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COSTAS. CONFORME A LOS ARTÍCULOS 142 Y 500 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE MICHOACÁN, PUEDE ATENDERSE AL AVALÚO PERICIAL DE INMUEBLES PARA DETERMINAR LA CUANTÍA DEL JUICIO Y EL PAGO DE AQUÉLLAS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 42/2004-PS. · Registro digital (IUS): 18495
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Diciembre de 2004, , Pág. 88.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 42/2004-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Los criterios emitidos por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito al fallar los amparos en revisión 196/2003 y 309/2003, promovidos por María Teresa Villanueva Bravo viuda de González y Antonio Tinoco Orozco, respectivamente, dieron motivo a la presente denuncia de contradicción de tesis.

De dichos juicios por ser similares, sólo se transcribe el segundo, en la parte que interesa:

"SEXTO. Los conceptos de violación preinsertos son sustancialmente fundados. El artículo 500 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, establece: ‘Siempre que se trate de fijar el valor de un predio rústico o urbano o de cualesquiera objetos o bienes que estén gravados con impuestos sobre su valor, se tendrá como tal la cantidad en que estén registrados para el pago de contribuciones.’. Por su parte, el artículo 142 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, prevé: ‘Sean cuales fueren los trabajos ejecutados y los gastos expensados en el negocio, las costas no podrán exceder del veinte por ciento sobre el interés del mismo. Los Jueces y Magistrados deberán, de oficio, reducir al citado veinte por ciento la cantidad que importe la regulación, haciendo valuar por peritos las cosas u obligaciones reclamadas si éstas no constituyeren una cantidad precisa en dinero. Las costas aumentarán en un veinte por ciento sobre el importe de la planilla correspondiente, si se hubiese interpuesto amparo contra la sentencia interlocutoria y se negare la protección constitucional. Los abogados extranjeros no podrán cobrar costas sino cuando así lo autoricen los tratados internacionales o cuando estén legalmente autorizados para ejercer su profesión en la República y haya reciprocidad con su país de origen respecto al ejerció de la abogacía.’. La autoridad responsable realizó un estudio de los artículos 142 y 500 del Código de Procedimientos Civiles del Estado para determinar cuál de esos dos preceptos debía aplicarse en el caso, para establecer la cuantía del juicio natural, a fin de calcular los honorarios profesionales del abogado que asesoró a la parte demandada, que obtuvo sentencia favorable de condena en costas. En el criterio de aquella autoridad, el artículo 500 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, establece una regla especial tratándose de inmuebles, mientras que el diverso 142 prevé la regla general, circunstancia por la que en el caso deberá estarse a la primera en acatamiento al principio que estatuye que lo especial prevalece sobre lo general, pues el artículo 142 dispone que los Jueces y Magistrados deberán, de oficio, reducir al veinte por ciento sobre el interés del negocio, la cantidad que importe la regulación de costas, haciendo valuar por peritos las cosas u obligaciones reclamadas si éstas no constituyeren una cantidad precisa en dinero; en tanto que el artículo 500 del mismo ordenamiento prevé que siempre que se trate de fijar el valor de un predio rústico o urbano o de cualesquiera objetos o bienes que estén gravados con impuestos sobre su valor, se tendrá como tal la cantidad en que estén registrados para el pago de contribuciones. Por lo anterior, la autoridad responsable arribó a la conclusión de que en el caso no se podrían valuar por peritos los inmuebles materia del juicio de origen, por estimar aplicable el precepto 500 precitado. Sin embargo, esa forma de razonar no es adecuada, en vista de que debe hacerse un análisis sistemático o interpretativo de ambas normas que permita su aplicación armónica. Así, este tribunal advierte que en realidad no existe ninguna contradicción entre esos dos preceptos. El primero de ellos, artículo 142, establece el imperativo de que se manden valuar las cosas por peritos, para establecer la cuantía del negocio, a fin de verificar, en su caso, la reducción de las costas que no pueden exceder del veinte por ciento del valor del negocio. Ahora bien, es claro que ese precepto es el que rige en el caso porque es una norma específica para el cálculo de las costas, que es lo que se pretende realizar en la especie; empero, ello no significa que se contradiga con el diverso numeral 500 y mucho menos que en caso de que se aplicara este último no procedería la intervención de peritos, sino que, más bien, este precepto corresponde al sistema de regulación de la prueba pericial, por lo que es claro que en realidad ambas normas se refieren al mismo supuesto de valuación de las cosas, en su caso de inmuebles, por peritos. Se considera que es así, en razón de que la prueba pericial se encuentra normada por los artículos que van del 476 al 503 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Pues bien, conforme al sistema establecido en esos preceptos, los peritos deberán emitir sus opiniones en dictamen fundado en los principios de la ciencia o arte en que son expertos; pero tienen una limitante consignada en el artículo 498, que prevé: ‘Siempre que las leyes fijen bases a los peritos para formar su juicio, se sujetarán a ellas; pudiendo, sin embargo, exponer y fundar las consideraciones que en su concepto deban modificarlo en el caso especial de que se trate.’; esto es, cuando exista una ley que establezca una base para emitir el juicio de los peritos, deberán sujetarse a ella, y sólo en casos de excepción podrán exponer y fundar su criterio de que esa base deba de modificarse por el caso especial de que se trate. Bajo ese orden de ideas, se observa que el artículo 500 es uno de los preceptos a que remite el numeral 498, porque establece las bases para que los peritos se formen su juicio, al disponer: ‘Siempre que se trate de fijar el valor de un predio rústico o urbano o de cualesquiera objetos o bienes que estén gravados con impuestos sobre su valor, se tendrá como tal la cantidad en que estén registrados para el pago de contribuciones.’. Luego, esa norma no es un impedimento para que se practique una prueba pericial, como indebidamente lo estimó la autoridad responsable, sino que más bien fija una base a la que debe sujetarse el juicio de los peritos al emitir sus avalúos, aunque, por expresa disposición de la hipótesis final del artículo 498, los expertos podrían modificar esa base, expresando y fundando las consideraciones que al respecto tomen en cuenta, mismas que serían valoradas por el Juez, llegado el caso, para conceder o negar eficacia a la prueba. No podría sostenerse con bases lógicas una interpretación contraria, porque si ese artículo 500, se encuentra dentro de las normas que regulan la prueba pericial, es evidente que debe aplicarse cuando se desahogue ese tipo de pruebas y no que impida su verificación, dado que ello atentaría contra la naturaleza del artículo que fue emitido para regular la prueba, no para proscribirla. Por tanto, al interpretar ambas normas en forma armónica, se llega a la conclusión de que la regla que debe aplicarse en el caso en análisis, en el que se trata de valuar ciertos inmuebles para determinar la cuantía del negocio a fin de calcular los honorarios del abogado gestor del incidente de liquidación es la contenida en el artículo 142 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que es específica para el supuesto en que se regulen las costas procesales, lo que condicionaría la aplicación de todo el capítulo VII del título quinto del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que regula a la prueba pericial, de conformidad con la técnica propia que respecto de esa prueba señalan los artículos ubicados en ese capítulo, estableciendo las reglas a las que se sujetarán los peritos y cuyo cumplimiento, en su caso, se justipreciará por la autoridad judicial, como en derecho corresponda. Lo anterior no implica que en la presente ejecutoria se decida si deberá de tomarse en cuenta el valor catastral de los inmuebles, o bien, su valor comercial, para fijar la cuantía del negocio de origen, porque la litis constitucional no se fijó en esos términos, sino que sólo se limitó a determinar si el avalúo de los predios debía realizarse por medio de la intervención de peritos o no que es lo que se decide. Igual criterio sostuvo este tribunal en sesión de once de septiembre de dos mil tres, al resolver el amparo en revisión número 196/2003, en donde resultó la tesis que a continuación se transcribe: ‘COSTAS. EL ARTÍCULO 500 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE MICHOACÁN, NO IMPIDE EL AVALÚO PERICIAL DE INMUEBLES PARA DETERMINAR LA CUANTÍA DEL JUICIO. A efecto de determinar el importe de los honorarios del abogado que asesoró al que obtuvo, debe aplicarse el artículo 142 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que regula expresamente la materia de costas y prevé que el Juez deberá hacer valuar por peritos las cosas u obligaciones reclamadas si no constituyen una cantidad precisa en dinero, lo anterior aun en el caso de que los bienes en litigio sean inmuebles; sin que sea obstáculo para ello que el artículo 500 del mismo ordenamiento señale que en ese supuesto se tendrá como valor de los inmuebles la cantidad en que estén registrados para el pago de contribuciones, pues lo cierto es que dicha norma no pugna con lo dispuesto por el artículo 142, sino que pertenece al mismo sistema probatorio y, por ello, no impide que se practique sobre los inmuebles avalúo de peritos. Así se estima, en razón de que el artículo 500 se encuentra dentro del capítulo VII del título quinto del código citado, que regula a la prueba pericial, y resulta que conforme al artículo 498, siempre que las leyes fijen bases a los peritos para formar su juicio deberán sujetarse a ellas, pudiendo, sin embargo, exponer y fundar las consideraciones que en su concepto deban modificarlo en el caso especial de que se trate; luego, el artículo 500 es una norma que señala a los peritos bases para emitir su opinión respecto del valor de los bienes inmuebles, pero deja a su criterio el ajustarse a ellas o modificarlas, en su caso, sometiendo su dictamen a la justipreciación del Juez, pues no podría interpretarse en otra forma ese precepto porque se atentaría contra su naturaleza, ya que se trata de una norma emitida para regular a la prueba pericial no para proscribirla’.".

Las anteriores consideraciones dieron lugar a la tesis aislada, cuyos rubro y texto son los siguientes:

"Novena Época

"Instancia: Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIX, febrero de 2004

"Tesis: XI.1o.22 C

"Página: 1037

"COSTAS. EL ARTÍCULO 500 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE MICHOACÁN NO IMPIDE EL AVALÚO PERICIAL DE INMUEBLES PARA DETERMINAR LA CUANTÍA DEL JUICIO. A efecto de determinar el importe de los honorarios del abogado que asesoró al que obtuvo, debe aplicarse el artículo 142 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que regula expresamente la materia de costas y prevé que el Juez deberá hacer valuar por peritos las cosas u obligaciones reclamadas si no constituyen una cantidad precisa en dinero, lo anterior aun en el caso de que los bienes en litigio sean inmuebles; sin que sea obstáculo para ello que el artículo 500 del mismo ordenamiento señale que en ese supuesto se tendrá como valor de los inmuebles la cantidad en que estén registrados para el pago de contribuciones, pues lo cierto es que dicha norma no pugna con lo dispuesto por el artículo 142, sino que pertenece al mismo sistema probatorio y, por ello, no impide que se practique sobre los inmuebles avalúo de peritos. Así se estima, en razón de que el artículo 500 se encuentra dentro del capítulo VII del título quinto del código citado, que regula a la prueba pericial, y resulta que conforme al artículo 498, siempre que las leyes fijen bases a los peritos para formar su juicio deberán sujetarse a ellas, pudiendo, sin embargo, exponer y fundar las consideraciones que en su concepto deban modificarlo en el caso especial de que se trate; luego, el artículo 500 es una norma que señala a los peritos bases para emitir su opinión respecto del valor de los bienes inmuebles, pero deja a su criterio el ajustarse a ellas o modificarlas, en su caso, sometiendo su dictamen a la justipreciación del Juez, pues no podría interpretarse en otra forma ese precepto porque se atentaría contra su naturaleza, ya que se trata de una norma emitida para regular a la prueba pericial no para proscribirla.

"PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.

"Amparo en revisión 196/2003. María Teresa Bravo viuda de González y otro. 11 de septiembre de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Joel González Jiménez. Secretario: José Ramón Rocha González."

CUARTO. Por su parte el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión número ARC. 180/98, promovido por sucesión intestamentaria a bienes de María Guadalupe Monjarás Rojas, en lo que interesa sostuvo:

"TERCERO. Es sustancialmente fundado el preinserto agravio. En la sentencia recurrida se estableció que a efecto fijar (sic) el monto de las costas en el incidente respectivo, determinando el valor de los inmuebles materia del juicio de nulidad, debía procederse en términos del artículo 142 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, por tratarse de la norma especial aplicable al caso, al estar comprendida en el título primero relativo a las reglas generales, capítulo VII, que trata de las costas, conforme al cual han de valuarse por peritos las cosas u obligaciones reclamadas si éstas no constituyen una cantidad precisa en dinero; que, por tanto, para cuantificar el monto de los honorarios reclamados, debía procederse al avalúo de los bienes inmuebles por parte de peritos; y que en tales condiciones, determinada la norma especial, resultaba inaplicable la de carácter general prevista en el artículo 500 del propio ordenamiento. Lo así determinado deviene ilegal, pues como con acierto lo hace ver el recurrente, la circunstancia de que el invocado numeral 142 se encuentre inmerso en el capítulo relativo a las costas, no implica que se trate de una norma de especial aplicación al caso concreto, pues al establecer que: ‘Sean cual fueren los trabajos ejecutados y los gastos expensados en el negocio, las costas no podrán exceder del veinte por ciento sobre el interés del mismo. Los Jueces y Magistrados deberán, de oficio, reducir al citado veinte por ciento la cantidad que importe la regulación, haciendo valuar por peritos las cosas u obligaciones reclamadas si éstas no constituyeren una cantidad precisa en dinero ...’; debe entenderse que lo así expresado, en relación con que deberán valuarse por peritos las cosas u obligaciones reclamadas si éstas no constituyeren una cantidad precisa en dinero, es la regla general para todos los casos; excepción hecha en tratándose de predios rústicos o urbanos o de cualesquiera objetos o bienes que estén gravados con impuestos sobre su valor, porque se tendría como tal la cantidad en que estén registrados para el pago de contribuciones, como lo establece el artículo 500 del código adjetivo civil, dispositivo que contra lo resuelto por el Juez de Distrito, constituye la norma especial para el caso de que sea necesario fijar el valor de un bien raíz. El anterior criterio lo sustentó este Segundo Tribunal Colegiado al resolver, por unanimidad de votos, el dieciséis de octubre de mil novecientos noventa y siete, el amparo directo civil número 552/97, promovido por María de la Luz Corona Hernández viuda de Arroyo, por sí y en cuanto albacea testamentaria de la sucesión a bienes de José Arroyo Domínguez. Consecuentemente, procede revocar la sentencia a revisión, para ahora conceder el amparo y la protección constitucional que se solicita, para el efecto de que la Magistrada responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y en su lugar emita otra en la que, para determinar el valor de los inmuebles materia del juicio natural, tome en consideración el valor fiscal de los mismos y, con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que en derecho corresponda."

Las consideraciones anteriores dieron motivo a la emisión de la siguiente tesis aislada:

"Novena Época

"Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: VIII, octubre de 1998

"Tesis: XI.2o.72 C

"Página: 1127

"COSTAS. DEBE ATENDERSE AL VALOR FISCAL DE LOS INMUEBLES PARA ESTABLECER LA CUANTÍA DEL NEGOCIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN). La circunstancia de que el artículo 142 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, se encuentre inmerso en el capítulo relativo a las costas, no implica que se trate de una norma de especial aplicación en los casos en que, para fijar la cuantía del negocio, haya que considerar el valor de bienes inmuebles, pues al establecer que ‘Sean cuales fueren los trabajos ejecutados y los gastos expensados en el negocio, las costas no podrán exceder del veinte por ciento sobre el interés del mismo. Los Jueces y Magistrados deberán, de oficio, reducir al citado veinte por ciento la cantidad que importe la regulación, haciendo valuar por peritos las cosas u obligaciones reclamadas si éstas no constituyeren una cantidad precisa en dinero ...’; debe entenderse que lo así preceptuado, en relación a que deberán valuarse por peritos las cosas u obligaciones reclamadas si éstas no constituyeren una cantidad precisa en dinero, es la regla general para todos los casos; excepción hecha en tratándose de predios rústicos o urbanos o de cualesquiera objetos o bienes que estén gravados con impuestos sobre su valor, porque se tendrá como tal la cantidad en que estén registrados para el pago de contribuciones, como lo establece el artículo 500 del código adjetivo civil, dispositivo que constituye la norma especial para el caso de que sea necesario fijar el valor de un bien raíz.

"SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.

"Amparo en revisión 180/98. Sucesión intestamentaria a bienes de María Guadalupe Monjarás Rojas. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Ceja Villaseñor. Secretario: Octavio Chávez López."

QUINTO. Procede ahora examinar si existe la contradicción de tesis denunciada.

Al efecto, el análisis de dicha cuestión se hará tomando en consideración los requisitos establecidos en la jurisprudencia siguiente:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 26/2001

"Página: 76

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

El tema de la posible contradicción de tesis radica en determinar si de la interpretación del artículo 142 en relación con el diverso 500 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán puede o no tomarse en cuenta el avalúo de un inmueble para determinar la cuantía del juicio para el efecto de gastos y costas.

El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión civil número 309/2003, promovido por Antonio Tinoco Orozco, sostuvo como criterio que:

"... Para determinar la cuantía del negocio para efecto de poder establecer el pago de gastos y costas en un juicio civil, la legislación procesal civil de Michoacán, sí permite que los bienes inmuebles objeto de un litigio sean valuados por peritos, siempre y cuando éstos expresen motivos que apartan su parecer del valor fiscal del inmueble y que, entonces, no siempre deberán tomarse en cuenta como única prueba para establecer el valor de un inmueble que estuvo sujeto a juicio el valor fiscal (que consta en el certificado catastral); pues el artículo 500 del Código Procesal Civil de Michoacán, prevé la regla general de valoración del inmueble, mientras el diverso 142 norma la regla especial para valuar un bien raíz para efecto de establecer el pago de gastos y costas, por lo que es el precepto mencionado en último término el que debe aplicarse para esas cuestiones ..."

Tal criterio, se sustentó en un asunto anterior, el cual dio como resultado la siguiente tesis cuyo rubro es: "COSTAS. EL ARTÍCULO 500 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE MICHOACÁN, NO IMPIDE EL AVALÚO PERICIAL DE INMUEBLES, PARA DETERMINAR LA CUANTÍA DEL JUICIO."

Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado también del Décimo Primer Circuito, sostuvo en sentencia al resolver el amparo en revisión civil número 180/98, sucesión intestamentaria a bienes de María Guadalupe Monjarás Rojas, el seis de agosto de mil novecientos noventa y ocho, que tratándose de las costas, a efecto de determinar la cuantía del negocio, cuando estuvieron en litigio bienes inmuebles, para establecer el valor de los bienes raíces debe tomarse en consideración únicamente el valor fiscal constante en el certificado catastral, pues el artículo 500 citado, sin que sea factible que se haga valuar por peritos el inmueble, lo que dio origen a la siguiente tesis, cuyo rubro es el siguiente: "COSTAS. DEBE ATENDERSE AL VALOR FISCAL DE LOS INMUEBLES PARA ESTABLECER LA CUANTÍA DEL NEGOCIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN)."

De los criterios antes transcritos se puede apreciar que éstos son contradictorios ya que interpretan de manera diferente los mismos artículos como son el artículo 142, en relación con el diverso 500 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán.

Mientras el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito afirma que para fijar la cuantía del negocio para efecto de los gastos y las costas del juicio en tratándose del valor de bienes inmuebles, es posible realizar un avalúo pericial y no solamente tomar en cuenta el valor fiscal establecido en el certificado catastral para el pago de contribuciones, el Segundo Tribunal Colegiado del mismo Circuito sostiene lo contrario, en el sentido de que no es posible aceptar el avalúo pericial para efectos de gastos y costas del juicio, sino sólo el valor fiscal que contenga el certificado catastral.

En consecuencia, están dadas las condiciones para la existencia de la contradicción de tesis, que se desprende de la interpretación de los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuenta habida que los Tribunales Colegiados de Circuito, al resolver los mencionados negocios jurídicos examinaron cuestiones jurídicas esencialmente iguales y adoptaron posiciones discrepantes, la diferencia de criterios está presente en las consideraciones, razonamientos e interpretaciones jurídicas de una sentencia y un criterio aislado, esos criterios provienen del examen de los mismos elementos.

SEXTO. Precisada la procedencia de la presente denuncia de contradicción de tesis, así como el tema de la contradicción y examinadas las resoluciones que dieron origen a la misma, se considera que debe prevalecer el criterio sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en mérito de las consideraciones que se exponen:

Para estar en posibilidad de determinar la contradicción de tesis que nos ocupa, es preciso establecer los antecedentes de los juicios, materia de la presente contradicción:

Los antecedentes de los juicios de amparo en revisión 196/2003 y 309/2003, promovidos ante el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, por María Teresa Villanueva Bravo viuda de González y otro, y por Antonio Tinoco Álvarez son los siguientes:

1) Los quejosos demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra las sentencias interlocutorias en juicios de naturaleza civil, dictadas por la Tercera Sala Civil y la Sala Civil Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado en las que se establece la condena en costas.

2) En ambos casos, el Tribunal Colegiado analiza los artículos 142, 498 y 500 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán.

3) Se concede a los quejosos el amparo y protección de la Justicia Federal, porque las autoridades responsables y Jueces de Distrito que conocieron de los juicios de amparo correspondientes, en materia de costas, debieron interpretar que en caso de avalúos de inmuebles, debe de aplicarse conjuntamente con el artículo 500 del código adjetivo local que establece el pago de costas, el diverso 142 que permite el avalúo de peritos respecto de dichos bienes inmuebles.

Por otra parte, en el amparo en revisión civil 180/98 promovido por la sucesión intestamentaria a bienes de María Monjarás Rojas ante el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito se presentaron las siguientes circunstancias:

1) El quejoso demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, en contra de la apelación interpuesta contra la sentencia interlocutoria con motivo de un incidente de costas y gastos.

2) El Tribunal Colegiado interpretó los artículos 142 y 150 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán.

3) Se concedió el amparo a la quejosa en virtud de que en caso de bienes inmuebles existe una excepción a la regla y sólo se debe de aplicar el artículo 500 del código adjetivo local, que establece que para determinar el valor de los inmuebles se tiene que tomar en cuenta la cantidad con la que estén registrados para el pago de contribuciones, por lo que en este caso, no resulta aplicable el diverso dispositivo 142 del código procesal mencionado.

Expuestos los antecedentes del caso, esta Primera Sala se avoca al estudio de los artículos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán que interpretaron las Salas denunciadas, así como todos aquellos que pueden servir para la solución de la presente contradicción de tesis, los cuales se transcriben a continuación.

Los artículos interpretados por ambos tribunales y aplicados en los juicios correspondientes a esas fechas fueron:

"Artículo 142. Sean cuales fueren los trabajos ejecutados y los gastos expensados en el negocio, las costas no podrán exceder del veinte por ciento sobre el interés del mismo. Los Jueces y Magistrados deberán, de oficio, reducir al citado veinte por ciento la cantidad que importe la regulación, haciendo valuar por peritos las cosas u obligaciones reclamadas si éstas no constituyeren una cantidad precisa en dinero. Las costas aumentarán en un veinte por ciento sobre el importe de la planilla correspondiente, si se hubiese interpuesto amparo contra la sentencia ejecutoria y se negare la protección constitucional.

"Los abogados extranjeros no podrán cobrar costas sino cuando así lo autoricen los tratados internacionales o cuanto estén legalmente autorizados para ejercer su profesión en la República y haya reciprocidad con su país de origen respecto al ejercicio de la abogacía."

"Artículo 498. Siempre que las leyes fijen bases a los peritos para formar su juicio, se sujetarán a ellas; pudiendo, sin embargo, exponer y fundar las consideraciones que en su concepto deban modificarlo en el caso especial de que trate."

"Artículo 500. Siempre que se trata de fijar el valor de un predio rústico o urbano o de cualesquiera objetos o bienes que estén gravados con impuestos sobre su valor, se tendrá como tal la cantidad en que estén registrados para el pago de contribuciones."

Este órgano colegiado estima necesario transcribir diversos artículos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, con el objeto de realizar una interpretación sistemática de dicho cuerpo normativo para conocer la voluntad del legislador local y resolver de la manera más adecuada la presente contradicción, ya que en este caso no se pueden interpretar de manera aislada los artículos aplicados por los Tribunales Colegiados, en tanto éstos se encuentran establecidos en diversos capítulos, los cuales regulan instituciones procesales diversas como son el pago de costas y las pruebas (en especial, la prueba pericial), que ameritan un estudio detallado.

El capítulo III del código en comento establece la prueba, entre sus artículos más importantes tenemos los siguientes:

"Artículo 366. Los tribunales podrán decretar en todo tiempo, siempre que sea conducente para el conocimiento de la verdad sobre los puntos controvertidos:

"I. Que se traiga a la vista cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero;

"II. Que se pregunte a las partes sobre puntos o hechos y a los testigos sobre sus respuestas, cuando los unos y los otros fueron obscuros o dudosos;

"III. Que se traigan a la vista cualesquiera autos que tengan relación con el pleito si su estado lo permite;

"IV. En general, la práctica, aclaración o ampliación de cualquiera diligencia probatoria, sin más limitación que la que las pruebas no estén prohibidas por la ley, ni sean contrarias a la moral."

"Artículo 373. El Juez debe recibir todas las pruebas que se le presenten, excepto las que fueren contra derecho o contra la moral."

"Artículo 375. El Juez hará en la sentencia definitiva la calificación de la pertinencia o impertinencia de las pruebas y, en su caso, la condenación de gastos, per

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18495-11390e14/costas-conforme-a-los-articulos-142-y-500 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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