CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL DECRETO NÚMERO 287 DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS POR EL QUE, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 45 Y 58, FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, DETERMINA NO APROBAR LA CUENTA PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE RÍO BRAVO DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 1995, NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA RESPECTIVA, CUANDO SE ALEGUE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, DEBE ACREDITARSE QUE ESTE ÚLTIMO LE CAUSA PERJUICIO Y, POR LO TANTO, VULNERA LA ESFERA DE COMPETENCIA DEL PROMOVENTE. * * * CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL. SU REVISIÓN POR LA LEGISLATURA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, ANTES DE CONCLUIR EL AÑO FISCAL DE QUE SE TRATE, ES CONSTITUCIONAL. - - -
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 16/98. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RÍO BRAVO, ESTADO DE TAMAULIPAS.
MINISTRO PONENTE: HUMBERTO ROMÁN PALACIOS.
SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día once de mayo de dos mil.
VISTOS; y
RESULTANDO:
PRIMERO.-Mediante escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el día seis de mayo de mil novecientos noventa y ocho, Erasmo Rubio Salaises y María Angelina García Montoya, en su carácter respectivamente, de síndico primero y síndico segundo del Ayuntamiento del Municipio de Río Bravo, Tamaulipas, promovieron demanda de controversia constitucional, en contra de los actos y autoridades que enseguida se precisan:
"Entidad, poder u órgano demandado y su domicilio: a) H. Congreso del Estado de Tamaulipas; b) H. Contaduría Mayor de Hacienda del Estado de Tamaulipas, ambos con domicilio en la Unidad Cívico Gubernamental ‘José López Portillo’ de Ciudad Victoria, Tamaulipas; c) C. Gobernador del Estado de Tamaulipas; d) C. Secretario general de Gobierno del Estado de Tamaulipas; e) C. Secretario de Hacienda del Estado de Tamaulipas; f) C. Secretario de la Contraloría del Estado de Tamaulipas; g) C. Director del Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas; h) C. Procurador general de Justicia en el Estado de Tamaulipas; i) C. Director de la Policía Judicial en el Estado de Tamaulipas; j) C. Secretario de Seguridad Pública en el Estado de Tamaulipas y elementos bajo su mando; k) C. Comandante de la Policía Judicial del Estado de Tamaulipas, destacamentado en Río Bravo, Tamaulipas y elementos bajo su mando.-Todas las anteriores autoridades con domicilios en sus respectivos recintos oficiales en Ciudad Victoria, Tamaulipas, a excepción del comandante de la Policía Judicial cuyo recinto oficial se encuentra en ciudad Río Bravo, Tamaulipas.-Norma general o acto particular cuya invalidez se demanda: 1) Del H. Congreso Local de Tamaulipas se demanda la invalidez de: A) Artículo 45 en su parte relativa, que otorga facultades de ‘calificar las cuentas de recaudación y aplicación de los fondos públicos municipal y estatal correspondientes al año anterior’ y la fracción VI del artículo 58, ambos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, por ser conculcatorio por omisión con lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la votación, aprobación y envío que con fecha 26 de enero de 1921, realizó el H. Congreso del Estado de Tamaulipas, respecto de la Constitución Política de dicho Estado y remisión al órgano del Poder Ejecutivo, consecuentemente: B) El Decreto No. 285 publicado en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas Número 23, con fecha 21 de marzo de 1998 (anexo 2), decreto cuyo contenido es a la letra: ‘Artículo primero: No es de aprobarse la cuenta pública del Ayuntamiento de Río Bravo, Tamaulipas, correspondiente al ejercicio de 1994.-Artículo segundo: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, fracción VI y 150 fracción II de la Constitución Política Local, 5o. y 40 de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, el órgano técnico de este Honorable Congreso del Estado deberá ejercitar ante las autoridades competentes las acciones que en derecho correspondan.-Transitorio: Artículo único: El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.-Salón de sesiones del H. Congreso del Estado.-Ciudad Victoria, Tamaulipas, a catorce de diciembre de 1997.-Diputado presidente Lic. Guadalupe González Galván.-Rúbrica.-Diputado secretario, Ing. Enrique Duque Villanueva.-Rúbrica.-Diputado secretario, Dr. Enrique Javier Navarro Flores.-Rúbrica.-Por tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.-Dado en la residencia del Poder Ejecutivo en Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los 22 días del mes de diciembre de 1997.-Atentamente «Sufragio efectivo no reelección» el Gobernador Constitucional del Estado, Manuel Cavazos Lerma.-Rúbrica.-El secretario general del Gobierno Jaime Rodríguez Inurrigarro.-Rúbrica.’.-C) De quienes se reclaman también las órdenes, instrucciones, expedición de visitas domiciliares que como consecuencia de la expedición del decreto mencionado tienden a privar de las propiedades, posesiones y derechos de los suscritos representantes en lo personal, inclusive al C. Presidente municipal, C. Tesorero municipal, así como en cuanto al órgano actor se refiere, incluyendo el fincamiento de responsabilidades administrativas, penales, fiscales o de cualquier otra índole que en contra del patrimonio municipal pretenden realizar estas autoridades, y tratándose de una norma de carácter autoaplicativo la que por sí sola causa una molestia, descrédito, pérdida de la confianza de los habitantes riobravenses al publicarse una negativa de aprobación de cuenta pública con el consiguiente daño de imagen, poniéndose en tela de duda la honestidad y transparencia de los recurso públicos que el órgano actor tiene bajo su cuidado y responsabilidad en el gasto de los mismos.-D) Del H. Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas representado por el C. Gobernador del Estado y secretario general de Gobierno se reclama la orden para la impresión, promulgación por bando solemne e iniciación de la vigencia que a partir del 5 de febrero de 1921 realizaron respecto de la Constitución mencionada y particularmente de las disposiciones constitucionales que se pretenden invalidar, independientemente de la fecha de iniciación de vigencia, reclamándose como primer acto de aplicación de los preceptos constitucionales conculcatorios, la expedición del decreto descrito con antelación. Respecto de los CC. Secretario de Hacienda y Crédito Público y secretario de la Contraloría Mayor del Estado de Tamaulipas, se reclaman las órdenes, instrucciones, expedición de visitas domiciliarias que como consecuencia de la expedición del decreto mencionado tienden a privar de las propiedades, posesiones y patrimonio del órgano actor y en lo personal de los suscritos representantes, así como de los funcionarios públicos presidente municipal, tesorero municipal, incluyendo el fincamiento de responsabilidades administrativas, fiscales, penales o de cualquiera otra índole que en contra del patrimonio municipal pretendan realizar dichas responsables. Respecto del director del Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas se le reclama la orden para imprimir, publicar, publicitar y circular el Periódico Oficial marcado con el No. 23 y fecha ya indicada que contiene el decreto que se combate como primer acto de aplicación de la norma constitucional en controversia con la norma federal.-Al procurador general de Justicia en el Estado de Tamaulipas se le reclaman las órdenes, acuerdos, instrucciones para iniciar las averiguaciones de carácter criminal en contra de los suscritos como representantes legales del Ayuntamiento afectado y órgano actor, así como la consignación y solicitud de orden de aprehensión y detención en contra de los suscritos en lo personal y como representantes del Municipio actor.-Del director de la Policía Judicial, secretario de Seguridad Pública y comandante de la Policía Judicial, todos del Estado de Tamaulipas y el último destacamentado en el Municipio de Río Bravo, y elementos bajo su mando, se les reclaman las órdenes para privarnos de nuestra libertad, violentando nuestras garantías de seguridad, legalidad y certeza jurídica, así como la privación de nuestra libertad que pretenden realizar como actos para amedrentarnos y causarnos daños en nuestra integridad corporal, por instrucciones de sus superiores y con la finalidad de provocar desprestigio, desconfianza y desprecio de los ciudadanos tamaulipecos en contra de los representantes y autoridades municipales de Río Bravo, Tamaulipas, que ocurren en ejercicio del mandato constitucional y con las facultades de representación del órgano actor.-Asimismo, se reclaman todas las consecuencias inherentes a la aplicación de dicho decreto, como pueden ser el fincamiento de responsabilidades administrativas a cualquier miembro integrante del Ayuntamiento que representamos, así como las responsabilidades de orden civil, penal y fiscal que pretendan ejercitarse en contra de los suscritos como representantes del órgano actor, y tratándose de una norma de carácter autoaplicativo la que por sí sola causa una molestia, descrédito, pérdida de la confianza de los habitantes riobravenses al publicitarse una negativa de aprobación de cuenta pública con el consiguiente daño de imagen, poniéndose en tela de duda la honestidad y transparencia en la aplicación de los recursos públicos que el órgano actor tiene bajo su cuidado y responsabilidad en el gasto de los mismos."
SEGUNDO.-En la demanda se señalaron como antecedentes del caso, los siguientes:
"Manifestación de los hechos o abstenciones que nos constan y que constituyen antecedentes de la norma general cuya invalidez se demanda: Conforme con lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda del Gobierno del Estado de Tamaulipas, las cuentas públicas municipales se remitirán al Congreso del Estado a través del Ejecutivo a más tardar en la primera quincena del mes de febrero del año siguiente al que corresponda y se turnarán por conducto de la Comisión de Hacienda y Crédito Público a la Contaduría Mayor de Hacienda para su revisión.-En cumplimiento a dicho dispositivo durante la primera quincena del mes de febrero de 1995 el Municipio de Río Bravo, Tamaulipas, presentó la cuenta pública de 1994 según certificación del H. Congreso del Estado de Tamaulipas No. 1617 de fecha 22 de marzo 1995 suscrita por el contador mayor de Hacienda C.P. Juan A. Cruz Villarreal González (anexo 3) habiendo dentro del periodo fiscal 1994 en la citada contaduría levantado observaciones mismas que fueron solventadas mediante oficios 123/95, 155/95 y 156/95 de fechas 8 de marzo y 13 de noviembre del citado año y recibidas por la Contaduría Mayor de Hacienda según se justifica con recibos números 1575, 2319, de los dos primeros oficios y de los últimos dos, con el sello de recibido respectivo de esta dependencia de fecha 30 de noviembre de 1995, e inclusive solventando dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público del citado Congreso Local del Estado de Tamaulipas, mediante oficio 157/95, documentales que me permito adjuntar a esta demanda de controversia constitucional como anexo número 3, Congreso que no obstante lo establecido por el artículo 115 constitucional que en su fracción IV establece que: ‘Los Municipios administrarán libremente su hacienda ...’ y que ‘... las Legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los Estados y revisarán sus cuentas públicas ...’, va más allá de las facultades que le confiere a nuestra Carta Magna calificando a través del decreto que se combate la cuenta pública y que se traduce en el caso concreto en una no aprobación y orden de ejercitar acciones ‘que en derecho corresponda’, advirtiéndose en el caso concreto una flagrante violación al mismo artículo constitucional, puesto que en la cuenta pública del Municipio de Río Bravo correspondiente al ejercicio fiscal de 1994 debió revisarse durante el año de 1995, siendo que en el caso concreto el Congreso realizó dicha inconstitucional actividad hasta 1997, es decir dos años después y publicita su dictamen mediante el decreto transcrito bajo el punto III el sábado 21 de marzo de 1998, evidenciándose una transgresión constitucional que debe analizarse a la luz de dos aspectos, el de la contravención como ley autoaplicativa a la autonomía hacendaria y además, medularmente la controversia constitucional entre el dispositivo local y la premisa constitucional federal invocada, analizándose en torno a la supremacía de la norma constitucional federal y elevada dicha contienda a consideración de ese más Alto Órgano de Justicia competente para resolver el determinado aspecto de controversias constitucionales."
TERCERO.-Los conceptos de invalidez que adujo la parte actora, son los siguientes:
"El artículo 115 constitucional en su fracción IV establece que los Municipios administrarán libremente su hacienda; así mismo en el último párrafo de esta fracción establece que las Legislaturas de los Estados, aprobarán las leyes de los ingresos de los Ayuntamientos, y revisarán sus cuentas públicas.-Por su parte la Constitución Política del Estado de Tamaulipas en flagrante violación al dispositivo constitucional antes señalado establece, en el artículo 45 en su parte relativa, que el ‘Congreso Local’ se ocupará de examinar y calificar las cuentas de recaudación y aplicación de los fondos públicos municipales y estatales y en el artículo 58, fracción VI establece que el Congreso Local revisará y calificará por conducto de la Contaduría Mayor de Hacienda las cuentas públicas del Estado y de los Municipios.-De los textos anteriormente transcritos se evidencia que la Constitución Política del Estado de Tamaulipas en sus artículos transcritos contraviene a la Constitución Política Federal, y que aquélla faculta en forma indebida al Congreso del Estado de Tamaulipas para calificar las cuentas públicas municipales y por consiguiente aprobarlas o no aprobarlas que como en el caso que nos ocupa, particularmente la del Ayuntamiento de Río Bravo, Tamaulipas, que correspondió al ejercicio de 1994 y que dicho Congreso indebidamente basándose en el dispositivo constitucional del Estado así como en los artículos 5o. y 40 de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda dictamina que no es de aprobarse dicha cuenta pública no obstante que como así lo efectuó el tesorero municipal solventó todas y cada una de las observaciones que la Contaduría Mayor de Hacienda levantó, ordenándole inclusive al órgano técnico del mismo ejercitar ante las autoridades competentes las acciones ‘cuáles’ que en derecho correspondan, y que proceda a fincar juicio político, responsabilidades administrativas civiles, penales o de otra naturaleza mediante la denuncia ante las autoridades competentes, acciones establecidas en las fracciones I, II y III del artículo 40 de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, que se engloba como una amenaza conjunta en el artículo 2o. del Decreto No. 285 transcrito e imputable a la autoridad ordenadora como una ley autoaplicativa que establece la obligatoriedad al órgano técnico de ese supuesto Honorable Congreso del Estado para que de manera impositiva y tajante al ordenarle un deber de ejercitar ante las autoridades competentes ‘las acciones que en derecho corresponda’.-Ahora bien, toda vez que en un exceso de arbitrariedad, alejándose el legislador tamaulipeco de las más elementales garantías que debe tener todo funcionario o Municipio como sujeto de derecho público, el artículo 39 de la misma Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda dispone que contra las resoluciones que emita la Contaduría Mayor de Hacienda que fijen sanciones, no procederá juicio ni recurso alguno, en tales condiciones el órgano actor solicitando la suplencia de la queja aplicable en materia de controversias constitucionales suplica a esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, establecer y centrar la litis en este primer concepto de invalidez en torno a la contradicción que existe entre la Norma Suprema y la local, al ir ésta más allá y facultar al Congreso más que como órgano revisor y conocedor de los resultados de la gestión financiera de las cuentas públicas, se arrogue al Congreso Local una facultad adicional de calificación que derivó en el caso concreto como primer acto de aplicación en un Decreto No. 285 de observancia obligatoria publicitado en el órgano oficial que ordena un fincamiento genérico de responsabilidades de toda índole, arbitrario de por sí, puesto que al no establecer sujetos, objetos y responsabilidades disparan con escopeta en contra de todos los responsables de administrar las finanzas públicas y que tienen como consecuencia inmediata e inminente un daño patrimonial e inclusive amenaza de congelación de fondos municipales por parte de la autoridad ordenadora y de las ejecutoras, advirtiéndose igualmente la sospecha y tardada reacción del Congreso del Estado en no realizar la revisión correspondiente a la cuenta pública de 1994 durante el primer periodo ordinario de sesiones del año de 1995, como obligatoriamente lo señala el artículo 45 y 46 de la Constitución tamaulipeca haciéndolo como ya se dijo dos años y meses después casualmente en un año de contienda electoral en donde los colores políticos que lamentablemente son mayoría en el actual Congreso en el Estado de Tamaulipas, no son los que pertenecen al Municipio de Río Bravo, Tamaulipas desde antes, durante 1994 y a la fecha, por lo que, además de contrario a derecho en cuanto al primer acto de aplicación de los dispositivos en controversia es evidente el interés en dañar la imagen, el patrimonio y la confianza en el órgano actor por parte de la responsable ordenadora."
CUARTO.-Por acuerdo de ocho de mayo de mil novecientos noventa y ocho, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, del que por turno correspondió conocer como instructor al Ministro Humberto Román Palacios.
Por auto de fecha doce del mismo mes y año, el Ministro instructor tuvo por admitida la demanda de controversia constitucional, hecha excepción de las autoridades que se denominaron como los elementos bajo el mando del secretario de Seguridad Pública y del comandante de la Policía Judicial, ambos del Estado de Tamaulipas, por considerar que se trata de autoridades subordinadas a esos dos funcionarios, cuyos actos, por tanto, corren la misma suerte de éstos para los efectos del trámite y resolución de la presente controversia constitucional, ordenó emplazar a las autoridades demandadas, ordenó dar vista al procurador general de la República.
QUINTO.-El Congreso del Estado de Tamaulipas y la Contaduría Mayor de Hacienda de dicho Congreso, al formular su contestación de demanda, en síntesis manifestaron lo siguiente:
a) Que este Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación carece de facultades para decidir el fondo del presente litigio, dado que este juicio, por su naturaleza no es una controversia constitucional de las mencionadas en el artículo 105, fracción I de la Constitución General de República, sino que es una acción de inconstitucionalidad, de las que establece la fracción II del citado precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que lo que se plantea es la invalidez de los artículos 45 y 58, fracción VI de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas por ser conculcatorios por omisión con lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que en todo caso pudiera constituir una acción de inconstitucionalidad, en tanto que se plantea la posible contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución General de la República, y siendo así, por un lado resulta improcedente la presente acción intentada, y por otra parte, los Ayuntamientos no tienen atribuciones para ejercitar acciones de inconstitucionalidad, según se desprende de lo establecido en los artículos que sobre de éstas comprende el título III de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución General de la República.
b) Que sobre la constitucionalidad y legalidad de la revisión y calificación de las finanzas públicas es de observarse lo dispuesto por los artículos 1o. y 5o., fracciones I y III de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda donde se establece claramente que la ley de la materia es de orden público, y que su objeto es normar la fiscalización, control y evaluación del gasto público del Estado, Municipios y entidades de la administración pública; para ese efecto específico se atribuyen facultades de imperio a la Contaduría Mayor de Hacienda para revisar las cuentas públicas y ordenar la práctica de visitas, inspecciones, auditorías y trabajos de investigación adicionales en los programas del citado órgano técnico del Honorable Congreso del Estado y Organismo Superior de Fiscalización y Control Gubernamental, y en ese tenor, lo que pretende la parte actora es que se impida la revisión de la aplicación de los fondos públicos, lo que resulta contrario al artículo 115, fracción IV, constitucional, toda vez que atenta contra el orden público y el interés social, dado que la colectividad se encuentra interesada en que se observe y se cumpla la ley, y en el caso concreto, estar en disposición de conocer el destino del gasto público que se conforma con el pago de obligaciones tributarias.
c) Que el órgano actor aun cuando en su escrito manifiesta que promueve una controversia constitucional, de su análisis se desprende que se trata de una acción de inconstitucionalidad, toda vez que para combatir el Decreto Número 285, expedido por el Congreso del Estado y publicado en el Periódico Oficial Número 23, de fecha veintiuno de marzo de mil novecientos noventa y ocho, así como los actos que del mismo se derivan, pretende que se declare la invalidez de los artículos 45 y 58 fracción VI, de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, por ser según el órgano actor, conculcatorio por omisión con lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución General de la República. En consecuencia, no es la vía de controversia constitucional la idónea para lograr la invalidez de los artículos 45 y 58, fracción VI, de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, que el órgano actor pretende, lo que sólo es procedente en los términos de lo establecido por los artículos 59 y siguientes de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
d) Que el Ayuntamiento promovente carece de acción y de derecho para promover la presente acción jurisdiccional, en virtud de que el artículo 53 del Código Municipal para el Estado establece que los Ayuntamientos serán representados por el presidente municipal, y también señala que éste es quien debe ejecutar los acuerdos y disposiciones que el Ayuntamiento dicte, y en el presente caso, no se está actuando en los términos de dicho numeral, en razón de que la demanda que se contesta no se interpone por el presidente municipal, sino por los síndicos, quienes no exhiben documento fundatorio de su acción, consistente en el acuerdo de Cabildo respectivo, y el artículo 60, fracción II del citado Código Municipal únicamente los faculta para representar al Ayuntamiento en los litigios en que el Municipio sea parte, no para iniciar o promover acciones litigiosas; por lo tanto, su actuación se excede a las disposiciones legales, no encontrándose legitimados para presentar la actual demanda. Validar esa actuación equivaldría a que cualquiera de los integrantes del Ayuntamiento podría entablar una demanda o reclamación, sin tomar en cuenta a la mayoría de quienes conforman al Cabildo, que es el órgano máximo de decisión dentro del Ayuntamiento.
e) Que las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 10, fracciones I y II y 11 de su ley reglamentaria, establecen que tendrán el carácter de partes tanto el demandado, como la entidad, poder u órgano que promueva la controversia constitucional, quienes deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que en términos de las normas que los rigen, están facultados para representarlos, y que en el presente caso lo es el Municipio de Río Bravo, Tamaulipas, quien por simple lógica jurídica, debe autorizar a la persona que legalmente lo represente, otorgándole facultades para presentar una demanda, o en su caso, controversias constitucionales; pensar lo contrario dejaría al criterio de una sola persona asumir u omitir, a capricho, algo que le corresponde por facultad legal acordar al órgano colegiado del Municipio. En consecuencia, al carecer los promoventes del acuerdo del Cabildo que los faculte para promover la presente controversia constitucional, no cuentan con la representación legal del Ayuntamiento y, por lo tanto, no opera la presunción que en sentido amplio establece el artículo 11 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
f) Que en el supuesto no concedido de que el Ayuntamiento promovente fuera estimado competente para interponer ese tipo de promociones ante este Máximo Órgano Jurisdiccional, se estaría fuera de todo término para su presentación, en virtud de que el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial, siendo que la Constitución Política Local, que contiene los artículos 45 y 58, fracción VI que pretenden invalidarse, se expidió en el año de mil novecientos veintiuno, y el Decreto 285 fue publicado en el Periódico Oficial Número 23, de fecha veintiuno de marzo del año en curso, por lo que si tomamos en consideración que la demanda que se contesta fue recibida en la Suprema Corte de Justicia de la Nación el día seis de mayo del presente año, es claro que transcurrió en exceso el término requerido legalmente para que la citada acción fuera procedente, por lo que, en consecuencia, debe decretarse su improcedencia en los términos de lo dispuesto en la fracción VIII, del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
g) Que en el caso de que se determinara iniciar las acciones legales en contra de algunos de los miembros del Ayuntamiento de Río Bravo, Tamaulipas, como consecuencia de la no aprobación de la cuenta pública del ejercicio de mil novecientos noventa y cuatro, sería necesariamente en contra de quienes estuvieron en ejercicio de esas funciones durante el ejercicio fiscal al que se contrae la cuenta pública de referencia, por lo que los promoventes carecen de legitimación para promover el presente asunto, como pretenden hacer creer que las acciones serían en su contra, lo cual no puede ser, ya que en ese momento ellos no tenían el carácter de servidores públicos del Municipio y, en consecuencia, nada tuvieron que ver en la integración de la cuenta pública no aprobada.
h) Que conforme al artículo 105, fracción I, inciso i) de la Constitución Federal, el juicio de controversia constitucional solamente puede ser interpuesto por la Federación, por los Estados o por los Municipios, a efecto de que la Suprema Corte de Justicia, en única instancia, resuelva las diferencias que pueden existir entre esas entidades políticas, para asegurar, por la vía judicial, el respeto al Pacto Federal, mismo en el que están involucrados solamente los treinta y un Estados que integran nuestra Federación y los poderes que se constituyen para el gobierno de la misma, a cuya equiparación se incorpora el Municipio, para ser parte en la controversia.
Por las anteriores consideraciones, debe concluirse que los representantes del Ayuntamiento del Municipio de Río Bravo, Tamaulipas, al no tener la autorización de su Cabildo para comparecer como parte ante los órganos jurisdiccionales, carecen de legitimación procesal activa para interponer una demanda de controversia constitucional, como lo es el presente caso que nos ocupa.
i) Que la pretensión planteada por integrantes del Ayuntamiento, en el supuesto no consentido de que llegara a pronunciarse una resolución favorable a los intereses de la parte peticionaria, por ningún concepto podría tener tal fallo efectos derogatorios o abrogatorios de los ordenamientos legales que se han dejado mencionados, porque conforme a un principio general de derecho que recoge el artículo 9o. del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable en materia federal, y sus correlativos de la totalidad de los Códigos Civiles de las entidades federativas, la ley sólo queda derogada o abrogada por otra posterior que así lo declare expresamente o que contenga disposiciones total o parcialmente incompatibles con la ley anterior. Esta posibilidad únicamente tiene como excepción, en cuanto a su generalidad, la declaración de que una ley supone un acto reclamado que vulnere las garantías individuales en el juicio de amparo, de los cuales el Municipio, como ente social, no puede ser titular, sino a través de sus representantes, que en el presente caso no se satisface.
j) Que es incorrecto que en una controversia constitucional, un órgano de orden público haga valer violación a los artículos 14 y 16 constitucionales, siendo que los órganos públicos, actuando como autoridad, como entes de poder, no son titulares de garantías individuales.
k) Que ha quedado plenamente establecido que el Honorable Congreso del Estado y la Contaduría Mayor de Hacienda del mismo, no conculcan, en ninguna forma o circunstancia, las garantías individuales que se encuentran consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como tampoco se vulneran las disposiciones reglamentadas por el artículo 115 de la propia Carta Magna, puesto que la autoridad legislativa del Estado de Tamaulipas se encuentra constitucional y legalmente facultada para revisar y calificar, por conducto de la Contaduría Mayor de Hacienda, las cuentas pública
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6504-a86109e8/controversia-constitucional-el-decreto-numero-287-del-congreso · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS ARTÍCULOS 45 Y 58, FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, QUE FACULTAN AL CONGRESO DE ESA ENTIDAD PARA REVISAR Y CALIFI (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- CONSEJOS DE DESARROLLO PARA EL BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. EL ARTÍCULO 9o., FRACCIÓN IV, DEL REGLAMENTO PARA SU INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, PUBLICADO EL PRIMERO DE (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS. (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. NO CONSTITUYE UNA AUTORIDAD INTERMEDIA ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS. (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- ACTO RECLAMADO. SU RECONOCIMIENTO POR PARTE DE LA RESPONSABLE NO PRESUPONE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE AQUEL. (s/clave)
- CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES SOBRE DISPOSICIONES GENERALES. SE REQUIERE EL VOTO DE OCHO O MÁS DE LOS MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE, PARA DECLARAR SU INVALIDEZ.- (119)
- APELACIÓN. LA SENTENCIA QUE RESUELVE EL RECURSO ES VIOLATORIA DE LA GARANTÍA DE LEGALIDAD, AL NO ESTUDIAR LOS MOTIVOS Y FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA (ARTÍCULO 194 DEL CÓD (X.3o.23 P )
- CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES SOBRE DISPOSICIONES GENERALES. SE REQUIERE EL VOTO DE OCHO O MÁS DE LOS MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE, PARA DECLARAR SU INVALIDEZ. (155)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis