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Modo: Corpus Pro

PERSONALIDAD EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. SI SE PRETENDE ACREDITAR EN LOS TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 692 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, CON CARTA PODER, EL NOMBRE DE LA PERSONA MORAL Y EL CARÁCTER CON QUE SE OTORGA DEBE CONSTAR EN ELLA, O BIEN DESPRENDERSE DE AUTOS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 93/2004-SS. · Registro digital (IUS): 18489
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO DEL TERCER CIRCUITO, SEXTO DEL PRIMER CIRCUITO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGUNDO DEL SEXTO CIRCUITO, ACTUALMENTE SEGUNDO TRIBUNAL COLEG
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Noviembre de 2004, , Pág. 70.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 93/2004-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO DEL TERCER CIRCUITO, SEXTO DEL PRIMER CIRCUITO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGUNDO DEL SEXTO CIRCUITO, ACTUALMENTE SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Las consideraciones de la ejecutoria pronunciada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver, en sesión de fecha veintidós de abril de dos mil cuatro, el amparo en revisión RT. 276/2004, en la parte que nos interesa, es del tenor siguiente:

"CUARTO. Los agravios propuestos por el recurrente, conducen a determinar lo siguiente: en el segundo de los agravios, el recurrente Adalberto García Arellano refiere esencialmente que la sentencia dictada por el Juez Cuarto de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal, es ilegal, en tanto que de la carta poder con la que pretendió acreditar la personalidad Alfredo Padilla Gutiérrez, por parte de la demandada Vázquez Abogados, Sociedad Civil, no se observa de manera alguna que tal carta poder la hubiere expedido Evangelina López Ortiz, como administradora única o representante de la persona moral indicada; asimismo, esta última persona fue demandada en el juicio laboral de origen, por lo que si en el juicio laboral se exhibió una carta poder cuyo texto implica que dicha persona le otorga en lo personal poderes a diversos profesionistas, y así fue exhibida en el juicio, esto quiere decir lógicamente que les expidió dicha carta para que la representaran en el juicio en lo personal como codemandada física y no como representante de la persona moral, máxime que en la carta poder se plasman manifestaciones unilaterales de la voluntad. De las constancias que se adjuntaron al informe justificado, consistentes en copia certificada de diversas actuaciones del juicio laboral 309/2002, se aprecia que Adalberto García Arellano presentó demanda laboral contra Vázquez Abogados, Sociedad Civil, Pedro Vázquez Martínez, Evangelina López Ortiz, Pedro Vázquez López, Rosalba Santiago Bolaños y/o quien resulte responsable o propietario de la fuente de trabajo, diversas prestaciones, entre las que se encuentran, el pago de indemnización constitucional, salarios vencidos, prima de antigüedad, horas extras y demás, con motivo del despido del que dice ocurrió el once de abril de dos mil dos. En la audiencia de conciliación, demanda, excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas llevada a cabo el trece de agosto de dos mil tres, la actora se desistió de la demanda entablada contra Pedro Vázquez Martínez, Evangelina López Ortiz, Pedro Vázquez López y Rosalba Santiago Bolaños, ante lo cual la Junta lo tuvo por desistido, tal como se ve con la siguiente transcripción: ‘En uso de la palabra la parte actora dijo: Que por así convenir a sus intereses y visto el estado procesal de los autos, se desiste de la demanda intentada en contra de los codemandados físicos Pedro Vázquez Martínez, Evangelina López Ortiz, Pedro Vázquez López y Rosalba Santiago Bolaños, quedando subsistentes únicamente se dice, solicitando se continúe con la presente audiencia.’ (foja 180 del juicio de amparo). La Junta acuerda: ‘Ténganse por hechas las manifestaciones de la parte actora para todos los efectos legales a que haya lugar, y toda vez que el compareciente se desiste de la demanda instaurada en contra de los CC. Pedro Vázquez Martínez, Evangelina López Ortiz, Pedro Vázquez López y Rosalba Santiago Bolaños, en tal virtud se le tiene desistiéndose a su entero perjuicio de la demanda instaurada en contra de las personas físicas antes señaladas, y por lo que respecta a las manifestaciones de la demandada una vez que las haga valer en su momento procesal oportuno se acordará lo conducente con apoyo en el artículo 703 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que devuélvase el escrito a que hace referencia previa razón de recibo que obre en autos.’ (fojas 180 y 181 del juicio de amparo). Por otra parte, en la audiencia de trece de agosto de dos mil tres, la responsable desconoció de oficio la personalidad del que compareció por la demandada Vásquez Abogados, Sociedad Civil, con el argumento de que en la carta poder no se mencionó que la otorgante Evangelina López Ortiz, lo hiciera en representación de la persona moral, tal como se observa: ‘Téngase por hecha la anterior certificación para todos los efectos legales a que haya lugar y con apoyo en la jurisprudencia 4a./J. 18/93, cuyo rubro establece «PERSONALIDAD EN EL JUICIO LABORAL, LAS JUNTAS PUEDEN VÁLIDAMENTE EXAMINARLAS DE OFICIO.», en atención a la misma, esta Junta entra en estudio de la personalidad con que se ostenta el compareciente por la demandada, el C. Alfredo Padilla Gutiérrez. Ahora bien y con base en la certificación que antecede de la que efectivamente con se desprende que el poder otorgado a fojas treinta y tres, por la C. Evangelina López Ortiz, lo haya sido en su carácter de administrador único, como se desprende de la copia certificada que corre agregada a sus autos, por lo que concluye esta especial, que dicho mandato únicamente se encuentra otorgado por persona física y no así, por persona física en su carácter de representante de la empresa demandada antes referida, motivo por el cual al carecer de personalidad el compareciente, por la demandada Vázquez Abogados, S.C., en los términos antes referidos, y no habiendo persona alguna que a la presente diligencia se apersone en términos de la ley, en esa virtud, se le hace efectivo el apercibimiento señalado a la demandada en fecha nueve de julio de este año, y se le tiene por contestada la demanda en sentido afirmativo, salvo prueba en contrario, en consecuencia, continúese con la audiencia.’ (fojas 186 y 187 del expediente de amparo). Contrario a lo que afirma el recurrente, este órgano de control constitucional estima que fueron correctas las consideraciones del Juez de Distrito, con las que determinó que la resolución combatida quebranta garantías individuales, en tanto que en el juicio laboral 309/2002, fue acreditada la personalidad de Alfredo Padilla Gutiérrez como apoderado de Vázquez Abogados, Sociedad Civil, con la carta poder de cuatro de abril de dos mil tres, que obra a foja cuarenta del expediente de amparo y el testimonio notarial noventa mil ochocientos cuarenta y tres, que se encuentra en la foja cuarenta y dos, y de los que respectivamente se lee: ‘México, D.F., a 4 de abril de 2003. Carta Poder. H. Junta Especial Número Diez de Conciliación (sic) y Arbitraje en el Distrito Federal. Presente. Otorgo el presente poder a: Alfredo Padilla Gutiérrez, Enrique Efrén León Gutiérrez, Alejandra Elena López González, Jaime Álvaro García. Por la presente doy a ustedes poder amplio, cumplido y bastante. Asimismo para que contesten las demandas y reconvenciones que se entablen en mi contra, opongan excepciones dilatorias y perentorias, rindan toda clase de pruebas, reconozcan firmas y documentos, redarguyan de falsos a los que se presenten por la contraria, presenten testigos, vean protestar a los de la parte contraria, los repregunten y tachen, articulen y absuelvan posiciones, oigan autos interlocutorios y definitivos, consientan de los favorables, pidan aclaración de las sentencias, ejecuten, transen este juicio, perciban valores y otorguen recibos, cartas de pago y documentos, sometan el presente juicio a la decisión de los Jueces, árbitros, y en fin, para que promuevan todos los recursos que favorezcan mis derechos, ratificando desde hoy, todo lo que usted haga en este particular. De usted Afmo. SS. Evangelina López Ortiz. Otorgante. Acepto poder: Alfredo Padilla Gutiérrez. Enrique Efrén León Gutiérrez. Alejandra Elena López González. Jaime Álvaro García. Testigo: Maritza Hernández Jiménez, Jalapa 96, Vergel de Gpe. Testigo: José Ángel Martínez Bautista, calle Pachuca No. 1, Col. San Jerónimo. Firmas ilegibles.’ (foja 40 del expediente de amparo). ‘Libro mil ochocientos ochenta y ocho. Dir. Gral. del Res. Púb. de la Prop. y de Com. GDF. Noventa y cinco mil ochocientos cuarenta y tres. En la Ciudad de México, a veintidós de junio de mil novecientos noventa y nueve, yo, el licenciado José Felipe Carrasco Zanini Rincón, notario número tres, en ejercicio, hago constar el contrato de sociedad civil que otorgan los señores Evangelina López Ortiz, Pedro Vázquez López y Rosalba Santiago Bolaños, todos en su propio nombre. Estatutos. Título primero. Denominación, domicilio, objetivo y duración. Artículo primero. La denominación será: Vázquez Abogados, denominación que irá seguida de las palabras sociedad civil, o de su abreviatura S.C. (foja 83 del expediente laboral). ‘Del capital social y de sus aportaciones. Artículo vigésimo. El capital es de diez mil pesos, moneda nacional. Artículo vigésimo primero. El capital es suscrito y aportado en efectivo por los socios a la firma del presente contrato, en las siguientes proporciones: Nombre. Evangelina López Ortiz. Porcentaje: 60% (sesenta por ciento). Importe: $6,000.00 (seis mil pesos). Pedro Vázquez López. Porcentaje: 20% (veinte por ciento). Importe: $2,000 (dos mil pesos). Rosalba Santiago Bolaños. Porcentaje: 20 (veinte por ciento). Importe $2,000 (dos mil pesos). Porcentaje 100%, diez mil pesos, moneda nacional.’ (foja 88 del expediente laboral). ‘Título quinto. De la administración. Artículo trigésimo sexto. La administración de la sociedad, estará a cargo de un director administrativo o de un comité, compuesto de tres miembros por los menos. La junta general de socios, decidirá la forma de administrar la sociedad y elegirá funcionarios por mayoría de votos.’ (foja 91 del expediente laboral). ‘Artículo cuadragésimo. Son facultades del director administrativo o del comité directivo, en su caso, las siguientes: a) Poder general para pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y aun las especiales que conforme a la ley requieran cláusulas especiales, para actos de administración y dominio, en los términos del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos de los Estados de la República, así como para suscribir títulos de crédito, atento a lo dispuesto por el artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. B) Gozarán, por tanto, de las facultades necesarias para ejercitar las que precisa el artículo dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos de los Estados de la República, y por lo mismo, articular y absolver posiciones, interponer toda clase de recursos y desistirse de ellos, inclusive del juicio de amparo, formular y ratificar denuncias, querellas criminales, constituyendo a la sociedad en coadyuvante del Ministerio Público y otorgar en los casos que proceda el perdón correspondiente, representar a la sociedad ante cualesquiera autoridades judiciales, sean civiles o penales, administrativas o del trabajo, bien sea que pertenezcan a la Federación, Distrito Federal, Estado o Municipio. C) Conferir poderes generales o especiales y revocarlos, sustituir en todo o en parte las facultades que posee y nombrar y remover a empleados o personas que presten su servicio a la sociedad.’ (fojas 92 y 93 del expediente laboral). ‘Título noveno. Transitorios. Artículo primero. Los comparecientes reunidos en primera junta, acuerdan que la sociedad sea administrada por un comité directivo, quien durará en funciones hasta que se celebre la junta ordinaria de socios en el primer tercio del año dos mil, para tal efecto se designan a las siguientes personas y con los siguientes cargos: Administrador único: Evangelina López Ortiz. Secretario: Pedro Vázquez López. Secretario: Rosalba Santiago Bolaños. Quienes gozarán de las facultades enumeradas en el artículo cuadragésimo de estos estatutos y en ejercicio de las mismas podrán actuar conjunta o separadamente, excepto las de dominio que deberán ser ejercitadas mancomunadamente por dos de cualesquiera de los consejeros.’ (fojas 95 y 96 del expediente de amparo). De la lectura anterior, se aprecia que Alfredo Padilla Gutiérrez, ostentó la personalidad como apoderado de Vázquez Abogados, Sociedad Civil, a través de la carta poder que le fue otorgada por Evangelina López Ortiz, quien es administradora única de la sociedad civil, por lo que tal representación se adecuó a lo dispuesto en el artículo 692, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, el cual refiere: ‘Las partes podrán comparecer a juicio en forma directa por conducto de apoderado legalmente autorizado. Tratándose de apoderado, la personalidad se acreditará conforme a las siguientes reglas: ... III. Cuando el compareciente actúe como apoderado de persona moral, podrá acreditar su personalidad mediante testimonio notarial o carta poder otorgada ante dos testigos, previa comprobación de que quien le otorga el poder está legalmente autorizado para ello ... . ‘En relación con el hecho de que en la carta poder no se haya determinado con qué carácter se ostentaba Evangelina López Ortiz, esto es, si como persona física o en representación de dicha entidad moral, ello no hace que se entienda únicamente que lo otorgó por sí, pues se adjuntó el testimonio notarial en el que se acredita que es administradora de la persona moral demandada y que cuenta con poderes para a su vez delegar representación, lo que al relacionarse conlleva a concluir que el poder lo hizo no sólo como persona física, sino como representante de la sociedad civil, al haber sido ambas demandadas en el juicio laboral. Como ya se dijo, en el juicio laboral fueron demandadas tanto Evangelina López Ortiz como Vázquez Abogados, Sociedad Civil, y en la audiencia compareció Alfredo Padilla Gutiérrez, quien acreditó la personalidad con carta poder extendida por la primera de las personas mencionadas, la cual a su vez es administradora de la sociedad civil, como se ve con el testimonio notarial adjuntado a la carta poder, lo que hace entender de manera lógica que la otorgante lo hizo en su doble carácter de persona física y representante de la persona moral, al haber sido ambas demandadas en el juicio laboral. En este sentido, es de señalarse que la personalidad en materia laboral debe tenerse acreditada de una manera sencilla sin rigorismos como lo sería el que se determinara expresamente en la carta poder en qué carácter el otorgante lo delega, siendo que en primer lugar en la ley no se determina tal formalidad, y en segundo, de la exposición de motivos y debates que se dieron con motivo de las reformas procesales a la Ley Federal del Trabajo, que entraron en vigor en mil novecientos ochenta, se aprecia que en cuanto al capítulo segundo, del título catorce, De la capacidad y personalidad, se estableció la idea de darle máxima sencillez e informalidad posible a ese aspecto del procedimiento, con el énfasis de que pueden intervenir en el procedimiento todos aquellos que tengan un interés en las cuestiones planteadas en el juicio. A fin de robustecer lo anterior, se transcribe lo conducente, tanto de la exposición de motivos como los debates de las reformas procesales ya indicadas: ‘El capítulo II se refiere a la capacidad y personalidad. Para efectos del proceso laboral, se determina que son partes en él las personas físicas o morales que tengan interés jurídico en el proceso y opongan excepciones. Asimismo, se establece que las personas que puedan ser afectadas por la resolución que se pronuncie en un conflicto, podrán intervenir en su desarrollo. La amplitud y generalidad de los conceptos anteriores permitirán que puedan intervenir en el procedimiento todos aquellos que tengan un interés en las cuestiones planteadas en el juicio; pero para que se les considere que pueden participar legítimamente, deberán comprobar su interés, haciéndolo a satisfacción de las Juntas. En el capítulo II se conservan, al menos en su esencia, las demás disposiciones que contiene la ley vigente en materia de capacidad y personalidad, y se simplifican aún más algunos trámites, dentro de la idea de darle la máxima sencillez e informalidad posible a este aspecto de procedimiento. El C. Luis Velásquez: .... En el capítulo sobre la capacidad y personalidad, se permitirá que puedan intervenir en el procedimiento, todos aquellos que tengan un interés en las cuestiones planteadas en el juicio, comprobando su interés a satisfacción de las Juntas, pudiendo comparecer a juicio sin necesidad de autorización alguna, los menores, como lo expresa el artículo 691 de la iniciativa, en donde también se solicita la intervención de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, para que les designe un representante. Una innovación altamente protectora para el menor trabajador.’. Por ende, cuando en el juicio laboral se ofrecieron tanto el testimonio notarial como la carta poder firmada ante dos testigos en los que aparece el nombre de cada uno de ellos, debe tenerse por acreditada la personalidad al entenderse de manera clara y sencilla que el compareciente la acreditó, sin que para ello sea indispensable que en la carta se determine el carácter con que se ostenta el otorgante, pues ello se infiere del enlace lógico de los propios documentos exhibidos y de la calidad de parte en el juicio con el correspondiente interés. Al respecto, este Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito comparte el criterio sustentado en la tesis aislada III.2o.T.46 L, que emitió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, la cual se encuentra publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, marzo de 2002, página 1412, cuyos rubro y texto se leen: ‘PERSONALIDAD. CARTA PODER OTORGADA POR APODERADO DE UNA EMPRESA. NO ES NECESARIO QUE EN ÉSTA SE SEÑALE EL NOMBRE DE LA PERSONA MORAL NI EL CARÁCTER CON QUE LA OTORGA SU MANDATARIO, SI ESOS DATOS SE ADVIERTEN DEL TESTIMONIO PÚBLICO EXHIBIDO CONJUNTAMENTE Y SE ADMINICULAN CON LOS DATOS DEL JUICIO LABORAL. El artículo 692, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo señala que cuando la persona que comparezca a juicio actúe como apoderado de una persona moral, podrá acreditar su personalidad mediante testimonio notarial o carta poder otorgada ante dos testigos, previa comprobación de que quien le otorga el poder está legalmente autorizado para ello. Hipótesis que no indica expresamente la forma en que la citada comprobación debe tener lugar; por ende, en el caso de que el mandatario de una persona moral otorgue carta poder a diversa persona, y en ésta explícitamente se indique que su actuar debe ser en función a determinado juicio, así como la autoridad laboral ante quien éste se ventila, pero omitiendo hacer referencia al nombre de la empresa a quien se debe representar, y el carácter con que el otorgante confiere la carta poder, en el caso, ello no es suficiente para estimar ineficaz la representación de quien comparece al juicio con dicha carta poder, si además exhibe el testimonio público en que conste la representación que tiene de la empresa y el otorgamiento de facultades en favor de quien le confirió el mandato, para otorgar poderes en nombre de la persona moral demandada en el procedimiento respectivo, dado que adminiculadas todas esas circunstancias evidencian la intención clara de los que intervinieron en el contrato de mandato que se analiza, el cual debe interpretarse en el sentido de que quien otorgó la representación al compareciente al juicio natural, lo hizo a nombre de su representada, aun cuando, se repite, en la carta poder no se aclare ese hecho.’. Finalmente, al haber sido infundados los agravios propuestos y al no advertir en suplencia de la queja motivo alguno para revocar o modificar la sentencia, lo procedente es confirmarla."

CUARTO. Las consideraciones que tomó en cuenta el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, ahora Segundo en Materia Civil del mismo circuito, al resolver el amparo directo 351/97, cuyo quejoso y recurrente fue Grupo Apycsa, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderado Hugo Óscar Mena Arrazola, en sesión de dieciocho de junio de mil novecientos noventa y siete, en la parte conducente, fueron las siguientes:

"QUINTO. Son infundados e inoperantes por una parte y fundados por otra, los conceptos de violación que se plantean. ... Por otra parte, el solicitante de amparo plantea como violación procesal, la indebida resolución del incidente de nulidad de actuaciones, en la parte en que declara que carece de personalidad y facultades del licenciado Javier Jara y Navarro para promover el incidente a nombre de Grupo Apycsa, Sociedad Anónima de Capital Variable, en virtud de que a dicho incidente se acompañó carta poder suscrita por José Felipe Abed Rouanett y un poder notarial del cual se desprende que tal persona tiene facultades para delegar su representación a terceras personas, con lo que se cumplieron los requisitos que establece la fracción III del artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo, además de que es de explorado derecho que las personas morales deben tener su representación en personas físicas, que en este caso, lo es José Felipe Abed Rouanett, por lo que si firmó la carta poder como persona física, lo hizo para defender los intereses de su representada, Grupo Apycsa, Sociedad Anónima de Capital Variable, por lo que la Junta debió reconocer la personalidad del promovente del incidente de nulidad de actuaciones, además de que se promovieron incidentes por separado, tanto de Grupo Apycsa, Sociedad Anónima de Capital Variable, como por José Felipe Abed Rouanett por su propio derecho, lo que necesariamente implica que la carta poder que se acompañó al incidente promovido por la empresa, fue firmada por José Felipe Abed Rouanett, como representante legal de la persona moral. No le asiste razón a la quejosa, toda vez que tal como lo consideró la Junta responsable, se aprecia que la carta poder que obra en autos a fojas sesenta y siete del expediente laboral, efectivamente se encuentra otorgada por José Felipe Abed Rouanett para que a su nombre y representación intervenga el licenciado Javier Jara y Navarro en toda la tramitación del expediente laboral, lo que quiere decir que en ningún momento se le otorgó poder para intervenir a nombre de la persona moral, pues aunque es cierto que en el instrumento notarial que se acompañó al incidente se desprende que el multicitado José F. Abed Rouanett representa a la empresa y tiene facultades para delegar esa representación, también lo es que del texto de la carta poder no se desprende que haya utilizado esa facultad, siendo intrascendente que se hayan promovido dos incidentes distintos, pues con ello no se satisface la formalidad de expresar en la carta poder con qué carácter se otorgó la misma."

Las consideraciones anteriores dieron origen a la tesis VI.2o.98 L, la cual a la letra dice:

"Novena Época

"Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: VI, agosto de 1997

"Tesis: VI.2o.98 L

"Página: 680

"CARTA PODER. FACULTADES DEL APODERADO, CUANDO SE OTORGÓ POR EL REPRESENTANTE DE UNA PERSONA MORAL SIN ESPECIFICAR QUE LO HACÍA CON TAL CARÁCTER. Cuando en una carta poder consta que se otorgó por una persona física, sin especificarse que lo hizo en su calidad de representante legal de una persona moral, debe concluirse que dicho documento sólo faculta al apoderado a realizar actos a nombre de dicha persona física, pues en materia de representación legal, debe estarse a lo expresamente manifestado por el otorgante."

QUINTO. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 78/2001, cuyo quejoso y recurrente fue Margarita Gómez Valencia, en sesión de cinco de octubre de dos mil uno, se apoyó en las consideraciones siguientes:

"SEXTO. El análisis de los agravios planteados por la parte recurrente, atendidos de manera global -sin dejar de ser completa-, por su estrecha interrelación, permite realizar las consideraciones siguientes: Revela la inconforme lo contradictorio de lo resuelto por el Juez Federal, pues en tanto que por una parte reconoce que en la carta poder se consignó exclusivamente al arquitecto Jaime Agustín López Díaz como quien confiere el poder, por la otra concluye en que no se le puede tener con ese carácter, esto es, que por sí otorgue el mandato; apreciación que en concepto de este órgano resolutor, no le genera beneficio alguno, toda vez que para poder compartir ese argumento el Juez Federal tendría que haber emitido su opinión jurídica de una manera dogmática, omitiendo dar a conocer los motivos por los que finalmente no podría tenerse como apoderado a una persona física que en ese carácter otorgó el mandato; situación que no aconteció en la sentencia recurrida, en la que por el contrario, el Juez de Distrito para llegar a su conclusión, -la que de primera intención pudiera parecer contradictoria-, vertió razonamientos lógicos y jurídicos que evidencian los motivos por los que no se debe interpretar la carta poder en disputa, como otorgada por la persona física Jaime Agustín López Díaz, sino por éste como representante legal de la empresa Alodía, Sociedad Anónima de Capital Variable, cuya legalidad será motivo de examen posterior. Sin que demerite esa cuestión el hecho de que en concepto de la revisionista para interpretar el contrato de mandato debe atenerse a la voluntad de las partes sobre su expresión material, por lo que si los términos de éste son claros y no dejan duda sobre el deseo de las partes, debe estarse a su sentido literal y no interpretarlos con base en sutilezas y artificios contrarios al buen sentido, más aún que los contratos no son hechos ni pruebas susceptibles de tal intelección, sino ley que reglamenta las relaciones entre las partes que lo conforman, de ahí que su interpretación no pueda quedar a la soberana facultad del tribunal. Es así, porque aun cuando es verdad que los contratos regularmente deben interpretarse de conformidad al sentido literal de sus cláusulas, no debe perderse de vista que de mayor importancia que lo anterior resulta descifrar el verdadero ánimo de los contratantes, por ende, al imperar la falta de regulación de la Ley Federal del Trabajo sobre este tema y la ineludible necesidad de encontrar el verdadero sentido de las cláusulas de los contratos, de conformidad con el artículo 17 de la propia ley, deberán considerarse las disposiciones que regulen casos semejantes, los principios generales de derecho y de justicia social, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad, subrayándose, entre otros, el de buena fe, sin caer en rigorismos excesivos que lo único que provocarían es evitar el acceso a la justicia que tienen las partes, como la demandada; lo que conduce a determinar que si las palabras parecieren contrarias a la intención evidente de los contratantes, debe prevalecer ésta sobre aquéllas, con mayor razón si se atiende a la importancia del objetivo por el cual se pactó el mismo, que es preciso acotar, siempre debe ser susceptible de cumplirse, esto es, de surtir efectos legales por ser éste el fin primordial de todo acuerdo. Aunado a lo anterior, si bien la carta poder sujeta a examen se trata de un contrato, ello no impide que se le tome en cuenta como una prueba, a saber, la prueba a través de la cual se pretende justificar el extremo de la personalidad de quien comparece en nombre de la demandada, habida cuenta que la propia incidentista la ofreció como tal en el incidente de personalidad respectivo, debiendo prevalecer, por tanto, la regla general de que en materia de valoración de pruebas pueden las Juntas válidamente apartarse del resultado formal y resolver con base en la apreciación en conciencia de los hechos expuestos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo. Lo anterior, no obstante, no debe confundirse con una apreciación soberana del tribunal, con base en sutilezas y artificios contrarios al buen sentido como lo refiere la inconforme, sino como una evaluación basada en el justo arbitrio de la autoridad laboral, sostenida por razonamientos lógicos y jurídicos emanados de la realidad de los hechos del juicio y su congruencia con los documentos exhibidos para acreditar las pretensiones de las partes; debido actuar que se observa llevó a cabo el Juez de los autos para dictar la sentencia de amparo combatida, lo que hace infundados los agravios de la recurrente, en las que sustancialmente alega la invalidez de la carta poder exhibida en el juicio laboral por Fernando Gómez Valdez, para acreditar su representación en favor de Alodía, Sociedad Anónima de Capital Variable, al adolecer de la falta de señalamiento de que ésta la otorgaba Jaime Agustín López Díaz, en su calidad de administrador único de dicha empresa, y ante una interpretación literal de su contenido. Ahora bien, debe recordarse lo que dispone el artículo 692, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, del cual se infiere que cuando la persona que comparezca a juicio actúe como apoderado de una persona moral, podrá acreditar su personalidad mediante testimonio notarial o carta poder otorgada ante dos testigos, previa comprobación de que, quien le otorga el poder, está legalmente autorizado para ello. Luego, del justiciable se advierte que en la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas celebrada el veintisiete de junio de dos mil, compareció en nombre de la demandada Alodía, Sociedad Anónima de Capital Variable, el licenciado Fernando Gómez Valdez, ostentándose como su apoderado especial, quien para justificar su personería exhibió testimonio de la escritura pública número mil trescientos veintiuno (folios 14 a 29), otorgada ante la fe del notario público número seis de Tlaquepaque, Jalisco, con fecha diez de diciembre de mil novecientos noventa y seis, en la que se protocolizó la

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18489-fff1b436/personalidad-en-el-procedimiento-laboral-si-se-pretende · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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