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Modo: Corpus Pro

REVISIÓN EN EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CALIFICACIÓN SOBRE SU PROCEDENCIA, CUANDO LAS PARTES LA CONTROVIERTAN, O CUANDO LA SALA SUPERIOR DE OFICIO SE PRONUNCIE SOBRE EL TEMA, DEBE EFECTUARSE EN LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DEL RECURSO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 141/2005. · Registro digital (IUS): 19154
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: JUAN CRUZ QUIROZ.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Noviembre de 2005, , Pág. 789.

AMPARO DIRECTO 141/2005. JUAN CRUZ QUIROZ.

CONSIDERANDO:

SÉPTIMO. Es sustancialmente fundado y de estudio preponderante el primer concepto de violación, e innecesario el análisis de los demás.

Para mejor comprensión del asunto, es conveniente relatar algunos antecedentes del juicio de amparo.

1. Juan Cruz Quiroz promovió juicio contencioso administrativo en contra del gobernador del Estado, secretario de finanzas y tesorero general del Estado, director de la Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público del Estado, secretario de Vialidad y Tránsito del Municipio de Monterrey, secretario de Seguridad, Vialidad y Tránsito del Municipio de San Nicolás de los Garza, secretario de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Apodaca, secretario de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Guadalupe, secretario de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Escobedo, secretario de Seguridad Pública del Municipio de San Pedro Garza García y secretario de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Santa Catarina, todas con residencia en el Estado de Nuevo León, en el que impugnó los siguientes actos administrativos: El acuerdo de seis de septiembre de dos mil cuatro, emitido por el gobernador del Estado, a través del cual instruyó al secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado, para que tomara las medidas conducentes que evitaran la vigencia de los juegos de placas y tarjetas de circulación que se hubieran expedido para la prestación del servicio público de pasajeros, en su modalidad de vehículos de alquiler, en el periodo comprendido del cuatro de octubre de dos mil tres a esa fecha, únicamente en los casos en que se tratara de una situación de alta de vehículo, que forzosamente implicara un nuevo título de concesión expedido por esa administración y su ejecución y consecuencias, consistentes en la revocación o cancelación de la anterior concesión, sus placas y tarjetas de circulación; la imposición de medidas de seguridad, tales como la suspensión de la concesión; el retiro de circulación y depósito del vehículo propiedad del demandante; y la aplicación de sanciones, tales como la suspensión de la concesión, placas y tarjeta de circulación; así como el aseguramiento, retiro de circulación y depósito del vehículo propiedad de la demandante (fojas de la 1 a la 11 del juicio contencioso administrativo).

2. Por auto de seis de octubre de dos mil cuatro, la Magistrada de la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado, admitió la demanda (fojas de la 20 a la 22).

3. Por oficio 3897/2004, presentado el uno de noviembre de dos mil cuatro, el subprocurador del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, en suplencia del subprocurador jurídico de la mencionada procuraduría, con fundamento en los artículos 8, fracción I, 28 y 64, fracción II, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia en el Estado; 112, fracción II, del reglamento correlativo, en relación con el 33, fracción II, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado, interpuso recurso de revisión contra el auto que admitió la demanda (fojas de la 1 a la 10 del recurso de revisión).

4. Mediante proveído de tres de noviembre de dos mil cuatro, la Magistrada de la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado, tuvo a dicha autoridad por presentando el recurso de revisión aludido en el punto anterior, con el que corrió traslado a las partes para que expusieran lo que a su derecho conviniera ante la Sala Superior de ese tribunal, a quien le remitió el original del expediente, las constancias de emplazamiento y de las notificaciones de ese acuerdo (foja 12).

5. Por oficio 4208/2004, presentado el uno de diciembre de dos mil cuatro, el subprocurador jurídico de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, ocurrió ante el Magistrado de la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado, en su calidad de parte derivada del artículo 33, fracción III, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, a dar contestación a la demanda (fojas de la 270 a la 289).

6. Por auto de tres de diciembre de dos mil cuatro, la Magistrada de la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado, tuvo, entre otras autoridades, al subprocurador jurídico de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, por contestando la demanda, por oponiendo excepciones, defensas y conceptos de impugnación, cuyo estudio reservó para la sentencia definitiva (foja 291).

7. El catorce de enero de dos mil cinco, el Magistrado de la Sala Superior y presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado, resolvió el recurso de revisión, en el sentido de revocar el auto recurrido para el efecto de que se emitiera otro debidamente fundado y motivado, en el que se desechara la demanda, con fundamento en el artículo 48, fracción I, en relación con el 56, fracciones V y IX, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado. Resolución que se notificó a la quejosa el veintiséis de enero de dos mil cinco (fojas de la 30 a la 38).

8. En cumplimiento a la ejecutoria referida en el punto anterior, el veinticinco de enero de dos mil cinco, la Magistrada de la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado, dictó un proveído en el que desechó la demanda. Auto que se notificó a la quejosa el uno de febrero de dos mil cinco (fojas de la 369 a la 373).

9. Juan Cruz Quiroz, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos del Magistrado Superior y presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado y la Magistrada de la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado, que hizo consistir en las resoluciones de catorce y veinticinco de enero de dos mil cinco.

Demanda que la quejosa presentó ante la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, el diecisiete de febrero de dos mil cinco (fojas de la 10 a la 20 del juicio de amparo).

10. Por oficio 261/05, la Magistrada de la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado remitió la demanda de amparo al Magistrado de la Sala Superior y presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, toda vez que de la demanda se advertía que esa Sala Superior había emitido la sentencia interlocutoria reclamada y había sido señalada como autoridad responsable, por lo que le correspondía el trámite de la demanda de amparo (foja 9 del juicio de amparo).

Oficio de la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, al que se anexó la demanda de amparo, que recibió la Sala Superior de ese tribunal, el veintiuno de febrero de dos mil cinco.

11. El dieciocho de mayo de dos mil cinco, el Magistrado presidente de este Tribunal Colegiado, admitió la demanda de amparo (fojas 55 a 57).

12. Inconforme con la admisión del juicio de amparo directo, el subprocurador jurídico de la Procuraduría General de Justicia del Estado, autoridad señalada como tercero perjudicado, interpuso recurso de reclamación en su contra, relacionado con el presente juicio de amparo, el que se declaró infundado en sesión de esta fecha.

Pues bien, en el primer concepto de violación de la demanda de amparo, la parte quejosa argumenta:

- Que los actos reclamados violan en su perjuicio las garantías de legalidad y seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, por la falta e inexacta aplicación de los artículos 17, fracciones IV y X, 33, fracción III, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo León; 17, fracción XI y 18, fracción XIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Nuevo León, vigente del catorce de septiembre de mil novecientos noventa y ocho al veinticinco de noviembre de dos mil cuatro.

- Para efectos de los artículos 44, 46 y 161 de la Ley de Amparo, la quejosa señala que el auto reclamado a la Sala responsable es de efectos definitivos porque desecha la demanda y da por concluido el juicio, sin decidirlo en lo principal y, además, se dicta en cumplimiento de la resolución reclamada al Magistrado responsable, y las leyes comunes no conceden ningún recurso ordinario por virtud del cual pueda ser modificado o revocado.

- Asimismo, la agraviada señala que en el caso las violaciones cometidas en el procedimiento, previas al anterior auto, se cometieron con el llamamiento a juicio al subprocurador jurídico; con la admisión del recurso de revisión y; con la resolución favorable del mismo.

- Que los actos reclamados son ilegales y violatorios de garantías individuales, porque el auto admisorio, oficiosamente, sin citar fundamento legal alguno, hizo el anterior llamamiento.

- Que también son ilegales porque en el caso concreto no se está dentro de los supuestos previstos por el artículo 33, fracción III, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo León, para llamar al juicio como parte a ese funcionario.

- Que el numeral en comento previene que será parte en el juicio contencioso, la dependencia del Ejecutivo del Estado a quien determine la ley, si la resolución o acto impugnado es de naturaleza administrativa estatal, y es el caso que en la especie, la naturaleza del acto administrativo estatal impugnado trata sobre la regulación del servicio público de transporte de pasajeros en su modalidad de vehículos de alquiler.

- Que es obvio que por determinación específica de la Ley de Administración Pública y la Ley del Transporte del Estado para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público del Estado, las únicas dependencias facultadas para regular este servicio son: El gobernador del Estado; la Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público del Estado; y, la Secretaría General de Finanzas y Tesorería del Estado.

- Que el subprocurador jurídico no está facultado para regular el servicio público de transporte de pasajeros en su modalidad de vehículos de alquiler, pues ni la Ley Orgánica de la Administración Pública, ni la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, vigente hasta el veintiséis de noviembre de dos mil cuatro, aplicable al caso, determinan que el citado funcionario esté facultado para intervenir en la regulación del referido servicio público de transporte de pasajeros, ya que al ser parte integrante de la Procuraduría General de Justicia, queda limitado a intervenir sólo en los asuntos que competen a esa dependencia, y desde luego en aquellos que puedan ser delegados por el procurador general de Justicia, como titular de la misma y, es el caso que los asuntos que competen a la dependencia están específicamente determinados en el artículo 23 de la citada Ley Orgánica de la Administración Pública, entre los que, desde luego, no se encuentran el de intervenir en los asuntos relacionados con el transporte público de pasajeros en su modalidad de vehículos de alquiler.

- Que en todo caso, el procurador sí está facultado por el artículo 23, fracción VI, para intervenir como representante legal del Ejecutivo del Estado, en los juicios en que éste sea parte, pero tal atribución no es delegable a los subprocuradores, toda vez que no está dentro de las enumeradas por el artículo 16 de la Ley Orgánica de la Procuraduría de Justicia, aplicable al caso y, el procurador no fue llamado al juicio; habida cuenta que los subprocuradores, conforme a los artículos 17, fracción XI, y 18, fracción XIV, de esta misma ley, sólo están facultados, en ausencia del procurador, a "rendir informes" en los juicios de amparo, demandas, recursos y promociones en procedimientos judiciales, laborales y contenciosos administrativos, "pero no a interponer recursos".

- Que tan no existe ordenamiento legal alguno que faculte al subprocurador a intervenir en los asuntos relacionados con el servicio de transporte público, que el propio promovente se perdió al fundamentar su recurso, pues los artículos 8, 28 y 64, fracción II, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia y 112, fracción II, de su reglamento, vigentes hasta el veintiséis de noviembre de dos mil cuatro, citados en el escrito relativo, no sustentan su legitimidad para intervenir en el juicio; el artículo 8, refiere las facultades de la procuraduría para requerir informes, documentos y opiniones de dependencias gubernamentales y personas físicas y morales; el artículo 28, refiere las facultades de la procuraduría en materia de atención a las víctimas o los ofendidos por delitos; el artículo 64 refiere las vacaciones de los servidores de la procuraduría y no contiene ninguna fracción y, el 112, fracción II, del reglamento, refiere la forma de suplir a los subprocuradores cuando la ausencia de uno y otro no exceda de treinta días.

- La falta de legitimidad y competencia del funcionario para ser llamado a juicio y para comparecer al mismo, por sí misma, evidencia la ilegalidad de los actos reclamados, porque es inconcuso que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite, de ahí que al no existir fundamento legal para llamar al juicio como parte al funcionario, admitirle el recurso, resolverlo en su favor revocando el auto de admisión de la demanda y, como consecuencia, desechar la demanda, violan en perjuicio de la quejosa los preceptos legales citados en este apartado, en especial el artículo 17, fracciones IV y X, último párrafo, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, porque al desechar la demanda, la quejosa quedó indefensa, sin audiencia, impedida para ejercer los derechos que le concede este precepto de impugnar por los medios de defensa ordinarios, en este caso la demanda administrativa, el acuerdo emitido por el Ejecutivo Estatal de fecha seis de septiembre de dos mil cuatro, que ostensiblemente agravia y afecta sus intereses jurídicos y económicos, lo cual viola flagrantemente las garantías de legalidad, de seguridad y de debido proceso legal, tuteladas por los artículos 14 y 16 constitucionales, lo que amerita conceder el amparo solicitado.

El concepto de violación expuesto, es sustancialmente fundado, en cuanto hace valer una violación formal, consistente en la falta de fundamentación de la resolución de catorce de enero de dos mil cinco, dictada por la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado.

En efecto, el artículo 16 constitucional, en su primer párrafo, a la letra dice:

"Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento."

Sobre el tema de la fundamentación y motivación de los actos de autoridad, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 260, visible en la página 175, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, define tales conceptos:

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas."

Pues bien, como se destacó en los antecedentes del juicio de amparo, en el juicio contencioso administrativo, la actora no señaló como autoridad demandada al subprocurador jurídico de la Procuraduría General de Justicia en el Estado.

Sin embargo, dicha autoridad, por oficios presentados el primero de noviembre y primero de diciembre, ambos de dos mil cuatro, ante la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, en el primero, interpuso recurso de revisión en contra del auto que admitió la demanda y, en el segundo contestó la demanda.

Por su parte, la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado, mediante proveídos de fechas tres de noviembre y tres de diciembre, ambos de dos mil cuatro, tuvo por presentado el recurso de revisión de que se trata y, por contestada la demanda, respectivamente.

El primero de los proveídos referidos, esto es, el de tres de noviembre de dos mil cuatro, la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, lo fundó, entre otros, en el artículo 33, fracción II, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado.

Pues bien, la parte quejosa refiere que las autoridades responsables cometieron violación al procedimiento, a través del llamamiento a juicio al subprocurador jurídico, y con la admisión y resolución favorable al mismo.

A efecto de determinar si existe la violación procesal en comento, en la admisión del recurso de revisión interpuesto por el subprocurador del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia, en suplencia del subprocurador jurídico de la mencionada procuraduría, deben analizarse las formalidades establecidas en la Ley de Justicia Administrativa, para la interposición de los recursos de revisión.

Los artículos 89, 90 y 91 de la Ley de Justicia Administrativa, a la letra dicen:

"Artículo 89. Contra los acuerdos y resoluciones dictados por los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, proceden los siguientes recursos:

"I. Revisión;

"II. Queja."

"Artículo 90. El recurso de revisión es competencia de la Sala Superior y es procedente contra las resoluciones de los Magistrados de las Salas Ordinarias que:

"I. Admitan, desechen, o tengan por no interpuesta la demanda, la contestación, la ampliación de ambas o las pruebas ofrecidas;

"II. Decreten o nieguen el sobreseimiento del juicio;

"III. Admitan o nieguen la intervención del tercero perjudicado;

"IV. Señalen el monto de las garantías o contragarantías;

"V. Resuelvan el juicio o la cuestión planteada, en el fondo;

"VI. Concedan, nieguen, modifiquen o revoquen la suspensión de los actos impugnados; o

"VII. Por violaciones procesales cometidas durante el juicio, siempre que afecten las defensas del recurrente y trasciendan al sentido del fallo; o

"VIII. Por violaciones cometidas en las propias resoluciones o sentencias."

"Artículo 91. El recurso de revisión deberá ser interpuesto por escrito con expresión de agravios, dentro del plazo de diez días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución que se impugna. Se presentará ante el Magistrado del que emane la resolución combatida, y éste correrá traslado a las demás partes en el juicio y las emplazará para que dentro de igual término expongan ante la Sala Superior del tribunal lo que a su derecho convenga.

"Emplazadas las partes, se remitirá el escrito del recurso y el expediente correspondiente a la Sala Superior del tribunal para su resolución. Vencido el término para alegar, el presidente del tribunal deberá dictar su resolución en un plazo no mayor a cinco días hábiles."

Como se ve, los preceptos legales en comento establecen, sobre todo el artículo 91, el procedimiento a seguir cuando se interpone un recurso de revisión en un juicio contencioso administrativo, a saber:

a) Que el recurso de revisión deberá ser interpuesto por escrito con expresión de agravios y dentro del plazo de diez días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución que se impugna.

b) Que el recurso de revisión se presentará ante el Magistrado del que emane la resolución combatida, y éste correrá traslado a las demás partes en el juicio y las emplazará para que dentro de igual término expongan ante la Sala Superior del tribunal lo que a su derecho convenga.

c) Emplazadas las partes, se remitirá el escrito del recurso y el expediente correspondiente a la Sala Superior del tribunal para su resolución.

d) Vencido el término para alegar, el presidente del tribunal deberá dictar su resolución en un plazo no mayor a cinco días hábiles.

Como se ve, los preceptos en comento no establecen la obligación a cargo del Magistrado de la Sala Ordinaria, para que califique la procedencia del recurso, sino que sólo prevé que ante él se presentará y que éste correrá traslado a las demás partes en el juicio y las emplazará para que dentro de igual término expongan ante la Sala Superior del tribunal lo que a su derecho convenga.

De igual forma se observa, que el ordenamiento de que se trata, tampoco exige a la Sala Superior, que dicte un proveído en el que admita o deseche el recurso de que se trata; sino únicamente prevé que una vez que transcurra el término para alegar, que otorgó a las partes su inferior jerárquico, el presidente del tribunal dicte su resolución en un plazo no mayor a cinco días hábiles.

En esa tesitura, si la ley de la materia no establece que deba existir un pronunciamiento acerca de la calificación de los recursos de revisión, en forma previa a su resolución, es claro que la falta de fundamentación y motivación que alega la quejosa, no podría darse en el auto de fecha primero de noviembre de dos mil cuatro, por el que la Sala Ordinaria tuvo por presentado el recurso de revisión, como tampoco en los autos de diecisiete y veintinueve de noviembre del mismo año, de la Sala Superior, por los que tuvo, tanto a la parte actora, como a una de las autoridades demandadas, por desahogada la vista que se les dio, para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera en la revisión.

Consecuentemente, se estima que la calificación acerca de la procedencia del recurso de revisión correspondía efectuarse en la resolución del mismo, lo que no se realizó, en virtud que la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado se limitó a abordar el estudio de los agravios de la autoridad inconforme, sin antes pronunciarse acerca de su legitimación para interponer el recurso de que se trata.

Cabe destacar que la actora, al desahogar la vista que se le dio con la interposición del recurso de revisión no hizo manifestación alguna respecto a la improcedencia del mismo, por falta de legitimación de quien lo interpuso.

Sin embargo, ello no era obstáculo para que la Sala Superior responsable analizara ese aspecto de oficio, toda vez que se trata de un presupuesto procesal de orden público.

Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia número VI.2o.C. J/206, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, localizable en la página 1000, Tomo XIV, julio de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice:

"LEGITIMACIÓN, ESTUDIO OFICIOSO DE LA.-La legitimación de las partes constituye un presupuesto procesal que puede estudiarse de oficio en cualquier fase del juicio, pues para que se pueda pronunciar sentencia en favor del actor, debe existir legitimación ad causam sobre el derecho sustancial, es decir, que se tenga la titularidad del derecho controvertido, a fin de que exista una verdadera relación procesal entre los interesados."

Consecuentemente, la violación formal que hace valer la inconforme, relativa a la falta de fundamentación y motivación, no se dio durante el procedimiento del recurso de revisión, sino en la resolución del mismo.

Por lo expuesto, es sustancialmente fundado el primer concepto de violación, en virtud de que efectivamente, la sentencia que se analiza, carece por completo de fundamentación y motivación, puesto que la Sala no citó precepto legal alguno, doctrina, ni criterio, como tampoco expuso ninguna razón que le permitiera entrar al estudio de los agravios planteados por el subprocurador jurídico de la Procuraduría General de Justicia, no obstante que esa autoridad no fue demandada en el juicio contencioso administrativo, como se advierte del capítulo relativo de la demanda, que a la letra dice:

"II. Nombre de las autoridades demandadas: 1. C. Gobernador del Estado de Nuevo León. 2. C. Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado de Nuevo León. 3. C. Director de la Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público de Nuevo León. 4. C. Secretario de Vialidad y Tránsito del Municipio de Monterrey, N.L. 5. C. Secretario de Seguridad, Vialidad y Tránsito del Municipio de San Nicolás de los Garza, N.L. 6. C. Secretario de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Apodaca, N.L. 7. C. Secretario de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Guadalupe, N.L. 8. C. Secretario de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Escobedo, N.L. 9. C. Secretario de Seguridad Pública del Municipio de San Pedro Garza García, N.L. 10. C. Secretario de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Santa Catarina, N.L."

Luego, es evidente la transgresión, a la garantía de legalidad, prevista en el artículo 16 constitucional.

No es obstáculo para concluir lo anterior, la circunstancia de que en el auto de tres de noviembre de dos mil cuatro, dictado por la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por el que tuvo por presentado el recurso de revisión de que se trata, la responsable hubiera fundado su actuación, entre otros artículos, en el 33, fracción II, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, que deben tenerse con el carácter de parte demandada, a saber:

"Artículo 33. Serán partes en el procedimiento:

"I. El demandante;

"II. Los demandados. Tendrán este carácter:

"a) La autoridad que dicte, ordene, así como la que ejecute, trate de ejecutar u omita la resolución o acto impugnado, o en su caso, quienes la sustituyan; y

"b) El particular a quien favorezca la resolución cuya modificación o nulidad pida la autoridad administrativa.

"III. Siempre será parte la dependencia del Ejecutivo del Estado a quien determine la ley, si la resolución o acto impugnado es de naturaleza administrativa estatal; y el secretario de finanzas y tesorero general del Estado, si es de naturaleza fiscal estatal. En caso de que la resolución o acto impugnado provenga de una autoridad municipal, la representación de ésta corresponderá al síndico del Ayuntamiento, observándose lo previsto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado.

"IV. Los terceros. Tienen este carácter:

"a) Cualquier persona cuyos intereses jurídicos sean o puedan ser afectados por las resoluciones del tribunal; o

"b) Quien se apersone en el juicio como coadyuvante de las autoridades administrativas o fiscales, con un interés jurídico directo en la modificación o anulación de un acto favorable a un particular, o en la confirmación de uno que le es desfavorable."

Lo anterior, toda vez que, como se dijo en esta ejecutoria, el estudio relativo a la legitimación de la autoridad para interponerlo, debe efectuarlo el Magistrado de la Sala Superior y presidente de ese tribunal, al dictar la sentencia correspondiente, a más de que, de cualquier forma en ese proveído no se expuso motivo alguno para considerar a dicha autoridad como demandada o legitimada para interponer el recurso de que se trata.

Cabe destacar además, que si bien, por auto de tres de diciembre de dos mil cuatro, la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo tuvo al subprocurador jurídico de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, por contestada la demanda, ello ocurrió un mes después de que tuvo por presentado el recurso de revisión contra el auto que contestó la demanda, por lo que no es de considerarse que a la fecha en que se interpuso el aludido recurso, ya se le hubiera reconocido ese carácter.

Asimismo, se debe precisar en esta ejecutoria, que el referido auto de fecha tres de diciembre de dos mil cuatro que tuvo por contestada la demanda, no es de examinarse en esta oportunidad, toda vez que el desechamiento de la demanda, deja insubsistentes todas las actuaciones posteriores; a más que cualquier violación procesal cometida durante el procedimiento del juicio contencioso administrativo, trascenderá hasta que, en su caso, se dicte la resolución correspondiente.

La violación formal destacada afecta la defensa de la parte quejosa, pues al desconocer los motivos y fundamentos en que la autoridad se apoyó para entrar al estudio de los agravios de una autoridad que no fue señalada como demandada, restringe su capacidad de defensa.

Consecuentemente, lo que procede es conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable, deje insubsistente la resolución reclamada y emita otra, fundada y motivada, en relación con la legitimación de la autoridad recurrente para interponer el recurso de revisión en contra del auto que admitió la demanda contenciosa administrativa.

Lo anterior, toda vez que la resolución de catorce de enero de dos mil cinco, emitida por el Magistrado de la Sala Superior y presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, y el consecuente auto de veinticinco de enero del mismo año, se emitieron en un juicio de nulidad promovido por la solicitante del amparo, por lo que no procede conceder el amparo de forma lisa y llana, sino que éste debe tener por efecto que se resuelva el recurso de revisión interpuesto dentro del juicio contencioso administrativo promovido por la aquí quejosa.

Cabe citar, la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 67/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 358, Tomo VIII, septiembre de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice:

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL EFECTO DE LA SENTENCIA QUE AMPARA POR OMISIÓN DE ESAS F

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19154-28d09c19/revision-en-el-procedimiento-contencioso-administrativo-la-calificacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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