APELACIÓN. EL TRIBUNAL DE ALZADA, AL DICTAR LA SENTENCIA QUE RESUELVE EL RECURSO, NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR LOS ALEGATOS PLANTEADOS POR LAS PARTES EN LA AUDIENCIA RESPECTIVA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 116/2004-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, al resolver el amparo directo 206/2004, en sesión de veinticuatro de junio de dos mil cuatro, sostuvo en la parte que interesa, lo siguiente:
"QUINTO. Son inoperantes en parte, e infundados en otra, los conceptos de violación. Es cierto que, como lo expone en el argumento que identificó con el número I, la Sala no se ocupó del examen de los alegatos formulados en la apelación; sin embargo, tal abstención no genera agravio que constituya violación de garantías como a continuación se expone: Tomando en cuenta que en la alzada la litis se conforma con la sentencia recurrida y los agravios formulados por el apelante, criterio de este Tribunal Colegiado es que cualquier otro argumento expuesto con posterioridad por el mismo apelante, encaminado a controvertir el fallo primigenio, no podrá ser examinado por la Sala de segundo grado puesto que tal proceder atentaría contra los principios de eventualidad y preclusión procesal que rigen en materia civil. El proceso está dividido en diversos periodos o eventos claramente distintos los unos de los otros, de tal manera que no puede iniciarse uno sin que haya terminado el que lógica y legalmente deba precederlo; dicha división obedece a exigencias jurídicas y de carácter práctico que, de no ser atendidas, producirán perjuicios evidentes e incluso, situaciones legales absurdas; para que esa división tenga eficacia jurídica y sea respetada, debe ser aplicado al proceso civil el principio de eventualidad, con la sanción correlativa de la pérdida de un derecho o de una facultad procesal, no ejercitada en tiempo oportuno. Así, las partes deben hacer valer y ejercitar en cada uno de los periodos los hechos y cuestiones sobre los que deseen una decisión judicial, para el evento de que más tarde les pueda ser útil, aunque por el momento no lo sea; por ello, si no lo hacen, pierden el derecho de hacerlo más tarde. Esta imposibilidad es la que se establece mediante el sistema de las preclusiones, o sea, la pena de la pérdida de un derecho o de una facultad procesal, que no fue ejercitada en tiempo oportuno. En el caso, la legislación procesal civil del Estado circunscribe la apelación no como un debate abierto, como el de primera instancia, en donde las partes puedan plantear nuevas pretensiones, ofrecer toda clase de pruebas adicionales, objetarlas, u oponer excepciones novedosas; sino como el medio de impugnación cuyo objeto es revisar la sentencia de primer grado según los agravios del inconforme. Dentro del mismo ordenamiento, se distinguen dos etapas perfectamente definidas cuya falta de ejercicio oportuno conlleva la pérdida del derecho relativo: Por un lado, su artículo 512 establece que el apelante dispone de un plazo de cinco días para combatir una sentencia y exponer a través del recurso los argumentos lógico jurídicos pertinentes para alcanzar la modificación o revocación del fallo; por otro, el 511 prevé que la parte que venció, puede adherirse a la apelación interpuesta al notificársele su admisión; la adhesión al recurso, destaca el dispositivo, sigue la suerte de éste. De lo anterior válidamente puede desprenderse que en la alzada no es jurídicamente examinable un argumento materia de apelación (tendente a alcanzar la modificación o revocación del fallo de primer grado) que no haya sido expuesto, precisamente, en el recurso relativo y en el tiempo que la ley concede para ello, ya que de lo contrario se avalaría el desconocimiento y la transgresión de las etapas procesales de referencia permitiendo al recurrente exponer agravios con posterioridad al perentorio plazo de cinco días, lo que concomitantemente acarrea un perjuicio directo de su contraparte quien no habrá tenido la oportunidad de interponer la apelación adhesiva pertinente. Ahora bien, el artículo 521 del Código de Procedimientos Civiles del Estado establece literalmente: ‘Artículo 521. Si se confirma la calificación y no hay motivo para desechar el recurso, se convocará a las partes a una audiencia para el octavo día de los siguientes a la declaración anterior. En esta audiencia se oirá el alegato de las partes, procediéndose enseguida conforme al primer párrafo del artículo 60. A los tres días de pronunciada la resolución, se devolverán los autos. Si las partes no concurrieren a la audiencia ni enviaren sus alegatos, la sentencia se pronunciará dentro de tres días.’. Es cierto que el precepto regula la oportunidad de las partes de exponer alegatos en la alzada; empero, tomando en consideración que los argumentos que en ellos se exponen sólo pueden servir para que las partes, en su caso, ilustren el criterio del juzgador, pero no les es factible exponer a través de ellos argumentos tendentes a obtener la revocación o modificación del fallo recurrido diferentes a los que fueron formulados en el recurso de apelación, tal como se explicó con anterioridad; por vía de consecuencia, su falta de estudio ex profeso por parte de la Sala, al resolver la apelación, no torna ilegal su sentencia, dado que tal abstención en modo alguno puede trascender al resultado del fallo por tratarse de cuestiones ajenas a la litis que conforman la alzada. Así, se considera que no es obstáculo a la anterior determinación y, por ende, no se comparte el criterio que en su beneficio invoca la quejosa, del siguiente tenor: Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIII, abril de 2001. Tesis VII.3o.C.11 C. Página 1030. Tesis aislada. Materia (s): Civil. ‘ALEGATOS. EL TRIBUNAL DE APELACIÓN DEBE OCUPARSE DE SU CONTENIDO EN EL FALLO DE ALZADA, SIEMPRE QUE LOS MISMOS ESTÉN VINCULADOS CON LA LITIS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).’ (se transcribe). Se expone tal aserto porque de la propia tesis y su ejecutoria se advierte que lo que en ella se sustenta es únicamente que la Sala tiene la obligación de ocuparse de los alegatos por el solo hecho de que en el Código de Procedimientos Civiles del Estado se regula la oportunidad de expresarlos en la alzada. Al respecto, conviene sustentar la siguiente explicación: Los artículos 60 y 521 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, hasta antes de la reforma que sufrieron mediante decreto publicado en la Gaceta Oficial de treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y ocho, establecían literalmente: ‘Artículo 60. Los puntos resolutivos de las sentencias se dictarán en la misma audiencia de alegatos, debiéndose engrosar dentro de los cinco días siguientes. Sólo cuando hubiere necesidad de que el tribunal examine documentos que en conjunto pasen de cien fojas, podrá disponer de ocho días para resolver en forma.’. ‘Artículo 521. Si se confirma la calificación y no hay motivo para desechar el recurso, se convocará a las partes a una audiencia para el octavo día de los siguientes a la declaración anterior. En esta audiencia se oirá el alegato de las partes y se pronunciarán los puntos decisorios de la resolución. El fallo será engrosado en el término de tres días y dentro de otros tres se devolverán los autos. Si las partes no concurrieren a la audiencia ni enviaren sus alegatos, la sentencia se pronunciará dentro de tres días.’. Después de la reforma, su texto quedó como sigue: ‘Artículo 60. Las sentencias se dictarán al concluir la audiencia de pruebas y alegatos o dentro de los diez días siguientes. Tratándose de expedientes de doscientas fojas en adelante, el término será hasta de quince días. En caso de incumplimiento injustificado, el Juez se hará acreedor a la sanción prevista en el artículo 40.’. ‘Artículo 521. Si se confirma la calificación y no hay motivo para desechar el recurso, se convocará a las partes a una audiencia para el octavo día de los siguientes a la declaración anterior. En esta audiencia se oirá el alegato de las partes, procediéndose enseguida conforme al primer párrafo del artículo 60. A los tres días de pronunciada la resolución, se devolverán los autos. Si las partes no concurrieren a la audiencia ni enviaren sus alegatos, la sentencia se pronunciará dentro de tres días.’. De la comparación del texto anterior y del reformado, pudiera advertirse, en apariencia, que el legislador amplió el plazo para la resolución del recurso de apelación en aquellos casos en que se formularan alegatos; sin embargo, se considera que esa apariencia queda desvirtuada con la lectura de la exposición de motivos de la reforma, cuya iniciativa da noticia de que la precisión de términos perentorios para dictar el fallo está encaminada no a otra cosa sino a la consecución de la superior prerrogativa de la impartición de justicia pronta y expedita prevista en el artículo 17 de la Constitución Federal. Para corroborar tal aserto se transcriben a continuación los fragmentos de la iniciativa del decreto de reformas y el dictamen que recayó por parte de la legislatura, que en lo conducente señalan: ‘Iniciativa no existe razón lógica ni jurídica para dividir la sentencia por cuanto hace al momento de dictar los puntos resolutivos y de engrosar el fallo; por ello se sugiere suprimir la costumbre de otorgar términos a las partes para alegar al concluir la recepción de pruebas; siendo conveniente además, que las sentencias se dicten dentro de términos perentorios; por lo que se impone adecuar los plazos para dictarlas, así como prever sanciones para el caso de incumplimiento; a tal propósito está encaminada la reforma de los artículos 60, 221, párrafo segundo, 311, 521, primer párrafo y 523.’. ‘Dictamen. Se clarifica la distinción entre el desistimiento de la demanda y de la acción, señalándose con precisión las sanciones procesales correspondientes en una y otra hipótesis, lo que se considera un verdadero acierto; se suprime la práctica de otorgar términos a las partes para alegar al concluir la recepción de pruebas, ya que tal proceder frecuentemente sólo ha servido de pretexto dilatorio, sin que llegara a hacerse auténtico uso de ese derecho; se exige que las sentencias sean dictadas dentro de términos perentorios aunque realistas, previendo las sanciones para el caso de incumplimiento, con la intención de impedir el rezago y acercarnos al ideal constitucional de impartir justicia pronta y expedita a la ciudadanía.’. Lo anterior da pie para señalar que aun cuando el artículo 521 del Código de Procedimientos Civiles del Estado sufrió la citada reforma, sigue rigiendo, por las razones que la informan, la tesis que respecto del propio artículo 521, en su anterior texto, emitió la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente tenor: Sexta Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen LXXII, Cuarta Parte. Página 35. Tesis aislada. Materia (s): Civil. ‘APELACIÓN, ALEGATOS EN LA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).’ (se transcribe). Tesis que este Tribunal Colegiado hace suya, con la sola salvedad de que el examen de los alegatos en la apelación serían excepcionalmente analizables, si en ellos se llama la atención de la alzada respecto de cuestiones que oficiosamente se pueden estudiar en ella como las previstas por el artículo 216 del Código de Procedimientos Civiles del Estado o se controviertan las pruebas que en términos de lo dispuesto por el artículo 522 del código adjetivo citado, fueren denegadas injustificadamente en la primera instancia y las que sean supervenientes; dado que, siendo los presupuestos procesales previstos en el referido 216 de estudio preferente y oficioso, su análisis debe llevarse a cabo en cualquier estadío del proceso, y por otro lado, tomando en cuenta que en términos del citado artículo 522 el término de prueba será el que medie entre la primera resolución de la Sala y la audiencia de alegatos, es claro que en esta última etapa, la contraparte del oferente de las probanzas tiene la oportunidad de debatirlas y exponer ante la alzada lo que conforme a derecho estime pertinente. Ahora, tomando en cuenta la diferencia de criterios existente sobre un mismo punto entre el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito y el de este Tribunal Colegiado, en lo que se refiere a la obligación de la Sala de estudiar y pronunciarse expresamente en su sentencia sobre los alegatos vertidos en apelación; en términos de lo dispuesto por el artículo 196, último párrafo, de la Ley de Amparo, denúnciese ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la contradicción de tesis relativa. Por tanto, como se expuso, la falta de examen de los alegatos ningún perjuicio ocasionó a la demandante, por lo que aunque fundado el concepto de violación, resulta inoperante." (fojas 36 vuelta a 42 del expediente)".
TERCERO. Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, al resolver el amparo directo 150/2000, en sesión del veinticinco de enero de dos mil uno, sostuvo en la parte conducente lo siguiente:
"En otro contexto, aduce el promovente del amparo que la adición efectuada por la Sala responsable al resolutivo segundo del fallo de primera instancia, le causa perjuicio porque no toma en cuenta los alegatos que formuló en el toca relativo, basándose únicamente en los agravios expuestos por la apelante, lo cual lo deja en estado de indefensión. En torno a lo anterior, es de indicarse que tal planteamiento aunque es fundado, resulta inoperante para resolver el asunto favorablemente a los intereses del promovente del amparo. Lo anterior es así, toda vez que del estudio de las constancias que integran el juicio ordinario civil de que se trata, se advierte que mediante escrito de fecha veinticinco de septiembre del año dos mil, el ahora quejoso formuló alegatos en el recurso de apelación relativo; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 521 del Código de Procedimiento Civiles para el Estado, que dispone que en la audiencia de la apelación se oirá el alegato de las partes o bien éstas podrán enviarlo, en consecuencia, es jurídico estimar que el tribunal de alzada debió ocuparse del contenido de esos alegatos al dictar la sentencia que resolvió el recurso relativo, sin que ello implique que se altere la litis de segunda instancia, ya que de lo contrario no tendría razón de que existiera la regulación de los mismos en el precepto citado; sin embargo, debe decirse que en la especie, el ahora quejoso expresó en el escrito de apelación los mismos argumentos que refiere en los conceptos de violación ya estudiados con anterioridad en la presente ejecutoria; por tanto, la circunstancia de que en el caso la Sala responsable no haya hecho referencia a los citados alegatos no causa perjuicio alguno en la esfera jurídica del impetrante del amparo porque, como ya ha quedado establecido en este fallo, tales argumentos resultan infundados. Bajo esa tesitura, por economía procesal, aunque fundado debe declararse inoperante el concepto de violación respectivo, toda vez que de concederse el amparo para que se subsane la omisión apuntada a nada práctico conduciría." (fojas 78 a 79 del expediente).
Dicho criterio dio origen a la tesis aislada siguiente:
"Novena Época
"Instancia: Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, abril de 2001
"Tesis: VII.3o.C.11 C
"Página: 1030
"ALEGATOS. EL TRIBUNAL DE APELACIÓN DEBE OCUPARSE DE SU CONTENIDO EN EL FALLO DE ALZADA, SIEMPRE QUE LOS MISMOS ESTÉN VINCULADOS CON LA LITIS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). La interpretación sistemática del artículo 521 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, el cual ordena oír el alegato de las partes en la audiencia de la apelación, permite establecer que el tribunal de alzada debe ocuparse en la sentencia respectiva del estudio de los alegatos en su caso presentados, sin que ello implique alterar la litis de segunda instancia, pues considerar lo contrario, esto es, que no hay obligación del tribunal ad quem para estudiarlos, no resulta lógico ni jurídico porque no tendría razón de ser la norma, si la intención del legislador no hubiese sido la de estimar conveniente el examen de los referidos alegatos; máxime que el derecho a producir alegatos es una garantía consagrada por el artículo 14 constitucional, como la garantía de audiencia que consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.
"TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
"Amparo directo 150/2000. Pedro Aparicio Córdoba. 25 de enero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Adrián Avendaño Constantino. Secretario: Arnulfo Joachin Gómez."
Ahora bien, de la lectura de las copias certificadas de las ejecutorias que remitió el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, en las que se aseguró se había sostenido el mismo criterio establecido en la tesis transcrita, esta Primera Sala advierte que tal reiteración ocurrió únicamente en la resolución emitida el veinte de septiembre de dos mil uno, en los autos del amparo directo civil 415/2001, puesto que por lo que se refiere al juicio de amparo directo 490/2004, se tocó el tema de los alegatos en el recurso de apelación; empero, se desestimó por inoperante el concepto de violación relativo.
Por lo que se refiere al resto de las copias certificadas de las ejecutorias relacionadas con los amparos directos 287/2001, 574/2001, 49/2002, 137/2002, 729/2002, 782/2003, 121/2004, 292/2004, debe señalarse que las mismas se refieren al estudio de argumentos relacionados con el pago de gastos y costas, tema que es ajeno a la presente denuncia de contradicción de tesis.
CUARTO. Ahora bien, para que haya materia a dilucidar respecto de cuál criterio debe prevalecer, tratándose de la figura jurídica de la contradicción de tesis, debe existir, cuando menos formalmente, una oposición de criterios jurídicos en los que se controvierta la misma cuestión y para que surja su procedencia, la contradicción denunciada debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas vertidas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas, que son las que constituyen precisamente las tesis que sustentan los órganos jurisdiccionales.
Es decir, la contradicción de tesis se presenta cuando los Tribunales Colegiados contendientes, al resolver los negocios jurídicos que generan la denuncia, examinan cuestiones jurídicas iguales, adoptando posiciones o criterios jurídicos discrepantes; además, la diferencia de criterios debe presentarse en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas, requiriéndose, por otra parte, que los distintos criterios provengan del examen de elementos esenciales idénticos, porque de no ser así, no podría establecerse la existencia de una discrepancia.
Resulta aplicable al respecto la tesis de jurisprudencia número P./J. 26/2001 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro, texto y datos de localización son los siguientes:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, abril de 2001
"Tesis: P./J. 26/2001
"Página: 76
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
Así, se tiene que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, consideró, en resumen, lo siguiente:
a) Que la litis se conforma con la sentencia recurrida y los agravios formulados por el apelante, de ahí que cualquier argumento expuesto con posterioridad por el mismo apelante, encaminado a combatir el fallo, no puede ser examinado por la Sala de segundo grado, puesto que ese proceder atentaría contra los principios de eventualidad y preclusión procesal que rigen en materia civil; y,
b) Que el artículo 521 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, regula la oportunidad de las partes de exponer alegatos en la alzada; empero, los argumentos ahí expuestos, sólo pueden servir para que las partes ilustren el criterio del juzgador, porque no es factible exponer argumentos tendientes a obtener la revocación o modificación del fallo recurrido, de ahí que su falta de estudio no torna ilegal la sentencia de la Sala, ya que esa abstención no puede trascender al resultado del fallo por tratarse de cuestiones ajenas a la litis que conforma la alzada.
Por su parte el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, consideró en esencia, que de lo establecido en el artículo 521 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, en el sentido de que en la audiencia de apelación se oirá el alegato de las partes o bien éstas podrán enviarlo, es de estimarse que el tribunal de alzada debe ocuparse del contenido de esos alegatos al dictar la sentencia que resuelva el recurso relativo, sin que ello implique que se altere la litis de segunda instancia, ya que de lo contrario no tendría razón de que existiera la regulación de los mismos en dicho precepto.
De lo expuesto se advierte:
A) Que al resolver asuntos similares puestos a su consideración, los órganos colegiados examinaron la misma cuestión jurídica, es decir, si los alegatos hechos valer en la audiencia de apelación en los términos del artículo 521 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, deben ser examinados o no por el tribunal de alzada.
B) Que la diferencia de criterios, se presenta en las consideraciones de las resoluciones respectivas.
C) Que los criterios provienen del examen de los mismos elementos, pues los Tribunales Colegiados al ocuparse de la interpretación del precepto referido, arribaron a diferentes conclusiones.
De todo lo expuesto, se llega a la conclusión de que en este caso sí existe contradicción de tesis, consistente en determinar si de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 521 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, los alegatos planteados por las partes en la audiencia de apelación deben ser materia de análisis de parte del tribunal de alzada, o bien si dicho examen resulta improcedente, en virtud de que tales alegatos únicamente pueden servir para que las partes ilustren el criterio del juzgador.
No es obstáculo a lo anterior, la circunstancia de que los criterios en contraposición no constituyan jurisprudencia, porque los artículos 107, fracción XIII, párrafos primero y tercero, de la Constitución Federal, y 197-A de la Ley de Amparo, que establecen el procedimiento para resolverla, no imponen dicho requisito.
En relación con este punto, cobra aplicación la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno, que es la siguiente:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, abril de 2001
"Tesis: P./J. 27/2001
"Página: 77
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El vocablo ‘tesis’ que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificación del asunto en donde se sostuvo y, menos aún, que constituya jurisprudencia obligatoria en los términos previstos por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia."
QUINTO. Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos de las consideraciones siguientes:
Como ya quedó establecido, la presente contradicción de tesis consiste en determinar si los alegatos hechos valer por las partes en la audiencia de la apelación, en términos del artículo 521 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, deben ser estudiados por el tribunal de alzada, o bien, se debe omitir su examen por constituir sólo consideraciones para orientar el criterio del juzgador.
En consecuencia, es necesario transcribir el artículo 521 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, que textualmente dice:
"Artículo 521. Si se confirma la calificación y no hay motivo para desechar el recurso, se convocará a las partes a una audiencia para el octavo día de los siguientes a la declaración anterior. En esta audiencia se oirá el alegato de las partes, procediéndose enseguida conforme al primer párrafo del artículo 60. A los tres días de pronunciada la resolución, se devolverán los autos.
"Si las partes no concurrieren a la audiencia ni enviaren sus alegatos, la sentencia se pronunciará dentro de tres días."
Pues bien, de una interpretación literal del numeral transcrito, esta Primera Sala advierte que con independencia de que no se define lo que debe entenderse por el término "se oirá el alegato de las partes", tampoco contiene un mandato expreso mediante el cual se obligue imperativamente al tribunal de alzada para que, en el dictado de la sentencia correspondiente, se haga cargo de los alegatos que las partes formulen en la audiencia de que se habla.
En efecto, dicho precepto señala que en la audiencia se oirá el alegato de las partes, lo cual evidentemente no constituye una determinación que constriña al tribunal de alzada a calificar dicho alegato en el dictado de la sentencia y, por consecuencia, a estudiarlo y tomarlo en consideración para decidir el recurso de apelación.
En ese sentido, debe decirse que atendiendo al texto de la tesis aislada sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, se desprende que dicho tribunal realizó una interpretación sistemática del artículo 521 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, para sostener que no resultaría lógico ni jurídico considerar que no hay obligación del tribunal ad quem para estudiar los alegatos de las partes, puesto que la norma no tendría razón de ser si la intención del legislador no hubiese sido la de estimar conveniente el examen de los alegatos; además de que el derecho a expresarlos, se encuentra consagrado en el artículo 14 constitucional.
Lo considerado por el tribunal referido, conduce a esta Primera Sala a realizar un ejercicio similar con el propósito de dilucidar la presente divergencia de criterios.
En efecto, acorde con las directrices que rigen las técnicas interpretativas, se puede establecer que la interpretación sistemática obedece al estudio que tiende a decidir el significado de una disposición, sin atender a la disposición misma aisladamente considerada, sino al contexto en que está situada y en el que se combinan distintos fragmentos normativos, para obtener a partir de ellos una norma completa.
El contexto en el que se ubica el artículo 521 del código procesal en examen, corresponde al capítulo I, que trata de la revocación, reposición, apelación y la revisión de oficio, el cual a su vez se encuentra inmerso en el título décimo segundo denominado "De los recursos y de la revisión de oficio", en el que a partir del artículo 509 y hasta el 523, se hace referencia al recurso de apelación y a las condiciones que deben observarse para su debida sustanciación. Dichos preceptos literalmente dicen:
"Artículo 509. El recurso de apelación tiene por efecto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. Son apelables las sentencias, los autos que resuelven un incidente y los autos que causan daño irreparable en la sentencia."
"Artículo 510. Pueden apelar: el litigante, si creyere haber recibido algún agravio; los terceros que hayan salido al juicio y los demás interesados a quienes perjudique la resolución judicial.
"No puede apelar el que obtuvo todo lo que pidió; pero el vencedor que no obtuvo la restitución de frutos, la indemnización de daños y perjuicios o el pago de costas, si puede hacerlo."
"Artículo 511. La parte que venció puede adherirse a la apelación interpuesta al notificársele su admisión, o dentro de las veinticuatro horas siguientes a esa notificación.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18814-3754837d/apelacion-el-tribunal-de-alzada-al-dictar-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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