AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN EN QUE SE CONCEDE CUANDO EL TRIBUNAL RESPONSABLE QUE EMITE LA SENTENCIA RECLAMADA ES INCOMPETENTE POR RAZÓN DE FUERO. AMPARO DIRECTO PENAL. PROCEDE INTRODUCIR EN EL JUICIO EL EXAMEN DE INCOMPETENCIA DE LA RESPONSABLE.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 119/2002-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO EN CONTRA DEL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO Y DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
CUARTO. En términos de la jurisprudencia plenaria 26/2001 (de rubro "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 76), deben concurrir los siguientes supuestos para que exista contradicción de tesis: a) que al resolver los negocios se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
Sobre la base de las reglas mencionadas, lo que procede es examinar si en la especie existe o no contradicción de tesis entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito y por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, por una parte, y por otra, por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito y por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.
Para ese efecto, el presente estudio se dividirá en seis considerandos más -quinto a décimo-, a fin de establecer cuáles son los problemas jurídicos examinados por cada uno de los tribunales contendientes y estar en posibilidad de discernir si existe contradicción entre ellos. Se iniciará con una exposición sumaria de las nociones de cosa juzgada y de los principios non bis in idem y non reformatio in peius, necesarios para una mejor comprensión del problema. Se proseguirá con la presentación de la tesis del tribunal denunciante y de la tesis del tribunal en la que encontró apoyo, para continuar con la exposición de las tesis de los tribunales que sostuvieron el criterio contrario. Por último se hará el estudio específico sobre la existencia de la contradicción de tesis y se concluirá enunciando cuál es el criterio que debe prevalecer.
No hay necesidad de transcribir las ejecutorias que intervienen en esta contradicción de tesis, dado que en el presente cuaderno obran sendas copias certificadas de las resoluciones y que de ellas se dará cuenta en el cuerpo de la presente resolución.
QUINTO. Por cosa juzgada se entiende la autoridad y eficacia adquiridas por una sentencia judicial cuando no proceden contra ella recursos ni otros medios de impugnación, y que tiene como atributos la coercibilidad, la inmutabilidad y la definitividad (o irrevisibilidad en otro proceso posterior).
La doctrina distingue entre cosa juzgada formal y material; la segunda, que es la que aquí interesa, consiste en que una sentencia produce efectos no sólo en relación con el proceso en que ha sido emitida, sino también en relación con todo proceso posterior sobre la misma cosa, de manera que una vez juzgado un litigio en definitiva no puede instaurarse un nuevo juicio para discutirlo. A esto se le ha nombrado también con las expresiones ne bis de cadem re ne sit actio, ne bis in idem o non bis in idem, locuciones latinas que textualmente significan "no dos veces por la misma cosa", y que en el derecho penal están referidas a que un sujeto cuya causa ha sido concluida mediante una resolución que ha causado estado e inimpugnable, no puede ser encausado nuevamente en un proceso en el que se le juzgue por los hechos respecto de los cuales ya fue discernido si era o no responsable.
La cosa juzgada material en el ámbito penal está enunciada en el artículo 23 constitucional, según el cual "Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene".
Este dispositivo ha sido unánimemente interpretado en el sentido de que por "juzgado" se entiende a un individuo que ha sido condenado o absuelto por una sentencia firme e irrevocable, o sea, contra la que no procede legalmente ningún recurso ordinario en cuya virtud pueda ser modificada, confirmada o revocada, o que admitiéndolo haya sido consentido expresa o tácitamente y que, por tanto, ha adquirido precisamente las notas de coercibilidad, inmutabilidad e irrevisibilidad (a este respecto, resulta aplicable la tesis de la Primera Sala publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XXIX, página 1746, de rubro: "ARTÍCULO 23 CONSTITUCIONAL.").
La ratio de esta prevención constitucional es la necesidad de poner término a los litigios decididos y a la amenaza que significaría mantener abierta la posibilidad de juzgar nuevamente a una persona en contra de su libertad, su vida, su honor y hasta su patrimonio.
Por otro lado, la expresión latina non reformatio in peius significa literalmente que no hay que revisar para empeorar, lo cual, aplicado a la impugnación de las decisiones judiciales en el ámbito penal significa que la pena establecida en la sentencia que se impugna vía un recurso no puede ser modificada en la alzada en perjuicio del acusado, cuando éste es el único que recurre y responde a la idea de que ninguno se abstenga de recurrir por el temor de ser penado de un modo más severo en la instancia siguiente.
SEXTO. Precisado lo anterior, toca ahora exponer los criterios de los tribunales contendientes.
Al resolver el amparo directo 307/2002, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito advirtió ex oficio una violación al procedimiento en perjuicio del quejoso, y en uso de las amplias facultades para suplir la queja en materia penal la estudió y concedió el amparo.
La violación que advirtió fue la de que el acto reclamado -la sentencia de segunda instancia emitida por el tribunal de alzada-, en cuya virtud se confirmó la condena decretada por el Juez inferior en contra del quejoso por la comisión de los delitos de homicidio culposo, lesiones y daño culposo previstos en el código sustantivo penal del Estado de Guanajuato, había sido dictada en contravención de las reglas procesales que preceptúan que los delitos federales atraen a los del fuero común en los casos de concurso ideal de delitos, esto es, cuando una sola conducta produce varios resultados ilícitos.
En el caso concreto que le tocó examinar a este colegiado, el agente del Ministerio Público del Estado consignó al quejoso ante la justicia ordinaria local por homicidio, lesiones y daños al haber impactado su vehículo en contra de otros tres, ocasionando la muerte de un tercero y daños en los vehículos colisionados, uno de los cuales era propiedad de la Procuraduría Agraria, organismo descentralizado de la administración pública federal. Se siguió el proceso en todas sus etapas y el reo resultó condenado en primera y segunda instancias.
A juicio del Tribunal Colegiado, dado que uno de los vehículos dañados era un bien propiedad de la Federación -en términos de las entonces vigentes Ley Agraria, Ley Federal de Entidades Paraestatales y, particularmente, Ley Federal de Bienes Nacionales-, el Juez competente para conocer del asunto era uno de Distrito, conforme a los artículos 60 y 62 del Código Penal Federal y 50, fracción I, inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en tanto la Federación resultaba ser sujeto pasivo. Esta circunstancia obligaba a que el asunto fuera atraído por la jurisdicción federal.
En ese orden, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito concluyó que se estaba frente a una violación al procedimiento que trascendía al resultado del fallo, por lo que debía concederse el amparo.
La concesión, en su concepto, debía ser para el efecto de que la autoridad responsable dejase insubsistente su fallo, produjese una nueva en la que determinara su incompetencia y la del Juez natural para conocer de la acusación del agente del Ministerio Público local y ordenase la reposición del procedimiento a partir de la última actuación que antecediera a la acusación, de manera que el Juez a quo se declarase incompetente por fuero y remitiese los autos al Juez de Distrito en turno.
Las razones en que se basó fueron: 1) todo lo que resuelva un Juez incompetente es nulo y por ello una sentencia emitida por un Juez así era nula; 2) al ser nula no podía afirmarse que el enjuiciado hubiera sido sentenciado; 3) menos aún podría decirse que la sentencia del Juez incompetente hubiera adquirido la calidad de cosa juzgada; 4) en ese orden, el enjuiciado no había sido juzgado, de manera que si se le instauraba un nuevo juicio, ya ante la autoridad judicial competente, no podía afirmarse que opera el principio non bis in idem, que consigna el artículo 23 constitucional.
Además, el Tribunal Colegiado arguyó que las actuaciones de los Jueces locales no podían impedir que los Jueces Federales ejercieran sus atribuciones, de manera que si un Juez invadía la esfera de competencia de un Juez Federal éste conservaba toda su jurisdicción para resolver sobre hechos que sólo a él concernía juzgar.
Se apoyó en las tesis siguientes, de esta Primera Sala.
Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 3, Segunda Parte, página 77:
"NON BIS IN IDEM, INOPERANCIA DEL PRINCIPIO DE, CUANDO EL TRIBUNAL QUE CONOCE EN PRIMER TÉRMINO ES INCOMPETENTE. La Constitución establece, tratándose de una persona a quien se atribuye un delito, que sea juzgada legalmente (artículo 14, párrafo segundo) y que no pueda ser juzgada dos veces por el mismo delito (artículo 23). Y, obviamente, esta última garantía no abarca a quien ha sido juzgado ilegalmente por tribunal incompetente y después juzgado por el órgano jurisdiccional que corresponde; porque no es enjuiciado dos veces conforme a derecho, sino sólo aquella en que se sometió al órgano competente puesto que es principio de derecho procesal universalmente admitido, que todo lo que un Juez incompetente resuelva, es nulo de pleno derecho.
"Amparo directo 6454/61. Alfonso Escoboza Miranda. 26 de marzo de 1969. Mayoría de tres votos. Disidentes: Manuel Rivera Silva y Mario G. Rebolledo F. Ponente: Mario G. Rebolledo F."
Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Volumen LXXII, Segunda Parte, página 31:
"NON BIS IN IDEM. No se viola el artículo 23 constitucional por el hecho de que la Suprema Corte de Justicia determine que unos militares deben ser juzgados por ciertos delitos por los tribunales militares competentes, aun cuando ya hayan sido sentenciados por los mismos delitos por un órgano jurisdiccional incompetente del fuero común, puesto que las actuaciones practicadas por las autoridades del fuero común carecen de validez por haber sido hechas por autoridad no competente y no puede considerarse que haya existido realmente un juicio.
"Amparo directo 8418/60. Julio Cubillos Ojeda y coagraviado. 20 de junio de 1963. Unanimidad de cinco votos. Ponente: Juan José González Bustamante."
Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Volumen LXV, Segunda Parte, página 21:
"NON BIS IN IDEM. CUANDO NO SE VIOLA EL PRINCIPIO. Es facultad propia de los tribunales de la Federación el conocer de los delitos del orden federal, sin que pueda admitirse que esa facultad sea susceptible de poder ser limitada en cuanto a su ejercicio, porque una autoridad judicial local haga uso de ella. Por lo tanto, si una autoridad local conoce de un delito federal y pronuncia resolución, no por ello debe considerarse que un tribunal federal está imposibilitado para juzgar a quien se imputa el hecho delictivo correspondiente, porque entonces no existe cosa juzgada para la legislación federal, toda vez que el derecho local, así como los actos de las autoridades de las entidades federativas apoyados en éste, no pueden impedir, en ningún caso, que los Poderes de la Unión ejerzan sus atribuciones, y además porque tampoco puede existir en cuanto a que la resolución dictada adolece del vicio de invalidez o nulidad, por haber emanado de un tribunal constitucionalmente incompetente para ello. Asimismo, no puede hablarse de que en esta hipótesis exista cosa juzgada, pues ésta sólo puede operar cuando el primer fallo fue dictado por una autoridad competente, pero no cuando fue pronunciado por autoridad que carece de competencia; ya que si la sentencia definitiva dictada por autoridad incompetente, adolece, como se dijo, de nulidad, no existe impedimento alguno para que los tribunales federales competentes juzguen al inculpado y pronuncien la sentencia correspondiente. Consecuentemente no se juzga al inculpado dos veces con violación del principio jurídico procesal non bis in idem, que consagra el artículo 23 constitucional.
"Amparo directo 4283/62. Abelardo Ferra Corona. 26 de noviembre de 1962. Unanimidad de cuatro votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.
"Amparo directo 2367/62. Marciano Gutiérrez Pérez. 23 de noviembre de 1962. Mayoría de tres votos. Disidente: Manuel Rivera Silva. Ponente: Agustín Mercado Alarcón."
Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Volumen LXIII, Segunda Parte, página 45:
"NON BIS IN IDEM. Si bien la Constitución previene que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, esto se entiende cuando el primer juicio es válido y no anticonstitucional y nulo, porque en este caso hay que volver las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional, quedando expedita la jurisdicción del Juez competente para hacer la reposición del proceso.
"Amparo directo 3105/62. Carlos González Montes y coagraviado. 26 de septiembre de 1962. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Manuel Rivera Silva. Ponente: Agustín Mercado Alarcón."
Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Volumen LXI, Segunda Parte, página 33:
"‘NON BIS IN IDEM’, CASOS EN QUE NO OPERA EL PRINCIPIO. La Constitución establece que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, consagrando así el antiguo principio ‘non bis in idem’; mas ello debe entenderse de acuerdo con el régimen federal marcado por la propia Ley Fundamental, la cual señala a los Estados miembros las facultades no conferidas en forma expresa a la Federación; por ende, la cosa juzgada sólo puede operar cuando se pronuncia por una entidad federativa, o por la autoridad judicial federal competente, una resolución irrevocable; pero si la sentencia definitiva dictada por un Estado adolece de nulidad, no existe impedimento alguno para que los tribunales federales competentes, juzguen al inculpado. Ya esta Suprema Corte de Justicia ha expresado que si bien la Constitución previene que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, esto se entiende cuando el primer juicio es válido y no anticonstitucional y nulo, porque en este caso hay que volver las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional, quedando expedita la jurisdicción del Juez competente para hacer la reposición del proceso.
"Amparo directo 7516/60. Javier Gómez Domínguez. 27 de julio de 1962. Mayoría de cuatro votos. Ponente: Juan José González Bustamante.
"Amparo directo 4724/62. Ignacio Soto Yáñez. 6 de julio de 1962. Mayoría de tres votos. La publicación no menciona el nombre del ponente."
Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Volumen LVIII, Segunda Parte, página 44:
"NON BIS IN IDEM. Si una autoridad local conoce de un delito federal y pronuncia resolución, no por ello, debe considerarse que un tribunal federal está imposibilitado para juzgar a la persona a quien se imputa el hecho delictivo correspondiente, porque entonces no existe cosa juzgada para la jurisdicción federal, ni menos un derecho individual público derivado de ella en favor de un procesado, toda vez que el derecho local, así como los actos de las autoridades de las entidades federativas apoyados en éste, no pueden impedir, en ningún caso, que los Poderes de la Unión ejerzan sus atribuciones constitucionales, y además, porque tampoco puede existir cuando la resolución dictada está viciada de invalidez o nulidad por haber emanado de un tribunal constitucionalmente incompetente para ello, pues, como expone Mariano Coronado, en su obra: Elementos de Derecho Constitucional Mexicano (páginas 88 y 89), no se entiende que se juzga dos veces a un individuo cuando obtiene amparo y queda a disposición de otro Juez para que se le procese conforme a la ley; ni en general, cuando un juicio o determinados procedimientos son nulos, pues entonces hay que reponerlos sin que esto importe el abrir nuevo juicio. La Suprema Corte ha declarado que, aun cuando el artículo 24 de la Constitución (la de 1857) previene que nadie puede ser juzgado por el mismo delito dos veces esto debe entenderse cuando el primer juicio es, válido y no anticonstitucional y nulo; porque en este caso, según los principios constitucionales, haya que reponer las cosas al estado que tenían antes de violarse la Constitución, quedando expedita la jurisdicción del Juez competente para hacer la reposición del proceso, como queda la de los Jueces comunes, en las causas civiles declarada la nulidad, cuyo efecto es reponer el juicio al estado que tenía antes de causarse ésta. En consecuencia, la Justicia de la Unión debe amparar y proteger al quejoso para el efecto de que sea juzgado por un tribunal federal.
"Amparo directo 9375/61. Ramón Pérez Sánchez. 11 de abril de 1962. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Ángel González de la Vega."
Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XXXII, página 1397:
"ARTÍCULO 23 CONSTITUCIONAL. Para que pueda reputarse violada la garantía del artículo 23 constitucional, es indispensable que tenga existencia jurídica la sentencia primeramente dictada, pero si este fallo, por razón de la incompetencia del tribunal, o por otra causa, no es anulable sino inexistente, sin duda alguna no se viola la citada garantía, porque se enjuicie al acusado por tribunal competente.
"Amparo penal en revisión 3512/30. Flores Sánchez Roberto. 22 de julio de 1931. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Carlos Salcedo. La publicación no menciona el nombre del ponente."
Por otra parte, controvirtió la posición del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito y del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, los que en sendas tesis que se analizarán adelante, a su entender sostuvieron que el alcance de la concesión del amparo en casos como el planteado era el de ser liso y llano, y no para efectos:
"Se estima que la garantía de seguridad jurídica que establece el artículo 23 de la Constitución Federal está orientada para los casos en que los actos de juzgamiento sean válidos y produzcan todos sus efectos, pues la oración: ‘... Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene.’, tiene precisamente como finalidad que una persona que ya fue procesada y sentenciada por un hecho criminal, no vuelva a ser sujeta a otro proceso por ese mismo hecho y para así considerarlo evidentemente tiene como presupuesto que el procedimiento anterior sea válido, es decir, que indiscutiblemente sea una realidad que una autoridad ya ha decidido que esa persona fue o no culpable del hecho criminal que se le imputa, y por eso no hay ninguna razón, ni justificación, para que vuelva a acusársele del mismo hecho criminal.
"Cuando una autoridad incompetente juzga un hecho penal, su determinación no tiene validez porque ese acto de autoridad carece de un elemento del que depende su existencia y eso implica que el gobernado no ha sido aún juzgado, porque no existe una determinación judicial que pueda vincularlo y pueda ejecutarse en su contra, en la medida de que no es jurídicamente posible hacer efectiva la sanción que le fue impuesta como tampoco puede considerarse que en el caso de ser absuelto esos argumentos tengan eficacia y sean un elemento que hagan patente que en relación con esa persona una autoridad judicial ha estimado que no es responsable del delito que se le imputa.
"Por las razones anteriores, al igual que el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, se concluye que no existe impedimento para que la protección constitucional se conceda, para que una autoridad judicial competente sea la que juzgue al peticionario de garantías."
Es importante resumir el problema dilucidado por este Tribunal Colegiado: determinar los alcances de la sentencia de amparo directo cuando se estima que debe concederse la protección constitucional por razón de que el tribunal de segunda instancia local que emitió el acto reclamado carecía de competencia para fallar el asunto -al haber conocido del mismo en contravención de las reglas procesales que preceptúan que los delitos federales atraen a los del fuero común en los casos de concurso ideal de delitos, esto es, cuando una sola conducta produce varios resultados ilícitos-, conforme a su opinión, el efecto protector es el de que la autoridad responsable deje insubsistente su fallo, produzca una nueva determinación en la que declare su incompetencia y la del Juez natural para conocer de la acusación del agente del Ministerio Público y ordene la reposición del procedimiento a partir de la última actuación que anteceda a la acusación, de manera que el Juez a quo se declare incompetente por fuero y remita los autos al Juez competente.
SÉPTIMO. El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito manifestó que compartía el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, el cual emitió la siguiente tesis, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VI, Segunda Parte-2, julio a diciembre de 1990, página 541:
"GARANTÍA CONSTITUCIONAL ‘NON BIS IN IDEM’. NO VIOLA EL PRINCIPIO UN SEGUNDO JUICIO ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL, CUANDO EL ACUSADO FUE JUZGADO POR AUTORIDAD LOCAL INCOMPETENTE. El principio consagrado en el artículo 23 constitucional, en el sentido de que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, no se viola cuando el tribunal federal sentencia a un acusado por determinado delito, aun cuando el mismo ya hubiere sido sentenciado anteriormente por una autoridad judicial local si ésta era incompetente; porque para la legislación federal, no puede hablarse en tales casos de cosa juzgada, en virtud de que las autoridades del fuero común incompetentes, no pueden impedir que los Poderes de la Unión ejerzan legalmente sus atribuciones.
"Amparo directo 149/90. Lorenzo Gerardo Martínez Ponce. 24 de mayo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Arizpe Narro. Secretario: Juan Castillo Duque."
El caso del que derivó esta tesis es el siguiente: un sujeto fue condenado por la justicia común del Estado de San Luis Potosí por el delito de lesiones y daño en propiedad ajena en perjuicio de la Comisión Federal de Electricidad; la sentencia del Juez de primera instancia le impuso pena de prisión y pago de multa. Se le concedió el beneficio de la libertad condicional.
En ese estado de cosas, el Ministerio Público Federal ejercitó acción penal ante los tribunales federales en contra del mismo quejoso por el delito de daño en propiedad ajena en perjuicio de la Comisión Federal de Electricidad.
El Juez de Distrito condenó al quejoso al pago de una multa y a la reparación del daño; el reo apeló ante Tribunal Unitario de Circuito y éste confirmó la sentencia de primer grado. En contra de este fallo promovió amparo directo, del que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito.
En los conceptos de violación el quejoso adujo que ya había sido juzgado por la jurisdicción local por los mismos hechos, de manera que no podía nuevamente sujetársele a proceso por el mismo delito sin infringir la regla de que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito.
El Colegiado desestimó el argumento con base en que, desde su punto de vista, lo actuado ante el Juez local era nulo, en atención a que la competencia para conocer del asunto siempre fue de la Justicia Federal (dado que el pasivo era un organismo descentralizado de la administración pública paraestatal), de modo que las actuaciones llevadas a cabo por el Juez Penal del Estado eran producto de una autoridad incompetente; así, concluyó, el Juez competente tenía expedita su jurisdicción para conocer del proceso y llevarlo hasta su
En su favor, citó las tesis de rubros "NON BIS IN IDEM. CUANDO NO SE VIOLA EL PRINCIPIO." y "NON BIS IN IDEM.", de la Primera Sala, transcritas en el considerando sexto.
OCTAVO. En contra de los criterios precedentes, el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito emitió la tesis XI.3o.3 P, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, septiembre de 1997, página 663:
"COMPETENCIA. RADICA EN EL FUERO FEDERAL CUANDO EN LA COMISIÓN DE UN DELITO PARTICIPA UN VEHÍCULO CON PLACAS DE CIRCULACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO FEDERAL Y SE ENCUENTRA EN SERVICIO O EXPLOTACIÓN DE LA CONCESIÓN, DEBIENDO CONCEDERSE EL AMPARO EN FORMA TOTAL Y NO PARA EFECTOS, SI SE INSTRUYÓ EL PROCESO Y SE DICTÓ SENTENCIA POR UN TRIBUNAL INCOMPETENTE. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 48 y 50, fracción I, inciso h), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 5o. de la Ley de Vías Generales de Comunicación, cuando en la comisión de un delito participa un automotor con placas de circulación del servicio público federal y se encuentra en servicio o en explotación de la concesión o no existe prueba de lo contrario, la competencia para conocer de la causa que se instruya por el delito relativo radica en el fuero federal, independientemente de que la víctima sea un particular; pero si a pesar de ello se instruyó proceso al activo y se le sentenció por un tribunal del fuero común, es incuestionable que se violaron sus garantías individuales al haber sido juzgado por un Juez incompetente y debe concedérsele el amparo en forma lisa y llana, pues de otorgársele para que se reponga el procedimiento y se remitan los autos al Juez competente para que conozca de la causa, se corre el riesgo de que al quejoso se le juzgue dos veces por el mismo delito e incluso de que las penas que se le lleguen a imponer en el nuevo juicio sean mayores, lo que no es jurídicamente correcto.
"Amparo directo 131/97. José Luis Aceves García. 3 de julio de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Moisés Duarte Aguíñiga. Secretario: Juan García Orozco."
El caso del que derivó la tesis transcrita es éste: un sujeto fue consignado ante la jurisdicción local del Estado de Michoacán por los delitos de homicidio y daño en cosas, cometidos culposamente con motivo del tránsito de vehículos de motor terrestre. El vehículo que conducía el inculpado, era del servicio público federal y estaba en servicio.
Seguidos los trámites de ley, el Juez de origen dictó sentencia condenatoria; el tribunal de alzada confirmó. En contra de este fallo se promovió demanda de amparo directo. De ésta conoció el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, que en suplencia total de la queja determinó que conforme a las reglas previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en la Ley de Vías Generales de Comunicación, los tribunales competentes para conocer del caso eran del fuero federal, de modo que si la sentencia reclamada había sido emitida por una autoridad jurisdiccional local, lo había hecho sin competencia, en contravención de las reglas procesales que preceptúan que los delitos federales atraen a los del fuero común en los casos de concurso ideal de delitos, esto es, cuando una sola conducta produce varios resultados ilícitos.
Así, concluyó, debía concederse el amparo, pero liso y llano -y no para efectos de que la responsable dejara insubsistente todo lo actuado, declarando su incompetencia y remitiendo los autos al Juez competente-, en atención a los principios non bis in idem y non reformatio in peius, según los cuales no se podía juzgar dos veces a alguien por el mismo delito ni llevar a alguien al extremo de que su amparo le resultara perjudicial, al obligarlo a un nuevo proceso.
Como se aprecia, el problema sometido al examen de este tribunal es esencialmente el mismo que le correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito.
Posteriormente, ese mismo colegiado resolvió el amparo directo 630/2002, aunque en éste la particularidad fue que el tribunal que sentenció era el local del Estado de Michoacán, cuando el que debió conocer del asunto era el del Estado de Guanajuato. El colegiado concedió el amparo liso y llano. Este asunto no es semejante al anterior, como bien puede verse.
NOVENO. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito emitió la tesis siguiente publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo X, noviembre de 1992, página 260:
"FUERO COMÚN, COMPETENCIA DEL, CUANDO EL REO YA HA SIDO PROCESADO Y CONDENADO POR SENTENCIA EJECUTORIA, POR EL MISMO DELITO EN EL FUERO FEDERAL. Si una persona ya había sido procesada y condenada por sentencia ejecutoria en el fuero federal, por los mismos hechos y delitos materia de su actual condena en el fuero común, es indiscutible que se le ha juzgado dos veces por el mismo delito y por tanto se violó en su perjuicio el artículo 23 constitucional, sin que en contra pueda sostenerse, como afirma la Sala responsable, que la sentencia emitida por el tribunal federal no causó ejecutoria, porque el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito le concedió el amparo por haber sido juzgado por autoridad incompetente y ello restableció la soberanía que para tal efecto tienen los tribunales del orden común para conocer de los hechos cometidos en agravio de un particular; toda vez que la sentencia de alzada sí causó ejecutoria por ministerio de ley, al no proceder recurso alguno en contra de ella, y el efecto de un amparo que se concede contra sentencia dictada por tribunal incompetent
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18169-53e02c49/amparo-directo-en-materia-penal-efectos-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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