DICTAMEN PERICIAL MÉDICO. EL ELABORADO POR UN PERITO NO PUEDE SER RATIFICADO O HACERSE PROPIO POR OTRO, SI ESTE ÚLTIMO NO HA ANALIZADO AL TRABAJADOR CON RELACIÓN AL OBJETO DE ESTUDIO DE LA PRUEBA.
AMPARO DIRECTO 8143/2004. JUAN REYES VÁZQUEZ.
CONSIDERANDO:
SEXTO.-Es esencialmente fundado uno de los conceptos de violación, el cual, dado que atañe a una violación procesal, hace innecesario el estudio del resto.
Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia elaborada por la desaparecida Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Parte SCJN, página 85, que dice:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS.-Si al examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo resulta fundado uno de éstos y el mismo es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la protección y el amparo de la Justicia Federal, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de queja."
Como antecedentes del caso, tenemos que:
1) Juan Reyes Vázquez demandó del Instituto Mexicano del Seguro Social: A) El otorgamiento y pago de una incapacidad permanente total del 100%; B) El otorgamiento y pago de la pensión mensual correspondiente; C) El otorgamiento y pago de la pensión por invalidez; D) La exención de impuestos; E) El otorgamiento y pago de las prestaciones en especie que prevén los artículos 63, 65, 66, 92 y 129 de la Ley del Seguro Social; F) El otorgamiento de las asignaciones familiares a favor de su esposa, contempladas en los artículos 129 y 164 de la Ley del Seguro Social; G) Que todas las prestaciones fuesen con un año retroactivo a la presentación de la demanda; y H) El otorgamiento y pago de la pensión que resulte.
2) El Instituto Mexicano del Seguro Social dio contestación a la demanda, alegando que el actor no interpuso el recurso de inconformidad previsto en el artículo 295 de la Ley del Seguro Social; que se ejercitaban acciones contradictorias; que no era cierto que el actor padeciera alguna enfermedad con motivo de su trabajo; que no reunía los requisitos de los artículos 119 y 122 de la Ley del Seguro Social; y que el trabajador no se sometió a exámenes médicos de acuerdo con el artículo 58 de la Ley del Seguro Social; asimismo, opuso las excepciones de prescripción, oscuridad y falta de acción y derecho.
3) Seguido el procedimiento laboral en sus etapas, el doce de junio de dos mil tres, la Junta responsable dictó un laudo en el que condenó al Instituto Mexicano del Seguro Social a pagar a Juan Reyes Vázquez una pensión por incapacidad parcial permanente valuada en un 20%, a causa de una enfermedad broncopulmonar por inhalación de humos de combustión de hidrocarburos, la cual sustituyó por una indemnización global de cinco anualidades; asimismo, absolvió a la demandada de las demás prestaciones.
La resolución en cita, consiste el acto reclamado en el presente juicio de garantías.
Hace valer el quejoso que en el juicio laboral se violó el procedimiento, toda vez que la parte demandada designó como perito de su parte al médico Emilio Salmerón Robles, quien en diligencia de veintidós de octubre de dos mil dos aceptó y protestó el cargo conferido, solicitando una prórroga para emitir su dictamen, pero que en la audiencia de doce de noviembre de dos mil dos, que se fijó para tal efecto, compareció el médico Francisco Medina Ferrera en sustitución del primero nombrado, quien aceptó el cargo y rindió el peritaje, lo cual considera incorrecto, pues dice, la Junta debió decretar la deserción de la prueba pericial de la demandada.
Suplido en lo conducente el anterior concepto de violación resulta fundado.
El artículo 821 de la Ley Federal del Trabajo dispone:
"Artículo 821. La prueba pericial versará sobre cuestiones relativas a alguna ciencia, técnica, o arte."
El objetivo de tal medio probatorio es auxiliar al juzgador en aquellas cuestiones, llámese ciencia, arte, técnica, profesión, oficio, etc., sobre las cuales éste no tenga los conocimientos suficientes y que sean necesarios para determinar uno o más aspectos del litigio.
Los peritos, obviamente, habrán de tener conocimientos sobre la profesión o arte relativo al punto de controversia; y en los casos en que ésta se encuentre legalmente reglamentada, habrán de acreditar que se encuentran autorizados para ejercer la misma. Lo anterior de acuerdo con el artículo 822 del código laboral.
La probanza en análisis es de naturaleza colegiada. Esto significa que las partes pueden nombrar un perito para que emita su opinión especializada sobre el punto de controversia, y en caso de discordancia, la Junta tiene facultad para nombrar a un perito tercero en discordia a fin de allegarse de los elementos suficientes para decidir, con ayuda de tales periciales, a cuál de las partes asiste razón.
Lo anterior implica que los peritos designados analicen el objeto de estudio (entendiéndose éste en un sentido amplio) sobre el cual existe controversia en el litigio; ello, con base en los métodos y técnicas de la profesión, ciencia o arte respectiva, para que después emitan el dictamen correspondiente.
Ahora bien, de acuerdo con el artículo 880 de la Ley Federal del Trabajo las pruebas habrán de ofrecerse en la audiencia trifásica, en la cual la Junta resolverá sobre aquellas que admita y las que deseche.
Sin embargo, dado que el artículo 825 de la Ley Federal del Trabajo exige que el día fijado para el desahogo de la prueba pericial las partes deben presentar a los peritos, y que éstos, tras protestar el cargo, deberán rendir su dictamen inmediatamente; se ha extendido una práctica generalizada entre las autoridades laborales de que al momento de admitir la prueba pericial fijan una fecha en la cual el perito habrá de llevar a cabo el análisis del objeto a estudio, esto, a fin de contar con tiempo para elaborar su dictamen y rendirlo en la fecha señalada para el desahogo de la pericial. Lo anterior ocurre, sobre todo, con el perito de la parte contraria al oferente, ya que con ello se evita el entorpecimiento, por las partes, del desahogo de las periciales, al obligarlos a que faciliten el objeto de estudio al perito de la contraparte para que lo analice y dictamine sobre él, pues al efecto, las Juntas decretan los apercibimientos respectivos.
Lo anterior se justifica, ya que por la naturaleza de la prueba pericial, ésta requiere cierta preparación en la que los peritos tengan oportunidad de analizar el objeto relacionado con la ciencia que dominan y sobre el que pesa la controversia, lo cual, en muchos casos, sería imposible llevarlo a cabo el mismo día de la audiencia en que se presentan ante la Junta, tal como lo exige el artículo 825 en cita.
En otro orden de ideas, cabe destacar que dada la redacción de la norma en cita y su falta de adecuación a la naturaleza de la prueba pericial, da oportunidad a las partes de que, en caso de haber nombrado perito en la audiencia de ofrecimiento de pruebas (lo cual no se exige en la ley laboral), puedan sustituirlo en la audiencia en que se llevará a cabo el desahogo de la prueba pericial, incluso, si no lo hubiesen designado, de hacerlo en la misma, pues también otorga la posibilidad de que, de no emitir el perito inmediatamente su dictamen, se señale nueva fecha para que lo haga, siempre que haya una causa justificada, como en este caso sería que por habérsele designado en esa fecha le ha sido imposible analizar el objeto a estudio.
A guisa de ejemplo, tenemos la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, marzo de 2003, página 333, que dice:
"PRUEBA PERICIAL. EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL ES VÁLIDA LA SUSTITUCIÓN DEL PERITO MIENTRAS EL PROPUESTO NO RINDA SU DICTAMEN.-El deber de los peritos de protestar el desempeño de su cargo con arreglo a la ley, contenido en el artículo 825, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, constituye una formalidad esencial para el desahogo de la prueba respectiva, que trae consigo el perfeccionamiento de su designación y el aseguramiento de la certeza jurídica de su labor; sin embargo, tal protesta no acarrea la imposibilidad de que, mientras el perito no haya rendido su dictamen, la parte que lo propuso pueda sustituirlo por otro, porque la prueba pericial estará totalmente desahogada hasta que se rinda el dictamen respectivo, además de que al aceptarse tal sustitución se salvaguarda el equilibrio procesal que debe existir entre las partes al no afectarse a la contraparte en sus intereses jurídicos. No es óbice a lo antes expuesto el hecho de que el referido artículo prevea que ‘inmediatamente’ después de que los peritos protesten su cargo rendirán su dictamen, pues la propia ley contempla diversos supuestos en los que la autoridad laboral puede señalar nueva fecha para continuar con el desahogo de la prueba, por lo que el perito puede rendir su dictamen incluso días después de que haya protestado."
Huelga decir que la facilidad que otorga la norma entorpece el desahogo de la prueba pericial, al permitir la sustitución del perito y que rinda su peritaje con posterioridad.
Ahora bien, lo que interesa destacar, y que se relaciona con el caso concreto, es que si bien el artículo 825 de la Ley Federal del Trabajo permite la sustitución del perito hasta antes de que rinda su dictamen, no permite que un perito ratifique el dictamen médico elaborado por otro, o que lo haga suyo, sin que previamente haya realizado el examen correspondiente al trabajador en relación con el objeto de estudio de la prueba.
En efecto, como se vio, el objetivo de la pericial médica es brindar los conocimientos técnicos a las autoridades laborales para auxiliarlos sobre aspectos en los cuales no son especialistas, en este caso la salud humana, para ello acostumbran señalar una fecha para que el perito, sobre todo el de la contraria a la oferente, ausculte al trabajador, lo cual encuentra explicación lógica, ya que con base en el análisis físico del operario habrán de determinar si son ciertos o no los puntos sobre los que versa el interrogatorio de la pericial médica; de tal suerte que no existiendo constancia de que el perito médico designado haya analizado personalmente la salud del trabajador, objeto de la pericial, no puede decirse que tal prueba cumpla con su objetivo, ya que es precisamente la confrontación de los conocimientos del profesional con el caso concreto lo que determina la certeza del dictamen por parte de quien lo elabora.
En otras palabras, si bien dos especialistas en una materia pueden coincidir en un dictamen, esto no debe establecerse como una regla general, pues del grado de preparación de cada uno, de su coeficiente mental, pericia y demás aspectos personales, dependerá la opinión que cada perito tenga sobre un caso concreto, de ahí que se prevea la figura del perito tercero en discordia; por tanto, no es factible aceptar que en la prueba pericial médica un perito ratifique el dictamen de otro, o que lo haga suyo, sin que previamente haya examinado al trabajador en relación con el objeto de estudio de la pericial, aun cuando éste se base en los mismos estudios que le hayan servido de base al otro perito
Establecidas tales premisas, tenemos que en el expediente que nos ocupa, la Junta responsable, por acuerdo de dos de septiembre de dos mil dos, señaló el doce del mismo mes y año para que Juan Reyes Vázquez se presentara ante el médico Emilio Salmerón Robles (perito de la demandada), en el domicilio ubicado en avenida Plutarco Elías Calles número 473, colonia Santa Anita de esta ciudad, para que le practicara los exámenes médicos correspondientes.
En audiencia de treinta de septiembre de dos mil dos (foja 49 del expediente laboral), compareció el médico Emilio Salmerón Robles y dijo que el actor no se había presentado en la fecha y hora señaladas para que lo auscultara, por lo cual le era imposible rendir su dictamen. En tal virtud, la Junta señaló como fecha para que el perito de la demandada diagnosticara al actor el veintidós de octubre de dos mil dos.
En audiencia de veintidós de octubre de dos mil dos (foja 451 del expediente laboral), compareció nuevamente el médico Emilio Salmerón Robles y dijo otra vez que el actor no se había presentado en la fecha y hora señaladas para que lo auscultara, por lo cual pedía que se le hicieran efectivos los apercibimientos decretados. Dada tal circunstancia y de que advirtió que no existía constancia de que el actor hubiera sido examinado por el perito de la demandada, la Junta señaló como nueva fecha para que el perito de la demandada diagnosticara al actor el treinta y uno de octubre de dos mil dos.
Posteriormente, en audiencia de doce de noviembre de dos mil dos, en uso de la voz, el apoderado legal del Instituto Mexicano del Seguro Social manifestó: "Que con la personalidad debidamente acreditada y reconocida en autos, en este acto me permito sustituir al perito médico Dr. Emilio de Jesús Salmerón Robles, por el Dr. Francisco Medina Ferreira, a efecto de que rinda la pericial de la parte que represento."
En la misma audiencia, el nuevo perito nombrado por la parte demandada dijo:
"Que acepto y protesto el cargo conferido conforme a la ley, y rindo mi dictamen en términos de un escrito constante de 7 fojas útiles escritas por una sola de sus caras, de fecha 12 de noviembre del 2002, acompañada de 2 anexos y 3 placas radiográficas, mismo que ratifico y reproduzco en todas y cada una de sus partes, solicitando se agregue en autos para constancia."
Ahora bien, del análisis del dictamen que dijo el médico Francisco Medina Ferreira elaboró (fojas 54 a la 62 del expediente laboral), se advierte, en principio, que éste comienza con la leyenda: "El que suscribe Dr. Emilio de Jesús Salmerón Robles, médico cirujano con registro ante la Dirección General de Profesiones 683731, Secretaría de Salud 86965, especialista en medicina de trabajo, nombrado perito médico por el Instituto Mexicano del Seguro Social ..."
Asimismo, en la última parte del dictamen se encuentra el nombre del Dr. Emilio de J. Salmerón Robles, no obstante que se encuentra firmado por Francisco Medina Ferreira.
Como otra circunstancia que conviene resaltar, encontramos que los estudios que anexa al dictamen, el primero (foja 61 del expediente laboral), está firmado por Olvera G., y los otros dos contienen un facsímil con el nombre, Emilio de J. Salmerón R; además, todos tienen fecha de treinta y uno de octubre de dos mil dos, la cual fue señalada para que el primero de los peritos designados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (Emilio de J. Salmerón Robles), auscultara al actor.
De lo anterior es fácil deducir que el dictamen que presentó ante la Junta el médico Francisco Medina Ferreira, no pudo haber sido elaborado por éste, y que sólo hizo suyo el elaborado por Emilio de J. Salmerón R. (aun cuando no lo haya dicho expresamente), sin que previamente haya examinado a Juan Reyes Vázquez.
En efecto, los datos asentados en el dictamen que autorizan al perito para ejercer la profesión de medicina corresponden a otro, sin que exista constancia de que Francisco Medina Ferreira cuente con la autorización que exige el artículo 822 de la Ley Federal del Trabajo, en este caso, la cédula expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, de acuerdo con el artículo 79 de la Ley General de Salud.
Además, al haberse señalado como fecha para que el perito de la parte demandada auscultara al actor, el treinta y uno de octubre de dos mil dos, es obvio que el perito Francisco Medina Ferreira no estuvo en posibilidad de examinar a tal persona, debido a que fue nombrado como perito del Instituto Mexicano del Seguro Social en audiencia de doce de noviembre de dos mil dos, es decir, en una fecha posterior.
Lo anterior se traduce en una violación al procedimiento en términos del artículo 159 de la Ley de Amparo, fracción III, ya que la pericial médica del Instituto Mexicano del Seguro Social no fue recibida conforme a la ley, hecho que afecta la defensa del quejoso y trascendió al sentido del laudo, pues dado que fue admitida ilegalmente la pericial en medicina de su contraparte, tal circunstancia dio pie a que hubiera la necesidad de nombrar un perito tercero en discordia, cuyo peritaje no fue favorable a los intereses del hoy impetrante de garantías.
Es aplicable la jurisprudencia surgida de la contradicción de tesis, varios 14/88, sustentada por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Parte SCJN, página 298, que dice:
"PRUEBAS, ADMISIÓN DE, A LA CONTRAPARTE. VIOLACIÓN PROCESAL RECURRIBLE EN AMPARO DIRECTO.-De lo establecido por los artículos 107, fracciones III, incisos a) y b), V, VI y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 114, fracción IV, 158, 159 y 160 de la Ley de Amparo, se obtiene la regla general de que la vía de amparo directo es la idónea para combatir violaciones al procedimiento cometidas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del laudo, sentencia o resolución, así como la regla de que el amparo indirecto es idóneo, entre otros supuestos, para impugnar actos dentro del juicio que sean de ejecución o cumplimiento irreparable. Ahora bien, el acuerdo que admite las pruebas ofrecidas por cualquiera de las partes no acarrea, por sí solo y desde luego, ningún perjuicio a la contraria; éste, podrá actualizarse, eventualmente, hasta que el tribunal efectúe la valoración de esas probanzas, la que sólo tiene lugar al dictarse el laudo que resuelva la controversia y es hasta entonces cuando se podrá saber si la admisión de dichas pruebas agravió a una de las partes, esto es, si la violación trascendió al resultado del fallo, razones por las cuales el auto de que se trata no es de ejecución irreparable. Por tanto, en el amparo directo que en su caso se promueva contra el laudo, podría alegarse la violación cometida durante el procedimiento."
En tales circunstancias, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para que la Junta Especial Número Ocho Bis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, deje insubsistente el laudo de doce de junio de dos mil tres y reponga el procedimiento para que la prueba pericial de la parte demandada sea declara desierta bajo los lineamientos establecidos en la presente ejecutoria.
Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 184, 188 y 190 de la Ley de Amparo, 34 y 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
ÚNICO.-Para los efectos precisados en la última parte del considerando sexto de esta ejecutoria, la Justicia de la Unión ampara y protege a Juan Reyes Vázquez, representado por su apoderado Agustín Molina Martínez, contra el laudo de doce de junio de dos mil tres, dictado por la Junta Especial Número Ocho Bis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, dentro del juicio laboral 208/2001, promovido por el aquí quejoso contra el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución y, en su oportunidad, archívese este expediente.
Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que integran los Magistrados Alicia Rodríguez Cruz, Héctor Arturo Mercado López y Tarsicio Aguilera Troncoso, siendo relator el tercero de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18318-2e0b0c42/dictamen-pericial-medico-el-elaborado-por-un-perito · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- LAUDO. EL HECHO DE QUE LA JUNTA CONDENE A UNA CANTIDAD DE DINERO DETERMINADA PERO OMITA PRECISAR LAS OPERACIONES ARITMÉTICAS QUE SIRVIERON DE BASE PARA CUANTIFICARLA, CONTRAVIENE E (AMPARO DIRECTO)
- PRESCRIPCIÓN, CÓMPUTO DE LA, CUANDO EL TRABAJADOR SEÑALA QUE FUE DESPEDIDO EN UNA FECHA, Y EL PATRÓN AFIRMA QUE ABANDONÓ EL EMPLEO EN OTRA DISTINTA. (AMPARO DIRECTO)
- PRUEBA PERICIAL MÉDICA EN MATERIA LABORAL. CUANDO EL AMPARO SE CONCEDA POR FALTA DE IDENTIFICACIÓN DE UNO DE LOS PERITOS, TAMBIÉN DEBE OTORGARSE PARA QUE, DE SER NECESARIO, SE IDEN (AMPARO DIRECTO)
- CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CARGA PROCESAL MÍNIMA DEL QUEJOSO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 166, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO). (AMPARO DIRECTO)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- AMPARO DIRECTO. (s/clave)
- AMPARO EN MATERIA CIVIL. (s/clave)
- AMPARO, JUICIO DE. (s/clave)
- AMPARO DIRECTO. (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis