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Modo: Corpus Pro

PRESCRIPCIÓN EN MATERIA AGRARIA. EL POSESIONARIO IRREGULAR PUEDE EJERCER LA ACCIÓN RELATIVA COMO TITULAR DE DERECHOS DE EJIDATARIO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 607/2005. · Registro digital (IUS): 19437
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MARÍA DE JESÚS CORTEZ RAMÍREZ.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Abril de 2006, , Pág. 1097.

AMPARO DIRECTO 607/2005. MARÍA DE JESÚS CORTEZ RAMÍREZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Este Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 107, fracción V, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 158 de la Ley de Amparo; 37, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y los Acuerdos Generales 23/2001 y 16/2005, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un juicio en el que se reclama una sentencia definitiva dictada por el Tribunal Unitario Agrario Distrito Diecinueve, con sede en Nayarit, donde este Tribunal Colegiado ejerce jurisdicción.

En otro contexto de ideas, se impone precisar que de las constancias que integran el juicio agrario 591/2004, que fue remitido a este órgano colegiado por el tribunal responsable, se advierte que el escrito de demanda de garantías que dio origen a esta instancia se presentó en tiempo, esto es, dentro del plazo de treinta días que al efecto concede el artículo 218 de la Ley de Amparo.

En efecto, a foja nueve del presente juicio de amparo y ochenta y cinco del expediente agrario se advierte que la notificación del fallo tildado de inconstitucional, practicada a la aquí quejosa, se realizó el jueves dieciséis de junio de dos mil cinco.

Por lo que, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 321 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Agraria, tal notificación del fallo cuestionado surtió sus efectos al día hábil siguiente, esto es, el viernes diecisiete del propio mes y año.

Por otra parte, de las propias constancias señaladas, se advierte que el escrito de demanda de garantías relativo, fue presentado ante el tribunal responsable el once de agosto en cita.

De lo que se sigue que, del día hábil siguiente al en que surtió efectos la notificación de la sentencia controvertida, lunes veinte de junio de dos mil cinco, al de la presentación de la demanda de garantías que dio origen a este asunto, once de agosto del mismo año, transcurrieron cincuenta y tres días naturales, de los cuales, veinticuatro días fueron inhábiles, por corresponder a sábados, domingos y periodo vacacional; a saber veinticinco y veintiséis de junio, dos, tres, nueve, diez y del dieciséis al treinta y uno de julio, así como seis y siete de agosto del año en cita, según se desprende de la certificación levantada al calce de la demanda por la autoridad responsable; mismos que, por disposición expresa del artículo 24, fracción II, de la Ley de Amparo, deben excluirse del cómputo del término a que alude el precitado numeral 218 de la propia legislación.

Por consiguiente, es incuestionable que la impetrante ejerció la acción constitucional, el penúltimo día del plazo que al efecto concede la ley de la materia para ese fin; de ahí que se afirme que es oportuna la promoción del juicio de garantías.

SEGUNDO. La existencia del acto reclamado se encuentra plenamente acreditada con los autos originales del expediente número 591/2004, en donde a fojas cincuenta y nueve y siguientes, obra la sentencia que es objeto de estudio del presente juicio constitucional.

TERCERO. La sentencia que se reclama, en lo conducente, es del tenor siguiente:

"CUARTO. En esa causa agraria la litis se constriñe a resolver si resulta declarar procedente mediante resolución, las prestaciones reclamadas por la parte actora en lo principal Baltazar Villa Zapata en contra de los demandados María de Jesús Cortez Ramírez y Felipe Cortez Loera o Felipe Cortez Ramírez, las cuales consisten en: a) Que se declare que ha operado a favor del actor Baltazar Villa Zapata, la prescripción positiva adquisitiva, respecto de la parcela ejidal número 23 Z-0 P1/2, con superficie de 1-04-74.17 hectáreas, ubicadas en el lugar conocido como ‘El Alacrán’ del ejido denominado ‘La Goma’, cuyas medidas y colindancias se describen en el inciso a) del capítulo de prestaciones de la demanda y como consecuencia de ello se le reconozca que ha adquirido los mismos derechos que cualquier ejidatario sobre la mencionada parcela y se ordene al Registro Agrario Nacional que cancele el certificado parcelario existente que ampara dicha parcela y en su lugar expida otro certificado a favor del actor Baltazar Villa Zapata que lo acredite como nuevo titular de la referida parcela. Al igual la litis, se constriñe en declarar mediante sentencia, si resultan procedentes las prestaciones reclamadas por la demandada en lo principal y actora en la reconvención María de Jesús Cortez Ramírez, la cual consiste en: a) Que mediante sentencia se declare que la demandada María de Jesús Cortez Ramírez, es la única heredera preferente de los derechos agrarios que en vida fueron de su difunta madre Sara Ramírez Loera. b) En que se condene al actor Baltazar Villa Zapata, a la restitución de la parcela descrita con anterioridad y materia de controversia, con sus frutos y accesiones, a favor de la demandada María de Jesús Cortez Ramírez. Asimismo, la litis se constriñe en declarar si resultan procedentes o no las excepciones que opone la demandada en lo principal María de Jesús Cortez Ramírez al dar contestación a la demanda inicial, y las opuestas por el actor reconvenido Baltazar Villa Zapata, al dar contestación a la reconvención interpuesta en su contra por la demandada María de Jesús Cortez Ramírez. Se encuentran controvertidos todos y cada uno de los puntos de hechos contenidos en la demanda. Felipe Cortez Loera o Felipe Cortez Ramírez, produjo su contestación a la demanda en sentido afirmativo y se allanó a la misma. Asentada la litis en los términos preinsertos, es necesario establecer que a fin de que opere la acción prescriptiva intentada por la parte actora, en lo relativo a los derechos agrarios que amparan la parcela materia de la litis, es menester que el actor acredite fehacientemente los elementos constitutivos de la acción en cita, los cuales se encuentran contenidos en el primer párrafo del artículo 48 de la Ley Agraria, que literalmente reza: ‘Quien hubiere poseído tierras ejidales, en concepto de titular de derechos de ejidatario, que no sean las destinadas al asentamiento humano ni se trate de bosques o selvas, de manera pacífica, continua y pública durante un periodo de cinco años si la posesión es de buena fe, o de diez si fuera de mala fe, adquirirá sobre dichas tierras los mismos derechos que cualquier ejidatario sobre su parcela ...’. Una vez preinserto lo anterior este tribunal asienta las siguientes consideraciones, en relación a la acción principal de prescripción positiva en estudio: En este caso, para que se declare su procedencia, es imprescindible que acorde a lo establecido en el expresado numeral 48 de la Ley Agraria, el actor demuestre que ha poseído la parcela que pretende obtener por prescripción positiva, durante un periodo de cinco años, si la posesión es de buena fe, o de diez si fuere de mala fe. Del análisis hecho a los medios de convicción que obran en esta causa agraria, este tribunal llega a la convicción de que el demandante, sí ha poseído el bien raíz en litigio por el término de cinco años y que además se actualizan en su favor los demás elementos constitutivos de la acción de prescripción positiva; para arribar a tal convicción es necesario también considerar, que es de explorado derecho que en el cómputo de los plazos para adquirir derechos agrarios por prescripción positiva, se debe tomar en cuenta únicamente el tiempo que se ha poseído la parcela, a partir del veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y dos, fecha en que entró en vigor la Ley Agraria, esta motivación encuentra sustento jurídico en el criterio jurisprudencial cuyo rubro se transcribe a continuación: ‘PRESCRIPCIÓN POSITIVA EN MATERIA AGRARIA, PARA COMPUTAR LOS PLAZOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY AGRARIA, NO DEBE DE TOMARSE EN CUENTA EL TIEMPO DE POSESIÓN ANTERIOR AL ENTRAR EN VIGOR LA LEY ACTUAL (27 DE FEBRERO DE 1992).’ (se transcriben precedentes y datos de localización). En relación con los elementos constitutivos de la acción principal de prescripción positiva, es de abundar que del contenido del Código Civil Federal, específicamente en lo dispuesto por los numerales del 823 al 826, se obtiene que la posesión en concepto de titular de derechos de ejidatario, significa la intención de conducirse como tal y beneficiarse de la parcela que se posee; que la posesión pacífica, es la que se adquiere sin violencia; posesión continua, es la que no se ha interrumpido por alguno de los medios enumerados en el capítulo V, título VII, del código invocado; posesión pública, es la que se disfruta de manera que pueda ser conocida de todos y que sólo la posesión que se adquiere y disfruta en concepto de titular de la cosa poseída puede reproducir la prescripción. Una vez asentado lo anterior, previo estudio hecho a las constancias procesales que obran en autos, este tribunal llega a la convicción plena, de que el actor demuestra fehacientemente los elementos constitutivos de la acción principal de prescripción positiva; ello es así, acorde a los razonamientos fundados y motivados que se asientan en los párrafos siguientes de este considerando. Se entra al análisis del contenido de los medios probatorios que obran de foja 3 a la 6, 50 y 51, 30 y 33, adminiculados a la testimonial, que acorde a lo dispuesto por los artículos 150 de la Ley Agraria; 129, 130, 197, 202, 203, 207, 215 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley invocada, previo su análisis se llega a la convicción de que hacen prueba plena, con los que se demuestran fehacientemente los hechos que se asientan en los párrafos de este considerando. Es de dejar en claro, que no es un hecho controvertido sino confesado por las partes respectivamente, en sus escritos de demanda y contestación de la misma, de que María de Jesús y Felipe ambos de apellidos Cortez Ramírez, son hijos de la hoy fallecida ejidataria Sara Ramírez Loera. Con el contenido probatorio de las constancias procesales que obran a fojas 4, 5, 30, 33, 41, 50 y 51, se demuestra que a María de Jesús Cortez Ramírez, se le extendió su credencial para votar por el Instituto Federal Electoral, en el año dos mil cuatro, con la que puede ejercer su derecho de votar, en las diversas elecciones políticas municipales, Estatales y Federales siempre y que no tenga un impedimento legal para ello; también, se acredita que Sara Ramírez Loera, falleció el veintisiete de diciembre del año dos mil tres, y que en vida era ejidataria del núcleo agrario denominado ‘La Goma’, Municipio de San Blas, de esta entidad federativa, y titular del certificado parcelario 3931, que le expidió el delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado, el cuatro de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, que le amparaba la parcela 23 Z-0 1/2, con una superficie de 1-04-74.17 hectáreas, ubicada en dicho ejido, inmueble que es materia de la litis. Además, de la documental que obra a foja 33, se desprende que el veintidós de noviembre del año dos mil cuatro, el delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado le expidió a María de Jesús Cortez Ramírez, el certificado parcelario 99499, relativo a la parcela citada, instrumento en el que se encuentra asentado que en virtud de la lista de sucesión de fecha cuatro de agosto del año dos mil tres, se transmitieron esos derechos parcelarios a María de Jesús Cortez Ramírez. Además, obran en autos copia fotostática certificada de cuatro recibos, extendidos a favor de Baltazar Villa Zapata, en diversas fechas, por distintas cantidades y conceptos, signados respectivamente por el tesorero y presidente del comisariado ejidal del núcleo agrario denominado ‘La Goma’, Municipio de San Blas, Estado de Nayarit; con su contenido sólo se acredita que se le extendieron a Baltazar Villa Zapata, por el signante en la fecha y por el concepto que en ellos se indica. Ahora bien, preinsertos los hechos invocados, antes de estudiar en lo referente a si se acreditan o no los elementos constitutivos de la acción de prescripción positiva, es menester analizar la excepción de nulidad opuesta por María de Jesús Cortez Ramírez, quien en su escrito de contestación de demanda, asevera que por la falta de los requisitos de validez previstos en el artículo 80 de la Ley Agraria, es nulo el acto jurídico fechado el veintidós de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, cuyo escrito obra en copia fotostática certificada a foja 3, referente a la aparente cesión de derechos del terreno ejidal, que es materia de la litis en esta causa agraria, ubicado en el núcleo agrario denominado ‘La Goma’, Municipio de San Blas, de esta entidad federativa, en el que aparece una huella digital y el nombre de la ejidataria cedente Sara Ramírez Loera, escrito con máquina de escribir, en el que también se encuentra el nombre manuscrito del presunto cesionario Baltazar Villa Z., escrito que se ratificó en la misma fecha ante notario público, como se aprecia al reverso de ese escrito. Para su mejor comprensión, a continuación se transcribe el numeral referido de la ley invocada: ‘Artículo 80. Los ejidatarios podrán enajenar sus derechos parcelarios a otros ejidatarios o avecindados del mismo núcleo de población. Para la validez de la enajenación a que se refiere este artículo bastará la conformidad por escrito de las partes ante dos testigos y la notificación que se haga al Registro Agrario Nacional, el que deberá expedir sin demora los nuevos certificados parcelarios. Por su parte, el comisariado ejidal deberá realizar la inscripción correspondiente en el libro respectivo. El cónyuge y los hijos del enajenante, en ese orden, gozarán del derecho del tanto, el cual deberán ejercer dentro de un término de treinta días naturales contados a partir de la notificación, a cuyo vencimiento caducará tal derecho. Si no se hiciere la notificación, la venta podrá ser anulada.’. Ahora bien, del análisis hecho a ese documento se obtiene, que como bien lo afirma la demandada en su excepción de nulidad, se llega a la convicción de que esa cesión de derechos parcelarios, carece de los requisitos de validez previstos en el referido artículo 80 de la Ley Agraria; en efecto, es de explorado derecho que esos actos jurídicos para su validez se requiere en primer lugar, que la voluntad de las partes se externen por escrito y ante dos testigos, lo que no se da en este caso, en atención a que con el contenido de ese aparente contrato de cesión de derechos parcelarios, fechado el veintidós de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, en el que sólo aparece la huella de la presunta cedente y la firma del aparente cesionario, referente a la parcela que se encuentra en litigio en esta causa agraria, sólo se demuestra que en ese contrato la voluntad de las partes se externó por escrito, pero también se comprueba que no fue celebrado ante dos testigos, pues ese documento sólo se encuentra signado por las partes contratantes; luego, ese instrumento carece de ese requisito indispensable para la validez de esa clase de actos jurídicos; ello no obstante que independientemente se ratificó ante notario público por los mismos contratantes; luego, ante la falta de ese requisito de validez, se llega a la convicción que ese contrato es nulo; por ende, como bien reclama la demandada María de Jesús Cortez Ramírez, este tribunal declara procedente esa excepción que opuso en contra del actor. Los razonamientos fundados y motivados con antelación, con los que se declara la nulidad del contrato invocado, encuentran sustento en la tesis visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, febrero de 1996, página 394, que dice: ‘CESIÓN DE DERECHOS ENTRE EJIDATARIOS, NULA POR FALTA DE REQUISITOS DE VALIDEZ. El artículo 82 de la Ley Agraria determina en su segundo párrafo, que para la validez de la enajenación a que se refiere en su inicio bastará la conformidad por escrito de las partes ante dos testigos y la notificación que se haga al Registro Agrario Nacional; y que el Comisariado Ejidal deberá realizar la inscripción correspondiente en el libro respectivo; por lo tanto es correcta la declaración del tribunal agrario que considere nulo un contrato de cesión de derechos por la falta de la presencia de testigos, aun cuando tal cesión se hubiese ratificado ante notario público.’. Además, otras razones por las que es nulo ese acto jurídico, es en virtud de que el actor no acreditó con ningún medio de convicción, que la mencionada ejidataria cedente Sara Ramírez Loera, le haya notificado a su hija la demandada María de Jesús Cortez Ramírez, que celebraría esa cesión de derechos parcelarios, para que acorde a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 80 de la Ley Agraria, hubiera ejercido su derecho del tanto, dentro de un término de treinta días naturales contados a partir de la notificación; luego, en virtud que la cedente no le hizo esa notificación a María de Jesús Cortez Ramírez, con fundamento en el último párrafo del numeral citado de la ley invocada, esa cesión debe ser anulada. Los razonamientos fundados y motivados con antelación, con los que se declara la nulidad del contrato referido, encuentran sustento en la tesis que se transcribe a continuación: ‘EJIDATARIO, CÓNYUGE E HIJOS DEL. DERECHO DEL TANTO. De una interpretación sistemática del artículo 80 de la Ley Agraria, se arriba a la consideración de que si en tratándose de la venta de derechos parcelarios, en la que el ejidatario o avecindado comprador cubrirá un precio al ejidatario vendedor, debe otorgarse el derecho del tanto al cónyuge e hijos de éste para que en su caso adquieran los que se pretenden enajenar, por mayoría de razón debe brindarse también dicha oportunidad a estos últimos, en el supuesto de que un ejidatario lleve al cabo la cesión gratuita de sus derechos parcelarios, puesto que en ambas hipótesis existe la transmisión de derechos en que se sustenta el de preferencia o del tanto y, por analogía, en este supuesto como en el primero debe buscarse la protección de las referidas personas que conforman el núcleo familiar del ejidatario cedente, al través del ejercicio de aquel derecho. No obsta para considerarlo de esa manera, lo dispuesto en el artículo 17 de la citada ley, en el sentido de que el ejidatario tiene la facultad de hacer la designación de sucesores en favor, entre otros individuos, de cualquier persona (hipótesis ésta que se desentiende de los integrantes del núcleo familiar del ejidatario), en la medida en que tal evento sólo cobrará actualización hasta que ocurra el fallecimiento de éste y no en vida como ocurre en los dos casos en examen. Tampoco es obstáculo a lo antes considerado, lo preceptuado en el dispositivo 20, fracción II, de la propia ley, en el sentido de que la calidad de ejidatario se pierde por renuncia de sus derechos en cuyo caso se entenderán cedidos en favor del núcleo de población, porque de la interpretación armónica de dicho precepto con los artículos 18 y 80 del indicado ordenamiento legal, se colige que tal renuncia, que implica una cesión gratuita de derechos por disposición de la misma ley, sólo debe operar cuando no haya sucesores legalmente considerados (cónyuge e hijos), ya que en este evento no habrá quien ejerza el derecho de preferencia; por lo que en la especie es justo concluir que la Ley Agraria no únicamente protege al ejidatario sino también al cónyuge e hijos de éste’ (se transcriben datos de localización y precedentes). Luego, si bien es cierto que esa cesión, referente al inmueble parcelario que es materia de la litis es nula; empero, con ese acto jurídico investido de nulidad, el demandante demuestra la causa generadora que invoca en su demanda, respecto a su posesión en el inmueble parcelario en litigio; por ende, acreditó ese requisito esencial para la procedencia de la acción de prescripción positiva. Los razonamientos fundados y motivados con antelación, encuentran sustento en la tesis que se transcribe a continuación: ‘PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA EN MATERIA AGRARIA. DEBE INVOCARSE Y ACREDITARSE LA CAUSA GENERADORA DE LA POSESIÓN. De conformidad con lo que dispone el artículo 48 de la Ley Agraria, sólo la posesión en concepto de titular de derechos de ejidatario puede producir la prescripción adquisitiva sobre tierras ejidales que no sean destinadas al asentamiento humano, ni se trate de bosques o selvas, lo cual significa que para estimar que se posee con ánimo de titular de esos derechos no es suficiente la manifestación del interesado de que detenta la cosa con tal carácter, sino que debe expresar y demostrar el acto jurídico mediante el cual obtuvo la posesión del bien que pretende usucapir, a fin de que el juzgador esté en condiciones de resolver si se justificó o no ese requisito esencial para la procedencia de la acción.’ (se transcriben precedentes y datos de localización). Ahora bien, con el resultado de la testimonial a cargo de Porfirio Curiel Cervantes y Francisco García Vega, presentados por el actor, se demuestra que saben y les constan los hechos siguientes: El primer testigo expresó que conoce a Baltazar Villa Zapata, desde mil novecientos cincuenta y dos, fecha en que llegó a vivir el declarante al ejido de ‘La Goma’; que a Felipe Cortez Ramírez, lo conoce desde que su mamá lo traía en brazos, y que conoce a María de Jesús Cortez Ramírez, desde que tendría algunos cuatro o cinco años de edad; que sí conoce la parcela materia de esta controversia, ubicada en el lugar conocido como ‘El Alacrán’, con superficie aproximada de una hectárea y unas cuantas áreas, que colinda al norte con Salvador Ríos y Micaela Sánchez, al sur con J. Cruz Parra, al oriente con José Cortez Piña, y al poniente con Francisco García Vega; que Baltazar Villa Zapata, es quien tiene en posesión esa parcela desde el año de mil novecientos cincuenta y dos, a la fecha; que esa parcela Baltazar Villa Zapata, la adquirió mediante cesión que celebró con la señora Sara Ramírez Loera, lo cual le consta porque el declarante firmó como testigo en esa cesión de derechos, la cual se hizo ante un notario, en el mes de septiembre de mil novecientos cincuenta y cinco; que desde que adquirió esa posesión Baltazar Villa Zapata, hasta esa fecha, no se le ha interrumpido por persona alguna, que la ha ejercido de manera continua, que todo el tiempo ha sembrado la parcela y nadie lo ha interrumpido en la posesión, por lo que ha sido de manera continua; que en el ejido ‘La Goma’, Municipio de San Blas, Estado de Nayarit, a Baltazar Villa, se le reconoce como dueño de la parcela materia de este conflicto, desde el año de mil novecientos cincuenta y cinco, a la fecha en que tomó la posesión de la parcela; que desde que Baltazar Villa Zapata adquirió la posesión de esa parcela, hasta esa fecha, nadie hasta ahora con esta demanda le había reclamado dicha parcela; que Baltazar Villa Zapata, actualmente vive y radica en el ejido ‘La Goma’, desde el año de mil novecientos cincuenta y dos, a la fecha; que María de Jesús Cortez Ramírez, vive en esta ciudad de Tepic, desde el año de mil novecientos ochenta y siete, en una colonia que se ubica para las tabacaleras. El testigo Porfirio Curiel Cervantes, fundó la razón de su dicho en que tiene conocimiento directo de los hechos que declaró. El testigo Francisco García Vega expresó que sabe y le constan los hechos siguientes: Que sí conoce a Baltazar Villa Zapata, Felipe Cortez Ramírez y a María de Jesús Cortez Ramírez, desde que tiene uso de razón; que sí conoce la parcela materia de esta controversia, ubicada en el predio conocido como ‘El Alacrán’, con superficie aproximada de ‘... una hectárea pasadita, que colinda: Al norte con Salvador Ríos Ortiz y Micaela Sánchez, al sur con Cruz Parra, al oriente con José Cortez Piña, y al poniente con el declarante Francisco García Vega; que Baltazar Villa Zapata, es quien tiene en posesión esa parcela desde hace más de diez años, que desde que el declarante era presidente del comisariado ejidal de ‘La Goma’, en los años de mil novecientos cincuenta y seis, a mil novecientos noventa y nueve, Baltazar ya la poseía y que la adquirió por medio de una venta que celebró con la señora Sara Ramírez Loera, que antes de ese contrato le rentaba la parcela, pero después se hizo dueño; que desde que adquirió esa posesión Baltazar Villa Zapata, hasta esa fecha, no se le ha interrumpido su posesión por persona alguna, que la ha ejercido de manera continua, que nadie había intentado quitarle esa parcela, siempre se le había respetado, por el papel que hizo, y que es hasta ahora en este juicio que se le está peleando la parcela; que en el ejido ‘La Goma’, Municipio de San Blas, Estado de Nayarit, a Baltazar Villa se le reconoce como dueño de la parcela materia de este conflicto, porque la gente sabe que se la vendió en vida la señora Sara, y que se le conoce como dueño desde que hicieron el contrato de compraventa; que desde que Baltazar Villa Zapata, adquirió la posesión de esa parcela, hasta esa fecha, nadie le ha reclamado esa parcela; que Baltazar Villa Zapata, desde que lo conoce sabe que ha vivido en ese lugar; que sabe que María de Jesús Cortez Ramírez, vive en esta ciudad de Tepic, desde hace más de quince años. El testigo Francisco García Vega, fundó la razón de su dicho porque le ha tocado vivir las cosas que ha declarado. Los testimonios referidos de los testificantes invocados y el interrogatorio correspondiente que obran a fojas 54, 56 vuelta y 57, acorde a lo dispuesto por el artículo 215 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Agraria, hacen prueba plena, con los que se demuestran dichos hechos, que se robustecen con el contenido probatorio del escrito fechado el nueve de septiembre del año dos mil cuatro, signado por los integrantes del comisariado ejidal, del núcleo agrario denominado ‘La Goma’, Municipio de San Blas, de esta entidad federativa, quienes con el carácter que ostentan hicieron constar: Que Baltazar Villa Zapata, desde hace aproximadamente nueve años, tiene en posesión de manera pública, pacífica, continua, de buena fe y a título de dueño, la parcela ejidal número 23, con superficie de 1-04-74.17 hectáreas, ubicada en el potrero conocido como ‘El Alacrán’, de la zona parcelada del ejido ‘La Goma’, Municipio de San Blas, Nayarit, que adquirió en el año mil novecientos noventa y cinco, de la extinta ejidataria Sara Ramírez Loera, con las siguientes medidas y colindancias: Al norte 101.86 metros con la parcela número 8 de Salvador Ríos y 103.39 metros con parcela 10 de Micaela Sánchez (finada), actualmente sus hijos; al sur 202.22 metros con parcela número 29 de Cruz Parra Sánchez; al este 54.61 metros con parcela número 24 de José Cortez, y al oeste 49.04 metros con parcela 22 de Francisco García Vega. Que la asamblea general de ejidatarios de ese ejido, desde el año de mil novecientos noventa y cinco, a la fecha ha reconocido como dueño de la citada parcela al mencionado Baltazar Villa Zapata, quien se encuentra al corriente en el pago de sus contribuciones prediales respecto de esa parcela. Ese escrito que obra a foja 6, acorde a lo dispuesto por el artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Agraria, hacen prueba plena con el que se robustecen los testimonios referidos. Ahora bien, en relación al primer elemento constitutivo de la acción principal de prescripción positiva, cabe decir que la expresión en concepto de titular a que se refiere el numeral 48 de la Ley Agraria, no tiene la connotación de que quien posee deba ser legalmente titular y que deba tener el o los documentos con que se acredite tal titularidad, ya que para que se le tenga en ese concepto sólo basta su intención de convertirse en titular y que esa intención se demuestre con la realización de una serie de hechos que lleven a la idea de todos, que su comportamiento es de un titular. Hipótesis ésta que se actualiza en la especie, puesto que con el resultado probatorio de los atestos de Porfirio Curiel Cervantes y Francisco García Vega, robustecidos con lo aseverado por los integrantes del comisariado ejidal del núcleo agrario denominado ‘La Goma’, Municipio de San Blas, de esta entidad federativa, en su escrito que obra a foja 6, se demuestra fehacientemente que Baltazar Villa Zapata, se encuentra en posesión de la parcela controvertida en concepto de titular de derechos de ejidatarios, desde que se la cedió la hoy extinta ejidataria Sara Ramírez Loera, o sea, desde el veinte de septiembre de mil novecientos noventa y cinco; que el ejido referido reconoce a Baltazar Villa Zapata como poseedor y propietario de esa parcela, de la que está al corriente en el pago de contribuciones prediales en el ejido. Luego, los hechos aludidos que han quedado demostrados, necesariamente llevan a toda persona a la convicción plena de que los actos de Baltazar Villa Zapata, poseedor del referido bien raíz parcelario, son en concepto de titular de derechos de ejidatario, o sea, de un titular de derechos ejidales, quedando acreditado así el primer elemento constitutivo de la acción de prescripción positiva, tomando en cuenta que quedó demostrada la posesión en concepto de titular de derechos de ejidatarios del actor, que como requisito para la usucapión contempla el referido normativo 48 de la Ley Agraria; considerando además, que el accionante, reveló y demostró la causa generadora de su posesión en la parcela controvertida; entendiéndose por tal, cualquier acto que fundadamente se considere bastante para transferirle el dominio sobre el referido inmueble parcelario y en este caso se acredita que la posesión en el bien raíz le fue otorgada al actor, por la misma titular de esa parcela, en virtud del acto jurídico de cesión de derechos parcelarios, de fecha veintidós de septiembre de mil novecientos noventa

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19437-cd727a34/prescripcion-en-materia-agraria-el-posesionario-irregular-puede · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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