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Modo: Corpus Pro

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. SON INOPERANTES LOS RELATIVOS AL TEMA DE INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY, CUANDO EL DISPOSITIVO CUESTIONADO PUDO COMBATIRSE EN ESA VÍA CONTRA UNA PRIMERA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, POR HABER OBTENIDO ANTE ESE ÓRGANO UNA DECLARACIÓN DE NULIDAD PARA EFECTOS O EXCEPCIONAL DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 95/2004. · Registro digital (IUS): 18549
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MARÍA AGUSTINA REYES MORA.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Enero de 2005, , Pág. 1508.

AMPARO DIRECTO 95/2004. MARÍA AGUSTINA REYES MORA.

CONSIDERANDO:

SÉPTIMO. Por cuestión de orden debe analizarse el motivo de inconformidad en el que se plantea un tema de inconstitucionalidad de ley, para lo cual se cita la tesis 2a. CXIX/2002, que sostiene la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 395, Tomo XVI, octubre de 2002, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DEL TEMA PROPIAMENTE CONSTITUCIONAL DEBE REALIZARSE ANTES QUE EL DE LEGALIDAD. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que cuando en amparo indirecto se reclaman leyes con motivo de su primer acto de aplicación, el Juez de Distrito, al pronunciarse respecto al fondo, debe analizar primero la constitucionalidad de la norma impugnada y, posteriormente, si es necesario, la legalidad del acto de aplicación, bajo la premisa de preferir los argumentos que conduzcan a mayores beneficios y reservar para un análisis ulterior los planteamientos de menores logros, en aras de tutelar la garantía de acceso a la justicia establecida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, el criterio aludido no es de aplicación exclusiva al juicio de amparo indirecto, sino que, por identidad de razón, debe hacerse extensivo al juicio de garantías en la vía directa, a fin de que los Tribunales Colegiados de Circuito ajusten sus sentencias a este orden de análisis de los conceptos de violación propuestos, en términos del artículo 166, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal."

En el primer concepto de violación se aduce, en resumen, que el artículo 23, fracción XXII, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de marzo de dos mil uno, resulta violatorio del artículo 16 de la Carta Magna, por ser genérico e impreciso, puesto que no señala cuáles son las atribuciones y sanciones que les corresponde ejercer e imponer a las Administraciones Generales de Auditoría Fiscal Federal y a las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal, ya que de la lectura a los artículos 20, 22, 26, 28, 29 y 31 del citado ordenamiento, se observa que varias unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria cuentan con la misma facultad, lo que, repite, ante la señalada generalidad se viola la certidumbre, seguridad y certeza jurídicas que debe contener un dispositivo para que sea considerado como constitucional bajo los influjos del artículo 16 del Pacto Federal.

El concepto de violación es inoperante, como enseguida se precisa.

Antes que nada, conviene transcribir algunas tesis que sobre el tema y el caso sostiene la Segunda Sala del Alto Tribunal de la Nación.

La 2a. CXVII/2002, que aparece publicada en la página 393, Tomo XVI, octubre de 2002, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"AMPARO DIRECTO. CUANDO EN ÉL SE PLANTEA UNA CUESTIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD Y EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO OMITE SU ESTUDIO Y AMPARA POR LEGALIDAD, EL QUEJOSO TIENE LA CARGA DE INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN PARA QUE SE DECIDA AQUELLA CUESTIÓN, PUES DE LO CONTRARIO YA NO PODRÁ REPLANTEARLA EN UN AMPARO SUBSIGUIENTE. El artículo 158, último párrafo, de la Ley de Amparo, establece que cuando dentro del juicio natural surjan cuestiones que no sean de imposible reparación sobre la constitucionalidad de leyes, tratados internacionales o reglamentos, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda en contra de la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, a través de los conceptos de violación, tal y como lo prevé el numeral 166, fracción IV, párrafo segundo de la citada Ley. Ahora bien, si el Tribunal Colegiado de Circuito, al resolver el juicio correspondiente en la vía directa omite el estudio de un concepto de violación referido a la inconstitucionalidad de una norma, pero otorga la protección federal por motivos exclusivamente de legalidad, la parte quejosa, al resentir un agravio objetivo derivado de tal omisión debe interponer el recurso de revisión de la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos de los artículos 83, fracción V y 84, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para que se resuelva la cuestión de inconstitucionalidad, pues, en caso contrario y por efectos de la preclusión, se estimará que consintió tácitamente la omisión con respecto al examen del argumento de inconstitucionalidad y, con ello, perderá la oportunidad de replantearla en un nuevo y eventual amparo dentro del mismo negocio."

La tesis 2a. CII/97, publicada en la página 408, Tomo VI, septiembre de 1997, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON EN AMPARO DIRECTO LOS QUE PLANTEAN LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY QUE PUDO SER COMBATIDA EN UN AMPARO DIRECTO ANTERIOR PROMOVIDO POR EL MISMO QUEJOSO. En amparo directo se puede válidamente alegar la inconstitucionalidad de un precepto legal dentro de los conceptos de violación de la demanda, siempre que dicho precepto haya sido aplicado en la sentencia o en el procedimiento por primera vez, de tal suerte que si el quejoso tuvo la oportunidad de plantear dicha inconstitucionalidad en un amparo anterior donde el precepto se aplicó en su perjuicio por primera vez, debe considerarse que en el segundo o ulterior juicio de amparo que promueva, el concepto de violación respectivo será inoperante, ya que el precepto legal fue consentido."

La 2a. CCV/2002, consultable en la página 726, Tomo XVII, enero de 2003, de la misma época y fuente de difusión que las anteriores, que dice:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES EN AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. CUANDO VERSAN SOBRE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY QUE PUDO SER COMBATIDA EN UN JUICIO DE GARANTÍAS PROMOVIDO CON ANTERIORIDAD POR EL MISMO QUEJOSO. Si se promueve amparo directo en contra de una sentencia en la que se aplica una norma de carácter penal, respecto de la cual no se cuestiona su inconstitucionalidad, debe estimarse que el quejoso ha aceptado su constitucionalidad, sin que pueda válidamente introducir el planteamiento respectivo en un amparo posterior en contra de la sentencia emitida en acatamiento de la ejecutoria de aquel juicio de garantías, pues tal cuestión resulta ajena a la litis; y, si lo hace, el concepto de violación respectivo será inoperante."

Y la 2a. CXVIII/2002, que aparece publicada en la página 394, Tomo XVI, octubre de 2002, de la misma época y Semanario ya citados, de rubro y texto:

"AMPARO DIRECTO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN FEDERAL POR MOTIVOS DE LEGALIDAD, PERO NO EN RELACIÓN CON LOS ARGUMENTOS DE INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA, EL QUEJOSO CONSERVA INTERÉS JURÍDICO PARA INSISTIR, EN LA REVISIÓN, SOBRE SU ANÁLISIS, PUES CON ELLO PODRÍA OBTENER MAYORES BENEFICIOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la tesis 2a. CCXXIII/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, diciembre de 2001, página 363, que cuando en la sentencia dictada en un juicio de amparo indirecto se conceda la protección federal respecto del acto de aplicación de una norma por motivos de legalidad, pero no en relación con la ley considerada inconstitucional, el quejoso, al resentir un agravio objetivo, conserva su interés jurídico para recurrir aquélla en revisión y, así, buscar la declaratoria de inconstitucionalidad correspondiente para obtener mayores beneficios que los ya conseguidos; sin embargo, el criterio antes expuesto, no es de exclusiva aplicación al juicio de amparo indirecto, ya que, por identidad de razón, en el que se tramita en la vía directa ocurre la misma situación, si se tiene presente que el máximo beneficio se obtiene con la consideración de inconstitucionalidad de la norma que funda la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, aun sin decidirlo en lo principal."

De la lectura y análisis de los anteriores criterios, se advierten los siguientes puntos jurídicos.

1. Si un Tribunal Colegiado omite el estudio de un concepto de violación referido a la inconstitucionalidad de una norma, no obstante conceder el amparo por motivos de legalidad, la parte quejosa, ante tal omisión, debe interponer el recurso de revisión competencia del Alto Tribunal.

Si no lo hace se tendrá consentida tácitamente la omisión del órgano colegiado respecto de dicho tema de inconstitucionalidad de ley y perderá la oportunidad de replantearla en un nuevo y eventual juicio de garantías derivado del mismo procedimiento.

2. Si en un amparo anterior el quejoso tuvo la oportunidad de plantear un tema de inconstitucionalidad de ley, en un segundo o ulterior juicio de amparo el concepto de violación respectivo deberá declararse inoperante por consentimiento del precepto legal.

3. No es posible introducir el planteamiento de inconstitucionalidad de ley en un amparo posterior interpuesto contra la sentencia emitida en acatamiento de la ejecutoria del primer juicio de garantías, en tanto que esa cuestión resultaría ajena a la litis.

4. Si en un juicio de amparo directo se concede la protección federal respecto del acto de aplicación de una norma por motivos de legalidad, pero no en relación con la ley considerada inconstitucional, el quejoso conserva interés jurídico para recurrir ese fallo protector en revisión, con el fin de buscar la declaratoria de inconstitucionalidad de ley para obtener mayores beneficios que los ya conseguidos. Lo anterior, porque el máximo provecho jurídico se obtiene si se determina la inconstitucionalidad de la norma que funda la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, aun sin decidirlo en lo principal.

Debe destacarse que los anteriores criterios subyacen a la promoción de un primer juicio de amparo, en el que no obstante tener la posibilidad de plantear un tema de inconstitucionalidad de ley, no se haya hecho, o habiéndolo hecho no se obtuviera el pronunciamiento respectivo por parte del Tribunal Colegiado.

Sin embargo, el interés jurídico y el deber a que hacen alusión las mencionadas tesis emitidas por el Alto Tribunal no deben únicamente limitarse al recurso de revisión cuando planteado el tema de inconstitucionalidad de ley no se hubiera efectuado pronunciamiento por parte del órgano colegiado, sino que deben entenderse también referidos a la necesidad de plantear un primer amparo en el que se destaque el tema de inconstitucionalidad de ley, en el supuesto de haber obtenido una resolución que determine la nulidad para efectos o excepcional del acto administrativo combatido, precisamente porque en esas condiciones subsiste interés jurídico en el gobernado para obtener mayores beneficios, al tenor de la jurisprudencia que sostiene la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 327, Tomo III, Materia Administrativa, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice:

"NULIDAD PARA EFECTOS. EXISTE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA SENTENCIA QUE DECLARA LA NULIDAD PARA EFECTOS DE UNA RESOLUCIÓN EXPRESA, SI EL QUEJOSO PRETENDE QUE DEBIÓ SER LISA Y LLANA. Cuando la parte actora en un juicio ante el Tribunal Fiscal de la Federación demanda la nulidad de una resolución expresa y obtiene solamente la nulidad para efectos, y no la lisa y llana que pretende, se le causa un perjuicio directo a su interés jurídico, en tanto que la sentencia aparentemente favorable limita el alcance de la nulidad demandada. Lo anterior, con independencia de que, en su caso, pudiera demandar la nulidad del nuevo acto que dictara la autoridad administrativa en acatamiento de la sentencia del Tribunal Fiscal."

Así es, conforme a lo desplegado con anterioridad, no únicamente se perderá la oportunidad de plantear el tema en un nuevo juicio de amparo por no interponer en su oportunidad el recurso de revisión ante la omisión de su estudio o porque interpuesto el juicio no se hubiere planteado, sino que también se perderá esa oportunidad en un segundo o ulterior amparo si no se intentó previamente teniendo facultad para ello.

Eso es lo que justamente acontece en el particular, en virtud de que el tema relacionado con el numeral que hasta este amparo se tacha de inconstitucional, pudo plantearse en amparo directo desde la primera sentencia dictada por la Sala Fiscal en el juicio de nulidad 895/02-12-01-7, porque desde entonces ese numeral fue aplicado en perjuicio de la contribuyente inconforme y sólo obtuvo una nulidad excepcional del acto administrativo que lo contiene.

Así las cosas, si bien no es el caso específico de una omisión de estudio del tema de mérito, lo cierto es que por virtud del interés jurídico conservado, el juicio de garantías debió interponerse contra la resolución dictada en el señalado juicio de nulidad y ahí debió proponerse la inconstitucionalidad del artículo 23, fracción XXII, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, pues es claro que al haberse logrado en ese entonces una nulidad excepcional de la resolución impugnada, con la eventual declaratoria de inconstitucionalidad se hubieran logrado mayores beneficios a los obtenidos.

Luego, si la quejosa en la oportunidad que tuvo no hizo el planteamiento respectivo, en tanto que no interpuso el juicio constitucional, ahora, el concepto de violación debe calificarse como inoperante.

En otras palabras, ante la declaratoria de nulidad excepcional lograda en el juicio fiscal número 895/02-12-01-7, conservó la quejosa interés jurídico para interponer el amparo directo en su contra, lo que debió hacer con el propósito de obtener una resolución todavía más favorable con motivo del planteamiento de inconstitucionalidad de ley, pues de haber resultado fundado, obvio es que la nulidad, de excepcional, pasaría a lisa y llana.

Máxime que debe recordarse que el artículo cuestionado se citó desde la primera resolución administrativa anulada, y a pesar de que de nueva cuenta es citado en la resolución posterior, lo cierto es que en ésta sólo se agregaron las fracciones VII y XI del artículo 23 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, o sea, la fracción XXII de ese numeral, no es novedosa en el asunto.

No pasa inadvertida la tesis que sostiene el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 65, Tomo VII, mayo de 1998, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"APLICACIÓN DE LEYES EN SENTENCIAS EMITIDAS EN UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL, SU IMPUGNACIÓN EN AMPARO DIRECTO PROCEDE EN CONTRA DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 166, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, no procede sobreseer en el juicio de amparo directo respecto de una ley, aun cuando se trate del segundo acto de aplicación, pues no tiene el carácter de acto reclamado, en virtud de que el planteamiento de inconstitucionalidad de una norma legal que se formula dentro de los conceptos de violación, conduce al tribunal a conceder o negar el amparo respecto de la sentencia, mas no a otorgarlo o negarlo respecto del precepto analizado. Así, aun cuando dentro de la sistemática de la Ley de Amparo no se establece la posibilidad de combatir una ley con motivo de un segundo o ulterior acto de aplicación que perjudique a la parte quejosa, pues ello se traduce en que se estime consentido y se desprende, también, que de haberse analizado una norma en una ocasión, en relación con el mismo quejoso existirá cosa juzgada sobre el tema, debe precisarse que tal sistema rige el amparo que se tramita ante los Jueces de Distrito, no a los juicios de amparo directo, según se ha explicado, en tanto que el juicio de amparo ante los Tribunales Colegiados de Circuito es de carácter restrictivo y el pronunciamiento correspondiente debe referirse a la sentencia en la que se aplica la norma que se tilda de inconstitucional, sin reflejarse en los resolutivos de la sentencia de amparo la decisión respecto de la ley."

Sin embargo, el citado criterio lo que establece es que no es posible sobreseer en el juicio de amparo directo respecto de una ley impugnada en segunda o posterior oportunidad, en virtud de no tener el carácter de acto reclamado y no trascender en un punto resolutivo, lo que no necesariamente trae consigo lo operante del planteamiento, porque debe entenderse que la tesis hace alusión a los casos en que la ley se impugne en diversos juicios, donde sí es factible la aplicación del citado criterio, no a aquellos casos en que se promueve un segundo juicio de amparo en contra de la sentencia que emana del mismo procedimiento judicial, cuya primera resolución se reclamó, o de asuntos que, como el presente, tienen su origen en el mismo procedimiento administrativo a consecuencia de lo decidido en el juicio fiscal, en el que de manera oportuna pudo haberse atacado la ley de inconstitucional con el beneficio, de obtenerse el amparo, de lograr la inaplicación del precepto cuestionado para ese mismo procedimiento administrativo; de otra manera, no existiría jurídicamente el consentimiento en el amparo directo contra leyes, a pesar de haberse dado de facto.

Tampoco escapa el contenido de la diversa tesis P. I/2002, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 7, Tomo XV, febrero de 2002, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"AMPARO DIRECTO CONTRA LEYES. ES PROCEDENTE CUANDO SE CONTROVIERTE UNA SENTENCIA EMITIDA POR UNA SALA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA EN CUMPLIMIENTO DE LO RESUELTO EN UN RECURSO DE REVISIÓN FISCAL, SI SE PLANTEA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS NORMAS APLICADAS EN AQUÉLLA O EN EL ACTO ADMINISTRATIVO DE ORIGEN. De la interpretación causal y teleológica de lo dispuesto en el artículo 104, fracción I-B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte que el recurso de revisión fiscal se estableció como un medio de defensa de la legalidad, mediante el cual la autoridad demandada en un juicio contencioso administrativo puede controvertir la sentencia que declare la nulidad del acto emitido por ella, por lo que al resolver tal recurso el respectivo Tribunal Colegiado de Circuito ejerce una función de control de la legalidad, no de la constitucionalidad, ya que el sentido de este fallo dependerá de que la sentencia recurrida se haya emitido conforme al marco jurídico previsto en las leyes ordinarias aplicables, sin confrontar dicha sentencia o las normas aplicadas en ella con lo dispuesto en la Constitución Federal. En ese tenor, si bien las consideraciones adoptadas al resolver un recurso de revisión fiscal constituyen cosa juzgada, ello acontece únicamente en el aspecto de legalidad, por lo que no existe obstáculo procesal para que el actor en el respectivo juicio contencioso administrativo controvierta en amparo directo la constitucionalidad de las normas que le fueron aplicadas desde el acto administrativo de origen cuya validez se cuestionó ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, cuando la sentencia dictada por éste se emita en cumplimiento de lo resuelto por un Tribunal Colegiado de Circuito al conocer de un recurso de revisión fiscal. Lo antes expuesto, además de reconocer la naturaleza de este medio ordinario de defensa, permite a los gobernados ejercer la prerrogativa que el artículo 73, fracción XII, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, les brinda para impugnar la constitucionalidad de una ley que fue aplicada en su perjuicio una vez agotados los medios ordinarios de defensa y cumplidos los respectivos requisitos procesales; máxime que, conforme al sistema actual, contra la sentencia recurrida en revisión fiscal que no afecta el interés jurídico del actor del juicio contencioso administrativo, no procede el juicio de garantías."

De ese criterio se obtiene que las consideraciones adoptadas al resolver un recurso de revisión fiscal constituyen cosa juzgada; empero, únicamente en el aspecto de legalidad, por lo que no existe impedimento para que se controvierta en amparo directo la constitucionalidad de las normas aplicadas desde el acto administrativo de origen cuando la sentencia dictada en el juicio contencioso se emita en cumplimiento a lo resuelto por un Tribunal Colegiado al conocer de un recurso de revisión fiscal, cuando en éste se hizo pronunciamiento de legalidad.

No obstante, en la parte final de la tesis aludida se establece que no procede el juicio de garantías cuando la sentencia recurrida en revisión fiscal no afecte el interés jurídico del actor en el juicio contencioso, situación que tampoco vuelve aplicable la tesis en este asunto, en tanto que, como ya se dijo, la nulidad decretada por la Sala Fiscal en el primer juicio fue la excepcional, con la libre facultad de la autoridad demandada de poder emitir otro acto, por lo que indudablemente con una declaratoria de inconstitucionalidad del precepto que permite imponer multas a la demandada, es muy claro que se obtendría un mayor beneficio al alcanzado, por lo que, a diferencia de lo conceptuado por la tesis, aquí sí concedía interés jurídico para que en su oportunidad se intentara y no hasta ahora.

Superado el estudio de constitucionalidad de ley se pasa al análisis de los restantes conceptos de violación.

En el segundo de ellos se aduce, en suma, que para las sentencias que declaren la nulidad de actos relacionados con las facultades discrecionales de la autoridad, no existe un término debidamente determinado para que ésta emita el acto de molestia respectivo; que si la autoridad administrativa emite un acto en contra del contribuyente en uso de las comentadas facultades debe de contar con un término para ello, el cual debe ser igual o menor a los cuatro meses que establece el segundo párrafo del artículo 239 del Código Fiscal de la Federación.

Este concepto de violación es inoperante.

En efecto, debe conceptuarse de esa manera el motivo de inconformidad, porque el tema relacionado con las facultades discrecionales, directamente en función con el término o plazo con que debe contar la autoridad administrativa para llevarlas a cabo una vez anuladas por la justicia fiscal, no fue planteado en la instancia de origen.

Así es, en el segundo concepto de impugnación la ahora quejosa sostuvo la ilegalidad de la resolución impugnada bajo el argumento de que transcurrió en exceso el término de cuatro meses para el cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de nulidad identificado con el número 895/02-12-01-7, pero no porque estuvieran de por medio las facultades discrecionales y en esa medida que también tuvieran un término para su ejercicio una vez anulado el acto de esa naturaleza.

Lo anterior se corrobora de la transcripción del señalado segundo concepto de impugnación, que dice:

"Segundo concepto de impugnación: Lo hago consistir en la violación en que incurrió la autoridad demandada a los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 38 del Código Fiscal de la Federación, al no observarse lo dispuesto por el artículo 239 del Código Fiscal de la Federación. En efecto, es de mencionar que la emisión de la resolución administrativa contenida en el oficio número 324-SAT-21-II-2A-8624, de fecha 28 de abril del año 2003, por medio de la cual se da cumplimiento a la sentencia emitida por la Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa dentro del juicio de nulidad 895/02-12-01-7, deviene ilegal, en virtud de haber transcurrido en exceso el término para el cumplimiento a dicha sentencia, violándose en consecuencia por parte de la demandada las garantías de legalidad, seguridad y certeza jurídicas, debido proceso, fundamentación y motivación. Lo anterior es así, toda vez que de la lectura y análisis que se sirva realizar esta H. Sala de la resolución administrativa en combate, por medio del cual se da cumplimiento a la sentencia dictada por la Primera Sala Regional de Oriente dentro del juicio de nulidad 985/02-12-01-7, de fecha 28 de abril de 2003, se podrá percatar que el mismo fue emitido en la fecha citada con antelación, asimismo del acta de notificación de la mencionada resolución se desprende que dicho documento fue hecho de mi conocimiento el día 23 de mayo del año 2003, fecha en que nació a la vida jurídica, sin embargo, la sentencia de mérito causó estado el día 3 de enero del año en cita fecha en que fue notificada a ambas partes, transcurriendo en exceso 4 meses con 20 días al día de la notificación de la resolución en pugna, motivos por los cuales se puede observar que ha transcurrido en exceso el plazo previsto por el artículo 239, antepenúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, mismo que en lo conducente establece: ‘Artículo 239. La sentencia definitiva podrá: ... Si la sentencia obliga a la autoridad a realizar un determinado acto o iniciar un procedimiento, deberá cumplirse en un plazo de cuatro meses contados a partir de que la sentencia definitiva quede firme. Dentro del mismo término deberá emitir la resolución definitiva, aun cuando hayan transcurrido los plazos señalados en los artículos 46-A y 67 de este código.’. Del diverso de anterior cita, se desprende una realidad jurídica que dejó de ser observada por la actual Administración Local de Auditoría Fiscal de Puebla Norte, hoy demandada, toda vez que dicho precepto establece que la autoridad administrativa ‘deberá’, es decir, de manera imperativa ordena a la citada autoridad a cumplir lo ordenado en la sentencia dentro del ‘plazo de cuatro meses’ contados a partir de la fecha en que haya quedado firme la sentencia definitiva, lo que no aconteció en la especie, motivo por el cual ha caducado el plazo que tenía la hoy demandada para cumplimentar la sentencia que ha quedado precisada en párrafos anteriores. Con la finalidad de demostrar lo anterior, hago la petición a esta H. Sala que conozca del presente asunto solicite a la Primera Sala Regional de Oriente se turnen los autos que integran las constancias de notificación de la sentencia definitiva del juicio de nulidad 895/02-12-01-7 ante esta H. Sala Regional de Oriente, lo anterior con la finalidad de que esta autoridad esté en aptitud de realizar el cómputo correspondiente para reafirmar a partir de qué fecha quedó firme la sentencia definitiva dictada en el citado juicio, de lo cual se desprenderá que efectivamente ha transcurrido en exceso la ‘obligación’ de la hoy demandada para emitir la resolución por medio de la cual da cumplimiento a la multicitada sentencia, haciendo valer la suscrita la excepción de caducidad prevista en el artículo de anterior estudio. En la especie, respecto de lo antes expuesto, resulta aplicable al presente caso la sentencia dictada dentro del juicio 1772/97-05-01/2/99-S2-07-04, resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del entonces Tribunal Fiscal de la Federación, en sesión del día 11 de marzo de 1999, por unanimidad de 4 votos a favor, donde se declaró la nulidad de la resolución impugnada, misma que hago mía en todo aquello que a mis intereses favorezca, misma que en lo conducente resolvió: (La transcribe). Desprendiéndose de lo anterior, que en el caso que nos ocupa se actualiza en la especie la citada causal de nulidad, por el hecho de que la resolución en pugna fue emitida el día 28 de abril del año 2003, y nació a la vida jurídica el día que fue notificada, es decir, el día 23 de mayo del año en cita, lo que arriba a la conclusión que se cumplimentó fuera del plazo establecido en el artículo 239, antepenúltimo párrafo, del código tributario federal, operando la caducidad a favor de la suscrita. De los razonamientos antes expuestos, queda debidamente evidenciado en el momento en que esta H. Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, una vez turnados los autos por la Primera Sala Regional de Oriente del juicio de nulidad 895/02-12-01-7, proceda a realizar el cómputo correspondiente entre la fecha en que haya quedado firme la sentencia dictada en el citado juicio y la fecha de emisión de la resolución administrativa que por esta vía se controvierte, es decir, el día 28 de abril del año 2003, el cual fue de mi conocimiento 23 de mayo del año en cita, fecha en que nació a la vida jurídica como ha quedado establecido, desprendiéndose que el ‘plazo de cuatro meses’ que tenía la autoridad para emitir dicha resolución, ha transcurrido en exceso y por ende caducado. Cobrando aplicación, a todo lo anteriormente vertido en la especie las siguientes jurisprudencias que rezan: ‘PLAZO PARA CUMPLIMENTAR LAS SENTENCIAS DICTADAS POR ESTE TRIBUNAL, ASÍ COMO PARA EMITIR LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA CORRESPONDIENTE. ES INDEPENDIENTE DEL DE CADUCIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 67 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.’ (La transcribe). ‘CADUCIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 239, ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. CUANDO SE CONFIGURA PROCEDE DECLARAR LA NULIDAD LISA Y LLANA.’ (La transcribe). ‘PLAZO PARA CUMPLIMENTAR LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA. CONSTITUYE UNA FACULTAD REGLADA.’ (La transcribe). Motivos suficientes para que esta H. Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa proceda a declarar la nulidad de la resolución impugnada de conformidad con la fracción II del artículo 239 del Código Fiscal de la Federación, por haber sido emitida fuera del plazo establecido en la ley de la materia."

Como se ve, ante la instancia administrativa la ahora quejosa para nada aludió al tema de las facultades discrecion

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18549-80aba614/conceptos-de-violacion-en-amparo-directo-son-inoperantes · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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