CONSEJOS DE DESARROLLO PARA EL BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY ESTATAL DE PLANEACIÓN QUE LOS CREÓ NO VIOLA LA LIBERTAD HACENDARIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, EN VIRTUD DE QUE GESTIONAN RECURSOS DE CARÁCTER FEDERAL. CONSEJOS DE DESARROLLO PARA EL BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD INTERMEDIA ENTRE EL GOBIERNO ESTATAL Y LOS MUNICIPIOS.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 4/96. MUNICIPIO DE RÍO BRAVO, TAMAULIPAS.
MINISTRA PONENTE: OLGA MARÍA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS.
SECRETARIO: OSMAR ARMANDO CRUZ QUIROZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día nueve de agosto de mil novecientos noventa y nueve.
VISTOS; Y
RESULTANDO:
PRIMERO.-Por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, Bernardo Gómez Villagómez, Erasmo Rubio Salaises, María Angelina García Montoya y Álvaro Cervantes Sánchez en su carácter de presidente municipal, síndico primero, síndico segundo y secretario, todos ellos del Ayuntamiento de Río Bravo, Tamaulipas, promovieron controversia constitucional en contra de los actos y autoridades que a continuación se señalan:
"Entidad, poder u órgano demandado y su domicilio.-A) H. Congreso del Estado de Tamaulipas, con domicilio en la Unidad Cívico Gubernamental ‘José López Portillo’.-Cd. Victoria, Tamaulipas.-B) Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas, a cargo del Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, con domicilio en tercer piso del Palacio de Gobierno, sito en las calles de Hidalgo y Juárez, entre Cinco de Mayo y Manuel González de Ciudad Victoria, Tamaulipas.-Norma general cuya invalidez se reclama.-La adición del artículo 51 de la Ley Estatal de Planeación, aprobada por el H. Congreso del Estado, según Decreto Número Diez, de fecha veinte de marzo de este año.-Medio oficial en que se publicó la norma general que se demanda: Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, publicado el día veinte de abril del año en curso (anexo 3)."
SEGUNDO.-Los antecedentes del caso son los siguientes:
"Manifestación de los hechos y abstenciones que nos constan y que constituyen antecedentes de la norma general cuya invalidez se demanda.-A) La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión decretó el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1996, publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 22 de diciembre de 1995 (anexo 4), y dentro del Ramo XXVI 00026 Superación de la Pobreza creó los Fondos de Desarrollo Social Municipal, de Prioridades Estatales y para la Promoción del Empleo y la Educación, habiéndosele asignado al Estado de Tamaulipas, para ejercer durante el ejercicio fiscal 1996 la cantidad de $148'874,673.00 (ciento cuarenta y ocho millones ochocientos setenta y tres pesos 00/100), para el primero de ellos.-B) En el artículo 16 del Presupuesto de Egresos de la Federación, para el ejercicio de 1996, entre otras cosas se estipuló.-1) Que la Secretaría de Desarrollo Social, definiría el esquema de operación de los recursos, a efecto de garantizar congruencia y eficacia en la conducción de la política social a nivel nacional y agilizar la transferencia de los recursos a las entidades federativas para inducir la participación de los Gobiernos Estatales y Municipales en la promoción del bienestar social.-2) La distribución que resultare entre los Municipios debería ser publicada en el correspondiente órgano oficial de difusión del Gobierno Estatal.-3) Los Municipios sólo podrán utilizar los recursos del Fondo de Desarrollo Social Municipal para las inversiones que expresamente se señalan en el decreto.-4) Que los recursos asignados a los Ayuntamientos serían ejercidos por éstos con la participación de sus comunidades, teniendo la libertad de decidir su aplicación entre los rubros que se especifican dando prioridad a las obras en proceso y al mantenimiento de las ya terminadas, teniendo obligación de publicar el monto que les ha sido asignado y las obras que se realizarán con dichos recursos.-C) Extrañamente, no obstante que como se indica en el apartado 1 (uno) inciso b) de este capítulo, sería la Secretaría de Desarrollo Social Federal, la encargada de definir el esquema de operación, garantizar y agilizar la transferencia de los recursos, el Ejecutivo del Estado de Tamaulipas, mediante acuerdo (que no convenio), (anexo 5), determina la fórmula y metodología para la distribución de las asignaciones correspondientes al Fondo de Desarrollo Social Municipal del Ramo 00026 y se le asigna a este H. Ayuntamiento la cantidad de $3'518,037.50 (tres millones quinientos dieciocho mil ciento treinta y siete pesos con cincuenta centavos) (sic).-D) El Ejecutivo del Estado de Tamaulipas, mediante iniciativa de decreto que le dirigió al Honorable Congreso del Estado, propone adicionar el artículo 51 de la Ley Estatal de Planeación, para que quedara redactado en los términos siguientes: ‘Artículo 51. El Ejecutivo ... Lo anterior se realizará a través de los Consejos de Desarrollo para el Bienestar Social Mano con Mano que para el efecto se constituyan, cuyas funciones serán entre otras, las siguientes: I. Planear, programar, operar, controlar, dar seguimiento y evaluar, los recursos derivados del apoyo del Presupuesto de Egresos de la Federación, Ramo XXVI conforme a lo establecido en el Manual Único del Convenio de Desarrollo Social. II. Participar en la formulación de presupuestos de obras, proyectos y acciones para el desarrollo integral de las comunidades que puedan ser financiados con los recursos mencionados en el párrafo anterior. III. Impulsar la participación amplia, plural y democrática de las comunidades para la orientación y aplicación de los recursos mencionados. IV. Propiciar el establecimiento de compromisos para el desarrollo y bienestar social, entre los miembros de las comunidades y autoridades. V. Supervisar el adecuado ejercicio de los recursos ejercidos.-La integración y ejercicio del consejo se hará conforme a el (sic) reglamento correspondiente.’.-E) Después de ser discutida en el H. Congreso del Estado la anterior iniciativa de decreto, el Congreso la aprobó con algunas modificaciones intrascendentes, para quedar redactado dicho artículo, en lo adicionado en los términos siguientes: ‘Artículo 51. El Ejecutivo ... Lo anterior se realizará a través de los Consejos de Desarrollo para el Bienestar Social que para el efecto se constituyan, cuyas funciones serán entre otras, las siguientes: I. Planear, programar, operar, controlar, dar seguimiento y evaluar, los recursos correspondientes del Presupuesto de Egresos de la Federación, Ramo 00026. II. Participar en la formulación de presupuestos de obras, proyectos y acciones para el desarrollo integral de las comunidades que puedan ser financiados con los recursos mencionados en el párrafo anterior. III. Impulsar la participación amplia, plural y democrática de las comunidades, para la orientación y aplicación de los recursos mencionados. IV. Propiciar el establecimiento de compromisos para el desarrollo y bienestar social, entre los miembros de las comunidades y autoridades. V. Supervisar la adecuada aplicación de los recursos.-La integración y el funcionamiento de los consejos se sujetará al reglamento correspondiente.’.-F). El Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, promulgó la adición al artículo 51 de la Ley Estatal de Planeación."
TERCERO.-Los conceptos de invalidez que adujo la parte actora en su escrito inicial de demanda son los siguientes:
"Conceptos de invalidez.-A) La norma general impugnada contraviene el artículo 115 de la Constitución General de la República.-Es incuestionable que al disponer el Ejecutivo del Estado de Tamaulipas, y aprobar, el H. Congreso de Tamaulipas, la adecuación de la norma que se combate, y planear, programar, operar, controlar, participar en la formulación de presupuestos de obras, proyectos y acciones a través de los Consejos de Desarrollo para el Bienestar Social, contraviene lo dispuesto en el artículo 115 fracciones V y VI de nuestra Carta Magna, que dispone que corresponde al Municipio formular, aprobar, y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal y planear y regular de manera conjunta y coordinada el desarrollo de los centros urbanos que tiendan a formar una continuidad demográfica, que como en el caso de Río Bravo y el vecino Ayuntamiento de Cd. Reynosa, Tamps., se encuentran conurbados a través del Plan Subregional de Ordenamiento Territorial de Reynosa, Río Bravo, del Estado de Tamaulipas, como Programa Parcial de Desarrollo Urbano, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, con fecha 23 de enero de 1993 (anexo 6).-B) La ley impugnada es retroactiva.-El artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en lo que interesa a la presente controversia: ‘A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.’.-El multicitado Ramo XXVI (00026) Superación de la Pobreza, contenido en el Presupuesto de Egresos de la Federación, a que hace mención la norma general impugnada, inició su vigencia el 1o. de enero de 1996, por lo que operó desde ese momento la obligación de la Federación y el derecho del Ayuntamiento de Río Bravo, Tamaulipas, a recibir la participación de ese ramo, según las fórmulas de asignación de esos recursos, que aun cuando no estaban en ese momento cuantificadas, sí eran cuantificables, como lo fueron posteriormente. En otras palabras, desde el 1o. de enero de este año, nació el derecho del Ayuntamiento de Río Bravo, Tamaulipas, a recibir esos recursos, por lo que al expedirse meses después la norma general impugnada, para regular derechos que ya habían nacido anteriormente, es crear una ley y darle efectos retroactivos, pues se pretende con ella afectar situaciones jurídicas ya nacidas antes que la ley impugnada entrase en vigor.-Por lo expuesto anteriormente, se concluye que la norma general impugnada tiene efectos retroactivos y por lo tanto es violatoria del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.-C) La ley impugnada impide al Ayuntamiento de Río Bravo, Tamaulipas, que administre libremente su hacienda.-El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción IV, establece: ‘Los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, en todo caso: ... b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados ...’.-Según la transcripción inmediata anterior, la hacienda municipal se forma: A. De los rendimientos de los bienes que le pertenezcan. B. De las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan en su favor y, C. De las participaciones federales.-Los recursos del Ramo XXVI (00026) a que se refiere la norma general cuya invalidez se demanda, es un ingreso del Municipio y además una participación federal y por ello, la asignación de la cantidad de $3'518,037.50 (tres millones quinientos mil ciento treinta y siete pesos con cincuenta centavos) (sic) antes mencionada, a que tiene derecho el Municipio de Río Bravo, Tamaulipas, forma parte de su hacienda y por ello, el Ayuntamiento tiene la completa libertad de administrarla, cumpliendo únicamente con los lineamientos de aplicación señalados en la ley que estableció esos recursos.-Al establecer la norma general impugnada, que los Consejos de Desarrollo Municipal tengan las funciones que les otorga (las cuales en otra parte de esta promoción ya señalamos), se le impide al Ayuntamiento de Río Bravo, Tamaulipas, administrar libremente su hacienda, pues se les otorga a estos consejos funciones de administración de los recursos del multicitado Ramo XXVI, lo que es violatorio del artículo 115 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.-D) La ley impugnada crea una autoridad intermedia entre el Ayuntamiento de Río Bravo, Tamaulipas y el Estado.-El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción I, establece: ‘Cada Municipio será administrado por un Ayuntamiento de elección popular directa y no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado ...’.-Como se vio en el punto inmediato anterior, los recursos derivados del Ramo XXVI (00026), asignados al Municipio de Río Bravo, le corresponden al Ayuntamiento de este Municipio formar parte de su hacienda y en relación con dichos recursos, no debe haber autoridad intermedia entre dicho Ayuntamiento y el Estado. El Ayuntamiento deberá ejercer esos recursos y como toda actuación de Éste, deberá ser revisada por el Legislativo del Estado y en caso de que se ajuste a la ley de dicho ejercicio de recursos, deberá ser aprobada por este poder.-En el caso que nos ocupa, en la norma general cuya invalidez se demanda, al concederle al consejo de desarrollo mencionado, facultades de planear, programar, operar, controlar, dar seguimiento y evaluar los recursos derivados del Ramo XXVI (00026), y participar en la formulación de presupuestos de obras, proyectos y acciones que puedan ser financiados por dichos recursos, e impulsar la participación de la comunidad para la aplicación de esos recursos y supervisar el adecuado ejercicio de recursos ejercidos, lo que se hace, es establecer prácticamente una autoridad intermedia entre el Ayuntamiento y el Estado, lo cual es violatorio del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.-Además de todo lo argumentado en este punto, el hecho de que sean los Consejos de Desarrollo Municipal los que operen, controlen y den seguimiento a los multicitados recursos, y según la Constitución, el Congreso sea el que revise la gestión del Ayuntamiento, genera una grave injusticia, que consiste en que uno es el que opera el recurso, el que actúa y a otro es al que revisan. Los consejos actuarán el recurso económico y el Ayuntamiento lo revisará."
CUARTO.-Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se estiman infringidos son el 14 y 115, fracciones I, IV y VI.
QUINTO.-Por acuerdo de fecha veintinueve de mayo de mil novecientos noventa y seis el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, y se designó como instructora a la Ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas.
Por auto de treinta y uno de mayo de mil novecientos noventa y seis, la Ministra instructora tuvo por presentados a los promoventes reconociendo la personalidad con la que se ostentan; por admitida la demanda de controversia constitucional; ordenó emplazar a las autoridades demandadas para la formulación de su respectiva contestación de demanda; y correr traslado al procurador general de la República para que manifestara lo que a su derecho conviniere; y tuvo por admitidas las pruebas documentales que adjuntó la parte actora a su demanda.
SEXTO.-El gobernador del Estado de Tamaulipas y el presidente de la Diputación Permanente de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado al formular su contestación de demanda en síntesis manifestaron lo siguiente:
a) Que oponen la excepción de falta de acción y derecho de la parte actora toda vez que si bien es cierto, por disposición de la ley que rige el funcionamiento de los Ayuntamientos, que en el presente caso lo es el Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, ordenamiento normativo que en su artículo 53 establece que los Ayuntamientos serán representados por el presidente municipal, también señala que éste es quien debe ejecutar los acuerdos y disposiciones que el Ayuntamiento dicte y en el presente caso, no se está actuando como lo prevé la ley, toda vez que no existe acuerdo alguno que se haya tomado en sesión de Cabildo y por el cual se faculte a quien debe representarlo para que actúe válidamente, no observándose lo dispuesto en el artículo 57 del mencionado cuerpo de leyes que establece que el presidente municipal, con la aprobación del Ayuntamiento en cada caso, asumirá la representación jurídica del Municipio en los litigios en que éste fuere parte, cuando el síndico o síndicos tengan impedimento legal, y por lo tanto, por disposición expresa del Código Municipal, al no acompañarse a la presente promoción la documentación con la que se acredite la autorización del Ayuntamiento para formular la demanda que se contesta, la misma es nula.
b) Que oponen la excepción de falta de personalidad de los promoventes para representar al Ayuntamiento de Río Bravo, Tamaulipas, toda vez que éstos carecen de personalidad para interponerla en representación de dicho órgano colegiado, pues para ostentar tal representatividad se requiere la autorización del Cabildo, que en el caso no se da, pues no exhiben el acta de la sesión correspondiente, por lo que en consecuencia, los promoventes carecen de personalidad jurídica para intentar una demanda de cualquier naturaleza en representación del Ayuntamiento.
c) Que oponen la excepción de falta de legitimación activa del Ayuntamiento actor ya que aun en el supuesto de que se hubiera tomado el acuerdo de Cabildo para iniciar el juicio, lo que no se da, el Ayuntamiento actor carece de legitimación activa ya que el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, efectivamente en la fracción I, inciso i) otorga facultades a los Municipios para interponer juicio sobre controversia constitucional sobre la constitucionalidad de los actos o disposiciones generales, pero la disposición aplicable al caso concreto lo constituye la fracción II del mismo artículo, al establecerse que la Suprema Corte de Justicia conocerá, en los términos de la ley reglamentaria "... de las acciones de inconstitucionalidad para resolver sobre la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución." y también expresamente establece que las acciones de inconstitucionalidad solamente podrán ejercitarse por los propios órganos que las emitieron, siempre y cuando sea apoyada por el treinta y tres por ciento de sus integrantes, o por el procurador general de la República, pero en ningún momento le otorga facultades a los Ayuntamientos para que lo realicen, como es el caso del Ayuntamiento de Río Bravo.
d) Que oponen la excepción de improcedencia por disposición expresa de la ley prevista en la fracción VIII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que el Ayuntamiento actor carece de legitimación activa para interponer la presente demanda, además de que, del contenido de su escrito se advierte que, más que una controversia constitucional, lo que está planteando es una cuestión de inconstitucionalidad, para cuyo trámite la propia ley reglamentaria establece un procedimiento específico y faculta a órganos también específicos para promoverla, dentro de los que no se encuentran comprendidos los Ayuntamientos, por lo que al no surtirse los supuestos legales, se deduce que el Ayuntamiento de Río Bravo carece de derecho para interponer una demanda reclamando la supuesta inconstitucionalidad de una ley estatal.
e) Que oponen la excepción de efectos no derogatorios de la ley, que hacen consistir en que la pretensión planteada por integrantes del Ayuntamiento, en el supuesto no consentido de que llegara a pronunciarse una resolución favorable a los intereses del peticionario, por ningún concepto podría tener, en esta supuesta controversia constitucional, efectos derogatorios o abrogatorios de los ordenamientos legales que se han dejado mencionados, porque conforme a un principio general de derecho que recoge el artículo 9o. del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable en materia federal, y sus correlativos de la totalidad de los Códigos Civiles de las entidades federativas, la ley sólo queda derogada o abrogada por otra posterior que así lo declare expresamente o que contenga disposiciones total o parcialmente incompatibles con la ley anterior y esta posibilidad únicamente tiene como excepción, en cuanto a su generalidad, la declaración de que una ley supone un acto reclamado que vulnera las garantías individuales en el juicio de amparo.
f) Que no es cierto que con la adecuación que se realizó al artículo 51 de la Ley de Planeación del Estado de Tamaulipas se viole el artículo 115, fracciones V y VI de la Constitución Federal, pues con ello lo único que se pretendió fue dar sustento jurídico y permanencia a los Consejos de Desarrollo Municipal que por acuerdo de Cabildo se habían creado en todos los Municipios del Estado, a los cuales se les había otorgado las mismas facultades que las establecidas ahora en la Ley de Planeación a los Consejos de Desarrollo para el Bienestar Social.
g) Que si bien es cierto que los consejos creados en virtud de la reforma a la Ley de Planeación tienen facultades para planear, programar, operar, controlar, dar seguimiento y evaluar los recursos correspondientes al Presupuesto de Egresos de la Federación, Ramo 00026, su acción se limita precisamente a este rubro, que es un programa especial de la Federación, descentralizado del Estado por efectos de la suscripción del Convenio de Desarrollo Social 1996 para atender renglones específicos y prioritarios que conlleven a la superación de la pobreza en las comunidades más marginadas. En consecuencia, no se obstaculiza la actividad de los Municipios para los programas de obra que tienen establecidos y que se encuentran contenidos en sus planes de desarrollo.
h) Que es incorrecto que la ley que impugnan los promoventes sea retroactiva, pues para que una disposición revista tal carácter es preciso que se cause un perjuicio, situación que en el caso concreto no se da, en primer lugar porque los recursos del Ramo 00026 que se asignaron con destino a los beneficiarios del Municipio de Río Bravo, Tamaulipas, no variaron o disminuyeron, no existiendo entonces perjuicio alguno y, en segundo lugar, porque el alcalde es el presidente del Consejo de Desarrollo para el Bienestar Social del Municipio y funcionarios de primer nivel de dicho Ayuntamiento integran el consejo como asesores, por lo cual sería ilógico que en el seno del propio consejo se autorizaran acciones que acarrearan perjuicio a los intereses del Municipio, por lo que la norma que impugnan no tiene entonces el carácter de retroactiva.
i) Que en cuanto al derecho del Ayuntamiento a recibir los recursos del Ramo 00026, que erróneamente llaman participación y que dicen nació a partir del primero de enero de mil novecientos noventa y seis, si bien es cierto que el Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados tiene vigencia por el año fiscal que se inicia el primero de enero de cada año, también es cierto que la asignación de recursos del Ramo 00026 deriva de la suscripción del Convenio de Desarrollo Social, circunstancia que se efectuó en el Estado de Tamaulipas el diecisiete de abril de mil novecientos noventa y seis, fecha en la que se formalizó la descentralización de recursos por parte de la Federación y en favor del Estado, del Programa Superación de la Pobreza, para que éste a su vez lo transfiera a los Municipios, quienes se encargarán de la planeación, operación y control de las obras y acciones, conjuntamente con el Consejo de Desarrollo para el Bienestar Social, transferencia de recursos que se encuentra sujeta al dictamen de congruencia y autorización que emita la Secretaría de Desarrollo Social, en coordinación con la de Hacienda y Crédito Público, supeditada además a la disponibilidad de los mismos, según se establece en la cláusula cuarta del Convenio de Desarrollo Social mil novecientos noventa y seis, suscrito con el Estado de Tamaulipas.
j) Que referente a que la ley que impugnan impide al Ayuntamiento de Río Bravo, Tamaulipas, administrar libremente su hacienda, es inexacto que con la reforma al artículo 51 de la Ley de Planeación del Estado de Tamaulipas, se haga nugatorio el derecho de administrar los recursos que le corresponden al Ayuntamiento, ya que por disposición de su Ley de Ingresos propuesta por el Ayuntamiento y aprobada por el Congreso del Estado, la hacienda pública municipal se encuentra autorizada a percibir recursos por los conceptos de impuestos, derechos, productos, participaciones, aprovechamientos, accesorios y financiamientos, destacando que dentro del rubro de participaciones sólo se comprende los que determinan las leyes de coordinación fiscal, tanto del Estado como de la Federación, sin que se consideren dentro de ellas los recursos provenientes del Ramo 00026, Superación de la Pobreza, del Presupuesto de Egresos de la Federación, disposición que específicamente señala dentro del concepto de participaciones, las correspondientes a la partida 00028, por lo que si el legislador federal, al autorizar el referido Presupuesto de Egresos les hubiera querido dar ese carácter a los recursos que el Ayuntamiento reclama como participaciones, los hubiera incluido en el mencionado Ramo 00028.
k) Que los recursos del Ramo 00026 no forman parte de la hacienda municipal, lo cual es lógico suponer, pues se integran de una mezcla de aportaciones que realizan la Federación, el Estado, el Municipio y los beneficiarios, por lo cual el Manual Unico de Operación mil novecientos noventa y seis del Ramo 00026, Superación de la Pobreza, expedido por la Secretaría de Desarrollo Social, exige que los recursos se manejen en tres cuentas, correspondientes al Fondo de Bienestar Social, al de Crédito a la Palabra y el de Estímulo a la Educación Básica, independientes a cualquier otro programa o fondo que administre el Ayuntamiento, asimismo el registro contable de las tres cuentas mencionadas será por separado y deberá ser independiente a la contabilidad del Ayuntamiento y no se mezclará con recursos de otros programas, lo que pone de manifiesto que los recursos provenientes del Ramo 00026 no forman parte de la hacienda del Municipio de Río Bravo, Tamaulipas, por tratarse de recursos etiquetados, correspondientes a un programa con un fin específico y del cual la Federación requiere comprobar que la aplicación se realice efectivamente hacia las zonas más desprotegidas, función que encomienda al Estado por haber sido el intermediario para la transferencia de los recursos aludidos.
l) Que los recursos que el legislador federal estableció en el Presupuesto de Egresos de 1996, referentes al Ramo 00026, dentro del Programa Superación de la Pobreza, indicó claramente que el esquema de operación sería instrumentado por la Secretaría de Desarrollo Social para garantizar la congruencia y eficacia en la conducción de la política del país, es decir, en ningún momento el legislador federal hizo destinatario o responsables administrativos de dichos recursos a los Municipios, los hizo beneficiarios pero para cumplir con el objetivo presupuestal de dicho rubro, la Secretaría de Desarrollo Social a través de sus reglamentaciones y manuales operativos define el ejercicio de dichos recursos, poniendo al binomio Municipio-comunidad en el eje y base de la distribución de los recursos citados por medio de la planeación, programación y operación democrática de tales beneficios; en ese contexto, la reforma al artículo 51 de la Ley Estatal de Planeación, sólo adecua el espíritu de esta política social al Estado de Tamaulipas.
m) Que no es cierto que con la reforma al artículo 51 de la Ley Estatal de Planeación se cree una autoridad intermedia, pues la modificación en cuestión, lejos de crear un organismo de intermediación entre el Estado y el Municipio, genera una verdadera instancia de apoyo en tanto que no es una entidad política centralizada, puesto que los recursos que administra no derivan de participaciones federales, como ya se dijo, sino de las aportaciones de un programa de carácter federal, creado para atender el propósito de mejorar las condiciones de vida de los grupos sociales desprotegidos, situación que se busca a través de los Consejos de Desarrollo para el Bienestar Social, cuyo sustento se encuentra plasmado, en forma originaria, en el Convenio de Desarrollo Social y en los manuales de operación que de él se derivan, elaborado por la Secretaría de Desarrollo Social y ahora reafirmados en la Ley Estatal de Planeación, los cuales no constituyen entidades o autoridades intermedias; en principio, porque sus funciones se agotan y limitan a la terminación de los recursos y las obras, sin que tengan injerencia en ninguna actividad administrativa del Municipio; los Consejos de Desarrollo para el Bienestar Social son figuras jurídicas de derecho social, en donde participan Municipio y comunidad.
n) Que lo que se hizo al reformar el artículo 51 de la Ley de Planeación del Estado, fue dar sustento jurídico a los consejos que ya habían sido creados por los Municipios, expidiéndose con fecha posterior el reglamento para su integración y funcionamiento, disposición normativa que reconoce al presidente municipal como presidente del consejo, a cinco asesores, entre los cuales se encuentran servidores públicos municipales, estatales y federales, así como los consejeros, representantes de la comunidad, de donde claramente se observa que no se trata de ningún órgano intermedio entre el Municipio y el Estado, pues para tener ese carácter, los Consejos de Desarrollo para el Bienestar Social tendrían que ser entidades independientes, integrados por personas ajenas a los tres niveles de gobierno.
o) Que es inexacto lo expresado por los promoventes en el sentido de que los Consejos de Desarrollo para el Bienestar Social son quienes ejercen los recursos y que al Ayuntamiento será a quien el Congreso del Estado revise sobre la aplicación de los mismos, toda vez que el Ayuntamiento a lo que se encuentra obligado ante la Legislatura Estatal es a comprobar el ejerc
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5949-5dd37c61/consejos-de-desarrollo-para-el-bienestar-social-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. CORRESPONDE A LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, ESTABLECER Y REGLAMENTAR LO RELATIVO A LA PRESTA (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS. (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. NO CONSTITUYE UNA AUTORIDAD INTERMEDIA ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS. (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL DECRETO NÚMERO 287 DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS POR EL QUE, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 45 Y 58, FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTI (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES SOBRE DISPOSICIONES GENERALES. SE REQUIERE EL VOTO DE OCHO O MÁS DE LOS MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE, PARA DECLARAR SU INVALIDEZ.- (119)
- CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES SOBRE DISPOSICIONES GENERALES. SE REQUIERE EL VOTO DE OCHO O MÁS DE LOS MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE, PARA DECLARAR SU INVALIDEZ. (155)
- CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES SOBRE DISPOSICIONES GENERALES. SE REQUIERE EL VOTO DE OCHO O MÁS DE LOS MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE, PARA DECLARAR SU INVALIDEZ. (P./J. 10/99)
- CONFESION ANTE EL MINISTERIO PUBLICO. SUBSISTE SI EN AUTOS NO SE JUSTIFICA LA RETRACTACION. ( [TA]; 8a. Época; T.C.C.; S.J.F.; Tomo XIV, Julio de 1994; Pág. 509)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis