CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. NO CONSTITUYE UNA AUTORIDAD INTERMEDIA ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 24/97. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RÍO BRAVO, TAMAULIPAS.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día dieciocho de enero de dos mil uno.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO.-Mediante escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el día ocho de agosto de mil novecientos noventa y siete, Bernardo Gómez Villagómez, Erasmo Rubio Salaises, María Angélica García Montoya y Álvaro Cervantes Sánchez, en su carácter, respectivamente, de presidente municipal, síndico primero, síndico segundo y secretario, todos ellos del Ayuntamiento del Municipio de Río Bravo, Tamaulipas, promovieron demanda de controversia constitucional en contra de los actos y autoridades que enseguida se precisan:
"Entidad, poder u órgano demandado y su domicilio: A) H. Congreso del Estado de Tamaulipas, con domicilio en la Unidad Cívico Gubernamental ‘José López Portillo’, Cd. Victoria, Tamaulipas.-B) Contaduría Mayor de Hacienda, representada por la C.P. Cecilia Laura Andaverde Gil en su carácter de titular de dicho órgano demandado y con el mismo domicilio señalado en el inciso anterior.-Norma general y acto cuya invalidez se demanda: a) Artículo 58 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, particularmente el párrafo subrayado de la fracción VI que dispone: ‘VI. Revisar y calificar, por conducto de la Contaduría Mayor de Hacienda, las cuentas públicas del Estado, de los Municipios y demás organismos que administren o manejen fondos del sector público. Una ley determinará la organización y funcionamiento de dicha contaduría que dependerá en absoluto del Congreso y estará bajo la vigilancia de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.’.-La Constitución Política del Estado de Tamaulipas fue promulgada por bando solemne, ordenando su impresión el 5 de febrero de 1921 y mediante Decreto No. 107 del 25 de enero de 1994 que ordenó las reformas y adiciones, entre otros a los artículos 45 y 46 constitucionales que se relacionan con la controversia planteada.-b) La Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda (anexo 3) aprobada por el H. Congreso del Estado, según Decreto No. 396, de fecha 1o. de octubre de 1986 y su reforma al artículo 21 efectuada mediante decreto 110 de fecha 8 de febrero de 1994.-c) Consecuentemente la orden de revisión de las operaciones que lleva a cabo este Ayuntamiento, girada por la Contaduría Mayor de Hacienda mediante oficio No. CMH/188/97, de fecha 4 de julio de 1997 (anexo 4) y que como primer acto de aplicación se señala."
SEGUNDO.-En la demanda se señalaron como antecedentes del caso, los siguientes:
"Manifestación de los hechos o abstenciones que nos constan y que constituyen antecedentes de la norma general cuya invalidez se demanda: 1. Con fecha 4 de julio de 1997, el segundo de los órganos demandados por conducto de su titular, Contaduría Mayor de Hacienda del Gobierno de Tamaulipas, por oficio No. CMH/188/97, ordena requerir al presidente municipal de Cd. Río Bravo, Tamaulipas, lo siguiente: ‘... Con fundamento en las facultades que otorga a esta contaduría, el artículo 5o., fracción III de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, agradeceré se sirva girar sus apreciables instrucciones a quien corresponda, para que se les proporcione la información y documentación y se les den todas las facilidades para efectuar la revisión de las operaciones efectuadas por ese R. Ayuntamiento que usted preside tan dignamente, a los CC. C.P. Eloísa Reyna Trejo, director de auditoría, Lic. Alfredo Castillo Camacho y C.P. Irma Angélica Toledano Reyna, auditores adscritos a la Contaduría Mayor, por el periodo comprendido del 1o. de enero de 1996 a la fecha de recibido del presente oficio.-Agradezco de antemano la atención que se sirva brindar a los auditores antes citados. ...’.-Levantándose al efecto acta que como anexo No. 5 acompañamos a este escrito.-2. En fecha 8 de julio de 1997, la citada autoridad responsable mediante oficio CMH/210/97 (anexo 6), dirigido al C. Secretario del Ayuntamiento de Río Bravo, Tamps., insistió en su orden, amenazando inclusive con aplicar sanciones, según el tenor siguiente: ‘... Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, fracción VI de la Constitución Política Local, 46 y 47 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 1o. y 5o., fracción III, 10, fracciones I y VII, 13, 14, fracción I y 35 de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, se le requiere para que autorice a los CC. C.P. Eloísa Reyna Trejo, director de auditoría, Lic. Alfredo Castillo Camacho y C.P. Irma Angélica Toledano Reyna, auditores de este organismo fiscalizador, para que realicen en ese Municipio, las actividades referidas en el oficio No. CMH/188/97 de fecha 7 de julio del presente año, apercibiéndosele que en caso contrario se le aplicarán las sanciones procedentes. ...’.-3. El 10 de julio de 1997, el director de Auditoría de la segunda de las responsables, Contaduría Mayor de Hacienda, insistió en cumplimentar las órdenes anteriormente transcritas y mediante oficio 218/97 (anexo 7), especifica la documentación que se precisa, señalando un plazo de 6 (seis) días hábiles para proporcionar la prevención que se realizó en los términos siguientes: ‘... Por ser necesario para empezar la revisión de las operaciones efectuadas por el Ayuntamiento a su digno cargo, encomendadas en el oficio No. CMH/188/97 de fecha 4 de julio del presente año y recibido en la presidencia municipal el día 7 de julio de 1997 por la C. Yolanda M., secretaria suplente de la secretaria particular y con fundamento en el artículo 14, fracciones I y II, artículo 3o., ambos de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda del H. Congreso del Estado de Tamaulipas y en el artículo 53 del Código Fiscal del Estado, se solicita en un plazo de 6 (seis) días hábiles la documentación e información que a continuación se describe: 1. Presupuesto de egresos e ingresos por partida y por capítulo autorizado para 1997 y en su caso las modificaciones autorizadas.-2. Copias de la aprobación del Cabildo de las ampliaciones y transferencias efectuadas en 1996.-3. Se solicita relación analítica de cada uno de los auxiliares de las cuentas que integran el balance general al 31 de diciembre de 1996 y a la fecha de entrega de la contestación del presente oficio.-4. Se solicita informen las políticas a seguir en la entrega de recursos por parte del Ayuntamiento y la recuperación de los mismos para viáticos, gastos a comprobar, préstamos personales, anticipos a proveedores y contratistas, etc., vigentes al 31 de diciembre de 1996 y a la fecha de la contestación del presente oficio.-5. Se solicita plantilla de personal autorizada y actualizada a la fecha.-6. Se solicita el padrón de proveedores y contratistas.-7. Relación de vehículos y maquinaria propiedad del Ayuntamiento, indicando el número económico y características generales de identificación de cada uno.-8. Programa de obras del Ayuntamiento y programas que haya efectuado el Ayuntamiento durante 1996 y en lo que va de 1997 con su respectiva estructura financiera.-9. Se solicita relación analítica del adeudo por aportación municipal a obras de bienestar social por la cantidad de $773,833.00 que registran en el formato 08 de su cuenta pública de 1996.-10. Se solicitan pólizas de ajuste y la documentación comprobatoria de la diferencia que existe entre los ingresos y gastos reportados en sus cuentas públicas mensuales y lo reportado en la cuenta pública anual de 1996.-11. Se solicita información y documentación de la aportación municipal que corresponde al Ayuntamiento, informando en qué partida se registró por programa y la documentación comprobatoria correspondiente de todos los programas de obras que realice o haya realizado el Ayuntamiento durante 1996 y lo que va de 1997. Así como del programa Capufe por el mismo periodo solicitado anteriormente, con su documentación comprobatoria correspondiente e informes proporcionados al Comité Estatal de Capufe.-12. Relación de bienes inventariables adquiridos al 31 de diciembre de 1996 y a la fecha de entrega de la contestación del presente oficio. ...’.-4. La Contaduría Mayor de Hacienda del Poder Legislativo actúa en nombre de dicho poder, informando sus actuaciones al diputado Eliseo Castillo Tejeda, presidente de la Gran Comisión del H. Congreso del Estado, así como al presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, del mismo Congreso, quienes consienten la auditoría que pretende información, documentación comprobatoria y números a la fecha de entrega de requerimiento, diez de julio de 1997, invocando la fracción III del artículo 5o. de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, con la coparticipación y tolerancia del H. Presidente de la Comisión de Hacienda."
TERCERO.-Los conceptos de invalidez que adujo la parte actora, son los siguientes:
"Primero. El órgano actor manifiesta su entera conformidad en el cumplimiento urgente del artículo 115 de nuestra Carta Magna que en su fracción IV dispone la exclusiva competencia de los Municipios para administrar libremente su hacienda, la que se formará con los conceptos que se señalan en los incisos a), b) y c) de dicha disposición constitucional.-También el órgano actor expresa su absoluta conformidad y necesario cumplimiento de lo establecido en el último párrafo del inciso c) de la misma fracción IV del dispositivo constitucional en cita que, adicionalmente, prevé las facultades de las Legislaturas de los Estados para revisar las cuentas públicas de los Ayuntamientos.-Sin embargo, tanto las disposiciones constitucionales de carácter federal y estadual en relación con la revisión de cuentas públicas establecen sistemas, oportunidades, épocas y periodos, en los cuales el Congreso de la Unión, y en el caso a estudio, el Congreso del Estado de Tamaulipas, llevarán a cabo el ejercicio de la disposición constitucional, traducida en la ineludible obligación de fiscalización y revisión de las cuentas públicas; en efecto, el artículo 74, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos faculta en forma exclusiva a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a revisar la cuenta pública del año anterior, que deberá ser presentada a dicha Cámara dentro de los primeros días del mes de junio y a su vez, la disposición constitucional estadual correlativa, en su artículo 45, establece que el Congreso se ocupará preferentemente de los asuntos relativos al examen y calificación de las cuentas de recaudación y aplicación de los fondos públicos municipales correspondientes al año anterior, cuentas que deberán ser remitidas por conducto del Ejecutivo en la segunda quincena del mes de marzo, cuenta que por el año de 1996 el Ayuntamiento remitió mediante oficio sin número de fecha 31 de marzo de 1997, con acuse de recibo No. 3651 de la Contaduría Mayor de Hacienda (anexo 8); así mismo, conforme a lo dispuesto por el artículo 49, fracción XIII del Código Municipal envió las cuentas e informes contables y financieros correspondientes a los meses de enero de 1996 a mayo de 1997 (anexos 9 y 10). De esa tesitura el órgano actor actual presentó en tiempo y en cumplimiento con la disposición constitucional que se comenta dentro de los términos que la norma constitucional estadual establece, las cuentas de recaudación y aplicación de los fondos públicos municipales, las que por negligencia no han sido estudiadas por el órgano demandado y menos aprobadas, omisiones o circunstancias que comprendemos mas no justificamos, puesto que el motivo de las auditorías extemporáneas por adelantadas al pretender fiscalizar el gasto público municipal de enero a julio de 1997, se origina porque el órgano municipal actor proviene de un partido político diferente al del que proviene el titular del Poder Ejecutivo y los órganos subordinados del Congreso del Estado, cuyos titulares, presidente de la Comisión del Congreso y presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del mismo órgano demandado, por conducto de la contador mayor de Hacienda, C.P. Cecilia Laura Andaverde Gil, han invocado una disposición autoritaria, inaplicable a la entidad municipal, carente de técnica legislativa, puesto que su redacción permite a la Contaduría Mayor de Hacienda: ‘practicar auditorías, visitas e inspecciones y en general realizar las investigaciones necesarias (sic), para lograr el cabal cumplimiento de sus atribuciones y solicitar de cualquier persona física o moral (sic), la documentación que fuere necesaria’, disposición autoritaria que refleja lo indeterminado de la fuente generadora, es decir, el último párrafo del artículo 58 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas que establece la posibilidad de que una ley determine la organización y funcionamiento de la Contaduría Mayor subordinada, en absoluto (sic), del Congreso y estará bajo vigilancia de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, disposiciones que entrelazadas entre sí, violentan los procedimientos, plazos y términos que las propias normas constitucionales invocadas establecen para revisar las cuentas públicas, tanto la del Gobierno Federal como las municipales, en el caso concreto del Municipio de Río Bravo, Tamps. ... Lo anterior es así, puesto que tal y como se aprecia en el acta administrativa, folio 08 de la secretaría del Ayuntamiento que el órgano actor levantó con motivo de la ‘visita domiciliaria’ ordenada por la segunda de las autoridades demandadas, no existe oposición alguna a la práctica de visitas, inspecciones, auditorías o trabajos de investigación, siempre y cuando se muestre la resolución tomada por el Pleno del H. Congreso del Estado en relación con la revisión de la cuenta pública municipal de 1996 y las correspondientes a los meses de enero a mayo, presentadas por el órgano actor y en el evento de que la ‘visita domiciliaria’ se relacione con las cuentas públicas rendidas con oportunidad al órgano demandado, en esa medida las órdenes de auditoría serán debidamente acatadas, puesto que lo contrario lesiona la autonomía municipal, violenta las disposiciones constitucionales relacionadas con la norma general de la que se demanda la invalidez, fuente generadora de la disposición reglamentaria que indebidamente soporta el acto reclamado.-Pretender que el órgano actor reciba una lesiva molestia injustificada al distraer recursos, tiempo y personal para acceder a los 12 puntos que conforman la solicitud de documentación e información contenidos en el anexo 7, relativo al oficio No. CMH/218/97 de fecha 10 de julio del presente año, suscrito por el órgano actor demandado, constituye una evidente violación de la autonomía municipal que se transgrede al amparo de disposiciones anticonstitucionales que aprovecha la generalidad y abstracción del artículo 58, fracción VI de la Constitución Estatal tamaulipeca que ordena la expedición de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda y con apoyo en dicha disposición, fuera de los plazos establecidos por la propia Constitución, se pretende hostigar y amedrentar al órgano actor con la práctica de auditorías amenazantes, sin que el Municipio se encuentre obligado a cumplir con las disposiciones legales de las que se solicita la invalidez, puesto que consentir lo anterior, significa una intromisión atropellada y por adelantado a la autonomía municipal, puesto que ya el Congreso tiene la oportunidad y facultad constitucional de revisar al detalle las cuentas de recaudación y aplicación de los fondos públicos municipales correspondientes al año de 1996, documentación que le fuera remitida al Ejecutivo Estatal como lo dispone el precepto constitucional, pero tampoco antes de dicho examen y calificación, pueden los órganos demandados solicitar documentación e información sin que haya sido examinada y calificada dicha cuenta o que con motivo de dicho examen y calificación y como solventación se requieran.-Segundo. Con motivo de la reforma en materia municipal que se presentó en 1983, se reforzó la libertad política del Municipio, así como su autonomía administrativa y financiera, considerándose a éste una entidad de derecho público o bien institución de orden público, dotada de personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su régimen interior, con la libre administración de su hacienda, recursos y servicios destinados a la comunidad local, sin más límites que los señalados específicamente en las leyes según se observa de diversos comentarios a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 3o. del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. Por ello constituye un atropello a los principios rectores anteriores, que a pesar de reconocer la calidad de entidad pública al Municipio y en particular al de Río Bravo, Tamaulipas, como así lo establece la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda en el artículo 2o., fracción III, inciso d). En las actuaciones por las que la autoridad correspondiente notifica y ordena, se invoca la fracción III del artículo 5o. de la ley de la que se solicita su invalidez, visitas que puede realizar la Contaduría Mayor por medio de auditorías e inspecciones domiciliarias a cualquier persona física o moral, denominación distinta a la que tiene el Municipio, puesto que las personas físicas o morales se identifican en el derecho común y se definen en Códigos Civiles, compendios de sociedades mercantiles y tratados que se relacionan con el derecho privado. Sin embargo, la connotación del Municipio se encuentra exclusivamente ya no en el derecho administrativo sino en el nuevo derecho municipal que estudia a la perfección las características del ente y lo clasifica en un lugar aparte y ajeno al derecho común, otorgándosele las definiciones contenidas en la Constitución Federal como en el Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. En tales condiciones el Municipio no puede ser tratado como una persona física o moral, puesto que en sus relaciones con los demás poderes estaduales, en el caso concreto, del Poder Legislativo, no deben existir instancias intermedias y menos aún directores de auditoría dependientes de un órgano inferior jerarquizado y subordinado a la Contaduría Mayor de Hacienda que lo está a su vez al Poder Legislativo.-Por ello, de resultar anomalías en las revisiones sometidas al Pleno del H. Congreso del Estado de Tamaulipas, derivadas de la revisión de las cuentas públicas del órgano actor por los periodos que la Constitución establece y en los términos que la Carta Magna señala, es decir, lo sucedido desde el punto de vista del gasto público hasta el 31 de diciembre de 1996, sólo puede ser objeto de discusión por el Pleno del Poder Legislativo del Gobierno del Estado, que lo deberá hacer según lo dispone la norma constitucional estadual, conforme lo establece el artículo 45 de la Carta Magna y es en el seno del Congreso del Estado en donde deben señalarse, en caso de que existan irregularidades o presuntas anomalías, para que por la votación que en el caso se exige y de ser así, deberá dictarse acuerdo de turno a la dependencia de fiscalización y por acuerdo del Pleno, las instrucciones, prevenciones o indicaciones que en su caso procedan y con las particularizaciones necesarias por el preciso acuerdo correspondiente que en forma razonada y congruente establezca el porqué y los alcances de la revisión que se pretende, en tratándose de los números de la cuenta municipal de 1996, según se indica en el acta administrativa de fecha 7 de julio de 1997 y que a solicitud del C. Secretario del Ayuntamiento de Río Bravo, se hace constar en la mencionada acta, por lo que de no ser así, la visita domiciliaria al órgano actor constituye, como ya se dijo, una invasión de su autonomía municipal que por ningún motivo puede justificarse y menos aún consentirse, solicitando la invalidez de la fracción III del artículo 5o. de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda con los datos de promulgación, publicación e iniciación de la vigencia anotados en el capítulo correspondiente de esta controversia y que fue expedida con apoyo en lo dispuesto por el párrafo correspondiente señalado del artículo 58 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas en su fracción III, habida cuenta que su imprecisión en su redacción, hace posible la materialización de actos y actuaciones ilegales en perjuicio de la autonomía municipal, destacándose, sin embargo, la disponibilidad en el cumplimiento de su obligación del órgano actor en rendir las cuentas públicas necesarias en los términos establecidos por las disposiciones invocadas y si de ellas se desprendiese la más mínima irregularidad establecida ante la soberanía del Poder Legislativo, si por la decisión de dicho Congreso se ordena a la autoridad competente el desahogo y verificación de la cuenta rendida oportunamente por el periodo de 1996 y a futuro las del presente año, existe la disposición inmediata de acatar la decisión correspondiente.-A mayor abundamiento, el órgano actor con la finalidad de denunciar las violaciones a la autonomía municipal y a la Constitución Federal, acudió ante el órgano de control constitucional, Juzgado Octavo de Distrito en Tamaulipas, con residencia en Cd. Reynosa, Tamps., resolviendo con toda claridad la autoridad jurisdiccional mencionada en fecha 10 de julio de 1997, dentro del cuaderno auxiliar de amparo No. 91/97-3, que los actos reclamados no pueden escapar del control constitucional, porque en todo caso pueden ser materia del procedimiento relativo a las controversias constitucionales, en donde únicamente son parte los poderes y órganos involucrados en este conflicto, según se advierte en la instrumental de actuaciones que como anexo 11 acompañamos a esta demanda.-Razonamientos que compartimos con la autoridad jurisdiccional federal y sometemos a la recta consideración de nuestro más Alto Tribunal de justicia en el país."
CUARTO.-Por acuerdo de dieciocho de agosto de mil novecientos noventa y siete, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, del que por turno correspondió conocer como instructor al Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano.
Por auto de fecha diecinueve del mismo mes y año, el Ministro instructor tuvo por admitida la demanda de controversia constitucional y ordenó emplazar a la autoridad demandada; asimismo, ordenó dar vista al procurador general de la República.
QUINTO.-El Congreso del Estado de Tamaulipas y la Contaduría Mayor de Hacienda de dicho Congreso, al formular su contestación de demanda, en síntesis manifestaron lo siguiente:
a) Que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación carece de facultades para decidir el fondo del asunto, dado que este juicio, por su naturaleza no es una controversia constitucional de las mencionadas en el artículo 105 de la Constitución General de la República, sino que es una controversia de carácter local, en los términos del artículo 114, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas.
b) Que resulta improcedente la acción intentada por el Municipio de Río Bravo, Tamaulipas, toda vez que de la lectura de la demanda se desprende que el Municipio actor funda su reclamación, en la facultad que tiene el Pleno del Congreso del Estado para revisar y calificar, por conducto de la Contaduría Mayor de Hacienda, las cuentas públicas de los Municipios, sin tomar en cuenta que dicha competencia deriva de la facultad que le concede al Poder Legislativo el artículo 115, fracción IV, último párrafo de la Ley Suprema, que se cristaliza en el diverso 58, fracción VI de la Constitución Política Local.
c) Que sobre la constitucionalidad y legalidad de la revisión y calificación de las finanzas públicas, es aplicable lo dispuesto por los artículos 1o. y 5o., fracciones I y III de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, donde se establece claramente que la ley de la materia tiene carácter de orden público, y que su objeto es normar la fiscalización, control y evaluación del gasto público del Estado, Municipios y entidades de la administración pública; para ese efecto específico se atribuyen facultades de imperio a la Contaduría Mayor de Hacienda para revisar las cuentas públicas y ordenar la práctica de visitas, inspecciones, auditorías y trabajos de investigación adicionales en los programas del citado órgano técnico del honorable Congreso del Estado y organismo superior de fiscalización y control gubernamental, y en ese tenor, lo que pretende la parte actora, es que se impida la revisión de los fondos públicos, lo que resulta contrario al artículo 115, fracción IV constitucional, toda vez que atenta contra el orden público y el interés social, dado que la colectividad se encuentra interesada en que se observe y se cumpla la ley, para así estar en disposición de conocer el destino del gasto público que se conforma con el pago de obligaciones tributarias.
d) Que oponen la excepción de falta de acción y derecho en atención a que el Congreso del Estado es competente para revisar y calificar, por conducto de la Contaduría Mayor de Hacienda, las cuentas públicas del Estado y los Municipios; en ese tenor la citada Contaduría Mayor de Hacienda tiene las más amplias facultades de revisión y de inspección, en su caso, para cumplir su cometido; así las cosas, la parte actora carece de falta de acción y de derecho, para demandar la invalidez de los artículos 58, fracción VI de la Constitución Política Local, 5o., fracción III y 21 reformado de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda.
e) Que el artículo 53 del Código Municipal establece que los Ayuntamientos serán representados por el presidente municipal, y también señala que éste es quien debe ejecutar los acuerdos y disposiciones que el Ayuntamiento dicte, y en el presente caso no se está actuando en los términos de dicho numeral, al no exhibir la parte actora como documento fundatorio de su acción, el acuerdo respectivo de Cabildo.
f) Que el artículo 57 del citado Código Municipal indica que el presidente municipal requiere de la aprobación del Ayuntamiento, en cada caso, para asumir la representación jurídica del Municipio en los litigios en que éste fuera parte, cuando el síndico o síndicos tengan impedimento legal; disposición semejante que contiene la fracción II del artículo 60 del Código Municipal, de donde se deduce que también los síndicos de los Ayuntamientos podrán intervenir válidamente en asuntos jurídicos con la aprobación del Cabildo; situación esta que, como ya se dijo, no acreditan los promoventes, por lo tanto, su actuación excede a las disposiciones legales, no encontrándose legitimados para presentar la actual demanda.
g) Que las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y fracciones I y II del artículo 10 de la ley reglamentaria, establecen que tendrán el carácter de partes, tanto el demandado, como la entidad, poder u órgano que promueva la controversia, que en el presente caso lo es el Municipio de Río Bravo, Tamaulipas, quien por simple lógica jurídica, es quien debe autorizar a la persona que legalmente lo represente, otorgándole facultades para presentar una demanda, o en su caso controversias; pensar lo contrario dejaría al criterio de una sola persona asumir u omitir, a capricho, algo que le corresponde por facultad legal acordar al órgano colegiado del Municipio.
h) Que oponen la excepción de efectos no derogatorios de la ley ya que en el supuesto no consentido de que llegara a pronunciarse una resolución favorable a los intereses de la parte peticionaria, por ningún concepto podría tener tal fallo, efectos derogatorios o abrogatorios de los ordenamientos legales que se han dejado mencionados, porque conforme a un principio general de derecho que recoge el artículo 9o. del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable en materia federal, y sus correlativos de la totalidad de los Códigos Civiles de las entidades federativas, la ley sólo queda derogada o abrogada por otra posterior que así lo declare expresamente o que contenga disposiciones total o parcialmente incompatibles con la ley anterior. Esta posibilidad únicamente tiene como excepción, en cuanto a su generalidad, la declaración de que una ley supone un acto reclamado que vulnere las garantías individuales en el juicio de amparo, que no es el caso sujeto a estudio.
i) Que es incorrecto en una controversia constitucional plantear violación a los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, ya que los órganos públicos actuando como autoridad no son titulares de garantías individuales.
j) Que también es erróneo citar el artículo 74, fracción IV, sexto párrafo de la Constitución Federal, toda vez que dicho numeral se refiere a la presentación de la cuenta pública del Gobierno Federal ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; como se observa, nada que tenga relación con la facultad de la Contaduría Mayor y del Congreso del Estado para revisar y aprobar la cuenta pública; es de destacarse que la facultad revisora no se puede ejercer por analogía con la reglamentación federal, puesto que la autoridad sólo está obligada a hacer lo que la propia ley le indica, y los actos que impugna el Municipio promovente y las normas cuya invalidez demanda, actualmente confieren a la Contaduría Mayor de Hacienda y al honorable Congreso del Estado, la facultad de revisar y aprobar la cuenta pública del Estado, los Municipios y entidades de la administración pública.
k) Que de la acción pretendida por el actor deriva la ambigüedad y oscuridad de los conceptos de invalidez, pues, por una parte, el promovente considera que es legal la facultad del Congreso para revisar y
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6972-29da73c3/contaduria-mayor-de-hacienda-del-congreso-del-estado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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