CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. SOBRESEIMIENTO CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 20, EN RELACIÓN CON EL 19, FRACCIÓN V, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, CUANDO SE IMPUGNA LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL, CON MOTIVO DE ACTOS CONCRETOS DE APLICACIÓN.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 14/95. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RÍO BRAVO, TAMAULIPAS.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIO: OSMAR ARMANDO CRUZ QUIROZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día primero de octubre de mil novecientos noventa y seis.
RESULTANDO:
PRIMERO.-Por escrito presentado el ocho de septiembre de mil novecientos noventa y cinco en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Antonio Guajardo Anzaldúa y Severiano Ponce Sandoval, presidente municipal y síndico primero del Ayuntamiento de Río Bravo, Tamaulipas, respectivamente, promovieron demanda en la vía de controversia constitucional, contra actos del Congreso del Estado de Tamaulipas y de otras autoridades, consistentes en:
"a) Del H. Congreso del Estado de Tamaulipas se demanda la invalidez del artículo 152 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, por ser conculcatorio por omisión con lo dispuesto por el artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.-b) La votación, aprobación y envío que en fecha 26 de enero de 1921 realizó el H. Congreso del Estado de Tamaulipas respecto de la Constitución Política de dicho Estado, envío al órgano Poder Ejecutivo (sic).-c) Del H. Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas, representado por el C. Gobernador del Estado de Tamaulipas y secretario general de Gobierno se reclama: La impresión, promulgación por bando solemne e iniciación de la vigencia que a partir del 5 de febrero de 1921 realizaron respecto de la Constitución mencionada, reclamándose el primer acto de aplicación del precepto conculcatorio, artículo 152 de la Constitución, que consiste en las instrucciones del C. gobernador del Estado y C. procurador general de Justicia del Estado de Tamaulipas, a efecto de que agentes del Ministerio Público al mando de este último, solicitaron y obtuvieron orden de aprehensión y detención de fecha 23 de agosto de 1995, decretada por el Juez de Primera Instancia Penal del Décimo Cuarto Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, en contra de los suscritos representantes municipales del Ayuntamiento de Río Bravo, Tamaulipas, a quienes indebidamente se considera responsables en la comisión de los ilícitos de abuso de autoridad, delitos cometidos en el desempeño de funciones judiciales o administrativas, y privación ilegal de la libertad y de otras garantías, siendo que en el caso concreto, la actuación de los suscritos representantes del Ayuntamiento se circunscribió a la estricta y exacta aplicación del Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Río Bravo, Tamaulipas, con vigencia a partir de su publicación en el Periódico Oficial de nuestro Estado, en fecha 16 de febrero de 1994, número 14; orden de aprehensión y detención que es fama pública y lo justificamos con los anexos 3 y 4 relativos a las publicaciones de fechas 25 y 28 de agosto de 1995, aparecidas en el periódico ‘El Mañana’, en donde se establece presunta responsabilidad en contra de funcionarios municipales de Río Bravo, Tamaulipas, en donde aparecen como ofendidos, precisamente, reporteros del órgano de difusión que me permito acompañar. Se reclama igualmente del C. director de la Policía Judicial en el Estado de Tamaulipas y CC. comandantes de la Policía Judicial del Estado, con residencia en Ciudad Victoria, Valle Hermoso, San Fernando, ciudad Río Bravo, ciudad Reynosa, ciudad Miguel Alemán, ciudad Nuevo Laredo, ciudad Matamoros, ciudad Díaz Ordaz, ciudad Camargo, ciudad Tampico y Soto La Marina, Tamaulipas, así como de los CC. jefes de los Grupos Especiales dependientes del director de la Policía Judicial y del C. procurador de Justicia del Estado de Tamaulipas, con el carácter de autoridades ejecutoras de dicha orden de aprehensión y detención.-d) Del H. Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, representado en esta controversia constitucional por:-1. C. Juez Primero de Primera Instancia Penal en Ciudad Victoria, Tamaulipas.-2. C. Juez Segundo de Primera Instancia Penal en Ciudad Victoria, Tamaulipas.-3. C. Juez de Primera Instancia Penal del Décimo Cuarto Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas con residencia en Río Bravo, Tamaulipas, se le reclama:-La ilegal orden de aprehensión y detención decretada en nuestra contra por supuestos delitos del fuero común, sin haberse seguido la disposición constitucional federal que establece la inmunidad procesal en materia penal para los funcionarios municipales, estableciéndose tal inmunidad a favor del titular del órgano de Gobierno del Distrito Federal cuya similitud con los presidentes municipales es idéntica, así como la protección federal a favor de los representantes a la Asamblea del Distrito Federal, que se asimila a los regidores y síndicos de los Ayuntamientos, y toda vez que la norma constitucional del Estado de Tamaulipas, el artículo 152 es omiso en incluir a los presidentes municipales, regidores y síndicos que integran los Ayuntamientos, se reclama por los suscritos la orden de aprehensión y detención proveniente de autoridad judicial del fuero común, para que seamos internados en cualquier centro de reclusión del Estado de Tamaulipas o del país."
SEGUNDO.-Los antecedentes del caso son:
"Único. Conforme con el Decreto Número 354 del H. Congreso del Estado de Tamaulipas, de fecha 21 de diciembre de 1992, y publicado en el Periódico Oficial del mismo Estado el 26 de diciembre de 1992, la planilla que formaron los suscritos como presidente municipal y síndico primero, respectivamente, para contender en el Municipio de Río Bravo Tamaulipas, resultó ganadora por mayoría y a partir del inicio de la gestión del gobernador Manuel Cavazos Lerma, el titular del Poder Ejecutivo, así como el C. procurador general de Justicia y agentes del Ministerio Público con jurisdicción en el Municipio de Río Bravo, se han dedicado a hostigar a los suscritos con la representación para la cual fuimos electos, habiendo sido objeto de amenazas y agresiones de los titulares de las diversas ramas del gobierno estatal, así como represalias y acusaciones temerarias precisamente a las que se refiere el tratadista Jesús Orozco Henríquez en su comentario al artículo 111 constitucional, publicación del Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, páginas 477 a 482, y a partir de que el primero de los comparecientes solicitó y obtuvo licencia temporal renunciable, desde el 12 de agosto de 1995, al cargo de presidente municipal de Río Bravo, Tamaulipas, las amenazas se cumplieron y utilizando las acusaciones temerarias a que se refiere el tratadista invocado, los agentes del Ministerio Público con jurisdicción en Río Bravo y en Ciudad Victoria, Tamaulipas, fabricaron acusaciones que turnaron a los Jueces Primero y Segundo de Primera Instancia Penal de Ciudad Victoria, Tamaulipas, y al C. Juez Primero de Primera Instancia Penal del Décimo Cuarto Distrito Judicial en Río Bravo, Tamaulipas, diversas averiguaciones, particularmente la número 171/995 del órgano investigador de Río Bravo, autoridades judiciales las anteriores que por presiones de carácter político giraron órdenes de aprehensión en nuestra contra, autoridades judiciales que violentando las normas constitucionales invocadas y ante la contradicción con la norma constitucional que establece inmunidad procesal de carácter penal y ordena que la autoridad municipal sólo puede ser sujeta a proceso penal, previa declaratoria por mayoría absoluta del órgano legislativo, omisión constitucional de la que adolece la norma constitucional estatal contenida en el artículo 152, puesto que sólo establece tal inmunidad para los diputados, Magistrados, secretario del Poder Ejecutivo, procurador, Jueces y llega al extremo de proteger a los titulares de las entidades paraestatales, sin que la protección se establezca para las autoridades municipales, síndicos y regidores que constituyen los Ayuntamientos y aprovechándose de la licencia mencionada, y la intención de contender por parte del primero de los suscritos a un nuevo cargo de elección popular, por un partido diferente al que pertenece el Gobernador del Estado de Tamaulipas, se evidenció la persecución de carácter político por la manifestación de nuestras ideas, lo que ha sido suficiente por parte de quienes conforman el Poder Ejecutivo, para la solicitud de la aprehensión indebida, sin seguirse el procedimiento previo establecido para suspender la inmunidad de que deben gozar los suscritos, titular y representante del Municipio de Río Bravo, Tamaulipas."
TERCERO.-Los conceptos de invalidez se hicieron consistir en:
"1o. El artículo 111, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: ‘Artículo 111. Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los Consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de Despacho, los jefes de Departamento Administrativo, los representantes a la Asamblea del Distrito Federal, el titular del órgano de gobierno del Distrito Federal, el procurador general de la República y el procurador general de Justicia del Distrito Federal, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado ...’. En contradicción a lo anterior, el artículo 152 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas establece: ‘Artículo 152. Para proceder penalmente contra los diputados al Congreso Local, los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, los secretarios del Ejecutivo, procurador general de Justicia, los Jueces y titulares de las entidades paraestatales por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, el Congreso declarará, por acuerdo de las dos terceras partes del total de los miembros, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado ...’. En tales condiciones, utilizando un simple silogismo jurídico, se evidencia que el Constituyente Federal quiso establecer una necesaria inmunidad de carácter procesal penal, a efecto de que tanto el presidente municipal, síndicos y regidores que integran el Ayuntamiento gocen del llamado fuero constitucional, a efecto de protegerlos en el desempeño de sus funciones o hasta en tanto terminen el encargo constitucional para el que fueron elegidos, de acusaciones temerarias o represiones por diferencias de carácter político, lo que en la especie sucede, al utilizar a las autoridades responsables, dependientes unos del Poder Ejecutivo como lo son: agentes del Ministerio Público en averiguaciones previas e indagatorias del ramo penal, y otros integrantes del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, Jueces Primero y Segundo de Primera Instancia Penal en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y Juez de Primera Instancia Penal del Décimo Cuarto Distrito Judicial con residencia en Río Bravo, Tamaulipas, quienes aprovechando la omisión de que adolece la norma constitucional estatal que no dispone protección para los representantes municipales, situación que sí se establece en la norma constitucional federal, utilizándose la omisión señalada para el dictado de indebidas órdenes de aprehensión y detención por supuestos delitos cometidos en el desempeño de las funciones de los suscritos presidente municipal y síndico primero del Ayuntamiento, a quienes se les imputan los delitos de abuso de autoridad, delitos cometidos en el desempeño de funciones judiciales o administrativas y privación ilegal de la libertad y otras garantías, con motivo de haber cumplido con las disposiciones reglamentarias de orden público municipal, Bando de Policía y Buen Gobierno para el Municipio de Río Bravo, Tamaulipas, por violaciones a éste cometidas por reporteros que han utilizado la difamación, injurias e insultos en medios impresos en contra de integrantes del Ayuntamiento de Río Bravo, Tamaulipas, (anexo 5), y por la diferencia de partido político del primero de los comparecientes con el titular del Poder Ejecutivo de Tamaulipas, se violentaron las garantías individuales de los suscritos con el carácter de representantes del Municipio de Río Bravo, Tamaulipas. Además, es evidente la controversia constitucional respecto de lo ordenado por la norma federal y lo establecido en la de carácter estadual, puesto que ésta merma la garantía federal que establece una mayoría absoluta de los representantes populares para aprobar la solicitud de procedencia de la acción en contra de un funcionario presuntamente inculpado, contrario con la norma estatal, la que sólo requiere del acuerdo de las dos terceras partes del total de los miembros del Congreso del Estado de Tamaulipas, siendo la federal la que mejor protege al funcionario y lo cuida de las persecuciones ilícitas y las acusaciones sin fundamento.-Por todo ello, los actos que se señalan como reclamados de cada una de las autoridades, órganos demandados, resultan conculcatorios a la inmunidad procesal penal de que gozan tanto los presidentes municipales como los regidores y síndicos que conforman los Ayuntamientos, como certeramente lo establecen otras Constituciones Locales, particularmente la del Estado de Nuevo León en su artículo 112 y la mayoría de los otros Estados del país, motivos por los que deberá declararse inválido el artículo 152 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, en cuanto que es omiso para otorgar la inmunidad referida en favor del presidente municipal, síndicos y regidores y, particularmente, del presidente municipal y síndico de Río Bravo, Tamaulipas, e invalidados igualmente los actos concretos que se fundamenten en dicha omisión y que son los conculcatorios de las garantías de libertad, seguridad y certeza jurídica de los suscritos quejosos con la representación que ostentamos, en cuanto que se pretende detenernos y en forma ilegal internarnos en un centro de reclusión, sujetándonos a un proceso de carácter penal ilegal, en cuanto que no existe declaratoria de procedencia ordenada por el Congreso del Estado de Tamaulipas, ya que éste votó y aprobó una disposición constitucional contraria, por omisión a la disposición constitucional de carácter federal."
CUARTO.-Por acuerdo del catorce de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, se tuvo por recibido el escrito de demanda de controversia constitucional, se ordenó formar y registrar el expediente respectivo, y se turnó el asunto al Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano.
Por auto de veinticinco del propio mes y año se tuvo por admitida la demanda de mérito, únicamente respecto de Severiano Ponce Sandoval, en su carácter de síndico primero del Ayuntamiento del Municipio de Río Bravo, Estado de Tamaulipas, y no así respecto de Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, presidente municipal del referido Ayuntamiento, ya que éste expresamente manifestó que se encuentra gozando de licencia temporal renunciable y, por ende, no tiene facultad alguna para representar a dicho Municipio.
Se emplazó a las autoridades demandadas y se dio vista al procurador general de la República, a fin de que estuviera en aptitud de manifestar lo que a su derecho conviniera.
QUINTO.-Por proveído de fecha once de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, se agregó el oficio número PGR0612/95, presentado el ocho de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia, mediante el cual el procurador general de la República desahogó la vista a que se ha hecho referencia, solicitando se declare improcedente la presente controversia constitucional planteada, por no ser la vía idónea para combatir el acto impugnado.
SEXTO.-En autos se tuvo por contestada la demanda de controversia constitucional, por parte de las autoridades demandadas que presentaron sus respectivos escritos, y se tuvieron por exhibidas las pruebas documentales ofrecidas.
No presentaron su escrito de contestación de demanda las siguientes autoridades demandadas: agente Primero del Ministerio Público Investigador con residencia en ciudad de Río Bravo, Tamaulipas; director de la Policía Judicial del Estado de Tamaulipas; comandantes del Primero, Segundo, Tercero y Cuarto Grupos Especiales adscritos al director de la Policía Judicial del Estado, en Ciudad Victoria, Tamaulipas; Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tamaulipas; Juez Primero de Primera Instancia en Ciudad Victoria, Tamaulipas; comandantes de la Policía Judicial del Estado de Tamaulipas, con residencia, respectivamente, en el Municipio de Ciudad Victoria, Municipio de Valle Hermoso, ciudad Reynosa, ciudad Miguel Alemán, ciudad Díaz Ordaz y ciudad Camargo.
SÉPTIMO.-Las autoridades demandadas que formularon su respectiva contestación de demanda, lo hicieron en los siguientes términos:
1. El Congreso del Estado de Tamaulipas, por conducto de Manuel Álvarez Montemayor, presidente de la mesa directiva que presidió los trabajos durante el mes de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, correspondiente a la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado; el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, Manuel Cavazos Lerma; el secretario general de Gobierno, Jaime Rodríguez Iñurrigarro y el procurador general de Justicia, César Ceballos Blanco, estos dos últimos funcionarios correspondientes a la propia entidad federativa en cita; mediante escrito de fecha primero de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, formularon de manera conjunta su contestación de demanda (fojas 489 a 503 del tomo I), en la que, en lo sustancial, hacen valer lo siguiente:
a) Falta de acción de la parte actora, en atención a la inexactitud de los hechos de la demanda y a la falta de derecho para apoyarla, pues, en primer lugar, no se advierte afectación al Ayuntamiento de Río Bravo y, en segundo, el carácter con que se ostenta Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, como presidente municipal de Río Bravo, no es correcto, ya que a la fecha de presentación del escrito de demanda, ya había solicitado licencia para estar separado de su cargo y el Cabildo lo autorizó según consta en el oficio número 424/95, de fecha doce de agosto de mil novecientos noventa y cinco, y en su lugar se encuentra desempeñando el cargo el suplente Gumercindo Morales Celestino, quien sería el legítimo facultado para hacer valer la presente controversia si se afectara al Ayuntamiento.
b) Falta de legitimación activa del Ayuntamiento del Municipio de Río Bravo, Tamaulipas, para promover la presente controversia, ya que en el caso, la disposición aplicable lo es la fracción II del artículo 105 de la Constitución Federal, que establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá de las acciones de inconstitucionalidad en las que se plantee la contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución Federal, la que sólo podrán ejercitar los propios órganos que las emitieron, sin que en ningún momento se le otorguen facultades a los Ayuntamientos para tal efecto.
c) Que el Ayuntamiento del Municipio de Río Bravo, Tamaulipas, carece de legitimación activa para interponer un juicio al que se pretende dar el carácter de controversia constitucional, pero que en realidad versa sobre cuestiones de legalidad.
d) Que el síndico primero del Ayuntamiento de Río Bravo, Tamaulipas, Severiano Ponce Sandoval, si bien conforme al artículo 60, fracción II, del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, es el representante del Ayuntamiento en los litigios en que el Municipio sea parte, también lo es que el presente asunto no es un litigio del Ayuntamiento, ya que, para comparecer como actor, se requiere necesariamente un acuerdo expreso del Cabildo, pues, de otra manera, cada quien actuaría motu proprio y no como ejecutor del máximo órgano de gobierno del Ayuntamiento, por lo que su actuación debe considerarse estrictamente de carácter personal.
e) En caso de pronunciarse resolución favorable a la parte actora, por ningún concepto podrían darse efectos derogatorios o abrogatorios de los ordenamientos legales impugnados, conforme al principio general de derecho que recoge el artículo 9o. del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable en materia federal, así como sus correlativos de los distintos Códigos Civiles de las entidades federativas, la ley sólo queda derogada o abrogada por otra posterior que así lo declare expresamente o que contenga disposiciones total o parcialmente incompatibles con la ley anterior.
f) No existe afectación al interés jurídico del Ayuntamiento, pues se trata de una acción personal, en la que se impugna el primer acto de aplicación del artículo 152 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, y que además fue consentido, ya que debió combatirse la norma cuando el actor asumió el cargo de presidente municipal de Río Bravo (primero de enero de mil novecientos noventa y tres), y no ahora que incluso ya no tiene dicha representación.
g) Es incorrecta la interpretación que hace la parte actora respecto del artículo 111 de la Constitución Federal, al afirmar que el Constituyente Federal quiso establecer una necesaria inmunidad de carácter procesal penal, a efecto de que tanto el presidente municipal, los síndicos y regidores que integran el Ayuntamiento gocen del llamado fuero constitucional; siendo que esto se refiere únicamente a los representantes a la Asamblea y al titular del órgano de gobierno del Distrito Federal, los que no pueden equipararse a los integrantes de los Ayuntamientos, sino más bien a los gobernadores de los Estados y a los diputados locales, situación que sí contempla el artículo 152 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas. Por esto, esta última norma combatida no es omisa ni contradice la Constitución Federal y, por ende, no se requiere declaratoria de procedencia por parte del Congreso del Estado para ejercitar acción penal en contra de los promoventes.
h) Se objetan los anexos que la parte actora acompaña con su escrito de demanda, precisados con los números 3 y 4 (publicaciones periodísticas fojas 20 y 21 del tomo I), en virtud de que no son pruebas idóneas, ya que representan la particular opinión del columnista que se encarga de escribir el artículo en cuestión, por lo que deben ser desechadas de plano.
2. El agente segundo del Ministerio Público Investigador con residencia en ciudad de Río Bravo, Tamaulipas, mediante escrito de fecha veintiuno de enero de mil novecientos noventa y seis, formuló su contestación de demanda (fojas 105 a 108 del tomo II), en la que manifestó:
a) Que los promoventes carecen de interés jurídico para promover la demanda, ya que no exhiben el acuerdo del Ayuntamiento de Río Bravo, Tamaulipas, que los autorice y les conceda facultades para promoverla, pues la acción le corresponde al Municipio o Ayuntamiento como órgano colegiado.
b) En el caso se trata de actos consentidos o derivados de otros consentidos, en virtud de que los promoventes, por imperativo legal, protestaron al asumir sus cargos, cumplir y hacer cumplir la Constitución General de la República, la del Estado y las leyes que de ellas emanen, por lo que no pueden ahora aducir ignorancia, uso, costumbre o práctica en contrario.
c) Improcedencia de la controversia constitucional por extemporaneidad, ya que se excedió el tiempo hábil que se tiene para interponer la inconformidad.
d) No existe controversia entre el artículo 115 de la Constitución General y el 152 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, ya que en éstos no se previene ninguna inmunidad por ser funcionarios municipales los promoventes.
e) Los promoventes de la acción de controversia han cesado en el desempeño de sus cargos y el quejoso ha desaparecido, lo que es causa de extinción forzosa de la acción y de la suspensión.
f) Que no es cierto que en algún momento se haya actuado por instrucciones de alguna autoridad jerárquicamente superior, ni que se hayan formulado amenazas u hostigamientos, como represalia por los resultados de la última contienda electoral en el Estado. Que en términos de la averiguación previa número 727/995, en la que se menciona al o los promoventes, se inició con estricto apego a derecho.
3. El Juez Penal de Primera Instancia del Décimo Cuarto Distrito Judicial en Río Bravo, Tamaulipas, mediante oficio número 1582, de fecha treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y cinco, formuló su contestación de demanda (fojas 453 a 455 del tomo I), en la que expresó:
a) Respecto del actor Severiano Ponce Sandoval, no existe procedimiento penal alguno instruido en su contra, por lo que se niega que exista orden de aprehensión en su contra. Aclara que la persona en cita promovió demanda de amparo indirecto ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, quedando registrada con el número 346/995, juicio que fue sobreseído mediante resolución de fecha veinte de septiembre de mil novecientos noventa y cinco por desistimiento del quejoso.
b) Respecto de Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, no existe orden de aprehensión en su contra. Aclara que es cierto que le fue consignada la averiguación previa número 171/995, como probable responsable del delito de abuso de autoridad y otros, cometido en agravio de Abraham González Soto, la que se radicó el veintitrés de agosto de mil novecientos noventa y cinco, y en esa propia fecha se determinó procedente librar orden de aprehensión en contra de Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, lo que motivó el proceso penal 182/995, pero el veintiséis del citado mes y año, recibió pedimento del Ministerio Público adscrito, haciendo suyo el escrito signado por el procurador general de Justicia del Estado de Tamaulipas, en el que solicitó dejar insubsistente la orden de aprehensión de mérito, por lo que en esa misma fecha se ordenó su cancelación. Agrega la autoridad demandada que Juan Antonio Guajardo Anzaldúa promovió demanda de amparo indirecto, registrada con el número de juicio 335/995, en el que se decretó el sobreseimiento por resolución de fecha diecisiete de octubre de mil novecientos noventa y cinco, por haberse negado el acto reclamado.
4. Las autoridades que a continuación se señalan, al rendir su contestación de demanda, negaron lisa y llanamente los actos que se les imputan: agentes Primero, Segundo, Tercero y Cuarto del Ministerio Público Investigador de Ciudad Victoria, Tamaulipas (fojas 467, 565, 484 y 451, respectivamente, del tomo I); Juez Segundo de Primera Instancia en Ciudad Victoria, Tamaulipas (foja 443 del tomo I); comandante de la Policía Judicial del Estado de Tamaulipas, con residencia en el Municipio de San Fernando (foja 486 del tomo I); comandante de la Policía Judicial del Estado de Tamaulipas, con residencia en ciudad Río Bravo (foja 426 del tomo I); comandante de la Policía Judicial del Estado de Tamaulipas, con residencia en ciudad Nuevo Laredo (foja 437 del tomo I); comandante de la Policía Judicial del Estado de Tamaulipas, con residencia en ciudad Matamoros (foja 390 del tomo I); comandante de la Policía Judicial del Estado de Tamaulipas, con residencia en ciudad Tampico (foja 430 del tomo I); y comandante de la Policía Judicial del Estado de Tamaulipas, con residencia en Soto La Marina (foja 441 del tomo I).
OCTAVO.-El día doce de junio de mil novecientos noventa y seis, se celebró la audiencia de ofrecimiento, desahogo de pruebas y alegatos. En ese mismo acto procesal se ordenó turnar el expediente, para su estudio, al Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se plantea un conflicto entre un Estado y un Municipio.
SEGUNDO.-La presente controversia constitucional fue promovida en tiempo, toda vez que la parte actora combate la orden de aprehensión de fecha veintitrés de agosto de mil novecientos noventa y cinco, emitida por el Juez Penal de Primera Instancia del Décimo Cuarto Distrito Judicial en Río Bravo, Tamaulipas, como acto concreto de aplicación del artículo 152 de la Constitución Política de la citada entidad federativa, también combatido; y respecto de dicha orden no existe, dada su naturaleza y por las reglas que rigen el procedimiento penal, constancia de notificación ni hay manifestación del momento en que se tuvo conocimiento de ella, pero, sin embargo, tomando incluso como referencia la fecha de emisión de la orden, se advierte que la presente acción se promovió en tiempo.
Esto es así, ya que si la orden fue emitida en la fecha antes señalada (veintitrés de agosto de mil novecientos noventa y cinco), y la demanda de controversia se presentó el día ocho de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, evidentemente no transcurrió el término de treinta días a que se refiere el artículo 21 de la ley de la materia, debiéndose descontar en el cómputo respectivo, los días sábado veintiséis y domingo veintisiete de agosto, sábado dos y domingo tres de septiembre de mil novecientos noventa y cinco.
Respecto de los demás actos, consistentes en las instrucciones y solicitudes para el libramiento de la orden de aprehensión y detención, y su ejecución, dado que no existe constancia de notificación alguna, ni fecha en la que se tuvo conocimiento de éstos, y que precisamente por su naturaleza y atento las disposiciones que rigen en el proceso penal, no van a ser notificados previamente, y que en caso de duda y a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte promovente, debe con
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4824-e8a996b2/controversias-constitucionales-sobreseimiento-con-fundamento-en-la-fraccion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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