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Modo: Corpus Pro

LAUDO. EL HECHO DE QUE LA JUNTA CONDENE A UNA CANTIDAD DE DINERO DETERMINADA PERO OMITA PRECISAR LAS OPERACIONES ARITMÉTICAS QUE SIRVIERON DE BASE PARA CUANTIFICARLA, CONTRAVIENE EL ARTÍCULO 842 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 814/2005. · Registro digital (IUS): 19564
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: JUAN LUCERO ANDRADE.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Julio de 2006, , Pág. 989.

AMPARO DIRECTO 814/2005. JUAN LUCERO ANDRADE.

CONSIDERANDO:

SEXTO. De manera previa cabe destacar que contra el primer laudo que pronunció la Junta responsable el dieciséis de diciembre de dos mil tres, el hoy quejoso promovió el juicio de amparo directo laboral 195/2004, del índice del entonces Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, el cual fue resuelto el diecisiete de noviembre de dos mil cuatro, en el que se otorgó la protección constitucional para el efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente el acto reclamado y en su lugar emitiera otro en el que atendiera las consideraciones que sustentaron dicha ejecutoria, y también atendiera en su integridad la postura de las partes en relación con la excepción de prescripción opuesta, y con plenitud de jurisdicción resolviera lo que en derecho correspondiera.

En cumplimiento de la ejecutoria de referencia, la Junta responsable dictó el laudo ahora combatido en el que se absolvió a los demandados de diversas prestaciones que se les reclamaron; de manera que, en principio, este tribunal sí se encuentra en condiciones de analizar los conceptos de violación en los que se impugna tal determinación.

SÉPTIMO. Los conceptos de violación esgrimidos resultan inoperantes en parte e infundados en otra.

En el primer motivo de queja señala el inconforme que la autoridad responsable omitió citar textualmente lo que expuso en vía de réplica a la contestación de la demanda, porque sólo cita parte de la réplica exhibida por escrito, dejando de considerar lo replicado en la vía oral en la audiencia correspondiente; así como los razonamientos vertidos en la misma, que sí tenían que ver directamente con la litis planteada y que, por ende, la responsable no apreció lo dispuesto en la jurisprudencia número 4a./J. 30/93, de la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor: "RÉPLICA Y CONTRARRÉPLICA, SON ALEGACIÓN (sic) QUE DEBEN SER CONSIDERADAS POR LAS JUNTAS AL EMITIR EL LAUDO, YA QUE TIENEN POR OBJETO PRECISAR LOS ALCANCES DE LA LITIS YA ESTABLECIDA."

Resulta inoperante el argumento anterior, porque como se precisó en el considerando sexto de esta sentencia, mediante la ejecutoria relativa al juicio de amparo directo laboral 195/2004, promovido por el aquí quejoso, en cuyo cumplimiento dictó la responsable el laudo hoy reclamado, se le otorgó la protección constitucional con base en las consideraciones siguientes:

"... Es cierto que las alegaciones que se precisan en el párrafo que antecede se formularon en vía de réplica y propiamente no forman parte de la litis en el juicio, sin embargo, en términos del artículo 878, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo constituyen alegaciones que pueden formular las partes en relación con las acciones y excepciones planteadas en su demanda y contestación, con el propósito limitado de precisar los alcances de la controversia, por lo cual debe estimarse que se trata de alegaciones que ratifican y puntualizan la litis en el juicio y que si se asentaron en el acta correspondiente deben tenerse en consideración al emitirse el laudo. Como apoyo se cita la jurisprudencia que a continuación se transcribe: ‘Octava Época. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Tomo: 69, septiembre de 1993. Página: 17. Tesis: 4a./J. 30/93. Jurisprudencia materia(s) laboral. RÉPLICA Y CONTRARRÉPLICA, SON ALEGACIONES QUE DEBEN SER CONSIDERADAS POR LAS JUNTAS AL EMITIR EL LAUDO, YA QUE TIENEN POR OBJETO PRECISAR LOS ALCANCES DE LA LITIS YA ESTABLECIDA. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 878 de la Ley Federal del Trabajo, la controversia laboral se fija en la audiencia de demanda y excepciones, ya que es la etapa en la que se plantean las cuestiones aducidas por las partes en vía de acción y excepción, donde el actor expone su demanda, ratificándola o modificándola y precisando los puntos petitorios, y el demandado procede en su caso a dar contestación a la misma, oponiendo excepciones y defensas, refiriéndose a todos y cada uno de los hechos afirmados por su contraparte y en cuya fase del juicio las partes pueden por una sola vez replicar y contrarreplicar. Ahora bien, estas figuras procesales, que no deben confundirse con la ampliación de la demanda ni con la reconvención, puesto que no cambian ni amplían la materia original del juicio, sólo constituyen alegaciones que en los términos de la fracción VI del citado precepto, pueden formular las partes en relación a las acciones y excepciones planteadas en su demanda y contestación, con el propósito limitado de precisar los alcances de la controversia; por tanto, debe concluirse que la réplica y contrarréplica, en caso de que las partes quieran hacerlas, son alegaciones que ratifican la litis en el juicio laboral y, que, si se asentaron en el acta correspondiente, deben tenerse en consideración al emitirse el laudo. Contradicción de tesis 11/91. Entre el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 31 de mayo de 1993. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Marcos García José.’. Ahora, al resolver en la forma en que lo hizo la responsable limitó su estudio al análisis de la excepción de prescripción en los precisos términos en que fue opuesta por la demandada, pero no tomó en consideración los argumentos vertidos por el actor en vía de réplica, en el sentido de que la excepción no podía computarse a partir de la fecha indicada por la demandada, porque en esa fecha no existía un (sic) notificación de la causa de la terminación de la relación laboral, además, porque el término prescriptivo iniciaba a partir del veinte de marzo del dos mil uno, fecha en la que el sindicato referido y la Universidad de Sonora firmaron el convenio a que se ha hecho alusión, por ser el momento en que se formalizó el despido; argumentos que tenían por objeto precisar los alcances de la excepción opuesta, y que la responsable estaba obligada a atender en términos de lo establecido en la jurisprudencia transcrita. La conducta de la responsable motivó la emisión de un laudo incongruente, pues infringió el contenido del artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo, que establece que los laudos deben ser claros, precisos y congruentes con la demanda, contestación y con las diversas pretensiones deducidas oportunamente en el juicio, y como consecuencia de ello violó en perjuicio del quejoso las garantías de legalidad y seguridad jurídica tuteladas por los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. Por lo que, en restitución de las garantías individuales violadas, procede otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada, para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente el acto reclamado y en su lugar emita otro en el que atienda las consideraciones que sustentan el presente fallo y atendiendo en su integridad la postura de las partes en relación con la excepción de prescripción opuesta, y con plenitud de jurisdicción resuelva lo que en derecho corresponda." (fojas 310 vuelta a la 311 vuelta del expediente laboral).

Con base en la anterior transcripción se determina la inoperancia del concepto de violación que nos ocupa por estar vinculado con el exceso o defecto en la ejecución de un fallo protector y, en tal virtud, no es materia de la litis constitucional del nuevo juicio de garantías, sino de otro trámite distinto, como lo es el recurso de queja previsto en el artículo 95, fracción IX, de la Ley de Amparo.

Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 98/97, aprobada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 402 en la página 346, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de los siguientes rubro y texto:

"SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO. LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN PLANTEADOS EN EL NUEVO JUICIO PROMOVIDO EN SU CONTRA, RELACIONADOS CON EL EXCESO O DEFECTO EN LA EJECUCIÓN DEL FALLO PROTECTOR, SON INOPERANTES, SIN QUE ELLO IMPLIQUE EL SOBRESEIMIENTO DE AQUÉL. Dado el principio de unidad que rige el cumplimiento de las sentencias de amparo, cuando se trata específicamente de resoluciones de índole jurisdiccional que, por su propia naturaleza, implican la emisión de un solo fallo, éste no puede analizarse por el tribunal de amparo, estudiando en una misma resolución cuestiones relacionadas con lo que en el nuevo amparo se estima que es un exceso o defecto en el cumplimiento del fallo protector, y las que atañen a la violación de garantías que se alega, sino que tales planteamientos, por ser de índole diversa y en este caso excluyentes entre sí, obligan a que el tribunal que conoce del ulterior juicio de amparo resuelva éste por lo que atañe a los conceptos de violación que se relacionan con la transgresión de garantías derivada del nuevo acto que la autoridad responsable emitió en cumplimiento de la ejecutoria de amparo, en la que se le devolvió su propia jurisdicción y, en caso de que proceda el beneficio de la suplencia, se pronuncie respecto de las violaciones manifiestas que advierta de oficio; en tanto que, en lo referente a los argumentos relacionados con el exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, debido a que no son materia de la litis constitucional del nuevo juicio de garantías que se promueva, sino de otro trámite diverso, deben estimarse inoperantes al ser jurídicamente imposible su estudio; sin que esto último ocasione el sobreseimiento del juicio promovido, ya que ello implicaría omitir, sin encontrar apoyo en precepto jurídico alguno, el análisis de las cuestiones constitucionales debatidas o de aquellas que, en su caso, derivaran de la suplencia de la queja."

El segundo y tercero de los conceptos de violación esgrimidos se analizarán en conjunto, dada su estrecha relación, según lo autoriza el artículo 79 de la Ley de Amparo.

Deviene inoperante lo que señala el quejoso relativo a que por ser trabajador de la Universidad de Sonora y socio sindical del Sindicato de Trabajadores Académicos de dicha universidad, en su caso, tiene legal aplicación el contrato colectivo de trabajo, el que en su cláusula 97, punto 5, establece la obligación para aquélla de notificarle por escrito las resoluciones que emita y que afecten su relación laboral y su situación académica; por lo que si la universidad no le notifica por escrito "Nada sucede en el mundo jurídico respecto a la relación laboral y académica del trabajador y docente".

Que la Universidad de Sonora en ninguna parte expresó que el veinticuatro de enero de dos mil uno haya publicado los resultados de la evaluación curricular en la que él participó; que por ello tampoco aportó documento por escrito en el que se le notificara un resultado reprobatorio; lo que conoció, dice, hasta "los primeros de marzo de 2001" y que, en esa virtud, es incorrecta la consideración de la responsable de que existe confesión expresa de su parte acerca de que tuvo conocimiento de la publicación de tales resultados el veinticuatro de enero de dos mil uno.

Se sostiene lo anterior, cuenta habida de que aun cuando fuera fundada la aseveración del quejoso de que no confesó haber tenido conocimiento el veinticuatro de enero de dos mil uno de los resultados de la evaluación curricular, como lo señala la responsable en el laudo reclamado; que además, en el contrato colectivo de trabajo se encuentra prevista la obligación de la Universidad de Sonora de notificar por escrito las resoluciones que afecten la relación laboral y su situación académica y que, en la especie, la Junta pasó por alto que no se le notificó por escrito su resultado reprobatorio; carecería de objeto práctico conceder el amparo para que la responsable subsanara la omisión que se denuncia, así como también prescindiera del análisis de la pretendida confesión expresa del actor, visto que este proceder no variaría el sentido del laudo en cuanto a la absolución decretada en el mismo, conforme a los razonamientos que enseguida se expondrán:

De la lectura íntegra de las constancias procesales se advierte que el actor, en su escrito inicial de demanda, señaló que la fecha del despido fue el dos de febrero de dos mil uno, cuando el jefe del Departamento de Sociología y Administración Pública le comunicó que no sería programado para laborar en el semestre correspondiente, ni en lo sucesivo (foja 2 del expediente laboral).

En vía de réplica a la contestación de demanda presentada por la Universidad de Sonora, en audiencia de once de diciembre del año dos mil dos, el actor en forma verbal adujo, acerca del tópico que nos ocupa, esto es, la fecha en que ocurrió el despido que alega, que hasta el treinta de marzo de dos mil uno no conocía por escrito los fundamentos por los que no se le reprogramó en la materia concursada y, asimismo, exhibió un escrito en el que al respecto puntualizó:

"Primeramente que no ha operado la prescripción en el ejercicio de la acción de despido injustificado, toda vez que si bien se hubo planteado la demanda hasta el día 30 de abril de 2001, y que los hechos del despido se hubiesen iniciado el día 2 de febrero de 2001, cuando el jefe inmediato del actor, señor Jesús Ángel Enríquez Acosta, le manifestó que tenía órdenes del Departamento de Recursos Humanos de no programarlo, cuando ya se había sometido a examen de evaluación curricular, y de tal examen no se le había notificado a esa fecha su no aprobación, es decir, permanece vigente o como única determinante la inicial consigna de no programarlo. Empero, tal despido se vino a cristalizar ya formalmente cuando la universidad pacta por escrito, que ahí fue donde se vino a conocer formalmente el despido que se ejercita, en precisa fecha 20 de marzo de 2001, cuando los mismos hoy demandados STAUS y UNISON suscribieron convenio en dicha última fecha, que la Universidad de Sonora no acepta violación a la cláusula 77 con relación al maestro Juan Lucero Andrade, al no programarlo."

Por su parte, los demandados Universidad de Sonora y Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora opusieron como excepción, entre otras, la de prescripción de la acción; la que hicieron consistir en que del dos de febrero de dos mil uno, fecha en la que el demandante ubicó el despido, al treinta de abril de ese año, fecha en la que presentó la demanda de origen, transcurrió con exceso el término de dos meses a que se refiere el artículo 518 de la Ley Federal del Trabajo; excepción que la Junta laboral declaró procedente y, en consecuencia, procedió a absolverlos de las prestaciones que se les reclamaron, como así se aprecia del considerando IV del laudo que nos ocupa.

Ahora bien, se estima que a nada práctico conduciría conceder la protección constitucional para que se repararan las reseñadas violaciones en que pretendidamente incurrió la responsable, que en resumen giran en torno a que no puede tomarse el dos de febrero de dos mil uno como punto de partida para el cómputo del término de la prescripción de la acción, aunque "los hechos del despido se hubiesen iniciado" en esa fecha, porque "tal despido se vino a cristalizar ya formalmente cuando la universidad pacta por escrito, que ahí fue donde se vino a conocer formalmente el despido que se ejercita, en precisa (sic) fecha 20 de marzo de 2001", debido a que, aun cuando en la especie quedara demostrado que no se le notificó por escrito al aquí impetrante el resultado de la evaluación curricular en la que participó y que la institución educativa demandada, tiene la obligación, de acuerdo con el contrato colectivo de trabajo, de notificar por escrito las resoluciones que afecten la relación laboral y la situación académica, la prescripción de las acciones que derivan del despido debe contarse a partir del día siguiente al de la separación, no obstante la falta del aviso rescisorio.

Se arriba a la anterior conclusión con base en las consideraciones que informan la contradicción de tesis 60/2003-SS, de la que derivó la tesis de jurisprudencia 2a./J. 119/2003, cuyo rubro dice: "DESPIDO. LA PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES QUE DE ÉL DERIVAN, DEBE CONTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA SEPARACIÓN, NO OBSTANTE LA FALTA DEL AVISO RESCISORIO.", aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, enero de 2004, página 131; la que en su parte conducente dice:

"... El invocado artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo dispone lo siguiente:

"‘Artículo 47. Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el patrón:

"‘...

"‘El patrón deberá dar al trabajador aviso escrito de la fecha y causa o causas de la rescisión.

"‘El aviso deberá hacerse del conocimiento del trabajador, y en caso de que éste se negare a recibirlo, el patrón, dentro de los cinco días siguientes a la fecha de la rescisión, deberá hacerlo del conocimiento de la Junta respectiva, proporcionando a ésta el domicilio que tenga registrado y solicitando su notificación al trabajador.

"‘La falta de aviso al trabajador o a la Junta, por sí sola bastará para considerar que el despido fue injustificado.’

"Puntualizando, la institución de la prescripción mencionada es, en realidad, la preclusión del derecho a demandar; por no hacerlo en tiempo ante la autoridad jurisdiccional, esto es, por no instar oportunamente; correlativamente, para el demandado, representa la certeza de que el transcurso del tiempo opera en su favor frente al ejercicio de acciones laborales; la figura, pues, da certeza a los gobernados.

"El bien jurídico protegido por el artículo 47, parte final, de la Ley Federal del Trabajo, se dirige a otorgar al trabajador la certeza de la causa o causas de rescisión que le permitan oponer una adecuada defensa, mismas que no pueden ser modificadas con posterioridad; y que la falta de entrega del aviso convierte al despido en injustificado; derivado de ello tendría derecho a obtener laudo favorable y al cumplimiento y pago de las prestaciones accesorias.

"En esos términos se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia en las siguientes tesis:

"‘Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIV, diciembre de 2001. Tesis: 2a./J. 68/2001. Página: 222. AVISO DE RESCISIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL. CONSTITUYE UN PRESUPUESTO PROCESAL DE LA JUSTIFICACIÓN DEL DESPIDO, QUE DEBE SER ANALIZADO OFICIOSAMENTE POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. Si se toma en consideración, por un lado, que el aviso a que se refiere la parte final del artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo es un deber jurídico ineludible del patrón, ya que tiene la finalidad de que el trabajador conozca de manera cierta la fecha y las causas que motivaron la rescisión de la relación laboral y pueda ejercer las acciones que considere pertinentes y por otro, que el incumplimiento de ese deber tiene como consecuencia que opere en su contra la presunción legal de que el despido fue injustificado, es indudable que dicho aviso constituye un presupuesto procesal de la justificación del despido, que debe ser analizado por la Junta de Conciliación y Arbitraje oficiosamente; de aquí que si un trabajador demanda la reinstalación o la indemnización por considerar que fue despedido injustificadamente, y el patrón se excepciona aduciendo que la rescisión de la relación laboral fue justificada, a éste corresponderá demostrar tal hecho, para lo cual es menester que acredite, en principio, que dio el aviso como se indica en el primer numeral citado, de manera que no es indispensable que el actor reclame en su demanda la omisión del patrón de entregar el aviso para que esa cuestión forme parte de la controversia en el juicio natural en términos del artículo 784 de la propia ley, pues basta para considerarlo así que el demandado alegue en su favor la justificación del despido. No obsta a lo antes expuesto el hecho de que conforme a lo dispuesto en el diverso precepto 872 de la ley señalada, el trabajador deba expresar en su demanda los hechos constitutivos de su acción de reinstalación o indemnización basado en un despido injustificado, especificando las circunstancias de tiempo, modo y lugar que le consten y que a su juicio sean demostrativas de su acción, pues esta obligación no puede llevarse al extremo de exigirle que mencione hechos negativos que no tiene por qué saber, ya que los trabajadores, por lo general, carecen de un asesoramiento legal adecuado para la defensa de sus intereses.’

"‘Octava Época. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Tomo: 62, febrero de 1993. Tesis: 4a./J. 2/93. Página: 11. RELACIÓN LABORAL, AVISO POR ESCRITO DE LA CAUSA DE RESCISIÓN DE LA. El artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo establece y enumera las causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el patrón; enseguida determina, de manera clara y precisa, que el patrón deberá dar al trabajador aviso escrito de la fecha y causa o causas de la rescisión y en caso de que éste se negare a recibirlo, el patrón deberá hacerlo del conocimiento de la Junta respectiva, dentro de los cinco días siguientes a la fecha de la rescisión, proporcionando el domicilio que tenga registrado del trabajador y solicitándole su notificación al propio trabajador; concluye estableciendo que la falta del aviso escrito al trabajador o a la Junta, por sí sola, bastará para considerar que el despido fue injustificado. Dicha formalidad otorga al trabajador la certeza de la causa o causas de rescisión, permitiéndole oponer una adecuada defensa de sus derechos, certeza que no puede proporcionarle el aviso verbal, por ser momentáneo, pasajero y difícil de retener en la memoria; de ahí que la falta de aviso escrito de la causa o causas de rescisión de la relación laboral al trabajador o a la Junta, bastará para que el despido se considere injustificado, por disposición de la propia Ley Federal del Trabajo.’

"De lo antes transcrito se desprende que la finalidad del aviso de rescisión es dar certeza jurídica al trabajador respecto de las causas de terminación de la relación de trabajo y, de igual forma, respecto a la fecha de la rescisión, permitiéndole oponer una adecuada defensa de sus derechos.

"Por otro lado, el artículo 518 de la ley laboral impone la carga al trabajador de ejercer su acción en el término de dos meses a partir de que sea separado. Ello, con la finalidad de no dejar en un estado de inseguridad jurídica al patrón, señalando el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, al resolver el catorce de octubre de mil novecientos noventa y nueve el amparo directo en revisión número 2091/97, que con ello no se afectan los derechos consagrados a los trabajadores en el artículo 123, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; dichas consideraciones las hizo consistir en lo siguiente:

"‘En la sentencia recurrida, el Tribunal Colegiado estableció que la figura jurídica de la prescripción es una medida de interés público, que tiene por objeto evitar inseguridad jurídica en cuanto a que se prolongue indefinidamente la posibilidad de exigir un derecho o la expectativa que pueda tenerse sobre una persona, apoyada en la presunción de que existe desinterés cuando no se ejercita la acción correspondiente dentro de un determinado plazo y a través de un procedimiento jurisdiccional, siendo que aun cuando el artículo 123 de la Constitución no prevé expresamente la figura de la prescripción, su establecimiento por el legislador no impide que los trabajadores ejerciten las acciones correspondientes a los derechos que defienden, sino sólo los obliga a ejercitarlos dentro del plazo previsto para ello, con lo cual se respetan los principios de equilibrio y justicia social en las relaciones obrero-patronales así como la libertad de elección de trabajo. El precepto legal impugnado establece el plazo de prescripción del ejercicio de la acción para reclamar despido injustificado, en los siguientes términos: (se transcribe). Ahora bien, el artículo 123 apartado A, de la Constitución, consagra diversos derechos de índole sustantiva en favor de los trabajadores. En lo conducente a la exigibilidad de los derechos laborales a través de la vía jurisdiccional y, en específico, en lo tocante a las acciones por despido injustificado, el citado numeral dispone: (se transcribe). Como puede observarse de los párrafos transcritos, si bien el Constituyente estableció una serie de derechos en favor de la clase trabajadora y obligaciones a cargo de los patrones, sin embargo, nada dispuso en relación con la oportunidad para el ejercicio de las acciones respectivas ante la autoridad jurisdiccional, puesto que no hace referencia expresa a plazos procesales para hacerlas valer. En consecuencia, como en el epígrafe del artículo 123 de la Carta Magna se faculta al Congreso de la Unión a expedir la legislación laboral, sin contravenir los principios consagrados en el propio dispositivo, debe concluirse que, al no haberse establecido como uno de dichos principios la imprescriptibilidad de las acciones intentadas por la parte trabajadora ante las autoridades jurisdiccionales de la materia, sino que en este aspecto sólo se alude a que los conflictos relativos deberán ser dilucidados ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, resulta evidente que con tal expresión el Constituyente delegó en el legislador el establecimiento y regulación de las figuras y términos procesales para la exigibilidad de los derechos en materia de trabajo. Por tanto, debe concluirse que la prescripción de la acción de despido injustificado prevista en el artículo 518 de la Ley Federal del Trabajo no puede ser contraria a los derechos previstos en favor de los trabajadores por la Constitución, dado que, como lo sostuvo el tribunal a quo, no se impide su ejercicio, sino sólo se fija el plazo para hacer valer la acción correspondiente, en aras de obtener seguridad jurídica sin romper los principios sustantivos que rigen la materia laboral. Sirve de apoyo a la anterior conclusión, la tesis sustentada por la anterior Cuarta Sala de la Suprema Corte, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII, correspondiente a enero de 1994, página 19, aplicable en cuanto a que la regulación por la ley laboral en lo relativo al plazo para ejercitar las acciones laborales se apega a la Constitución, porque ésta no prevé los plazos para hacerlas valer, criterio que literalmente expresa: «TRABAJADORES BANCARIOS. LA LEY REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN XIII BIS DEL APARTADO <B> DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL NO CONTRAVIENE LA FRACCIÓN QUE REGLAMENTA, POR LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO ESTABLEZCA EXPRESAMENTE LA PRESCRIPCIÓN.» (Se transcribe el texto). En tales condiciones, al quedar constatado que el establecimiento de la prescripción de la acción de despido injustificado prevista en el artículo 518 de la Ley Federal del Trabajo, no conculca los derechos laborales previstos en el artículo 123 constitucional, como sostiene la parte recurrente, procede desestimar el agravio hecho valer sobre el particular.’

"Ahora bien, de la transcripción anterior se desprende que la figura de la prescripción prevista en el artículo 518 de la Ley Federal del Trabajo, no conculca los derechos de los trabajadores, motivo por el cual, el legislador se encontraba en posibilidad de imponerle una carga al trabajador, consistente en ejercer su acción en un tiempo determinado (dos meses), so pena de que prescriba.

"En esos términos, ningún razonamiento puede conceder un beneficio extra, o eximir de esa carga a los trabajadores. En atención a ello, debe decirse que la única forma de determinar que existe otro elemento que debe tomarse en cuenta respecto a la regla de prescripción prevista en el artículo 518 de la ley laboral, es que la ley lo establezca expresamente, máxime cuando se está hablando de una excepción a una regla prevista en ley. En el caso a estudio, al interpretar los mencionados artículos 47 y 518 de la citada ley, en la forma pretendida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito (actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del mismo circuito), se estaría tergiversando la intención del legislador, puesto que no existe para tal efecto disposición expresa.

"Aunado a lo anterior, si bien es cierto que el artículo 518 de la Ley Federal del Trabajo hace referencia a la separación del trabajador, el momento de inicio de la prescripción no se remite al aviso del artículo 47 de la citada ley, ya que ambos artículos se encuentran protegiendo distintos intereses: por un lado el de los trabajadores (artículo 47) y por el otro el de los patrones (artículo 518).

"Por ello, la separación a que se refiere el artículo 518 de la ley laboral, debe ser considerada como la separación material, sin que ello implique la necesidad de emitir un aviso de rescisión para que empiece a correr el término de la prescripción, ya que incluso este acto puede darse en diversa fecha en virtud de que el trabajador pudiera negarse a recibirlo.

"En esos términos, el patrón se encontraría obligado, conforme al propio artículo 47 del ordenamiento que se viene citando, a notificarle al trabajador a través de la Junta de Conciliación y Arbitraje, lo cual provocaría que el término para iniciar la prescripción se dejaría al arbitrio del trabajador, eximiéndolo de la carga de ejercitar la acción en el plazo previsto por la ley.

"En atención a ello, la intención del legislador es dar seguridad al trabajador respecto de la fecha en la que fue separado materialmente del trabajo, y de la causa o causas que lo motivaron y por ello obliga al patrón a entregarle un aviso de rescisión; sin embargo, no puede condicionar la aplicación del art

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19564-5c4f9863/laudo-el-hecho-de-que-la-junta-condene · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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