SUSPENSIÓN PROVISIONAL. CUANDO SE RECLAMAN ÓRDENES DE DETENCIÓN GIRADAS POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y EL QUEJOSO AÚN NO HA SIDO PRIVADO DE SU LIBERTAD, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE EXIGIR GARANTÍA PARA QUE SURTA EFECTOS AQUÉLLA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 52/2000-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
CUARTO.-El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito estableció su criterio en la ejecutoria dictada al resolver el recurso de queja penal 38/2000, promovido por ... sin que se haya publicado en el Semanario Judicial de la Federación la tesis resultante.
En la ejecutoria antes mencionada, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, sostuvo en la parte que interesa, lo siguiente:
"CUARTO.-Son parcialmente fundados los agravios invocados por la parte recurrente, por las consideraciones siguientes.
"En el primer agravio alega el recurrente ... en síntesis, que resulta indebida la garantía fijada por la Juez de Distrito, al conceder la suspensión provisional del acto reclamado, argumentando que la garantía solamente debe ser fijada tratándose de orden de aprehensión o de presentación girada por autoridades judiciales, lo que no acontece en el caso, por derivar de autoridades dependientes del Ejecutivo del Estado.
"Ahora bien, los anteriores argumentos resultan esencialmente fundados, toda vez que del contenido tanto del escrito de demanda de amparo correspondiente que anexó a su informe la Juez Primero de Distrito en el Estado, como del escrito que originó el presente recurso de queja, se desprende que la orden de aprehensión reclamada se atribuye a autoridades administrativas, entre otras, al procurador general de Justicia en el Estado; situación por lo que es incorrecto el proceder de la Juez de Distrito recurrida, al aplicar en este caso las disposiciones contenidas en el artículo 124 bis, el cual establece: ‘Artículo 124 bis. Para la procedencia de la suspensión contra actos derivados de un procedimiento penal que afecten la libertad personal, el Juez de amparo deberá exigir al quejoso que exhiba garantía, sin perjuicio de las medidas de aseguramiento que estime convenientes. ...’; de donde se desprende que dicha disposición legal se refiere a los actos derivados de un procedimiento penal ante autoridad judicial, hipótesis que en el presente caso no se actualiza; cuestión por la cual no se justifica la imposición de la garantía fijada, toda vez que el artículo 124 bis de la Ley de Amparo no es aplicable al presente caso, al no derivar el acto reclamado, consistente en la orden de aprehensión, de un procedimiento penal ante Juez, sino de una autoridad administrativa, en lo que parece es una investigación previa, de carácter administrativa, en la que por el momento y dada su naturaleza no puede determinarse que el quejoso sea indiciado o que haya participado en la comisión de un delito, y ni siquiera que éste se haya cometido; además, por la hipótesis, no se trata de un caso de detención en flagrancia, sobre el cual se negó la suspensión, ni de urgencia, pues por los antecedentes de la demanda, formulados bajo protesta de decir verdad, transcurrió el tiempo necesario para el despacho de una orden judicial, por lo que la presente orden de detención del quejoso, por su naturaleza, y los supuestos considerados, es inconstitucional por sí misma, y por ello contra su ejercicio no es posible exigir una garantía puesto que ello implica tolerar que se lleven a cabo actos inconstitucionales, a través de la propia suspensión, que es justamente el medio para prevenirlos y mantener el régimen de constitucionalidad a cargo del juicio de amparo.".
QUINTO.-Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito sostuvo su criterio en la ejecutoria dictada al resolver el recurso de queja penal número 8/99, promovido por ... cuya parte que interesa, sostiene lo siguiente:
"CUARTO.-Son infundados los agravios hechos valer.
"En efecto, el artículo 124 bis de la Ley de Amparo señala que para la procedencia de la suspensión contra un acto derivado de un procedimiento penal que afecte la libertad personal del quejoso, el Juez de amparo debe exigir a éste que exhiba garantía, sin perjuicio de las medidas de aseguramiento que crea convenientes.
"Recapitulando, siempre que el acto reclamado que pretenda suspenderse derive de un procedimiento del orden penal, y afecte la libertad personal, el Juez de Distrito está facultado para exigir al quejoso la exhibición de una garantía.
"En el caso, de la demanda de amparo se aprecia que la quejosa manifiesta que de las autoridades ordenadoras (agente del Ministerio Público del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, y agentes del Ministerio Público de los turnos primero, segundo y tercero de la ciudad de San Martín Texmelucan, Puebla), reclama la orden de aprehensión dictada en su contra, por la supuesta comisión del delito de encubrimiento.
"Así, el acto que pretende la quejosa se suspenda, mismo que de ejecutarse afectaría su libertad personal, al parecer deriva de un procedimiento penal, pues se lo atribuye a los agentes del Ministerio Público ya especificados; luego, es inconcuso que el Juez de Distrito está facultado para exigirle exhiba una garantía, como aconteció en la especie, en que le fijó la cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos), en cualquiera de las formas establecidas en la ley, para la procedencia de la suspensión, por ende, se estima correcta la resolución impugnada materia de la presente queja.
"No es obstáculo para la conclusión a que se ha llegado, la circunstancia de que la recurrente manifieste en los agravios que por tratarse de una orden de aprehensión y detención que no ha sido ordenada por autoridad judicial, sino por agentes del Ministerio Público, no puede proceder el requisito de otorgar garantía, pues como ya se estableció en líneas anteriores, el artículo 124 bis de la Ley de Amparo es claro al establecer que para la procedencia de la suspensión contra un acto derivado de un procedimiento penal que restrinja la libertad personal, el Juez de Distrito debe exigir al quejoso que exhiba garantía, sin que dicho precepto legal exima de tal obligación al quejoso cuando el acto reclamado no emane de una autoridad judicial, como sucede en el caso, en que la orden de aprehensión se atribuye a los agentes del Ministerio Público aludidos, pues no debe perderse de vista que tal acto deriva de un procedimiento penal, lo que se confirma si se atiende que el artículo 138, último párrafo, de la legislación acabada de citar, adicionada por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de febrero pasado, señala que: ‘Cuando la suspensión se haya concedido contra actos derivados de un procedimiento penal que afecten la libertad personal, el quejoso tendrá la obligación de comparecer dentro del plazo de tres días ante el Juez de la causa o el Ministerio Público y, en caso de no hacerlo, dejará de surtir efectos la suspensión concedida.’; de allí entonces que la connotación ‘procedimiento penal’ que utiliza la Ley de Amparo, como generadora de actos que afectan la libertad personal, no puede restringirse a los presididos por la autoridad judicial, excluyendo a los de la averiguación previa que practica el Ministerio Público, ya que de lo contrario no se explicaría por qué el legislador impuso al quejoso la obligación de comparecer ante cualquiera de ellas (Juez o Ministerio Público) como consecuencia de la suspensión.
"Por ello, no pueden ser aplicadas a favor de la recurrente ninguna de las tesis que cita, incluso, aquella relativa a que por no existir tercero perjudicado tampoco se debe exigir garantía, ya que con independencia de las razones que se han dado con anterioridad, que por sí solas fundan la ineptitud del argumento de que se trata, es el caso que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la tesis jurisprudencial 16/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, mayo de 1997, página 226, que enseguida se transcribirá, había establecido que la fianza es una de las medidas de aseguramiento que los Jueces de amparo pueden exigir como producto de la suspensión provisional de actos restrictivos de la libertad personal, lo que sin duda se recogió por el legislador ordinario, propiciando la adición del artículo 124 bis de la Ley de Amparo, en el mismo decreto ya referido, en el que expresamente estableció la procedencia de una garantía en casos como el que nos ocupa. La tesis referida dice:
"‘SUSPENSIÓN PROVISIONAL. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE PUEDE IMPONER EL JUEZ DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL.-De los artículos 124, 136 y 138 de la Ley de Amparo se desprende, entre otros aspectos, que la suspensión se decretará cuando no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; que el Juez de amparo tiene las más amplias facultades para fijar las medidas de aseguramiento que estime convenientes, a fin de que el quejoso no se sustraiga a la acción de la justicia y que el otorgamiento de la medida cautelar no constituya un impedimento para la continuación del procedimiento que haya motivado el acto reclamado. Lo anterior lleva a considerar que al proveer respecto de la suspensión de los efectos del acto reclamado, tratándose de la restricción de la libertad personal, es menester que se guarde un prudente equilibrio entre la salvaguarda de esa delicadísima garantía constitucional, los objetivos propios de la persecución de los delitos y la continuación del procedimiento penal, aspectos sobre los que se encuentra interesada la sociedad. Para lograr dicho equilibrio, el artículo 136 de la Ley de Amparo dispone que en los juicios constitucionales en los que se reclamen actos restrictivos de la libertad, el Juez de Distrito dictará las medidas que estime necesarias, tendientes al aseguramiento del quejoso, con el fin de que sea devuelto a la autoridad responsable, en caso de que no se le concediera el amparo que hubiere solicitado, de donde se desprende que los Jueces de Distrito gozan de amplitud de criterio para fijar dichas medidas, tales como exigir fianza; establecer la obligación de que el quejoso proporcione su domicilio, a fin de que se le puedan hacer las citaciones respectivas; fijarle la obligación de presentarse al juzgado los días que se determinen y hacerle saber que está obligado a comparecer dentro de determinado plazo ante el Juez de su causa, debiendo allegar los criterios que acreditan esa comparecencia, o cualquier otra medida que considere conducente para el aseguramiento del agraviado. Asimismo, debe tomarse en cuenta que atento lo preceptuado por el artículo 138 de la Ley de Amparo, en los casos en que la suspensión sea procedente, ésta se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado. Por lo anterior, se concluye que los aludidos requisitos que se impongan al quejoso, al otorgar la suspensión provisional en el juicio de amparo en el que se reclamen actos restrictivos de la libertad personal, son congruentes con los preceptos que regulan la suspensión.’
"Por lo tanto, debe declararse infundada la queja de que se trata."
De la ejecutoria antes transcrita derivó la siguiente tesis aislada:
"Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: X, julio de 1999
"Tesis: VI.P.1 P
"Página: 913
"SUSPENSIÓN EN AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS QUE AFECTEN LA LIBERTAD PERSONAL, DERIVADOS DE UN PROCEDIMIENTO PENAL. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE EXIGIR GARANTÍA, AUN CUANDO DICHOS ACTOS SE ATRIBUYAN AL MINISTERIO PÚBLICO.-El artículo 124 bis de la Ley de Amparo, no exime al quejoso de otorgar garantía cuando el acto restrictivo de la libertad personal, emanado de un procedimiento penal, provenga del Ministerio Público; por el contrario, si el numeral 138, último párrafo, de la citada legislación, señala que cuando la suspensión se haya concedido contra actos derivados de un procedimiento penal que afecte la libertad personal, el quejoso tendrá la obligación de comparecer dentro del plazo de tres días ante el Juez de la causa o el Ministerio Público y en caso de no hacerlo dejará de surtir efectos la suspensión, permite inferir que la connotación ‘procedimiento penal’ que se utiliza en la Ley de Amparo, no puede restringirse a los presididos por la autoridad judicial, excluyendo a los de la averiguación previa que practica el Ministerio Público, ya que de hacer esa excepción no se explicaría por qué entonces el legislador, en ese supuesto, impuso al quejoso la obligación de comparecer ante cualquiera de esas autoridades (Juez o Ministerio Público) como consecuencia de la suspensión, de allí que cuando el acto atentatorio de la libertad personal, emane del procedimiento penal dirigido por el Ministerio Público, a quien se señale como la autoridad ordenadora, el Juez de Distrito debe exigir al quejoso la exhibición de una garantía, para la procedencia de la suspensión, conforme a la disposición contenida en el referido numeral 124 bis.
"TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO.
"Queja 8/99. 11 de mayo de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Diógenes Cruz Figueroa. Secretario: Sergio Guzmán Marín."
SEXTO.-En primer lugar debe determinarse si en el caso existe contradicción de criterios, pues sólo en tal supuesto es dable que esta Sala emita un pronunciamiento en cuanto al fondo de la presente.
Al respecto, debe tenerse en cuenta el contenido de la tesis de jurisprudencia sostenida por la anterior Cuarta Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala que:
"Octava Época
"Instancia: Cuarta Sala
"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: 58, octubre de 1992
"Tesis: 4a./J. 22/92
"Página: 22
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.-De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
"Contradicción de tesis 76/90. Sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero del Cuarto Circuito y Primero del Décimo Noveno Circuito. 12 de agosto de 1991. Cinco votos. Ponente: Ignacio Magaña Cárdenas. Secretario: Néstor Gerardo Domínguez.
"Contradicción de tesis 30/91. Sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto, ambos del Primer Circuito en Materia de Trabajo. 2 de marzo de 1992. Cinco votos. Ponente: Ignacio Magaña Cárdenas. Secretario: Pablo Jesús Hernández Moreno.
"Contradicción de tesis 33/91. Sustentadas por los Tribunales Colegiados Sexto en Materia de Trabajo del Primer Circuito y actualmente Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito. 16 de marzo de 1992. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Ramón Gopar Aragón.
"Contradicción de tesis 71/90. Sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito. 30 de marzo de 1992. Cinco votos. Ponente: Carlos García Vázquez. Secretario: Elías Álvarez Torres.
"Contradicción de tesis 15/91. Sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 17 de agosto de 1992. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Carlos García Vázquez. Secretario: Elías Álvarez Torres.
"Tesis de jurisprudencia 22/92. Aprobada por la Cuarta Sala de este Alto Tribunal en sesión privada celebrada el cinco de octubre de mil novecientos noventa y dos. Unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: presidente Carlos García Vázquez, Juan Díaz Romero, Ignacio Magaña Cárdenas y José Antonio Llanos Duarte. Ausente: Felipe López Contreras, previo aviso.
"Nota: Esta tesis también aparece en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Primera Parte, tesis 178, página 120."
De conformidad con la jurisprudencia transcrita, para que exista contradicción de tesis, deben reunirse los siguientes elementos:
A) Que al resolver los negocios, se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes;
B) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y
C) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
En la especie, todos los extremos anteriores se acreditan, según se expone a continuación:
a) Los dos tribunales cuyos criterios se estudian en la presente, examinan una misma cuestión jurídica, consistente en determinar si en los casos de amparo donde se reclame orden de aprehensión o detención de autoridades administrativas, es preciso fijar garantía para que surta efectos la suspensión del acto reclamado, en términos del artículo 124 bis de la Ley de Amparo.
Al respecto, cada uno de los tribunales adoptó un criterio distinto, ya que el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito sostuvo que no es necesario fijar garantía para que surta efectos la suspensión, en cambio, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito consideró que sí era preciso otorgar dicha garantía.
b) Para sostener sus respectivos criterios, cada uno de los tribunales hizo sus propias consideraciones e interpretaciones jurídicas:
i) El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito estableció que el artículo 124 bis de la Ley de Amparo alude a los actos derivados de un procedimiento penal judicial, siendo que la orden de aprehensión o detención reclamada es un acto de autoridades administrativas.
ii) En cambio, el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito consideró que el artículo 124 bis de la Ley de Amparo no exime al quejoso de otorgar garantía cuando reclame orden de aprehensión o detención de autoridades administrativas, toda vez que el citado precepto legal se refiere a actuaciones dictadas dentro del procedimiento penal, dentro de las cuales se incluyen las del Ministerio Público y estableció también que ello se corrobora con la interpretación relacionada del artículo 124 bis de la Ley de Amparo con el artículo 138, último párrafo, del mismo ordenamiento legal, pues este último señala que cuando la suspensión se haya concedido contra actos derivados de un procedimiento penal que afecte la libertad personal, el quejoso tendrá la obligación de comparecer dentro del plazo de tres días ante el Juez de la causa o el Ministerio Público y en caso de no hacerlo dejará de surtir efectos la suspensión, lo que permite inferir que la connotación "procedimiento penal" que utiliza la Ley de Amparo no puede restringirse a los actos presididos por la autoridad judicial, ya que de hacer esa excepción no se explicaría por qué entonces el legislador, en ese supuesto, impuso al quejoso la obligación de comparecer ante cualquiera de esas dos autoridades -Juez o Ministerio Público-.
c) Y, finalmente, los diferentes criterios provienen del examen de los mismos elementos, dado que los dos Tribunales Colegiados sostuvieron su criterio interpretando el artículo 124 bis de la Ley de Amparo.
De conformidad con lo expuesto, queda de manifiesto que en la especie sí existe la contradicción de criterios denunciada y que la misma estriba en determinar si en los casos de amparo donde se reclame orden de aprehensión o detención de autoridades administrativas, es preciso fijar garantía para que surta efectos la suspensión provisional del acto reclamado, en términos del artículo 124 bis de la Ley de Amparo.
SÉPTIMO.-Para estar en condiciones de resolver la presente contradicción, será preciso referirse a los diversos temas que se involucran en la problemática planteada.
En primer lugar, conviene recordar la distinción tradicional que subsiste entre el procedimiento penal y el proceso penal. El primero de ellos engloba a todo el conjunto de actividades y formas regidas por el derecho penal, que se inician desde que la autoridad ministerial tiene conocimiento de que se ha cometido un delito y lo investiga, y se prolonga hasta el pronunciamiento de la sentencia definitiva.
A manera de ilustración, conviene transcribir el artículo 1o. del Código Federal de Procedimientos Penales, el cual menciona los procedimientos penales que regula, a saber: el de averiguación previa, preinstrucción, instrucción, primera y segunda instancia, ejecución y los relativos a inimputables, menores y a quienes tienen el hábito o la necesidad de consumir estupefacientes o psicotrópicos:
"Artículo 1o. El presente código comprende los siguientes procedimientos:
"I. El de averiguación previa a la consignación a los tribunales, que establece las diligencias legalmente necesarias para que el Ministerio Público pueda resolver si ejercita o no la acción penal;
"II. El de preinstrucción, en que se realizan las actuaciones para determinar los hechos materia del proceso, la clasificación de éstos conforme al tipo penal aplicable y la probable responsabilidad del inculpado, o bien, en su caso, la libertad de éste por falta de elementos para procesar;
"III. El de instrucción, que abarca las diligencias practicadas ante y por los tribunales con el fin de averiguar y probar la existencia del delito, las circunstancias en que hubiese sido cometido y las peculiares del inculpado, así como la responsabilidad o irresponsabilidad penal de éste;
"IV. El de primera instancia, durante el cual el Ministerio Público precisa su pretensión y el procesado su defensa ante el tribunal, y éste valora las pruebas y pronuncia sentencia definitiva;
"V. El de segunda instancia ante el tribunal de apelación, en que se efectúan las diligencias y actos tendientes a resolver los recursos;
"VI. El de ejecución, que comprende desde el momento en que cause ejecutoria la sentencia de los tribunales hasta la extinción de las sanciones aplicadas;
"VII. Los relativos a inimputables, a menores y a quienes tienen el hábito o la necesidad de consumir estupefacientes o psicotrópicos.
"Si en cualquiera de esos procedimientos algún menor o incapaz se ve relacionado con los hechos objeto de ellos, sea como autor o partícipe, testigo, víctima u ofendido, o con cualquier otro carácter, el Ministerio Público o el tribunal respectivo suplirán la ausencia o deficiencia de razonamientos y fundamentos que conduzcan a proteger los derechos que legítimamente puedan corresponderles."
En cambio, el proceso penal forma parte del procedimiento penal y se refiere exclusivamente a la actuación del juzgador tendente a resolver si un hecho es o no delito, determinar la responsabilidad o irresponsabilidad penal de las personas acusadas ante ellos e imponer las penas y medidas de seguridad que procedan conforme a la ley penal. Dicho en otras palabras, es el conjunto de actos conforme a los cuales el Juez, aplicando la ley, resuelve el conflicto de intereses sometido a su conocimiento por el Ministerio Público; de ahí entonces que el proceso penal inicie con la consignación ante el Juez competente y concluya con la sentencia que se dicte en segunda instancia por los tribunales.
En este punto conviene señalar que el artículo 4o. del Código Federal de Procedimientos Penales hace la distinción entre procedimiento penal y proceso penal, para establecer que sólo cuatro de los procedimientos a los que se refiere su artículo 1o. integran el proceso penal:
"Artículo 4o. Los procedimientos de preinstrucción, instrucción y primera instancia, así como la segunda instancia ante el tribunal de apelación, constituyen el proceso penal federal, dentro del cual corresponde exclusivamente a los tribunales federales resolver si un hecho es o no delito federal, determinar la responsabilidad o irresponsabilidad penal de las personas acusadas ante ellos e imponer las penas y medidas de seguridad que procedan con arreglo a la ley. ..."
La distinción entre procedimiento penal y proceso penal (este último también llamado en algunas legislaciones "procedimiento judicial") igualmente la sustentan los Códigos de Procedimientos Penales de diversas entidades federativas, como lo son: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.
Por su parte, aunque las legislaciones de procedimientos penales de Campeche, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo y Tlaxcala no establecen expresamente la diferencia entre procedimiento penal y proceso penal, sí denominan como "procedimiento penal" a la actividad que realizan el Ministerio Público y la Policía Judicial durante la etapa de averiguación previa, o bien, como proceso penal, a las actuaciones que desarrollan los Jueces y tribunales.
Lo anterior de cualquier modo nos lleva a concluir que las actividades que durante la averiguación previa desempeñan tanto el Ministerio Público como las autoridades administrativas a su cargo, son características del procedimiento penal, y que las desempeñadas por el juzgador corresponden por antonomasia al proceso penal.
Por lo que respecta a la averiguación previa, se trata de la primera fase procedimental penal durante la cual el órgano investigador realiza todas aquellas diligencias necesarias para comprobar, en su caso, los elementos del tipo penal y la probable responsabilidad del inculpado, a fin de optar por el ejercicio o la abstención de ejercitar la acción penal.
No obstante que la función del Ministerio Público y de las autoridades administrativas que con él intervienen en la averiguación previa es fundamentalmente de investigación, existen algunos casos autorizados por la Constitución General en los cuales tales autoridades pueden detener o privar de la libertad al indiciado, sin que exista previamente una determinación judicial al respecto. Dichas facultades se encuentran normadas en la parte conducente del artículo 16 constitucional:
"Artículo 16. ...
"No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado.
"La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del Juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal.
"En los casos de delito flagrante, cualquier persona puede detener al indiciado poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad inmediata y ésta, con la misma prontitud, a la del Ministerio Público.
"Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder.
"En casos de urgencia o flagrancia, el Juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley.
"Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial; este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal. ..."
La regla general es que sólo la autoridad judicial puede librar una orden de aprehensión y, por tanto, afectar la libertad personal de los particulares. Las dos excepciones que contempla la norma constitucional son las siguientes:
a) En los casos de delito flagrante, cualquier persona puede detener al indiciado, para finalmente ponerlo a disposición del Ministerio Público.
b) En casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder.
Por tanto, sólo en los dos supuestos anteriormente mencionados -flagrancia o extrema urgencia-, cabe la posibilidad de que el Ministerio Público, a través de la Policía Judicial, ordene o proceda a la detención de una persona sin que exista una previa orden de aprehensión.
Ahora bien, cuando se solicita el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la orden de detención proveniente de autoridades administrativas, hay que tomar en cuenta, para efectos de la suspensión, las siguientes hipótesis:
a) Si el quejoso ya fue privado de su libertad y el acto reclamado proviene de autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, será puesto sin demora a disposición
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7364-20c30219/suspension-provisional-cuando-se-reclaman-ordenes-de-detencion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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