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Modo: Corpus Pro

RECLAMACIÓN. ES IMPROCEDENTE ESE RECURSO CONTRA LAS EJECUTORIAS DICTADAS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL.

Tipo de asunto: RECURSO DE RECLAMACIÓN 154/98-PL, RELATIVO A LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 11/97. · Registro digital (IUS): 6555
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RÍO BRAVO, TAMAULIPAS.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Julio de 2000, , Pág. 586.

RECURSO DE RECLAMACIÓN 154/98-PL, RELATIVO A LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 11/97. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RÍO BRAVO, TAMAULIPAS.

MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.

SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.

CONSIDERANDO:

TERCERO.-Por razón de método, cabe examinar previamente a cualquier otra cuestión, la procedencia del recurso.

Tal análisis debe hacerse a la luz de lo que contempla el artículo 51 de la ley reglamentaria de la materia, que prevé las distintas hipótesis en que es procedente este medio de impugnación. Dicha disposición establece:

"Artículo 51. El recurso de reclamación procederá en los siguientes casos: I. Contra los autos o resoluciones que admitan o desechen una demanda, su contestación o sus respectivas ampliaciones; II. Contra los autos o resoluciones que pongan fin a la controversia o que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar un agravio material a alguna de las partes no reparable en la sentencia definitiva; III. Contra las resoluciones dictadas por el Ministro instructor al resolver cualquiera de los incidentes previstos en el artículo 12; IV. Contra los autos del Ministro instructor en que se otorgue, niegue, modifique o revoque la suspensión; V. Contra los autos o resoluciones del Ministro instructor que admitan o desechen pruebas; VI. Contra los autos o resoluciones del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tengan por cumplimentadas las ejecutorias dictadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y VII. En los demás casos que señale esta ley."

De las fracciones del artículo antes transcrito, se desprende que el recurso de reclamación procede contra autos o resoluciones dictados por el presidente de la Suprema Corte o por el Ministro instructor, mediante los cuales, admitan o desechen una demanda, su contestación o sus respectivas ampliaciones; contra resoluciones que pongan fin a la controversia o que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar un agravio material a alguna de las partes no reparable en sentencia definitiva; contra resoluciones dictadas por el Ministro instructor al resolver cualquiera de los incidentes de nulidad de notificaciones, el de reposición de autos y el de falsedad de documentos; contra autos del Ministro instructor en que se otorgue, niegue, modifique o revoque la suspensión del acto reclamado; contra autos o resoluciones que admitan o desechen pruebas; contra autos o resoluciones en que se tengan por cumplimentadas las ejecutorias dictadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, en los demás casos que señale la ley de la materia.

Destaca de lo anterior, que el recurso de reclamación es procedente contra autos o resoluciones, de ahí que resulte conveniente, primeramente, definir qué debe entenderse por estos vocablos para estar en posibilidad de ubicar la hipótesis que plantea el recurrente.

Al respecto, el artículo 41, fracción V, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece:

"Artículo 41. Las sentencias deberán contener:

"...

"V. Los puntos resolutivos que decreten el sobreseimiento, o declaren la validez o invalidez de las normas generales o actos impugnados, y en su caso la absolución o condenas respectivas, fijando el término para el cumplimiento de las actuaciones que se señalen."

De tal precepto se deduce que las sentencias que dicte la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tratándose de controversias constitucionales serán sobreseyendo, declarando la validez o invalidez de las normas generales o actos impugnados y, en su caso, la absolución o condena respectiva.

Por su parte, los artículos 220, 221, 346, 348, 354, 355 y 356, fracción I del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, según lo autoriza el artículo 1o. de la propia ley en comentario, establecen:

"Artículo 220. Las resoluciones judiciales son decretos, autos o sentencias; decretos, si se refieren a simples determinaciones de trámite; autos, cuando decidan cualquier punto dentro del negocio, y sentencias, cuando decidan el fondo del negocio."

"Artículo 221. Los decretos deberán dictarse al dar cuenta el secretario con la promoción respectiva. Lo mismo se observará respecto de los autos, que para ser dictados, no requieran citación para audiencia; en caso contrario, se pronunciarán dentro del término que fije la ley o, en su defecto, dentro de cinco días. La sentencia se dictará en la forma y términos que previenen los artículos 346 y 347 de este ordenamiento."

"Artículo 346. Terminada la audiencia de que trata el capítulo anterior, puede en ella, si la naturaleza del negocio lo permite, pronunciar el tribunal su sentencia, pudiendo adoptar, bajo su responsabilidad, cualquiera de los proyectos presentados por las partes."

"Artículo 348. Al pronunciarse la sentencia se estudiarán previamente las excepciones que no destruyan la acción, y, si alguna de éstas se declara procedente, se abstendrán los tribunales de entrar al fondo del negocio, dejando a salvo los derechos del actor. Si dichas excepciones no se declaran procedentes, se decidirá sobre el fondo del negocio, condenando o absolviendo, en todo o en parte, según el resultado de la valuación de las pruebas que haga el tribunal."

"Artículo 354. La cosa juzgada es la verdad legal, y contra ella no se admite recurso ni prueba de ninguna clase, salvo los casos expresamente determinados por la ley."

"Artículo 355. Hay cosa juzgada cuando la sentencia ha causado ejecutoria."

"Artículo 356. Causan ejecutoria las siguientes sentencias:

"I. Las que no admitan ningún recurso."

De los preceptos transcritos se infiere que las resoluciones judiciales se clasifican en decretos, autos o sentencias. Que los decretos se refieren a simples determinaciones de trámite; los autos deciden cualquier punto dentro del negocio y las sentencias deciden en definitiva el negocio, que la cosa juzgada es la verdad legal y contra ella no se admite recurso ni prueba de ninguna clase, que hay cosa juzgada cuando la sentencia ha causado ejecutoria, y que causan ejecutoria, entre otras, las sentencias que no admitan ningún recurso.

Por otra parte, doctrinariamente, se entiende por resolución judicial, todo pronunciamiento de los Jueces y tribunales, a través de los cuales acuerdan determinaciones de trámite o deciden cuestiones planteadas por las partes, incluyendo la resolución del fondo del conflicto y, aun cuando no existe un criterio claramente establecido para clasificar a las resoluciones, dado que en la denominación genérica de resoluciones judiciales quedan comprendidos tanto los decretos y los autos, como las sentencias, gran parte de los códigos procesales mexicanos adoptan una clasificación tripartita, como la contenida en los artículos transcritos del Código Federal de Procedimientos Civiles, dentro de la cual establecen qué resoluciones pueden ser decretos, autos y sentencias; entendiéndose por los primeros simples determinaciones de mero trámite, por los segundos aquellos que deciden cualquier punto del proceso que tienen influencia en la prosecución del juicio y en los derechos procesales de las partes, los que a su vez se clasifican en: a) autos provisionales que son determinaciones que se ejecutan provisionalmente; b) autos definitivos que son decisiones que tienen fuerza de definitivos y que impiden o paralizan definitivamente la prosecusión del juicio, como por ejemplo el auto que desecha la demanda; c) autos preparatorios, que son resoluciones que preparan el conocimiento y decisión del negocio, ordenando, admitiendo, o desechando pruebas. Finalmente, por lo que atañe a las sentencias, se clasifican en interlocutorias o definitivas, constituyendo verdaderos actos jurisdiccionales, en cuanto a que resuelven una controversia incidental o la cuestión de fondo.

Ahora bien, en el caso a estudio el recurrente reclama a través de este medio de impugnación, la sentencia dictada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal en la controversia constitucional 11/97, promovida por el Ayuntamiento de Río Bravo, Tamaulipas, fallada el día veintiocho de agosto de mil novecientos noventa y ocho, por unanimidad de votos, siendo ponente el señor Ministro Mariano Azuela Güitrón, y que concluyó con el siguiente punto resolutivo:

"ÚNICO.-Se sobresee en la presente controversia constitucional promovida por el Ayuntamiento de Río Bravo, Tamaulipas."

Lo antes expuesto, pone de relieve que el recurso de reclamación en que se actúa es improcedente contra tal determinación, en virtud de que el artículo 51 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en ninguna de sus fracciones contempla que este medio de impugnación es procedente en contra de resoluciones definitivas, pues aun cuando en la fracción II, del artículo en cita, se establece que este recurso procede contra autos o resoluciones que pongan fin a la controversia o que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar un agravio material a alguna de las partes no reparable en sentencia definitiva, es claro que en esta hipótesis no queda comprendida la resolución que se pretende reclamar.

Esto es así, porque de la interpretación teleológica, armónica y sistemática del numeral en cita, según lo asentado en los párrafos precedentes, se llega a la conclusión de que este recurso sólo es procedente para combatir diversas resoluciones dictadas por el Ministro instructor durante el procedimiento, o bien, contra las resoluciones del presidente de la Suprema Corte que tengan por cumplimentadas las ejecutorias dictadas por el Tribunal Pleno, mas no así respecto de una sentencia definitiva pronunciada por una de las Salas de este Alto Tribunal al resolver una controversia constitucional, como acontece en el presente caso, en que se reclama una sentencia definitiva pronunciada por la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la controversia constitucional 11/97, promovida por el Ayuntamiento de Río Bravo, Tamaulipas.

Corrobora lo anterior, la exposición de motivos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, enviada por el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión, el seis de abril de mil novecientos noventa y cinco, que en la parte que interesa establece:

"... Finalmente, en lo que hace a los recursos, la iniciativa de ley sólo prevé los de reclamación y queja. El primero para combatir diversas resoluciones dictadas por el Ministro instructor a lo largo del procedimiento en cuestiones relativas a la admisión o desechamiento de una demanda, a la declaratoria que ponga fin a una controversia, a la resolución de un incidente -incluyendo el de suspensión-, o la admisión o desechamiento de pruebas o contra las resoluciones del presidente de la Suprema Corte que tengan por cumplimentadas las ejecutorias dictadas por el Pleno. En lo que ve a la queja, su procedencia está prevista para combatir el exceso o defecto en la ejecución del auto en que se haya concedido la suspensión, o en la ejecución de las sentencias. La tramitación de las reclamaciones y quejas se llevará a cabo por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien a su vez designará al ponente que prepare el proyecto que deba ser sometido al Pleno para resolución definitiva."

Por lo anterior cabe añadir, que aun cuando en forma genérica se consideren como resoluciones judiciales los decretos, los autos y las sentencias, en la especie, no cabe duda que cuando el artículo 51, fracción II, de la ley de la materia, precisa que este recurso es procedente en contra de resoluciones que pongan fin a la controversia, o que por su naturaleza trascendental o grave puedan causar un agravio material a alguna de las partes no reparable en sentencia definitiva, es claro que las resoluciones a que se refiere la fracción en comento son aquéllas determinaciones dictadas durante el procedimiento, por el Ministro instructor, mas no así, las que resuelvan en definitiva la controversia, como es la determinación que se reclama en el caso concreto, porque si bien en la resolución de mérito se sobreseyó en el juicio, y por ese motivo no se decidió el juicio en lo relativo al fondo del escrito, también lo es que la Constitución Federal, la ley reglamentaria de la materia, ni la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, prevén algún medio de defensa en virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas tales resoluciones, de ahí que la sentencia en cuestión tenga el carácter de definitiva, no recurrible, y por ende, la calidad de cosa juzgada.

Por tanto, aceptar la procedencia del recurso de reclamación llevaría al extremo de que una resolución emitida por este Alto Tribunal, ya sea en Pleno o en Sala fuera materia de reclamación, lo cual, además de ir en contra de la naturaleza, origen y finalidad del recurso de reclamación, no es lógico ni jurídicamente posible.

De todo lo anterior resulta claro que, el recurso de reclamación interpuesto en contra de la sentencia definitiva dictada por la Segunda Sala de este tribunal, es improcedente.

En consecuencia, procede desechar el presente recurso de reclamación por improcedente.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

ÚNICO.-Se desecha por improcedente el presente recurso de reclamación.

Notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: Mariano Azuela Güitrón, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José Vicente Aguinaco Alemán y presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ausente el señor Ministro Juan Díaz Romero, previo aviso dado a la Presidencia. Fue ponente el señor Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6555-dcfe0f58/reclamacion-es-improcedente-ese-recurso-contra-las-ejecutorias · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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