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Modo: Corpus Pro

LESIONES. REGLA ESPECIAL PARA LA COMPROBACIÓN DEL CUERPO DEL DELITO (LEGISLACIÓN PROCESAL PENAL DE TLAXCALA).

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 187/2004. · Registro digital (IUS): 21205
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Noviembre de 2008, , Pág. 1246.

AMPARO DIRECTO 187/2004.

CONSIDERANDO:

QUINTO.-Previamente, cabe decir que el doce de enero de dos mil cuatro, la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, dentro del toca penal ********** confirmó la sentencia dictada por el Juez Cuarto de lo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, en contra de ********** dentro del proceso penal ********** por su responsabilidad penal en la comisión del delito de lesiones causadas por culpa, cometido en agravio de ********** ilícito previsto y sancionado por los artículos 12, 36, 41, 42, 43, 256, 257, fracción I, y 263 en relación con el numeral 6o., fracción II, todos del Código Penal del Estado de Tlaxcala; siendo éste el acto que en esta vía se combate.

Ahora bien, las pruebas en que se basó la Sala penal responsable, para confirmar la sentencia condenatoria en contra de ********** dentro del toca penal ********** por el delito de lesiones causado por culpa, se encuentran relacionadas en dicha resolución (fojas 15 a 36), mismas que se dan aquí por reproducidas en obvio de repeticiones; las cuales son las siguientes: 1. Declaraciones ministeriales de ********** emitidas el dieciocho de marzo de dos mil dos y veinticinco de julio de dos mil dos (fojas 3 vuelta y 13 vuelta); 2. Dictamen médico número ********** emitido por el perito adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, de fecha dieciocho de marzo de dos mil dos (foja 4); 3. Diligencia de inspección y descripción de lesiones, practicada por el representante social a la agraviada ********** (foja 5); 4. Declaración ministerial de ********** de fecha veintiséis de junio de dos mil dos (fojas 5 vuelta a 9); 5. Declaración testimonial de ********** y ********** de fecha dieciséis de julio de dos mil dos (fojas 4 vuelta a 13); 6. Testimonios de ********** y ********** de fecha veintiocho de julio de dos mil dos (fojas 15 a 17); 7. La diligencia de inspección judicial de fecha catorce de noviembre de dos mil dos, practicada en el lugar señalado como escenario del crimen por el Juez natural (foja 53); 8. La testimonial rendida ante el Juez de la causa, a cargo de ********** y ********** de fecha quince de noviembre de dos mil dos (fojas 55 a 58); 9. La diligencia de reclasificación de lesiones, practicada a la agraviada ********** en fecha quince de mayo de dos mil tres, ante el órgano jurisdiccional (foja 121).

Es fundado el concepto de violación que aduce el recurrente, respecto a que el dictamen de lesiones no fue ratificado ante el Ministerio Público por parte del médico legista que lo emitió, conforme lo ordena el artículo 150 del Código de Procedimientos Penales del Estado.

En el caso que se analiza, la sentencia definitiva se dictó por la Sala responsable en contra de ********** dentro del toca penal ********** por el delito de lesiones causadas por culpa, previsto y sancionado por los artículos 256, 257, fracción I y 263, en relación con el numeral 6o., fracción II, todos del Código Penal del Estado Tlaxcala.

Ahora bien, el capítulo I, del título tercero, del Código de Procedimientos Penales del Estado, establece la forma de comprobar el cuerpo del delito en los artículos del 62 al 75.

El primero de los preceptos antes invocados dispone:

"Artículo 62. El cuerpo del delito se tendrá por comprobado cuando esté justificada la existencia de los elementos materiales que constituyen el hecho delictuoso. Estos elementos materiales se probarán con cualquiera de los medios de prueba establecidos por la ley."

Tal numeral establece la regla general para la comprobación del cuerpo del delito, consistente en que se tendrá por acreditado el mismo cuando se justifique la existencia de los elementos materiales que constituyen el hecho delictuoso, lo que podrá hacerse con cualquiera de los medios de prueba establecidos por la ley.

Por otra parte, los artículos 63, 64 y 65 del ordenamiento legal en estudio disponen:

"Artículo 63. Salvo lo dispuesto por los artículos 64 y 65, las demás disposiciones de este capítulo son ejemplificativas y no limitativas."

"Artículo 64. Cuando se trate de lesiones externas se tendrá por comprobado el cuerpo del delito con la inspección de éstas, hecha por el funcionario que hubiere practicado las diligencias de policía judicial o por el Juez que conozca del caso, y con la descripción que de ellas haga el dictamen pericial médico."

"Artículo 65. En el caso de lesiones internas, envenenamiento u otra enfermedad proveniente del delito, se tendrá por comprobado el cuerpo de éste, con la inspección hecha por el funcionario o Juez a quienes se refiere el artículo anterior, de las manifestaciones exteriores que presentare la víctima y con el dictamen pericial en que se expresarán los síntomas que presente, si existen esas lesiones y si han sido producidas por una causa externa. En caso de no existir manifestaciones exteriores, bastará con el dictamen pericial."

De lo anterior se desprende que la forma de comprobar el cuerpo del delito para el caso de los ilícitos previstos por los artículos del 66 al 75 son ejemplificativos, es decir, es sólo una forma en que se podrá hacer, pero en caso de que no se pueda acreditar el cuerpo del delito en la forma prevista en el caso especial, podrá hacerse mediante la regla general establecida por el artículo 62, que permite la comprobación del cuerpo del delito acreditando la existencia de los elementos materiales que constituyen el hecho delictuoso, mediante cualquiera de los medios de prueba previstos por la ley.

Sin embargo, el propio artículo 63 establece una excepción para el caso de los diversos 64 y 65 del mismo ordenamiento legal, referidos el primero a lesiones externas y el segundo a lesiones internas, ya que al exceptuar a los casos señalados en los artículos 64 y 65 de la aplicación de la regla general, y señalar que para ese caso son limitativas, ello debe entenderse en sentido contrario al término ejemplificativas, fijado para los demás casos especiales de acreditación del cuerpo del delito establecido en el propio capítulo en estudio.

Lo anterior es así, toda vez que de la lectura del precepto se advierte que los dos términos usados por el legislador, esto es, ejemplificativas y limitativas, lo fueron en sentido de contraposición, y si como se mencionó con anterioridad, el primero debe ser entendido en el sentido de que se puede acreditar el cuerpo del delito con los medios de prueba señalados para cada caso, o mediante la regla general establecida por el diverso artículo 62; en cambio, la interpretación del segundo término, esto es, limitativo, no puede ser otra que la contraria al término ejemplificativa, es decir, que la única forma de probar el cuerpo del delito para el caso de lesiones internas o externas, señaladas en los artículos 64 y 65, respectivamente, es con los medios de convicción que ahí se establecen, mismos que deben obrar en autos, con independencia de que existan otros medios diversos, pero si no se allegan las probanzas señaladas en los artículos 64 y 65, no se podrá tener por acreditado el cuerpo del delito de lesiones.

Ahora bien, en el caso, la sentencia reclamada en el presente juicio de garantías se dictó por el delito de lesiones por culpa; empero, como se dijo con anterioridad, los artículos 64 y 65 del Código de Procedimientos Penales del Estado, antes transcritos, disponen la forma en que se debe acreditar el cuerpo del delito de lesiones.

Los citados preceptos prevén como medios de convicción, indispensables para acreditar el cuerpo del delito de lesiones, para las externas, la inspección de las mismas hecha por el funcionario que hubiere practicado las diligencias o por el Juez que conozca del caso, y con la descripción que de ellas haga el dictamen pericial médico; para el caso de las lesiones internas, el certificado médico y la inspección en caso de que existan manifestaciones externas, pero si no existen, bastará con el primer medio de convicción.

En el caso de la sentencia reclamada en el presente juicio de garantías, se advierte que no existen los medios de convicción requeridos para tener por acreditado el cuerpo del delito de lesiones, de conformidad con lo requerido por los artículos 64 y 65 del Código de Procedimientos Penales del Estado, ya que si bien existe la fe ministerial de las lesiones presentadas por la agraviada ********** (foja 5), y el certificado médico de lesiones suscrito por el doctor ********** perito médico legista adscrito a la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala (foja 4); sin embargo, dicho dictamen pericial no fue ratificado de conformidad con lo que establece el artículo 150 del ordenamiento legal antes invocado, y por ello no puede otorgársele el valor de prueba pericial.

Se afirma lo anterior, toda vez que el numeral citado en último término dispone lo siguiente:

"Artículo 150. El perito emitirá su dictamen por escrito y lo ratificará en diligencia especial."

Ahora bien, dicho precepto se refiere en forma general al perito, por lo que debe entenderse que resulta aplicable tanto al oficial, como al designado por las partes o al tercero en discordia, pues no hace distinción alguna.

Sin que obste para lo anterior que el diverso artículo 142 señale:

"Artículo 142. El perito que acepte el cargo, con excepción del que sea oficial, tiene obligación de protestar su fiel desempeño, ante el funcionario que practique las diligencias y en casos urgentes, la protesta la rendirá el perito al producir o ratificar su dictamen."

La disposición antes transcrita únicamente exime a los peritos oficiales de la obligación de aceptar y protestar el cargo de perito, pero de ninguna manera les faculta a no ratificarlo ante la autoridad ministerial o judicial, ante quien hayan emitido su opinión pericial, según sea el caso.

El hecho de que se exente a los peritos oficiales de comparecer ante la autoridad a aceptar y protestar el cargo conferido, se justifica en razón que tal acto implica la vinculación ante la autoridad, ya sea ministerial o judicial, de que se sujetará en el desempeño de su labor y obligaciones que la ley le impone, esto es, manifestar sus conocimientos sobre el aspecto que versará el dictamen pericial, y que rendirá éste con estricto apego a la verdad y con imparcialidad, incurriendo en responsabilidad en caso contrario; lo que en la especie no ocurre tratándose de peritos oficiales, pues en tal supuesto, las obligaciones relativas las adquiere desde el momento en que asume la función pública de perito a cargo del Estado.

En la ratificación del peritaje, independientemente de que como se mencionó con anterioridad, la ley obliga a todos los peritos, sin hacer distinción, a ratificar su dictamen, este tribunal considera necesaria tal comparecencia, pues de esa manera se tendrá la certeza de que quien emite el dictamen es efectivamente la persona designada para ello, y de que su opinión es verdadera.

Tiene aplicación al caso concreto, el criterio sustentado por este Tribunal Colegiado en la tesis XXVIII.2 P, visible en la página 1582 del Tomo XIX, enero de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"PERICIAL. EL DICTAMEN RESPECTIVO DEBE SER RATIFICADO POR QUIEN LO EMITIÓ, INCLUSO LOS PERITOS OFICIALES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA).-El artículo 142 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Tlaxcala, únicamente exime a los peritos oficiales de la obligación de aceptar y protestar el cargo conferido, mas no de ratificar el peritaje ante la autoridad ministerial o judicial, según sea el caso. En efecto, la no aceptación y protesta del cargo por parte del perito oficial, se justifica en razón de que las mismas implican la vinculación ante la autoridad, ya sea ministerial o judicial, de que el perito se sujetará en el desempeño de su cargo a las obligaciones que la ley le impone, esto es, manifestar sus conocimientos sobre el aspecto que versará el dictamen, y que rendirá éste con estricto apego a la verdad y con imparcialidad, incurriendo en responsabilidad en caso contrario; sin embargo, tratándose de peritos oficiales, las obligaciones relativas las adquiere desde el momento en que con motivo de su nombramiento rinde la protesta correspondiente ante la dependencia para la que presta sus servicios. En el caso de la ratificación del peritaje, independientemente de que el artículo 150 del citado código adjetivo obliga a todos los peritos, sin hacer distinción, a realizarla en diligencia especial, aquélla es necesaria, pues de esa manera se tendrá la certeza de que quien signa el dictamen es efectivamente la persona designada para ello, y de que su opinión es verdadera; por tanto, sin el requisito de la ratificación, no es dable otorgar el valor de prueba pericial al dictamen respectivo."

En virtud de ello, en el caso, ante la falta de ratificación del dictamen de lesiones exigida por la ley, no puede considerarse perfeccionada la prueba pericial, y si los artículos 64 y 65 del código procesal penal del Estado exigen tanto la inspección de las lesiones, como el dictamen médico que se debe entender rendido con las formalidades de ley, y que en la especie no lo está, entonces, es de considerarse que la opinión emitida por el doctor ********** que obra a foja 4 del juicio de origen, no puede tener eficacia jurídica como prueba pericial, al no haber sido rendida con las formalidades que al efecto exige el artículo 150 del Código de Procedimientos Penales del Estado.

Cabe hacer mención el hecho de que a foja 121 del juicio de origen, obra la diligencia de reclasificación de lesiones practicada a la agraviada ********** ante el Juez natural, y la cual fue desahogada con la intervención del médico legista doctor ********** perito adscrito a la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, especialista que ante el representante social durante la etapa de averiguación previa, emitió el dictamen médico de clasificación de lesiones; en la diligencia en comento, dicho perito concluye únicamente que la agraviada está clínicamente sana y que no se requiere de reclasificación alguna, sin que en ningún momento se remita a su primer dictamen, ni mucho menos refiera ratificarlo en ese momento, por lo que al no realizar clasificación definitiva de lesiones se entiende que subsiste su primera opinión, la cual, como ya se dijo, carece de valor como prueba pericial, por no haber sido ratificado.

De conformidad con lo anterior, si en la especie, para tener por acreditado el cuerpo del delito de lesiones se requiere la inspección de las mismas, así como el dictamen pericial, y obra en autos la inspección ministerial de lesiones respecto de la agraviada ********** pero el dictamen pericial médico no es idóneo al no haber sido ratificado, entonces, no se acreditó en forma plena el cuerpo del delito de lesiones, de ahí que la sentencia reclamada dictada en contra del quejoso, como plenamente responsable del mismo, resulta violatoria de sus garantías individuales.

En consecuencia, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; dicha concesión de amparo se hace extensiva al acto que se reclama de la autoridad responsable señalada como ejecutora, por no combatirse por vicios propios.

Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 76, 77, 78, 80 y 190 de la Ley de Amparo, se resuelve:

ÚNICO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a ********** respecto del acto reclamado consistente en la sentencia definitiva de fecha doce de enero de dos mil cuatro dictada en su contra, por la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, dentro del toca penal ********** dicha concesión de amparo se hace extensiva al acto que se reclama de la autoridad responsable señalada como ejecutora, por no combatirse por vicios propios.

Notifíquese; con testimonio de la presente resolución, vuelvan los autos al lugar de su procedencia y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se realicen en el libro de gobierno.

Así lo resolvió el Pleno del Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Othón Manuel Ríos Flores, Juan García Orozco y José Luis Moya Flores, siendo presidente y ponente el primero de los nombrados.

Conforme a lo previsto en los artículos 3, fracciones II, XV, inciso c), 4, fracción III, 8, 18, fracción II, 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21205-5f113edf/lesiones-regla-especial-para-la-comprobacion-del-cuerpo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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