INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA, CUANDO ESTÁ ACREDITADO EL CUMPLIMIENTO DEL NÚCLEO ESENCIAL DE LA SENTENCIA DE AMPARO.
INCIDENTE DE INEJECUCIÓN 126/2000. ADOLFO ANGULO MONTOYA Y OTROS.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO. Ha quedado sin materia el presente incidente de inejecución de sentencia.
Esto es así en virtud de que en autos está demostrado de manera inobjetable que las autoridades responsables han realizado, cuando menos, las obligaciones jurídicas que constituyen el núcleo esencial de la sentencia de amparo y, por tanto, que dichas autoridades no han incurrido en contumacia en el cumplimiento de dicho fallo.
A este respecto debe ponerse de manifiesto que la Ley de Amparo establece diversos procedimientos para lograr el cumplimiento de las sentencias que conceden el amparo y la protección de la Justicia Federal, los cuales se excluyen entre sí y cuya procedencia depende de que se actualicen diversos supuestos. Tales procedimientos son: el incidente de inejecución de sentencia, la inconformidad, la denuncia de repetición del acto reclamado y la queja.
El procedimiento que interesa al presente estudio es el relativo al incidente de inejecución de sentencia.
Existe inejecución de sentencia cuando, a pesar de los medios utilizados para lograr el cumplimiento de la ejecutoria, éste no se logra por contumacia de las autoridades obligadas a acatar el fallo protector y a asumir los deberes en los cuales se traduce el núcleo esencial de la obligación exigida.
En el caso de la inejecución de sentencia, como uno de los procedimientos para lograr el cumplimiento de las ejecutorias de amparo, debe atenderse a lo dispuesto en los artículos 105, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, y 107, fracción XVI, de la Constitución General de la República, los cuales establecen lo siguiente:
"Artículo 105. ... Cuando no se obedeciere la ejecutoria, a pesar de los requerimientos a que se refiere el párrafo anterior, el Juez de Distrito, la autoridad que haya conocido del juicio o el Tribunal Colegiado de Circuito, en su caso, remitirá el expediente original a la Suprema Corte de Justicia, para los efectos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Federal, dejando copia certificada de la misma y de las constancias que fueren necesarias para procurar su exacto y debido cumplimiento, conforme al artículo 111 de esta ley."
"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:
"...
"XVI. Si concedido el amparo la autoridad responsable insistiere en la repetición del acto reclamado o tratare de eludir la sentencia de la autoridad federal, y la Suprema Corte de Justicia estima que es inexcusable el incumplimiento, dicha autoridad será inmediatamente separada de su cargo y consignada al Juez de Distrito que corresponda."
De dichos preceptos se infiere que existe desobediencia a la sentencia de amparo cuando la autoridad responsable, abiertamente o con evasivas, se abstiene de acatar los deberes jurídicos impuestos por la ejecutoria, esto es, cuando no realiza la conducta de dar, hacer o no hacer, que constituye el núcleo esencial de la garantía que se estimó infringida o realiza actos intrascendentes, secundarios o poco relevantes para lograr el cumplimiento.
En esa virtud, si el tribunal o Juzgado de Distrito que conoció del amparo estima que la ejecutoria no se ha cumplido, a pesar de los requerimientos dirigidos a las autoridades responsables y, en su caso, a su superior o superiores jerárquicos, cuando los hubiere, remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se inicie el incidente de inejecución de sentencia, que puede conducir a la destitución de la autoridad responsable, según lo establece la fracción XVI del artículo 107 constitucional.
Ello permite establecer que son dos las fases procesales, y dos también las autoridades judiciales federales que deben intervenir en el procedimiento al que se refieren los artículos 107, fracción XVI, de la Constitución General de la República y 105, párrafo segundo, de la Ley de Amparo.
La primera fase corresponde al tribunal que conoció del amparo y comprende la adopción de medidas tendientes al logro de la ejecución del fallo constitucional, la cual concluye, bien sea con la atención a los requerimientos de ejecución del fallo protector, por parte de las autoridades responsables, o bien, con la remisión de los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La segunda fase se desarrolla necesariamente ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que decidirá si procede la aplicación de las sanciones establecidas en el precepto constitucional supracitado, esto es, la destitución y consignación de la autoridad contumaz.
Es ilustrativo de lo anterior el siguiente criterio:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: II, octubre de 1995
"Tesis: P. LXIV/95
"Página: 160
"SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO PARA LOGRAR SU CUMPLIMIENTO. El sistema dispuesto por la Ley de Amparo para lograr el cumplimiento de las sentencias que concedan la Protección Federal se compone de diversos procedimientos, excluyentes entre sí, cuya procedencia depende de que se actualice alguno de los siguientes supuestos: 1o. Desacato a la sentencia de amparo cuando la autoridad responsable, abiertamente o con evasivas, se abstiene totalmente de obrar en el sentido ordenado por la sentencia, o bien no realiza la prestación de dar, hacer o no hacer que constituye el núcleo esencial de la garantía que se estimó violada en la sentencia, sino que desarrolla actos que resultan intrascendentes, secundarios o poco relevantes para dicho cumplimiento. En este supuesto: a) Si el Juez o tribunal que conoce del asunto declara que no se ha cumplido la sentencia a pesar de los requerimientos dirigidos a la autoridad responsable y a su superior jerárquico (artículo 105, primer párrafo), remitirá de oficio el asunto a la Suprema Corte, iniciándose el incidente de inejecución (artículo 105, segundo párrafo) que puede conducir a la destitución de la autoridad responsable en términos del artículo 107, fracción XVI, constitucional; b) Si el Juez o tribunal resuelve que la responsable cumplió la sentencia, procede la inconformidad en contra de su decisión (artículo 105, tercer párrafo), cuya resolución podría conducir a la destitución de la autoridad responsable y su consignación ante un Juez de Distrito, si la Suprema Corte comprueba que ésta incurrió en evasivas o procedimientos ilegales para incumplir, dando la apariencia de acatamiento; c) Si el quejoso elige que la sentencia de amparo se dé por cumplida mediante el pago de una indemnización, procede el incidente de pago de daños y perjuicios (artículo 105, último párrafo). 2o. Cumplimiento excesivo o defectuoso de la sentencia de amparo. En este supuesto, el quejoso puede acudir al recurso de queja en contra de los actos de la autoridad responsable (artículo 95, fracciones II y IV) y en contra de la resolución que llegue a dictarse, procede el llamado recurso de queja de queja (artículo 95, fracción V), cuya resolución no admite a su vez medio de impugnación alguno. 3o. Repetición del acto reclamado cuando la autoridad reitera la conducta declarada inconstitucional por la sentencia de amparo. En este supuesto: a) Si el Juez o tribunal resuelve que la autoridad incurrió en esta repetición, procede el envío de los autos a esta Suprema Corte para que determine si es el caso de imponer la sanción de destitución y su consignación ante un Juez de Distrito; b) Si el Juez o tribunal resuelve que la autoridad no incurrió en repetición del acto reclamado, procede la inconformidad en contra de su decisión (artículo 108), cuya resolución podría conducir, en caso de ser fundada, y una vez agotados los trámites legales, a la destitución de la autoridad y a la consignación señalada. En estos supuestos, los procedimientos que podrían conducir a la destitución de la autoridad responsable se tramitarán sin perjuicio de las medidas que deban tomarse hasta obtener el cumplimiento del fallo protector.
"Incidente de inconformidad 114/94. Manuel Huerta Rivera. 15 de junio de 1995. Unanimidad de once votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Adriana Campuzano de Ortiz."
Ahora bien, en la especie, según se puede advertir de las constancias de autos, las autoridades responsables no han incurrido en contumacia, sino que, por el contrario, han realizado cuando menos las obligaciones jurídicas que constituyen el núcleo esencial de la ejecutoria dictada por el entonces Juzgado Tercero de Distrito, actualmente Juzgado Quinto de Distrito, en el Estado de Sinaloa, en el juicio de amparo 597/81, de conformidad con lo siguiente.
Si bien en la ejecutoria no se especifican efectos, de su lectura se puede advertir que se hizo referencia a que, por un lado, los predios de los quejosos no fueron afectados por la resolución presidencial respectiva y, por otra parte, que no obstante lo anterior, dichos predios sí se encontraban comprendidos en el polígono de afectación del plano proyecto de ejecución aprobado por el cuerpo consultivo agrario para la ejecución de la resolución presidencial.
Lo anterior debería llevar, en vía de hecho y como puntos mínimos, a que a efecto de cumplir el fallo constitucional se dejara insubsistente:
a) El plano proyecto de ejecución aprobado por el Cuerpo Consultivo Agrario, ya sea totalmente, o bien, en la parte en que comprende a los predios de los quejosos;
b) Cualquier tipo de orden y acto tendiente a ejecutar ese plano proyecto de ejecución; y
c) Cualquier acto de ejecución que se pudiera haber efectuado, de ser el caso, conforme al plano proyecto de ejecución aprobado por el Cuerpo Consultivo Agrario que comprende los predios de los quejosos.
Según quedó narrado en los antecedentes, dado el incumplimiento de la sentencia de amparo, se hizo valer un primer incidente de inejecución de sentencia, que quedó registrado con el número 27/92, y respecto del cual esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó sentencia el veintiséis de abril de mil novecientos noventa y seis, en el sentido de declarar sin materia el incidente, por encontrarse en vías de cumplimiento.
Como puede advertirse de su sola lectura, en dicho fallo se determinó declarar sin materia el incidente en virtud de que la ejecutoria de amparo se encontraba en vías de cumplimiento, destacando al efecto que ya se habían realizado ciertos actos por parte de las autoridades responsables, como son que:
a) En acuerdo emitido en sesión de veintiséis de septiembre de mil novecientos noventa y cinco el Pleno del Cuerpo Consultivo Agrario de la Secretaría de la Reforma Agraria, había determinado "... se tiene como insubsistente el plano proyecto de localización autorizado por este órgano colegiado el 9 de enero de 1970, conforme al cual se pretendió ejecutar la resolución presidencial de fecha 16 de enero del año últimamente citado, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo siguiente, que concedió segunda ampliación de ejido al poblado denominado ‘La Despensa’, Municipio de Ahome, de la entidad federativa de referencia, únicamente a lo que hace a la superficie propiedad de los CC. Adolfo Angulo Montoya Mario Wizard Zacarías ..."
b) Mediante acuerdo de once de octubre de mil novecientos noventa y cinco, el coordinador agrario en el Estado de Sinaloa determinó "dejar insubsistente el oficio de comisión número 5036 de fecha 4 de noviembre de 1970, derivado de la orden de ejecución número 217052, de fecha dieciséis de mayo de 1970, que concedió segunda ampliación del ejido ‘La Despensa’, Ahome, Sinaloa, que tuvo lugar mediante diligencia de fecha 10 de julio de 1979, así como el plano de ejecución correspondiente, únicamente en lo que corresponde a la superficie propiedad de los quejosos, restituyendo a éstos en la garantía constitucional violada ..."
Ahora bien, al apreciarse las actuaciones realizadas hasta ese entonces por las autoridades responsables, se puede advertir que existía un gran avance en el cumplimiento de la ejecutoria, toda vez que, de los puntos mínimos que en su caso deberían realizarse, ya se había dejado sin efectos tanto el plano proyecto de ejecución aprobado por el cuerpo consultivo agrario, en la parte en que comprendía los predios de los quejosos, y las órdenes de ejecutar ese plano proyecto de ejecución.
Atento a lo anterior, en su caso, solamente quedarían pendientes de dejar sin efectos cualquier acto de ejecución que se pudiera haber efectuado, de ser el caso, conforme al plano proyecto de ejecución aprobado por el Cuerpo Consultivo Agrario que comprendía los predios de los quejosos.
Ahora bien, por lo que hace a ese punto, del análisis de las constancias de autos se advierte la realización de diversas actuaciones por parte de las autoridades responsables, tendientes a dejar sin efectos los posibles actos de ejecución que en su caso se efectuaron, y que inclusive motivaron que se pusiera a los quejosos en posesión de los predios de su propiedad.
En efecto, mediante oficio número V/50557, de veintiséis de diciembre de dos mil, el representante regional del Pacífico Sinaloa-Nayarit, de la Secretaría de la Reforma Agraria, informó a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación de las diligencias realizadas entre el veinte de noviembre y el veintiuno de diciembre de dos mil, que concluyeron con la restitución legal y material de los predios a los quejosos. Dicho oficio, en su parte conducente señala:
"Que con fundamento en lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo en vigor, me permito hacer llegar a usted copia certificada de las constancias relativas a la diligencia que inició el día 20 de noviembre y concluyó el 21 de diciembre del año 2000, a través de la cual se restituyó legal y físicamente en sus propiedades a los quejosos, en cumplimiento a la ejecutoria de fecha 25 de septiembre de 1986, dictada por la Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el toca en revisión No. 8013/82, derivado del juicio de amparo 597/81, antes 1451/77. Con las constancias de cumplimiento a que me refiero en el párrafo anterior, esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá emitir resolución declarando sin materia el incidente de inejecución de sentencia No. 126/2000, por haber quedado debidamente cumplimentada la resolución pronunciada en el juicio de amparo de que se trata, al haberse restituido legal y físicamente las propiedades a los quejosos."
Anexo a dicho oficio consta el informe de comisión rendido por el ingeniero Alfonso Moreno Pérez y por el licenciado Juan Antonio Romero Sepúlveda, al representante regional del Pacífico de la Secretaría de la Reforma Agraria, respecto de la comisión que se les otorgó para cumplimentar el fallo constitucional, mediante la localización y posterior restitución de los predios a los quejosos. En dicho informe se señala, en lo medular, lo siguiente:
"En cumplimiento del oficio de comisión, procedimos a documentarnos ampliamente en los expedientes que obran en los archivos de la representación regional del Pacífico, como en la delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado. Con fecha 14 de noviembre procedimos a notificar a los quejosos del juicio de amparo respecto al desahogo de las diligencias para cumplimentar la resolución del amparo 597/81 antes 1451/77, cuya diligencia se llevó a cabo a través de los CC. Adolfo Angulo Montoya y Francisco Moroyoqui Flores, representantes comunes de los quejosos, quienes firmaron de recibido el día 14 de noviembre del año 2000. El día 20 de noviembre del año 2000 procedimos en compañía de los CC. Adolfo Angulo Montoya y Francisco Moroyoqui Flores, representantes comunes de los quejosos, a llevar a cabo los trabajos topográficos de localización y ubicación de los lotes de terrenos amparados en los predios ‘Matacahui’ y ‘Bolsa de San Pablo’, sindicatura de Higueras de Zaragoza, Municipio de Ahome Estado de Sinaloa, mismos que concluyeron el día 16 de diciembre del 2000, en los que intervinieron también los CC. Jorge Alberto Álvarez Mendoza, agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la cédula III de Procedimientos Penales ‘C’, en los Mochis, Sinaloa, así como el Lic. Antonio Ojeda Benítez, notario público, con ejercicio en la misma ciudad, en estos trabajos, fuimos apoyados por los CC. Ing. Serapio Magaña Esquivel y Víctor Manuel Palma Mendoza, comisionados mediante oficios 29439 y 20440 de fecha 15 de diciembre del 2000. Los trabajos referentes al cumplimiento de la ejecutoria de que se trata fueron puntualmente hechos del conocimiento al presidente municipal del Municipio de Ahome, Sinaloa, quien firmó de recibido el 14 de diciembre, al delegado de la Procuraduría General de la República en el Estado, firmando de recibido el mismo día. De igual manera se notificó al C. Antonio Cota Cota con fecha 16 de diciembre del 2000, quien dijo ser propietario de un pequeño hato de ganado mayor y se identificó con credencial de elector 43707300, manifestando su total consentimiento en desocupar de inmediato los predios amparados; así mismo, quedó con esta fecha notificado para los mismos efectos el C. Ignacio Osuna Osuna, presidente de la Asociación Ganadera del Municipio de Ahome, Sinaloa, quien se negó a firmar de recibido después de enterarse del contenido del oficio en el que se solicitaba su colaboración para que culminara (sic) a los propietarios de ganado que venían ocupando los predios amparados y que pertenecieran a la asociación ganadera, procedieran a desocupar los citados predios materia de restitución a los quejosos amparados. Posteriormente, con fecha 18 de diciembre del año 2000, se informó a los propietarios amparados el avance de los trabajos topográficos respecto de la superficie ubicada en los predios ‘Bolsa de San Pablo’, ‘Colobampo’ y ‘Matacahui’, Municipio de Ahome, Sinaloa, con el fin de que los analizaran y estuvieran enterados de los mismos, para que los resultados fueran de su entera satisfacción y conformidad, habiendo señalado éstos, dos puntos el referente al lugar denominado ‘Las Prietas’ utilizado como de ordeña ya que se localizaron corrales y una obra de abrevadero, así como el punto relativo a la siembra de sandía en el que requerían se verificara una línea respecto a la localización topográfica. Una vez localizados los terrenos amparados, de manera topográfica a satisfacción de los CC. Adolfo Angulo Montoya Francisco Moroyoqui Flores, representantes comunes de los quejosos y del Lic. José Rosendo Corrales Saucedo, abogado de los amparistas, y contando con la presencia del C. Lic. Ernesto López Benítez, agente del Ministerio Público Federal y del C. Antonio Ojeda Benítez, notario público con ejercicio judicial en el Municipio de Ahome, Sinaloa, con fecha 21 de diciembre del 2000, y con el auxilio de los CC. Ingenieros Serapio Magaña Esquivel, Víctor Manuel Palma Mendoza, Alejandro Rodríguez Higuera y de la Lic. Fryda Guadalupe Vega Yungfermann, todos comisionados por la representación regional del Pacífico de la Secretaría de la Reforma Agraria, procedimos a dar cumplimiento a la ejecutoria dictada por la Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el expediente del juicio de amparo de que se trata, restituyendo a los propietarios amparados física y legalmente en los lotes de terreno ubicados y localizados en los predios de ‘Matacahui’, ‘Bolsa de San Pablo’ y ‘Corolobampo’, Municipio de Ahome, Estado de Sinaloa, a través de sus representantes comunes Adolfo Angulo Montoya y Francisco Moroyoqui Flores, quienes estaban asistidos y asesorados por el Lic. José Rosendo Corrales Saucedo, quienes recibieron a su entera satisfacción y conformidad los lotes de terreno a que se refiere el acta respectiva, manifestando que se dan por restituidos de las garantías constitucionales que les fueron violadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y reciben, como consecuencia, una superficie de 4,004-47-72.24 hectáreas que son la suma de los lotes que corresponden a los propietarios amparados, mismos que se pueden localizar conforme al plano que para tal efecto fue elaborado y que se agrega al acta respectiva."
De la misma forma, también se anexó el acta de cumplimiento, en que consta la localización y restitución de los terrenos a los quejosos. El contenido de dicha acta es el siguiente:
"Acta de cumplimiento a la ejecutoria emitida por la Sala Auxiliar de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el toca en revisión 8013/82, derivado del juicio de amparo 597/81, antes 1451/77, promovido por Adolfo Angulo Montoya y coagraviados en los predios ‘Matacahui’ y ‘Bolsa de San Pablo’, ubicados en el Municipio de Ahome, Estado de Sinaloa, siendo las 10:00 horas del día 16 del mes de diciembre del año 2000, que fueron entregados por concepto de segunda ampliación de ejido al poblado ‘La Despensa’, Municipio de Ahome, Estado de Sinaloa, según resolución presidencial de fecha 16 de enero de 1970, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo del mismo año, ejecutada el 10 de julio de 1970 y deslindada el 29 de noviembre del mismo año, según plano proyecto aprobado por el cuerpo consultivo agrario, en sesión de fecha 9 de enero de 1970, y que han sido materia del amparo antes citado, se constituyeron los CC. Ing. Alfonso Moreno Pérez y Lic. Juan Antonio Romero Sepúlveda, comisionados por el C. Julián Arteaga Rivera representante regional del Pacífico de la Secretaría de la Reforma Agraria, mediante oficio 20374 de fecha 8 de noviembre del 2000, en acatamiento a las instrucciones giradas por el C. Lic. Homero Garibay Sandoval, director ejecutivo de la Unidad Técnica Operativa, en oficio número 203149 de fecha 7 de noviembre del año 2000, Adolfo Angulo Montoya y Francisco Moroyoqui Flores, representantes comunes y demás coagraviados del juicio de amparo 597/81, antes 1451/77, quienes fueron citados a través del oficio de fecha 14 de noviembre del 2000, con el objeto de cumplimentar la ejecutoria de la Sala Auxiliar de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, pronunciada con fecha 25 de septiembre de 1986, en el toca en revisión número 8013/82, derivado del juicio de amparo antes señalado. Lectura del oficio de comisión. Enseguida se procedió a dar lectura del oficio número 20374 de fecha 8 de noviembre del 2000, que suscribe el representante regional del Pacífico de la Secretaría de la Reforma Agraria, mediante el cual comisiona a los suscritos Ing. Alfonso Moreno Pérez y Lic. Juan Antonio Romero Sepúlveda, para ejecutar las diligencias necesarias para dar cabal cumplimiento a la sentencia de amparo de que se trata, en acatamiento a las instrucciones giradas por el C. Lic. Homero Garibay Sandoval, director ejecutivo de la Unidad Técnica Operativa, a través del oficio número 203149 de fecha 7 de noviembre del año 2000, en el cual se expresa lo siguiente (se transcribe oficio de comisión). Lectura del considerando quinto y puntos resolutivos de la ejecutoria. De la misma forma, los suscritos comisionados procedieron a dar lectura a los presentes del considerando quinto y de los puntos resolutivos de la ejecutoria en mención, los cuales señalan lo siguiente: (se transcriben esas partes del recurso de revisión). Cumplimiento dado a la ejecutoria por el anterior delegado agrario en el Estado. De igual manera, los comisionados informaron a los presentes que el ejido tercero perjudicado ‘La Despensa’, Municipio de Ahome, Estado de Sinaloa, a través de los CC. José R. Valdez Romero, Jesús Cota Reyes y Luis López López, quienes se desempeñaban como presidente, secretario y tesorero del comisariado ejidal; y Rosario Verdugo Escobar, Antonio Cota Armenta y Manuela G. Cota Camacho, quienes se desempeñaban como consejo de vigilancia del citado poblado, fueron notificados de que se dejaron sin efectos jurídicos las diligencias practicadas con fecha 10 de julio de 1970 y 29 de noviembre del mismo año, relativas a la ejecución y deslinde de los terrenos que les fueron concedidos al núcleo agrario de referencia, por la resolución presidencial de fecha 16 de enero de 1970, sólo en lo que corresponde a las propiedades de los quejosos del referido juicio de amparo, según se hizo constar en el acta levantada el 6 de abril de 1991, por el C. Efraín Camacho Lugo, representante de la entonces delegación agraria en el Estado, que fue comisionado para tal efecto, mediante oficio 50230 de fecha 2 de abril de 1991, cuya acta de cumplimiento dado a la ejecutoria fue firmada por los integrantes del comisariado ejidal como por los integrantes del consejo de vigilancia del ejido tercero perjudicado, con la cual quedaron debidamente enterados de la diligencia que se desarrolló, la cual fue certificada por la autoridad municipal del poblado ‘La Despensa’, Municipio de Ahome, Estado de Sinaloa, misma que forma parte de las actuaciones que se han llevado a cabo para el cumplimiento de la ejecutoria en mención, las cuales se hicieron del conocimiento de la autoridad judicial respectiva. Cumplimiento dado a la ejecutoria por los anteriores cuerpo consultivo agrario y coordinador agrario en el Estado. Asimismo, y en acatamiento a la resolución judicial de que se trata, los comisionados también dieron a conocer a los presentes que el cuerpo consultivo agrario de la Secretaría de la Reforma Agraria, mediante acuerdo de fecha 26 de septiembre de 1995, dejó insubsistente el plano proyecto de localización aprobado el 9 de enero de 1970, que sirvió de base para la ejecución de la resolución presidencial que concedió segunda ampliación de ejido al poblado que nos ocupa, sólo en lo que corresponde a la superficie materia del amparo, mismo que fue debidamente notificado tanto a la parte quejosa como a los terceros perjudicados, según actas del 14 y 19 de noviembre de 1995, respectivamente; de igual manera, el coordinador agrario, hoy representante regional del Pacífico de la Secretaría de la Reforma Agraria, mediante acuerdo de fecha 11 de octubre de 1995, dejó insubsistente el oficio de comisión número 5036 de fecha 4 de noviembre de 1970, el acta de ejecución del 10 de julio de 1970, así como el plano de ejecución, de la resolución presidencial que anteriormente se menciona, pero únicamente en lo que se refiere a la superficie propiedad de los quejosos, acuerdo que fue notificado a las partes el 29 de octubre y 9 de noviembre de 1995. Localización de los terrenos amparados, llevada a cabo por los comisionados de la representación regional del pacífico de la Secretaría de la Reforma Agraria. De la misma forma, los comisionados dieron a conocer a los presentes que los terrenos amparados fueron debidamente localizados, de conformidad con los trabajos técnicos que realizaron del 20 de noviembre al 15 de diciembre del año 2000, con apoyo en la información técnica, planos y demás elementos que se localizaron en el archivo de la Representación Regional del Pacífico de la Secretaría de la Reforma Agraria, y con apoyo también en el plano que proporcionaron los citados representantes comunes del referido juicio de amparo, habiéndose ubicado la citada superficie de la siguiente manera: Polígono No. 1. Se localizó partiendo del vértice número 1, con un rumbo de S 1°-01’ E y con una distancia de 769.32 metros se llega al vértice número 2, colindando a la derecha con el ejido ‘La Despensa’, continuando con un rumbo N 62°-22’ W y una distancia de 1200.00 metros se llega al vértice número 3, colindando a la derecha con el ejido ‘La Despensa’, con un rumbo de N 45°-24’ W y con una distancia de 1652.77 metros se llega al vértice número 4, colindando a la derecha con terrenos del ejido ‘La Despensa’, con un rumbo de S 21°-37’ W y con una distancia de 1325.00 metros se llega al vértice número 1 punto donde iniciamos la descripción de este polígono, el cual encierra una superficie de 143-03-97.67 hectáreas, propiedad de los CC. Enrique Octavio Gándara Arvizu y Carlos Gándara Arvizu. Polígono No. 2. Se ubicó partiendo del vértice número 5, con un rumbo de S 44°-38’ E y con una distancia de 545.19 metros se llega al vértice número 6, continuando con un rumbo de N 14°-34’ E y con una distancia 482.12 metros se llega al vértice número 7, con un rumbo de N 44°-38’ W y con una distancia de 545.19 metros de llega al vértice número 8, con un rumbo de S 14°-24’ W y con una distancia de 482.12 metros se llega al vértice número 5, durante el recorrido de este polígono, colindando a la derecha con terrenos del ejido que nos ocupa, y a la izquierda los terrenos que se deslindan, el cual encierra una superficie de 22-53-83.47 hectáreas, propiedad del C. Francisco Arellano Peñuelas. Polígono No. 3. Se localizó partiendo del vértice número 9, con un rumbo de S 44°-38’ E y con una distancia de 545.19 metros se llega al vértice número 10, continuando con un rumbo de S 14°-24’ W y con una distancia de 482.12 metros se llega al vértice número 11, con un rumbo de S 44°-38’ E y con una distancia de 736.45 metros se llega al vértice número 12, con un rumbo de N 62°-22’ E y con una distancia de 408.57 metros se llega al vértice número 13, con un rumbo de N 14°-4’ E y con una distancia de 508.59 metros se llega al vértice número 14, con un rumbo N 14°-4’ E y con una distancia de 482.12 metros se llega al vértice número 24’, con un rumbo de N 44°-38’ W y con una distancia de 545.18 metros se llega al vértice número 23, con un rumbo de S 14°-24’ W y con una distancia de 482.12 metros se llega al vértice número 14’, con un rumbo de N 44°-38’ W y con una distancia de 545.18 metros se llega al vértice número 15, con un rumbo de N 14°-24’ E y con una distancia de 482.12 metros se llega al vértice número 16, con un rumbo de N 44°-38’ W y con una distancia de 545.19 metros se llega al vértice número 17, con un rumbo de N 14°-24’ E y con una distancia de 482.12 metros se llega al vértice número 18, con un rumbo de N 44°-38’ W y con
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18378-49cd6ef2/inejecucion-de-sentencia-debe-declararse-sin-materia-cuando · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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