PRESUPUESTOS PROCESALES. SU ESTUDIO EN LA APELACIÓN CIVIL SÓLO PROCEDE A LA LUZ DE LOS AGRAVIOS VERTIDOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). APELACIÓN ADHESIVA EN MATERIA CIVIL. CUANDO EL QUE OBTIENE SENTENCIA FAVORABLE EN PRIMERA INSTANCIA, ESTIMA INCORRECTAS O DEFICIENTES LAS CONSIDERACIONES QUE SOPORTAN ESE FALLO, Y NO SE ADHIERE AL RECURSO DEL VENCIDO, LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN QUE PRETENDA COMBATIR LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE SEGUNDO GRADO, QUE POR ESE MOTIVO NO SE PRONUNCIÓ SOBRE TALES CUESTIONES, DEBEN DESESTIMARSE POR INOPERANTES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).
AMPARO DIRECTO 98/2007. MARÍA CRISTINA CRUZ SALDAÑA Y OTRO.
CONSIDERANDO
QUINTO. Son inatendibles, inoperantes, infundados y fundados pero inoperantes los conceptos de violación expuestos por los quejosos.
En principio debe señalarse que en el juicio de amparo directo 97/2007 que se falla de manera relacionada con este asunto, se otorgó al ahí quejoso José Luis Castro Rodríguez, el amparo y protección de la Justicia de la Unión para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la sentencia que pronunció el quince de enero de dos mil siete y en su lugar emita otra en la que al analizar de manera conjunta los medios de convicción que obran en el sumario de origen, se abstenga de considerar simulado el contrato de compraventa otorgado en escritura pública el veintinueve de mayo de mil novecientos noventa y siete, desestime los agravios expresados por Paulina Castell Romero y, finalmente, confirme la sentencia de primera instancia.
En tal virtud, los conceptos de violación que en este juicio constitucional tienen por objeto cuestionar la sentencia de segunda instancia, desde la perspectiva de que con las pruebas valoradas por el tribunal ad quem se justifica la nulidad por simulación deducida como acción en contra de los aquí quejosos, no habrán de ser atendidos, dado que, por los efectos de dicho fallo constitucional, a nada práctico conduciría su ponderación.
Sentado lo anterior, debe consignarse que los quejosos inician su argumentación señalando que se adhirieron a los recursos de apelación interpuestos por Paulina Castell Romero y por el representante legal de Tecnohule Mexicano, Sociedad Anónima de Capital Variable, sin embargo, dicho señalamiento no corresponde con las constancias de autos, en virtud de que el indicado recurso accesorio sólo lo dedujeron al sumar su inconformidad a la expresada por la señalada sociedad anónima, y no así a la hecha valer por la actora en el juicio de nulidad.
En efecto, como se advierte del toca de apelación, Víctor Manuel Méndez Márquez y María Cristina Cruz Saldaña al contestar los agravios expresados por Luis Armando Castro Castell, apelante del fallo de primera instancia en lo relativo a la acción reivindicatoria deducida en contra de su representada, se adhirieron a ese medio de impugnación expresando agravios en cuanto a la procedencia de la acción por ellos deducida en el juicio que se acumuló al de nulidad incoado en su contra; por tanto, carece de sustento legal la afirmación inicial que vierten en su demanda de garantías, pues es falso que hayan hecho valer el recurso de que se trata en contra de las apelaciones que mencionan.
Para así advertirlo debe citarse, en lo conducente, y de manera textual lo expresado por los adherentes al recurso de apelación de referencia: "... Que habiéndose dictado sentencia definitiva en los autos en que promovemos, relativo al juicio de nulidad de escritura pública de contrato de compraventa y juicio reivindicatorio que tenemos promovido en contra de la sociedad mercantil denominada Tecnohule Mexicano, S.A. de C.V., y la demandada Tecnohule Mexicano, S.A. de C.V., interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia que declaró improcedente la acción reivindicatoria y dejó a salvo nuestros derechos, para ejercitarlos como estimemos procedentes y no nos condenó en costas; por medio de este escrito venimos a dar contestación a los infundados agravios que expresa Luis Armando Castro Castell, en su carácter de representante legal de la sociedad mercantil demandada, en el juicio reivindicatorio y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 490, 491, 492 y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles abrogado, nos adherimos a la apelación, y formulamos los siguientes agravios: ... adhesión al recurso de apelación: Hecho infractor. Lo constituye el punto del fallo número tres, en relación al considerando décimo que lo rige, de la sentencia definitiva de fecha trece de enero de dos mil seis, dictada dentro del expediente 733/04; en el que se expresa: ‘TERCERO. Se declara improcedente la acción reivindicatoria, ejercida por Víctor Manuel Méndez Márquez y María Cristina Cruz Saldaña, dejándose expeditos sus derechos para ejercitarlos en los términos que estimen pertinentes ...’."
De esta manera, si los ahora quejosos únicamente se adhirieron a la apelación interpuesta por el demandado en el juicio reivindicatorio acumulado al de nulidad promovido ante el Juez Quinto de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla, no puede otorgarse credibilidad a la afirmación que expresan en el sentido de haberse incorporado con la misma pretensión impugnatoria a los recursos de apelación que se sustanciaron ante la Segunda Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, concretamente al deducido por Paulina Castell Romero.
Señalado lo anterior, debe indicarse que aun cuando es fundado su argumento en el sentido de que el tribunal de alzada omitió pronunciarse en cuanto a la pretensión adhesiva que dedujeron ante él, por razones que ven al fondo, lo así expresado deviene inoperante para el fin que lo proponen, pues finalmente ello no evidencia la ilegalidad del fallo que atacan.
Sobre este particular cobra aplicación la jurisprudencia VI.2o. J/16, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, mismo que ya especializado en materia civil ahora resuelve, visible en la página ciento cincuenta y tres de la Gaceta 19-21, del Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los meses de julio-septiembre de mil novecientos ochenta y nueve, Octava Época, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, FUNDADOS PERO INOPERANTES. Si del estudio que en el juicio de amparo se hace de un concepto de violación se llega a la conclusión de que es fundado, pero claramente se desprende que por diversas razones que ven al fondo de la cuestión omitida, resulta inepto para resolver el asunto favorablemente a los intereses del quejoso, dicho concepto, aunque fundado, debe declararse inoperante y, por tanto, en aras de la economía procesal, debe negarse el amparo en vez de concederse para efectos, o sea, para que la responsable, reparando la violación, entre al estudio omitido, toda vez que este proceder a nada práctico conduciría, puesto que reparada aquélla, la propia responsable, y en su caso el tribunal, por la vía de un nuevo amparo que en su caso y oportunidad se promoviera, tendría que resolver el negocio desfavorablemente a tales intereses del quejoso; de ahí que no hay que esperar dicha nueva ocasión para negar un amparo que desde luego puede y debe ser negado."
Así, debe destacarse que el recurso de apelación adhesiva tiene por objeto incorporar al trámite del recurso principal todas aquellas circunstancias que, ante lo incorrecto o deficiente de las consideraciones que sirven de apoyo al fallo que les es favorable, otorguen un soporte argumentativo que conduzca a la confirmación o modificación de esa determinación, la cual -se insiste- sería favorable a los apelantes adherentes.
Por ilustrativa se cita, en lo conducente, la jurisprudencia 3a./J. 26/94, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página diecisiete de la Gaceta 83, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, que a la letra dice: "APELACIÓN ADHESIVA EN MATERIA CIVIL. DEBE INTERPONERSE POR QUIEN OBTUVO TODO LO QUE PIDIÓ CUANDO LA SENTENCIA APELADA SE ESTIMA INCORRECTA O DEFICIENTE EN SUS CONSIDERACIONES, SIN SER APLICABLE LA TESIS QUE EXONERA DE TAL OBLIGACIÓN A LAS PARTES EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. (Legislación del Estado de Jalisco). Si bien es cierto que los artículos 428 y 430, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, respectivamente establecen que no podrá apelar el que obtuvo todo lo que pidió y en lo relativo a interposición de la apelación adhesiva emplea el vocablo puede dirigido a la parte que venció, tales disposiciones no deben entenderse en el sentido de que el vencedor está impedido para hacer valer ese medio de impugnación accesorio o que su ejercicio es potestativo, toda vez que atenta la finalidad de ese medio de defensa, el ganador debe agotarlo cuando, a pesar de que la parte resolutiva de la sentencia apelada le favorezca, la considerativa se estima incorrecta o deficiente, y que por lo mismo pueda ser considerada infundada por el tribunal de apelación con base en los agravios que exprese el vencido, sin que sea aplicable en el caso la sexta tesis relacionada con la jurisprudencia número 189, que aparece publicada en el último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte, páginas 337 y 338, del rubro: ‘APELACIÓN, CUESTIONES QUE DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN LA, A PESAR DE NO HABER SIDO MATERIA DE LOS AGRAVIOS’, toda vez que el criterio a que ahí se alude tuvo su precedente en un asunto de naturaleza mercantil, materia donde el examen oficioso que se impone al tribunal de segunda instancia sobre todos aquellos aspectos que formaron parte del debate, tiene su justificación en virtud de que en el sistema de recursos que establece el Código de Comercio no se prevé el de la apelación adhesiva, en tanto que la legislación procesal civil sí la establece, de tal forma que no pueden aplicarse a esta última, reglas procesales ajenas a su materia y regulación."
De igual forma, en la legislación procesal civil vigente en el Estado de Puebla hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, el recurso de apelación adhesiva está supeditado a la suerte que corra el recurso principal en relación con el cual se hace valer, pues por la finalidad que le es propia, sólo pueden constituir agravio en él las cuestiones que tengan por objeto dotar de mayor solidez a aquellas consideraciones en que se sustenta la sentencia de primer grado, ante la posibilidad de que éstas devengan endebles o incompletas, o bien, sucumban ante el embate del apelante principal; además, la indicada relación de dependencia entre la apelación adhesiva y la principal deriva de lo establecido en el artículo 501, fracción I, de la abrogada legislación, en el que se señala que la adhesión a la apelación se desechará cuando no se admita la apelación principal, de manera tal que si no prospera el indicado recurso no puede hacerlo el que a éste se le incorpora.
En este último aspecto hace cita la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trece del Volumen CXXII, Cuarta Parte, de la Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyos rubro y texto son: "APELACIÓN ADHESIVA. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA). Cuando el artículo 672 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca estatuye "que la adhesión al recurso sigue la suerte de éste", sólo significa que si no se da curso a la apelación de la parte contraria, ésta desiste del recurso, se le declara desierto o sin materia, o por cualquier otra causa no se substancía, la apelación por adhesión corre la misma suerte; y si aquélla se admite y se tramita hasta pronunciarse sentencia definitiva, de igual manera se substanciará y decidirá la del adherente; pero sin que el referido enunciado del precepto en cuestión quiera decir que si la apelación del perdidoso prospera y obtiene lo que pretende, o fracasa, del mismo modo ha de prosperar o fracasar la del adherente, ya que siendo opuestos sus intereses y sus puntos de vista, lógicamente no será posible que las dos partes obtengan lo que desean."
Por tanto, si el recurso de apelación adhesiva de que se trata debe analizarse, en términos generales, de manera posterior a la ponderación del principal al que se suma, y si se desecha éste debe suceder lo mismo con aquél; se concluye que en el caso particular, al no haberse atendido los agravios expresados por el representante legal de Tecnohule Mexicano, Sociedad Anónima de Capital Variable, y estar supeditado a su análisis el que deba efectuarse de los propuestos por los aquí quejosos, sin que la indicada empresa se hubiere inconformado con la omisión en que incurrió la alzada, ninguna lesión se causa a los ahora quejosos con la falta de análisis de los agravios adhesivos que expresaron ante el tribunal ad quem, pues finalmente el fallo de primera instancia en lo relativo a la acción reivindicatoria por ellos deducida continúa incólume en ese aspecto y, por ende, ningún objeto tendría que se ordenara el análisis de la postura procesal de los disconformes, si finalmente subsiste el fallo de primer grado en este aspecto, máxime que su teleología estriba en dotar a esa resolución de una base argumentativa eficiente que conduzca a su confirmación o modificación.
Ahora bien, si los aquí quejosos pretendían a través del recurso de apelación adhesiva inconformarse con la desestimación por improcedente que se hizo de la acción reivindicatoria por ellos deducida, debe señalarse que los indicados agravios debieron expresarlos no en la adhesión a la apelación interpuesta por Tecnohule Mexicano, Sociedad Anónima de Capital Variable, ante la omisión en que incurrió el a quo en lo que a la condena en costas se refiere, sino mediante diverso recurso de apelación principal que estaban obligados a interponer ante lo adverso de aquella determinación, y así poder obtener la revocación de ese fallo.
En tal virtud, si en los agravios adhesivos a que se hace referencia, en esencia, explican las razones por las cuales estiman que su acción real sí era procedente y ese motivo de inconformidad debieron exponerlo ante el tribunal ad quem interponiendo el recurso de apelación principal, es inconcuso que la omisión en que incurrió la autoridad de segundo grado no trasciende en perjuicio de los quejosos pues, aun cuando se ordenara su ponderación, la Sala tendría que desestimarlos por inoperantes, precisamente, por la obligación que les asistía de inconformarse en contra del fallo que decretó la improcedencia de la acción reivindicatoria que accionaron en el procedimiento acumulado.
Por su parte, todos aquellos motivos de inconformidad incluidos en los conceptos de violación, que giran en torno de la improcedencia de la acción de nulidad deducida en contra de los aquí quejosos, así como en la falta de análisis oficioso de la integración de los presupuestos procesales en que incurrió el tribunal responsable, devienen inoperantes.
Para así sostenerlo, debe reiterarse que el Juez de primera instancia, al resolver los juicios acumulados de nulidad de escritura de compraventa y reivindicatorio, abordó el análisis del primero de ellos, atendiendo el fondo de la litis planteada por los contendientes, en virtud de que ante la ponderación del material probatorio rendido en esa instancia estimó que Paulina Castell Romero no había probado la acción de nulidad ante él deducida y, en consecuencia, absolvió a los demandados de las prestaciones exigidas, sin embargo, la acción reivindicatoria, acumulada al juicio de nulidad, como ya se señaló, la consideró improcedente, dejando a salvo los derechos de los promoventes de ese procedimiento para accionar en la forma en que lo estimaran oportuno.
De esta manera se advierte que el Juez de primera instancia al analizar la acción de nulidad lo hizo atendiendo a lo debatido en cuanto al fondo de esa contienda.
Además, de lo narrado en el considerando cuarto de la sentencia pronunciada en el juicio de amparo directo que de manera relacionada se resuelve con el que da motivo a esta resolución, se advierte que la sentencia de primera instancia, en lo relativo a los puntos resolutivos y consideraciones expuestas en torno de la acción de nulidad, únicamente fue recurrida por Paulina Castell Romero, actora en dicho juicio.
En tal virtud, si en el fallo de primera instancia emitido en cuanto al juicio de nulidad se resolvió el fondo de la litis entablada entre los contendientes y dicha resolución únicamente fue apelada por la actora Paulina Castell Romero, se concluye que el tribunal de apelación, al tenor de lo establecido en el artículo 508 del abrogado Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, sólo podía tomar en consideración los agravios expresados por la recurrente de aquella determinación, estando impedido para fundarse en teorías o doctrinas que no hubieren sido expuestas en los agravios o en su contestación, ni citadas en la sentencia primaria.
Así las cosas, si el tribunal ad quem sólo puede ocuparse de los agravios ante él expresados, queda claro que no puede atender a cuestiones distintas de lo expuesto en ellos.
Ahora bien, si los aquí quejosos Víctor Manuel Méndez Márquez y María Cristina Cruz Saldaña estimaban que la acción deducida en el juicio de nulidad promovido en su contra era improcedente, no obstante que la sentencia de primer grado les hubiere sido favorable, al tenor de lo establecido en los diversos 490, 491 y 492 del indicado Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, en todo caso, tuvieron a su alcance la adhesión al recurso de apelación interpuesto por Paulina Castell Romero, para así proponer ante el tribunal de segundo grado el análisis de todos aquellos motivos de inconformidad que tendieran a evidenciar la improcedencia de la acción incoada en su contra, empero, como no lo hicieron, el tribunal ad quem no estuvo en aptitud de analizar la satisfacción de los presupuestos procesales, en cuya ausencia sustentan su argumentación los promoventes de esta demanda de garantías.
En efecto, al tenor de las disposiciones legales citadas y como ya se señaló, la apelación adhesiva tiene por objeto que la sentencia impugnada se apoye en consideraciones de mayor solidez que las sostenidas por el Juez natural, cuando se estime que el fallo apelado se funda en razonamientos endebles o incompletos. Por tanto, la parte vencedora debe adherirse al recurso de apelación para impugnar aquellas consideraciones con las que no esté conforme, para así obtener su confirmación o, en su caso, modificación, pero con argumentos más sólidos que den sustento a dicha resolución.
De esta manera, si lo aducido en los conceptos de violación expuestos por los quejosos en lo relativo a la omisión en el análisis que debió emprender el tribunal ad quem de la satisfacción de los presupuestos procesales, que por su ausencia determinan la improcedencia de la acción entablada en su contra no fue llevado por Víctor Manuel Méndez Márquez y María Cristina Cruz Saldaña al conocimiento de la autoridad responsable, a través de la adhesión al recurso de apelación que interpuso Paulina Castell Romero, es inconcuso que devienen inoperantes para el fin que los proponen, en la medida en que pretenden cuestionar la legalidad del fallo de segundo grado, partiendo de argumentos en relación con los cuales la alzada no tuvo oportunidad de pronunciarse.
Sobre este particular, cobra aplicación la tesis sostenida por este tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, febrero de dos mil siete, página mil seiscientos quince, cuyos rubro y texto son: "APELACIÓN ADHESIVA EN MATERIA CIVIL. CUANDO EL QUE OBTIENE SENTENCIA FAVORABLE EN PRIMERA INSTANCIA, ESTIMA INCORRECTAS O DEFICIENTES LAS CONSIDERACIONES QUE SOPORTAN ESE FALLO, Y NO SE ADHIERE AL RECURSO DEL VENCIDO, LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN QUE PRETENDA COMBATIR LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE SEGUNDO GRADO, QUE POR ESE MOTIVO NO SE PRONUNCIÓ SOBRE TALES CUESTIONES, DEBEN DESESTIMARSE POR INOPERANTES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). De la interpretación relacionada de los artículos 490 a 492 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, vigente hasta el 31 de diciembre de 2004, se concluye que si aquél que obtiene sentencia favorable en primera instancia, estima incorrectas o deficientes las consideraciones que sustentan ese fallo, debe adherirse a la apelación interpuesta por su contraparte, para así proponer ante el tribunal de alzada el análisis de los agravios en que se aduzcan consideraciones de mayor solidez a aquéllas en las que se sustenta el fallo primario, pues ante el evento de que éstas devengan endebles o incompletas, o bien, sucumban ante el embate del apelante, a efecto de obtener la confirmación o, en su caso, la modificación de esa resolución, debe proponer el análisis de aquellas cuestiones que brinden un soporte más sólido y eficaz a la aludida decisión jurisdiccional. En tal virtud, si el que obtiene sentencia favorable en primera instancia omite adherirse a la apelación del vencido y con tal postura no incorpora al trámite de alzada los agravios que tengan por objeto reforzar o corregir la parte considerativa de ese fallo, los conceptos de violación en que se pretenda combatir la sentencia del tribunal de segundo grado, partiendo de argumentos respecto de los cuales dicha autoridad no tuvo oportunidad de pronunciarse, deben desestimarse por inoperantes, dada su novedad."
Además, el análisis de la satisfacción de los presupuestos procesales sólo puede emprenderlo oficiosamente el Juez de primera instancia, por ser una cuestión de orden público; empero, el tribunal de segundo grado sólo podrá realizar el estudio de esas cuestiones, si en los agravios (principales o adhesivos) se le dan las bases para ello.
Sobre este particular cobran aplicación las jurisprudencias emitidas por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas con los números 6 y 5 en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo IV, Materia Civil, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, páginas seis y cinco, respectivamente, que a la letra dicen: "ACCIÓN. ESTUDIO OFICIOSO DE SU IMPROCEDENCIA. La improcedencia de la acción, por falta de uno de sus requisitos esenciales, puede ser estimada por el juzgador, aun de oficio, por ser de orden público el cumplimiento de las condiciones requeridas para la procedencia de dicha acción." y "ACCIÓN. EL ESTUDIO DE SU IMPROCEDENCIA POR EL TRIBUNAL DE APELACIÓN NO PUEDE HACERSE SI EN LOS AGRAVIOS NO SE PROPORCIONAN LAS BASES PARA ELLO. Si bien esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en jurisprudencia definida ha reconocido las facultades del juzgador de primera instancia para examinar de oficio la improcedencia de la acción, cabe aclarar que el tribunal de apelación sólo puede emprender ese examen, siempre y cuando en el pliego de agravios sometidos a su consideración se haga valer la correspondiente inconformidad y se proporcionen las bases suficientes para que establezca cuáles requisitos de la acción dejaron de cumplirse, o sea, que en la segunda instancia sólo pueden examinarse los elementos de la acción y los hechos constitutivos de la misma, a la luz de los agravios respectivos."
De esta manera, si al tenor de lo establecido en los artículos 490 a 492 y 508 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, a la apelación interpuesta por el vencido en la primera instancia del juicio de que se trate, puede adherirse el que obtuvo resolución favorable para expresar los agravios que en su caso conduzcan a confirmar o modificar la sentencia que le beneficia y el tribunal de apelación sólo puede ocuparse de los agravios que hagan valer el o los apelantes, se concluye que el tema relacionado con la improcedencia de la acción debieron llevarlo al conocimiento del tribunal ad quem Víctor Manuel Méndez Márquez y María Cristina Cruz Saldaña, adhiriéndose al recurso interpuesto por Paulina Castell Romero, y si no procedieron en los indicados términos, es inconcuso que la autoridad responsable no tuvo oportunidad de pronunciarse en relación con la improcedencia de la acción que ahora alegan.
Asimismo, debe establecerse que el tribunal de apelación al abordar el análisis de los agravios propuestos por Paulina Castell Romero no obró con plenitud de jurisdicción, como lo pretenden hacer ver los quejosos en su demanda de garantías, pues ello sólo ocurre cuando aborda el análisis de alguna cuestión omitida por el Juez de primer grado, y al no existir reenvío, debe ocuparse de lo no resuelto por el a quo, si fuere el caso.
Un ejemplo de lo descrito, en el párrafo que precede, se da en aquellos casos en que el Juez de primer grado por estimar la improcedencia de la acción no entra al análisis del fondo de la cuestión debatida y al resultar fundado el agravio expuesto, en torno a la procedencia de la pretensión y no existir reenvío, el tribunal de segunda instancia reasume la jurisdicción de aquél y aborda como Juez de primera instancia la justificación de sus extremos, para establecer finalmente la condena o absolución del demandado, pues se ocupa de un tema no considerado por el a quo.
Sin embargo, si como en la especie, el juzgador de primera instancia se ocupa de resolver el fondo de la litis ante él entablada y el que no obtuvo sentencia favorable interpone el recurso de apelación para cuestionar las consideraciones que rigen lo relativo a la justificación de los extremos de su respectiva postura procesal, en principio, queda claro que el tribunal de segundo grado sólo puede ocuparse de los agravios ante él planteados; pero, en segundo término, debe establecerse que, al estimar fundados los agravios del apelante, no procede a ocuparse de un tema o cuestión omitida por el juzgador a quo, sino que, en su lugar, expone las consideraciones que deben regir el punto debatido y con ello no obra con plenitud de jurisdicción, sino atento al principio de litis cerrada que rige en la segunda instancia, de conformidad con lo establecido en el diverso 508 de la legislación adjetiva civil local.
Al caso cobran aplicación las jurisprudencias y tesis aislada emitidas por este tribunal previo a su especialización en materia civil, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, Octava y Novena Épocas, Tomos VIII, septiembre de mil novecientos noventa y uno, II, julio de mil novecientos noventa y cinco y XV-2, febrero de mil novecientos noventa y cinco, páginas sesenta, ciento diecisiete y doscientos veintitrés, respectivamente, que a la letra dicen: "APELACIÓN. FACULTADES DEL TRIBUNAL DE. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Según lo establecido en la sección segunda del capítulo décimo sexto del libro segundo del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, referente al recurso de apelación, no existe reenvío, de manera que el tribunal de alzada sí tiene facultades para examinar y resolver con plenitud de su jurisdicción las cuestiones indebidamente omitidas en la sentencia apelada, sin que ello implique violación del artículo 508 de dicho ordenamiento. En este orden de ideas cabe señalar que si el recurrente, en su escrito de apelación, alega por vía de agravios que el Juez a quo omitió examinar la acción que ejercitó, eso es más que suficiente para que la Sala responsable proceda, a analizarla ocupándose de todos y cada uno de sus elementos, puesto que tal examen, lo realiza reasumiendo jurisdicción. Por ello es innecesario que en estos casos a través de los agravios alegue y pruebe cómo se justificaron los extremos de la referida acción."; "APELACIÓN. MATERIA DE LA. Si en el recurso de apelación hecho valer en contra de la sentencia de primera instancia, prosperan los agravios formulados por el demandante (perdidoso en el primer grado), el tribunal de alzada no puede declarar justificada la acción que aquél ejercitó, sin antes realizar el estudio de aquellas excepciones que el juzgador natural no examinó; ello es así porque no habiendo reenvío en la alzada, dicho tribunal reasume plenamente su jurisdicción, y porque de no hacer ese análisis violaría lo dispuesto por el artículo 14 constitucional, en perjuicio de la parte que no apeló por haberle sido totalmente favorable el fallo en cuestión."; y, "APELACIÓN, FACULTADES DEL TRIBUNAL DE. En el sistema procesal en que no existe reenvío, el tribunal de apelación debe examinar y resolver, con plenitud de jurisdicción, las cuestiones indebidamente omitidas en la sentencia apelada, reclamadas en los agravios, sin limitarse a ordenar al inferior que las subsane, porque debe corregirlas por sí mismo."
De lo anterior se obtiene que, si el juzgador de primer grado resolvió la controversia suscitada entre los contendientes, absolviendo a los demandados, es inconcuso que efectuó un análisis oficioso de la satisfacción de los presupuestos procesales, el cual le condujo precisamente a ocuparse del fondo de la cuestión planteada, aun cuando no hubiere expresado las consideraciones que sustentan su proceder en lo relativo a la procedencia de la acción; además, si ante el tribunal de apelación no se expresó algún agravio en el que se propusiera la ponderación de ese tema, se concluye que la ad quem no estaba obligada a abordarlo bajo la perspectiva de reasumir la jurisdicción del juzgador natural, pues éste no omitió atender esa cuestión.
Aquí, hace cita por ilustrativa la jurisprudencia VI.2o.C. J/245, sustentada por este tribunal, publicada en la página mil novecientos veintiuno, Tomo XX, octubre de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "ACCIÓN. SU IMPROCEDENCIA Y LA NO JUSTIFICACIÓN DE SUS ELEMENTOS, SON CONCEPTOS DIVERSOS. No debe confundirse la improcedencia de la acción con la falta de acreditación de sus elementos, pues la primera versa sobre su no procedibilidad por no haber sido idónea para deducir los derechos de la parte actora, o bien, por haberse tramitado en la vía incorrecta, casos en los que la autoridad de instancia se encuentra impedida para efectuar pronunciamiento alguno sobre la sustancia del negocio en la sentencia definitiva, en cambio, la justificación de la acción implica el reconocimiento de su procedencia por ser la idónea y por haberse tramitado por la vía adecuada, y de que se satisficieron los elementos de la misma, circunstancia que conlleva necesari
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20231-adf20311/presupuestos-procesales-su-estudio-en-la-apelacion-civil · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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