Corpus
Modo: Corpus Pro

AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. PARA SU ESTUDIO BASTA QUE EN EL ESCRITO RESPECTIVO SE EXPRESE CON CLARIDAD LA CAUSA DE PEDIR. APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 68/2000 (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR).

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 57/2007. · Registro digital (IUS): 20505
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MARÍA CARMEN MARTÍNEZ MARTÍNEZ.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Noviembre de 2007, , Pág. 570.

AMPARO DIRECTO 57/2007. MARÍA CARMEN MARTÍNEZ MARTÍNEZ.

CONSIDERANDO:

SEXTO.-Los conceptos de violación son fundados, en orden y medida de lo que sigue.

Previamente debe mencionarse que sólo será materia de este juicio de amparo uniinstancial, la parte de la sentencia emitida por la Sala Civil, el veintiuno de septiembre de dos mil seis, en la que se refiere a la condena de que fue objeto la parte quejosa por el concepto de los gastos y costas, derivadas de la tramitación del juicio ordinario civil 292/2002 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta capital; puesto que como se advierte del resultando segundo de esta ejecutoria, mediante diverso fallo dictado por este Tribunal Colegiado, dentro del amparo directo 132/2006, únicamente se concedió la protección constitucional a la impetrante para el efecto de que la responsable respondiera al agravio de apelación relativo precisamente a los gastos y costas, dejando intocado el resto del veredicto tildado de inconstitucional.

Ahora, el Juez de primera instancia en su determinación de dieciséis de diciembre de dos mil cuatro, en relación con la condena de gastos y costas en contra de la peticionaria del amparo señaló:

"Por otra parte, en virtud de reclamarse el pago de gastos y costas, y en consideración a que hubo quedado plenamente demostrado en la presente resolución la contradicción y falsedad de las pruebas testimoniales ofrecidas por el accionante en lo principal, cabe condenar a la parte actora y demandada reconvencional al pago de gastos y costas de conformidad con los supuestos señalados en el artículo 140, fracciones I y II, del código procesal multirreferido." (foja doscientos setenta y cinco).

En contra de la anterior determinación, la aquí quejosa expresó el agravio de apelación, que sigue:

"Por último el a quo de manera indebida condena a la suscrita en mi carácter de demandada reconvencional al pago de los gastos y costas, fundándose para ello en lo previsto por el artículo 140, fracciones I y II, de la ley procesal civil, argumentando el a quo que quedó demostrada la falsedad de las pruebas testimoniales ofrecidas por la suscrita en lo principal, lo cual es contrario a derecho, ya que no queda demostrada la falsedad que refiere el inferior, tal y como se analizó en agravios anteriores, en todo caso estaríamos ante una falsedad de la suscrita, pero la misma no fue parte de la litis, motivo este por el cual de manera incorrecta se me condena al pago de los gastos y costas, situación que deberá ser revocada por este H. Tribunal en su momento."

El tribunal ad quem, en la sentencia que constituye el acto reclamado, al dar respuesta al transcrito motivo de inconformidad, textualmente arguyó:

"La recurrente, en la parte final del agravio identificado como cuarto, señaló que, como según dijo, el a quo, de manera indebida, la condenó en su carácter de demandada reconvencional, al pago de los gastos y costas, fundándose en el artículo 140, fracciones I y II, del Código de Procedimientos Civiles; habiendo argumentado que quedó demostrada la falsedad de las pruebas testimoniales por ella ofrecidas en lo principal, lo cual considera es contrario a derecho, ya que, por lo contrario a su consideración, no se había demostrado falsedad alguna y que, como se quedó analizado en agravios anteriores, en todo caso se estaría ante una falsedad de su parte, pero la misma no fue parte de la litis, motivo por el cual de manera incorrecta se le condenó al pago de gastos y costas, lo que deberá ser revocado en su oportunidad. El agravio en estudio, a consideración de este cuerpo colegiado, deviene inoperante, toda vez que el disconforme no adujo nada en relación, ni con el fundamento esgrimido en la sentencia recurrida, como tampoco pone de manifiesto el porqué, en su concepto, es contraria a derecho la determinación del Juez inferior, es decir, no reveló de manera objetiva, mediante razonamiento jurídico alguno, la aplicación inexacta de las fracciones I y II del artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles y la determinación en cuanto a la falsedad de esos testigos quedó firme, en virtud de la inoperancia de los motivos de inconformidad que preceden y que la apelante enderezó para combatir el razonamiento del a quo para sostenerla. A lo anterior, cobra aplicación la tesis de jurisprudencia cuyo rubro se transcribe al tenor siguiente:

"‘AGRAVIOS INOPERANTES.-Resultan inoperantes los agravios cuando en ello nada se aduce en relación con los fundamentos esgrimidos en la sentencia recurrida, ni se pone de manifiesto el porqué, en concepto del inconforme, es indebida la valoración que de las pruebas hizo el Juez a quo.

"‘SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.

"‘Amparo en revisión 263/89. Pedro Bermúdez Huerta. 10 de enero de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Murillo Delgado. Secretaria: María Cristina Torres Pacheco.

"‘Amparo en revisión 131/2001. José Luis Ayala Espinoza. 13 de junio de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Ceja Villaseñor. Secretaria: Lucía Elena Higareda Flores.

"‘Amparo en revisión 304/2001. Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero. 24 de octubre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Murillo Delgado. Secretaria: Norma Navarro Orozco.

"‘Incidente de suspensión (revisión) 459/2002. Efraín Vázquez Mora. 29 de enero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Ceja Villaseñor. Secretaria: María Cristina Pérez Pintor.

"‘Amparo en revisión (improcedencia) 324/2004. Gasolinera Servicio Yurécuaro, S.A. de C.V. 18 de agosto de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Murillo Delgado. Secretaria: Libertad Rodríguez Verduzco.’."

En esas condiciones, como conceptos de violación la quejosa señaló:

1) Que contrario a lo señalado por la Sala de segunda instancia no pueden considerarse como inoperantes sus agravios, ya que en los mismos de manera clara se estableció que las hipótesis previstas en las fracciones I y II del artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles en vigor, no se habían actualizado y que, por tal motivo, la condena de gastos y costas efectuada carecía de sustento legal.

2) Además, que en el motivo de inconformidad se expresaron los argumentos suficientes tendientes a desvirtuar el razonamiento vertido por el a quo al momento de imponer la condena de los gastos y costas, habiendo establecido dentro del referido motivo de inconformidad que no había quedado demostrada en autos la falsedad de los testigos ofrecidos por la suscrita, ya que la sentencia impugnada en ningún momento llega a esa determinación, y si bien no se le otorgó valor probatorio a su dicho, esa circunstancia no implica que las declaraciones de los testigos sean falsas.

3) En ese orden, arguye la disconforme que en el agravio en comento se hizo el razonamiento de que, en su caso, la falsedad que se dio en autos del sumario proviene de ella (quejosa), mas no de los testigos ofrecidos en autos.

Pues bien, de una confrontación de lo asentado por el Juez natural, con el agravio de apelación de referencia, se llega a la conclusión de que, contrario a lo afirmado en la sentencia reclamada, la entonces apelante sí controvirtió lo considerado en la sentencia apelada, aunque para ello sea menester acudir a la teoría de la causa de pedir, en el entendido de que no implica suplencia de queja deficiente, sino comprensión de los planteamientos que se expresan en los motivos de inconformidad y la verdadera finalidad que se persigue con su exposición, por lo que, como lo señala la disconforme, de forma ilegal se estableció que dicho motivo de inconformidad era inoperante.

En otras palabras, en criterio de este tribunal, el anterior agravio expresa de manera suficiente y clara la causa de pedir, pues se señala la lesión provocada por la resolución impugnada, y los motivos que originaron ese agravio, por lo que en el caso surge la obligación de examinar la cuestión propuesta.

Para sustentar lo aseverado, debe señalarse que para que la Sala Civil estudie los agravios de apelación, basta que el recurrente exprese la causa de pedir, por presentarse idéntica situación a la analizada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 68/2000, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR."; en la que se señaló, por un lado, que los artículos 116 y 166 de la Ley de Amparo, no establecen como requisito esencial e indispensable que la expresión de los conceptos de violación se haga como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas y, por otro, que la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, que es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba examinarlo.

En este sentido, la obligación que el artículo 80 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Baja California Sur vigente, impone a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de esta entidad federativa, para resolver de forma clara, precisa y congruente las pretensiones deducidas oportunamente, decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, presenta idéntica situación a la analizada por el Pleno del Máximo Tribunal del país en el criterio jurisprudencial de mérito; de ahí que para que el órgano jurisdiccional en la sentencia dictada en segunda instancia, resuelva la pretensión del recurrente, basta con que en los agravios se exprese con claridad la causa de pedir.

Máxime, que del análisis a los artículos 671 al 697 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Baja California Sur, que prevén los requisitos con que debe tramitarse el recurso de apelación, no se desprende que exista una exigencia técnico-jurídica en su redacción para la formulación de los agravios, por parte del inconforme.

En abundamiento, de manera ilustrativa debe precisarse que la existencia de la causa de pedir de manera alguna implica que los recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman ilegales las determinaciones que reclaman o recurren. Esto es, deben señalar en forma concreta y específica la lesión provocada por la resolución impugnada, y los motivos que originaron ese agravio, como así lo hizo la apelante en la especie.

Se invoca, por identidad jurídica, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, cuyos rubro y texto dicen:

"No. Registro: 185,425

"Jurisprudencia

"Materia(s): Común

"Novena Época

"Instancia: Primera Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XVI, diciembre de 2002

"Tesis: 1a./J. 81/2002

"Página: 61

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO.-El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse.

"Reclamación 32/2002-PL. Promotora Alfabai, S.A. de C.V. 27 de febrero de 2002. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Ángel Ponce Peña.

"Reclamación 496/2002. Química Colfer, S.A. de C.V. 29 de mayo de 2002. Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Miguel Ángel Velarde Ramírez.

"Reclamación 157/2002-PL. Fausto Rico Palmero y otros. 10 de julio de 2002. Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Miguel Ángel Velarde Ramírez.

"Amparo directo en revisión 1190/2002. Rigoberto Soto Chávez y otra. 11 de septiembre de 2002. Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Miguel Ángel Velarde Ramírez.

"Amparo en revisión 184/2002. Adela Hernández Muñoz. 9 de octubre de 2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Francisco Octavio Escudero Contreras.

"Tesis de jurisprudencia 81/2002. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de trece de noviembre de dos mil dos, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: presidente Juan N. Silva Meza, Juventino V. Castro y Castro, Humberto Román Palacios, José de Jesús Gudiño Pelayo y Olga Sánchez Cordero de García Villegas."

Por tanto, si en el fallo de primer grado se concluyó que era procedente la condena al pago de gastos y costas, debido a que "en consideración a que hubo quedado plenamente demostrado en la presente resolución la contradicción y falsedad de las pruebas testimoniales ofrecidas por el accionante en lo principal, cabe condenar a la parte actora y demandada reconvencional al pago de gastos y costas"; y, la quejosa expuso que ese argumento era contrario a derecho, ya que no estaba comprobada la falsedad de los testigos, sino "... en todo caso estaríamos ante una falsedad de la suscrita, pero la misma no fue parte de la litis".

De ahí que, se insiste, no puede alegarse que el agravio en mención sea inoperante porque no se atacan las consideraciones de la determinación recurrida, cuando éstas se basaron en la falsedad de las declaraciones de los testigos ofrecidos por la quejosa, y contra ello la apelante alega que no se acreditó tal circunstancia, sino que en todo caso la falsedad era de ella, esto es, sí vertió argumentos jurídicos por los cuales a su parecer no era procedente la condena a gastos y costas.

En otras palabras, la responsable debió contestar a la inconforme el porqué se consideraban falsos los atestos de los testigos; y no simplemente, de manera dogmática, señalar que su agravio era inoperante.

Además, debe señalarse que a este tribunal de amparo, no le corresponde dar contestación al agravio de apelación de referencia, pues al haberse declarado incorrectamente su inoperancia, y por tratarse de una cuestión de fondo, es potestad de la Sala Civil justipreciar el mismo pues, de lo contrario, nos estaríamos sustituyendo en su arbitrio.

De ahí que se determine otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita María Carmen Martínez Martínez, para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la sentencia reclamada, y emita una nueva en la que itere las consideraciones relativas al estudio de la acción principal y reconvencional, así como sus consecuencias y, con plenitud de jurisdicción, dé respuesta al agravio relativo a los gastos y costas, siguiendo los lineamientos plasmados en esta ejecutoria.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 76, 77, 80 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se resuelve:

ÚNICO.-Para los efectos que se determinan en el último considerando de este fallo, la Justicia Federal ampara y protege a María Carmen Martínez Martínez, contra el acto que reclamó de la autoridad que quedaron precisadas en el resultando primero de esta sentencia.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos al tribunal de origen; anótese en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como concluido.

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito, integrado por los Magistrados presidente Rubén David Aguilar Santibáñez, ponente Edwigis Olivia Rotunno de Santiago y Enrique Arizpe Rodríguez.

Nota: La tesis de rubro: "AGRAVIOS INOPERANTES." citada, aparece publicada con el número XI.2o. J/27, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, octubre de 2004, página 1932.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20505-fb973647/agravios-en-la-apelacion-para-su-estudio-basta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.