CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA NO CONSTITUYE UNA AUTORIDAD INTERMEDIA ENTRE EL GOBIERNO LOCAL Y LOS MUNICIPIOS, DE LAS PROHIBIDAS POR EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 27/2004. MUNICIPIO DE BACANORA, ESTADO DE SONORA.
MINISTRO PONENTE: JUAN N. SILVA MEZA.
SECRETARIOS: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN Y MARTÍN ADOLFO SANTOS PÉREZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veinticuatro de agosto de dos mil cuatro.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por oficio presentado el veintisiete de febrero de dos mil cuatro, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jorge Ruiz Ruiz, en su carácter de síndico municipal del Ayuntamiento del Municipio de Bacanora, Estado de Sonora, promovió controversia constitucional en contra de las autoridades y por los actos que más adelante se señalan:
"Autoridades demandadas: Poder Ejecutivo del Estado; por haber emitido el acto consistente en Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Decreto que crea el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, publicado en el Boletín Oficial del Estado de Sonora el 15 de enero de 2004, así como el decreto que modifica al antes citado, mismo que fue publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de fecha 11 de febrero de 2004, actos que constituyen el objeto de la controversia. La demandada tiene su domicilio en Palacio de Gobierno, sito en calle Comonfort entre Paliza y Callejón Velazco, colonia Centenario, Hermosillo, Sonora. Acto impugnado: Lo constituye el Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Decreto que crea el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, publicado en el Boletín Oficial del Estado de Sonora el 15 de enero de 2004. Los preceptos impugnados son los siguientes: Los artículos 2o., fracción V, 3o., fracciones III y IV, y la derogación de la anterior fracción III, artículo 7o., fracción I bis y la derogación de la anterior fracción VII; artículo 9o., fracción I bis; artículo 10, fracciones I, II, III, IV, V y VI, artículos 11, 12, 13, 14 y 15. También se impugna el decreto que modifica al antes citado, mismo que fue publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de fecha 11 de febrero de 2004, se impugna el artículo 10, fracción IV."
SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes los siguientes:
"Con fecha 26 de noviembre de 1992 se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado Decreto que crea el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (CECOP), partiendo en sus consideraciones que ‘... la planeación del desarrollo se considera un deber del gobierno y una actividad de interés público; que en congruencia con lo anterior se produjo el Sistema Estatal de Planeación Democrática ...’. Es el caso que en el artículo 3o., fracción III, del decreto de creación del CECOP, contemplaba como integrante de ese organismo a las delegaciones, las que operaban en los Municipios donde se crearon y organizaron como parte de la administración paramunicipal como organismos descentralizados, de conformidad con los artículos 10, 11, 12, 13, 14 del decreto de creación del CECOP, los que fueron abrogados y sustituidos en el decreto que ahora se ataca; también se regula esa figura en los lineamientos contenidos en el Reglamento Interior del CECOP, suscrito por el Ejecutivo del Estado el 2 de mayo de 1994, en cuyo artículo 25, fracciones II y VIII, establece la promoción para constituir organismos municipales para la concertación de la obra pública, y apoyar el funcionamiento de los mismos; fue por ese motivo que en coordinación con el Gobierno del Estado, el Ayuntamiento constituyó el Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública (CMCOP), cuyo acuerdo de creación fue publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de fecha 21 de mayo de 1998, cuyo objeto se precisa en el artículo 2o., mismo que a continuación se transcribe: ‘Artículo 2o. El Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública, tendrá por objeto: I. Estimular e inducir la participación de la sociedad civil en su conjunto, en la realización de obras de infraestructura para el desarrollo social y económico del Municipio, debiendo atender oportunamente las iniciativas o proposiciones relacionadas con el interés público de ese lugar. II. Apoyar la ejecución de obras públicas relacionadas con la pavimentación, mejoramiento de edificios escolares, instalaciones deportivas, agua potable, alcantarillado y alumbrado público, mediante la concertación con los grupos y sectores sociales beneficiarios, promoviendo garantizar conjuntamente una mayor economía de costos en su ejecución, así como organizar planificadamente la recuperación financiera de las mismas. III. Celebrar con los sectores público social y privado del Municipio, Estado y Federación toda clase de convenios, contratos o acuerdos orientados al cumplimiento de sus planes y programas administrativos y económicos en general. IV. Realizar concertadamente todos aquellos actos jurídicos, económicos, financieros y administrativos, relacionados con los objetivos anteriores y que oportunamente determine su consejo directivo. El coordinador municipal integra el organismo y así se precisa en el artículo 3o., fracción III, del acuerdo de creación de la paramunicipal.’. Es así que los CMCOP como paramunicipales, que a su vez constituían las delegaciones del CECOP, tenían a su cargo estimular e inducir la participación de la sociedad civil en coordinación con los Ayuntamientos para la realización de obras públicas, como se establecía en el artículo 10 derogado y sustituido del acuerdo de creación del CECOP; también se establecía en el artículo 11, ahora derogado y sustituido, del precitado acuerdo que conformaba la delegación el CMCOP y el coordinador municipal. En los artículos 12, 13, 14 y 15 del precitado acuerdo de creación del CECOP se disponía la integración de los CMCOP y regulaban los mismos, preceptos que fueron derogados y sustituidos en el primero de los decretos que ahora se impugnan. En la forma expuesta, el CECOP y el CMCOP operaban, previa concertación, donde el Estado a través del CECOP (entidad paraestatal) dispone de recursos para los Municipios, los que los ingresan por conducto de sus correspondientes CMCOP (entidad paramunicipal), que a su vez constituyen la delegación municipal de CECOP, una vez realizado lo anterior, es por conducto de CMCOP (paramunicipal) donde, conforme al Programa de Obra Pública, los programas operativos anuales y dentro de la política del Plan Municipal de Desarrollo, se genera la participación, consulta y concertación ciudadana para la realización de las obras públicas correspondientes. Empero, con el esquema propuesto en el primero de los decretos ahora impugnados, desaparecen las delegaciones del CECOP y, por ende, el instrumento de concertación y participación ciudadana en el Municipio como son los CMCOP, esto dado la incosteabilidad del mismo por falta de los recursos que anteriormente le asignaba CECOP. Es de precisar que los recursos para el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública tienen su origen en la Ley de Hacienda del Estado, la cual en su artículo 289 establece que ‘Para beneficio del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, se causará una cuota adicional sobre impuestos y derechos del Estado, equivalente a un 15% de su importe.’. Señalando el artículo 292 de la precitada Ley de Hacienda que ‘Toda recaudación que por concepto de esta contribución se obtenga en cada Municipio, será para beneficio exclusivo y único de la Junta para el Progreso y Bienestar donde se genere el gravamen.’. A la fecha las Juntas para el Progreso fueron liquidadas y se creó el CECOP, y en los Municipios los CMCOP bajo el esquema legal antes explicado siguiendo los lineamientos de la Ley de Planeación del Estado de Sonora, pues a través de dichos organismos se canalizan recursos al Municipio generador del gravamen, y éste concertando con la comunidad realiza la obra pública de su competencia. El Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Decreto que crea el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, publicado en el Boletín Oficial del Estado de Sonora el 15 de enero de 2004, que ahora se impugna, parte de los siguientes considerandos expuestos por el Ejecutivo Estatal y que transcribo a continuación: ‘que para el Gobierno del Estado es prioridad la promoción de la participación corresponsable de la sociedad en el diseño, ejecución y vigilancia de las políticas públicas que se instrumenten con el propósito de elevar la calidad de vida de los sonorenses; que es necesario impulsar la operación de programas de gobierno que promuevan la igualdad de oportunidades para el disfrute pleno de los derechos sociales de todos los sonorenses, sobre la base de la concertación de acciones entre el Estado, la Federación y los Municipios, que alienten la más amplia y democrática participación popular, así como la acción coordinada, complementaria y solidaria de la sociedad civil; que es preciso, en las actuales circunstancias del Estado, establecer nuevas formas para la participación corresponsable y solidaria de los ciudadanos en general, y en particular de los beneficiarios de las obras y acciones de gobierno, que permitan otorgarle mayor eficacia y transparencia al ejercicio de los recursos públicos; que es propósito del Gobierno del Estado ampliar la capacidad de inversión de recursos en obras de infraestructura social básica, que fortalezca la capacidad de ejecución de los Municipios en atención a los objetivos que sobre la materia establece la Ley Federal de Coordinación Fiscal; que sobre estos criterios el Gobierno del Estado se propone realizar el Programa Estatal de Participación Social Sonorense, como estrategia que fortalezca los vínculos del gobierno con la sociedad en la concertación de obra pública, sobre los principios de corresponsabilidad, organización social, solidaria, pluralidad y transparencia; que para la instrumentación del Programa Estatal de Participación Social Sonorense se considera de particular importancia la constitución de instancias auxiliares de gobierno ciudadanizadas que permitan la participación de los sectores organizados de la sociedad civil en la priorización, concertación, organización de los grupos beneficiarios, diseño y vigilancia de las obras y acciones de gobierno; que el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública es un organismo público descentralizado que se creó con los propósitos de estimular e inducir la participación de la sociedad civil en la realización de obras de infraestructura para el desarrollo social, económico y regional del Estado, así como apoyar en la ejecución de obras públicas, mediante la concertación de los grupos sociales beneficiarios; que resulta conveniente, por la naturaleza y atribuciones del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, utilizar la estructura administrativa, normatividad y capacidad de operación para la coordinación del Programa Estatal de Participación Social Sonorense.’. Después de publicarse el primer decreto que ahora se impugna, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora de fecha 15 de enero de 2004, este Ayuntamiento hizo saber al gobernador del Estado que, a su juicio, el decreto propiciaba la creación de organismos a manera de autoridades intermedias y la invasión a la esfera de competencia municipal donde se coartaba la posibilidad de concertar la obra pública de interés del Estado y que previamente había sido contemplada por el Comité de Planeación Municipal y aprobada por el Ayuntamiento. Este Ayuntamiento, a petición del gobernador del Estado, le presentó un proyecto de modificación al primer decreto que ahora se combate, en el que se subsanaron las irregularidades observadas; el Municipio accedía a reconocer en las citadas Juntas Municipales un organismo descentralizado de la administración municipal, sustituyendo a los Consejos Municipales de Concertación de la Obra Pública, sólo que sus integrantes habrían de ser designados por los mecanismos que el Ayuntamiento como cuerpo colegiado decidiera y se eliminaban también los elementos considerados como transgresores de la esfera municipal y, por ende, de nuestra autonomía. Sin considerar la propuesta, en uso de sus atribuciones, el gobernador del Estado, en una edición especial del Boletín Oficial del Gobierno del Estado identificada como número 2, publicada en el tomo CLXXIII, de fecha 11 de febrero de 2004, publicó el Decreto que reforma la fracción IV y deroga la fracción V del artículo 10, del Decreto que crea el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, que es también materia de esta controversia, considerando para ello: ‘I. Que mediante decreto publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, No. 5, sección I, de fecha 15 de enero de 2004, se reformaron y adicionaron diversas disposiciones del Decreto que crea el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública. II. Que en los puntos considerativos del mismo quedó establecido que para la instrumentación del Programa Estatal de Participación Social Sonorense, se considera de particular importancia la constitución de instancias auxiliares de gobierno ciudadanizadas que permitan la participación de los sectores organizados de la sociedad civil en la priorización, concertación, organización de los grupos beneficiados, diseño y vigilancia de las obras y acciones de gobierno. III. Que el Programa Estatal de Participación Ciudadana Sonorense para la Obra Pública Concertada tiene como uno de sus fundamentales objetivos, el fortalecimiento de la capacidad de ejecución de los Municipios del Estado, de obra pública por concertación, con una mayor participación de la ciudadanía en la priorización de las obras a realizar, así como la vigilancia en el ejercicio de los recursos públicos y en la calidad de las obras que se realicen. IV. Que en el contexto del Programa Estatal de Participación Ciudadana Sonorense para la Obra Pública Concertada, la participación de la sociedad se ubica en el ámbito de la colaboración correspondiente, solidaria, honorífica y complementaria en apoyo a las dependencias y organismos descentralizados que ejercen recursos del Estado para la realización de obra pública en los Municipios, en plena coordinación con las autoridades municipales. V. Que es propósito del Programa Estatal de Participación Ciudadana Sonorense, fomentar la formación de una nueva cultura de democracia participativa en la sociedad sonorense, con la promoción de elementos que otorguen identidad, confianza y sentido de corresponsabilidad de los ciudadanos con su gobierno, a partir de la difusión de principios y valores de unidad, solidaridad, organización social, pluralidad y transparencia en el manejo de los recursos públicos. VI. Que es preciso en la coordinación de acciones entre el Gobierno del Estado y los Municipios, para la implementación del Programa Estatal de Participación Ciudadana Sonorense para la Obra Pública Concertada, dar mayor claridad a la función que corresponde desempeñar a las dependencias y organismos descentralizados, a los Ayuntamientos y a los organismos ciudadanos de apoyo, y para tal efecto he tenido a bien emitir el siguiente Decreto que reforma la fracción IV y deroga la fracción V del artículo 10, del Decreto que crea el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública.’."
TERCERO. Los conceptos de invalidez que adujo el promovente son los siguientes:
"Primero. El Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Decreto que crea el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública publicado en el Boletín Oficial del Estado de Sonora el 15 de enero de 2004, particularmente los preceptos impugnados, artículos 2o., fracción V, 3o., fracciones III y IV, y la derogación de la anterior fracción III, artículo 7o., fracción I bis y la derogación de la anterior fracción VII, artículo 9o., fracción I bis; artículo 9o. bis, artículo 10, fracciones I, II, III, IV, V y VI, artículos 11, 12, 13, 14 y 15, contrarían el artículo 115 constitucional en su fracción I. El Decreto que reforma la fracción IV y deroga la fracción V del artículo 10, del Decreto que crea el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado en 11 de febrero de 2004, que se impugna en lo relativo a la modificación del artículo 10, fracción IV, contraría el artículo 115 constitucional en su fracción I. Asimismo, se combaten todos los actos que son o lleguen a ser consecuentes de la aplicación de los decretos citados que modifican el Decreto que crea el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, tendientes a promover la participación ciudadana para la realización de programas de gobierno y obra pública que impacten en el Municipio; aportar a un Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal la propuesta de obra y programa de obra que se juzguen prioritarios, sin que para ello se otorgue al Gobierno Municipal participación alguna; presentar al Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública las propuestas municipales para el Programa Estatal de Obra Pública Concertada; concertar con el Estado y el Municipio la integración del Comité de Participación Social para cada obra que se ejecute en el Municipio; promover actividades para el financiamiento de obras concertadas con el Estado y el Municipio. Funciones que los decretos impugnados pretenden atribuir inconstitucionalmente a las autoridades que tratan de establecer, en tanto que la Constitución Federal, así como la Constitución Local y la Ley de Gobierno y Administración Municipal atribuyen, incuestionablemente, las mismas funciones a otras autoridades legítimamente establecidas, particularmente a las autoridades municipales. La prohibición de autoridades intermedias entre el Estado y el Municipio prevalece en nuestra Carta Magna desde 1917, con el fin de fortalecer al Municipio y protegerlo de las prefecturas designadas ya por el Estado ya por la Federación, pero instituidas como figuras intermedias entre el Estado y el Municipio. Actualmente y de conformidad con los criterios jurisprudenciales que sustenta esa Suprema Corte, para que se dé la figura intermedia que prohíbe al artículo 115, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se requiere la existencia de una autoridad ajena al Gobierno Estatal o Municipal, o de cualquier índole que quede contemplada dentro de alguna de las siguientes hipótesis: 1) Que esté dotada de facultades que lesione la autonomía municipal, de tal manera que suplante o mediatice las facultades constitucionales o invada la esfera de competencia del Ayuntamiento; 2) Que impida o afecte la comunicación directa entre el Municipio y el Gobierno del Estado. Para establecer si las disposiciones del primer decreto impugnado a que me refiero en esta controversia, violan la disposición constitucional referida, enseguida transcribo cada uno de ellos y expreso las argumentaciones conducentes: Del primero de los decretos que se controvierten se transcriben. ‘Artículo 2o. El Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, tendrá como objeto: ... V. Operar el Programa Estatal de Participación Social Sonorense como estrategia y mecanismo de coordinación entre el gobierno y la sociedad a efecto de garantizar que la obra pública y los Programas de Gobierno para el Desarrollo Social se concierten y ejecuten sobre los principios de corresponsabilidad, organización social, pluralidad, solidaridad y transparencia en el uso de los recursos.’. Sobre el particular debe hacerse notar que el Ejecutivo del Estado ha venido difundiendo públicamente el Programa Estatal de Participación Social, como una estrategia del Gobierno del Estado que promueve la participación popular y la acción coordinada y solidaria de la sociedad civil. En la forma expuesta, el programa constituye el mecanismo de participación democrática de los grupos beneficiados. En la forma expuesta, el programa apenas referido constituye el mecanismo de participación democrática, sin tomar en cuenta el esquema legal de la planeación y en especial el artículo 9o. de la Ley de Planeación para el Estado de Sonora que dispone: ‘En el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Sonora y en los Comités de Planeación Municipal, tendrá lugar la participación y consulta de los diversos grupos sociales, con el propósito de que la población exprese sus opiniones para la elaboración, actualización, ejecución y control del Plan Estatal de Desarrollo y de los Planes Municipales de Desarrollo y los programas a que se refiere esta ley.’. Es así que opera a nivel estatal el Comité de Planeación para el Estado de Sonora, y en cada Municipio un Comité de Planeación Municipal, que es donde se genera la participación ciudadana para planear la obra pública que habrá de contemplarse en los programas y presupuestos de egresos relativos, es así que en el Municipio la autoridad de gobierno y administrativa lo es el Ayuntamiento a quien compete emitir las disposiciones relativas a su organización, funcionamiento, servicios públicos, así como lo relativo a la planeación y consecuente realización de obras en lo relativo a sus atribuciones en servicios públicos y desarrollo urbano. En la forma expuesta, el Programa Estatal de Participación Social Sonorense que habrá de operar el CECOP, atento a la invasión de la esfera de competencia del Ayuntamiento y la afectación de la comunicación Estado-Municipio en la materia, es violatorio del imperativo constitucional invocado, por las razones que más adelante se expresan. El primer decreto impugnado dispone en su artículo: ‘Artículo 3o. ... II. El coordinador general. III. La Junta Estatal de Participación Social; y IV. Las Juntas de Participación Social para el Desarrollo Municipal.’. Este precepto modificó la integración del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, abrogando la anterior fracción III y sustituyéndola con las fracciones III y IV, que crean la Junta Estatal de Participación Social y las Juntas de Participación Social para el Desarrollo Municipal (a las que en lo sucesivo nos referiremos únicamente como ‘Junta Estatal’ y ‘Juntas Municipales’, respectivamente). Como más adelante se explica, las delegaciones constituían el enlace entre el Estado y Municipio y se integraban por el Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública, como un organismo paramunicipal a través del cual se concertaba en el marco de los instrumentos de planeación, y se convenía con el Estado sobre los recursos a invertir en el Municipio, así como, se generaba la concertación con particulares. Con motivo de la introducción de las dos Juntas de Participación Social, en adelante, serán dichos órganos ‘ciudadanos’ los que realizarán las funciones de planeación en lo que se refiere a las obras por concertación pública dentro de un Municipio, pero además tendrán funciones de aportar las propuestas de obras y programas que éstas mismas juzguen prioritarias en un Municipio, e igualmente podrán presentar a CECOP las propuestas municipales para el Programa Estatal de Obra Pública Concertada, lo que lleva implícito no sólo atribuciones de autoridad, sino atribuciones que ubica a estas Juntas ‘ciudadanas’ entre el Gobierno Estatal y los Municipios, como ente intermedio que obstaculiza la comunicación directa e invade la esfera de competencias de estos últimos, dado que serán estos entes (las Juntas) quienes determinarán y aprobarán esas propuestas por cada Municipio, a efecto de posteriormente presentarlas a CECOP, y en ese tenor serán los órganos a través de los cuales los Ayuntamientos podrán acceder a presentar propuestas para el Programa Estatal de Obra Pública Concertada; lo que indudablemente transgrede al artículo 115, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el primero de los decretos que cuestiona se contiene el siguiente artículo: ‘Artículo 7o. ... I bis. Definir las estrategias y mecanismos de operación el Programa de Participación Social Sonorense. ...VII. Evaluar y sancionar las actividades que desarrollen el coordinador general y la Junta de Participación Social.’. Al respecto, debe observarse que al consejo directivo del CECOP se otorga la facultad de definir estrategias y mecanismos de operación del Programa de Participación Social, lo que ya en el cuerpo del decreto que se ataca transgrede la autonomía municipal. Por otro lado, en el precepto citado se otorga la facultad al consejo directivo de evaluar y sancionar a la Junta de Participación Social, situación que muestra a la propia Junta sumisa al consejo directivo, sin que la defina dentro de una estructura oficial del CECOP, sino como supuesta entidad de participación ciudadana, aunque forma parte integrante del mismo, según se dispone en el artículo 3o. del mismo decreto ahora impugnado. Es de señalar que anteriormente la fracción VII del artículo 7o. del decreto de creación del CECOP, establecía la atribución del consejo directivo, para evaluar y sancionar las actividades que desarrolle el coordinador general y las delegaciones del consejo, donde se contemplaba la participación municipal, la que se pretende anular ahora en el decreto que se impugna. El decreto que se ataca contiene: ‘Artículo 9o. ... I bis. Coordinar las estrategias y líneas de acción que defina el consejo directivo, para la operación e instrumentación del Programa de Participación Social Sonorense.’. Este precepto está íntimamente vinculado con el precepto apenas citado con anterioridad. El decreto que se controvierte dispone: ‘Artículo 9o. bis. La Junta Estatal de Participación Social, se integrará por los ciudadanos que invite el presidente del consejo directivo; será la instancia de vinculación y coordinación para la integración y funcionamiento de las Juntas de Participación Social para el Desarrollo Municipal. Su integración y atribuciones se especificará en el reglamento interior del organismo. El titular de la Junta Estatal de Participación Social será designado por el presidente del consejo directivo.’. Sobre el particular debe señalarse que esta disposición muestra a la Junta Estatal de Participación Social como un órgano de ciudadanos y no de servidores públicos, aunque al crearla como instancia de coordinación con el Estado, le otorga el carácter de igual, esto es de autoridad. Facultad de coordinación con el gobierno que es también reconocida por el artículo 10, fracción V, del decreto en cuestión, así como en el decreto que lo reforma, publicado en la edición especial del Boletín Oficial del Gobierno del Estado el día 11 de febrero de 2004 y que también se impugna en esta controversia. La Junta tiene un presidente designado por el gobernador del Estado y es quien participa en el consejo directivo, ante ello se actualiza la sumisión del órgano ciudadano al Poder Ejecutivo. El artículo 10 del primero de los decretos impugnados establece las atribuciones de la Junta de Participación Social para el Desarrollo Municipal y así dispone: ‘Artículo 10. Las Juntas de Participación Social para el Desarrollo Municipal tendrán las siguientes funciones: I. Promover, estimular e inducir la participación de la sociedad para la realización de Programas de Gobierno y Obra Pública que impacte en el mejoramiento de la calidad de vida en el Municipio. II. Aportar al Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal las propuestas de obras y programas que se juzguen prioritarios. III. Presentar al Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, las propuestas municipales para el Programa Estatal de Obra Pública Concertada. IV. Coordinar con el Gobierno del Estado y, en su caso, con el Ayuntamiento la integración de Comités de Participación Social para cada una de las obras o programas que se ejecuten en el Municipio. V. Administrar los recursos para la ejecución de las obras y programas que se concierten en forma directa con los grupos beneficiarios; y VI. Realizar actividades de promoción para el financiamiento de obras concertadas con el Estado y/o el Municipio, que consideren la aportación de recursos por parte de la comunidad. Cada Junta comprenderá la circunscripción territorial de un Municipio. Las Juntas se identificarán con el nombre del Municipio respectivo.’. Dicho precepto fue posteriormente modificado en sus fracciones IV y V, mediante el decreto publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, de fecha 11 de febrero de 2004, para quedar como sigue: ‘IV. Coordinar con el Gobierno del Estado y con el Ayuntamiento respectivo, la integración de Comités de Participación Social para cada una de las obras o programas que se ejecuten en el Municipio. V. Se deroga.’. Asimismo, el artículo 11 del primer decreto que se controvierte dispone: ‘Artículo 11. Cada Junta de Participación Social para el Desarrollo Municipal, se integrará con los ciudadanos del Municipio que invite el presidente del consejo directivo. Entre los integrantes se invitará a los representantes de los sectores social y privado, así como a líderes de opinión del Municipio de que se trate. En cada Junta se integrará un representante del gobernador y un representante del presidente municipal respectivo.’. El artículo 10 y sus posteriores modificaciones derogaron el anterior artículo del decreto de creación de CECOP que establecía ‘Las delegaciones tendrán a su cargo estimular e inducir la participación de la sociedad civil, en coordinación con los Ayuntamientos, para la realización de obras públicas que coadyuven al desarrollo económico, social y regional; así como realizar las actividades que sean necesarias para cumplir las acciones que les están encomendadas. Cada delegación comprenderá la circunscripción territorial de un Municipio.’. El artículo 11 del decreto de creación de CECOP que fue abrogado con el que ahora se combate establecía: ‘Son órganos de cada delegación: I. El Consejo Municipal de Concertación para la Obra Públ
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18461-329fec3d/controversia-constitucional-el-consejo-estatal-de-concertacion-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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