JURISDICCIÓN CONCURRENTE. SE ACTUALIZA RESPECTO DE LA NULIDAD DE LAS CLÁUSULAS DE LOS CERTIFICADOS DE ENTREGA DE VIVIENDA Y OTORGAMIENTO DE CRÉDITO POR PARTE DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. CONTRADICCIÓN DE TESIS. ES PROCEDENTE LA DENUNCIA RELATIVA CUANDO EXISTEN CRITERIOS OPUESTOS, SIN QUE SE REQUIERA QUE CONSTITUYAN JURISPRUDENCIA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 126/2003-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, TODOS EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Las consideraciones del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito al resolver el veintisiete de agosto de dos mil tres el amparo directo ADC. 557/2003 son, en lo que interesa, las siguientes:
"SÉPTIMO. ... Del examen de las prestaciones reclamadas se desprende que todas son de naturaleza eminentemente civil, pues la acción principal que se ejercita es la nulidad absoluta de las cláusulas primera, cuarta y doceava de un certificado de entrega de vivienda y otorgamiento de crédito y, como consecuencia de lo anterior, la devolución de la suma de siete mil trescientos veintitrés pesos con cuarenta y un centavos, pagada indebidamente, así como la entrega del recibo de finiquito correspondiente y el otorgamiento de la escritura privada que ampare la propiedad del bien inmueble ubicado en el andador Claudio Debussy número sesenta guión F, manzana dos, de la unidad habitacional Infonavit Médano de Buena Vista, de la ciudad de Veracruz, Veracruz. Establecido lo anterior, es necesario hacer alusión a la materia que se pretende ventilar en el mismo y no a la relación jurídica sustancial entre las partes, para así estar en condiciones de determinar qué órgano jurisdiccional es el competente para conocer del controvertido de que se trata, de conformidad con la jurisprudencia número P./J. 83/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publica en la página 28, Novena Época, Tomo VIII, correspondiente al mes de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES.’ (se transcribe). Ahora bien, dado que la naturaleza de la acción intentada, como ya se vio, es civil, debe examinarse previamente lo que respecto a competencia en materia civil establece la Carta Magna y las leyes secundarias, para posteriormente determinar si el caso concreto encuadra en alguna de las hipótesis para que la competencia recaiga en los tribunales federales o bien en el fuero común. El artículo 104 de la Constitución, en sus fracciones I-A y III, establece lo siguiente: (se transcribe). En la fracción I-A del precepto en comento, se advierten dos supuestos: la jurisdicción federal exclusiva y la jurisdicción concurrente. Para que se dé la jurisdicción federal exclusiva son necesarios tres requisitos a saber: a) Que la controversia sea del orden civil o criminal; b) Que se suscite sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano; y, c) Que no se afecten los intereses particulares. Para que se dé la jurisdicción concurrente también son necesarios tres requisitos: a) Que la controversia sea del orden civil o criminal; b) Que se suscite sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano; y, c) Que se afecten sólo intereses particulares. En el primer supuesto, la jurisdicción federal es irrenunciable y, en el segundo, el actor puede elegir entre la federal y la local. Por lo que respecta a la fracción III del artículo 104 constitucional, será competencia de los tribunales federales el conocimiento de aquellas controversias en que la Federación sea parte. En otro aspecto, el precepto 53, fracciones I, II y VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece los casos en que un Juez de Distrito especializado en Materia Civil puede actuar como Juez de Primera Instancia. Dicho precepto dispone: (se transcribe). La fracción I del numeral citado, contempla como competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Civil, aquellas controversias que reúnan los mismos requisitos a que se refiere el artículo 104, fracción I-A, constitucional, con la salvedad de que tales controversias sean únicamente del orden civil. Conforme a la fracción VI del artículo 53 de la ley en comento, compete a los Jueces de Distrito conocer de los juicios en que la Federación fuere parte. Respecto de la fracción II de la norma 53 del mismo ordenamiento legal, compete a los Jueces de Distrito conocer de los juicios en que se afecten bienes de propiedad nacional. Por su parte, el artículo 7o. de la Ley General de Bienes Nacionales establece lo siguiente: (se transcribe). En atención a lo dispuesto en el numeral 53, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 7o. de la Ley General de Bienes Nacionales, basta con que un bien nacional pueda resultar afectado con motivo de un juicio para que competa a los Tribunales Federales el conocimiento del asunto. Así pues, es de concluirse que existen tres supuestos para que, en la especie, se surta la competencia federal: 1) El contemplado en la fracción I-A del artículo 104 constitucional y fracción I del precepto 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 2) El contemplado en la fracción III de la norma 104 de la Carta Magna y fracción VI de la disposición 53 de la Ley Orgánica en comento; y, 3) El previsto en la fracción II del numeral 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el 7o. de la Ley General de Bienes Nacionales. De acuerdo con lo antes expuesto, procede estudiar si el caso específico encuadra en alguno de los supuestos mencionados y, por tanto, si su conocimiento compete a un Juez Federal o, por el contrario, a uno del fuero común. En efecto, no se está en el supuesto de la fracción I-A del artículo 104 de la Constitución Federal y la fracción I del precepto 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que, si bien se trata de una controversia del orden civil, la misma no se suscita por el cumplimiento y aplicación de leyes federales, pues lo cierto es que la litis que se plantea en la demanda de que se trata lo constituye la nulidad de las cláusulas de un convenio celebrado entre los contendientes; por tanto, si de acuerdo con la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 2006, Quinta Época, Tomo LXVII del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: ‘NULIDAD DE LOS ACTOS JURÍDICOS.’, la nulidad de un acto jurídico debe estar expresamente establecida por la ley, y a falta de disposición expresa debe resultar de la aplicación de la regla general contenida en los Códigos Civiles de la República, según la cual los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas e imperativas serán nulos, excepto en los casos en que la ley ordene lo contrario; en consecuencia, si el artículo 19 del Código Civil para el Estado de Veracruz dispone que: (se transcribe); para determinar la nulidad o no del referido convenio deben aplicarse, necesariamente, leyes locales, como lo son el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles de la entidad veracruzana; en otras palabras, la controversia se debe regir, de conformidad con el artículo 13, fracción V, del Código Civil Federal, por el derecho del lugar en que deba ejecutarse, y como la misma habrá de llevarse a cabo precisamente en el Estado de Veracruz, es el derecho de esta entidad federativa el que debe aplicarse, sin que obste a ello el argumento de la quejosa en el sentido de que la responsable va más allá respecto del alcance que debe tener respecto de la norma en cuestión, ‘ya que el efecto jurídico del acto jurídico consiste en el contrato de otorgamiento de crédito celebrado con el Infonavit, debe desligarse del inmueble que se adquirió con dicho crédito, ya que los efectos jurídicos no serán respecto a dicho inmueble sino respecto del contrato en sí, el cual es nulo, no por el inmueble que se adquirió con tal financiamiento, sino por contener cláusulas contrarias a disposiciones de orden público’, toda vez que la fracción del artículo en cuestión dispone lo siguiente: ‘La determinación del derecho aplicable se hará conforme a las siguientes reglas: ... V. Salvo lo previsto en las fracciones anteriores, los efectos jurídicos de los actos y contratos se regirán por el derecho del lugar en donde deban ejecutarse, a menos que las partes hubieran designado válidamente la aplicabilidad de otro derecho’; así pues, aun cuando los actores fundan su demanda en diversos preceptos de leyes federales, ello no significa que sean esos los que, necesariamente, ha de aplicar el juzgador para resolver la cuestión planteada. Ciertamente, del estudio relacionado del artículo 104 de la Constitución, que dispone sobre la aplicación de leyes federales, con el diverso dispositivo 124 del mismo ordenamiento legal (sic), en cuyo texto señala que las facultades que no están expresamente concedidas por la Constitución a los funcionarios federales se entienden reservadas a los Estados, debe entenderse que los tribunales locales son competentes para conocer de las controversias que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de las leyes locales, puesto que esta materia no es competencia de los tribunales de la Federación. Ahora bien, no asiste razón a la quejosa en cuanto a que el Magistrado responsable olvidó que el artículo 124 constitucional es el que establece el sistema federal en nuestro país, que a raíz de él todas las facultades que no estén expresamente concedidas para los tribunales federales estén reservadas para los Estados, por lo que dicha disposición debe analizarse en concordancia con los diversos 73, 74, 76, 89, 104, 117 y 118 del mismo ordenamiento legal (sic), que establecen las facultades explícitas, implícitas, prohibidas, condicionadas y concurrentes de las entidades federativas y la Federación, máxime que de la fracción X del numeral 73 de la Carta Magna se aprecia que la ley del Infonavit es una facultad exclusiva del Congreso de la Unión, lo que, según ella, la dota de federalidad y, por consiguiente, la ley que debe aplicarse en forma supletoria a tal legislación es el Código Civil Federal y no una legislación local; que también se dejó de advertir que la ley del Infonavit es expedida por el Congreso de los Estados Unidos Mexicanos y que es de aplicación general en toda la República, por lo que es una ley federal, lo que actualiza la hipótesis prevista en la fracción I-A del artículo 104 constitucional, máxime, dice, que ello se corrobora con la exposición de motivos de la citada ley del Infonavit, donde se aprecia que el principal objetivo del instituto es el otorgamiento de la vivienda y que su creación es con base en el artículo 123, apartado A, de la Constitución Federal; que de igual manera se olvidó que la acción de nulidad que se está ejercitando está fundada, en el fondo, en la violación que realizó el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del artículo 44 de su ley al momento de otorgarse el crédito de mérito, y que de dicha apreciación dependerá la procedencia de las acciones accesorias que se pretenden y, en sí, la procedencia del juicio, puesto que el análisis de la violación versa sobre una ley de carácter federal, en atención a la competencia concurrente; es por lo que le asiste su derecho a decidir a qué fuero quiere acudir a dilucidar la controversia. Ello en razón de que si se promueve a través del juicio de origen de esta controversia la nulidad absoluta de algunas de las cláusulas del convenio que celebraron los contendientes, cabe concluir, que al ser un litigio regido por el Código Civil para el Estado de Veracruz y que los preceptos que norman el procedimiento son los contemplados por el código adjetivo de la misma entidad, como se vio en los párrafos que anteceden, le corresponde su conocimiento a un Juez del fuero común por aplicación de leyes locales, es decir, que la competencia sólo se surte a favor de éste y no a elección de la actora entre el fuero federal y el local; por consiguiente, en la hipótesis que se analiza no se actualiza la jurisdicción concurrente, ya que se trata de un asunto que de modo directo sólo afecta intereses particulares, en que habrán de aplicarse leyes locales en relación con la nulidad de un acuerdo de voluntades; esto, con independencia de que al estudiarse el fondo del asunto se analice lo concerniente a los preceptos de la ley del Infonavit, toda vez que, como ya se dijo, son las leyes locales civiles las que se van aplicar en la controversia de que se trata, para declarar, si procede, la nulidad de las cláusulas en cuestión. Tampoco se está en el supuesto de la fracción III del artículo 104 constitucional y fracción VI del artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que es evidente que la Federación no es parte en el juicio. Al respecto, debe destacarse que la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el conflicto competencial número 31/91, suscitado entre el Juez Décimo de lo Civil del Distrito Federal y la Juez Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, precisó lo que debe entenderse por el término de ‘Federación’ utilizado en el artículo 104, fracción III, constitucional, estableciendo que dicho vocablo se usó para significar a la nación misma, o sea, a la agrupación humana que con su poder soberano se organiza jurídica y políticamente a través del derecho para dar vida a la persona moral denominada Estados Unidos Mexicanos. De la resolución aludida surgió la tesis número LXV/92, aprobada por dicha Sala en la sesión de diecisiete de agosto de mil novecientos noventa y dos, misma que se publica en la página dieciocho, de la Octava Época, tomo 59, correspondiente al mes de noviembre de mil novecientos noventa y dos del Semanario Judicial de la Federación, cuyo contenido dice: ‘COMPETENCIA FEDERAL. SE SURTE CUANDO EN UNA CONTROVERSIA SEA PARTE LA FEDERACIÓN, ENTENDIDA ÉSTA COMO EL ENTE JURÍDICO DENOMINADO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.’ (se transcribe). Conforme al criterio sustentado en la tesis que se ha transcrito, un organismo público descentralizado no cabe dentro del concepto Federación a que se refiere el artículo 104, fracción III, de la Constitución Federal de la República, porque es evidente que una persona moral de ese tipo no puede considerarse como el Estado Federal mexicano mismo, esto es, como el ente denominado Estados Unidos Mexicanos, pues así lo sostuvo también la referida Tercera Sala al resolver el conflicto competencial antes mencionado, resolución de la que se originó la diversa tesis número LXVI, misma que se publica en la página veintiuno, Octava Época, tomo 59, correspondiente al mes de noviembre de mil novecientos noventa y dos del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto establecen: ‘COMPETENCIA FEDERAL. NO SE SURTE POR LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE QUE SEA PARTE EN EL JUICIO UN ORGANISMO DESCENTRALIZADO Y SE AFECTE O PUEDA AFECTARSE SU PATRIMONIO.’ (se transcribe). Ahora bien, con base en lo anterior, no puede afirmarse que por ser el demandado el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, que es un organismo público descentralizado de la administración pública federal, se surta la competencia a favor de los tribunales de la Federación, pues los organismos descentralizados como lo disponen los artículos 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 14 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, son unidades creadas por el Congreso de la Unión por decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo objeto consiste en la realización de actividades correspondientes a las áreas estratégicas o prioritarias, la prestación de un servicio público o social, o la obtención o aplicación de recursos para fines de asistencia social o seguridad social; sin embargo, esto no implica que éstos formen parte de Ejecutivo Federal, toda vez que no tienen por objeto el despacho de los negocios del orden administrativo relacionados con las atribuciones del titular de ese poder, sino que, en su carácter de unidades auxiliares de la administración pública federal, tienen por finalidad la ejecución de programas de desarrollo establecidos por la secretaría de Estado o departamento administrativo a que corresponda el sector dentro del cual se encuentra agrupada cada una de las mencionadas entidades, en términos de las normas 48 y 49 de la citada ley, así como los numerales 1o., 8o. y 46 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; por tanto, no basta que sea demandada en un juicio ordinario civil la institución de mérito, ya que no forma parte del Ejecutivo Federal ni mucho menos de la Federación. De igual manera, tampoco se está en el supuesto de la fracción II del artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 7o. de la Ley General de Bienes Nacionales, ya que en el juicio de mérito no se afectan, ni llegarán a afectarse, bienes nacionales. En las relatadas circunstancias y contrariamente a lo aducido por la quejosa, en el caso se está ante la competencia de los tribunales locales del Estado de Veracruz, por los motivos expuestos en los párrafos que preceden y que en obvio de repeticiones innecesarias se reproducen en este apartado, ello con independencia de lo correcto o incorrecto de lo determinado por el Magistrado del Tribunal Unitario respecto a la competencia de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, puesto que quedará al arbitrio de la peticionaria del amparo ejercer la jurisdicción de los juzgados civiles de la entidad o bien de la referida Junta, más aún, por la circunstancia de que la litis constitucional únicamente versa sobre qué tribunal debe conocer del juicio civil promovido por la inconforme, si la federal o la local, siendo, como ya se vio, que ésta debe recaer en el fuero común. En consecuencia, al ser infundados los conceptos de violación hechos valer y al no haber motivo para hacer uso de la suplencia de la queja deficiente, en términos del numeral 76 bis, fracción VI, de la ley de la materia, lo que procede es negar a la quejosa la protección constitucional solicitada."
CUARTO. Las consideraciones del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito al resolver el cuatro de septiembre de dos mil tres el amparo directo civil 520/2003 son, en lo que interesa, las siguientes:
"QUINTO. ... Por otro lado, aduce el quejoso que del contenido de su demanda se puede apreciar que se está demandando la nulidad del convenio, que esto responde a que en el mismo se violaron una serie de normas federales con base en las cuales se celebró éste, esto es, que el objetivo del convenio es el otorgamiento de un crédito de vivienda que se rige por normas establecidas por la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. La anterior inconformidad, por igual, deviene infundada. Ello es así, porque si bien en el escrito inicial de demanda se reclamó del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, como prestación principal, lo siguiente: ‘A) Cancelar y/o dejar sin efectos las cláusulas primera, cuarta y doceava del certificado de entrega de vivienda y otorgamiento de crédito, celebrado entre el suscrito y el Infonavit con fecha 27 de enero de 1988, por ser violatorias de normas de orden público contenidas en la ley del Infonavit, vigentes al momento de celebrarse dicho convenio, específicamente del artículo 44.’. Lo anterior se traduce a la nulidad de las cláusulas del convenio, y si bien en el certificado de entrega de vivienda y otorgamiento de crédito, consultable a foja dieciocho del indicado juicio se aplicaron diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; lo cierto es que a pesar de que en aquel certificado se están aplicando leyes federales, como lo es la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, no debe perderse de vista que aquel certificado deriva, de hecho, de un contrato que se realizó entre el aquí quejoso y el instituto ya mencionado, lo que evidentemente da competencia para conocer del conflicto a las autoridades jurisdiccionales del fuero común, mas no de la Federación, pues la naturaleza de la acción intentada no encuadra en el supuesto de la fracción I-A del artículo 104 constitucional, en relación con el artículo 53, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que la controversia no se suscita por el cumplimiento y aplicación de leyes federales, dado que lo que se plantea en la demanda es la cancelación o dejar sin efecto algunas cláusulas del certificado de vivienda y otorgamiento de crédito, celebrado entre el ahora quejoso y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y, por ello, si el artículo 19 del Código Civil para el Estado de Veracruz establece que los actos ejecutados al tenor de las leyes prohibitivas o imperativas serán nulas, excepto en los casos en que la ley ordene lo contrario, incuestionable resulta que para determinar la nulidad o no del indicado certificado deben aplicarse las leyes locales, dado que, se reitera, la controversia no se suscita sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales, sino se basa en la nulidad de diversas cláusulas del ya indicado certificado. Así, si la fracción V del artículo 13 del Código Civil para el Distrito Federal establece, en lo conducente, que salvo lo previsto en las fracciones anteriores, los efectos jurídicos de los actos y contratos se regirán por el derecho del lugar en donde deban ejecutarse, claro resulta que aun cuando en la demanda inicial la parte actora se apoya en preceptos de leyes federales, ello no implica que los mismos son los que debe aplicar el juzgador para resolver la controversia planteada, dado que el artículo 104, en su fracciones I-A y III, establece: (se transcribe). Por su parte, el artículo 124 de la Carta Magna consigna: (se transcribe). Lo anterior es así porque de los preceptos constitucionales ya indicados se advierte que las facultades que no están expresamente otorgadas por la Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados, de lo que se deriva que los tribunales locales son competentes para conocer sobre el cumplimiento y aplicación de las leyes locales, como es el caso que nos ocupa, ya que lo que se promovió por parte del ahora quejoso, se traduce en la nulidad de algunas de las cláusulas del ya indicado certificado y, por ello, cabe concluir que la controversia planteada se rige por las disposiciones del Código Civil para el Estado de Veracruz, y los preceptos que norman el procedimiento respectivo son contemplados por el diverso de Procedimientos Civiles para el propio Estado. Por otro lado, cabe precisar que aun cuando el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores celebró el convenio cuya nulidad se demanda, en su carácter de instituto proveedor de vivienda para los trabajadores, mas no con el carácter de particular, dicha circunstancia no implica que se surta la competencia a favor de los órganos jurisdiccionales federales, ya que, en la especie, la controversia no encuadra en el supuesto de la fracción III del artículo 104 constitucional, ni en la hipótesis contemplada en la fracción III del artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, pues si bien el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores es un organismo público descentralizado de la administración pública federal, éste, de conformidad con el artículo 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es creado por la ley o por decreto del Congreso de la Unión o del Ejecutivo Federal, dado que no tienen por objeto el despacho de los negocios de orden administrativo relacionados con las atribuciones del titular del Poder Ejecutivo Federal, sino que son auxiliares de la administración pública federal que tienen por finalidad la ejecución de programas de desarrollo establecidos por la secretaría de Estado o departamento a que corresponde el sector dentro del cual se encuentran agrupados, en términos de los artículos 48 y 49 de la ley antes mencionada, así como de los artículos 1o., 8o. y 46 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, que establecen, estos últimos, lo siguiente: (se transcribe). Luego, no basta el hecho de que en el caso el instituto ya mencionado haya sido demandado para considerar que para conocer del asunto sea competente un juzgado federal, puesto que no forma parte, en sí, de la Federación, aun cuando, en su caso, en el certificado en cuestión se contemplen aspectos y condiciones previstos en los artículos 34, 41, 42, 43, 44 y 55 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, pues, ya se dijo, si la controversia se plantea sobre la nulidad de alguna de las cláusulas del certificado de entrega de vivienda y otorgamiento de crédito, el litigio debe dirimirse por las leyes locales, en particular del Estado de Veracruz, o sea, que su conocimiento corresponde a un Juez del orden común por la aplicación de leyes locales al no encuadrar el asunto, se reitera, en el supuesto de la fracción III del artículo 104 constitucional y fracción VI del artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Se alega, además, que es conveniente precisar dos aspectos, el primero que se hace consistir en el hecho de que el convenio celebrado entre las partes se rige por la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y, en segundo, que dicha ley es de carácter federal y que el instituto sustenta su creación en el artículo 123, apartado A, de la Constitución Federal, y que en esa tesitura, del contenido del certificado de entrega de vivienda se puede apreciar que el objetivo del convenio se hace consistir en el otorgamiento de un crédito por parte del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores ‘al suscrito en mi calidad de trabajador’ y con base en ello se concluye que el convenio se rige por normas de carácter federal, como lo es la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; que por tanto, el Juez recurrido es competente para conocer del asunto, según lo establecido por el artículo 53, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 104, fracción I-A, constitucional. Lo anterior, deviene infundado, porque la litis que se plantea en la demanda inicial, la constituye, en esencia, la nulidad de algunas cláusulas del certificado ya mencionado y, por tanto, la controversia respectiva debe dirimirse, conforme se ha dicho ya, por leyes locales, atento a la distribución de competencia que señala el artículo 124 constitucional, pues de relacionar este artículo con el diverso 104, fracción I-A, de la Carta Magna, son los tribunales locales -del fuero común- los competentes para conocer de los asuntos que se susciten sobre cumplimiento y aplicación de las leyes locales, dado que en el escrito de demanda, se reitera, se reclama del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, como prestación principal, la cancelación o dejar sin efectos diversas cláusulas del certificado de entrega de vivienda y otorgamiento de crédito, y los hechos de la demanda se refieren a derechos de la parte actora derivados de la adquisición de la vivienda, de lo que se sigue que el conflicto planteado debe ser regido por el Código Procesal Civil para el Estado de Veracruz. Dado lo considerado con antelación y de que en el certificado de entrega de vivienda y otorgamiento de crédito no aparece que el inmueble a que el mismo se refiere fue desincorporado del dominio público por decreto del Ejecutivo Federal, y de que en la especie con motivo del litigio se pueden afectar intereses de particulares, amén de que no basta que se demande en un juicio al organismo de que se trata para que se surta la competencia federal, ya que éste, como ya se dijo, no forma parte del Ejecutivo Federal y menos de la Federación, se estima conforme a derecho la conclusión de la sentencia reclamada, en el sentido de que la competencia se surte en favor del fuero común; así, no tienen aplicación los criterios que invoca el quejoso, cuyos rubros dicen: ‘COMPETENCIA FEDERAL O CONCURRENTE EN UN JUICIO CIVIL. HIPÓTESIS EN QUE SE PRESENTAN, TRATÁNDOSE DE CONTROVERSIAS SOBRE APLICACIÓN DE LEYES FEDERALES O TRATADOS INTERNACIONALES.’. ‘ISSSTE. COMPETENCIA CONCURRENTE CUANDO SE DEMANDA LA NULIDAD DE UN CONTRATO DE COMPRAVENTA POR EL QUE EL INSTITUTO VENDE A UN PARTICULAR UN BIEN INMUEBLE QUE SE HA DESINCORPORADO DEL DOMINIO PÚBLICO.’. Pues no basta que sea el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores el demandado, para que se surta la competencia federal, ya que no forma parte del Ejecutivo Federal, como tampoco de la Federación. En cambio, sí tiene aplicación analógicamente, en lo conducente y por su sentido, la tesis 1a./J. 28/97, que obra en la página treinta y seis, del Tomo VI, julio de mil novecientos noventa y siete, Primera Sala, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: ‘COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO ORDINARIO CIVIL EN QUE SEA PARTE DEMANDADA LA COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA (CORETT).’ (se transcribe). Por su contenido, cobra aplicación la tesis de jurisprudencia 1a./J. 44/99, que obra en la página sesenta y tres, del Tomo X, agosto de mil novecientos noventa y nueve, Primera Sala, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto es: ‘COMPETENCIA FEDERAL. NO SE SURTE POR EL SOLO HECHO DE QUE SEA PARTE EN EL JUICIO UNA DEPENDENCIA DE UNA SECRETARÍA DE ESTADO Y SE AFECTE O PUEDA AFECTARSE SU PATRIMONIO.’ (se transcribe)."
El criterio anterior, también fue sostenido
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18320-2d1f4deb/jurisdiccion-concurrente-se-actualiza-respecto-de-la-nulidad · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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