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Modo: Corpus Pro

SENTENCIAS DE AMPARO. LOS LINEAMIENTOS QUE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DAN A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PARA SU CUMPLIMIENTO, NO CONSTITUYEN UN EXCESO EN SUS FACULTADES.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 718/2003. · Registro digital (IUS): 18123
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MARÍA DEL CARMEN OROZCO DE RAMÍREZ.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Junio de 2004, , Pág. 1364.

AMPARO DIRECTO 516/2003. MARÍA DEL CARMEN OROZCO DE RAMÍREZ.

CONSIDERANDO:

SEXTO. Los conceptos de violación que hace valer la quejosa son infundados e inoperantes por las siguientes consideraciones:

La solicitante de tutela constitucional se duele de la sentencia dictada el diecinueve de marzo del año en curso por la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, al resolver el toca de apelación número 711/2002, formado con motivo de la apelación interpuesta contra la sentencia definitiva pronunciada el veintisiete de mayo del año retropróximo por el Juez tercero de primera instancia en materia civil de esta ciudad, en el juicio plenario de posesión número 168/2001, promovido por María del Carmen Orozco de Ramírez contra María Teresa Castillo Esquivel.

Se precisa que la sentencia reclamada se dictó en cumplimiento de la ejecutoria de amparo directo número 132/2003, de fecha veintisiete de febrero del año en curso, del índice de este Tribunal Colegiado, que le concedió el amparo de la Justicia Federal a María Teresa Castillo Esquivel contra los actos reclamados a la Sala responsable en el considerando sexto que es del tenor literal siguiente:

"SEXTO. Son fundados los conceptos de violación que hace valer la quejosa por los razonamientos siguientes: La impetrante de garantías se duele de que en el considerando tercero del fallo que reclama, la Sala responsable, para revocar la sentencia dictada por el a quo, estimó demostrada la existencia de actos de despojo y declaró procedente la acción plenaria de posesión, promovida por María Teresa Castillo Esquivel en su contra y la condena a la restitución del terreno ubicado en la colonia Postal Cerritos con las medidas y colindancias señaladas en su escrito de demanda. Igualmente se duele del valor que la Sala responsable otorgó a los testimonios de Marco Antonio Gallardo Bocanegra, Teresa Herrera López y Blanca Nieves Cabrera Garay, rendidos ante el a quo el nueve de agosto de dos mil uno, quienes coincidieron en señalar que María del Carmen Orozco de Ramírez siempre ha detentado el inmueble en controversia. En sus conceptos de violación la quejosa aduce que dentro del sumario existen las copias certificadas de la sentencia definitiva dictada por el Juez tercero de primera instancia en materia civil, en el juicio plenario de posesión número 961/97, promovido por ella contra Julio César de León Moreno, en la cual se le reconoció el mejor derecho a poseer el inmueble en litigio, sosteniendo que por ello no existen actos de despojo, pues detenta el predio cuya posesión se reclama, en virtud de un mandamiento de autoridad judicial competente. Respecto de lo declarado por los testigos referidos se duele de que los testimonios no se valoraron conforme con lo establecido por el artículo 513 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado. En principio, el artículo 1761 del Código Civil vigente en el Estado dispone: ‘La acción plenaria de posesión compete a todo poseedor originario o derivado, de buena o de mala fe, del bien mueble o inmueble que haya sido lesionado en su posesión, mediante la perturbación o el despojo. ...’. Por otro lado, el artículo 689 del Código de Procedimientos Civiles establece: ‘Está legitimado para promover este juicio el poseedor originario o derivado, con título o sin título, de buena o mala fe, que haya sido perturbado o despojado de su posesión, siempre y cuando no la haya perdido. ...’. De los numerales parcialmente transcritos se coligen los requisitos imprescindibles para la procedencia de la acción plenaria de posesión, entre otros: La lesión a la posesión mediante actos perturbatorios y de despojo. En el caso a estudio no se encuentra acreditado el despojo del inmueble que describe la actora en su demanda inicial, pues como lo afirma la aquí quejosa y se demuestra con la copia certificada de la sentencia definitiva dictada el catorce de mayo de mil novecientos noventa y nueve, por el Juez tercero de primera instancia en materia civil, residente en esta ciudad, en el juicio ordinario civil plenario de posesión número 961/97, promovido por María Teresa Castillo Esquivel (quejosa) contra Julio César de León Moreno, que obra a fojas de la ciento catorce a la ciento dieciocho del sumario, se colige el reconocimiento de un mejor derecho a poseer el inmueble en controversia por parte de la autoridad judicial, resolución que no ha sido modificada o revocada por el tribunal de alzada; por tanto, si el reconocimiento de la posesión sobre el citado inmueble provino de un mandato judicial, al resultar condenado Julio César de León Moreno a entregar a la aquí impetrante de garantías el inmueble que ahora reclama la tercera perjudicada con mejor derecho a poseer, resulta incierto lo sostenido por la responsable al considerar acreditada la existencia de actos de despojo por parte de la demandada (aquí quejosa) el diecisiete de octubre de dos mil, lo que admite la actora en su escrito inicial presentado ante el a quo al exponer en el capítulo V, en el cual afirma que en aquella fecha se dio cumplimiento a la sentencia de condena dictada en el juicio 961/97, poniendo en posesión material del inmueble a la impetrante de garantías, en cumplimiento de la sentencia dictada por el a quo; consecuentemente, esos actos no pueden ser constitutivos de perturbación o despojo de la posesión, como erróneamente lo considera la responsable, por provenir de un mandato de autoridad judicial, por ello, al faltar uno de los requisitos para la procedencia de la acción plenaria de posesión, en este caso el despojo, resulta improcedente dicha acción. Es aplicable al caso, por analogía, la tesis II.2o.C.335 C, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, consultable en la página mil doscientos cuarenta y dos del Tomo XV, abril de dos mil dos, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: ‘COSA JUZGADA. SU EFICACIA ES REFLEJA EN CUANTO A LA POSESIÓN CUANDO HAN SIDO EJERCITADAS LAS ACCIONES PLENARIA DE POSESIÓN Y LA REIVINDICATORIA. Al tener en cuenta que las acciones plenarias de posesión y reivindicatoria comparten algunas características, como son: que se trata del ejercicio de derechos reales por aquel que no tiene la posesión y que su efecto es restituir la cosa al demandante, sólo que la reivindicación tutela derechos de propiedad, mientras que la plenaria de posesión o publiciana protege aspectos inherentes a la posesión definitiva e incluso ambas requieren de la existencia de un justo título para poseer, e igualmente que, en su caso, resguardan el dominio de la cosa perseguida, entonces, en tal prelación lógico-jurídica, deviene incuestionable que la autoridad responsable, al conocer del juicio reivindicatorio, está obligada a examinar un aspecto ya resuelto en definitiva en un plenario de posesión como cosa juzgada en orden con la fecha del título exhibido, pues resulta patente e indiscutible que la decisión firme sobre el tema de la posesión anterior al título, en razón de la sentencia ejecutoriada dictada en el juicio plenario de posesión, tiene eficacia refleja en el reivindicatorio, siempre que sea innegable la existencia de identidad entre las personas litigantes y el inmueble controvertido, por lo cual, en dicho supuesto, debe preponderar la existencia de la cosa juzgada formal y material respecto del citado elemento de la posesión.’. Por lo expuesto, y sin necesidad de analizar el resto de los motivos de violación, dado que en nada variaría el resultado de este fallo, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada por la quejosa, para el efecto de que la Sala responsable, dejando insubsistente la sentencia reclamada, dicte otra en la cual estime que no se encuentra acreditada la existencia de actos de despojo por parte de la aquí quejosa y valore los testimonios rendidos por Marco Antonio Gallardo Bocanegra, Teresa Herrera López y Blanca Nieves Cabrera Garay, siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria y confirme la sentencia dictada por el a quo."

Los conceptos de violación que hace valer la quejosa textualmente dicen:

"Primero. La sentencia que se impugna viola las garantías de imparcialidad y justicia protegidas por las disposiciones constitucionales invocadas, en virtud de que la autoridad responsable en el cuarto considerando textualmente resuelve: (sic) ‘En estricto cumplimiento a la ejecutoria pronunciada el día veintisiete de febrero del año en curso por el H. Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, residente en esta ciudad, esta Sala Colegiada Civil y Familiar proceda a emitir una nueva resolución en la que se estime que no se encuentra acreditada la existencia de actos de despojo por parte de María Teresa Castillo Esquivel y se valoren los testimonios rendidos por Marco Antonio Gallardo Bocanegra, Teresa Herrera López y Blanca Nieves Cabrera Garay y se confirme (y no «se confirma») la sentencia dictada por el a quo’, lo cual viene a confirmar la parcialidad con la que la responsable dicta su sentencia, conculcando las garantías individuales de la quejosa, puesto que ya no resuelve conforme a la procedencia o improcedencia de los agravios expresados por el recurrente, sino que se sujeta a los mandatos dictados por los Magistrados de mayor grado, mandatos que no solamente carecen de fundamento legal que los convalide, sino que, además, contrarían lo dispuesto por los artículos 76 y 80 de la Ley de Amparo, que disponen, respectivamente: ‘Artículo 76. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare.’. ‘Artículo 80. La sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija.’. En este contexto, es indudable que los Tribunales Colegiados no están facultados por la ley para ordenar a los juzgadores de menor grado a confirmar las sentencias recurridas o a dictarlas conforme dichos tribunales les ordenen, como sucede en el caso concreto, si no tan sólo a proteger las garantías individuales de los quejosos y restablecer las cosas al estado que guardaban al momento de la violación. Así pues, la estimación de la responsable en el cuarto considerando, relativa a (sic) ‘En estos términos, es de considerarse que los motivos de inconformidad expresados por la apelante son parcialmente fundados, pero insuficientes para modificar o revocar la sentencia recurrida en apelación, por lo que resulta procedente confirmar la misma’, deviene violatoria de garantías individuales por no ser más que el acatamiento a una orden superior sin fundamento legal que la soporte, en lugar de ser el resultado del estudio oficioso y minucioso de los agravios expresados y fundamentos jurídicos invocados por la hoy quejosa, estimación que conculca las garantías individuales de legalidad y justicia protegidas por los artículos constitucionales aludidos. Segundo. Se violan en mi perjuicio las garantías individuales de imparcialidad y seguridad jurídica protegidas por nuestra Constitución y el principio de congruencia, en virtud de que la responsable concluye en el mismo considerando cuarto (sic) ‘Quienes esto resuelven estiman que, contrariamente a lo afirmado por la apelante, el Juez de primera instancia en la sentencia recurrida en apelación no violó lo dispuesto por el artículo 423 del Código Procesal Civil, pues para arribar a la conclusión de que la actora no había acreditado los extremos de la acción plenaria de posesión que ejercitó, en el considerando tercero de su resolución, después de llevar a cabo un análisis de los elementos requeridos por el artículo 1761 del Código Civil, para que el actor acreditara su pretensión, además, también basó su resolución en el examen de la sentencia definitiva dictada en los autos del juicio ordinario de posesión, expediente número 961/97.’. El artículo 423 del Código Procesal Civil para el Estado de Coahuila, textualmente dispone: ‘Carga de la prueba. Las partes tienen la carga de demostrar sus respectivas proposiciones de hecho. Quien pretende algo ha de probar los hechos constitutivos de su pretensión, quien contradice la pretensión del adversario, ha de probar los hechos extintivos o las circunstancia impeditivas de esa pretensión. ...’ y puesto que la pretensión de la actora, hoy quejosa, en la demanda del juicio natural, consistió en que se le restituyera en la posesión del lote de terreno que ahí se describe y en la declaración judicial en su favor de tener la mejor posesión respecto del mismo, es innegable que eran los hechos relativos a tales pretensiones los que de su interés deberían de acreditar plenamente y, por su parte, la C. María Teresa Castillo Esquivel debió probar los hechos extintivos o las circunstancias impeditivas de tales pretensiones, pues aseguró en su contestación que éstas eran improcedentes, afirmando que era ella quien tenía la mejor posesión. En este contexto, resulta pues insólito que la responsable concluya que el Juez de primer grado no viola la disposición invocada al dictar la sentencia definitiva, no obstante que advierte que éste tan sólo estudia la sentencia del juicio 961/97 exhibida por la demandada y la posición número nueve formulada a la actora, la que, por añadidura, aprecia erróneamente, olvidándose de todos los demás medios probatorios ofrecidos por las partes y además estimando que la resolución de referencia es bastante y suficiente para acreditar los hechos extintivos o las circunstancias impeditivas de las pretensiones de la actora, declarando que la contraparte tiene mejor posesión que la hoy quejosa, criterio que resulta ser ilícito y antijurídico, toda vez que la resolución dictada en un procedimiento en el que no intervino la actora, con diversidad de personas, de causas y sin que la demandada hubiera interpuesto la excepción de ‘cosa juzgada’ sea considerada suficiente para ultimar que la contraparte tiene mejor derecho a poseer el lote en pleito; ilícita, porque tal estimación carece de fundamento legal que la sostenga; y antijurídica, porque viola el artículo 1749 del Código Civil para el Estado de Coahuila, el cual textualmente estatuye: ‘La sentencia dictada en juicio posesorio sólo protege la posesión interina o provisional; no produce excepción de cosa juzgada y nada prejuzga acerca de la que se pueda dictar en juicio petitorio.’; además del criterio de jurisprudencia que enseguida se transcribe: ‘COSA JUZGADA, ELEMENTOS QUE DEBEN ACREDITARSE PARA LA EXISTENCIA DE LA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS).’ (se transcribe texto y precedentes). Por otra parte, inexplicablemente la responsable omite estudiar el texto de la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 1242 del Tomo XV, abril de dos mil dos, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del cual solamente transcribe el rubro y que textualmente dice: ‘COSA JUZGADA. SU EFICACIA ES REFLEJA EN CUANTO A LA POSESIÓN CUANDO HAN SIDO EJERCITADAS LAS ACCIONES PLENARIA DE POSESIÓN Y LA REIVINDICATORIA.’ (se transcribe texto). Se afirma que la responsable omite estudiar la tesis invocada, porque si la hubiera estudiado debidamente, hubiese advertido que dicho criterio jurisprudencial determina los requisitos indispensables para que el mismo pueda ser aplicable, los cuales son: Que las personas litigantes sean idénticas, hecho que en el caso concreto no se cumple, pues es obvio que las partes en el juicio natural que dio origen a la sentencia que se recurre, no son las mismas que las del diverso juicio 961/99, así como tampoco las causas que lo originaron, otro de los requisitos que deben cumplirse para que exista la figura jurídica de ‘cosa juzgada’, aun cuando el inmueble controvertido aparentemente sea el mismo, además de que no fue opuesta como excepción por la contraparte. La sentencia que se impugna se dicta sin atender el principio de ‘donde existe la misma razón, debe aplicarse la misma disposición’ y la garantía de justicia imparcial, porque la responsable confirma la de primer grado, aun cuando advierte que el a quo tan sólo estudia las pruebas que benefician a la demandada y, sin embargo, no estudia la prueba documental pública exhibida por la actora consistente en las escrituras certificadas del lote 111 de la colonia Postal Cerritos a nombre de diversa persona, mediante la cual se acredita la nulidad de pleno derecho de la presunta venta a que alude la contraria, en virtud de que quien dice le vendió el terreno no es ni era la propietaria del mismo. Atendiendo a todo lo anterior, es pues irrefutable que en la sentencia que se impugna se viola el artículo 423 del Código Procesal Civil y el criterio de jurisprudencia transcrito en primer término, llevada a cabo también por el juzgador de primera instancia, y es además evidente la defectuosa interpretación que se hizo del segundo criterio de jurisprudencia transcrito en los párrafos anteriores, dejando evidentemente a la sentencia de segunda instancia sin la motivación y fundamentación legal que este tipo de resoluciones deben contener, violando, además, las garantías individuales de la quejosa. Tercero. La sentencia que se impugna es violatoria de las garantías protegidas por los artículos 14 y 16 constitucionales, toda vez que, no obstante aludir a los agravios expresados por la ahora quejosa en su escrito de apelación, la responsable nada resuelve respecto de ellos, omitiendo determinar las razones jurídicas que lo hacen considerarlos infundados y, consecuentemente, dictando una sentencia carente de motivación legal e incompleta, en franca violación al artículo 519 del Código Procesal Civil para el Estado de Coahuila, el cual dispone: ‘Las sentencias deberán ser congruentes con la demanda y contestación y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el proceso y resolverán todos los puntos que hayan sido objeto del debate. ...’. La sentencia que se recurre es incongruente con la demanda, porque la autoridad responsable, al hacer mención en el cuarto de los considerandos de los motivos de inconformidad expresados por la ahora amparista (fojas 33 a 36 de la sentencia que se impugna), advierte que el a quo en el considerando tercero de la sentencia de primera instancia deduce que la actora, aquí quejosa (sic) ‘... admite y reconoce en los hechos de su demanda que el inmueble materia del juicio es la finca marcada con el número 111-E ...’, hecho por demás incierto y absurdo, toda vez que como se adujo al formular los agravios de la apelación, de ninguno de los escritos exhibidos por la actora se colige el reconocimiento del inmueble en litigio como el ‘111-E’ inclusive hasta se controvierte su existencia, siendo la demandada la única de las litigantes que insistió en tal circunstancia, hecho que indiscutiblemente influyó en el criterio del a quo para dictar la sentencia recurrida y en virtud de que la responsable no da cuenta de ello y confirma la sentencia de primera instancia, viola las garantías individuales de la quejosa. La resolutora de segunda instancia, también observa que la apelante se agravia respecto de la decisión del a quo de considerar que el inmueble en litigio fuera el marcado con el número 111-E en virtud de que de la demanda del juicio natural no se desprende alusión alguna al respecto, ni (sic) ‘... tampoco aparece lote alguno determinado con tal número de los documentos que se aportaron en el juicio, como son el plano que exhibió con su demanda y el que posteriormente enviara el C. Subdirector del Programa de Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana Municipal’ (foja 33 de la sentencia de segunda instancia), pero nuevamente, dentro de las razones que expone para declarar infundados los agravios, ninguna aclara en qué se apoyó para confirmar que el criterio del a quo estuvo en lo correcto, relativo a concluir que el lote en litigio era el 111-E aun cuando quienes están autorizados y facultados por el Gobierno Municipal para formular los planos de esta ciudad no lo advierte, dejando su propia sentencia sin motivación legal. Asimismo, la responsable da cuenta en su cuarto considerando, que la recurrente, ahora quejosa (sic) ‘... impugnó cada uno de los hechos vertidos por la demandada (y no demanda) en su contestación (foja 34 de la sentencia que se impugna), controvirtiendo la existencia del lote 111-E, así como el contenido del contrato de promesa de compraventa y recibo de pago con los que la demandada pretendió acreditar la compra del inmueble en litigio a la señora Ramona Pérez Velásquez, toda vez que los citados documentos fueron exhibidos en copia simple, y con la copia certificada de la escritura a su nombre demostró que la propietaria del referido inmueble no era Ramona Pérez Velásquez, sino María Isabel Gallardo Rubio, hecho que acreditó con la copia certificada a su nombre’, pero al dictar su respectiva sentencia, el ad quem omite resolver al respecto, pues nada dice de la violación a las leyes del procedimiento llevada a cabo por el a quo, al aceptar y además otorgarle valor probatorio a las copias simples exhibidas por la contraparte, no obstante haber sido impugnadas, en franca violación a la fracción II del artículo 458 del Código Procesal Civil, el cual obliga a presentar en originales los documentos privados y en contra del siguiente criterio jurisprudencial: ‘COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, CARECEN DE VALOR PROBATORIO SI NO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON ALGUNA OTRA PRUEBA.’ (se transcriben texto y precedentes). Por otra parte, la ahora amparista hizo ver tanto al a quo como al ad quem, que en el inaceptado caso que al presunto contrato de promesa de compraventa a que se alude se le concediera alguna validez legal, con fundamento en el artículo 2670 del Código Civil vigente, el cual categóricamente estatuye: ‘Ninguno puede vender sino lo que es de su propiedad.’ debería declararse nulo, porque la presunta parte vendedora no era propietaria del terreno en litigio, hecho fehacientemente acreditado y del cual da fe la responsable. Sin embargo, ni éste ni el juzgador de primera instancia resuelven al respecto, no obstante las repetidas reiteraciones formuladas en el transcurso del procedimiento natural a través del escrito adicional de fecha 4 de abril de 2001, en las conclusiones de fecha 5 de octubre de 2001 y al formular los agravios del recurso de apelación, resultando que ambas resolutoras dictaran sus respectivas sentencias sin la debida motivación y fundamentación legal, contraviniendo el artículo 519 del Código Procesal Civil invocado, convirtiendo en letra muerta lo estatuido por el diverso 2670 del Código Civil e indudablemente violando las garantías individuales protegidas por las disposiciones constitucionales invocadas. Cuarto. El órgano colegiado responsable conculca las garantías individuales de la ahora quejosa en el mismo cuarto de los considerandos de la sentencia que se impugna, pues a pesar de que la recurrente le hace notar que ‘... la contraparte no ofreció pruebas fehacientes para acreditar su dicho’ y las que ofreció en nada le favorecieron, ninguna mención hace al respecto en su resolución, por lo que la sentencia de segunda instancia, al igual que la de primera, carecen de la motivación legal que toda resolución debe contener. Se violan en mi perjuicio los artículos 513 y 519 del Código Procesal Civil, cuando la responsable confirma en el considerando tercero de su sentencia ‘... y en la especie la posesión del inmueble del que se duele la actora fue despojado, ya la perdió’, hecho por demás falso, toda vez que de ninguna parte de la demanda, escrito adicional o cualquiera de los que obra en los autos del expediente 168/01, se desprende que la ahora quejosa haya afirmado que haya sido despojada del inmueble en pleito. La responsable tampoco toma en cuenta la infundada afirmación que hace el a quo en su sentencia, relativa a que (sic) ‘... de lo declarado por la accionante al responder a la posición novena (y no «posesión») que se le formuló en la confesional a su cargo, por lo que De León Salas resulta causahabiente de la posesión de la aquí actora’, toda vez que, según se expresó en los agravios de la apelación, la actora nunca aceptó que hubiese cedido la posesión del inmueble en litigio a su yerno o alguna otra persona, pues a la posición en comento (novena) categóricamente contestó: ‘Que no es cierto’ e inclusive, respondiendo a pregunta del a quo, manifestó ‘que tampoco sabía que mi hija y yerno estuvieran demandados por la ahora aquí demandada’, razón por la cual, al formular los agravios de la apelación, se sostuvo, y ahora se reitera, que la sentencia de primera instancia carece de motivación legal y puesto que el ad quem la confirma, ignorando tales razonamientos, su resolución adolece del mismo defecto. No debe pasarse por desapercibido que además de que, tanto el a quo como la responsable al confirmar la sentencia de primer grado concluyen incongruentemente que la actora ya había perdido la posesión por haber sido despojada del inmueble en litigio por más de un año, no mencionan quién resulta ser el supuesto despojante a quien ellos aluden, toda vez que Julio César de León Moreno presuntamente lo fue de la demandada C. María Teresa Castillo Esquivel razón por la cual fue vencido en el juicio 961/97 y, por tanto, no pudo serlo de la quejosa y puesto que un hecho ficticio como es el multimencionado despojo, fue factor fundamental para dictar la sentencia de primer grado, confirmada en la segunda, resulta innegable la violación a las garantías individuales protegidas por nuestra Constitución, al carecer de la necesaria motivación legal. Sostiene la autoridad responsable en la sentencia que se combate, que los agravios formulados por la quejosa son infundados, aun cuando advierte de la impugnación que se formuló respecto de los testigos de la contraparte, quiénes de conformidad con lo expresado en el agravio correspondiente resultan ser testigos de oídas, razón por la cual nuevamente se viola el artículo 519 del Código Procesal Civil. Nada dice la responsable a pesar de referirse al respecto, de la omisión del a quo de estudiar todas las pruebas ofrecidas por las partes y de resolver sobre todos los puntos litigiosos, según lo estatuye la disposición aludida, basado en el incongruente criterio de que (sic) ‘... estando acreditado que la pretensión sucesoria se ejercitó después de más de un año del despojo, resulta ocioso el análisis de los demás elementos de la acción ...’ toda vez que por principio de cuentas, el asunto jurídico de origen no versa sobre pretensiones sucesorias, hecho por demás evidente, el cual resulta ocioso estudiar, en virtud de su obviedad; y, por otra parte, ninguna de las partes habla de ‘despojo’ en sus escritos, hecho en el cual se hizo hincapié ampliamente en los anteriores conceptos de violación, razón por la cual es inconcuso que la sentencia de primer grado carece de fundamentación legal y puesto que la resolutora de segunda instancia la confirma, también adolece del mismo defecto. Quinto. Resulta incorrecta la estimación del órgano colegiado responsable en la sentencia que se impugna, relativa a que (sic) ‘como argumento fundamental de los agravios que se analizan, aduce la apelante que no tiene apoyo alguno lo resuelto por el Juez de primer grado, en el sentido de que el inmueble identificado con el número 111-E que señala la demandada en su contestación, es el mismo que la actora pretende le restituya ...’, pues del cuidadoso estudio de los agravios formulados en la apelación se desprenden varios argumentos importantes y fundamentales para aducir que lo resuelto por el Juez de primer grado no tiene apoyo alguno, pues además de que se niega que el lote en litigio sea el mismo que el 111-E, también se controvierte la validez de las copias simples exhibidas por ella y se opone la excepción de nulidad del presunto contrato de promesa de compraventa, en virtud de que se llevó a cabo con persona diferente del propietario del inmueble objeto de la transacción. Por otra parte, el juzgador de segunda instancia, al considerar correcto el criterio del a quo, relativo a que la sentencia 961/97 es prueba suficiente para declarar que la demandada es quien tiene mejor derecho para poseer, se olvida de que no se trata de los mismos litigantes, que las causas son diferentes, así como la calidad de los litigantes, y que de conformidad con el artículo 1749 del Código Civil para el Estado de Coahuila, en último extremo, la sentencia en cita tan sólo protege la posesión de la demandada del lote del pleito, respecto de su contraparte en el juicio incoado por ella, pero no respecto de la quejosa. Es incongruente que los integrantes de la Sala Colegiada responsable concluyan que (sic) ‘... no se encuentra acreditado el despojo del inmueble que describe la actora en su demanda ...’, aun cuando sigan ‘los lineamientos de la ejecutoria de amparo que se cumplimenta ...’, pues como reiteradamente se ha insistido, ni siquiera la demandada, mucho menos su contraparte, hablan de ‘despojo’ en la demanda o en la contestación, por lo que la sentencia que se recurre carece de motivación legal. La estimación relativa a que (sic) ‘... por ello al faltar uno de los requisitos para la procedencia de la acción plenaria de posesión que ejercitó la apelante María del Carmen Orozco de R

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18123-20f927b7/sentencias-de-amparo-los-lineamientos-que-los-tribunales · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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