CONSEJOS DE DESARROLLO PARA EL BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. EL ARTÍCULO 9o., FRACCIÓN IV, DEL REGLAMENTO PARA SU INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, PUBLICADO EL PRIMERO DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS, TRANSGREDE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. CONSEJOS DE DESARROLLO PARA EL BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY ESTATAL DE PLANEACIÓN, REFORMADO MEDIANTE DECRETO 298 DEL CONGRESO LOCAL, PUBLICADO EL TREINTA Y UNO DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO, QUE LOS FACULTA PARA EJERCER LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN, NO VIOLA EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA. EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO 298 DEL CONGRESO LOCAL, PUBLICADO EL TREINTA Y UNO DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO, QUE CONDICIONA EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN, MEDIANTE LA INTRODUCCIÓN DE FÓRMULAS, CONCERTACIONES Y ACUERDOS CON GRUPOS SOCIALES O CON PARTICULARES INTERESADOS, NO VIOLA DICHO RÉGIMEN.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 7/98. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RÍO BRAVO, TAMAULIPAS.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintiséis de octubre de dos mil.
VISTOS; y
RESULTANDO:
PRIMERO. Por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el seis de marzo de mil novecientos noventa y ocho, Erasmo Rubio Salaises y María Angelina García Montoya, en su carácter, respectivamente, de síndico primero y síndico segundo del Ayuntamiento del Municipio de Río Bravo, Tamaulipas, promovieron controversia constitucional, en contra de los actos y autoridades que a continuación se señalan:
"Entidad, poder y órgano demandado, y su domicilio: A) H. Congreso del Estado de Tamaulipas con domicilio en la Unidad Cívico-Gubernamental ‘José López Portillo’ Cd. Victoria, Tam. B) Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas a cargo del Gobernador Constitucional y del secretario general de Gobierno, del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, con domicilio en el tercer piso del Palacio de Gobierno, sito en las calles de Hidalgo y Juárez entre Cinco de Mayo y Manuel González de Cd. Victoria, Tam. Normas generales y acto cuya invalidez se reclama: A) La reforma del artículo 51 de la Ley Estatal de Planeación, aprobada por el H. Congreso del Estado, según Decreto No. 298, de fecha 31 de enero de 1998. B) El Reglamento para la Integración y Funcionamiento de los Consejos de Desarrollo para el Bienestar Social. C) Consecuentemente, el acuerdo por el que se da a conocer la fórmula y metodología para la distribución de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal entre los Municipios del Estado de Tamaulipas para el Ejercicio Fiscal de 1998, suscrito por el referido Gobernador Constitucional y el secretario general de Gobierno del Estado de Tamaulipas, con fecha 28 de enero de 1998."
SEGUNDO. Los antecedentes del caso son los siguientes:
"A) La H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión decretó el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1998, publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 29 de diciembre de 1997 (anexo 5) y dentro del mismo creó el Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. B) En el artículo 19 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 1998, entre otros fondos se creó el de: ‘1. Aportaciones para la Infraestructura Social en cantidad de $10,403'400,000.00, distribuida en: a) Fondo para la Infraestructura Social Estatal $1,261'100,000.00. b) Fondo para la Infraestructura Social Municipal $9,142'300,000.00.’. 2. Estipulándose en este artículo que: ‘El ejercicio de las erogaciones a que se refiere este artículo deberá apegarse a la distribución, condiciones y términos que establece el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal y no podrán aplicarse para cubrir otras erogaciones con fines distintos a los que ahí se señalan. La administración de los recursos de este ramo estará a cargo de la secretaría, la cual deberá coordinarse, en su caso, con las respectivas secretarías en cuyo sector se distribuyan las aportaciones federales, para llevar el seguimiento de dichos recursos.’. 3. También se estableció en el referido artículo que: ‘En lo que se refiere al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, las obras, acciones sociales básicas y las inversiones a las que el mismo se destinen por Estados y Municipios, procurarán que las acciones sean compatibles con la preservación y protección del medio ambiente y que impulsen el desarrollo sustentable.’. C) Por otra parte, la Ley de Coordinación Fiscal Federal, en su artículo 33 establece que: ‘Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social reciban los Estados y los Municipios, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los siguientes rubros: ... Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural. En el caso de los Municipios éstos podrán disponer de hasta un 2% del total de recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal que les corresponda, para la realización de un programa de desarrollo institucional. Este programa será convenido entre el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social, el Gobierno Estatal correspondiente y el Municipio que se trate.’. Respecto de dichas aportaciones, los Estados y los Municipios deberán: I. Hacer del conocimiento de sus habitantes, los montos que reciban, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios. II. Promover la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así como en la programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones que se vayan a realizar. III. Informar a sus habitantes, al término de cada ejercicio, sobre los resultados alcanzados. IV. Proporcionar a la Secretaría de Desarrollo Social, la información que sobre la utilización del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social les sea requerida. En el caso de los Municipios lo harán por conducto de los Estados. D) Además en el artículo 35 de la referida Ley de Coordinación Fiscal Federal, se establece lo siguiente: ‘Los Estados distribuirán entre los Municipios los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, con una fórmula igual a la señalada en el artículo anterior, que enfatice el carácter redistributivo de estas aportaciones hacia aquellos Municipios con mayor magnitud y profundidad de pobreza extrema. Para ello, utilizarán la información estadística más reciente de las variables de rezago social a que se refiere el artículo anterior publicada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. En aquellos casos en que la disponibilidad de información no permita la aplicación de la fórmula antes señalada, se utilizarán las siguientes cuatro variables sumadas y ponderadas con igual peso cada una de ellas: a) Población ocupada del Municipio que perciba menos de dos salarios mínimos respecto de la población del Estado en similar condición. b) Población municipal de 15 años o más que no sepa leer y escribir respecto de la población del Estado en igual situación. c) Población municipal que habite en viviendas particulares sin disponibilidad de drenaje conectado a fosa séptica o a la calle, respecto de la población estatal sin el mismo tipo de servicio. d) Población municipal que habite en viviendas particulares sin disponibilidad de electricidad, entre la población del Estado en igual condición. Con objeto de apoyar a los Estados en la aplicación de sus fórmulas, la Secretaría de Desarrollo Social publicará en el Diario Oficial de la Federación, en los primeros quince días del ejercicio fiscal de que se trate, las variables y fuentes de información disponibles a nivel municipal para cada Estado. Los Estados, con base en los lineamientos anteriores y previo convenio con la Secretaría de Desarrollo Social, calcularán las distribuciones del Fondo para la Infraestructura Social Municipal correspondientes a sus Municipios, debiendo publicarlas en sus respectivos órganos oficiales de difusión a más tardar el 31 de enero del ejercicio fiscal aplicable, así como la fórmula y su respectiva metodología, justificando cada elemento.’. E) Ahora bien, el Ejecutivo del Estado de Tamaulipas, mediante iniciativa de decreto que le dirigió al Honorable Congreso del Estado propuso se aprobara la Ley Estatal de Planeación, órgano legislativo quien la discutió y aprobó, mediante Decreto No. 81 de fecha 5 de septiembre de 1984, promulgándola y publicándola el gobernador de la entidad en el Periódico Oficial No. 75, de fecha 19 de septiembre de 1984 (anexo 6). F) Así mismo mediante iniciativa de decreto, el Ejecutivo del Estado de Tamaulipas propuso al Honorable Congreso del Estado se adicionara el artículo 51 de la referida Ley Estatal de Planeación, institución legislativa quien habiéndola discutido, la aprobó mediante Decreto No. 10 de fecha 20 de marzo de 1996, siendo publicada por el gobernador del Estado en el Periódico Oficial No. 32, de fecha 20 de abril de 1996 (anexo 7), para quedar redactado en los términos siguientes: ‘Artículo 51. El Ejecutivo ... Lo anterior se realizará a través de los Consejos de Desarrollo para el Bienestar Social que para el efecto se constituyan, cuyas funciones serán entre otras, las siguientes: I. Planear, programar, operar, controlar, dar seguimiento y evaluar, los recursos correspondientes del presupuesto de egresos de la Federación, Ramo 00026. II. Participar en la formulación de presupuestos de obras, proyectos y acciones para el desarrollo integral de las comunidades, que puedan ser financiados con los recursos mencionados en el párrafo anterior. III. Impulsar la participación amplia, plural y democrática de las comunidades, para la orientación y aplicación de los recursos mencionados. IV. Propiciar el establecimiento de compromisos para el desarrollo y bienestar social, entre los miembros de las comunidades y las autoridades. V. Supervisar la adecuada aplicación de los recursos. La integración y el funcionamiento de los consejos se sujetarán al reglamento correspondiente.’. G). De igual manera el Ejecutivo del Estado de Tamaulipas publicó con fecha 1o. de junio de 1996, el acuerdo mediante el cual expidió el Reglamento para la Integración y Funcionamiento de los Consejos de Desarrollo para el Bienestar Social, en el que establece: ‘Artículo 2o. Los Consejos de Desarrollo para el Bienestar Social ... son órganos de participación ciudadana, son las instancias responsables del diagnóstico, programación, presupuestación y ejecución de las acciones de desarrollo social en sus comunidades, así como de la verificación, seguimiento y control de la aplicación de los recursos derivados de los Programas del Fondo de Desarrollo Social Municipal, cuyos recursos provienen del Ramo 00026 «superación de la pobreza».’. H) De nueva cuenta el Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas mediante iniciativa de decreto que él dirigió al Honorable Congreso del Estado, propuso se reformara el artículo 51 de la Ley Estatal de Planeación, quien lo discutió y aprobó mediante Decreto No. 298 de fecha 31 de enero de 1998, promulgándolo y publicándolo el gobernador del Estado en el Periódico Oficial, órgano del Gobierno Constitucional Libre y Soberano de Tamaulipas, No. 9, de fecha 31 de enero de 1998 para quedar finalmente como sigue: ‘Artículo 51. El Ejecutivo del Estado, por sí o a través de sus dependencias y entidades, y los Municipios, deberán concertar la realización de las acciones previstas en sus planes y programas, con las representaciones, de los grupos sociales o con los particulares interesados. I. Planear, programar, operar, controlar, dar seguimiento y evaluar los recursos correspondientes del presupuesto de egresos de la Federación, cuando expresamente se determine. II. a V. ... La integración y ...’."
TERCERO. Los conceptos de invalidez expresados por la parte actora son los siguientes:
"Primero. El artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que, en lo que interesa a la presente controversia constitucional, como es de sobra conocido, a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Debidamente establecida por esa H. Suprema Corte de Justicia la capacidad y personalidad de los Municipios para ser sujetos de derechos y obligaciones, así como para comparecer por conducto de sus representantes acreditados conforme a las leyes aplicables en el ámbito estatal del Estado de Tamaulipas, así como en lo que se refiere a la esfera federal, y que quedó exhaustivamente estudiado en el apartado correspondiente por esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la controversia constitucional número 19/95, es de establecerse que conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1998, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de diciembre de 1997, es válido afirmar que desde esa fecha el órgano actor ingresó y operó en su patrimonio la obligación de la Federación y el derecho del Municipio de Río Bravo, Tamaulipas, a recibir la participación de ese ramo, según las fórmulas de asignación de esos recursos que aun y cuando no se establecieron ni cuantificaron en ese momento, sí son cuantificables en forma posterior; sin embargo, al establecer los órganos demandados H. Congreso del Estado de Tamaulipas, en el Decreto No. 298 con los datos de publicación ya mencionados, obligaciones a cargo de los Municipios en forma taxativa y a la vez ambigua, a efecto de que los planes y programas municipales deban contener concertaciones con representantes de grupos sociales (?) o con los particulares interesados (?), así como la integración y funcionamiento de Consejos de Desarrollo para el Bienestar Social que se establecen en la norma genérica desde antes de la reforma que se introduce, en la que se faculta al Ejecutivo del Estado de Tamaulipas para que a través de los citados Consejos de Desarrollo de Bienestar Social se realicen planes, programas y seguimientos para la aplicación de los recursos federales asignados a la autoridad municipal, constituye además de una pretendida aplicación en forma retroactiva de una ley secundaria, de carácter estadual a la vigencia y aplicación de una norma federal, una intromisión y además la creación de una autoridad intermedia que posteriormente se analiza como concepto de invalidez en forma separada; basta señalar en este concepto la intención y violación de la Constitución por parte del Congreso del Estado de Tamaulipas y su Ejecutivo a una norma federal y en perjuicio directo del órgano actor en cuanto que se pretende darle efectos retroactivos mediante adición al artículo 51 de la Ley Estatal de Planeación y en forma concreta por parte del Poder Ejecutivo del Estado mediante la suscripción, emisión y publicación en el órgano oficial de gobierno tamaulipeco del acuerdo de fecha 28 de enero de 1998, publicado el 31 de enero del mismo año en el citado órgano de difusión. Segundo. La norma impugnada y el acuerdo que pretende regularla impide al Municipio de Río Bravo, Tamaulipas, la administración libre de su hacienda, en contravención a la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la que literalmente establece: ‘IV. Los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. Los Municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones. b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados. c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación a las mismas. Las leyes locales no establecerán exenciones o subsidios respecto de las mencionadas contribuciones, en favor de personas físicas o morales, ni de instituciones oficiales o privadas. Sólo los bienes del dominio público de la Federación, de los Estados o de los Municipios estarán exentos de dichas contribuciones. Las Legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los Ayuntamientos y revisarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles.’. Por lo tanto, los recursos del Ramo 033 a que se refiere la norma general cuya invalidez se demanda y el acuerdo que la regula suscrito por el Poder Ejecutivo y publicitado en el Periódico Oficial, son recursos de naturaleza eminentemente federal y se considera un ingreso directo del Municipio, y por ello las asignaciones que deben realizarse al Municipio de Río Bravo, Tamaulipas, forman parte de su hacienda, y por ello, el órgano actor tiene la ineludible obligación y absoluta libertad de administrarlo, cumpliendo los lineamientos y con las obligaciones señaladas en la ley que estableció dichos recursos, sin que sea válido que la autoridad estatal, Congreso y Ejecutivo del Estado, pretendan introducir fórmulas, concertaciones y acuerdos con grupos no identificados o con ‘particulares interesados a fin de que el Municipio pueda ejercer los recursos federales constitucionalmente asignados con limitaciones y taxativas que evidentemente resultan anticonstitucionales, máxime que, la norma genérica que se adiciona establece en su origen la creación de Consejos de Desarrollo para el Bienestar Social que limitan el ejercicio libre y constitucional del Municipio, creando así una autoridad intermedia que lo prohíbe la fracción I del artículo 115 de nuestra Constitución. En efecto, al establecerse que a los consejos de desarrollo mencionados se les faculta para planear, programar, operar, controlar, dar seguimiento y evaluar los recursos correspondientes del presupuesto de egresos de la Federación, no nada más se establece una autoridad con facultades omnímodas entre el Estado y el Municipio sino que, peor aún, se establece un órgano controlador que genera una grave injusticia y que, peor aún, al politizarse la actuación de dichos consejos cuando los Municipios no comparten los colores políticos del titular del Poder Ejecutivo, más que la creación de un órgano controlador, los consejos de desarrollo se convierten en órganos censores, instigadores de violencia que traicionan la sana intención de la autoridad federal, a efecto de proporcionar recursos frescos e inmediatos a los Municipios, puesto que en la práctica los consejos de desarrollo, además de instigar la violencia entre los diversos grupos de colonias que solicitan servicios públicos, se convierten en agencias de colocación y asignación de recursos caprichosamente a compañías y particular interesado (sic) en que la obra pública se destine a quienes tienen intereses particulares en la construcción de obras cuya responsabilidad, al final recae en la autoridad municipal, por lo que, de manera sabia en la Constitución Federal se establece la prohibición de autoridades intermedias entre Municipio y Estado, a fin de salvaguardar el orden jurídico y constitucional que debe imperar en el Estado, siendo que los consejos de desarrollo rompen dicho orden, encarecen el costo de los servicios públicos y al final, impiden que la intención del Gobierno Federal de ayuda rápida, expedita y a quien más lo necesita se vea traicionada por las manipulaciones y concertaciones que ambos órganos demandados realizan en perjuicio directo de los Municipios que no pertenecen al partido político en el poder estatal, confundiendo la lucha electoral con el régimen de derecho y evitando que los ciudadanos del Municipio de Río Bravo, a quienes representamos reciban los recursos federales asignados en la forma que se ordena y se necesita. Tercero. Al investir la Legislatura del Estado de Tamaulipas a los Consejos de Desarrollo para el Bienestar Social con facultades de planeación, programación, operación, y de control sobre los recursos económicos que corresponden al Municipio, en este caso de Río Bravo, provenientes del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año de 1998, se les está facultando a esos consejos para que administren dichos recursos, obligación que corresponde por mandato constitucional sólo al propio Municipio, quien lo efectúa mediante la administración de su hacienda, lo cual realiza a través de la planeación, y ejecución de su presupuesto de egresos cuya aprobación corresponde únicamente al Ayuntamiento, según las fracciones I y IV del artículo 115 constitucional; obligación a cargo del Municipio que ahora y frente a las autoridades estatales demandadas se convierte en derecho transgredido, puesto que la existencia de dichos consejos reviste a su vez la existencia de órganos no creados por el propio Municipio y que cuentan por disposición de la Legislatura Estatal contenida en el artículo 51 impugnado con amplísimas e ilimitadas facultades de administración de los recursos municipales, traduciéndose ello en una evidente transgresión al mandato constitucional en consulta. Ahora bien, tomando en cuenta lo establecido por el H. Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la controversia constitucional No. 2/95, de donde se aprobó con el No. 49/1997 la tesis de jurisprudencia cuyo rubro reza: ‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA MUNICIPAL. NO LA AFECTA EL ARTÍCULO 7o. DE LA LEY QUE CREA LAS JUNTAS DE MEJORAMIENTO MORAL, CÍVICO Y MATERIAL EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN.’, y cuyo texto en lo conducente establece que ‘... la libre administración de la hacienda municipal no se traduce en una percepción y distribución o aplicación arbitraria e irrestricta de los recursos y bienes por parte de los Municipios, sino que la administración hacendaria se encuentra acotada en términos de la propia disposición constitucional ...’ (artículo 115, fracción IV), es claro que la actuación de la Legislatura Estatal en lo referente al manejo de la hacienda pública municipal se encuentra limitada sólo a la aprobación de las leyes de ingresos de los Ayuntamientos y a la revisión de sus cuentas públicas, encontrándose constitucionalmente reservado al propio Ayuntamiento la elaboración, aprobación y ejecución de los presupuestos de egresos, es decir cómo y en qué aplicar los recursos o ingresos disponibles, por lo que sujetar la actuación del Municipio en cuanto a la aplicación de su hacienda a los acuerdos que tomen los consejos de desarrollo mencionados es transgredir la libertad o autonomía financiera municipal garantizada por el artículo 115, fracciones I y IV, de la Carta Magna. Obvio es que la existencia en el Estado de Tamaulipas de órganos intermedios entre las entidades públicas, en este caso Municipio de Río Bravo y el Gobierno Estatal, ya que de acuerdo a las atribuciones con las que se dota a los Consejos de Desarrollo para el Bienestar Social, se advierte que cuentan con poder de decisión unilateral, e independientes de las decisiones tomadas por los distintos niveles de gobierno, lo que se traduce en actos que obstaculizan la comunicación directa entre el gobierno y el Estado de Tamaulipas y el Municipio de Río Bravo, Tamaulipas, características que conforme a la tesis jurisprudencial No. 50/1997 deducida de la controversia constitucional 2/95 y cuyo rubro reza: ‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. AUTORIDAD INTERMEDIA PROHIBIDA EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. CARACTERÍSTICAS GENERALES QUE LA IDENTIFICAN.’ identifican a dichos consejos de desarrollo como autoridades intermedias de las prohibidas por el citado artículo 115, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es indispensable dejar en claro que dichos órganos intermedios fueron creados con finalidades meramente políticas, que en razón de sus facultades administrativas tendrán injerencia directa en la administración de la hacienda municipal lo que influirá en la propia administración del Municipio, obstaculizándose el impulso al desarrollo del Municipio Libre, que por mandato constitucional debe procurar y fomentar la entidad federativa por ser la base de su organización política y administrativa y división territorial, razón por la cual el impugnado artículo 51 evidentemente transgrede el espíritu del referido artículo 115 constitucional, puesto que al no estar asegurada la autonomía económica, la libertad política tampoco está garantizada, lo cual obstruye a su vez el desarrollo del sistema federal. No basta que se dote al Municipio con recursos financieros, sino que dicha dotación debe estar acompañada de autonomía plena en la administración de su hacienda, circunscribiendo dicho manejo al marco de la reglamentación preexistente, la cual no debe disponer sobre la aplicación concreta de los ingresos de dicho ente, puesto que ello corresponde al propio Ayuntamiento, y procurar lo contrario como lo hace la Legislatura del Estado de Tamaulipas, es impedir el desarrollo del Municipio como entidad base de nuestro sistema federal. Cuarto. Los artículos 39 y 40 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ofrecen al órgano actor la posibilidad de que ese H. Alto Tribunal de nuestro país pueda suplir las deficiencias de los diferentes planteamientos de las partes, así como imponer a ese H. Alto Órgano de Control Constitucional la potestad de examen en su conjunto de los razonamientos para resolver las cuestiones efectivamente planteadas y partiendo del principio anterior estimamos que la litis en la presente controversia radica sustancialmente en determinar si las normas genéricas cuya invalidez se reclama y el acuerdo que suscribe el Poder Ejecutivo violentan las garantías constitucionales referentes a la irretroactividad de la ley y las consagradas como garantías municipales en el artículo 115 de la Constitución Federal. Como razonamiento principal soportado en el artículo 43 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el órgano actor, con sumo respeto suplicó e invocó el contenido íntegro de la resolución de fecha 1o. de octubre de 1996 que esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió por unanimidad de 11 votos la diversa controversia marcada con el número 19/95 y de cuyo trascendental texto citamos e invocamos diversos postulados en los que se fundamentan las conclusiones y puntos resolutivos a los que llegó ese H. Tribunal, particularmente la exposición de motivos de la iniciativa presidencial que desembocó en la reforma constitucional promulgada el 2 de febrero de 1983, y en donde se establece que es necesario emprender una nueva redistribución de competencias que debe comenzar por entregar o devolver al Municipio todas aquellas contribuciones relacionadas con la función primordial de esa institución, puesto que la centralización ha arrebatado al Municipio la capacidad y recursos para desarrollar en todos sentidos su ámbito territorial y poblacional, y por ende, el fortalecimiento municipal no sólo es el camino para mejorar las condiciones de vida de los Municipios, sino también para resolver simultáneamente los cada vez más grandes problemas que enfrentan las concentraciones urbano-industriales, puesto que de otra forma el Municipio se convierte en una fórmula teórica de descentralización de nuestra realidad, puesto que en la práctica depende y en el caso concreto con la instalación de los llamados Consejos de Desarrollo para el Bienestar Social y la obligación de que el Municipio de manera obligatoria concrete la realización de acciones previstas en sus planes y programas con las representaciones de los grupos sociales o con los particulares interesados violenta en forma evidente el régimen municipal e introduce un órgano intermedio que propicia el despilfarro de los recursos federales por introducirse múltiples voces de decisión para la asignación, contratación y ejercicio de dichos recursos. Quinto. El acuerdo impugnado por el cual el Ejecutivo de Tamaulipas da a conocer la fórmula y metodología para la distribución de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal entre los Municipios del Estado de Tamaulipas para el Ejercicio Fiscal de 1998, violenta el contenido del artículo 115, fracción IV, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual a la letra ordena: ‘Artículo 115. ... IV. Los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: ... b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados.’. Para la comprensión del presente concepto de invalidez, es indispensable dejar en claro, que los recursos que son distribuidos por el Ejecutivo tamaulipeco mediante el acuerdo de impugnación, tienen un origen federal, toda vez que provienen del Ramo 033 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1998, relativo a las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios para el Fondo para la Infraestructura Social Municipal, por lo que entonces, las bases sobre las cuales debe efectuarse la distribución de tales recursos, así como los montos y plazos corresponde sólo y únicamente a la Legislatura del Estado de Tamaulipas, según el dispositivo constitucional transcrito. La disposición del Constituyente en el sentido de que las participaciones federales que correspondan a los Municipios deben ser distribuidas
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6810-9839e8c9/consejos-de-desarrollo-para-el-bienestar-social-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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