COMPETENCIA TERRITORIAL DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL ARTÍCULO 39, APARTADO A, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL UNO, NO CONSTITUYE UNA NORMA COMPLEJA QUE LA FIJE (INAPLICACIÓN DE LA TESIS 2a./J. 115/2005).
AMPARO DIRECTO 451/2005. MARÍA DOLORES CALDERÓN FLORES.
CONSIDERANDO:
SÉPTIMO. Son totalmente ineficaces los conceptos de violación expresados por la quejosa.
Por cuestión de técnica se estudiarán y resolverán en primer lugar los conceptos de violación quinto, sexto y décimo, que se refieren a cuestiones de inconstitucionalidad de ley.
Como sustento de lo anterior se cita la tesis 2a. CXIX/2002 que sostiene la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos noventa y cinco del Tomo XVI, octubre de dos mil dos, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DEL TEMA PROPIAMENTE CONSTITUCIONAL DEBE REALIZARSE ANTES QUE EL DE LEGALIDAD. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que cuando en amparo indirecto se reclaman leyes con motivo de su primer acto de aplicación, el Juez de Distrito, al pronunciarse respecto al fondo, debe analizar primero la constitucionalidad de la norma impugnada y, posteriormente, si es necesario, la legalidad del acto de aplicación, bajo la premisa de preferir los argumentos que conduzcan a mayores beneficios y reservar para un análisis ulterior los planteamientos de menores logros, en aras de tutelar la garantía de acceso a la justicia establecida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, el criterio aludido no es de aplicación exclusiva al juicio de amparo indirecto, sino que, por identidad de razón, debe hacerse extensivo al juicio de garantías en la vía directa, a fin de que los Tribunales Colegiados de Circuito ajusten sus sentencias a este orden de análisis de los conceptos de violación propuestos, en términos del artículo 166, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal."
No pasa inadvertido para este tribunal la jurisprudencia P./J. 3/2005 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE AQUÉLLOS QUE AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA ALCANZADO POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES."; sin embargo, ello solamente es aplicable cuando se otorgue el amparo por un aspecto de legalidad, que es cuando deberá estudiarse en primer término.
Al efecto se observa que la norma impugnada en el concepto de violación décimo, es el artículo 49, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación vigente en dos mil cuatro (toda vez que en ese año se practicó la visita domiciliaria de verificación de expedición de comprobantes fiscales que dio origen a la multa impugnada), mismo que establece:
"Artículo 49. Para los efectos de lo dispuesto por la fracción V del artículo 42 de este código, las visitas domiciliarias se realizarán conforme a lo siguiente: I. Se llevará a cabo en el domicilio fiscal, establecimientos, sucursales, locales, puestos fijos y semifijos en la vía pública, de los contribuyentes, siempre que se encuentren abiertos al público en general, donde se realicen enajenaciones, presten servicios o contraten el uso o goce temporal de bienes, así como en los lugares donde se almacenen las mercancías. II. Al presentarse los visitadores al lugar en donde deba practicarse la diligencia, entregarán la orden de verificación al visitado, a su representante legal, al encargado o a quien se encuentre al frente del lugar visitado, indistintamente, y con dicha persona se entenderá la visita de inspección. III. Los visitadores se deberán identificar ante la persona con quien se entienda la diligencia, requiriéndola para que designe dos testigos; si éstos no son designados o los designados no aceptan servir como tales, los visitadores los designarán, haciendo constar esta situación en el acta que levanten, sin que esta circunstancia invalide los resultados de la inspección. IV. En toda visita domiciliaria se levantará acta en la que se harán constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones conocidos por los visitadores, en los términos de este código y su reglamento o, en su caso, las irregularidades detectadas durante la inspección. V. Si al cierre del acta de visita domiciliaria el visitado o la persona con quien se entendió la diligencia o los testigos se niegan a firmar el acta, o el visitado o la persona con quien se entendió la diligencia se niega a aceptar copia del acta, dicha circunstancia se asentará en la propia acta, sin que esto afecte la validez y valor probatorio de la misma; dándose por concluida la visita domiciliaria. VI. Si con motivo de la visita domiciliaria a que se refiere este artículo, las autoridades conocieron incumplimientos a las disposiciones fiscales, se procederá a la formulación de la resolución correspondiente. Previamente se deberá conceder al contribuyente un plazo de tres días hábiles para desvirtuar la comisión de la infracción presentando las pruebas y formulando los alegatos correspondientes. Si se observa que el visitado no se encuentra inscrito en dicho registro, la autoridad requerirá los datos necesarios para su inscripción, sin perjuicio de las sanciones y demás consecuencias legales derivadas de dicha omisión."
Dicho artículo se aplicó a la demandante de garantías en la resolución impugnada en el juicio de nulidad -si bien no de manera expresa, de su contenido se desprende que la visita domiciliaria que le dio origen a aquélla fue con el fin de verificar la expedición de comprobantes fiscales, conforme a lo previsto en los artículos 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación, de ahí que se deduzca que la autoridad actuó en términos del referido artículo tildado de inconstitucional- y desde luego en la sentencia dictada dentro del juicio contencioso fiscal que aquí se reclama.
De ahí que sí esté legitimada para impugnar la comentada norma en amparo directo, conforme a lo establecido en el artículo 166, fracción IV, de la ley de la materia.
Robustece lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 152/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos veinte del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Novena Época, correspondiente al mes de enero de dos mil tres, la cual establece:
"AMPARO DIRECTO. EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN PUEDE PLANTEARSE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS NORMAS GENERALES APLICADAS EN PERJUICIO DEL QUEJOSO EN EL ACTO O RESOLUCIÓN DE ORIGEN. De la interpretación armónica de los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, se desprende que cuando se promueva juicio de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, se podrá plantear, en los conceptos de violación, la inconstitucionalidad de leyes, tratados internacionales o reglamentos que se hubieran aplicado en perjuicio del quejoso en la secuela del procedimiento del juicio natural o en la sentencia, laudo o resolución reclamados; sin embargo, ello no quiere decir que la posibilidad de controvertir tales normas de carácter general en el amparo directo se agote con los supuestos a que se refieren dichos numerales, pues el artículo 73, fracción XII, último párrafo, del citado ordenamiento permite también la impugnación, en ese juicio, de las normas aplicadas en el acto o resolución de origen, cuando se promueva contra la resolución recaída a los recursos o medios de defensa legal que se hubieran hecho valer en contra del primer acto de aplicación de aquéllas, máxime que en la vía ordinaria no puede examinarse la constitucionalidad de una norma de observancia general, pues su conocimiento está reservado a los tribunales del Poder Judicial de la Federación."
Hechas las anteriores precisiones, se procede al análisis del referido concepto de violación en el que sustancialmente se aduce que el artículo 49, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación, vigente en el año dos mil cuatro, transgrede el artículo 14 de la Carta Magna, concretamente, la garantía de audiencia previa, al no otorgar al contribuyente un plazo para el efecto de demostrar y ser oído ante la autoridad administrativa, previamente a la afectación de sus intereses jurídicos.
Que el artículo en controversia prevé una orden de visita de verificación de expedición de comprobantes fiscales, levantándose posteriormente un acta circunstanciada, que no necesariamente se levanta con el contribuyente o con la persona a quien va dirigida dicha orden, motivo por el cual y finalmente si a juicio de la propia autoridad administrativa éstas conocieron del incumplimiento de las obligaciones referentes a la expedición de los comprobantes fiscales, se procede a formular la resolución correspondiente, lo cual implica que la defensa del contribuyente no se encuentra dentro del procedimiento administrativo, sino hasta que la autoridad ya emitió un acto de molestia al particular, sin que éste previamente haya intervenido en el procedimiento administrativo, con lo que se da una violación a la garantía consagrada en el artículo 14 constitucional, al no otorgarle la posibilidad de ser oído ni de aportar elementos de convicción tendentes a desvirtuar las consideraciones de hecho en que se apoya la autoridad previamente a la imposición de la multa; que dicho procedimiento no prevé una instancia de aclaración o plazo del particular para desvirtuar ante la misma autoridad administrativa lo asentado por ésta en una visita domiciliaria, lo cual representa una clara violación a la garantía de audiencia.
Es infundado el anterior concepto de violación.
Ello es así, pues no es cierto que el artículo 49, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación, vigente en el año dos mil cuatro (antes transcrito), transgreda la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, pues de su simple lectura se puede apreciar que previamente a la afectación de sus intereses jurídicos, otorga al contribuyente un plazo de tres días para demostrar y ser oído ante la autoridad administrativa, cuando con motivo de una visita domiciliaria de verificación de expedición de comprobantes fiscales, las autoridades conocen de incumplimientos a las disposiciones fiscales.
Tal oportunidad de demostrar y alegar previamente, se introdujo al Código Fiscal de la Federación con motivo del decreto de reformas publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de enero de dos mil cuatro, mismo que entró en vigor a partir del uno de enero de dos mil cuatro, según artículo segundo transitorio de dicho decreto.
Luego, no le asiste la razón a la demandante de garantías de que el artículo 49, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación vigente en dos mil cuatro, viole la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 de nuestra Carta Magna.
No es óbice para lo anterior, que en el caso concreto el visitador actuante haya sido quien otorgara el plazo de tres días para desvirtuar los hechos asentados en el acta de visita de verificación de comprobantes fiscales (origen de la multa impugnada), y que dicho plazo haya sido otorgado a un tercero (empleado) y no a la contribuyente, pues esa circunstancia constituye una situación particular de hecho, que no puede ser apta para demostrar la inconstitucionalidad del numeral en comento, dado el carácter general, abstracto e impersonal del mismo; de ahí que deba desestimarse lo argumentado por la quejosa en este sentido.
Es aplicable al presente caso, la jurisprudencia 2a./J. 88/2003 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Novena Época, correspondiente al mes de octubre de dos mil tres, la cual establece:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO TIENDEN A DEMOSTRAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE ALGÚN PRECEPTO, SUSTENTÁNDOSE EN UNA SITUACIÓN PARTICULAR O HIPOTÉTICA. Los argumentos que se hagan valer como conceptos de violación o agravios en contra de algún precepto, cuya inconstitucionalidad se haga depender de situaciones o circunstancias individuales o hipotéticas, deben ser declarados inoperantes, en atención a que no sería posible cumplir la finalidad de dichos argumentos consistente en demostrar la violación constitucional, dado el carácter general, abstracto e impersonal de la ley."
No pasa inadvertido para este Tribunal Colegiado la tesis jurisprudencial número 2a./J. 89/2005 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, agosto de dos mil cinco, Novena Época, página trescientos treinta, que dice:
"VISITAS DOMICILIARIAS PARA VERIFICAR LA EXPEDICIÓN DE COMPROBANTES FISCALES. EL PROCEDIMIENTO RELATIVO QUE IMPIDE A LOS GOBERNADOS DESVIRTUAR LOS HECHOS U OMISIONES PLASMADOS EN EL ACTA RESPECTIVA, ANTES DE QUE SE EMITA LA RESOLUCIÓN QUE IMPONE UNA MULTA, TRANSGREDE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA. Los artículos 42, fracción V, 49, fracción VI, 83, fracción VII y 84, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación, que establecen el procedimiento a través del cual en un acta de visita la autoridad competente al calificar hechos u omisiones relacionados con el incumplimiento de los requisitos que rigen la expedición de comprobantes fiscales, puede imponer multa al visitado sin necesidad de que previamente se le permita a éste ofrecer pruebas para desvirtuar la falta que se le atribuye, transgrede la garantía de previa audiencia que implica que antes de afectar un derecho del gobernado, se le permita ejercer plenamente su defensa, ya que la referida multa constituye un crédito fiscal no tributario, al no derivar de falta de pago oportuno de una contribución, sino del incumplimiento de una obligación accesoria; por tanto, es inconcuso que previamente a la imposición de una multa impuesta por los motivos señalados, debe permitirse al interesado ofrecer pruebas para desvirtuar los hechos u omisiones que se le atribuyen."
Sin embargo, dicho criterio no es aplicable en el presente caso, pues el artículo 49, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación a que se refiere estuvo vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil tres, el cual no contemplaba un plazo para que el contribuyente pudiera demostrar y ser oído previamente al dictado de la resolución correspondiente, tal como se desprende de una de las ejecutorias que le dio origen, relativa al amparo directo en revisión número 210/2005, que en lo conducente dice:
"... Ahora bien, en cuanto al agravio identificado con el inciso d), esta Segunda Sala lo estima infundado. Para sustentar lo anterior, es necesario acudir al artículo 49, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación, que dice: ‘Artículo 49. Para los efectos de lo dispuesto por la fracción V del artículo 42 de este código, las visitas domiciliarias se realizarán conforme a lo siguiente: ... VI. Si con motivo de la visita domiciliaria a que se refiere este artículo, las autoridades conocieron incumplimientos a las disposiciones fiscales, se procederá a la formulación de la resolución correspondiente. Si se observa que el visitado no se encuentra inscrito en dicho registro, la autoridad requerirá los datos necesarios para su inscripción, sin perjuicio de las sanciones y demás consecuencias legales derivadas de dicha omisión.’. El precepto transcrito establece las facultades de las autoridades administrativas fiscales para practicar visitas domiciliarias a fin de comprobar que los contribuyentes han cumplido con las disposiciones administrativas. Si con motivo de una visita domiciliaria las autoridades conocieron del incumplimiento a las disposiciones fiscales, se procederá a la formulación de la resolución correspondiente. En el caso que nos ocupa, la resolución que se controvierte a través del juicio de nulidad, deriva de la orden de visita domiciliaria para la verificación de comprobantes fiscales de veintidós de abril de dos mil tres ... dicha visita domiciliaria fue practicada el mismo día de la orden de referencia, en la que se hicieron constar irregularidades detectadas con motivo de la visita. Como resultado de las irregularidades detectadas en la visita, el veinticinco de abril de dos mil tres ... la Administración Local de Auditoría Fiscal del Centro del Distrito Federal ... determinó un crédito fiscal a cargo de la enjuiciante, por la cantidad de nueve mil seiscientos veintinueve pesos. En esa virtud, la fracción VI del artículo 49 del Código Fiscal de la Federación resulta violatoria de la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 constitucional ...".
Como se advierte, el criterio y jurisprudencia transcritos (así como las tesis aisladas invocadas por la quejosa), se refieren al artículo 49, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el año dos mil tres, cuyo texto, como se dijo anteriormente, sufrió una reforma por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de enero de dos mil cuatro, contemplándose en el mismo un plazo de tres días para que el contribuyente previamente al dictado de la resolución correspondiente, pueda demostrar y alegar lo que a su interés convenga ante la autoridad administrativa, cuando con motivo de una visita domiciliaria de verificación de expedición de comprobantes fiscales, la autoridad conozca de incumplimientos a las disposiciones fiscales.
Por otra parte, en el sexto concepto de violación, la quejosa argumenta la inconstitucionalidad del artículo 84, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación vigente en dos mil cuatro, mismo que se aplicó a la demandante de garantías en la resolución administrativa impugnada (oficio número 324-SAT-21-II-3-6756 de veinticinco de marzo de dos mil cuatro), como se advierte de la siguiente transcripción:
"... a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 83, fracción VII en relación con el 84, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación vigente, se le impone una multa en cantidad de $9,783.00 ..." (foja 80 del juicio de nulidad).
Igualmente se aplicó en perjuicio de la quejosa en la sentencia que constituye el acto reclamado, en el considerando octavo el cual establece:
"OCTAVO. ... Este cuerpo colegiado considera infundado el agravio que se analiza, toda vez que no le asiste la razón al promovente al señalar que no se precisó cuales fueron las disposiciones en las que se actualiza la infracción, ya que como se desprende del oficio número 324-SAT-21-II-3-6756 de fecha 25 de marzo de 2004, se advierte claramente que la autoridad durante el desarrollo de la visita detectó que el contribuyente expidió comprobantes sin requisitos fiscales, como no anotar la fecha de expedición, domicilio correcto del contribuyente que los expide y tampoco anota el precio unitario de los productos que comercializa, es decir, no cumplió con los requisitos del artículo 29 A del Código Fiscal de la Federación, por tanto cometió la infracción prevista en el artículo 83, fracción VII, del Código Fiscal de la Federación, y por consecuencia se hizo acreedora a la sanción establecida en el artículo 84, fracción IV, numerales que establecen textualmente lo siguiente: ..." (foja 193 del juicio de nulidad).
Al haberse aplicado en perjuicio de la impetrante de garantías el artículo 84, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, en la resolución administrativa impugnada y en la sentencia que constituye el acto reclamado, resulta inconcuso entonces que aquélla se encuentra legitimada para controvertir la constitucionalidad de dicho precepto en el presente juicio de garantías.
Robustece lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 152/2002, de rubro: "AMPARO DIRECTO. EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN PUEDE PLANTEARSE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS NORMAS GENERALES APLICADAS EN PERJUICIO DEL QUEJOSO EN EL ACTO O RESOLUCIÓN DE ORIGEN.", antes transcrita.
Y por ilustrativo cabe citar el criterio de jurisprudencia número 2a./J. 98/2002, de la Novena Época, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos setenta y uno, Tomo XVI, septiembre de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. SU PROCEDENCIA DEPENDE NO SÓLO DE LA EXPRESIÓN DE CONCEPTOS DE INCONSTITUCIONALIDAD EN LA DEMANDA SINO, ADEMÁS, DE QUE LOS ARTÍCULOS IMPUGNADOS SE HAYAN APLICADO EN PERJUICIO DEL QUEJOSO E INFLUIDO EN EL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA. De la interpretación armónica de los artículos 107, fracción IX, de la Constitución General de la República, 83, fracción V, de la Ley de Amparo, 10, fracción III, y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se desprende que el recurso de revisión en el juicio de amparo directo procede, entre otros supuestos, cuando en la demanda de amparo se hubiere impugnado la constitucionalidad de una ley, de un tratado internacional o de un reglamento, pero esta hipótesis requiere, de acuerdo con lo previsto por los artículos 158, último párrafo y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, no sólo de la existencia de un concepto de violación en contra de la constitucionalidad de alguna disposición jurídica sino, precisamente, en contra de aquella o aquellas que se hayan aplicado en perjuicio del quejoso en la secuela del procedimiento del juicio natural o en la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, e influido en el sentido del respectivo fallo, haciendo subsistir ese perjuicio pues lo resuelto en ellas, es lo que finalmente causa agravio, ello, porque la intervención de la Suprema Corte de Justicia, en el análisis de la constitucionalidad de leyes o reglamentos o en la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal, precisa, en todos los casos, de la actualización de un agravio o lesión en la esfera jurídica del particular, dimanado de la aplicación de las disposiciones jurídicas, que sea susceptible de reparación."
En el referido concepto de violación, la quejosa aduce que el artículo 84, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación vigente en dos mil cuatro, es violatorio del artículo 14 de la Constitución, pues establece una sanción sin que previamente pueda el contribuyente o el gobernado, ser oído y manifestar lo que su interés convenga y no posteriormente a la sanción respectiva.
Resulta infundado el anterior concepto de violación.
En principio, es importante destacar, que de la lectura realizada al artículo 84, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación vigente en dos mil cuatro, se revela que quien cometa infracciones relacionadas con la obligación de expedir comprobantes fiscales, ya sea porque no los expida o porque expidiéndolos no reúnan los requisitos fiscales, se le impondrán multas que van de un mínimo de $9,783.00 (nueve mil setecientos ochenta y tres pesos) a $55,901.00 (cincuenta y cinco mil novecientos un pesos).
De esta suerte, se advierte que las multas previstas en el numeral que se tacha de inconstitucional, tienen la naturaleza de un aprovechamiento, es decir, de un crédito no tributario (impuesto), en términos del artículo 3o. del Código Fiscal de la Federación, en tanto que emanan del incumplimiento de una obligación formal y su hecho generador se actualiza con independencia de que el contribuyente hubiere omitido el pago de algún tributo que se cause de manera anual.
En este sentido, cabe apuntar que en la imposición de una multa, no rige la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número ciento diez en la página ciento cuarenta y uno del Tomo I, Materia Constitucional, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete-dos mil, de rubro y texto:
"AUDIENCIA, GARANTÍA DE, EN MATERIA IMPOSITIVA. NO ES NECESARIO QUE SEA PREVIA. Teniendo un gravamen el carácter de impuesto, por definición de la ley, no es necesario cumplir con la garantía de previa audiencia establecida en el artículo 14 constitucional, ya que el impuesto es una prestación unilateral y obligatoria y la audiencia que se puede otorgar a los causantes es siempre posterior a la aplicación del impuesto, que es cuando existe la posibilidad de que los interesados impugnen, ante las propias autoridades, el monto y cobro correspondiente, y basta que la ley otorgue a los causantes el derecho a combatir la fijación del gravamen, una vez que ha sido determinado, para que en materia hacendaria se cumpla con el derecho fundamental de audiencia, consagrado por el artículo 14 constitucional, precepto que no requiere necesariamente, y en todo caso, la audiencia previa, sino que, de acuerdo con su espíritu, es bastante que los afectados sean oídos en defensa antes de ser privados de sus propiedades, posesiones o derechos."
Empero, no es factible ponderar, como lo pretende la impetrante, que a los gobernados a quienes llegare a infligirse una multa con apoyo en el artículo 84, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, vigente en el año dos mil cuatro, pudieran resultar agraviados con la valoración que lleve a cabo la autoridad para individualizar la multa, en virtud de que previamente a su imposición, el contribuyente tiene la oportunidad de desvirtuar la conducta infractora que se le imputa, consistente en no expedir comprobantes fiscales o expedirlos sin requisitos fiscales, conforme al procedimiento previsto en el artículo 49 del Código Fiscal de la Federación, respetando con ello la garantía de audiencia.
Además de que una vez acreditada la conducta infractora, eventualmente merecedora a la sanción correspondiente, y asistir al sancionado la posibilidad de controvertir la resolución en la que se determinó la existencia de ésta, mediante el recurso de revocación en términos de lo dispuesto en los artículos 116 y 117 del citado código tributario, o mediante el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con ello de igual forma se respeta la garantía de audiencia.
En torno a este último tópico, se cita, por igualdad de razón, la tesis 2a. CXLVII/2001 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Novena Época, correspondiente al mes de agosto de dos mil uno, la cual a la letra dice:
"MULTA FISCAL. TRATÁNDOSE DE LA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, LA GARANTÍA DE AUDIENCIA PUEDE OTORGARSE CON POSTERIORIDAD A SU IMPOSICIÓN. Si se toma en consideración que conforme al contenido de la tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 66, Primera Parte, página 77, de rubro: ‘AUDIENCIA, GARANTÍA DE, EN MATERIA IMPOSITIVA. NO ES NECESARIO QUE SEA PREVIA.’, cuando la autoridad hacendaria determina un crédito fiscal derivado del incumplimiento en el pago de una contribución, la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puede conferirse a los gobernados con posterioridad al dictado de la liquidación, resulta inconcuso que tratándose de la sanción prevista en el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, el derecho de audiencia del sujeto sancionado puede otorgarse con posterioridad a la emisión de la respectiva resolución, en virtud de que el crédito fiscal que deriva de la imposición de aquélla tiene su origen en la omisión del pago de una contribución y, por ende, al tenor del artículo 2o., párrafo último, del propio ordenamiento, constituye un accesorio del tributo respectivo, que participa de su naturaleza, tornándose en un crédito fiscal tributario. En consecuencia, debe decirse que la oportunidad que otorga el legislador al gobernado que sea sancionado en términos de lo establecido en el referido numeral, para impugnar la resolución respectiva, tanto en la parte que se refiera a la existencia de la conducta infractora, como a la individualización de la sanción aplicable, mediante el recurso de revocación en sede administrativa, en términos de lo dispuesto en los artículos 116 y 117 del citado código tributario, o mediante el juicio contencioso administrativo, conforme a lo previsto en el título sexto del propio ordenamiento, es suficiente para cumplir con la mencionada garantía constitucional."
En similar sentido se pronunció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el dieciséis de agosto de dos mil dos, por unanimidad de cuatro votos, el amparo directo en revisión 1795/2001, señalando en el considerando octavo, lo siguiente:
"OCTAVO. Los argumentos que hizo valer en el décimo tercer concepto de violación de su escrito de demanda, son infundados, en atención a las siguientes razones: En dicho concepto, la parte quejosa, en esencia, señaló: ... c) Los artículos 76, fracción II y 82, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación son violatorios de la garantía de audiencia, en virtud de que si la autoridad aplica el monto mínimo fijo que establecen los preceptos legales tachados de inconstitucionales sin estar obligada a motivar su imposición, se deja en estado de indefensión a los contribuyentes, toda vez que no existe la posibilidad de demostrar que en base a sus características y circunstancias personales, así como respecto a la infracción cometida, el monto mínimo fijo que se aplica es desproporcionado e inequitativo. ... Finalmente, por lo que se refiere a los argumentos que hizo valer la quejosa y que quedaron sintetizados en el inciso c) de este considerando, debe señalarse que por una parte resultan inoperantes por no referirse a una cuestión de constitucionalidad sino a una de legalidad lo que es ajeno a la revi
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19601-d12359b1/competencia-territorial-de-las-autoridades-administrativas-el-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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