AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA Y HACENDARIA MUNICIPAL. EL COBRO DE LOS DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS CORRESPONDERÁ AL MUNICIPIO ÚNICAMENTE CUANDO LOS PRESTE DIRECTAMENTE.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 1/96. AYUNTAMIENTO DE RÍO BRAVO, TAMAULIPAS.
MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.
SECRETARIO: OSMAR ARMANDO CRUZ QUIROZ.
FALLADA: 12 DE MAYO DE 1998.
VISTOS; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.-Por escrito presentado el dieciséis de febrero de mil novecientos noventa y seis, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Bernardo Gómez Villagómez, Erasmo Rubio Salaises y María Angelina García Montoya, en su carácter, respectivamente, de presidente municipal, síndicos primero y segundo del Ayuntamiento de Río Bravo, Tamaulipas, promovieron controversia constitucional, en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se transcriben:
"II. El órgano legislativo y ejecutivo que emitieren (sic) y promulgaren (sic) las normas generales impugnadas lo son: a) el H. Congreso del Estado de Tamaulipas el 12 doce de junio de 1992 mil novecientos noventa y dos y quien ordenó la impresión, publicación y debido cumplimiento lo fue el C. Gobernador Constitucional del Estado de esa fecha, Ing. Américo Villarreal Guerra, a la ley denominada Ley de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Tamaulipas, correspondiéndole el No. 319 como decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas el (sábado 7 de agosto de 1992).-b) El H. Congreso del Estado de Tamaulipas, mediante el Decreto No. 408 denominado Ley de Derechos para el Municipio de Río Bravo, Tamaulipas, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas el sábado 20 (veinte) de enero de 1996 (mil novecientos noventa y seis) virtud a la orden de impresión, publicación y debido cumplimiento a cargo del Gobernador Constitucional del Estado, Manuel Cavazos Lerma, siendo éste el primer acto de aplicación de la ley descrita en el inciso anterior, de la que se demanda su inconstitucionalidad.-III. Las normas generales cuya invalidez se reclaman, y el medio oficial de que se hubieren publicado lo son: a) El Decreto No. 319 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas el sábado 7 de agosto de 1993, por el que se expide la ‘Ley del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Tamaulipas’. (anexo 4).-b) El Decreto No. 408 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas el 20 (veinte) de enero de 1996 (mil novecientos noventa y seis), por el que se expide la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 1996, del Municipio de Río Bravo, Tamaulipas (anexo 5)."
SEGUNDO.-En la demanda no se señalaron antecedentes del caso.
TERCERO.-La demanda se funda en los artículos 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 59 al 62 de su ley reglamentaria.
CUARTO.-Por acuerdo de veintiuno de febrero de mil novecientos noventa y seis, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por recibida la demanda de mérito, se ordenó formar y registrar el expediente respectivo y designó como instructor al Ministro Genaro David Góngora Pimentel.
QUINTO.-Por proveído de veintidós de febrero de mil novecientos noventa y seis, el Ministro instructor requirió al Municipio actor para que aclarara su escrito inicial de demanda, a efecto de que precisara si lo que estaba promoviendo era una acción de inconstitucionalidad o una controversia constitucional, así como el acto reclamado al presidente de la República.
SEXTO.-Por auto del Ministro instructor de fecha ocho de marzo de mil novecientos noventa y seis, se agregó en autos el escrito presentado el veintinueve de febrero de ese mismo año, por el que la parte actora desahogó la prevención hecha, manifestando al respecto que la vía intentada era la de controversia constitucional y que, en cuanto al presidente de la República, no le impugnaba ningún acto.
En el propio auto se tuvo por admitida la demanda en vía de controversia constitucional y se ordenó emplazar a las partes.
SÉPTIMO.-Por auto de siete de mayo de mil novecientos noventa y seis, el Ministro instructor agregó a los autos las contestaciones de demanda de las autoridades demandadas, así como el pedimento del procurador general de la República.
OCTAVO.-Por auto de treinta de mayo de mil novecientos noventa y seis, el Ministro instructor citó a las partes a la audiencia de pruebas y alegatos, la que tuvo verificativo el veintiséis de junio de mil novecientos noventa y seis, y se puso el expediente en estado de resolución.
NOVENO.-En sesión de fecha diez de marzo de mil novecientos noventa y siete, el secretario general de Acuerdos de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación dio cuenta al Tribunal Pleno con el proyecto de sentencia de este asunto; en esa sesión el Ministro ponente solicitó retirar el proyecto, lo que se acordó favorablemente.
DÉCIMO.-Por auto de veintitrés de abril de mil novecientos noventa y siete, el Ministro instructor, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 35 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, y conforme a la tesis de jurisprudencia No. CX/95 (9a.), publicada en la página 85, del Tomo II, noviembre 1995, del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL MINISTRO INSTRUCTOR TIENE FACULTADES PARA DECRETAR PRUEBAS PARA MEJOR PROVEER."; requirió a las partes diversas constancias que consideró necesarias para poder examinar en su conjunto los razonamientos de las partes y resolver la cuestión efectivamente planteada.
Por auto de trece de mayo siguiente, se tuvo a las partes desahogando el requerimiento en tiempo y forma, y se les dio vista con las pruebas aportadas por cada una.
DÉCIMO PRIMERO.-Agotado el trámite respectivo, se devolvió el expediente al Ministro instructor para la elaboración del proyecto de sentencia.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o. de la ley reglamentaria de dicho precepto, y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se plantea un conflicto entre un Estado y uno de sus Municipios por posible invasión de competencias.
SEGUNDO.-A continuación se pasa al estudio de la oportunidad en la presentación de la demanda.
Al respecto, la parte demandada opone la excepción de extemporaneidad, atendiendo a que la Ley del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Tamaulipas que se combate, fue publicada el primero de agosto de mil novecientos noventa y dos, por lo que manifiesta que resulta extemporánea la demanda en tanto que ésta se promovió hasta mil novecientos noventa y seis, además de que los actos de aplicación de este ordenamiento tuvieron lugar con mucha anticipación a la presentación de la demanda, como es el caso del Acuerdo que creó la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Río Bravo, Tamaulipas, que fue el veinte de abril de mil novecientos noventa y tres, publicado en el Periódico Oficial del Estado el veinticuatro del citado mes y año.
Respecto de la Ley de Ingresos del Municipio de Río Bravo, Tamaulipas, manifiestan que ésta fue autorizada por el Congreso del Estado mediante Decreto Número 408, con fecha seis de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, indicándose en el primer artículo transitorio, que surtiría efectos a partir del primero de enero de mil novecientos noventa y seis, y si la demanda se presentó el dieciséis de febrero de ese año, transcurrió en exceso el término para promoverla.
El artículo 21, fracciones I y II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone:
"Artículo 21. El plazo para la interposición de la demanda será: I. Tratándose de actos, de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos; II. Tratándose de normas generales, de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia, y ..."
De conformidad con el precepto antes transcrito, el plazo para la presentación de la demanda de controversia constitucional será de treinta días, en tratándose de actos y de disposiciones generales. Cuando la demanda se promueva con motivo de disposiciones generales, el plazo para su presentación se computará a partir de su publicación o de su primer acto de aplicación.
Por cuanto hace a la Ley del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Tamaulipas, ésta se emitió mediante decreto legislativo número 319, publicado en el Periódico Oficial del Estado el siete de agosto de mil novecientos noventa y dos, y entró en vigor al día siguiente conforme a su artículo primero transitorio que dice: "El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.".
La ley en cuestión se combate en virtud del acto que se señala como el primero de su aplicación, que se hace consistir en la Ley de Ingresos del Municipio de Río Bravo, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y seis, publicada en el Periódico Oficial del Estado el veinte de enero de mil novecientos noventa y seis.
Por razón de método debe analizarse en primer término la oportunidad de la demanda con relación a la Ley de Ingresos combatida, que se dice es el acto de aplicación de la diversa ley impugnada, pues en función de esto se decidirá la oportunidad respecto de la Ley del Servicio Público de Agua Potable y Alcantarillado; en segundo, deberá determinarse si, por su naturaleza y contenido, la Ley de Ingresos puede considerarse efectivamente o no como acto de aplicación de la otra ley, en función de su estado autónomo o de dependencia que guarden entre sí.
En el caso, el acto que se señala como el de aplicación se hace consistir en una ley (Ley de Ingresos del Municipio actor); respecto de normas, el conocimiento formal y oficial de su existencia y entrada en vigor, se obtiene de su publicación en el medio de difusión correspondiente; por tanto, a efecto de realizar el cómputo respectivo debe estarse a la fecha de su publicación en el Periódico Oficial correspondiente, por ser el momento y el medio en que formalmente puede decirse que se tuvo conocimiento de la misma.
Esta Ley de Ingresos se publicó en el Periódico Oficial del Estado el día sábado veinte de enero de mil novecientos noventa y seis, por lo que, hecho el cómputo respectivo, se obtiene que el plazo de treinta días hábiles para su impugnación venció el día cuatro de marzo del propio año, debiéndose descontar los días domingo veintiuno, sábado veintisiete y domingo veintiocho de enero; sábado tres, domingo cuatro, lunes cinco, sábado diez, domingo once, sábado diecisiete, domingo dieciocho, sábado veinticuatro y domingo veinticinco de febrero; sábado dos y domingo tres de marzo, de mil novecientos noventa y seis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2o., 3o., fracciones I, II y III, y 6o. de la ley reglamentaria de la materia, en relación con el 3o., 70, 159 y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Por tanto, si la demanda se presentó ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia el dieciséis de febrero de mil novecientos noventa y seis, esto es, al décimo noveno día, se concluye que fue promovida dentro del plazo legal para tal efecto.
No pasa desapercibido que la parte demandada aduce que la Ley de Ingresos fue autorizada por el Congreso Estatal desde el seis de diciembre de mil novecientos noventa y cinco y que entró en vigor con efectos a partir del primero de enero de mil novecientos noventa y seis, por lo que debía atenderse a esta fecha para hacer el cómputo respectivo para la presentación de la demanda; sin embargo, tales circunstancias no modifican el cómputo antes hecho, toda vez que, con independencia de la fecha en que el Congreso la haya autorizado y entrado en vigor, lo cierto es que por un principio de seguridad jurídica y a efecto de no dejar en estado de indefensión a la parte actora, el plazo debe computarse atendiendo a la fecha en que se publicó la ley, que es cuando se tiene conocimiento cierto, formal y oficial de que se le dio publicidad, pues, incluso, es hasta su publicación que se sabe formalmente que la ley se autorizó y entró en vigor, de lo cual no puede tenerse conocimiento veraz a través de otro medio, y de ahí que en el caso concreto deba hacerse el cómputo a partir de su publicación oficial. Además, este tribunal ha sustentado el criterio de que el cómputo puede hacerse a partir de su publicación o de su entrada en vigor, por lo que, en el caso y por las razones antes dadas, debe estarse a lo más favorable a la parte promovente.
Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número P./J. 28/97, consultable a fojas 416, Tomo V, mayo de 1997, del Tribunal Pleno, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice:
"CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES, MOMENTO EN QUE SE INICIA EL PLAZO PARA HACERLAS VALER, CON MOTIVO DE LA PUBLICACIÓN DE LAS NORMAS GENERALES IMPUGNADAS, ANTERIOR A LA FECHA EN QUE ENTRÓ EN VIGOR LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.-El ejercicio de la acción de controversia constitucional, deducida contra normas generales, con apoyo en la nueva legislación que regula y desenvuelve ese medio de defensa de la Constitución, puede llevarse a cabo en dos momentos distintos: 1) Dentro del plazo de treinta días, contados a partir del día siguiente de su publicación; y 2) Dentro del plazo de treinta días, contado a partir del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma cuestionada. El primer supuesto, relativo a las normas generales ya existentes a la fecha de entrada en vigor de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es sumamente peculiar, pues podría parecer que en este caso sólo cabría impugnarlas cuando se realice su primer acto de aplicación, en tanto que la publicación de una norma general, en esas circunstancias, se efectuó antes de la vigencia de la ley de la materia. Con el fin de evitar lo anterior, y garantizar el ejercicio pleno de la acción de controversia constitucional, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que tratándose de normas generales publicadas con anterioridad al inicio de vigencia de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, su impugnación mediante la controversia constitucional, puede realizarse dentro del plazo de treinta días, contado a partir del día siguiente al en que entró en vigor aquélla; o bien, dentro del plazo de treinta días, contado a partir del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma controvertida, pues con este criterio se respeta en toda su extensión la doble oportunidad que el legislador confirió a los órganos de poder para cuestionar la constitucionalidad de normas generales."
Procede ahora analizar la oportunidad de la demanda con respecto a la Ley del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Tamaulipas, la que se combate con motivo de su primer acto de aplicación.
La Ley del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado se combate, esencialmente, porque crea organismos descentralizados encargados de la prestación de ese servicio público, que constituyen autoridad intermedia entre el Estado y los Municipios, y que afectan la autonomía municipal administrativa y hacendaria, en contravención de lo dispuesto por el artículo 115, fracciones I, III y IV, de la Constitución Federal.
La Ley de Ingresos para el Municipio actor, correspondiente al ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y seis, esencialmente se impugna porque no prevé que sea el Municipio el que deba prestar el servicio público de mérito y sea el que deba recibir el pago de derechos respectivos.
La Ley de Ingresos de referencia, por su propia y especial naturaleza, no puede atribuírsele el carácter de acto de aplicación de la Ley del Servicio Público de Agua Potable y Alcantarillado de la entidad, atento a su contenido.
El artículo 2o. de la ley del servicio público de referencia, dispone:
"Artículo 2o. Esta ley tiene por objeto establecer las bases para la dotación del servicio público de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial y de saneamiento en el Estado de Tamaulipas."
Por su parte, el artículo 1o. de la Ley de Ingresos del Municipio de Río Bravo, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y seis, dice:
"Artículo 1o. En el ejercicio fiscal de 1996, el Municipio de Río Bravo, Tamaulipas, percibirá los ingresos provenientes de los conceptos que a continuación se enumeran:
"I. Impuestos.
"II. Derechos.
"III. Productos.
"IV. Participaciones.
"V. Aprovechamientos.
"VI. Accesorios.
"VII. Financiamientos."
De estas disposiciones se advierte que la naturaleza de cada uno de los ordenamientos en cuestión son independientes entre sí, en tanto que regulan cuestiones diversas.
En efecto, por su contenido y materia, la Ley del Servicio Público de Agua Potable y Alcantarillado reglamenta cuestiones relativas a ese servicio público específico; por su parte, la Ley de Ingresos tiene efectos meramente fiscales, pues únicamente tiene por objeto el establecer los conceptos por los cuales percibirá ingresos el Municipio actor en un ejercicio fiscal determinado.
Por otra parte, si bien es cierto que la ley del servicio público en cita prevé en su artículo 31 que los organismos a que se refiere realizarán el cobro de los derechos por concepto de ese servicio, y por su parte, que la Ley de Ingresos en sus artículos 11 y 14, inciso D), prevén como derechos los relativos a cooperaciones para la ejecución de obras de interés público, entre las que se comprende la instalación de obras de agua y drenaje, sanitario y pluvial, mejoramiento o restauración de las ya existentes; tales circunstancias no implican de ninguna manera que la Ley de Ingresos esté ejecutando o constituya acto de aplicación de la ley del servicio público.
Lo anterior es así, toda vez que, por una parte, para considerar que un acto constituye la aplicación de una norma, implica que tiene su fundamento en la misma y que en ella se prevé el caso concreto que se identifica o se contiene en el señalado como de aplicación, de tal manera que a través de éste se materializa el presupuesto normativo que contiene la disposición general.
En el caso, la Ley de Ingresos no tiene su fundamento en la ley del servicio público de referencia; tampoco constituye un acto material en virtud del cual se aplique la segunda; no es una disposición que tenga por objeto sustancial la cumplimentación o ejecución de los fines u objetivos de la segunda; y, finalmente, la Ley de Ingresos sólo prevé los conceptos por los cuales percibirá ingresos el Municipio, sin que reglamente ninguna cuestión específica para la prestación del servicio público de agua potable y alcantarillado. Todo esto demuestra que la Ley de Ingresos no constituye acto de aplicación de la ley del servicio público respectivo.
Atento a todo lo expuesto en el presente considerando, se concluye que la demanda fue promovida oportunamente respecto de la Ley de Ingresos del Municipio actor para el ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y seis, pero no así respecto de la Ley del Servicio Público de Agua Potable y Alcantarillado, en virtud de que la demanda se promovió con motivo del primer acto de aplicación, pero quedó demostrado que la Ley de Ingresos citada no puede constituir acto de aplicación de la ley del servicio público en cita, por lo que respecto de esta última procede sobreseer en la controversia con fundamento en el artículo 20, fracción II, en relación con el 19, fracción VII, y 21, fracción II, todos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
TERCERO.-Previamente a cualquier otra cuestión debe estudiarse la legitimación de la parte promovente, por ser de orden público y de estudio preferente.
La parte demandada manifiesta que el presidente municipal carece de legitimación para representar al Municipio actor, en virtud de que la ley no le reconoce facultad para tal efecto.
Suscriben la demanda de controversia constitucional, el presidente municipal y los síndicos primero y segundo, del Ayuntamiento del Municipio de Río Bravo, Tamaulipas.
El Código Municipal de la entidad, en el capítulo VII y IX, relativos a las funciones de los presidentes municipales y de los síndicos establece:
"Artículo 57. El presidente municipal, con la aprobación del Ayuntamiento en cada caso, asumirá la representación jurídica del Municipio en los litigios en que éste fuera parte, cuando el síndico o síndicos tengan impedimento legal."
"Artículo 60. Los síndicos de los Ayuntamientos tendrán las siguientes facultades y obligaciones: ... II. Representar al Ayuntamiento en los litigios en que el Municipio sea parte, como mandatario general para pleitos y cobranzas en los términos del Código Civil del Estado, con la limitación de que no podrán desistirse, transigir, comprometer en árbitros o hacer cesión de bienes, recibir pagos, salvo autorización por escrito que en cada caso les otorgue el Ayuntamiento. Asimismo, tendrán a su cargo la atención de los negocios de la hacienda municipal."
"Artículo 61. En los Municipios donde existan dos síndicos, éstos podrán intervenir conjunta o separadamente en los negocios judiciales y administrativos, con las facultades señaladas en el artículo anterior."
De las anteriores transcripciones se advierte que quien tiene la representación jurídica del Ayuntamiento en los litigios en que éste fuere parte, lo es el síndico, quien podrá actuar como mandatario general para pleitos y cobranzas, por lo que, en el caso, los síndicos del Ayuntamiento de Río Bravo, Tamaulipas, que signan la demanda sí tienen legitimación para ejercer la acción de controversia constitucional a nombre y en representación del citado Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por el contrario, el presidente municipal no cuenta con esas facultades, por disposición expresa de la ley, la que únicamente se prevé en favor de los síndicos salvo que exista impedimento de éstos; debe destacarse que, en el caso, el presidente municipal no manifiesta que se dé tal circunstancia y, por el contrario, la demanda de mérito aparece signada por los síndicos primero y segundo del citado Ayuntamiento de Río Bravo, Tamaulipas. Luego entonces, asiste la razón a la parte demandada al afirmar que el presidente municipal carece de legitimación para representar al Ayuntamiento en los juicios en que el Municipio tenga interés, toda vez que, como ya se vió, esta facultad corresponde a los síndicos y no así al presidente municipal por disposición expresa de la propia ley municipal en comento.
Sobre el particular, tiene aplicación la tesis de jurisprudencia número 66/96, que a la letra dice:
"CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. FUNCIONARIOS LEGITIMADOS PARA PROMOVERLAS (CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS).-Del análisis de los artículos 53, 54, 57, 60, fracción II, 61 y 67 del referido ordenamiento, vigente al 5 de diciembre de 1995, se infiere que la representación legal para promover controversias constitucionales por los Municipios debe recaer en primer lugar en el síndico o síndicos de los Ayuntamientos y, excepcionalmente, cuando tengan impedimento legal en el presidente municipal con aprobación el Ayuntamiento."
Se resalta el hecho de que el Código Municipal no contiene disposición que requiera acuerdo previo del Cabildo que autorice a los síndicos para actuar a nombre del Ayuntamiento, sino que, por el contrario, tal ordenamiento les reconoce esa facultad sin condición formal alguna.
CUARTO.-A continuación se pasa al estudio de las causales de improcedencia que hacen valer las partes o que de oficio advierta este tribunal.
Manifiesta el gobernador del Estado de Tamaulipas que opone las excepciones de falta de legitimación activa del Ayuntamiento y de improcedencia por disposición expresa de la ley, ya que, en el caso, el Municipio actor impugna leyes por considerarlas inconstitucionales, y la vía procedente para tal efecto no es la controversia constitucional sino la acción de inconstitucionalidad respecto de la cual los Municipios no están legitimados para ejercerla.
Son infundadas las excepciones hechas valer por la autoridad demandada.
En efecto, debe destacarse que tanto la controversia constitucional como la acción de inconstitucionalidad, son acciones que prevé el artículo 105 de la Constitución Federal, en virtud de las cuales se pueden combatir disposiciones generales por contravención a la Carta Magna, sin que pueda deducirse de ninguna manera que sólo la acción de inconstitucionalidad sea la vía para combatir normas generales, pues, por el contrario, del contenido del artículo 105, fracción I, entre otros su inciso i), de la Constitución Federal, se prevé que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá de las controversias que se susciten entre un Estado y uno de sus Municipios, como es el caso, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales, lo cual evidencia claramente que en este tipo de acción el Municipio sí puede controvertir la constitucionalidad de disposiciones generales, por lo que, si fue ésta la vía que seleccionó, como se aprecia de su escrito aclaratorio de demanda y según se proveyó por auto de fecha ocho de marzo de mil novecientos noventa y seis, es claro entonces que el Municipio sí cuenta con legitimación activa para promover la demanda de controversia constitucional.
Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número P. XLIII/96, visible en la página 262, Tomo III, marzo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS MUNICIPIOS TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105 CONSTITUCIONAL, REFORMADO POR DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO; Y ANTES DE LA REFORMA, POR INTERPRETACIÓN JURISPRUDENCIAL DE DICHO PRECEPTO, VIGENTE EN ESA ÉPOCA.-De conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso i) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en vigor el doce de junio de mil novecientos noventa y cinco y 10, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo del mismo año, corresponde a la Suprema Corte conocer de las controversias constitucionales surgidas entre los Estados y sus Municipios sobre la constitucionalidad de sus actos y disposiciones generales, quedando dichos Municipios, por tanto, legitimados para promover la acción correspondiente. Pero antes de las reformas al referido artículo 105 constitucional en los términos expuestos, los Municipios ya tenían legitimación para intentar la acción de controversia constitucional, porque este Alto Tribunal, interpretando dicho precepto como a la sazón estaba vigente, había establecido criterio en el sentido de considerar al Municipio como un poder, para efectos de que pudiera tener acción constitucional, con lo cual se garantizó la efectividad de los beneficios derivados del artículo 115 de la propia Constitución Federal, reformado por decreto publicado el tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres que, de otro modo, hubiera carecido de resguardo judicial."
Aduce también el gobernador del Estado, que opone la excepción de oscuridad de la demanda, ya que el escrito inicial de demanda es impreciso, tanto por su contenido como por su fundamentación legal, ya que al corregir la acción intentada mediante su escrito aclaratorio de demanda, deja a la parte demandada en estado de indefensión al no adecuar su fundamentación legal.
Es infundada la excepción que se hace valer, ya que del estudio integral del escrito de demanda se aprecian claramente los elementos necesarios que fijan la litis constitucional y, del escrito aclaratorio de demanda y del auto de admisión de fecha ocho de marzo de mil novecientos noventa y seis, se establecen los fundamentos legales que prevén la controversia constitucional planteada y el supuesto concreto en que se ubica.
En efecto, por una parte se tiene que en la demanda claramente se señalan las disposiciones impugnadas (Ley del Servicio Público de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Tamaulipas, y Ley de Ingresos del Municipio de Río Bravo, Tamaulipas, para el ejercicio de mil novecientos noventa y seis); las autoridades demandadas (Congreso y gobernador del Estado de Tamaulipas); preceptos constitucionales violados (artículo 115, fracciones I, III y IV, de la Constitución Federal); y, conceptos de invalidez (creación de autoridades intermedias entre el Estado y los Municipios; afectación a la autonomía administrativa municipal,
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4939-3105cc68/autonomia-administrativa-y-hacendaria-municipal-el-cobro-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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