ALIMENTOS. OBLIGACIÓN DEL JUZGADOR DE PROVEER DE OFICIO RESPECTO DE ELLOS, AL DICTAR SENTENCIA EN CUALQUIER INSTANCIA, AUN CUANDO NO SE HUBIESEN SOLICITADO EN VÍA DE EXCEPCIÓN O RECONVENCIÓN.
AMPARO DIRECTO 7176/2004.
CONSIDERANDO:
SEXTO. Los conceptos de violación aducidos por ... por su propio derecho, son infundados y fundados en parte, y suficientes en otra, con base en las siguientes consideraciones.
Por cuestión de método se procede a estudiar la manifestación que esgrime la quejosa, de naturaleza formal, consistente en que en la resolución reclamada, la ad quem no emitió razonamiento lógico jurídico que le motivara para determinar de manera proporcional el porcentaje fijado, toda vez que se limitó a decir que el fallo apelado se apegaba al principio de proporcionalidad, sin determinar las causas que fundaran y motivaran tal argumento, derivando con ello, que el acto reclamado no estuviera debidamente fundado y motivado, por lo que vulneró en su perjuicio las garantías individuales consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales.
El anterior motivo de inconformidad es infundado atento a que en lo concerniente al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos debe señalarse que, en su primer párrafo, tal como lo ha interpretado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recoge el principio de legalidad de los actos de autoridad que constituye una de las bases fundamentales del Estado de derecho.
Así, las sentencias de los tribunales, en tanto que son actos privativos, deben ser resultado de un proceso jurisdiccional que satisfaga la garantía de audiencia conforme al párrafo segundo del artículo 14 constitucional y deben apegarse a la legalidad señalada en alguno de los dos últimos párrafos de dicho precepto (según se trate de procesos penales o civiles en sentido amplio), pero, en tanto que también son actos de molestia, deben cumplir además con la legalidad exigida en el artículo 16 constitucional.
En efecto, las condiciones que el artículo 16 impone a los actos de autoridad de molestia son tres:
a) Que se exprese por escrito;
b) Que provenga de autoridad competente; y,
c) Que en el documento escrito en el que se expresen, se funde y motive la causa legal del procedimiento.
Bajo estas premisas, la primera condición que debe satisfacer el acto de autoridad de molestia, es que debe constar por escrito, es una condición esencial para que pueda haber certeza sobre la existencia del acto y para que el afectado pueda conocer con precisión de cuál autoridad proviene el acto y cuál es el contenido y las consecuencias jurídicas de éste.
Además, el mandamiento escrito debe contener la firma original o autógrafa de la autoridad competente que emita el acto de molestia, por ser sólo ese tipo de firma lo que le da autenticidad al documento en el que se expresa el acto.
También, para que pueda cumplirse con la finalidad de la exigencia del documento escrito, es necesario que aquél se notifique adecuadamente al afectado.
En tanto que la fundamentación y motivación de los actos de autoridad son una exigencia esencial para tratar de establecer sobre bases objetivas la racionalidad y la legalidad de aquéllos, para procurar eliminar, en la medida de lo posible, la subjetividad y la arbitrariedad de las decisiones de autoridad, para permitir al gobernado impugnar los razonamientos de éstas y al órgano que debe resolver la impugnación, determinar si son o no fundados los motivos de inconformidad.
Desde un principio, la exigencia de fundamentación ha sido entendida como el deber que tiene la autoridad de expresar en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulan el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, en tanto que la exigencia de motivación ha sido referida a la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que se basa se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar.
Como puede observarse, ambos requisitos se complementan mutuamente, pues no es posible citar disposiciones legales sin relacionarlas con los hechos de que se trate, ni exponer razones sobre hechos que carezcan de relevancia para dichas disposiciones, esta correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho supone necesariamente un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales invocados a los hechos de que se trate.
Así, es de señalarse que la garantía de seguridad jurídica que se contiene en el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Federal implica, en principio, que ningún gobernado puede ser molestado sino a través de un mandamiento escrito de autoridad competente, en el que se funde y motive la causa legal del procedimiento.
Esas condiciones exigidas por el artículo 16 constitucional fueron debidamente observadas en el dictado de la sentencia definitiva reclamada, dado que ésta obra por escrito, fue dictada por autoridad competente, esto es, por la Cuarta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, la que tiene como fundamento de su competencia el artículo 43, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que dispone: "Artículo 43. Las Salas en materia civil, en los asuntos de los juzgados de su adscripción, conocerán: I. De los casos de responsabilidad civil y de los recursos de apelación y queja que se interpongan en asuntos civiles, contra las resoluciones dictadas por los Jueces de lo Civil, del Arrendamiento Inmobiliario, de lo Concursal y de Inmatriculación Judicial. ..."; asimismo, el fallo impugnado se encuentra firmado por los Magistrados integrantes de la Sala responsable y la secretaria de acuerdos que dio fe del acto y notificado mediante el Boletín Judicial, además de encontrarse debidamente motivado, según se advierte de su contexto y que obra transcrito en el considerando cuarto de esta ejecutoria, cuya legalidad ya se ha analizado, y que en obvio de repeticiones innecesarias se da aquí por reproducido por lo que, en consecuencia, no existe transgresión alguna al referido artículo 16 constitucional.
Así las cosas, es infundado el motivo de inconformidad expresado por la peticionaria de garantías, en el sentido de que el dictado de la sentencia que constituye el acto reclamado no se encuentra debidamente fundado ni motivado, en virtud de que si bien el artículo 16 de la Constitución Federal de la República consagra la garantía de legalidad consistente en la obligación que tiene toda autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares y, por ende, toda resolución debe respetarlas, en el caso, se reitera, ello quedó satisfecho, pues del examen del fallo reclamado se advierte que los razonamientos hechos en la parte considerativa son jurídicos y resuelven con acierto la controversia, pues fue emitido conforme a la petición en los agravios, y el tribunal de alzada expuso todas las razones y circunstancias que consideró idóneas para la resolución de la controversia, esto es, señaló con precisión las razones especiales y particulares, así como las causas inmediatas que tuvo en consideración para la emisión del acto citando, además, en apoyo de sus conclusiones, la jurisprudencia por contradicción de tesis, cuyo rubro reza de la siguiente manera: "ALIMENTOS. REQUISITOS QUE DEBEN OBSERVARSE PARA FIJAR EL MONTO DE LA PENSIÓN POR ESE CONCEPTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE CHIAPAS).", por lo que en criterio de este Tribunal Colegiado de Circuito, la autoridad responsable sí cumplió con la garantía de fundamentación y motivación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal, de ahí que su argumento sobre ese aspecto, como se dijo, es infundado.
Apoya a lo anterior la jurisprudencia 73, visible en la página 52, Tomo III del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que dice:
"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas."
Enseguida, afirma la quejosa:
Que la necesidad de percibir alimentos por parte de sus menores hijos fue considerada de manera parcial tanto por el a quo como la ad quem, dado que contrario a lo establecido por el artículo 311 del Código Civil para el Distrito Federal, se determinó como pensión alimenticia únicamente el treinta por ciento de las percepciones del padre de sus hijos, sin embargo, tal porcentaje resultaba desproporcional, considerando la edad escolar de sus menores hijos, la cual conllevaba a mayores gastos, como la compra de ropa escolar, material didáctico, transporte, situaciones que no había considerado la ad quem.
Que de manera alguna se atendía a las necesidades de sus menores hijos y mucho menos existía la proporción debida de esas necesidades y las posibilidades reales del deudor alimentario, puesto que mientras el deudor alimentario satisfacía sus necesidades con un setenta por ciento de sus ingresos, las de sus hijos la quejosa las tenía que cubrir con un treinta por ciento, lo cual a todas luces era desproporcional, violando en su perjuicio las garantías individuales consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Tales motivos de queja son infundados porque contrariamente a lo alegado por la peticionaria de garantías, la alzada obró conforme a derecho al fijar como pensión alimenticia para sus dos menores hijos, un treinta por ciento de las percepciones totales, tanto ordinarias como extraordinarias del deudor alimentario, de acuerdo al principio de proporcionalidad previsto en el artículo 311 del Código Civil para el Distrito Federal, el cual establece lo siguiente:
"Artículo 311. Los alimentos han de ser proporcionados a las posibilidades del que debe darlos y a las necesidades de quien debe recibirlos. Determinados por convenio o sentencia, los alimentos tendrán un incremento automático mínimo equivalente al aumento porcentual del salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal, salvo que el deudor alimentario demuestre que sus ingresos no aumentaron en igual proporción. En este caso, el incremento en los alimentos se ajustará al que realmente hubiese obtenido el deudor. Estas prevenciones deberán expresarse siempre en la sentencia o convenio correspondiente."
De una recta interpretación del precepto legal transcrito con antelación, se desprende que en el mismo se plasma el carácter proporcional que habrá de reunir una obligación alimenticia, de ahí que el juzgador al determinar el monto de una pensión alimenticia debe estar a cada caso en particular y sustentarse en los dos principios fundamentales que lo rigen, esto es "la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos", puesto que en toda determinación que se asuma, al respecto, debe observarse que se trata de disposiciones de orden público e interés social, procurando evitar situaciones injustas y perjudiciales para cualquiera de las partes contendientes, lo que significa que para fijar el monto de la pensión alimenticia debe atenderse a la situación individual de los acreedores en relación con sus necesidades personales y a la capacidad económica del deudor pues, en cada caso concreto, los acreedores pueden estar en diversas circunstancias y, por ende, no tener las mismas necesidades económicas pero, además, debe tomarse en consideración el entorno social en que éstos se desenvuelven, sus costumbres y demás particularidades que representa la familia a la que pertenece, pues los alimentos no sólo abarcan el poder cubrir las necesidades vitales o precarias del acreedor, sino el solventarle una vida decorosa, sin lujos, pero suficiente para desenvolverse en el status relativo.
Principio que fue debidamente acogido por la Sala responsable, al argüir básicamente:
Que de las actuaciones del juicio natural, las cuales hacían prueba plena de conformidad con lo dispuesto por el artículo 327, fracción VIII, en relación con el numeral 403, ambos artículos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal se advertía que la Juez del conocimiento se apegó a derecho al dictar la resolución controvertida en los términos en que lo hizo, condenando al demandado ... al pago de una pensión alimenticia a favor de los menores ... consistente en el treinta por ciento del sueldo y demás percepciones que percibía en el lugar donde trabajaba, apegándose al principio de proporcionalidad que debe regir al momento de fijar una pensión alimenticia, esto es, atendiendo a las necesidades de los acreedores alimentarios, así como a las posibilidades del deudor.
Que contrario a lo que afirmaba la recurrente de que debía utilizarse el criterio aritmético para la fijación de la pensión alimenticia, en donde efectivamente se dividía el ingreso del deudor, entre el número de acreedores, contándose el propio deudor como dos personas, criterio que había sido rebasado, tomando en consideración que ahora debía atenderse a las necesidades y posibilidades para fijar en forma proporcional una pensión alimenticia.
Que la a quo, sí tomó en consideración la referida proporcionalidad que debía revestir la fijación de una pensión alimenticia, es decir, atender a lo dispuesto por los artículos 308, 309, 311 y 314 del Código Civil para el Distrito Federal, en donde se establecían las bases para determinar el monto de la misma, por lo que la alzada consideraba procedente que en el juicio de primera instancia, se hubiese condenado al demandado al pago de un treinta por ciento a favor de sus menores hijos ... del total de sus percepciones, tanto ordinarias como extraordinarias o que por cualquier otro concepto obtuviera el apelado por la prestación de sus servicios en su centro de trabajo.
Que la capacidad económica por parte del deudor alimentario quedó acreditada, en términos del informe que rindió ... en su carácter de representante de Nueva Walt-Mart, S. de R.L. de C.V., de donde se desprendía que el deudor alimentario obtenía como ingresos la cantidad de doce mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos mensuales.
Que si bien era cierto que no se le tuvo por contestada la demanda instaurada en su contra, por ser presentada en forma extemporánea, también lo era que para la Sala responsable no pasaba desapercibido que se exhibieron los atestados de nacimiento de los menores ... (que obran en autos originales fojas 16, 17 y 18), en donde se advertía que eran hijos del deudor alimentario en el presente juicio y, por consiguiente, se presuponía, salvo prueba en contrario, la obligación que tenía para proporcionarles alimentos.
Que en el juicio al tener a su favor la presunción de necesitar alimentos con la que contaban sus hijos ... era procedente que se hubiese decretado a favor de éstos el pago de una pensión alimenticia, consistente en un treinta por ciento de los ingresos que obtenía el demandado.
Que debía tomarse en consideración que los alimentos comprendían la comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria, así como los gastos de educación para proporcionar un oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales, además de que como había quedado establecido en el cuerpo de la resolución primigenia, no eran los únicos acreedores con los que contaba el deudor alimentario, por lo que contrario a lo aducido por la recurrente, el porcentaje fijado como pensión alimenticia en forma definitiva, se apegó al principio de proporcionalidad, sustentando la ad quem sus consideraciones en la jurisprudencia titulada: "ALIMENTOS. REQUISITOS QUE DEBEN OBSERVARSE PARA FIJAR EL MONTO DE LA PENSIÓN POR ESE CONCEPTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE CHIAPAS)."
Bajo ese contexto debe decirse que, contrariamente a lo sostenido por la accionante del amparo, la Sala del conocimiento si tomó en consideración las circunstancias particulares y especiales del caso a estudio, para fijar una pensión alimenticia a favor de sus menores hijos en un treinta por ciento de sus percepciones ordinarias como extraordinarias que recibe de su centro de trabajo el deudor alimentario, porque se atendió a la capacidad económica del deudor alimentario y a las necesidades de los acreedores alimenticios, por estar acreditado en autos que el deudor alimentario tiene además otros tres acreedores alimenticios, por así desprenderse de los atestados del registro civil, respecto del nacimiento de los menores ... procreados con la diversa concubina de nombre ... por lo que resulta que la Sala responsable no se apartó de la equidad y la justa medida que como padre el deudor alimentario tiene con sus dos menores hijos, de suministrarles lo esencial para su subsistencia, con decoro pero sin lujo, circunstancias que se vieron reflejadas de acuerdo a las constancias del juicio primigenio, las cuales gozan de valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a Ley de Amparo, de conformidad a lo establecido en el numeral 2o., del último cuerpo de leyes en mención, por tanto, la Sala responsable actuó apegada a derecho al constreñirse correctamente a lo dispuesto en el artículo 311 del Código Civil para el Distrito Federal el cual, como ya se dijo, establece que los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad de quien debe recibirlos, por lo cual, para su fijación, debe tomarse en consideración la situación individual de los acreedores, en relación con sus necesidades personales y a la capacidad económica del deudor.
Como corolario de lo anterior, debe decirse que en el caso concreto no se infringieron en perjuicio de la quejosa las garantías individuales contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales.
Cobra aplicación a lo anteriormente considerado la jurisprudencia por contradicción de tesis número 1a./J. 44/2001, visible en la página 11, Tomo XIV, agosto de 2001, Novena Época, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos epígrafe y sinopsis versan de la siguiente manera:
"ALIMENTOS. REQUISITOS QUE DEBEN OBSERVARSE PARA FIJAR EL MONTO DE LA PENSIÓN POR ESE CONCEPTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE CHIAPAS). De lo dispuesto en los artículos 308, 309, 311 y 314 del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos 304, 305, 307 y 310 del Estado de Chiapas, se advierte que los legisladores establecieron las bases para determinar el monto de la pensión alimenticia, las cuales obedecen fundamentalmente a los principios de proporcionalidad y equidad que debe revestir toda resolución judicial, sea ésta provisional o definitiva, lo que significa que para fijar el monto de esta obligación alimentaria debe atenderse al estado de necesidad del acreedor y a las posibilidades reales del deudor para cumplirla, pero, además, debe tomarse en consideración el entorno social en que éstos se desenvuelven, sus costumbres y demás particularidades que representa la familia a la que pertenecen, pues los alimentos no sólo abarcan el poder cubrir las necesidades vitales o precarias del acreedor, sino el solventarle una vida decorosa, sin lujos, pero suficiente para desenvolverse en el status aludido; de ahí que no sea dable atender para tales efectos a un criterio estrictamente matemático, bajo pena de violentar la garantía de debida fundamentación y motivación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, eventualmente, hacer nugatorio este derecho de orden público e interés social."
A continuación, la impetrante de garantías afirma, en su segundo concepto de violación, esencialmente lo siguiente:
Que la ad quem introdujo elementos que no configuraron como parte de la litis, vulnerando con ello el principio de congruencia que toda resolución debía contener, de acuerdo a lo previsto por el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, porque argumentó que el deudor alimentista contaba con otros acreedores, de lo cual se presumía la necesidad de alimentos, aseveraciones de la alzada que a criterio de la quejosa no formaron parte de la controversia, además de que el demandado no dio contestación oportuna a la demanda por haberla presentado en forma extemporánea y, por consecuencia, no se le tuvo por contestada ni tampoco se le admitió prueba alguna a su favor.
Que los atestados de nacimiento de los otros menores hijos del deudor alimentario de nombres ... no fueron admitidos y mucho menos formaron parte de la litis, vulnerando con ello el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
Dichos motivos de queja son infundados porque, contrariamente a lo aseverado por la accionante del amparo, la Sala responsable actuó correctamente al manifestar que el a quo tomó en consideración el principio de proporcionalidad para la fijación de la pensión alimenticia en un treinta por ciento para los acreedores alimentarios, de las percepciones ordinarias y extraordinarias que percibe el deudor alimentario en su centro de trabajo, así como la capacidad económica del que goza éste último.
De lo que se sigue, que para la fijación de la pensión alimenticia debe atenderse a lo dispuesto en los artículos 308, 309 y 311 del Código Civil para el Distrito Federal, en donde se establecen las bases para determinar el monto de la pensión alimenticia, lo cual fue observado por la alzada, al ceñirse en la sentencia que constituye el acto reclamado a los principios de proporcionalidad y equidad que rigen en materia de alimentos.
Ello es así, porque de conformidad con los artículos 278 y 279 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, el juzgador tiene amplias facultades para mandar traer a la vista cualquier documento que sirva para esclarecer los derechos de las partes, en efecto, dichos preceptos establecen:
"Artículo 278. Para conocer la verdad sobre los puntos controvertidos puede el juzgador valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, y de cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero; sin más limitación que la de que las pruebas no estén prohibidas por la ley, ni sean contrarias a la moral."
"Artículo 279. Los tribunales podrán decretar en todo tiempo, sea cual fuere la naturaleza del negocio, la práctica o ampliación de cualquier diligencia probatoria, siempre que sea conducente para el conocimiento de la verdad sobre los puntos cuestionados. En la práctica de estas diligencias, el Juez obrará como estime procedente para obtener el mejor resultado de ellas, sin lesionar el derecho de las partes oyéndolas y procurando en todo su igualdad."
De manera que si, en el caso en particular, la Sala responsable al emitir su sentencia procedió a valorar, las documentales públicas consistentes en las actas del registro civil que acreditan el nacimiento de los diversos menores ... documentales a las que le confirió valor probatorio en términos de los artículos 327, fracción VIII, en relación con el numeral 403, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, no obstante de que en auto de veintiuno de mayo de dos mil cuatro, no las había admitido por haberse contestado la demanda en forma extemporánea, con tal proceder, dicho juzgador de segunda instancia, en criterio de este Tribunal Colegiado de Circuito, no infringió el principio de congruencia contemplado en el artículo 81 del referido código, así como el principio de igualdad de las partes, sino por el contrario fue congruente con lo expresamente establecido en los artículos 278 y 279 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
Ciertamente, en la parte conducente del considerando segundo de la sentencia combatida, la alzada precisó:
"... también es verdad que para esta Sala no pasa desapercibido que se exhibieron los atestados de nacimiento de los menores ... (que obran en autos originales fojas 16, 17 y 18), en donde se advierte que son hijos del deudor alimentario en el presente juicio y, por consiguiente, se presupone, salvo prueba en contrario, la obligación que tiene éste para proporcionarles alimentos; por lo que en el juicio al tener a su favor la presunción de necesitar alimentos con la que cuentan sus hijos ... es procedente que se haya decretado a favor de éstos el pago de una pensión alimenticia consistente en el 30% (treinta por ciento) de los ingresos que obtiene el demandado; tomando en consideración de que los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria, así como los gastos de educación para proporcionar un oficio, arte o profesión, adecuados a sus circunstancias personales, además de que, como ha quedado establecido en el cuerpo de esta resolución, no son los únicos acreedores con los que cuenta el deudor alimentario, por consiguiente, contrario a lo aducido por la recurrente, el porcentaje fijado como pensión alimenticia, en forma definitiva, se apegó al principio de proporcionalidad."
De lo antes transcrito, denota que la Sala del conocimiento obró apegada a derecho, al tomar en consideración las actas del registro civil en donde se acredita el nacimiento de los diversos menores y acreedores del deudor alimentario, no obstante de que en auto de veintiuno de mayo de dos mil cuatro, no se hubiesen admitido tales pruebas, pues la circunstancia de haberse valorado en la sentencia de segunda instancia en criterio de este órgano de control constitucional y de legalidad, se reitera, no se infringió el principio de congruencia que debe prevaler en toda resolución judicial, así como el de igualdad de las partes.
Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis de la Tercera Sala publicada en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 80, Cuarta Parte, página 21, Materia Civil, del siguiente rubro y texto:
"DOCUMENTOS PRESENTADOS EXTEMPORÁNEAMENTE. FACULTAD DEL JUZGADOR PARA TOMARLOS EN CUENTA. Si el tribunal responsable invocó para tomar en cuenta unos documentos presentados extemporáneamente, determinados preceptos del Código de Procedimientos Civiles que facultan al juzgador para valerse de tal cosa o documento para conocer la verdad sobre los puntos comprometidos, debe estimarse que no existe violación al respecto, porque independientemente de los preceptos que invoquen las partes, el juzgador está facultado para tomar en cuenta dicha prueba en los términos de los artículos procedentes."
En esa tesitura, es facultad del tribunal de alzada el tomar en cuenta las documentales existentes en autos, como lo son las actas de nacimiento de los diversos menores hijos del deudor alimentista de nombres ... las cuales en términos de los artículos 39 y 50 del Código Civil en el Distrito Federal y 327, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal tienen valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario y no sólo emitir su sentencia a la luz de los agravios que le fueron propuestos.
Por tanto, contrario a lo afirmado por la titular de la acción constitucional no existe violación a los principios de proporcionalidad y equidad que deben regir a la ministración de alimentos dado que, en la especie, la Sala responsable consideró que no pasaba desapercibido que se exhibieron, en el juicio de origen, los atestados de nacimiento de los menores ... en donde se advertía que eran hijos del deudor alimentario en el presente juicio y, por consiguiente, se presuponía, salvo prueba en contrario, la obligación que tenía para proporcionarles alimentos, por lo que no eran los únicos acreedores con los que contaba el deudor alimentario, consecuentemente, contrario a lo aducido por la recurrente, el porcentaje fijado como pensión alimenticia en forma definitiva, se apegó al principio de proporcionalidad; por tanto, en el caso concreto se atendió a la exigencia de que los alimentos deben darse según la capacidad económica del deudor alimentario, que señala el artículo 311 del Código Civil para el Distrito Federal.
En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 311 del Código Civil para el Distrito Federal, los alimentos deben ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos.
Por su parte, el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal instaura el principio de congruencia de las sentencias, estableciendo que deben ser claras, precisas y congruentes con la demanda y contestación, y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.
Bajo este orden de ideas, debe precisarse que atendiendo al principio de proporcionalidad que rige en materia de alimentos, cuando son varios los acreedores deben repartirse equitativamente entre ellos y el propio deudor, los emolumentos que éste perciba. Por tanto, si en el caso en particular, la parte actora vía agravios solicitó, fundamentalmente, el aumento de la pensión alimenticia en relación con la que fijó el Juez de primera instancia, el juzgador de segunda instancia, al resolver de la forma en que lo hizo, examinó debidamente las constancias de autos y sobre todo, tuvo en consideración que la controversia era de índole familiar (alimentos), todo ello, en cumplimiento al principio de congruencia que establece el artículo 81 del código adjetivo antes invocado.
Cobra aplicación la jurisprudencia publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, ab
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18542-cd77be74/alimentos-obligacion-del-juzgador-de-proveer-de-oficio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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