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CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO ES LA VÍA IDÓNEA PARA PLANTEAR LA INVALIDEZ DE UNA NORMA Y DE SU ACTO DE APLICACIÓN DICTADO EN UN JUICIO SUSTANCIADO O PENDIENTE DE SUSTANCIACIÓN ANTE UN TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, NI LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN ÉL. CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. NO SON LA VÍA IDÓNEA PARA COMBATIR RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, AUN CUANDO SE ALEGUEN CUESTIONES CONSTITUCIONALES.

Tipo de asunto: RECURSO DE RECLAMACIÓN 352/2003-PL, DERIVADO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 107/2003. · Registro digital (IUS): 18223
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE RÍO BRAVO, ESTADO DE TAMAULIPAS.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Julio de 2004, , Pág. 1085.

RECURSO DE RECLAMACIÓN 352/2003-PL, DERIVADO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 107/2003. MUNICIPIO DE RÍO BRAVO, ESTADO DE TAMAULIPAS.

MINISTRA PONENTE: OLGA MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS.

SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.

CONSIDERANDO:

QUINTO. El recurrente en sus agravios planteados, en esencia, aduce:

1. Que al desecharse de plano, por improcedente, la demanda de controversia constitucional, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 19, fracción VIII, en concordancia con el precepto 25, ambos de la ley reglamentaria de la materia, y en relación con el numeral 105, fracción I, constitucional, no se encuentra apegado a derecho, puesto que la causal de improcedencia invocada no tiene aplicabilidad en la especie, porque se fundamenta en un criterio que es propio de resolución de fondo, en razón de que incluye la interpretación de un artículo constitucional.

2. Que se debe descartar la existencia de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en caso de existir éste debe ser sobre todo legal, es decir, debe hallarse en la ley reglamentaria de la materia, específicamente las enunciadas en el artículo 19, fracciones de la I a la VIII, y a pesar de que esta última fracción dota al instructor de facultades para estimar diversas causales diferentes a las siete enunciadas, no es una facultad absoluta, sino que se circunscribe al texto de la propia ley reglamentaria, luego, si se invoca una causal de improcedencia que no derive de la ley en comento, es legalmente inexistente e inaplicable, por lo que tal criterio debe ser revocado.

3. Que se realizó una indebida aplicación de los numerales 19, fracción VIII y 25 de la ley reglamentaria del artículo 105, derivada de una errónea apreciación de los hechos narrados en la demanda, puesto que se invoca una transgresión a las prerrogativas constitucionales del Ayuntamiento y a pesar de existir el criterio jurisprudencial en que se apoya el auto impugnado, debe estimarse que la vía de controversia fue abierta al Municipio a fin de no dejar al poder municipal en estado de indefensión, el que en la especie plantea una violación a su libertad hacendaria contenida en el artículo 115 constitucional.

Que el negar la procedencia de la vía constitucional propuesta en la demanda equivaldría a dejar al Ayuntamiento en estado de indefensión pues, como ocurre en el caso, la medida suspensional combatida, que fuera obsequiada por el Magistrado demandado, permite que no se tenga un registro administrativo de las vías de conducción de hidrocarburos a fin de brindar a la población riobravense la seguridad necesaria y exigir a Pemex las medidas de seguridad correspondientes.

Precisado lo anterior, se pasa al estudio de los agravios, para lo cual se deberá tener en cuenta lo siguiente:

El artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, dispone:

"Artículo 25. El Ministro instructor examinará ante todo el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. ..."

Conforme al numeral transcrito, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional, siempre y cuando advierta que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia.

Al respecto, este Alto Tribunal ha sostenido el criterio de que por manifiesto debe entenderse todo aquello que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la simple lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación y, en su caso, de los documentos que se anexen a dichas promociones; mientras que lo indudable se configura cuando se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso, de manera tal que la admisión de la demanda y la sustanciación del procedimiento no darían lugar a la obtención de una convicción diversa.

Lo anterior encuentra sustento en la tesis jurisprudencial P./J. 128/2001, que aparece publicada en la página ochocientos tres, Tomo XIV, octubre de dos mil uno de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra indica:

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN ‘MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA’ PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por ‘manifiesto’ debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo ‘indudable’ resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa."

Así, el motivo manifiesto e indudable de improcedencia que dé lugar al desechamiento de la demanda, debe advertirse de la simple lectura de ésta y de las pruebas que en su caso se hubieran adjuntado, ya sea porque los hechos en que se apoyó hayan sido manifestados claramente por el demandante o bien, porque se encuentren probados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que se tenga la plena certeza de que los actos posteriores del procedimiento, como son la contestación a la demanda y la fase probatoria, no serían necesarios para configurarla, ni tampoco podrían desvirtuar su contenido.

Sirve de apoyo al efecto, la tesis jurisprudencial P./J. 9/98, visible en la página ochocientos noventa y ocho, del Tomo VII, correspondiente a enero de mil novecientos noventa y ocho, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente:

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE. Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la improcedencia de la controversia constitucional que permita desechar de plano la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable; es decir, debe advertirse del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hayan adjuntado, sin requerir otros elementos de juicio, de tal manera que no exista duda alguna en cuanto a la actualización de la causal invocada que evidencie en forma clara y fehaciente la improcedencia de la pretensión intentada, de tal forma que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido."

En consecuencia, si el motivo de improcedencia no está plenamente demostrado, debe admitirse a trámite la demanda, pues de lo contrario se estaría privando al actor de su derecho a instar la acción de controversia y probar en el juicio.

En el caso, el Ministro instructor estimó procedente desechar la demanda de controversia constitucional en virtud de que se surtía la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria de la materia, en relación con el artículo 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la controversia constitucional se promovió en contra del auto de suspensión de fecha treinta de septiembre de dos mil tres, dictado por un Magistrado del Tribunal Fiscal del Estado de Tamaulipas, en el expediente administrativo de nulidad fiscal número 78/09/2003, fundado en los artículos 4o. del Código Federal de Procedimientos Civiles y 14 de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, preceptos impugnados como primer acto de aplicación; por lo que resulta evidente que el auto de suspensión es realmente el acto impugnado en la controversia constitucional, en el caso, no puede estudiarse la constitucionalidad de las normas sin desvincularlas directamente del acto en el que fueron aplicadas, debido a que éste, en todo caso, es el que pudiera ocasionarle perjuicio.

A fin de verificar si es correcta o no la determinación contenida en el auto recurrido, esto es, si es improcedente o no la controversia constitucional, es necesario tener en cuenta lo siguiente:

El artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece:

"Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:

"...

"VIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de esta ley."

Del precepto y fracción transcritos se advierte que es improcedente la controversia constitucional que resulte de alguna disposición de esta ley.

Por otra parte, el artículo 1o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece:

"Artículo 1o. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá y resolverá con base en las disposiciones del presente título, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones del Código Federal de Procedimientos Civiles."

Del precepto anteriormente transcrito se advierte que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá y resolverá de las controversias constitucionales y de las acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Federal.

Por su parte, el artículo 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece:

"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

"I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:

"a) La Federación y un Estado o el Distrito Federal;

"b) La Federación y un Municipio;

"c) El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión; aquél y cualquiera de las Cámaras de éste o, en su caso, la Comisión Permanente, sean como órganos federales o del Distrito Federal;

"d) Un Estado y otro;

"e) Un Estado y el Distrito Federal;

"f) El Distrito Federal y un Municipio;

"g) Dos Municipios de diversos Estados;

"h) Dos poderes de un mismo Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales;

"i) Un Estado y uno de sus Municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales;

"j) Un Estado y un Municipio de otro Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales; y

"k) Dos órganos de gobierno del Distrito Federal, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales.

"Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de los Estados o de los Municipios impugnadas por la Federación, de los Municipios impugnadas por los Estados, o en los casos a que se refieren los incisos c), h) y k) anteriores, y la resolución de la Suprema Corte de Justicia las declare inválidas, dicha resolución tendrá efectos generales cuando hubiera sido aprobada por una mayoría de por lo menos ocho votos.

"En los demás casos, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia tendrán efectos únicamente respecto de las partes en la controversia."

Del precepto transcrito se advierte que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá de las controversias constitucionales que se susciten entre la Federación y un Estado o el Distrito Federal; la Federación y un Municipio; el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión; aquél y cualquiera de las Cámaras de éste o, en su caso, la Comisión Permanente, sean como órganos federales o del Distrito Federal; un Estado y otro; un Estado y el Distrito Federal; este último y un Municipio; dos Municipios de diversos Estados; dos Poderes de un mismo Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales; un Estado y uno de sus Municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales; un Estado y un Municipio de otro Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales; y, dos órganos de gobierno del Distrito Federal, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales.

En esta tesitura, debe considerarse que no todo acto podrá ser materia de impugnación en una controversia constitucional, ya que, por regla general, este tipo de acciones sólo procederá con motivo de conflictos suscitados entre dos o más niveles de gobierno (Federación, Estados o Municipios), en que se tilden de inconstitucionales actos o disposiciones generales, emitidos por alguna entidad, poder u órgano, cuando la cuestión de fondo debatida se refiera a la distribución o invasión de competencias que a cada uno corresponda, o bien, a la irregularidad en el ejercicio de sus atribuciones.

Así lo ha sostenido este Alto Tribunal en la tesis de jurisprudencia del Pleno P./J. 112/2001, consultable en la página ochocientos ochenta y uno, Tomo XIV, septiembre de dos mil uno, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala:

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. MEDIANTE ESTA ACCIÓN LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN TIENE FACULTADES PARA DIRIMIR CUESTIONES QUE IMPLIQUEN VIOLACIONES A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, AUNQUE NO SE ALEGUE LA INVASIÓN DE ESFERAS DE COMPETENCIA DE LA ENTIDAD O PODER QUE LA PROMUEVE. Si bien el medio de control de la constitucionalidad denominado controversia constitucional tiene como objeto principal de tutela el ámbito de atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos confiere a los órganos originarios del Estado para resguardar el sistema federal, debe tomarse en cuenta que la normatividad constitucional también tiende a preservar la regularidad en el ejercicio de las atribuciones constitucionales establecidas en favor de tales órganos, las que nunca deberán rebasar los principios rectores previstos en la propia Constitución Federal y, por ende, cuando a través de dicho medio de control constitucional se combate una norma general emitida por una autoridad considerada incompetente para ello, por estimar que corresponde a otro órgano regular los aspectos que se contienen en la misma de acuerdo con el ámbito de atribuciones que la Ley Fundamental establece, las transgresiones invocadas también están sujetas a ese medio de control constitucional, siempre y cuando exista un principio de afectación."

Por tanto, si en la demanda se reclama de un Magistrado del Tribunal Fiscal del Estado de Tamaulipas, la aplicación de los artículos 4o. del Código Federal de Procedimientos Civiles y 14 de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, en el auto de suspensión de treinta de septiembre de dos mil tres, dictado en el expediente administrativo de nulidad fiscal número 78/09/2003, debe concluirse que, como acertadamente se consideró en el proveído recurrido, la controversia constitucional no es la vía idónea para combatir dicho acto, dado que deriva de un procedimiento de carácter jurisdiccional, de tal suerte que su impugnación debe hacerse con base en los medios de defensa que para tal efecto prevean las leyes procesales de la materia.

En efecto, a través de la controversia constitucional no puede plantearse la invalidez de una norma y su acto de aplicación dictado en un juicio sustanciado o pendiente de sustanciación ante un tribunal administrativo, ni de la o las resoluciones dictadas en él, puesto que, al dirimir conflictos que han sido sometidos a su conocimiento, dichos órganos ejercen facultades de control jurisdiccional, por lo que no puede considerarse a ésta como la vía idónea para analizar las actuaciones que realizan tales órganos en ejercicio de las aludidas facultades, aunado a que, de lo contrario, se haría de la controversia un recurso o ulterior medio de defensa para someter a revisión la misma cuestión litigiosa debatida en el procedimiento natural en el que, además, no se dirimen conflictos entre los entes, poderes u órganos a que se refiere el artículo 105, fracción I, de la Constitución Federal, sino que su objeto es salvaguardar los intereses de las partes, con independencia de las disposiciones legales o reglamentarias que al efecto se llegasen a aplicar.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia del Pleno P./J. 117/2000, consultable en la página mil ochenta y ocho, Tomo XII, correspondiente a octubre de dos mil, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto es el siguiente:

"CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. NO SON LA VÍA IDÓNEA PARA COMBATIR RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, AUN CUANDO SE ALEGUEN CUESTIONES CONSTITUCIONALES. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 98/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, septiembre de 1999, página 703, de rubro: ‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CONTROL DE LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL A CARGO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, AUTORIZA EL EXAMEN DE TODO TIPO DE VIOLACIONES A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’, estableció que si el control constitucional busca dar unidad y cohesión a los órdenes jurídicos, en las relaciones de las entidades u órganos de poder que las conforman, tal situación justifica que una vez que se ha consagrado un medio de control para dirimir conflictos entre dichos entes, debe analizarse todo tipo de violaciones a la Constitución Federal, sin importar sus características formales o su relación mediata o inmediata con la Norma Fundamental. Sin embargo, dicha amplitud para ejercitar la acción de controversia constitucional, no puede llegar al extremo de considerarla como la vía idónea para controvertir los fundamentos y motivos de una sentencia emitida por un tribunal judicial o administrativo, incluso cuando se aleguen cuestiones constitucionales, porque dichos tribunales al dirimir conflictos que han sido sometidos a su conocimiento, ejercen facultades de control jurisdiccional, razón por la cual por este medio no puede plantearse la invalidez de una resolución dictada en un juicio, pues ello lo haría un recurso o ulterior medio de defensa para someter a revisión la misma cuestión litigiosa debatida en el procedimiento natural, además de que en éste no se dirimen conflictos entre los órganos, poderes o entes a que se refieren los artículos 105, fracción I, de la Constitución Federal y 10 de la ley reglamentaria de la materia, sino que tiene como objeto salvaguardar los intereses de los gobernados."

En consecuencia, resulta indiscutible que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia, en relación con los artículos 1o. de dicho ordenamiento legal y 105, fracción I, de la Constitución Federal.

Asimismo, debe precisarse que la referida causa de improcedencia es manifiesta en virtud de que de la simple lectura de la demanda se advierte en forma patente y absolutamente clara que si en ésta se impugna la resolución en la que se aplicaron diversos dispositivos legales para fundarla, tal acto no puede ser objeto de una controversia constitucional; además de que es de considerarse como indudable, toda vez que es incuestionable que con la simple lectura del escrito inicial el Ministro instructor tuvo la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia efectivamente se surtía en el caso, dado que la controversia constitucional no es la vía idónea para cuestionar los actos que se impugnan.

Por lo que hace a lo alegado por el recurrente en el sentido de que la improcedencia sólo debe derivar de la ley y no de cualquier otra disposición, cabe mencionar que si bien es cierto que la causal no está en la ley, también lo es que sí deriva del propio artículo 105 constitucional, que establece el medio de control.

Por las consideraciones vertidas y ante lo infundado de los agravios argumentados procede confirmar el auto recurrido de veinticinco de noviembre del año próximo pasado, dictado por el Ministro instructor en la controversia constitucional 107/2003, por el que se desechó la demanda promovida por el Municipio de Río Bravo, Estado de Tamaulipas.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.-Es procedente pero infundado el presente recurso de reclamación.

SEGUNDO.-Se confirma el acuerdo recurrido de veinticinco de noviembre de dos mil tres, dictado por el Ministro instructor en la controversia constitucional 107/2003, por el que se desechó la demanda promovida por el Municipio de Río Bravo, Estado de Tamaulipas.

Notifíquese; por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros Humberto Román Palacios, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza, José Ramón Cossío Díaz y presidenta Olga Sánchez Cordero de García Villegas (ponente).

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18223-7178fe46/controversia-constitucional-no-es-la-via-idonea-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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