SUSPENSIÓN DEFINITIVA. SU OTORGAMIENTO, TRATÁNDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL, NO DEPENDE DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO DECRETADAS POR EL JUEZ DE DISTRITO EN LA PROVISIONAL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 14/2000-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO.-El Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, con residencia en Torreón, Coahuila, al resolver el trece de enero de dos mil, en revisión, el incidente de suspensión 565/99, promovido por ... en lo que interesa, sustentó las siguientes consideraciones:
"TERCERO.-Son parcialmente fundados los agravios, suplidos en la parte que resultan deficientes, en términos de lo dispuesto por el artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, por lo que se estima procedente modificar la interlocutoria que se revisa.-Consta de autos que ... acudió ante el Juez Primero de Distrito en La Laguna, solicitando el amparo y la protección federal contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal, agente del Ministerio Público adscrito a tal juzgado, y agente 'A' de la Policía Ministerial del Primer Distrito, todos con residencia en Torreón, Coahuila; a la primera de las autoridades nombradas le atribuyó el dictado de una orden de aprehensión en su contra y a las autoridades restantes la ejecución de la misma; asimismo, solicitó la suspensión de los actos reclamados. El Juez de Distrito concedió la suspensión provisional, estableciendo que la quejosa debería presentarse ante el Juez de la causa dentro del término de tres días a rendir su declaración preparatoria y también otorgar garantía por un mil pesos; la quejosa otorgó la garantía fijada. Oportunamente el Juez de Distrito dictó resolución incidental en la que concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados 'para el efecto de que una vez que sea aprehendida la quejosa ... con motivo de la orden de aprehensión librada en su contra por la autoridad judicial responsable, quede a disposición de este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, únicamente por lo que a su libertad personal se refiere y a disposición del Juez de la causa por lo que hace a la continuación del procedimiento en el lugar en que sea recluida'.-Esta determinación constituye la materia del presente recurso de revisión.-En sus inconformidades, sostiene en síntesis la inconforme que no debió ordenarse que se hiciera efectiva la garantía otorgada, porque no se le apercibió de manera personal que debería presentarse ante las autoridades señaladas como responsables, además de que éstas rindieron sus informes dos días antes de la audiencia incidental, por lo que no se tenía la certeza de la existencia de una orden de aprehensión.-Son infundados los argumentos propuestos, en atención a que si bien en el expediente relativo al incidente de suspensión no aparece la notificación realizada a la quejosa del auto en el que se le concede la suspensión provisional, se le fija el monto de la garantía que debe otorgar y se le señala que debe presentarse ante el Juez de la causa a rendir su declaración, no menos cierto es que sí existen datos que permiten determinar que la quejosa tuvo conocimiento de ese proveído, puesto que mediante escrito de fecha diecinueve de octubre de mil novecientos noventa y nueve, la peticionaria de amparo acudió ante el Juez de Distrito a otorgar la garantía que le fue requerida, y solicitó copia del auto en el que se le otorgó la suspensión provisional, mismo auto que le requiere para que otorgue garantía y se presente ante el Juez de la causa; por lo que es evidente que si tuvo conocimiento de que debía otorgar garantía, también lo tuvo de que debía presentarse ante el Juez del conocimiento.-No es óbice a lo anterior, el que las autoridades hubieran rendido su informe dos días antes de la audiencia incidental, pues la propia quejosa, en su demanda de garantías, señaló como acto reclamado la orden de aprehensión que atribuyó al Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal de Torreón, Coahuila.-Por otra parte, en observancia a lo determinado por el artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, debe modificarse la resolución incidental combatida, toda vez que en los términos en que fue concedida la medida suspensiva hace nugatorios sus efectos, pues permitir la aprehensión de la quejosa en virtud de la orden girada por la responsable, aun cuando quede a disposición del Juez Federal, en cuanto a su libertad personal, equivale a permitir la restricción de la libertad de la quejosa por haber incumplido con las medidas de aseguramiento decretadas al concederle la suspensión provisional, sin tomar en cuenta que el incumplimiento a las obligaciones que se impusieron conlleva como sanción que deje de surtir efectos la suspensión provisional decretada; luego, este argumento no debe invocarse para permitir la restricción de la libertad de un individuo, pues uno de los fines de la suspensión es la salvaguarda de la persona para evitar los atentados que pudiera traer consigo la restricción de la libertad por parte de las autoridades, y cuando como en el caso se reúnen los requisitos que exige el artículo 124 de la Ley de Amparo, la suspensión debe concederse para que la quejosa no sea detenida, puesto que el delito que se le atribuye en la orden de aprehensión admite la libertad provisional bajo caución.-Así pues, no es obstáculo para sostener lo anterior, el hecho de que la impetrante de amparo hubiera incumplido con la obligación que la Juez de Distrito le impuso al concederle la suspensión provisional, en el sentido de que se presentara dentro del término de tres días ante el Juez de la causa a rendir su declaración preparatoria, pues el incumplimiento de esa obligación sólo tiene como consecuencia que la suspensión provisional concedida deje de surtir efectos, quedando expedita la jurisdicción de la autoridad para ejecutar la orden reclamada, pero de ninguna manera puede considerarse que el incumplimiento de las medidas de aseguramiento decretadas en la suspensión provisional, pueda invocarse para que, de hecho, se permita la restricción de la libertad de una persona cuando el delito que se le atribuye no es de los catalogados como graves, y en el caso se reúnen las exigencias del artículo 124 de la Ley de Amparo; de tal suerte que si la propia Juez de Distrito conviene en que tales requisitos se encuentran reunidos, la suspensión definitiva debió concederse sólo con la imposición de las medidas de aseguramiento que resultan pertinentes.-Con lo anterior no se desconoce que las medidas de aseguramiento se encuentran dentro de las facultades discrecionales del Juez de Distrito; sin embargo, tales atribuciones no son omnímodas, pues su límite se desprende de la redacción del artículo 136 de la Ley de Amparo, en cuanto determina que tratándose de órdenes de aprehensión el Juez deberá tomar las medidas que estime necesarias para el aseguramiento del quejoso, a efecto de que pueda ser devuelto al órgano judicial en caso de que se le negara el amparo solicitado; por tanto, el Juez de Distrito no debe tomar medidas de aseguramiento tan rígidas, como permitir la detención de la quejosa, pues al hacerlo haría nugatoria la providencia suspensional y significa un exceso a los límites que dispone el artículo referido en el párrafo cuarto, porque éste sólo prevé que las medidas de aseguramiento se tomen para que sea devuelto el quejoso a la responsable en el caso de que, después de seguido el juicio de amparo en toda su secuela, se le negara la protección constitucional y, además, el propio artículo en el párrafo quinto dispone que en casos de órdenes de aprehensión por delitos que no permitan la libertad bajo caución, la suspensión, al concederse, sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del Juez de Distrito, en el lugar que éste designe, por lo que hace a su libertad personal, quedando a disposición del Juez de la causa por lo que atañe a la continuación del proceso; sin embargo, como se dijo con antelación, en la especie, el delito que se le atribuye a la quejosa es el de fraude que no está considerado como delito grave por el artículo 197 C del Código de Procedimientos Penales de Coahuila y, por tanto, alcanza el beneficio de la libertad provisional bajo caución y, en consecuencia, las medidas de aseguramiento que el Juez de Distrito dicte deberán ser acordes a lo que dispone el artículo 136, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo.-Así pues, la actitud omisa de la quejosa respecto al cumplimiento de las obligaciones impuestas por la Juez de amparo para que opere la suspensión provisional, sólo tiene como consecuencia que tal medida cautelar deje de surtir efectos, pero al dictarse la resolución en la suspensión definitiva, tal actitud omisa no puede tomarse en cuenta, pues constituye un diverso estadio procesal independiente del anterior, y en el cual el Juez, dentro de los límites que marca el artículo 136 de la Ley de Amparo, debe asegurarse que una vez que se dicte sentencia de fondo, si se niega a la quejosa el amparo solicitado, el quejoso pueda ser devuelto a la jurisdicción del Juez de la causa.-Resulta de aplicación al caso la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, cuyo criterio se comparte por este tribunal, y que puede consultarse en la página 955 del Tomo III, junio de 1996, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente:
"'SUSPENSIÓN DEFINITIVA. LAS MEDIDAS CAUTELARES PARA EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL SON INDEPENDIENTES DE LAS SEÑALADAS PARA EL OTORGAMIENTO DE LA.-La suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo, tiene dos estadios procesales, uno para la provisional y otro para la definitiva, por tanto las condiciones que se fijan en una o en otra son independientes, por lo que los requisitos para otorgar la medida cautelar definitiva no pueden depender del incumplimiento de los que se hubiesen fijado al conceder la suspensión provisional, pues en todo caso, debe observarse que se encuentran satisfechos los requisitos que para su procedencia señala el artículo 124 de la Ley de Amparo y dictar las medidas necesarias para el aseguramiento del peticionario, vigilando su cumplimiento, para que el Juez de Distrito pueda ponerlo a disposición de la autoridad responsable, si le fuere negado el amparo.'
"En las condiciones apuntadas, este tribunal difiere del criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito en la tesis de jurisprudencia visible en la página 740 del Tomo III, junio de 1996, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice:
"'SUSPENSIÓN DEFINITIVA, EFECTOS DE LA, CUANDO EL QUEJOSO NO CUMPLE CON LAS MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO DECRETADAS EN LA PROVISIONAL.-Si el Juez de amparo, en la suspensión provisional, ordena que el quejoso comparezca ante el Juez de la causa para el efecto de rendir su declaración preparatoria, y no existe prueba en autos de que así lo hubiese hecho, la suspensión definitiva es correcta si se concede para el efecto de que el quejoso quede a disposición del Juez de Distrito en el lugar que éste señale, únicamente en lo que se refiere a la libertad personal, quedando a disposición de la autoridad que deba juzgarlo para los efectos de la continuación del procedimiento; esto es, independientemente de que la orden de aprehensión reclamada se refiera a delitos sancionados con pena cuyo término medio aritmético no sea mayor de cinco años de prisión, toda vez que al no haber cumplido el quejoso con las medidas de aseguramiento decretadas al concedérsele la suspensión provisional, se presume válidamente que pretende evadirse a la acción de la justicia, máxime que con su actitud paraliza el procedimiento penal el cual es de orden público, por lo que el Juez de Distrito, ante tal situación y para que no quede paralizado el procedimiento penal, debe ordenar el internamiento del quejoso en el lugar de detención respectivo, ante el desacato referido.'
"En el criterio que se cita, el homólogo de referencia sostiene que si en la suspensión provisional se impone como medida cautelar la obligación para el quejoso de que comparezca ante el Juez de la causa para el efecto de rendir su declaración preparatoria, y no existe prueba en autos de que así lo hubiese hecho, ese motivo es suficiente para que al concederse la suspensión definitiva, sea para el efecto de que el quejoso quede a disposición del Juez de Distrito, en el lugar que éste señale, únicamente en lo que se refiere a la libertad personal, quedando a disposición de la autoridad que deba juzgarlo para los efectos de la continuación del procedimiento; sin embargo, como se expuso en el cuerpo de esta resolución, este tribunal estima que la facultad discrecional del Juez de Distrito para fijar las medidas de aseguramiento que estime apropiadas no es omnímoda, pues debe apegarse a los límites que señala el artículo 136 de la Ley de Amparo, y tratándose de órdenes de aprehensión por delitos que alcanzan el beneficio de la libertad provisional bajo caución, el Juez no debe fijar medidas de aseguramiento que permitan la restricción de la libertad del quejoso, aun cuando se incumpla con las medidas que se fijaron en la provisional, pues se trata de estadios procesales diversos; además de que el incumplimiento del peticionario de amparo conlleva su propia sanción, como lo es el que la suspensión provisional concedida deje de surtir sus efectos; por lo anterior, el criterio del Juez para decretar las medidas de aseguramiento no puede desvincularse de la gravedad de la infracción supuestamente cometida por el quejoso, pues según lo dispuesto por el artículo 136 de la Ley de Amparo, ese hecho deberá servir de base para establecer las medidas de aseguramiento procedentes; de tal suerte que el criterio que al respecto se externe debe tomar en cuenta si la orden de aprehensión reclamada se refiere o no a delitos que alcancen el beneficio de la libertad provisional bajo caución, además de que al decretarse la suspensión definitiva, el Juez de Distrito, atendiendo lo dispuesto por el artículo 138 de la Ley de Amparo, debe fijar como medida de aseguramiento que la quejosa se presente ante el Juez de la causa a rendir su declaración, en el entendido de que si no lo hace la medida cautelar decretada dejará de surtir efectos; por tanto, es evidente que si la quejosa cumple con la obligación impuesta en la suspensión definitiva, el procedimiento penal no quedará paralizado; de tal suerte que tampoco esta razón que se sostiene en la jurisprudencia citada es válida para permitir la restricción de la libertad de una persona sin que se hubiera establecido la constitucionalidad de la orden de aprehensión reclamada; por las razones que anteceden, deberá denunciarse la contradicción de tesis correspondiente.-Por lo anterior, se estima procedente modificar la resolución interlocutoria combatida, determinándose que se concede a ... la suspensión definitiva solicitada, a fin de que no sea privada de su libertad, quedando a disposición del Juzgado Primero de Distrito en La Laguna en cuanto a su libertad personal y ante el Juez de la causa para la continuación del proceso; la medida suspensional otorgada operará desde luego, tal como lo dispone el artículo 139, párrafo primero, de la Ley de Amparo, y continuará operando hasta en tanto se notifique a la responsable la resolución que en definitiva se dicte en cuanto al fondo del amparo, pero dejará de surtirlos si la quejosa no comparece en el plazo de tres días, a partir del momento en que sea notificada de la presente resolución, ante el Juez de la causa a rendir su declaración preparatoria; asimismo, deberá otorgar garantía por la cantidad de $1,000.00 (un mil pesos) ante el Juez Federal, en cualquiera de las formas establecidas por la ley, en la inteligencia que de no cumplir con las obligaciones que se le imponen, la medida cautelar concedida dejará de surtir efectos, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 136, 138 y 139 de la ley reglamentaria del juicio de garantías."
TERCERO.-Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el quince de marzo de mil novecientos noventa y seis el incidente de suspensión correspondiente al toca número 75/96, promovido por ... y el quince de febrero de mil novecientos noventa y cinco el incidente de suspensión número 47/95, promovido por ... emitió la tesis aislada, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente:
Novena Época. Instancia: Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: III, junio de 1996. Tesis: I.3o.P.5 P. Página: 955.
"SUSPENSIÓN DEFINITIVA. LAS MEDIDAS CAUTELARES PARA EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL SON INDEPENDIENTES DE LAS SEÑALADAS PARA EL OTORGAMIENTO DE LA.-La suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo, tiene dos estadios procesales, uno para la provisional y otro para la definitiva, por tanto las condiciones que se fijan en una o en otra son independientes, por lo que los requisitos para otorgar la medida cautelar definitiva no pueden depender del incumplimiento de los que se hubiesen fijado al conceder la suspensión provisional, pues en todo caso, debe observarse que se encuentran satisfechos los requisitos que para su procedencia señala el artículo 124 de la Ley de Amparo y dictar las medidas necesarias para el aseguramiento del peticionario, vigilando su cumplimiento, para que el Juez de Distrito pueda ponerlo a disposición de la autoridad responsable, si le fuere negado el amparo.
"TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
"Amparo en revisión 75/96. 15 de marzo de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos de Gortari Jiménez. Secretaria: Martha Yolanda García Verduzco.
"Amparo en revisión 47/95. 15 de febrero de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos de Gortari Jiménez. Secretaria: Martha Yolanda García Verduzco."
En las ejecutorias, el Tribunal Colegiado en comento sostuvo similar criterio, bajo las siguientes consideraciones:
En el incidente de suspensión número 75/96:
"TERCERO.-Son fundados los anteriores agravios, supliendo su deficiencia en términos de lo dispuesto por el artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo.-En efecto, el Juez de Distrito concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados, para el único efecto de que una vez aprehendido el quejoso, en el lugar donde sea recluido, quede a disposición de ese juzgado por cuanto a su libertad personal se refiere y a disposición del Juez de la causa para la continuación del procedimiento que se le instruye; ello, en razón de que para el otorgamiento de la suspensión provisional se señalaron como medidas cautelares el que exhibiera ante ese juzgado billete de depósito por la cantidad de N$2,000.00 (dos mil nuevos pesos), se presentara a firmar en el libro de control de suspensiones que se tramita en ese juzgado los días lunes de cada semana o el siguiente día hábil si aquél no lo fuera, y compareciera ante el Juez de la causa dentro de los tres días hábiles siguientes al en que se tuvo por otorgada la garantía para rendir su declaración preparatoria, debiendo recabar constancia de ello y exhibirla al cuarto día en ese Juzgado de Distrito, y sólo cumplió con las dos primeras de las medidas impuestas.-Ahora bien, conforme a los artículos 130 y 131 de la Ley de Amparo, la suspensión tiene dos estadios procesales, uno para la provisional y otro para la definitiva, por tanto, las condiciones que se fijen en una o en otra son independientes, por lo que los requisitos para otorgar la medida cautelar definitiva no pueden depender del incumplimiento de los que se hubiesen fijado al conceder la suspensión provisional; en consecuencia, deben estudiarse los efectos para los que se concede la suspensión definitiva sin hacer referencia a lo ocurrido con la suspensión provisional y sin perjuicio de las facultades que tiene el Juez de Distrito para fijar las medidas necesarias para el aseguramiento del peticionario y vigilar su cumplimiento, a fin de que esté en posibilidades de ponerlo a disposición de la autoridad responsable si le fuere negado el amparo; por lo que, en todo caso, debe observarse que se encuentren satisfechos los requisitos que para su procedencia señala el artículo 124 de la Ley de Amparo, porque de no hacerlo, y de concederse la suspensión definitiva en los términos en que lo hizo el a quo, esto es, sobre la base de que no se cumplieron los requisitos fijados para la provisional, esa consideración carece de fundamento y causa al quejoso el consiguiente agravio.-Además, debe hacerse notar que la tesis que cita el Juez de Distrito expresa un criterio ya derogado, al señalar que la orden de aprehensión reclamada se refiere a delitos sancionados con pena cuyo término aritmético no sea mayor de cinco años de prisión, pues el vigente sólo se refiere a delitos graves.-Consecuentemente, procede revocar el auto de suspensión definitiva que se revisa y ordenar al Juez de Distrito que resuelva sobre los efectos de la suspensión definitiva sin hacer referencia a lo ocurrido en la suspensión provisional, criterio que ha sostenido este Tercer Tribunal Colegiado al resolver el incidente en revisión número 47/95."
En el incidente de suspensión número 47/95:
"TERCERO.-Son parcialmente fundados los anteriores agravios.-En efecto, la Juez de Distrito concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados, para el único efecto de que una vez aprehendido el quejoso, en el lugar donde sea recluido, quede a disposición de ese juzgado por cuanto a su libertad personal se refiere y a disposición del Juez de la causa para la continuación del procedimiento que se le instruye; ello, en razón de que para el otorgamiento de la suspensión provisional se señalaron como medidas cautelares el que exhibiera ante ese juzgado billete de depósito por la cantidad de N$2,500.00 (dos mil quinientos nuevos pesos), se presentase a firmar en el libro de control de suspensiones que se tramita en ese juzgado los días lunes de cada semana o el siguiente día hábil si aquél no lo fuera, y compareciera ante la autoridad responsable ordenadora las veces que fuera requerido para ello, y sólo cumplió con la primera de las medidas impuestas.-Ahora bien, conforme a los artículos 130 y 131 de la Ley de Amparo, la suspensión tiene dos estadios procesales, uno para la provisional y otro para la definitiva, por tanto, las condiciones que se fijen en una o en otra son independientes, por lo que los requisitos para otorgar la medida cautelar definitiva no pueden depender del incumplimiento de los que se hubiesen fijado al conceder la suspensión provisional; en consecuencia, deben estudiarse los efectos para los que se concede la suspensión definitiva sin hacer referencia a lo ocurrido con la suspensión provisional y sin perjuicio de las facultades que tiene el Juez de Distrito para fijar las medidas necesarias para el aseguramiento del peticionario y vigilar su cumplimiento, a fin de que esté en posibilidades de ponerlo a disposición de la autoridad responsable, si le fuere negado el amparo; por lo que, en todo caso, debe observarse que se encuentren satisfechos los requisitos que para su procedencia señala el artículo 124 de la Ley de Amparo, porque de no hacerlo, y de concederse la suspensión definitiva en los términos en que lo hizo el a quo, esto es, sobre la base de que no se cumplieron los requisitos fijados para la provisional, esa consideración carece de fundamento y causa al quejoso el consiguiente agravio.-Consecuentemente, procede revocar el auto de suspensión definitiva que se revisa y ordenar al Juez de Distrito que resuelva sobre los efectos de la suspensión definitiva sin hacer referencia a lo ocurrido en la suspensión provisional."
CUARTO.-Por otro lado, el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con residencia en Puebla, Estado del mismo nombre, al resolver los amparos en revisión 434/89, 102/90, 429/93, 41/94 y 128/96, dio origen a la jurisprudencia que a continuación se transcribe:
Novena Época. Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: III, junio de 1996. Tesis: VI.2o. J/52. Página: 740.
"SUSPENSIÓN DEFINITIVA, EFECTOS DE LA, CUANDO EL QUEJOSO NO CUMPLE CON LAS MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO DECRETADAS EN LA PROVISIONAL.-Si el Juez de amparo, en la suspensión provisional, ordena que el quejoso comparezca ante el Juez de la causa para el efecto de rendir su declaración preparatoria, y no existe prueba en autos de que así lo hubiese hecho, la suspensión definitiva es correcta si se concede para el efecto de que el quejoso quede a disposición del Juez de Distrito en el lugar que éste señale, únicamente en lo que se refiere a la libertad personal, quedando a disposición de la autoridad que deba juzgarlo para los efectos de la continuación del procedimiento; esto es, independientemente de que la orden de aprehensión reclamada se refiera a delitos sancionados con pena cuyo término medio aritmético no sea mayor de cinco años de prisión, toda vez que al no haber cumplido el quejoso con las medidas de aseguramiento decretadas al concedérsele la suspensión provisional, se presume válidamente que pretende evadirse a la acción de la justicia, máxime que con su actitud paraliza el procedimiento penal el cual es de orden público, por lo que el Juez de Distrito, ante tal situación y para que no quede paralizado el procedimiento penal, debe ordenar el internamiento del quejoso en el lugar de detención respectivo, ante el desacato referido.
"SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.
"Amparo en revisión 434/89. 17 de enero de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Jorge Núñez Rivera.
"Amparo en revisión 102/90. 17 de abril de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.
"Amparo en revisión 429/93. 9 de septiembre de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Mario Machorro Castillo.
"Amparo en revisión 41/94. 24 de febrero de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Nelson Loranca Ventura.
"Amparo en revisión 128/96. 9 de mayo de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: José Mario Machorro Castillo, en funciones de Magistrado por ministerio de ley. Secretaria: Hilda Tame Flores."
Las ejecutorias del Tribunal Colegiado en cita contienen criterios similares, según las consideraciones que a continuación se transcriben:
I. Amparo en revisión 434/89, promovido por ... resuelto el diecisiete de enero de mil novecientos noventa; en lo conducente, las consideraciones aluden a lo siguiente:
"Son infundados los agravios transcritos.- ... reclamó la orden de aprehensión dictada en su contra por el Juez de lo Criminal de Ocotlán, Jalisco, agente del Ministerio Público, comandante de la Policía Judicial, alcaide de la cárcel municipal, todos de la referida población y coordinador de la Policía Judicial del Estado de Puebla, la ejecución de tal mandamiento; habiendo solicitado la suspensión provisional de los actos reclamados.-Por resolución de seis de octubre de mil novecientos ochenta y nueve, el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Puebla, a quien correspondió conocer de la referida demanda de amparo, concedió al quejoso la suspensión provisional de los actos reclamados, para el efecto de que no fuera privado de su libertad personal por las autoridades responsables, hasta en tanto no se les notificara la resolución que se pronunciara sobre la suspensión definitiva; en la inteligencia de que el amparista quedaría a disposición del Juzgado de Distrito por lo que hace a su libertad personal y del Juez instructor para la prosecución de la causa que se le instruye; asimismo, determinó que debería presentarse dentro del término de tres días ante el Juez responsable a rendir su declaración preparatoria, a comparecer ante el mismo cuantas veces fuera requerido y que debía abstenerse de ausentarse del lugar del juicio, condicionando la medida cautelar a que el delito imputado al quejoso no se sancione con pena corporal que en su término medio aritmético exceda de cinco años de prisión, en cuyo caso la suspensión provisional sólo surtiría efectos para que éste de propia voluntad ingresara a la cárcel distrital correspondiente, en donde quedaría a disposición del Juez a quo en cuanto a su persona e integridad física, y del Juez del proceso para la continuación del mismo; por último, determinó que si el solicitante de garantías no cumplía con los anteriores requisitos, en el término concedido, las autoridades responsables quedaban en aptitud de ejecutar la orden de aprehensión reclamada.-El Juez de lo Criminal de Ocotlán, Jalisco y el jefe de Grupo de la Policía Judicial del citado Estado, con residencia en la referida población, en sus informes justificados manifestaron ser ciertos los actos reclamados por el quejoso, expresando la primera autoridad que se le está instruyendo el proceso penal 140/89 B, por el delito de fraude cometido en agravio de Hugo Navarro Rincón, siendo el monto del beneficio obtenido por el quejoso de siete millones trescientos treinta y ocho mil novecientos treinta pesos. Por su parte, el coordinador de la Policía Judicial del Estado de Puebla negó los actos que se le reclaman.-Ahora bien, el artículo 136 de la Ley de Amparo establece:
"'Artículo 136. Si el acto reclamado afecta la libertad personal, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del Juez de Distrito, únicamente en cuanto a ella se refiera, quedando a disposición de la autoridad que deba juzgarlo, cuando el auto emane de un procedimiento del orden penal por lo que hace a la continuación de éste.-Cuando el acto reclamado consista en la detención del quejoso efectuada por autoridades a
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7495-75cec564/suspension-definitiva-su-otorgamiento-tratandose-de-actos-restrictivos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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