JUBILACIÓN POR AÑOS DE SERVICIOS Y PENSIÓN POR RIESGOS DE TRABAJO DE LOS TRABAJADORES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. SON COMPATIBLES (RÉGIMEN DE JUBILACIONES Y PENSIONES VIGENTE DE 2001 A 2003).
AMPARO DIRECTO 4973/2007. MARTHA ESCAMILLA GONZÁLEZ.
CONSIDERANDO:
CUARTO. Para mejor comprensión de este asunto conviene relatar los siguientes antecedentes:
Martha Escamilla González demandó del Instituto Mexicano del Seguro Social el reconocimiento de que se encontraba con padecimientos del orden profesional, por tener relación de causa-efecto con diversos accidentes de trabajo que sufrió durante su vida laboral que le producían una incapacidad permanente; como consecuencia de ello solicitó el otorgamiento y pago de las prestaciones previstas en la cláusula 89 del contrato colectivo de trabajo vigente al cuatro de agosto de dos mil tres.
El Instituto Mexicano del Seguro Social manifestó que la actora carecía de derecho para reclamar la anterior pretensión, toda vez que el contrato colectivo de trabajo sólo era aplicable a trabajadores en activo, calidad que desde el dieciséis de enero de dos mil tres no reunía porque obtuvo su jubilación por años de servicios. En cuanto a los accidentes de trabajo dijo que eran falsos, ya que en ningún momento le dio aviso mediante la forma MT-1, medio idóneo para acreditar los extremos que pretendía; que en caso de que demostrara los accidentes, éstos no tenían relación con su trabajo ni le produjeron secuelas susceptibles de valuación.
La Junta emitió un primer laudo el diez de noviembre de dos mil cinco, en el que determinó absolver al Instituto Mexicano del Seguro Social de las prestaciones reclamadas.
Inconforme con ese laudo, Martha Escamilla González promovió el juicio de amparo directo DT. 6713/2006, del índice de este Tribunal Colegiado, quien por ejecutoria pronunciada el once de mayo de dos mil seis resolvió conceder el amparo a la quejosa para el efecto de que:
"... la Junta ... determine que la documental D), consistente en el convenio finiquito de diez de junio de dos mil tres que ofreció el demandado carece de valor probatorio, y previo análisis de las pruebas aportadas por la accionante, con libertad de jurisdicción, resuelva lo que en derecho proceda en relación con las prestaciones reclamadas. ..."
La responsable pronunció otro laudo (segundo en su orden), en el cual otorgó pleno valor probatorio al dictamen médico rendido por el perito tercero en discordia, quien diagnosticó diversos padecimientos que tuvieron su origen en los accidentes de trabajo que constaban en las formas ST-1, y que ocasionaban una disminución orgánico-funcional valuada en un 50%, la anterior opinión la relacionó con las documentales consistentes en las copias fotostáticas de las referidas formas ST-1, que documentaban los diversos percances laborales que sufrió la trabajadora, a las cuales concedió plena eficacia demostrativa, atento a que se trató de llevarse a cabo el cotejo con el original y no se realizó por causas imputables al demandado, por tanto, las tuvo por perfeccionadas; sin embargo, la autoridad estimó que la actora al formular su réplica aceptó que se encontraba jubilada por años de servicios y exhibió fotocopias de las cláusulas del contrato colectivo de trabajo, perfeccionadas mediante el cotejo con los originales, por lo que adquirieron valor probatorio; y, por ende, de acuerdo con la cláusula 91 del contrato colectivo de trabajo no le era aplicable el contrato colectivo citado, por tanto, si la demandante ya no era trabajadora activa le era aplicable la anterior Ley del Seguro Social, conforme lo preveía la parte final de la citada cláusula 91.
Contra lo anterior la quejosa aduce, en parte de su concepto de violación, que la Junta pretendió que la pensión por incapacidad permanente parcial valuada en un 50% (cincuenta por ciento) de disminución orgánico-funcional le fuera liquidada conforme al artículo 65 de la anterior Ley del Seguro Social, sin considerar que fue trabajadora del Instituto Mexicano del Seguro Social y, por tanto, le era aplicable el contrato colectivo de trabajo vigente en dicho organismo, el cual contiene beneficios más favorables para los trabajadores que los previstos en dicha ley; que en el caso debió aplicarse las disposiciones que más le beneficiaran, pues la responsable concluyó que si gozaba de una jubilación por años de servicios ya no era trabajadora activa al servicio del demandado y le era aplicable la Ley del Seguro Social, conforme a lo previsto en la parte final de la cláusula 91 del contrato colectivo de trabajo; conclusión que, dice la inconforme, no estuvo ajustada a derecho ni debidamente fundada, en virtud de que la referida cláusula alude al subsidio otorgado a los trabajadores cuando sufren algún riesgo de trabajo, estableciéndose que se les pagará mientras se encuentren incapacitados temporalmente, y una vez que se les determine la incapacidad permanente procede el pago de la pensión por riesgo de trabajo; además, la cláusula 89 del citado pacto señala que las prestaciones (salvedad hecha a la relativa a gastos de funerales), se otorgarán independientemente de las señaladas en la Ley del Seguro Social, consistentes en 1,095 (mil noventa y cinco) días de salario y 50 (cincuenta) días de salario por cada año de servicios prestados, que eran las procedentes; por tanto, la emisora interpretó equivocadamente la diversa cláusula 91, pues la prestación que regula se encuentra prevista en la fracción I del artículo 65 de la anterior Ley del Seguro Social, la cual tiene lógica en virtud de que el seguro de riesgos de trabajo cubre las contingencias por ese concepto y en caso de estimar que la incapacidad es permanente deben concederse los beneficios de la cláusula 89 con base en el porcentaje que se establezca.
El anterior argumento es infundado. La accionante reclamó el pago de las prestaciones previstas en la cláusula 89 del contrato colectivo de trabajo citado, por tanto, se advierte que la anterior pretensión no tiene su origen en la Ley Federal del Trabajo, sino en un convenio o pacto de carácter extralegal, esto es, en un acuerdo celebrado entre el patrón y su sindicato o, en su caso, entre el patrón y el trabajador; por tanto, dada la naturaleza de las anteriores acciones, a la trabajadora le correspondía la carga de la prueba para acreditar que existe consagrado el derecho extralegal que reclama y que se encuentra dentro de la hipótesis normativa, a fin de que se le pueda aplicar el beneficio correspondiente.
Tal consideración encuentra apoyo en la jurisprudencia emitida por la anterior Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, tomo doscientos diecisiete-doscientos veintiocho, Quinta Parte, página cuarenta y tres, cuyos rubro y texto son los siguientes:
"PRESTACIONES EXTRALEGALES, CARGA DE LA PRUEBA TRATÁNDOSE DE. Quien alega el otorgamiento de una prestación extralegal, debe acreditar en el juicio su procedencia, demostrando que su contraparte está obligada a satisfacerle la prestación que reclama; y, si no lo hace, el laudo absolutorio que sobre el particular se dicte, no es violatorio de garantías individuales."
Cabe precisar también que en materia laboral rige el principio de que "prevalece la norma extralegal sobre la legal", atento a que la ley sólo establece derechos mínimos a favor del trabajador, y mediante convenios extralegales pueden consagrarse mayores beneficios a los trabajadores; también debe hacerse notar que no se puede ir más allá de los beneficios y límites que establece la norma extralegal, pues las bases para su otorgamiento deben atender a lo expresamente pactado por las partes, conforme a lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley Federal del Trabajo.
La demandante para acreditar los extremos de sus pretensiones ofreció (apartado 1.3.2. de sus pruebas) copias fotostáticas de diversas cláusulas del contrato colectivo de trabajo vigente de dos mil uno a dos mil tres; el instituto demandado objetó la anterior documental en cuanto autenticidad de contenido y literalidad (foja noventa y ocho del expediente laboral); empero, el once de junio de dos mil cuatro se llevó a cabo el cotejo con el original (foja ciento tres del expediente laboral) y, por ende, adquirieron pleno valor probatorio, tal como estimó la responsable.
La cláusula 89 del pacto colectivo citado establece lo siguiente:
"Cláusula 89. Indemnizaciones.
"Las indemnizaciones estipuladas en esta cláusula, no están sujetas a descuento alguno autorizado expresamente por la Ley Federal del Trabajo.
"I. Muerte. Cuando el riesgo realizado traiga como consecuencia la muerte del trabajador, el instituto, con la intervención del sindicato pagará a las personas designadas en el pliego testamentario sindical y cuando no exista éste (ilegible) señaladas en el artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo, una indemnización equivalente al importe de 1095 días del último salario percibido por el trabajador, cualquiera que fuera el monto de dicho salario y cualquiera que fuere el tiempo que lo hubiere disfrutado, y además, 50 días por cada año completo de servicios o parte proporcional correspondiente a las fracciones de año, así como las prestaciones que le adeudare por vacaciones, aguinaldo, horas extraordinarias, etc. y la prima de antigüedad a que se refiere el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo.
"Igualmente pagará el instituto, para gastos de funerales 100 días de salario.
"Estas prestaciones, salvedad hecha a la relativa a gastos de funerales, se otorgarán independientemente de las señaladas en la Ley del Seguro Social.
"En caso de que no exista pliego testamentario, el instituto dentro del plazo de 30 días, contados a partir de la fecha en que reciba la notificación de la demanda, en la que se reclamen las prestaciones a que se refiere esta cláusula, se compromete a depositar en una institución bancaria, el importe que resulte por dichas prestaciones, mismo que será entregado con los intereses generados, a los beneficiarios que así designe la autoridad laboral, por laudo definitivo.
"II. Incapacidad permanente total. Cuando el riesgo realizado traiga como consecuencia la incapacidad permanente y total del trabajador para desempeñar otro puesto en el instituto, éste le pagará al interesado o a la persona que lo represente, iguales prestaciones que las consignadas en la fracción anterior. Estas prestaciones se otorgarán también independientemente de las señaladas en la Ley del Seguro Social.
"III. Incapacidad parcial y permanente. Cuando el riesgo profesional produzca incapacidad parcial y permanente que permita seguir laborando en la misma categoría o en otra, sin perjuicio de su salario, se pagará al trabajador la indemnización que corresponda conforme a los porcentajes de las tablas de valuación que contiene la Ley Federal del Trabajo, basados en las prestaciones a que alude la fracción I de esta cláusula. ..." (foja cincuenta y cuatro del expediente laboral).
La interpretación armónica de la cláusula en análisis permite concluir que la cuestionada indemnización se otorga cuando el riesgo de trabajo produzca una incapacidad que permita seguir laborando, lo que significa que este tipo de acción está reservada únicamente a los trabajadores en activo.
En ese sentido, la actora en el hecho tres de la demanda laboral señaló que trabajó para el instituto demandado hasta el dieciséis de enero de dos mil tres, manifestación que en términos de lo dispuesto por el artículo 794 de la Ley Federal del Trabajo se tiene como confesión expresa y espontánea de las partes, sin necesidad de ser ofrecida como prueba.
Por otra parte, el instituto demandado manifestó que el contrato colectivo de trabajo sólo era aplicable a los trabajadores en activo, calidad que la actora desde el dieciséis de enero de dos mil tres no reunía porque obtuvo su jubilación por años de servicios. Para acreditar lo anterior ofreció en el apartado 4, inciso B), copia fotostática de la resolución de jubilación por años de servicios, otorgada el veintinueve de noviembre de dos mil dos con efectos a partir del dieciséis de enero de dos mil tres; asimismo, propuso su medio de perfeccionamiento, consistente en el cotejo y compulsa con el original; la responsable admitió la anterior documental y ordenó su cotejo (foja ciento diez del expediente laboral), el cual se llevó a cabo el quince de junio de dos mil cuatro (foja ciento seis del expediente laboral) y, por ende, adquirió plena eficacia demostrativa y evidencia que efectivamente la Comisión Nacional Mixta de Jubilaciones y Pensiones para Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, el veintinueve de noviembre de dos mil dos otorgó a Martha Escamilla González su jubilación por años de servicios conforme a la tabla A del artículo 4 del Régimen de Jubilaciones y Pensiones, con efectos a partir del dieciséis de enero de dos mil tres.
Por tanto, en el juicio laboral quedó demostrado que la quejosa al momento de promover su demanda laboral, lo cual aconteció el once de agosto de dos mil tres, ya no se encontraba trabajando, motivo por el cual no existía base legal para otorgar la indemnización por riesgo de trabajo establecida en la fracción III de la aludida cláusula 89 del pacto contractual, pues esta prestación se otorga a elementos en activo, y como se vio, la actora no lo era al promover su demanda inicial por una causa que dio lugar a su separación como trabajadora en activo, como es el otorgamiento de su jubilación por años de servicios, por lo que evidentemente no existía base legal para otorgar la indemnización por riesgo de trabajo establecida en la fracción III de la cláusula 89 del pacto contractual citado; de ahí que la Junta correctamente haya absuelto de dicha prestación.
En otro orden de ideas, Martha Escamilla González demandó del Instituto Mexicano del Seguro Social el reconocimiento de que se encontraba con padecimientos del orden profesional por tener relación de causa-efecto con diversos accidentes de trabajo que sufrió durante su vida laboral que le producían una incapacidad permanente; como consecuencia de ello reclamó el otorgamiento y pago de la pensión prevista en el artículo 4, tabla C, del Régimen de Jubilaciones inserto al pacto colectivo citado.
El Instituto Mexicano del Seguro Social manifestó que la actora carecía de derecho para reclamar la anterior pretensión, toda vez que fue jubilada por años de servicios con efectos a partir del dieciséis de enero de dos mil tres, conforme al acuerdo 111065, emitido por la Comisión Nacional Mixta de Jubilaciones y Pensiones para Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, de veintinueve de noviembre de dos mil dos, conforme a los artículos 4 y 5 del Régimen de Jubilaciones y Pensiones, pensión que viene cubriendo mensualmente, por lo que la actora pretendía un doble pago, que en caso de que no se estimara así, debía estarse a lo dispuesto por el artículo 116 de la Ley del Seguro Social, esto es, ambas pensiones no debían rebasar el 100% de la cuantía básica estipulada en el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los artículos 4, tablas A y C, y 5.
En el acto reclamado la Junta transcribió la cláusula 91 del contrato colectivo de trabajo y el artículo 1 del Régimen de Jubilaciones y Pensiones anexo al contrato colectivo de trabajo, con base en los cuales sostuvo que ante la aceptación de la actora en el sentido de que se encontraba jubilada por años de servicios, no le era aplicable el Régimen de Jubilaciones y Pensiones para el pago de la pensión por las enfermedades de tipo profesional que le fueron diagnosticadas, pues consideró que ello entrañaría un doble pago con base en el mismo régimen, como lo hizo valer el instituto al contestar la demanda; tomó en cuenta que conforme al artículo 4 del régimen, las cuantías de las jubilaciones o pensiones se determinaban con base en:
a) Los años de servicios prestados por el trabajador al instituto; y
b) El último salario que el trabajador disfrutaba al momento de la jubilación, integrado conforme al artículo 5 de ese régimen.
Entonces, concluyó que si la reclamante ya gozaba de una pensión de jubilación por años de servicios, calculada conforme al último salario devengado conforme a la tabla A del artículo 4 del Régimen de Jubilaciones y Pensiones anexo al contrato colectivo de trabajo, ya no sería lícito que con base en el mismo régimen se le otorgara la pensión de incapacidad que reclamaba, aunque su cálculo se encontrara previsto en la tabla C del precepto en cita, porque implicaría aplicar dos veces el mismo régimen a un trabajador.
Contra lo anterior, la quejosa aduce que la Junta dejó de considerar que fue trabajadora del Instituto Mexicano del Seguro Social y, por tanto, le era aplicable el Régimen de Jubilaciones y Pensiones anexo al contrato colectivo de trabajo, pues dichos dispositivos legales contienen beneficios más favorables para los trabajadores; que en el caso debió aplicarse las disposiciones legales que más le beneficiaran; que la responsable concluyó que gozaba de una jubilación por años de servicios conforme al último salario devengado, calculado conforme a la tabla A del artículo 4 del Régimen de Jubilaciones y Pensiones anexo al contrato colectivo de trabajo, que no era lícito que con base en el citado régimen se le otorgara una pensión de incapacidad, aunque su cálculo se encontrara en la tabla C de dicho precepto, porque implicaría aplicar dos veces el mismo régimen; que la cláusula 91 del pacto colectivo se refiere al subsidio que se otorga a los trabajadores cuando sufren algún riesgo de trabajo; que la emisora interpretó equivocadamente la cláusula mencionada, ya que el subsidio por riesgos de trabajo que refiere se cubre mientras los trabajadores se encuentren con una incapacidad temporal, y tratándose de asegurados que no tengan al instituto como patrón, la prestación en comento se encuentra prevista en la fracción I del artículo 65 de la anterior Ley del Seguro Social, y procede cuando los trabajadores sufren algún riesgo de trabajo que los incapacita temporalmente; y una vez que el instituto, previos exámenes médicos, determina que el trabajador se encuentra apto para laborar, lo da de alta y, por ende, con capacidad para continuar con sus actividades, y en caso que estimara que la incapacidad es de carácter permanente le otorga las prestaciones derivadas por este concepto, entre las que figura la pensión; que no existe disposición en el sentido de que al trabajador que se le hubiera otorgado la jubilación no se le deba pagar la pensión por riesgo de trabajo.
El anterior argumento es fundado, aun cuando para considerarlo así se supla conforme a lo dispuesto en el artículo 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, por ser la parte trabajadora la que acude al presente juicio constitucional.
Como ya se dijo, la actora reclamó el pago de la pensión por riesgo de trabajo conforme a lo dispuesto en la tabla C del artículo 4 del Régimen de Jubilaciones y Pensiones inserto al contrato colectivo de trabajo vigente el cuatro de agosto de dos mil tres; por ende, se advierte que su prestación no tiene origen en la ley, motivo por el cual la trabajadora debe demostrar que existe consagrado el derecho extralegal que reclama y que se encuentra dentro de la hipótesis normativa, a fin de que se le pueda aplicar el beneficio correspondiente. Asimismo, se reitera que en materia laboral rige el principio de que "prevalece la norma extralegal sobre la legal", atento a que la ley sólo establece derechos mínimos a favor del trabajador, y mediante convenios extralegales pueden consagrarse mayores beneficios a los trabajadores; también debe hacerse notar que no se puede ir más allá de las prerrogativas y límites que establece la norma extralegal, porque las bases para su otorgamiento se rigen por lo expresamente pactado ante las partes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 de la ley laboral.
Cabe destacar que la anterior Ley del Seguro Social reguló la pensión por riesgo de trabajo en los artículos 48 y 65, entre otros, estableciendo las bases y términos en que se haría.
En ese sentido, la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación estableció que si un convenio supera lo dispuesto en la ley, la cual se reitera, que establece el mínimo de derechos de los trabajadores, se aplicará el pacto que supera el referido beneficio, tal como se desprende de la jurisprudencia ciento dieciséis, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo V, Materia del Trabajo, Volumen 1, página 97, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente:
"CONTRATOS, ESTIPULACIONES EN LOS. DEBEN APLICARSE SI SUS BENEFICIOS SON SUPERIORES A LOS QUE LA LEY CONCEDE.-Si la contratación supera lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo de 1970, misma que establece el mínimo de derechos de que goza todo trabajador, debe estimarse aplicable la disposición del contrato que supere ese nivel mínimo establecido por la legislación laboral, en los términos de lo dispuesto por su artículo 3o. transitorio, párrafo final."
Por otra parte, la demandante para acreditar que tenía derecho a recibir una pensión por riesgo de trabajo ofreció, en el apartado 1.3.2., copias fotostáticas de los artículos del Régimen de Jubilaciones y Pensiones inserto al pacto colectivo; el instituto demandado objetó la anterior documental en cuanto autenticidad de contenido y literalidad (foja noventa y ocho del expediente laboral); empero, el once de junio de dos mil cuatro se llevó a cabo el cotejo con el original (foja ciento tres del expediente laboral) y, por ende, adquirieron pleno valor probatorio, tal como estimó la responsable.
En ese sentido, el artículo 1 del citado régimen establece lo siguiente:
"Artículo 1. El Régimen de Jubilaciones y Pensiones para los trabajadores del instituto es un estatuto que crea una protección más amplia y complementa al plan de pensiones determinado por la Ley del Seguro Social, en los seguros de invalidez, vejez, edad avanzada y muerte y en el de riesgos de trabajo."
Del anterior numeral se advierte que el Régimen de Jubilaciones y Pensiones para los Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social crea una protección más amplia y complementa al plan de pensiones determinado por la Ley del Seguro Social para el seguro por riesgo de trabajo; por ende, el referido ordenamiento extralegal sustituye a dicha ley, lo que trae como consecuencia que éste sea el que deba prevalecer para el otorgamiento de la pensión respectiva, tal como se desprende de la jurisprudencia transcrita con antelación.
La jubilación por años de servicios se regula en la tabla A del artículo 4 del Régimen de Jubilaciones y Pensiones citado; por otra parte, la pensión por riesgo de trabajo se encuentra consignada en la tabla C de dicho numeral, la cual, en lo que aquí interesa, es del tenor siguiente:
"Artículo 4. Las cuantías de las jubilaciones o pensiones, se determinarán con base en los factores siguientes:
"a) Los años de servicios prestados por el trabajador al instituto.
"b) El último salario que el trabajador disfrutaba al momento de la jubilación o pensión, integrado como lo señala el artículo 5 de este régimen.
"La aplicación de ambos se hará conforme a las tablas siguientes:
Ver tablas
De la lectura de los numerales 1 y 4 del referido Régimen de Jubilaciones y Pensiones no se advierte limitación en el sentido de que no puedan coexistir la jubilación citada y la pensión por riesgo de trabajo, ni tampoco se colige que haya disposición expresa que permita la existencia de ambas, empero, conforme al artículo 18 de la Ley Federal del Trabajo, en caso de duda prevalece la interpretación más favorable al trabajador; por ende, se concluye que la jubilación por años de servicios y la pensión por riesgos de trabajo previstas en dicho ordenamiento extralegal son compatibles.
Además, el artículo 11 del aludido régimen, en la parte que interesa, dispone:
"Cuando se declare una incapacidad permanente proveniente de un riesgo de trabajo, las prestaciones que se otorguen al trabajador serán calculadas de acuerdo a la tabla ‘C’ del artículo 4 de este régimen ..." (foja sesenta y uno del expediente laboral).
Lo anterior corrobora que la circunstancia de que el trabajador que se encuentre retirado del servicio por haber obtenido su jubilación por años de servicios, no implica que deje de gozar de la protección del Régimen de Jubilaciones y Pensiones en relación con los riesgos de trabajo que reclamó; máxime que la jubilación por años de servicios de la tabla A tiene como finalidad gratificar a los trabajadores por los años que laboraron para el patrón; y la pensión por riesgo de trabajo prevista en la tabla C tiene como objetivo el compensar o retribuir al empleado por la exposición al ambiente laboral en que se desenvolvió, o por los percances ocurridos en él o con motivo del empleo que desarrolló y disminuyeron su salud, por lo que desde ese punto de vista protegen situaciones jurídicas distintas.
Por otra parte, aun cuando para el cálculo de la jubilación por años de servicios y la pensión por riesgos de trabajo se toman los factores de: a) Los años de servicios prestados por el trabajador al instituto; y, b) El último salario que el trabajador disfrutaba al momento de la jubilación o pensión, integrado como lo señala el artículo 5 de ese régimen; también lo es que el monto del porcentaje de la cuantía básica que se toma en cuenta para calcular cada una es distinto, porque a manera ejemplificativa y tomando en cuenta la referida tabla del artículo 4, tratándose de pensión jubilatoria por años de servicios, cuando un trabajador haya generado diez años se le aplica el 50% (cincuenta por ciento) de la cuantía básica, pero en caso de pensión jubilatoria por riegos de trabajo por los mismos años de servicios, se toma el 80% (ochenta por ciento) de la cuantía básica, por tanto, es evidente que no se está en presencia de un doble pago.
No obsta a la anterior conclusión que la Junta en el laudo haya tomado en cuenta el contenido de la cláusula 91 del contrato colectivo de trabajo citado y el artículo 1 del Régimen de Jubilaciones y Pensiones anexo a dicho pacto, concluyendo que ante la aceptación de la actora de que se encontraba jubilada por años de servicios, implicaba que no le era aplicable el Régimen de Jubilaciones y Pensiones para el pago de la pensión por las enfermedades de tipo profesional que le fueron diagnosticadas, al entrañar un doble pago con base en el mismo régimen, pues conforme al artículo 4 del régimen, las cuantías de las jubilaciones o pensiones se determinaban con base en: a) Los años de servicios prestados por el trabajador al instituto; y, b) El último salario que el trabajador disfrutaba al momento de la jubilación, integrado conforme al artículo 5 de este régimen; por lo que la autoridad concluyó que si la reclamante ya gozaba de una pensión de jubilación por años de servicio, calculada conforme al último salario devengado conforme a la tabla A del artículo 4 del Régimen de Jubilaciones y Pensiones anexo al contrato colectivo de trabajo, ya no sería lícito que con base en el mismo régimen se le otorgara la pensión de incapacidad que reclamaba, aunque su cálculo se encontrara previsto en la tabla C del precepto en cita, porque implicaría aplicar dos veces el mismo régimen a un trabajador.
La anterior conclusión es inexacta, atento a que la cláusula 91 del pacto colectivo en comento establece lo siguiente:
"Cláusula 91. Subsidio en riesgo de trabajo
"En caso de accidentes o enfermedades de trabajo, que incapaciten a un trabajador para desempeñar sus labores, el instituto le pagará salario íntegro y las demás prestaciones que conforme al presente contrato le correspondan, hasta en tanto se declare la incapacidad permanente del trabajador, fecha a partir de la cual sólo disfrutará de las prestaciones que otorga el Régimen de Jubilaciones y Pensiones o de la Ley del Seguro Social en su caso." (foja cincuenta y cinco del expediente laboral).
De lo anterior se colige que tratándose de accidentes o enfermedades de trabajo que incapaciten a un trabajador para desempeñar sus labores, el instituto debe pagar el salario íntegro y las demás prestaciones que conforme a dicho contrato le correspondan, hasta en tanto se declare la incapacidad permanente, data a partir de la cual sólo disfrutará de las prestaciones que otorga el Régimen de Jubilaciones y Pensiones o de la Ley del Seguro Social, en su caso, esto es, la referida cláusula regula el subsidio a que tienen derecho los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social cuando se encuentren incapacitados para el trabajo y hasta que se declare dicha incapacidad permanente; declarada ésta se aplicará el Régimen de Jubilaciones y Pensiones o la Ley del Seguro Social, según sea el caso, lo cual debe interpretarse en el sentido de que lo determinante para establecer el ordenamiento que debe emplearse son los años de servicios que se hayan generado, pues el artículo 4 del Régimen de Jubilaciones y Pensiones, cobra aplicación a partir de diez años de servicios; de donde se infiere que en caso de que no se reúnan éstos, el ordenamiento que rige es la Ley del Seguro Social.
En ese contexto, el pago de la jubilación por años de servicios previsto en la tabla A del artículo 4 del Régimen de Pensiones y Jubilaciones del Contrato Colectivo de Trabajo vigente de dos mil uno a dos mil tres, así como la pensión por riesgos de trabajo contemplada en la tabla C del citado numeral, son compatibles, aun cuando para su cálculo tengan como común denominador: a) los años de servicios prestados por el trabajador; y, b) el último salario disfrutado; sin que ello implique doble pago, pues a la cuantía básica de cada una de ellas se les extraen porcentajes distintos, según sea, pensión por jubilación o por incapacidad; además, el diverso numeral 1 del citado ordenamiento extralegal señala que tratándose de riesgos de trabajo ya no es aplicable la Ley del Seguro Social, por tanto, la pensión citada debe pagarse de acuerdo con el régimen de jubil
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20305-1b7a3c7d/jubilacion-por-anos-de-servicios-y-pension-por · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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