Corpus
Modo: Corpus Pro

DAÑO MORAL. LA SOLA MATERIALIDAD DEL ATAQUE A LA INTEGRIDAD FÍSICA COMO DERECHO DE LA PERSONALIDAD ES SUFICIENTE PARA ACREDITARLO Y EXIGIR SU PAGO A TÍTULO DE INDEMNIZACIÓN DE ORDEN ECONÓMICO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 178/2004. · Registro digital (IUS): 18316
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Septiembre de 2004, , Pág. 1619.

AMPARO DIRECTO 178/2004.

CONSIDERANDO:

SEXTO. En el denominado "primer concepto de violación", el quejoso alega que la sentencia reclamada carece de fundamentación porque la responsable no dio respuesta a los agravios planteados, no valoró correctamente las pruebas, ni tomó en consideración las contradicciones en las que incurrieron los testigos de cargo.

Lo anterior es infundado, porque de la lectura de la referida actuación, transcrita en el considerando tercero, se aprecia que la Sala dio respuesta a los agravios que planteó el quejoso, y para sostener esta postura, es pertinente transcribir lo que éste manifestó en la apelación:

"Conceptos de violación. En mi concepto se violan en perjuicio de mi defendido las disposiciones antes señaladas y es por la siguiente razón: El artículo 14 de nuestra Ley Suprema establece que: ‘... Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. ...’. En efecto, para que a un gobernado se le prive de la libertad, se deben cumplir las formalidades esenciales, observando y aplicando las leyes correspondientes, lo que en el presente caso no sucedió así, esto es, porque la Juez de origen al dictar la sentencia definitiva impugnada, omitió observar y aplicar las normas establecidas en el código procesal de la materia, particularmente, viola en perjuicio de mi defendido la garantía de seguridad jurídica, viola la hipótesis establecida en el artículo 201 del código adjetivo de la materia, que a la letra dice: Artículo 201 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado (lo transcribe). Como se observa, esta disposición normativa, por estar vigente en el momento de la supuesta comisión del ilícito que se imputa a mi defenso, debe aplicarse en todas y cada una de sus hipótesis, para establecer si existe o no la responsabilidad penal del sentenciado en la comisión del delito de lesiones, y para el caso de que no se reúna una sola de las hipótesis, se debe absolver. Cabe señalar que los medios de prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia. Asimismo, debe relacionarse entre sí, con el objeto de establecer la verdad legal acreditada con plenitud o determinar, en su caso, su deficiencia o contradicción. Sobre el particular, debo hacer la observación de que en el sumario (proceso número 333/2002, que dio origen a esta alzada) el Juez de origen falsamente establece que la responsabilidad penal de ... en la comisión del delito de lesiones, cometido en agravio de ... se acredita con diversos medios convictivos. Esto es falso, porque el Juez de origen omite entrar al estudio de todas y cada una de las pruebas que obran dentro de la causa penal que dio origen a esta alzada; omite estudiar y analizar las declaraciones tanto de los supuestos sujetos pasivos, como las declaraciones de los testigos de cargo; y, de igual forma, omite estudiar las declaraciones de los testigos de descargo presentados dentro de la secuela procesal. De igual forma, el Juez de origen omite estudiar y valorar el resultado de los careos desahogados entre el ahora sentenciado y los denunciantes, así como con los testigos de cargo, porque de haber valorado dicho resultado, se percataría de que del interrogatorio formulado a cada uno de los careantes, éstos incurrieron en serias contradicciones, lo que hace inverosímil la declaración de los denunciantes. Es preciso señalar que, en primer lugar, de las contradicciones en que incurren las testigos de cargo al ser interrogadas, se presume fundadamente que a dichas deponentes no les constan por sí mismos los hechos sobre los que declararon, sino que fueron aleccionados para declarar en la forma en que lo hicieron; además, debo concluir que dichos deponentes fueron aleccionados para declarar ante el Ministerio Público, porque de sus declaraciones se puede observar, en primer lugar, que incurren en diferencias entre lo declarado por los señores ... Bajo estas condiciones, el valor de las declaraciones de las testigos de cargo que les asignó la Juez de origen va en contra de las reglas de la lógica y de la experiencia a que alude el precepto legal en comento. Así, la contradicción en que incurren las testigos de cargo al dar respuesta al interrogatorio hecho por la defensa, resta necesariamente el valor de ser una declaración espontánea a su narración, esto porque se presume el aleccionamiento de los testigos, restándole veracidad a sus versiones, acorde a las exigencias de la sana crítica, es por lo que solicito que se revoque la resolución de primera instancia y en su lugar se dicte otra en la que se absuelva de toda culpa al sentenciado, porque el sólo dicho del denunciante no se encuentra robustecido con ningún medio de prueba. Deben analizarse en conciencia y buena fe guardada las declaraciones tanto del denunciante ... y relacionarlas con las declaraciones dadas por sus testigos de cargo ... quienes incurren en serias contradicciones entre la declaración vertida ante el Ministerio Público con las respuestas que dieron ante el juzgado de origen, porque al ser interrogados por la defensa, estos testigos dijeron que estaban en el lugar de los hechos porque había una fiesta en la casa de los señores ... en donde había una reunión familiar a la que estaban invitados, de pronto sonó el teléfono y al contestar ... indicó que le estaban pegando a su hijo ... quien vive frente al domicilio de éste, por lo que salieron inmediatamente todos; situación que no fue corroborada por ... quien fue interrogado por la defensa ante el juzgado natural, ante quien dijo que no era cierto que hubiera una fiesta en la casa de sus padres, porque de haber una fiesta él estuviera presente, circunstancias que nunca dijeron los supuestos agraviados. Por su parte, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que: ‘Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. ...’. Cierto, la autoridad sólo puede causar molestia al gobernado mediante un mandato que en el presente caso lo es de carácter judicial, siempre que su decisión se encuentre fundada y motivada, situación que en el presente caso no aconteció de esta forma, es decir, en la sentencia que se impugnó la Juez de origen no fundó ni motivó la causa de su resolución sino que sólo se concretó a hacer una relación de los hechos (a transcribir las declaraciones de los agraviados y de los testigos), sin tomar en consideración las contradicciones en las que incurren las testigos de cargo. Por tanto, de la sentencia definitiva que se impugna se desprende que no estuvo ni fundada ni motivada, violando con ello las garantías consagradas en la Norma Suprema aquí analizada y, sobre el particular, el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito con residencia en esta ciudad, se ha pronunciado en su jurisprudencia publicada bajo el rubro: ‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento.’(se citan precedentes). Por lo que hace al artículo 17 de nuestra Ley Suprema establece que: ‘... Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. ...’, es decir, que la autoridad al dictar una sentencia debe ser totalmente imparcial y para sentenciar debe hacer una relación de todas y cada una de las constancias que integran la causa penal, esto con el fin de concluir con toda certeza si existe o se acredita la responsabilidad penal del acusado, situación que el Juez natural no hizo, violando con ello nuestras garantías constitucionales, toda vez que a simple vista se aprecia una total parcialidad del juzgador al dictar una sentencia incongruente con los hechos acontecidos; sobre este particular, el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito ha sustentado jurisprudencia publicada bajo el rubro: ‘SENTENCIA CONDENATORIA. ES VIOLATORIA DE GARANTÍAS SI AL PRONUNCIARSE SOBRE LA RESPONSABILIDAD DEL ACUSADO OMITE ESLABONAR Y ARGUMENTAR TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO. Si en la sentencia reclamada se considera al quejoso responsable del ilícito de que se trate, pero se omite eslabonar y argumentar acerca de todas las circunstancias del caso, tal decisión resulta ilegal, porque independientemente del estudio que se haga cada elemento de convicción en lo particular para determinar su valor intrínseco, se requiere además, su estudio en conjunto para establecer el enlace de las pruebas, y así estar en condiciones de dictar una sentencia apegada a la realidad histórica de los hechos.’(se citan precedentes). Concepto de violación. En nuestro concepto, se violan en nuestro perjuicio las disposiciones antes señaladas y es por la siguiente razón: El artículo 14 de nuestra Ley Suprema establece que: ‘... Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterior al hecho. ...’. En efecto, para que a un gobernado se le prive de la libertad, se deben cumplir las formalidades esenciales, observando y aplicando las leyes correspondientes, lo que en el presente caso no sucedió así, esto es, porque el Juez de origen al dictar la sentencia definitiva impugnada omitió observar y aplicar las normas establecidas en el código sustantivo de la materia, tal y como lo veremos más adelante. El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que: ‘Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones , sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. ...’. Cierto, la autoridad sólo puede causar molestia al gobernado mediante un mandato que en el presente caso lo es de carácter judicial, siempre que su decisión se encuentre fundada y motivada, situación que en el presente caso no aconteció de esta forma, es decir, en la sentencia que se impugnó, la Juez de origen no fundó ni motivó la causa de su resolución, sino que en su resolutivo cuarto de la sentencia que se impugna, se condena al sentenciado al pago de la reparación del daño moral ocasionado a los señores ... sin embargo, debo señalar que dentro de las actuaciones de averiguación previa, no existe ningún dictamen pericial en psicología que nos indique el grado de alteración, zozobra, nerviosismo o alteración psicológica que hayan sufrido los señores ... no se demostró la afectación de sus facultades psíquicas derivadas de la agresión que supuestamente sufrieron en tal sentido; si no se acredita la alteración en la conducta de los sujetos pasivos, entonces no existe la obligación del pago del daño moral a resarcir, lo que la Juez de origen no toma en consideración y falsamente, y violando las garantías, condena a mi defendido al pago de este concepto. Es por lo que se debe revocar la sentencia impugnada y se nos debe absolver de esta condena. Esto debe ser así porque dentro del sumario no se demostró en qué consistió el daño moral causado, porque para que proceda el pago por este concepto, debe acreditase de qué manera se afectaron los derechos de personalidad de las víctimas a causa del delito y con qué medios se demostró, lo que en el caso que nos ocupa, tal como podrá observarse en la pieza que integra este toca, no existe ningún medio de prueba que demuestre la alteración del decoro, la moral o la psiqué de los supuestos agraviados, por lo que debe de absolver del pago de este apartado; sirve de apoyo la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, que a la letra dice: ‘DAÑO MORAL E INDEMNIZACIÓN CON MOTIVO DE HOMICIDIO O LESIONES, PRESUPUESTOS QUE SE DEBEN ACTUALIZAR PARA QUE PROCEDA EL PAGO COMO RESULTADO DE ESTOS DELITOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). De conformidad con lo dispuesto por los artículos 1958 y 1996 del Código Civil del Estado de Puebla, la reparación del daño causado por homicidio o lesiones, constituye una pena pública y debe imponerse al sentenciado; dichos daños pueden ser de carácter material o moral, debiéndose entender que los daños materiales se originan de las erogaciones realizadas con motivo de la muerte o lesión del ofendido. En tanto que daño moral es aquél que sufre una persona a causa del hecho dañoso, en su decoro, prestigio, honor, buena reputación o en su consideración social, en suma, en sus derechos de personalidad; por consiguiente, para que proceda la indemnización en cualesquiera de los casos, debe expresarse en la sentencia respectiva, en qué consistió cada uno de ellos y cómo se demostraron, y tratándose del daño moral, de qué manera se afectaron los derechos de personalidad de las víctimas a causa del delito.’(se citan precedentes). Como se observa, sólo puede condenarse al pago de la reparación del daño si en el proceso se comprueba debidamente la existencia del daño material o moral que causó el delito cometido, lo que en el caso que nos ocupa no acontece y la conclusión a la que llega el juzgador de origen al señalar que quedó demostrado el daño moral causado resulta carente de sustento jurídico, puesto que el Juez natural no refiere cuáles fueron los medios probatorios que lo llevaron a sostener que en el ordinario se encontraba demostrada la afectación sufrida por las supuestas víctimas, respecto de sus derechos de personalidad, con motivo de las lesiones. Debo señalar que las manifestaciones del juzgador carecen de la debida motivación, puesto que no señala mediante qué probanzas se acreditó la existencia del comentado daño, dado que primeramente debió justificar mediante razonamientos jurídicos la existencia del mismo y, además, citar los medios convictivos mediante los cuales se probó éste, lo que no aconteció en la especie, máxime que en el sumario no se desahogó ninguna probanza tendiente a justificar tal circunstancia, por ello las consideraciones esgrimidas sobre el particular resultan violatorias de las garantías individuales del apelante, puesto que era menester que se demostrara que los señores ... sufrieron una afectación como consecuencia del hecho delictuoso en su decoro, prestigio, honor, buena reputación o en su consideración social, es decir, en alguno de sus derechos de personalidad, para que así fuera procedente la indemnización respectiva, lo que no sucedió en la especie y por esa razón la condena efectuada en ese tenor es ilegal, por lo que a fin de restituir al quejoso en el goce de sus garantías constitucionales violadas ..."

En resumen, el otrora apelante, aquí quejoso, alegó:

1. Que la sentencia de primera instancia no estuvo fundada ni motivada, sino que el Juez sólo se concretó a hacer una relación de los hechos;

2. Que éste no estudió todas las pruebas que integraban el sumario, el resultado de los careos, ni los interrogatorios de los que se desprendían contradicciones, lo que indicaba aleccionamiento de los testigos de cargo, haciéndose hincapié que la contradicción sustancial residía en que los testigos dijeron que se encontraban en una reunión familiar en la casa de los pasivos ... mientras el pasivo ... no señaló esa situación; y,

3. La condena a la reparación del daño moral no tenía sustento, porque no existió en autos algún dictamen psicológico que demostrara la afectación a los derechos de la personalidad de los pasivos, además, no quedó demostrado en qué consistió el daño moral causado, ya que el Juez omitió referir cuáles fueron los medios probatorios que lo llevaron a sostener tal afectación.

Al respecto, la Sala responsable manifestó:

a) Que la sentencia definitiva impugnada se dictó dentro del proceso 333/2002, en el cual se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento, ya que se le hizo saber al inculpado el motivo de la detención, los nombres de las personas que lo acusaban y el contenido de las querellas, fue examinado sobre los hechos que motivaron la averiguación, se le admitieron pruebas, y se siguió el procedimiento en todas y cada una de sus partes, en el entendido de que no se incurrió en violación al artículo 14 constitucional, porque el recurrente había sido oído y vencido en juicio ante tribunales previamente establecidos, como lo fue el Juzgado Primero de lo Penal de Tehuacán.

b) Que el Juez del proceso valoró todos y cada uno de los medios de prueba, lo que lo llevó a dictar la sentencia condenatoria, y el hecho de que los testigos de cargo adujeran que se encontraban en una reunión que se llevaba a cabo en la casa de los querellantes ... no era indicativo de que los atestes no se hubieran encontrado en el lugar de los hechos, ya que al manifestar ... que no era cierto que hubiera fiesta en la casa de sus padres, porque de haber sido cierto él hubiera estado, debía tenerse presente que una reunión familiar no era lo mismo que una fiesta, por ello, esa circunstancia no daba lugar a pensar que los testigos no presenciaron los hechos o que estaban aleccionados; además, los atestes se percataron a través de sus sentidos de la agresión de la que fueron objeto los pasivos; de ahí que los testimonios aludidos cubrieran los requisitos del artículo 201 del código adjetivo penal.

Que con relación a la diligencia de careo, el activo se dedicó a relatar una serie de desavenencias surgidas con el pasivo, y no se refirió a los hechos de la causa; además, que tanto querellantes como testigos de cargo habían sostenido las iniciales acusaciones, y que en lo referente a los interrogatorios practicados por la defensa a los pasivos y testigos de cargo, si bien había divergencias con las iniciales declaraciones de aquéllos, éstas no repercutían en la esencia de los hechos, porque tanto con la fe ministerial como con el dictamen médico, quedaba justificado que el quejoso había alterado la salud física de los agraviados; y,

c) La condena al pago de la reparación del daño fue correcta, porque con la fe ministerial y dictamen médico de lesiones, estaba demostrada la materialidad del ataque a la integridad física de los pasivos, hecho suficiente para condenarlo, como lo disponía la tesis de rubro: "DAÑO MORAL. CUANDO SE LESIONA LA INTEGRIDAD FÍSICA SE PRUEBA CON LA SOLA MATERIALIDAD DEL ATAQUE (LEGISLACIÓN PENAL DEL ESTADO DE PUEBLA)."

Como puede verse, el quejoso, en esencia, hace valer como conceptos de violación en la demanda de amparo los mismos argumentos que planteó ante la Sala responsable y que ya fueron abordados por ésta. Así, en el primer agravio afirma que la sentencia de la Sala carece de motivación y fundamentación, porque no tomó en consideración todas las pruebas existentes en el sumario y soslayó apreciar las contradicciones en las que incurrieron los testigos de cargo y los agraviados al ser interrogados por la defensa (por cierto, no precisa en qué consistieron las contradicciones), mientras que en el segundo concepto de violación manifiesta su inconformidad con la condena a la reparación del daño moral, pues dice, no hay pruebas que acrediten el daño a los derechos de personalidad de los pasivos y cita la jurisprudencia de rubro: "DAÑO MORAL EN EL PROCESO PENAL. DEBE ESTAR ACREDITADO PARA QUE PROCEDA LA CONDENA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA)."

No obstante lo anterior, atento a la tesis de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. CONSISTE EN EXAMINAR CUESTIONES NO PROPUESTAS, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE RESULTEN FAVORABLES O DESFAVORABLES PARA QUIEN SE SUPLE.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Segunda Sala, Tomo XII, julio de 2000, página 166, este órgano colegiado realizará un estudio oficioso al respecto, a fin de determinar la legalidad del acto reclamado.

Ciertamente, las constancias probatorias recabadas en la averiguación previa e instrucción, ponen de relieve que, aproximadamente a las veinte horas con treinta minutos del día catorce de septiembre de dos mil dos, afuera de la casa de uno de los pasivos ... ubicada en la calle ... número ... de la colonia ... el sujeto activo golpeó primero al agraviado ... y luego a ... padres de aquél, cuando intentaron, la primera, defender a su hijo de los golpes del agresor y, al segundo, al tratar de defender a aquélla de las agresiones del quejoso, conducta dolosa con la que causó alteraciones en la salud física de los ofendidos, que es el bien jurídico que tutela la norma.

Lo anterior se patentizó, fundamentalmente, con las diligencias efectuadas en la averiguación previa, como lo fueron las querellas presentadas por los ofendidos en las que coincidieron en manifestar que el quejoso fue la persona que golpeó al pasivo ... situación de la que se percataron los también ofendidos ... (padres de aquél); al respecto, el primero dijo que estaba afuera de su casa sentado en una silla cuando pasó el activo y lo agredió verbalmente, luego se acercó, trató de darle un golpe, pero lo esquivó y se quitó de la silla, el agresor la agarró y con ella le pegó en la espalda, el ofendido lo empujó hacia la calle y en ese momento los padres de éste pasaban por ahí, entonces ... se acercó e intentó defender a su hijo, pero el activo la tomó del cabello y no la soltó, instantes en los que el esposo de la ofendida se acercó para tratar de ayudarla y el impetrante le dio un golpe en el labio; en tanto que los padres de ... y también pasivos, adujeron que observaron que su hijo era golpeado por el peticionario y al tratar de defenderlo fueron lesionados por éste, ya que a ... la tomó del cabello y tiró al suelo, y a ... le dio un golpe en la boca, así como con la diligencia de fe ministerial y dictamen médico de lesiones, en el que se determinó que el pasivo ... presentó excoriación epidérmica de tres centímetros de diámetro en cara externa de brazo izquierdo y equimosis violácea en cara dorsal de mano izquierda ... equimosis violácea en cara mucosa de labio superior derecho y equimosis rojiza en pie derecho ... hematoma en parietal derecho, dos hematomas en occipital, equimosis rojiza en cara posterior del cuello, equimosis violácea en dorso de mano izquierda, excoriación dérmica en ambas rodillas.

Probanzas aptas para colmar el resultado material -alterar la salud física de los pasivos-, mientras la plena responsabilidad se justificó, aparte de los señalamientos directos de los ofendidos que al mismo tiempo fueron testigos de los hechos, con las exposiciones de los testigos de cargo ... ya que ambos fueron coincidentes en narrar que el peticionario golpeó a los pasivos, primero a ... luego a ... que trató de defenderlo y a quien el impetrante sujetó del cabello y tiró al suelo, y finalmente a ... cuando intentó rescatar a esta última, testimoniales con el debido valor legal otorgado, al reunir los requisitos del numeral 201 del código procesal penal aplicable, debido a que los emitentes conocieron los hechos directamente, de ahí la relevancia que alcanzan, pues constituyen imputaciones firmes y directas contra el quejoso, no desvirtuadas a lo largo del proceso, siendo que ninguna prueba aportó para confirmar la deposición donde negó los hechos y argumentó que él fue golpeado por los pasivos y demás personas que salieron de la reunión en la que se encontraban; de manera que todas esas pruebas de cargo, enlazadas en forma lógica y natural, permiten colegir que la sentencia reclamada no conculca las garantías individuales del amparista.

Y si bien es cierto, como lo sostuvo la Sala responsable, hubo ciertas discrepancias entre las declaraciones de los testigos de cargo y los pasivos, como lo fueron que aquéllos dijeron que se encontraban en una reunión y los ofendidos no adujeron nada al respecto, esa singularidad no puede ser motivo para tener por aleccionadas las declaraciones de los atestes, en la medida que en la descripción de la secuencia del evento delictuoso, coincidieron en lo dicho por los agraviados, es decir, que el peticionario agredió físicamente a ... y luego, cuando su progenitora intentó defenderlo, también resultó golpeada, a su vez al tratar de ser auxiliada por su esposo ... éste recibió un golpe en la boca que le "abrió" el labio, hechos que presenciaron a través de sus sentidos; además, el propio quejoso al declarar en preparatoria dijo que el día del evento "salieron los familiares del pasivo, que estaban en una reunión", lo que indica que afectivamente aparte de los ofendidos había más personas en el lugar de los hechos, entre ellos los testigos de cargo; de ahí que fue correcto que la responsable sostuviera que esas deposiciones cubrían los requisitos del numeral 201 del código procesal de la materia y fuero.

En lo que toca a los careos, conforme a lo sostenido por la Sala responsable, el impetrante, en el desahogo de esa diligencia, sólo se limitó a negar los hechos ocurridos y a relatar una serie de problemas ocurridos entre él y los querellantes, pero sin aportar datos a su favor, contrario a ello, permaneció el señalamiento directo de los ofendidos, como la persona que les causó diversas lesiones.

Es cierto también, como lo indicó la Sala, que de los interrogatorios practicados por la defensa del quejoso a los querellantes y testigos de cargo, se advertían divergencias con las primeras deposiciones que vertieron; sin embargo, no repercuten en la esencia de los hechos, pues esas discrepancias se refieren, en dado caso, a lo ocurrido antes del evento delictuoso y no a la sustancia del mismo, pues en ésta todos coincidieron en manifestar que el peticionario lesionó a los ofendidos, lo que se corroboró con el dictamen médico y la fe ministerial de lesiones, de modo que las diferencias que pudieron existir entre lo declarado inicialmente y lo que respondieron a la defensa del quejoso, no son alteraciones que lleven a desvirtuar el resto del material probatorio, ni a hacer inverosímil lo narrado por quienes presenciaron el evento -pasivos y testigos-.

En otro tenor, a partir de la reforma que sufrió el artículo 20 constitucional, apartado B, fracción IV, y que entró en vigor el veintiuno de marzo de dos mil uno, el Ministerio Público está obligado a solicitar la reparación del daño y, por su parte, el Juez no puede absolver de ella al sentenciado cuando haya dictado sentencia condenatoria; entonces, si en la especie los hechos delictuosos ocurrieron el catorce de febrero de dos mil dos, y posteriormente se dictó sentencia condenatoria en contra del quejoso (tres de diciembre de dos mil tres), es inconcuso que la reforma aludida ya aplicaba, y si bien la jurisprudencia que cita el quejoso señala que para la procedencia de la condena al pago de la reparación del daño moral deben existir pruebas que demuestren la afectación a los derechos de personalidad, es el caso que ese criterio surgió antes de la citada reforma constitucional (en el año de mil novecientos noventa y nueve), por ello, no era atendible en el momento de declararse el acto reclamado; además, una nueva reflexión sobre el tema llevó a este órgano colegiado a adoptar la tesis que al final se reproducirá, misma que tomó como fundamento la responsable y que pregona que basta la demostración material del ataque, por ejemplo, huellas de lesiones, para que se actualice la afectación a los derechos de la personalidad, motivo por el cual ya no son necesarias otras pruebas que demuestren el daño a esos derechos, así lo señalan las consideraciones del siguiente criterio:

"-El Código de Defensa Social de esa entidad federativa, a pesar de que establece como sanción pecuniaria la reparación del daño moral (artículo 51, fracción II), no define ese concepto, de manera que hay que acudir al Código Civil local, en cuyo precepto 1958 señala que: ‘El daño moral resulta de la violación de los derechos de la personalidad.’, y como el numeral 75, apartado 3, de esa legislación, correspondiente al capítulo segundo, denominado ‘Derechos de la personalidad’, prevé que con relación a las personas individuales, son ilícitos los actos o hechos que lesionen o puedan lesionar su integridad física; y el diverso precepto 1994 establece que: ‘Si la lesión recayó sobre la integridad de la persona, y el daño origina una lesión a la víctima, que no la imposibilite total o parcialmente para el trabajo, el Juez fijará el importe de la indemnización del daño moral, tomando en cuenta si la parte lesionada es o no visible, la duración de la visibilidad, en su caso, así como la edad y condiciones de la persona.’, mientras que los numerales 1988 y 1990 mencionan las disposiciones que habrán de seguirse cuando el daño produce incapacidad total permanente o incapacidad para trabajar que sea parcial permanente, parcial temporal o total temporal, es inconcuso entonces que cuando se lesiona la integridad física, como bien extrapatrimonial, el legislador consideró que se afecta el derecho de la personalidad y, por ende, es operante el daño moral con la sola materialidad del ataque, de manera que la huella o secuela de él constituirá no sólo la prueba exigida en ese caso por el artículo 50 bis del referido ordenamiento punitivo, para que el Ministerio Público pueda exigir su pago, de oficio, sino también una de las circunstancias que deberán atenderse para establecer el monto que por ese concepto, a título de inde

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18316-c56ec639/dano-moral-la-sola-materialidad-del-ataque-a · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.