AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. CORRESPONDE A LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, ESTABLECER Y REGLAMENTAR LO RELATIVO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, ASÍ COMO ESPECIFICAR LOS ENTES ENCARGADOS DE ELLO Y SU REGULACIÓN.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 7/97. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RÍO BRAVO, TAMAULIPAS.
MINISTRA PONENTE: OLGA MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS.
SECRETARIO: OSMAR ARMANDO CRUZ QUIROZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día diecisiete de agosto de mil novecientos noventa y nueve.
VISTOS; y
RESULTANDO:
PRIMERO.-Mediante escrito presentado en la Oficina de Correos de Río Bravo, Tamaulipas, el día cuatro de febrero de mil novecientos noventa y siete y recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el día once del mismo mes y año, Bernardo Gómez Villagómez, Erasmo Rubio Salaises, María Angélica García Montoya y Álvaro Cervantes Sánchez, en su carácter, respectivamente, de presidente municipal, síndico primero, síndico segundo y secretario del Ayuntamiento de Río Bravo, Tamaulipas, promovieron demanda de controversia constitucional en contra de los actos y autoridades que enseguida se precisan:
"Entidad, poder u órgano demandado y su domicilio: A) H. Congreso del Estado de Tamaulipas, con domicilio en la Unidad Cívico Gubernamental ‘José López Portillo’, Cd. Victoria, Tamaulipas.-B) Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas, representado por el señor gobernador constitucional, el secretario general de Gobierno y el secretario de Hacienda, con domicilio en el tercer piso del Palacio de Gobierno, sito en las calles de Hidalgo y Juárez, entre 5 de Mayo y Manuel González, de Ciudad Victoria, Tamaulipas.-Normas generales cuya invalidez se demandan: A) Ley del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Tamaulipas (anexo 3), emitida mediante Decreto No. 319.-B) Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal de 1997, del Municipio de Río Bravo, Tamaulipas (anexo 4), emitida mediante Decreto No. 109."
SEGUNDO.-En la demanda se señalaron como antecedentes del caso, los siguientes:
"Manifestación de los hechos o abstenciones que nos constan y que constituyen antecedentes de las normas generales cuya invalidez se demandan: 1. Con fecha 10 de noviembre de 1996, el H. Cabildo de Río Bravo, Tamaulipas, en sesión celebrada en esta misma fecha formuló, aprobó y remitió el proyecto de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal de 1997 (anexo 5), al Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas, y éste a su vez, sin hacer ninguna modificación a los rubros envió al Poder Legislativo dicha ley para su estudio y aprobación, la cual fue publicada en el Periódico Oficial de fecha 21 de diciembre de 1996 mediante el Decreto No. 109.-Es el caso que el H. Congreso del Estado al dictaminar (anexo 6), sobre la iniciativa de Ley de Ingresos, no aprobó el proyecto donde se contemplan nuevos conceptos de impuestos y de derechos de este Municipio de Río Bravo, Tamaulipas, y consecuentemente, negó la aprobación del cobro de las cuotas fijadas en la ley de referencia y que consideramos es el primer acto de aplicación de la norma que da lugar a la controversia, y que enseguida se enumeran: A) Derechos por servicios de agua y drenaje: El artículo 115, fracción III, de la Carta Magna, establece entre otros imperativos, que los Municipios con el concurso de los Estados cuando así fuere necesario y lo determinen las leyes, tendrán a su cargo los siguientes servicios públicos: a) Agua potable y alcantarillado, y en su fracción IV establece que los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que le pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor y, en todo caso: inciso c) los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. Por otra parte, el artículo 132 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, que es idéntico a la norma constitucional antes mencionada, establece también estos imperativos.-Ahora bien, la Legislatura del Estado de Tamaulipas negó la aprobación de la Ley de Ingresos del Municipio de Río Bravo, Tamaulipas, en el rubro antes señalado aduciendo que en cuanto a la proposición del cobro de derechos por el servicio de agua y drenaje, el mismo es prestado a la población de Río Bravo, Tamaulipas, por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, en base a lo dispuesto en la fracción IV del artículo 46 de la Ley del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Tamaulipas, y en tal virtud el cobro por dicho servicio le corresponde al organismo público descentralizado mencionado."
TERCERO.-Los conceptos de invalidez que adujo la parte actora, son los siguientes:
"Primero. Los artículos 39 y 40 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ofrecen al órgano actor la posibilidad de que este H. Alto Tribunal de nuestro país pueda suplir las deficiencias de los diferentes planteamientos de las partes e imponen a este H. Alto Órgano de Control Constitucional la potestad del examen en su conjunto de los razonamientos para resolver las cuestiones efectivamente planteadas y partiendo del principio anterior, estimamos que la litis, en la presente controversia, radica sustancialmente en determinar si dentro del catálogo de servicios públicos, contenidos en la fracción III del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los que de manera obligatoria el Municipio se encuentra obligado a prestar, particularmente el servicio de agua potable y alcantarillado, debe prestarlo el Ayuntamiento, en este caso el de Río Bravo, y por excepción con el concurso del Estado cuando así fuere necesario y lo determinen las leyes, y como consecuencia lógica debe imponerse en la Ley de Ingresos Municipal para el ejercicio anual de 1997 y años subsiguientes, una contraprestación por dichos servicios de agua potable y alcantarillado, mediante la autorización del cobro de los derechos.-Como razonamiento principal soportado en el artículo 43 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el órgano actor respetuosamente invoca el contenido íntegro de la resolución de fecha 1o. de octubre de 1996 que esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió por unanimidad de 11 votos, en la diversa controversia marcada con el No. 19/95 (anexo No. 7), de cuyo trascendental texto citamos e invocamos diversos postulados en los que se fundamentan las conclusiones y puntos resolutivos de dicha controversia, particularmente la exposición de motivos de la iniciativa presidencial que desembocó en la reforma constitucional promulgada el 2 de febrero de 1983, y en donde se establece que es necesario emprender una nueva redistribución de competencias que debe comenzar por entregar o devolver al Municipio, todas aquellas atribuciones relacionadas con la función primordial de esa institución, puesto que la centralización ha arrebatado al Municipio la capacidad y recursos para desarrollar en todos sentidos sus potestades enmarcadas en la Constitución General y dentro de su ámbito territorial y poblacional y, por ende, el fortalecimiento municipal no sólo es el camino para mejorar las condiciones de vida de los Municipios, sino también para resolver simultáneamente los cada vez más grandes problemas que enfrentan las concentraciones urbano-industriales, puesto que de otra forma el Municipio se convierte en una fórmula teórica de descentralización de nuestra realidad, ya que en la práctica y, en el caso concreto, la Ley del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Tamaulipas, vulnera los artículos 31, fracción IV y 115, fracciones III y IV, de la Constitución General de la República, puesto que en la letra federal se señala de manera obligatoria los servicios que debe prestar el Municipio, entre otros el de agua potable y alcantarillado, y al dictaminar el H. Congreso del Estado de Tamaulipas la iniciativa sobre la citada Ley de Ingresos para el Municipio de Río Bravo, Tamaulipas, no aprobó el nuevo concepto de derechos que el Municipio pretendió imponer como contraprestación al servicio público de agua potable y alcantarillado, y por consecuencia negó la aprobación de las cuotas fijadas en la iniciativa de referencia.-Invocando de nueva cuenta el contenido y la resolución a la que llegó este Alto Tribunal dentro de la controversia constitucional 19/95, queda claro que las facultades establecidas en la fracción III del artículo 115 constitucional, entre otras, el de servicio público de agua potable y alcantarillado, corresponde en primera instancia al Municipio y cuando se considere necesario puede establecerse el concurso de los Estados en éstas y las otras materias referentes a servicios públicos, mas de la propia interpretación hecha por todos los honorables Ministros de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, tanto la interpretación histórica como la gramatical, y la propia causal teleológica dan por consecuencia que el precepto en análisis, en principio, dispone que los servicios deberán ser prestados por el Municipio y sólo en los casos que fuere necesario y cuando las leyes establezcan la participación del Gobierno Estatal; en este caso el de Tamaulipas, pudieren coordinarse y asociarse para la mejor eficaz prestación de los servicios públicos que les corresponden, pero es el caso que al reservar la Constitución Federal en un primer término el catálogo de servicios públicos que se enumeran, incluido el de agua potable y alcantarillado, y tomando en consideración que el Municipio cuenta con las condiciones territoriales, socioeconómicas, capacidad administrativa y financiera, así como los elementos humanos debidamente capacitados para prestar por sí mismo el servicio público de agua potable y alcantarillado y que por interpretación constitucional de la resolución ejecutoria de esta H. Suprema Corte de Justicia le corresponde la prestación de este servicio público, y en consecuencia, cobrar las cuotas como contraprestación por éste, por lo que la pretensión de los órganos demandados, H. Congreso del Estado de Tamaulipas, al votar y aprobar por mayoría la norma general cuya invalidez se demanda, violentan, conculcan, lesionan y traicionan los postulados constitucionales invocados, particularmente las fracciones III y IV del artículo 115 en relación con los artículos 14 y 31, fracción IV de la Carta Magna del país, habida cuenta que de la simple lectura de la iniciativa de ley que en forma indebida decretó improcedente el órgano demandado, H. Congreso del Estado de Tamaulipas, se desprende que los derechos por servicio de agua potable y alcantarillado, en una correcta interpretación de la fracción IV del artículo 31 constitucional, debieron ser incluidos dentro de la Ley de Ingresos del Municipio, y que indebidamente los presta y cobra la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado.-Para exclusivo conocimiento de los órganos demandados, puesto que los siguientes conceptos son letra diaria y materia de exegética en las correctas interpretaciones que realiza este H. Tribunal, conviene señalar que el tratadista Gabino Fraga en su obra Derecho Administrativo señala que los impuestos ‘son las prestaciones en dinero o en especie que el Estado fija unilateralmente y con carácter obligatorio a todos aquellos individuos cuya situación coincida con la que la ley señala como hecho generador del crédito fiscal’ y que los ingresos del Estado pueden provenir de una fuente diversa de la anteriormente señalada: bien de la prestación de servicios públicos, bien de la explotación y aprovechamiento de los bienes del dominio público y privado del Estado, o de otros conceptos, y que como lo define el Código Fiscal por lo que hace a los ingresos o derechos, ésta es la contraprestación que requiere el poder público en pago de servicios de carácter administrativo prestado por él, por lo que los derechos deben ser incluidos en la Ley de Ingresos del Municipio de Río Bravo, Tamaulipas, por lo que la Ley del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Tamaulipas es conculcativa de los dispositivos constitucionales que disponen que es el Municipio el que debe prestar obligatoriamente este servicio, máxime que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya reconoció la característica de poder al órgano municipal y la facultad que a éste le asiste en la prestación del mismo.-De igual manera, para conocimiento exclusivo de los órganos demandados, cabe señalar que en la obra Diccionario de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas, al definir las características de la municipalización de servicios, establece que mediante el ejercicio directo de ciertos servicios públicos prestados por el Municipio, como son los servicios urbanos de transporte, los de aprovisionamientos, cementerios, agua, luz, de limpieza y otros, debe exigirse una contraprestación, lo cual le asegure al órgano que presta el servicio ingresos suficientes para que el servicio no sea deficiente; conceptos los anteriores aplicables al caso concreto que en armonía con los dispositivos constitucionales conculcados establecen la evidencia de la invalidez de las normas genéricas que se combaten, y se solicita la consecuente declaración de invalidez.-Segundo. Se actualiza el primer acto de aplicación de la Ley del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado en perjuicio del órgano actor, en cuanto el órgano legislativo niega la inclusión del cobro por cuotas del servicio de agua potable y alcantarillado en la Ley de Ingresos que regirá al Municipio de Río Bravo, Tamaulipas en 1997, publicada el 21 de diciembre de 1996. Además, la norma general al crear un organismo descentralizado de la administración pública estatal, intermedio en las relaciones municipales y gobierno, violenta la norma constitucional al constituir un organismo de presión entre usuarios del servicio de agua potable y alcantarillado para con el Ayuntamiento de Río Bravo, Tamaulipas, al involucrar a éste como responsable en la prestación del servicio, y al no prestar el mismo adecuadamente, violentando la tranquilidad y legalidad del régimen municipal, puesto que el organismo que pretende prestar el servicio de agua potable y alcantarillado destruye las vías públicas, roturando y dañando el pavimento, causando daños tanto a los usuarios del servicio como a quienes transitan por la vía pública, sin que exista control alguno de sus actividades, ni solicitudes de permisos para la introducción de redes municipales, llegando al extremo de señalarse al Municipio como responsable de la falta del servicio de agua, lo que resulta una violación a la norma constitucional al impedirse que la autoridad municipal legalmente constituida asuma la prestación del servicio, la responsabilidad en cuanto a la eficiencia de éste y el pago que debe hacer el usuario de conformidad con los tabuladores autorizados por la autoridad competente.-En efecto, en una verdadera diarrea de violaciones constitucionales el Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas ‘ha creado’ una serie de organismos intermediarios identificados bajo los siguientes nombres: 1. Consejos de Desarrollo para Bienestar Social Mano con Mano. 2. Copladet. 3. Copladem. 4. Comapa; y otros que han ocasionado una verdadera confusión e invasión de la soberanía municipal, al asignarse, en forma ilegal, recursos a los programas mencionados que estorban la función municipal, transgreden su autonomía, ocasionan duplicidad de funciones y contradicen las prioridades, puesto que los organismos mencionados, particularmente el que nos ocupa, referido en la fracción II del artículo 32 de la Ley del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Tamaulipas, referente a las Comisiones Municipales de Agua Potable y Alcantarillado, conocido como Comapa, que en el caso concreto, constituyen autoridad intermedia entre el Municipio y el Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas que ocasionan una agresión a la norma constitucional que contempla al Municipio Libre y lo que es más grave atenta contra la fracción IV del mismo artículo 115 constitucional, puesto que se le impide administrar libremente su hacienda, la que se forma con los rendimientos de los bienes que les pertenecen, y los ingresos que, en el presente caso, la Legislatura del Estado de Tamaulipas debió establecer a su favor.-En síntesis, la controversia se plantea porque en la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de 1997 del Municipio de Río Bravo, Tamaulipas, de fecha 21 de diciembre de 1996, se excluye en dicho ordenamiento impositivo el pago de los derechos que al Municipio debe corresponderle por la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado, siendo la exclusión en comento, el primer acto de aplicación de la ley afecta de inconstitucionalidad denominada Ley del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Tamaulipas, que establece, particularmente en sus artículos 32, 33 y 34, la creación de diversos organismos públicos descentralizados denominados Comisiones Municipales de Agua Potable y Alcantarillado en los que, si bien es cierto se le da intervención a la autoridad municipal, también es cierto que se le rodea de diversos representantes que, en lugar de eficientar la política de mejoramiento para el servicio público de agua potable y drenaje, convierten a dicha comisión en un nudo burocrático que imposibilita el acceso de la clase proletaria al servicio de agua y drenaje que reclama al propio Municipio su ineficiencia, siendo que ésta se centra en un órgano ajeno al Ayuntamiento, motivos los anteriores que aunados a los de carácter constitucional motivan al órgano actor a la presentación de la controversia constitucional en los términos planteados.-Tercero. La fracción I del artículo 115 constitucional establece que no habrá ninguna autoridad intermedia entre el Municipio y el Gobierno del Estado, y en este sentido la norma general, Ley del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Tamaulipas en sus artículos 32, 33 y 34, crea un organismo intermedio entre el Estado y el Municipio y con ello se conculca el dispositivo constitucional antes señalado que prohíbe la existencia del organismo intermedio con las facultades de construir, ampliar, rehabilitar, administrar, operar, conservar y mantener los sistemas de agua potable, agua salada, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, así como cobrar los derechos correspondientes, facultades constitucionalmente atribuidas al órgano actor para prestar dicho servicio con el consiguiente cobro de las cuotas."
CUARTO.-Por acuerdo de doce de febrero de mil novecientos noventa y siete, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, del que por turno correspondió conocer como instructora a la Ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas.
Por auto de fecha trece del mismo mes y año, la Ministra instructora tuvo por admitida la demanda de controversia constitucional y ordenó emplazar a la autoridad demandada; asimismo, ordenó dar vista al procurador general de la República.
QUINTO.-El gobernador, el secretario general del Gobierno, y el secretario de Hacienda, todos ellos del Estado de Tamaulipas, al formular su contestación de demanda, en síntesis manifestaron, lo siguiente:
a) Que resulta a todas luces improcedente la acción intentada por el Municipio de Río Bravo, Tamaulipas, toda vez que de la lectura de la demanda se desprende que se refiere a hechos que son materia de otra controversia, planteada ante el mismo órgano jurisdiccional y en la cual existe identidad de partes, normas generales y conceptos de invalidez, controversia que no se ha resuelto aún y se encuentra radicada con el número 1/96, encontrándonos entonces en los supuestos de lo establecido por la fracción III del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que del estudio de la controversia constitucional radicada con el número 1/96, se observa que el Municipio de Río Bravo, Tamaulipas, reclama la invalidez del Decreto Número 319, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas el sábado siete de agosto de mil novecientos noventa y dos, por el cual se expidió la Ley del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Tamaulipas y la invalidez del Decreto Número 408, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas el veinte de enero de mil novecientos noventa y seis, por el cual se expidió la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal de 1996, del Municipio de Río Bravo, Tamaulipas, es decir, tanto en la controversia constitucional que nos ocupa como en la radicada con el número 1/96, el fondo de las reclamaciones del Municipio actor lo constituyen las mismas normas generales, como lo son la Ley del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Tamaulipas y la Ley de Ingresos del Municipio de Río Bravo, Tamaulipas, con lo que queda fehacientemente demostrado que se actualizan los supuestos previstos en la fracción III del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que ese Alto Tribunal deberá, y así lo solicitamos, desechar de plano la demanda que se contesta; amén de que existe identidad de partes, normas generales y conceptos de invalidez, como ya se dejó asentado.
b) Que oponen la excepción de falta de acción y derecho en atención a la inexactitud de los hechos narrados en la demanda y la falta de derecho para apoyar la misma, ya que conforme al artículo 53 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, los Ayuntamientos serán representados por el presidente municipal, pero también señala que éste es quien debe ejecutar los acuerdos y disposiciones que el Ayuntamiento dicte y, en el presente caso, no se está actuando como lo prevé la ley, toda vez que no existe acuerdo alguno que se haya tomado en sesión de Cabildo y por el cual se faculte a quien debe representarlo para que actúe válidamente.
c) Que el artículo 57 del mismo cuerpo de leyes indica que el presidente municipal requiere de la aprobación del Ayuntamiento, en cada caso, para asumir la representación jurídica del Municipio en los litigios en que éste fuera parte, cuando el síndico o síndicos tengan impedimento legal, disposición semejante que contiene la fracción II del artículo 60 del Código Municipal, de donde se deduce que para poder intervenir válidamente en asuntos jurídicos se requiere de la aprobación del Cabildo, situación esta que los promoventes no acreditan y, por lo tanto, su actuación excede a las disposiciones legales, por lo que no se encuentran legitimados para presentar la actual demanda.
d) Que las fracciones I y II del artículo 10 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que tendrán el carácter de partes, tanto como actor y como de demandado, la entidad, poder u órgano que promueva la controversia, que en el presente caso tiene el primer carácter el Municipio de Río Bravo, Tamaulipas, quien por simple lógica jurídica, a través de su Cabildo es quien debe autorizar al que legalmente lo represente, que en este caso es el síndico, a presentar una demanda en la cual supuestamente se vulneran los intereses municipales, ya que de lo contrario se dejaría al criterio de una sola persona la calificación de tal hecho, que bien pudiera asumir su responsabilidad u omitirla.
e) Que oponen la excepción de efectos no derogatorios de la ley, ya que la pretensión planteada por integrantes del Ayuntamiento, en el supuesto no consentido de que llegara a pronunciarse una resolución favorable a los intereses del peticionario, por ningún concepto podría tener, en esta supuesta controversia constitucional, efectos derogatorios o abrogatorios de los ordenamientos legales que se han dejado mencionados, porque conforme a un principio general de derecho que recoge el artículo 9o. del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable en materia federal, y sus correlativos de la totalidad de los Códigos Civiles de las entidades federativas, la ley sólo queda derogada o abrogada por otra posterior que así lo declare expresamente o que contenga disposiciones total o parcialmente incompatibles con la ley anterior. Esta posibilidad únicamente tiene como excepción, en cuanto a su generalidad, la declaración de que una ley supone un acto reclamado que vulnere las garantías individuales en el juicio de amparo.
f) Que oponen la excepción de improcedencia de la acción, toda vez que de la lectura de la demanda se desprende que se refiere a hechos que son materia de otra controversia, planteada ante el mismo órgano jurisdiccional y en la cual existe identidad de partes, normas generales y conceptos de invalidez, controversia que no se ha resuelto aún y se encuentra radicada con el número 1/96, encontrándose entonces en los supuestos de lo establecido por la fracción III del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
g) Que tanto en la presente controversia constitucional como en la radicada con el número 1/96, el fondo de las reclamaciones del Municipio actor lo constituyen las mismas normas generales, como lo son la Ley del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Tamaulipas y la Ley de Ingresos del Municipio de Río Bravo, Tamaulipas, con lo que queda fehacientemente demostrado que se actualizan los supuestos previstos en la fracción III del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que este Alto Tribunal deberá desechar de plano la demanda que se contesta; amén de que existe identidad de partes, normas generales y conceptos de invalidez, como ya se dejó asentado.
h) Que conforme al artículo 115, fracción III de la Constitución General de la República, los Municipios, con el concurso de los Estados cuando así fuere necesario y lo determinen las leyes, tendrán a su cargo diversos servicios públicos, entre éstos los relativos a agua potable y alcantarillado, opción que confirma el inciso a) de la fracción XV del artículo 132 de la Constitución Política y la fracción I del artículo 170 del Código Municipal, además de lo señalado en el último párrafo de este artículo, los dos últimos ordenamientos del Estado de Tamaulipas. El propio artículo 170 del Código Municipal en comento, en su párrafo final, determina que los servicios de agua potable y alcantarillado (y seguridad pública y tránsito municipal), serán prestados con el concurso del Estado, para cuyo efecto los Ayuntamientos celebrarán con las autoridades y los organismos estatales competentes, los convenios y acuerdos respectivos en los términos de este código. En este orden de ideas, y acorde con las diversas disposiciones de orden constitucional y legal, es claro que el servicio de agua potable en el Municipio de Río Bravo, Tamaulipas, deben prestarse en forma conjunta por el Estado y el Municipio, dentro de un marco legal que determina la forma de prestar tales servicios.
i) Que la ley de cuya inconstitucionalidad se duelen contempla también el servicio de agua potable en el medio rural, a cargo de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, dependencia estatal que se encarga de prestar este servicio a pequeñas comunidades rurales en el mismo Municipio, con una importante contribución del Estado y el cual los actores obviamente no hacen mención, olvidándose que en ellos también se cuenta con el concurso del Estado, sin que en ninguna ocasión se les haya negado, a pesar del serio detrimento que sufre el presupuesto estatal.
j) Que es un hecho notorio que el Municipio de Río Bravo tiene la necesidad del concurso del Estado en la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado, dado que dicho servicio es de orden público y de imperiosa necesidad, toda vez que no cuenta con la capacidad financiera, ni con la infraestructura para prestarlo, en fin, no cumple con los presupuestos que motivaron la reforma constitucional, supuestos que se encuentran contenidos en la Ley del Servicio de Agua Potable del Estado y, en consecuencia, el organismo facultado para efectuar los cobros por el servicio es la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Río Bravo, por ser ésta la que lo ha venido prestando en el medio urbano, mientras que los organismos encargados de prestar el servicio en el medio rural del Municipio, efectúan los cobros de las tarifas en su jurisdicción.
k) Que no es cierto que con la no inclusión del cobro por cuotas del servicio de agua potable y alcantarillado en la Ley de Ingresos que regirá al Municipio de Río Bravo para el ejercicio de 1997, se actualice el primer acto de aplicación de dicha ley en perjuicio del órgano actor, toda vez que desde que se promulgó y entró en vigor la Ley del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del Estado, que fue en el año de mil novecientos noventa y dos, se estableció que el servicio público aludido sería prestado por un organismo operador creado para tal efecto y, en consecuencia, se le confirieron facultades al mismo para realizar el cobro como una contraprestación.
l) Que es inexacto que la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Río Bravo, constituya un organismo intermedio entre el Municipio y el Estado o un organismo de presión, pues dicho organismo tiene un sustento constitucional y se integra con representantes del Ayuntamiento y el diputado por el distrito, quienes forman parte del consejo de administración y, en consecuencia, tienen facultades para proponer las tarifas a las que se sujetará el servicio, siendo que no se han inconformado hacia el interior de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6194-249b03e5/agua-potable-y-alcantarillado-corresponde-a-la-ley · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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