debe señalarse que la autoridad responsable, contrario a lo que expone la quejosa, no se encontraba obligada a observar el contenido de los artículos 29 y 37 del Código Penal para el Distrito Federal, que prevén que los conceptos que abarca la reparación del daño, la sanción pecuniaria y la forma en la que se procederá a hacer efectiva, una vez que la sentencia que imponga tal reparación cause ejecutoria, ya que el invocado artículo 569 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, es expreso en cuanto a que si durante el proceso se revoca la libertad provisional bajo caución, se procederá hacer efectivas las garantías otorgadas, incluyendo las relativas a la reparación del daño y la posible sanción pecuniaria; consecuentemente, no se requiere que al requerimiento de pago se acompañe en ese supuesto, la sentencia en la que se condenó al fiado a esas sanciones, para proceder a la exigibilidad del pago garantizado a través de las pólizas siendo, por tanto, suficiente que se acompañen los documentos que la hagan exigible, como ocurrió en el asunto que se analiza ..." (fojas 36 a 98 ídem).

Amparo directo 3413/2001-171

"SEXTO. ... De lo relatado con anterioridad se advierte que la Sala Fiscal al emitir la sentencia reclamada aplicó la ley que regula el procedimiento con base en el cual se debe hacer exigible el cobro de una póliza de fianza, toda vez que determinó que con el requerimiento de pago impugnado no se daba la violación al artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas. En efecto, la autoridad responsable advirtió que en los autos del expediente administrativo se encontraba el requerimiento impugnado de cuya lectura se advierte que la autoridad procedió a hacer efectivos los pagos sobre la base de las pólizas de fianza números 4002-000004 y 4002-000005; así como que a dicho requerimiento de pago se acompañó la documentación que justificaba la exigibilidad de dichas pólizas, entre la que se encuentra lo siguiente: ... Por tanto, determinó la Sala Fiscal que de esas constancias se desprende que al requerimiento de pago impugnado se acompañaron los documentos que hicieron exigibles las pólizas de fianza expedidas por la demandante, en virtud de que el acto que se controvierte en este juicio fue emitido cumpliendo con los requisitos que para tal efecto señala el artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, es decir, se acompañó toda la documentación necesaria para apoyar la emisión del requerimiento de pago. Aunado a lo anterior, estimó la autoridad responsable que el artículo 569 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal prevé que en caso de revocación de la libertad caucional además de mandarse reaprehender al procesado, por disposición de ley, se hará efectiva la garantía que verse sobre las sanciones pecuniarias, siendo causa de revocación de dicha libertad, la de no presentarse el procesado ante el Ministerio Público, juzgado o tribunal que conozca de su causa, el día que se le señale de cada semana, tal como lo estipulan los preceptos 567 y 568 del citado ordenamiento legal. Concluyendo la responsable que el argumento de la actora en el que señala que la autoridad ejecutora tenía la obligación de acreditar la existencia, así como la exigibilidad de cada una de las obligaciones garantizadas, mediante la exhibición de la sentencia que resolviera condenar al fiado al pago de la sanción pecuniaria era infundado, toda vez que la exigibilidad de las pólizas de fianza no quedó condicionada a que se condenara o no al fiado, sino que fueron expedidas para garantizar el pago de los conceptos mencionados. En ese sentido, es inexacto lo que aduce la quejosa en cuanto a que la Sala omitió aplicar la ley correspondiente y tomar en consideración los conceptos de nulidad que hizo valer, puesto que como se dejó precisado, la responsable declaró la validez del requerimiento de pago al estimar infundados los argumentos de la demanda de nulidad, partiendo del supuesto que el requerimiento de pago impugnado reúne los requisitos que prevé el artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, entre ellos, que se acompañaron los documentos que justifican la exigibilidad de las pólizas de fianza de que se trata, y si bien es cierto que en el caso los preceptos aplicables para proceder al cobro de una fianza son los contemplados en la ley de la materia, y que tanto el precepto invocado como los diversos 117 y 130, regulan la exigibilidad de una póliza, también lo es que no se da una inexacta aplicación de esos preceptos, partiendo del hecho que no se acompañó al requerimiento de pago la sentencia en la que se demuestre que se condenó al fiado al pago de la reparación del daño y la sanción pecuniaria. Lo anterior es así, toda vez que las pólizas de fianza números 4002-000004 y 4002-000005, las dos expedidas el cinco de febrero de mil novecientos noventa y ocho, por Afianzadora Obrera, Sociedad Anónima, garantizan la posible reparación del daño y la posible sanción pecuniaria que se pueda imponer al fiado; en tal virtud, se trata de una fianza de naturaleza penal, cuya finalidad consiste en garantizar que el sujeto a proceso cumpla con las obligaciones que le impone la ley, de manera que para el caso de su exigibilidad, se condiciona a que el procesado cumpla con las prevenciones que se contienen en los artículos 567, 568 y 569 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, los cuales prevén lo siguiente: ‘Artículo 567.’ (se transcribe). ‘Artículo 568.’ (se transcribe). ‘Artículo 569.’ (se transcribe). Por consecuencia, como lo señala la Sala Fiscal, del precepto 569 antes transcrito se observa que si el procesado incumple con sus obligaciones se procederá a revocar su libertad caucional y se librará la orden de aprehensión correspondiente, y salvo el caso que cuando el sujeto solicite la revocación de su libertad, se procederá hacer efectiva a favor de la víctima o del ofendido por el delito la garantía relativa a la reparación del daño; en tanto que las que versen sobre las sanciones pecuniarias y para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del proceso, se harán efectivas a favor del Estado, sin que para ello prevea la necesidad de que se dicte sentencia definitiva que condene al procesado a las penas de reparación del daño y pecuniaria. Así, debe señalarse que la autoridad responsable, contrario a lo que expone la quejosa, no se encontraba obligada a observar el contenido del artículo 37 del Código Penal para el Distrito Federal, que prevé que la reparación del daño se mandará hacer efectiva en la misma forma que la multa, una vez que la sentencia que imponga tal reparación cause ejecutoria. Lo anterior, en atención a que el artículo 569 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, es expreso en cuanto a que si durante el proceso se revoca la libertad provisional bajo caución, se procederá a hacer efectivas las garantías otorgadas, incluyendo las relativas a la reparación del daño y la posible sanción pecuniaria; consecuentemente, no se requiere que al requerimiento de pago se acompañe en ese supuesto la sentencia en la que se condenó al fiado a esas sanciones, para proceder a la exigibilidad del pago garantizado a través de las pólizas siendo, por tanto, suficiente que se acompañen los documentos que la hagan exigible, como ocurrió en el asunto que se analiza ... En esas condiciones ... lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado ..." (fojas 101 a 174 ídem).

Amparo directo 49/2002-631

"QUINTO. ... En síntesis, aduce la quejosa que contrario a lo resuelto por la Sala responsable, no puede exigirse el pago de la totalidad de una obligación accesoria, como lo es la fianza, cuando en la sentencia que sustenta la obligación principal se cuantificó un monto menor. El referido concepto de violación resulta infundado, ya que contrario a lo que sostiene la quejosa, la exigibilidad de las fianzas cuyo pago requirió la Tesorería del Distrito Federal no deriva de la sentencia condenatoria de veintiocho de marzo de dos mil dictada por el Juez Cuadragésimo Noveno de Paz Penal, sino del auto en el que se revocó la libertad provisional de los fiados. Lo anterior es así, en atención a las siguientes consideraciones: Las fianzas cuyo cobro impugna la quejosa son del siguiente tenor literal. ... Según lo dispuesto en las propias fianzas expedidas por la quejosa, éstas se emitieron en términos de lo dispuesto por el artículo 556 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, que consagra la procedencia de la libertad provisional ante las agencias del Ministerio Público Federal, previa garantía que se otorgue en los siguientes términos: ‘Artículo 556.’ (se transcribe). Así, las garantías cuyo pago se requiere, fueron otorgadas en términos de la fracción II del artículo transcrito, a fin de cumplir con uno de los requisitos necesarios para que los fiados tuvieran el derecho a ser puestos en libertad provisional bajo caución. Ahora bien, al resolver la contradicción de tesis 60/2001-SS, en sesión de nueve de noviembre de dos mil uno, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que ... Las anteriores consideraciones se recogen en la jurisprudencia 2a./J. 66/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, diciembre de 2001, página 246, cuyos rubro y texto se leen: ‘FIANZAS PENALES. PARA GARANTIZAR LA SANCIÓN PECUNIARIA, NO ES NECESARIO ACOMPAÑAR AL REQUERIMIENTO DE PAGO COPIA CERTIFICADA DE LA SENTENCIA EJECUTORIA QUE LA IMPONE COMO PENA.’ (se transcribe). Así, en el caso que nos ocupa, la exigibilidad de las fianzas no deriva de la sentencia condenatoria de veintiocho de marzo de dos mil dictada por el Juez Cuadragésimo Noveno de Paz Penal, sino del hecho de que ante la omisión de los condenados de presentarse a compurgar su pena, y ante la omisión de la afianzadora de presentarlos ante el juzgador, éste dictó el siguiente acuerdo de diecisiete de abril de dos mil en el que señaló, en lo conducente, lo siguiente: (se transcribe). De lo anterior se advierte claramente que el motivo por el cual se ordenó hacer efectivas las fianzas no fue por haberse dictado sentencia ejecutoria de condena, sino por haberse revocado la libertad provisional bajo caución de que gozaban los fiados. Por ello, resulta irrelevante que la sentencia haya condenado a los fiados al pago de diversas multas, ya que no es el cumplimiento a dicha sentencia lo que se encuentra garantizado por las fianzas, sino la libertad provisional de los fiados, en términos del artículo 556 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, el cual exige para su otorgamiento la exhibición de garantías relativas tanto a la reparación del daño como a las obligaciones procesales y a las sanciones pecuniarias. Bajo este orden de ideas, únicamente en el caso de que los sentenciados se hubiesen presentado a compurgar las penas que les fueron impuestas, las fianzas para garantizar la sanción pecuniaria se hubieran hecho efectivas únicamente por el monto de la multa impuesta, según lo dispone el artículo 572, último párrafo, del Código Federal de Procedimientos Penales para el Distrito Federal: ‘Artículo 572.’ (se transcribe). El precepto que antecede señala la forma en que debe procederse respecto de las fianzas, cuando habiéndose dictado sentencia condenatoria el inculpado se presente a cumplir con ésta, lo que permite deducir que cuando éste no acuda a acatar la sentencia, el Juez de la causa deberá proceder en términos de los artículos 573 y 569 del código en comento, es decir, revocar la libertad provisional y hacer efectiva la fianza en su totalidad. Así, en el caso que nos ocupa, la afianzadora omitió presentar a sus fiados para el cumplimiento de la condena impuesta, tal como le fue requerido, motivo por el cual se revocó la libertad provisional concedida, pues ante el desacato de la afianzadora quejosa, se surtió la hipótesis del artículo 573 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, el cual conviene transcribir de nueva cuenta: ‘Artículo 573.’ (se transcribe). Es decir, independientemente de que exista sentencia ejecutoria o no, cuando el Juez ordene la presentación del inculpado o del sentenciado y ésta no se cumpla, deberá procederse en términos del artículo 569 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, haciéndose efectivas las fianzas que se otorgaron para obtener la libertad provisional. Ahora bien, a foja 16 del expediente de nulidad obra la documental consistente en el auto de diecinueve de mayo de dos mil en el que el Juez Penal señaló: ... De la transcripción que antecede se advierte que la afianzadora quejosa omitió presentar a su fiado, de modo que las fianzas otorgadas le son exigibles en términos del artículo 569 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, por haber incumplido con la obligación que tenía de hacerlo. Por tanto, al haber resultado infundados los conceptos de violación hechos valer por la quejosa, debe negársele el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita." (fojas 177 a 233 ídem).

Las consideraciones vertidas en las anteriores ejecutorias dieron lugar al siguiente criterio aislado:

"FIANZAS OTORGADAS PARA OBTENER LA LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN. SON EXIGIBLES EN SU TOTALIDAD CUANDO EL FIADO INCUMPLE CON LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS CON MOTIVO DEL PROCEDIMIENTO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). Del artículo 569 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, se observa que si el procesado incumple con sus obligaciones se procederá a revocar su libertad caucional y se librará la orden de aprehensión correspondiente, y salvo el caso que cuando el sujeto solicite la revocación de su libertad, se procederá a hacer efectiva a favor de la víctima o del ofendido la garantía relativa a la reparación del daño; en tanto que las que versen sobre las sanciones pecuniarias y para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del proceso, se harán efectivas a favor del Estado, sin que para ello prevea la necesidad de que se dicte sentencia definitiva que condene al procesado a las penas de reparación del daño y pecuniaria. Así, debe señalarse que la autoridad responsable no se encuentra obligada a observar el contenido del artículo 37 del Código Penal para el Distrito Federal, que prevé que la reparación del daño se mandará hacer efectiva en la misma forma que la multa, una vez que la sentencia que imponga tal reparación cause ejecutoria. Lo anterior, en atención a que el artículo 569 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, es expreso en cuanto a que si durante el proceso se revoca la libertad provisional bajo caución, se procederá a hacer efectivas las garantías otorgadas, incluyendo las relativas a la reparación del daño y la posible sanción pecuniaria; consecuentemente, no es necesario que al requerimiento de pago se acompañe en ese supuesto la sentencia en la que se condenó al fiado a esas sanciones, para proceder a la exigibilidad del pago garantizado a través de las pólizas, siendo, por tanto, suficiente que se acompañen los documentos que la hagan exigible."

QUINTO. Por razón de método, ha menester analizar si en el caso concurren los supuestos para que se actualice la contradicción de criterios, pues sólo de esa manera habrá materia para resolver esta denuncia.

Existe contradicción de tesis cuando se evidencia, al menos formalmente, oposición de criterios jurídicos en los que se controvierte la misma cuestión, consiguientemente, la procedencia de ésta dependerá de lo vertido en la parte considerativa de las sentencias, y se estima que ello acontece cuando concurren los siguientes supuestos:

a) Que las cuestiones jurídicas que se examinen al resolver los negocios jurídicos sean esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes;

b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias; y,

c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

Lo anterior, con fundamento en la siguiente tesis jurisprudencial:

Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 26/2001

"Página: 76

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

Ahora bien, las transcripciones de las sentencias (líneas arriba efectuadas) evidencian que sí existe la contradicción de tesis que se denuncia entre el criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito y el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, pues los requisitos que prescribe la ley para que ésta se dé, se colman como enseguida se verá.

En efecto, al resolver los asuntos puestos a su consideración, los tribunales contendientes examinaron la misma cuestión jurídica y adoptaron criterios discrepantes.

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito resolvió que de conformidad con lo establecido en el artículo 350 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla, para gozar de la libertad bajo caución se debe garantizar el monto estimado de la reparación del daño, las sanciones pecuniarias que en su caso puedan imponerse y el cumplimiento de las obli

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18114-7bec402a/fianza-penal-cuando-se-revoca-la-libertad-provisional · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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