COTEJO DE DOCUMENTOS EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. EN SU DESAHOGO EL ACTUARIO DEBE OBSERVAR LAS MISMAS FORMALIDADES QUE PARA LA PRUEBA DE INSPECCIÓN, EN CONSECUENCIA, RECABAR LA FIRMA DE LA PERSONA CON QUIEN ENTIENDE LA DILIGENCIA O, EN SU CASO, ASENTAR LOS MOTIVOS POR LOS QUE NO LO HIZO (APLICACIÓN ANALÓGICA DEL ARTÍCULO 829, FRACCIÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO).
AMPARO DIRECTO 542/2009. JUAN JOSÉ BANDA ANDRADE.
CONSIDERANDO:
SEXTO. Es innecesario estudiar los conceptos de violación hechos valer, toda vez que este Tribunal Colegiado advierte en suplencia de la queja deficiente que autoriza el numeral 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, que la Junta responsable fue omisa en fijar fecha para llevar a cabo la materialización de la reinstalación del quejoso, como se analizará.
En efecto, la tercero perjudicada negó categóricamente el despido alegado por el actor y ofreció el empleo al quejoso en los términos que han quedado precisados en el considerando que antecede, no obstante, se reproduce para efectos de objetivar tal precisión:
"... trabajo se encuentra a su disposición para que lo continúe desempeñando en la misma forma y términos en que lo ha venido haciendo anotados en la presente contestación, es decir en el puesto de ayudante de soldador percibiendo por concepto de salario diario la cantidad de $128.00 (salario actual para esa categoría), pagaderos semanalmente, es decir la cantidad de $886.00 semanales; más la cantidad de $122.00 por concepto de bono de despensa semanales, más la cantidad de $90.94 por concepto de premio de asistencia semanales y más la cantidad de $90.94 por concepto de premio de puntualidad semanales, más los incrementos salariales que se apliquen por mi representada a los trabajadores al servicio de la misma, con una jornada de labores comprendida de las 08:00 a las 12:00 horas y de las 13:00 a las 17:00 horas de lunes a sábado, con una hora para ingerir y descansar sus alimentos fuera del centro de trabajo y sin estar a disposición del patrón de las 12:00 a las 13:00 horas de lunes a sábado de cada semana, descansando los días domingos de cada semana ..." (fojas 27 y 28).
Respecto a la oferta que el patrón hizo al solicitante del amparo, éste la aceptó, en los términos siguientes:
"... y que nuevamente se le ofrece el empleo esto para que se observe la conducta procesal de la demandada mas sin embargo le solicito a esa H. Autoridad en forma respetuosa que a la mayor brevedad señale día y hora para que tenga verificativo la materialización de la reinstalación de mi mandante en el lugar de trabajo y queda a criterio de esa H. Autoridad el calificativo de la buena o mala fe con la que se ofrece nuevamente el empleo a mi mandante." (foja 31).
Por su parte, la Junta fue omisa en proveer acerca de fijar fecha para la reinstalación.
Ahora bien, se considera que la Junta transgredió las leyes del procedimiento del juicio laboral, al omitir señalar fecha y hora a efecto de que se llevara a cabo la materialización de la reincorporación al empleo que la demandada propuso al trabajador y que éste aceptó, toda vez que no obra constancia que informe que la Junta, previo al dictado del laudo, haya fijado fecha para llevar a cabo la diligencia relativa.
Así lo es, la Junta transgredió las normas esenciales que rigen el procedimiento laboral, dado que, se reitera, omitió fijar fecha para la materialización de la reincorporación, no obstante que las partes acordaron voluntariamente continuar con la relación laboral, situación que encuadra en el supuesto que prevé el artículo 159, fracción XI, de la Ley de Amparo, en tanto que este último sólo contiene una lista general enunciativa de las violaciones a las leyes del procedimiento, violación que trascendió al resultado del laudo, en virtud de que no obstante que no se materializó la reinstalación por la conducta omisiva de la Junta, ésta calificó de buena fe el ofrecimiento de trabajo, absolviendo a la demandada del pago de salarios caídos; lo que pudo ser distinto en caso de que no se hubiere logrado la reinstalación por causas imputables al patrón demandado, todo ello antes del dictado del laudo.
Resulta aplicable al caso concreto la tesis 44/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes:
"Registro Número 191787
"Novena Época
"Instancia: Segunda Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XI, mayo de 2000
"Tesis: 2a./J. 44/2000
"Página: 135
"OFRECIMIENTO DE TRABAJO. LA OMISIÓN DE LA JUNTA DE ACORDARLO O DE REQUERIR AL TRABAJADOR PARA QUE MANIFIESTE SI LO ACEPTA O LO RECHAZA, ES UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE DA LUGAR A CONCEDER EL AMPARO PARA QUE SE REPONGA EL PROCEDIMIENTO. Como el ofrecimiento de trabajo tiene el efecto jurídico de revertir la carga de la prueba respecto de la existencia del despido, cabe considerar que la omisión de la Junta a acordar sobre el ofrecimiento y de requerir al trabajador para que manifieste si lo acepta o lo rechaza, es una violación procesal análoga a las previstas en el artículo 159 de la Ley de Amparo, cuando afecta las defensas de las partes en el juicio laboral y trasciende al resultado del fallo, dado que con dicha omisión se deja de atender un aspecto procesal relevante, como es la determinación de a quién corresponde la carga de la prueba, lo que puede originar un laudo incongruente y dejar a las partes en estado de inseguridad al no conocer su situación en el momento procesal oportuno, si se toma en cuenta que es la conducta de las partes en torno a la oferta del trabajo lo que permite saber quién debe probar, así como el objeto de la prueba. La necesidad de explicitar o aclarar la situación procesal de las partes se funda, además, en la interpretación del artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo, en cuanto conduce a estimar que una vez que se produce la instancia de parte, la Junta tiene la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso, a fin de evitar prácticas viciosas, como la de considerar que el patrón desistió del ofrecimiento que hizo al trabajador porque no lo reiteró, o que el trabajador no tiene interés en la reanudación de la relación de trabajo porque nada dijo al respecto, cuando ni siquiera hay seguridad de que se enteró del ofrecimiento, prácticas que se agravan porque la Ley Federal del Trabajo no establece recursos ordinarios dentro del procedimiento para subsanarlas. Asimismo, del artículo 771 de la Ley Federal del Trabajo se desprende que es a los presidentes de las Juntas y a los auxiliares a quienes toca vigilar que se tomen las medidas necesarias para lograr que los juicios no queden inactivos y se provea lo que conforme a la ley corresponda, de manera que cuando la omisión de mérito deje en inseguridad a las partes y ello trascienda al resultado del laudo, debe concederse el amparo a fin de que se reponga el procedimiento, ya que las partes en el juicio laboral no deben resentir la desatención de las Juntas.
"Contradicción de tesis 81/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 7 de abril del año 2000. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Juan José Rosales Sánchez.
"Tesis de jurisprudencia 44/2000. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintiocho de abril del año dos mil."
Por otra parte, también en suplencia de la queja se advierte que la prueba de cotejo ofrecida por la contraparte del quejoso, no se desahogó en los términos de ley.
En efecto, la demandada para acreditar el salario, ofreció las copias simples de sesenta y cinco recibos de salario y, para el perfeccionamiento de las invocadas documentales, anunció el cotejo o compulsa; prueba que fue aceptada por la Junta en los términos que se transcriben:
"... Se señalan las trece horas con treinta minutos del día veinte de octubre del año en curso, a fin de que tenga verificativo el desahogo de la prueba de cotejo o compulsa ofrecida como de la intención de la parte demandada autorizándose a un C. Actuario adscrito a esta Junta Especial a efecto de que una vez constituido en los archivos de esta Junta Especial Número Tres practique la citada probanza en los términos de su ofrecimiento, debiendo de levantar acta circunstanciada de tal evento para legal constancia." (foja 55).
Los autos del expediente laboral revelan que la prueba de cotejo se desahogó en los términos del acta que a continuación se escanea:
Ver acta
El artículo 829 de la Ley Federal del Trabajo establece:
"Artículo 829. En el desahogo de la prueba de inspección se observarán las reglas siguientes: I. El actuario, para el desahogo de la prueba, se ceñirá estrictamente a lo ordenado por la Junta; II. El actuario requerirá se le pongan a la vista los documentos y objetos que deben inspeccionarse; III. Las partes y sus apoderados pueden concurrir a la diligencia de inspección y formular las objeciones u observaciones que estimen pertinentes; y IV. De la diligencia se levantará acta circunstanciada, que firmarán los que en ella intervengan y la cual se agregará al expediente, previa razón en autos."
Ahora, este Tribunal Colegiado considera que la diligencia en la que se desahogó la prueba de cotejo deviene ilegal, toda vez que no se observaron las formalidades contenidas en la fracción IV del artículo 829 de la Ley Federal del Trabajo, en el sentido de que la actuaria adscrita a la Junta debió asentar razón del motivo por el cual el acta respectiva no fue firmada por la persona con quien entendió dicha diligencia.
Se afirma lo anterior porque de la transcripción hecha con anterioridad, relativa al desahogo de la prueba de cotejo, no se advierte la firma de la persona con la cual se entendió la misma, ni tampoco el porqué de dicha omisión, en tanto que el fedatario sólo refirió que la diligencia la entendía con "... Lic. Fabiola Tamez Serrano y se ostenta como secretario de esta Junta ...", sin señalar por qué no aparece la firma de la persona con quien entendió la diligencia, con lo que se vulnera lo establecido en el artículo 829, fracción IV de la Ley Federal del Trabajo, transcrito con antelación, numeral de aplicación directa en cuanto a la prueba de inspección y analógica respecto del cotejo, pues si bien se encuentra contenido en la sección sexta del título catorce de la Ley Federal del Trabajo, que la integran los artículos 827 al 829 relativos a la prueba de inspección, lo cierto es que no hay razón lógica que impida aplicar la disposición primeramente apuntada al desarrollo de una diligencia de cotejo, como la del caso particular, atento a que una y otra prueba (inspección y cotejo) participan de la misma naturaleza, esto es, constituyen medios de convicción que se generan a través de la percepción directa y en determinado momento por parte del órgano jurisdiccional, sobre lugares, personas u objetos relacionados con la controversia, a efecto de crear convicción en el juzgador respecto de aspectos reales o cuestiones materiales susceptibles de apreciarse con los sentidos.
En efecto, el precepto referido, en su fracción cuarta, establece que en las diligencias redactadas con motivo del desahogo de la prueba de inspección -y por extensión del cotejo- deben firmar los que en ella intervinieron, de lo que se deduce que si no firma la persona con la que se entendió la diligencia, el fedatario debe asentar la razón o el motivo por el cual no firmó; sin embargo, del acta relativa a la diligencia de cotejo, únicamente se observa la firma del funcionario que la practicó, lo que significa que la persona que atendió en ese acto no firmó, sin que se haya asentado razón al respecto. En el entendido de que el artículo antes invocado, revela que es obligación de quienes intervengan en el desahogo de la prueba en cuestión firmar la diligencia respectiva, de manera que cuando ello no sea así es indispensable que se haga constar cuál fue la causa por la que dicha persona no firmó, ya sea porque no supiere hacerlo, no quisiere o no pudiere, lo que no se anotó de manera pormenorizada, por lo que debido a esta circunstancia la diligencia de cotejo deviene ilegal.
Es aplicable la tesis sustentada por este tribunal, que se identifica como sigue:
"Registro Número 180910
"Novena Época
"Instancia: Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XX, agosto de 2004
"Tesis: IV.2o.T.81 L
"Página: 1583
"COTEJO DE DOCUMENTOS EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. EN SU DESAHOGO EL ACTUARIO DEBE OBSERVAR LAS MISMAS FORMALIDADES QUE PARA LA PRUEBA DE INSPECCIÓN, EN CONSECUENCIA, RECABAR LA FIRMA DE LA PERSONA CON QUIEN ENTIENDE LA DILIGENCIA O, EN SU CASO, ASENTAR LOS MOTIVOS POR LOS QUE LO HIZO (APLICACIÓN ANÁLOGA DEL ARTÍCULO 829, FRACCIÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. El artículo 829, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo establece que las diligencias levantadas con motivo de la prueba de inspección deben firmarse por las personas que en ellas intervengan; sin embargo, dicho numeral debe aplicarse de manera análoga al cotejo de documentos, atento que ambas pruebas participan de la misma naturaleza, es decir, ambas constituyen medios de convicción que se generan a través de la percepción directa por parte del actuario, respecto de aspectos reales o cuestiones materiales susceptibles de apreciarse mediante los sentidos, a fin de crear convicción en la Junta; consecuentemente, al verificarse el cotejo el actuario debe observar las mismas formalidades que para la prueba de inspección y recabar la firma de la persona que atendió la diligencia o, en su caso, asentar los motivos por los que no firmó, a fin de que exista convicción de que el fedatario cumplió con la obligación que impone el citado precepto.
"Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito.
"Amparo directo 528/2003. Instituto Mexicano del Seguro Social. 3 de septiembre de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Víctorino Rojas Rivera. Secretario: Reynaldo Piñón Rangel.
"Amparo directo 1116/2003. Gerardo Escareño Sierra. 10 de marzo de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Abraham Calderón Díaz. Secretario: Francisco García Sandoval."
También es aplicable, en lo conducente, la tesis de rubro y texto siguientes:
"Registro Número 812284
"Octava Época
"Instancia: Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito
"Fuente: Informes
"Tomo: Informe 1989, Parte III
"Tesis: 17
"Página: 738
"PRUEBA DE INSPECCIÓN OCULAR, INDEBIDAMENTE DESAHOGADA EN MATERIA LABORAL. Carece de valor probatorio la prueba de inspección ocular, si su desahogo se hace en contravención al artículo 829 de la Ley Federal del Trabajo, como ocurre, cuando el actuario no tuvo a la vista el expediente personal del trabajador para determinar respecto de la existencia y contenido del documento a inspeccionarse, sino que únicamente se concretó a levantar el acta respectiva con la manifestación del jefe del personal de la unidad de medicina familiar, y además sin haber acreditado el cargo con que se ostentó, ni haber firmado la diligencia respectiva; máxime cuando el desahogo en forma indebida trasciende al resultado del fallo, ya que con ella el ahora quejoso pudo justificar si efectivamente con motivo de la detención que aduce, le fue imposible presentarse al centro de trabajo y si tal evento lo hizo del conocimiento del patrón.
"Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito.
"Amparo directo 174/89. Rigoberto Garza Carranza. 5 de julio de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Miguel García Salazar. Secretario: Alejandro Guillermo Chacón Zúñiga." (El subrayado es de este tribunal).
Sin que resulte obstáculo para arribar a la anterior conclusión, que la actuaria tenga fe pública dado que esa investidura no convalida las irregularidades en que incurrió al practicar la prueba de cotejo de que se trata.
Al respecto y, por contener el mismo principio jurídico, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia que en seguida se transcribe:
"Registro Número 241095
"Séptima Época
"Instancia: Tercera Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Volúmenes: 103-108, Cuarta Parte
"Página: 147
"EMPLAZAMIENTO ILEGAL. LA FE PÚBLICA DE QUE ESTÁ INVESTIDO EL FUNCIONARIO QUE LO PRACTICA, NO CONVALIDA LAS ALTERACIONES Y CONTRADICCIONES EN QUE INCURRA. Es verdad que la finalidad que persigue la ley, en lo que a determinadas notificaciones se refiere, es la de que se practiquen, preferentemente, con la persona a quien va dirigida la notificación, sobre todo cuando se trata del llamamiento a juicio, ya que así se desprende del texto del artículo 1393 del Código de Comercio y de los diversos 116 y 117 del Código Adjetivo Civil para el Distrito Federal, de aplicación supletoria al primero de dichos ordenamientos, en materia de notificaciones; pues se infiere que de esa manera la persona notificada, al tener conocimiento de la existencia del juicio al que se le llama, está en posibilidad de hacer valer en el mismo todos los derechos que la ley procesal le concede en su carácter de parte; sin embargo, no puede jurídicamente sostenerse la legalidad del emplazamiento, por el sólo hecho de que el actuario que lo practicó haya asentado en la diligencia respectiva haberla entendido personalmente con el demandado, si esto no ocurrió, pues la circunstancia de que tal funcionario esté investido de fe pública, no convalida las marcadas alteraciones y contradicciones en que incurra; de donde se sigue que, precisamente, dada la fe pública que merecen los actos de los funcionarios con potestad para otorgarlos, y tomando en cuenta las alteraciones y contradicciones que se desprenden de las preindicadas diligencias, resulte evidente que no se les puede atribuir valor probatorio alguno, ya que es de explorado derecho que las afirmaciones contradictorias violan las reglas generales de la lógica, que señalan que no puede una cosa ser y dejar de ser al mismo tiempo; y aunque es verdad que el actuario que practica el emplazamiento tiene la fe pública, esa fe no puede rebasar en manera alguna los extremos contradictorios que niegan los principios de la lógica, pues para que el actuario tenga esa fe pública no debe nunca incurrir en hechos absurdos y contradictorios.
"Amparo directo 609/76. Ricardo Siebert Otto. 19 de agosto de 1977. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Raúl Lozano Ramírez. Secretario: José de Jesús Taboada Hernández."
La violación a las leyes del procedimiento acaecida en el desahogo de la diligencia de cotejo trasciende en términos del artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo, cuenta habida que la Junta para tener por acreditado el salario que percibía el trabajador previo al despido, se apoyó en las copias fotostáticas de los recibos de salario del trabajador y el cotejo ofrecido para perfeccionarlas, cuando que como se ha visto no se encontraba perfeccionada la invocada probanza, en atención a que no fue desahogada en los términos de ley, y dado que la Junta para pronunciarse respecto al salario de la tercero perjudicado, estaba constreñida a hacerlo en términos del artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que resulta necesario que el desahogo de la prueba de cotejo sea apegado a derecho para que pueda ser susceptible de valorarse adecuadamente en la resolución que dirima el conflicto laboral.
En similares términos resolvió este tribunal los amparos directos 32/2007, 798/2007 y 735/2008, en sesiones del cuatro de julio de dos mil siete, once de enero de dos mil ocho y doce de febrero de dos mil nueve respectivamente.
No es óbice que la prueba de cotejo en análisis la haya ofrecido la contraparte del quejoso, en virtud de que conforme al artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo, la ilegal recepción de las pruebas ofrecidas por la contraria, se trata de una violación procesal que amerita reponer el procedimiento a partir de esa actuación contraria a la ley, de acuerdo a la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 74/2003, cuyos datos de localización, rubro y texto, son los siguientes:
"Registro Número 183225
"Novena Época
"Instancia: Segunda Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XVIII, septiembre de 2003
"Tesis: 2a./J. 74/2003
"Página: 442
"PRUEBA DE LA CONTRAPARTE DEL QUEJOSO. SU RECEPCIÓN INDEBIDA ES UNA VIOLACIÓN PROCESAL, POR LO QUE EL EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO ES QUE SE DEJE INSUBSISTENTE EL LAUDO O SENTENCIA DEFINITIVA Y SE ORDENE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO.-De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo que disponen los artículos 158 y 159 de la Ley de Amparo, se advierte que el amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, donde podrán reclamarse no sólo las violaciones cometidas al dictar el laudo, sino también las violaciones suscitadas en la secuela procesal. Ahora bien, en los casos en que se conceda por una cuestión de fondo el efecto será dejar insubsistente la sentencia definitiva o laudo reclamado, y que se dicte otro reparando la violación cometida al dictarla (violaciones in judicando); en tanto que cuando se concede por una violación procesal, el efecto será dejar insubsistente la sentencia definitiva o laudo combatido y reponer el procedimiento a partir del momento en que se cometió la violación declarada inconstitucional (violaciones in procedendo), así la anterior Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la tesis 4a./J. 14 (publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Cuarta Sala, Tomo IV, Primera Parte, julio a diciembre de 1989, página 337); determinó que la ilegal recepción de una prueba de la contraria se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo, de donde se concluye que al tratarse de una violación procesal, el amparo que se conceda en este evento debe tener como efecto ordenar la reposición del procedimiento a partir de la actuación contraria a la ley, y no que en la nueva resolución se le niegue valor a la prueba.
"Contradicción de tesis 72/2003-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito y Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito. 15 de agosto de 2003. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Sofía Verónica Ávalos Díaz.
"Tesis de jurisprudencia 74/2003. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintidós de agosto de dos mil tres.
"Nota: La tesis 4a./J. 14 citada, aparece publicada con el rubro: ‘VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. ADMISIÓN DE PRUEBAS A LA CONTRAPARTE DEL QUEJOSO. PROCEDE RECLAMAR LA VIOLACIÓN RESPECTIVA EN AMPARO DIRECTO.’."
En la inteligencia de que atento a lo que dispone la jurisprudencia anterior, obligatoria en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, no es posible conceder la protección constitucional para que se le reste valor a la prueba, sino para los efectos que se indican más adelante.
Por tanto, lo que procede es conceder la protección constitucional solicitada para el efecto de que la Junta responsable, conforme a los lineamientos trazados en esta ejecutoria, realice lo siguiente:
1. Deje insubsistente el laudo reclamado.
2. Proceda a reponer el procedimiento a fin de que,
2.1. Previamente a la emisión del laudo, señale día y hora para que tenga verificativo la reinstalación del actor y lleve a cabo dicha diligencia, salvo por causas imputables a las partes.
2.2. Ordene de nueva cuenta el desahogo de la prueba de cotejo ofrecida por la demandada, en la cual el actuario procederá conforme a los términos ordenados para su desahogo, empero en el acta que llegue a levantar deberá recabar la firma de la persona con quien entienda la diligencia respectiva o, bien, asiente razón por la cual dicha persona se niegue a firmarla.
Dado el sentido de la presente resolución, es innecesario el estudio de los conceptos de violación que ve al fondo del asunto, en atención a la jurisprudencia número 107, cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes:
"Registro Número 917641
"Séptima Época
"Instancia: Tercera Sala
"Fuente: Apéndice 2000
"Tomo: VI, Común, Jurisprudencia SCJN
"Tesis: 107
"Página: 85
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS.-Si al examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo resulta fundado uno de éstos y el mismo es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la protección y el amparo de la Justicia Federal, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de queja.
"Séptima Época:
"Amparo directo 455/80. Modesto Barreto González y coagraviado. 5 de noviembre de 1981. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: J. Alfonso Abitia Arzápalo. Secretaria: Gilda Rincón Orta.
"Amparo directo 1507/81. Felipe Franzoni Chávez. 9 de noviembre de 1981. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: J. Alfonso Abitia Arzápalo. Secretaria: Gilda Rincón Orta.
"Amparo directo 4401/81. Carlos Antonio Cabanillas Paredes. 17 de marzo de 1982. Mayoría de cuatro votos. Ponente: J. Alfonso Abitia Arzápalo. Secretaria: Gilda Rincón Orta.
"Amparo directo 140/81. Josefina Quevedo viuda de Villarreal. 3 de mayo de 1982. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Jorge Olivera Toro. Secretaria: Gilda Rincón Orta.
"Amparo directo 3560/81. Alberto Eljure Fayad. 7 de mayo de 1982. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Jorge Olivera Toro. Secretario: Julio Humberto Hernández Fonseca.
"Informe 1982, Parte II, página 8, Tercera Sala, tesis 3."
Asimismo se comparte la tesis de jurisprudencia número I.6o.T. J/15, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes:
"Registro Número 220981
"Octava Época
"Instancia: Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: VIII, diciembre de 1991
"Tesis: I.6o.T. J/15
"Página: 141
"VIOLACIONES PROCESALES, CONCEDIDO EL AMPARO POR, ES INNECESARIO EL ESTUDIO DE LAS VIOLACIONES DE FONDO.-Resulta innecesario entrar al estudio de las violaciones de fondo aducidas en la demanda de amparo, si se concedió la protección de la justicia federal al quejoso, para el efecto de que se reponga el procedimiento por violaciones cometidas en el mismo, pues en cumplimiento de esta ejecutoria, la autoridad responsable deberá dictar un nuevo laudo donde las violaciones de fondo acusadas podrán ser reparadas al resolver de nueva cuenta el fondo del negocio.
"Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito.
"Amparo directo 7656/90. Blanca Esther Nova Aspra. 11 de octubre de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Carolina Pichardo Blake. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo.
"Amparo directo 906/91. Alma Gabriela Sánchez Estrada. 18 de febrero de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Carolina Pichardo Blake. Secretaria: Socorro Álvarez Nava.
"Amparo directo 4446/91. Jefe del Departamento del Distrito Federal. 22 de mayo de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Carolina Pichardo Blake. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo.
"Amparo directo 7066/91. Patricia Capetillo García. 12 de agosto de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Carolina Pichardo Blake. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo.
"Amparo directo 9986/91. Petróleos Mexicanos. 14 de octubre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Carolina Pichardo Blake. Secretaria: Socorro Álvarez Nava.
"Nota: Esta tesis también aparece publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 48, diciembre de 1991, página 74."
Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 76, 77, 78 y 190 de la Ley de Amparo y 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
ÚNICO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a Juan José Banda Andrade contra el acto que reclama de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, precisado en el resultando primero de esta ejecutoria, para los efectos que se indican en el considerando que antecede.
Notifíquese; y anótese en el libro de registro, con testimonio autorizado de esta resolución vuelvan los autos originales al lugar de su procedencia.
Así, por unanimidad, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito integrado por los Magistrados: presidente Abraham Calderón Díaz, ponente Alfredo Gómez Molina y Guillermo Vázquez Martínez, ante la secretaria que da fe.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21916-8f707709/cotejo-de-documentos-en-el-procedimiento-laboral-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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