LAUDO, PROYECTO DE. LA FALTA DE CONSTANCIA QUE ACREDITE SU EXISTENCIA CONSTITUYE VIOLACIÓN DE CARÁCTER PROCESAL.
AMPARO DIRECTO 547/2001. MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ QUIJANO.
CONSIDERANDO:
OCTAVO.-Es fundado el concepto de violación en el que aduce violación al procedimiento.
En efecto, es fundado lo alegado por la quejosa en el sentido de que la responsable desechó ilegalmente la prueba pericial caligráfica, sin considerar que ofreció como indubitables las estampadas por el trabajador en el aviso de inscripción ante el Instituto Mexicano del Seguro Social; máxime que tal documento fue exhibido por la demandada, al cual la responsable le otorgó pleno valor probatorio, precisamente por haberse encontrado firmado.
Es fundado el argumento, aunque para considerarlo así se supla en su deficiencia, con apoyo en el artículo 76 bis, fracción IV, de la Ley de Amparo.
De las constancias que obran en autos se desprende que la actora María del Carmen Sánchez Quijano, en su carácter de cónyuge supérstite de Ricardo Marroquín Garza, reclamó de Auto Líneas San Antonio, Sociedad Anónima de Capital Variable, el pago de indemnización por muerte del trabajador Ricardo Marroquín Garza, en términos del artículo 502 de la Ley Federal del Trabajo, la declaración de que percibía un salario base de setenta pesos cincuenta y cinco centavos diarios; que el salario integrado era de doscientos cincuenta pesos; y, como consecuencia, la inscripción ante el Instituto Mexicano del Seguro Social con dicho salario integrado, tiempo extra, salarios retenidos, séptimos días, días festivos, vacaciones, prima vacacional y aguinaldo; al efecto expresó que Ricardo Marroquín Garza ingresó el 15 de julio de 1996 y falleció desarrollando su empleo el 17 de junio de 2000. Posteriormente, amplió su demanda solicitando se llamara a juicio como tercero interesado al Instituto Mexicano del Seguro Social. Como reclamación, adicionó el pago de la cantidad de diez mil pesos que fue reunida por los compañeros de trabajo para apoyar a sus beneficiarios; la exhibición de una póliza de seguro y el pago de séptimos días y días festivos.
La empresa demandada, en lo que interesa, contestó que eran improcedentes las reclamaciones de la actora, ya que la indemnización por muerte que reclama le corresponde otorgarla al Instituto Mexicano del Seguro Social, al haber inscrito al actor ante dicho instituto.
El instituto demandado contestó que la actora carecía de derecho para reclamarle la inscripción al actor con un salario diario de doscientos cincuenta pesos, pues en sus archivos aparece que Ricardo Marroquín Garza fue inscrito por el patrón Auto Líneas San Antonio, Sociedad Anónima de Capital Variable, el 15 de julio de 1996 y fue dado de baja el 18 de junio de 2000, y el último salario registrado era de setenta pesos cincuenta y cinco centavos.
La demandada, para acreditar sus excepciones de pago, ofreció 15 recibos de pago, mismos que la actora objetó en cuanto a las firmas que aparecen en los mismos y, para acreditar su objeción, ofreció la prueba pericial caligráfica y grafoscópica, en los siguientes términos:
"Prueba pericial calígrafa grafoscópica: que hago consistir en el dictamen que debe rendir el perito que presentaré el día y hora señalada por esta autoridad del trabajo, solicitando se tome como firma indubitable la que aparece en el aviso de inscripción del señor Ricardo Marroquín Garza en el Departamento de Afiliación del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la inteligencia que en este acto formulo el siguiente cuestionario: 1P. Diga el perito sus generales. 2P. Diga el perito si las firmas que aparecen en los recibos de nómina coinciden o no con la firma que aparece en el aviso de inscripción del señor Ricardo Marroquín Garza. 3P. Diga el perito si encontró diferencias entre las firmas que aparecen en los recibos de nómina y la firma que aparece en el aviso de inscripción de Ricardo Marroquín Garza ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y, en caso de ser así, determine qué diferencias existen. 4P. Diga el perito si de acuerdo con el análisis que ha realizado puede determinar si las firmas que aparecen en los recibos de nómina fueron puestas o no por el señor Ricardo Marroquín Garza. 5P. Diga el perito su fundamento y razón de su dicho. Con dicha prueba se acreditará que las firmas que aparecen en los recibos de nómina no corresponden al señor Ricardo Marroquín Garza ..."
Por auto de 22 de enero de 2001, la Junta admitió la prueba pericial y apercibió a la actora a fin de que en un término de 3 días proporcione algún documento oficial en donde aparezca la firma estampada del finado Ricardo Marroquín Garza, y que en caso de no cumplirse se declararía desierta la prueba.
Auto que le fue notificado a las 10:45 horas del 23 de enero de 2001, según aparece en la diligencia actuarial que obra a foja 167, que dice: "... a fin de dar cumplimiento al acuerdo de fecha 22 de enero de 2001, dictado por los CC. Representantes que integran la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, dentro de los autos del expediente laboral número 6875/i/4/2000 promovido por María del Carmen Sánchez Quijano y otros, en contra de Auto Líneas San Antonio, S.A. de C.V., encontrando presente a Diana Nápoles, quien dijo ser secretaria, siendo por su conducto que se le notificó por medio de la lectura íntegra del auto, por la cual procedí a practicar la notificación haciendo entrega de instructivo que lo contiene, firmando para que conste, dando por terminada la presente diligencia levantando el acta correspondiente para los efectos legales a que haya lugar.".
Por auto de 6 de febrero de 2001, que aparece a foja 171, la Junta al advertir que la actora no cumplió con el apercibimiento, decretó la deserción de la prueba pericial grafoscópica por no proporcionar los elementos necesarios para su desahogo, conforme al artículo 780 de la Ley Federal del Trabajo.
La determinación de la responsable es ilegal, ya que omite considerar que la actora al ofrecer la prueba solicitó "se tome como firma indubitable la que aparece en el aviso de inscripción del señor Ricardo Marroquín Garza en el Departamento de Afiliación del Instituto Mexicano del Seguro Social". La deserción de la prueba es violatoria de las leyes que rigen el procedimiento, en razón de que no se le recibieron a la actora las pruebas que legalmente ofreció; lo que actualiza el supuesto legal de la fracción III del artículo 159 de la Ley de Amparo; supuesto que al desechar ese medio de convicción se limitó el derecho a probar que la firma que aparecía en el aviso de inscripción sí correspondía al fallecido, no siendo exacto lo considerado por la Junta en ese acuerdo, tocante a que se surtía la hipótesis del numeral 780 de la Ley Federal del Trabajo, que impone que al ofrecer las pruebas se acompañen de los elementos necesarios para su desahogo, en virtud de que desde que se propuso la prueba, la propia demandada solicitó a la Junta tuviera como firma indubitable del de cujus, la que aparecía en el susodicho aviso de inscripción; y de ahí que haya sido incorrecto que la Junta declarara desierta la prueba por no tener una firma indubitable, porque en ese aviso se contiene, amén de que será el perito quien deba determinar si las firmas que como indubitables se le presentan, son aptas o no para emitir el dictamen correspondiente.
Este Tribunal Colegiado suple la deficiencia de la queja en términos de lo dispuesto por el artículo 76 bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, al apreciar diversas violaciones procesales a la anterior cometidas por la responsable.
De autos se advierte que la responsable desecha en forma ilegal la prueba confesional ofrecida por la actora a cargo de Gilberto Zertuche Morales y Patricia Guadiana.
En efecto, para probar su acción la actora, entre otras pruebas, ofreció la siguiente:
"Confesional para hechos propios: Para los señores Gilberto Zertuche Morales y Patricia Guadiana, a quienes se les imputan hechos en la ampliación de demanda, al tenor del pliego de posiciones que en su oportunidad legal acompañaré."
La responsable, en el acuerdo relativo a la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, la desechó, estableciendo textualmente que:
"En principio se desestima la prueba confesional para hechos propios ofrecida por la parte actora a cargo de Gilberto Zertuche Morales y de Patricia Guadiana, toda vez que de autos no se desprende en forma protocolizada que funjan alguna función de dirección o administración de gerencia de la empresa demandada, para que les resulte cita en los términos del artículo 787 de la Ley Federal del Trabajo."
La anterior determinación de la responsable es ilegal, ya que no tomó en cuenta que la actora, en su ampliación de demanda, imputó hechos propios a dichas personas en relación con el concepto que reclamó, consistente en el pago de la cantidad de diez mil pesos que reunieron los empleados de la empresa con motivo del fallecimiento del trabajador, al señalar textualmente:
"... el día 22 de diciembre del año 2000, llamó una persona de nombre Patricia Guadiana a la señora María del Carmen Sánchez Quijano a fin de notificarle que la empresa tenía en su poder la cantidad de diez mil pesos, cantidad esta que fue reunida por los compañeros del trabajo del señor Ricardo Marroquín Garza a fin de apoyar a los beneficiarios de dicha persona, y que ese día pasaría un mensajero de la empresa a entregarle dicha cantidad, dicha persona (Patricia Guadiana) dijo ser recepcionista y empleada de la empresa Auto Líneas San Antonio, Sociedad Anónima de Capital Variable; así mismo, me permito manifestar que nunca se presentó dicho mensajero a entregar la cantidad mencionada, por ello que se llamó en forma telefónica a la empresa, hablando con el señor Gilberto Zertuche Morales quien es el contador de la empresa y quien manifestó que efectivamente dicha cantidad de diez mil pesos la tenía la empresa pero que posteriormente se la iban a entregar, y es el caso de que la empresa no ha entregado la cantidad de diez mil pesos."
Conforme a lo anterior, la responsable debió admitir la prueba confesional a cargo de Patricia Guadiana y Gilberto Zertuche Morales, en relación con los hechos propios que se les imputan, sin que obste que no se advierta en forma protocolizada que funjan en alguna dirección o administración o gerencia de la empresa, pues los hechos que se les imputan, según lo expresado por la actora, le son conocidos, por lo que debió admitirse la prueba, ya que no existía razón legal para desecharla.
Además, el artículo 787 de la Ley Federal del Trabajo dispone:
"Artículo 787. Las partes podrán también solicitar que se cite a absolver posiciones personalmente a los directores, administradores, gerentes y, en general, a las personas que ejerzan funciones de dirección y administración, en la empresa o establecimiento, así como a los miembros de la directiva de los sindicatos, cuando los hechos que dieron origen al conflicto les sean propios y se les hayan atribuido en la demanda o contestación, o bien que por razones de sus funciones les deban ser conocidos."
Luego entonces, al imputárseles hechos propios en la ampliación de la demanda, la responsable debió admitir la prueba confesional a su cargo, y al desecharla produjo violación a las leyes del procedimiento, de acuerdo con el artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo, que trascendió al resultado del laudo, pues éste absolvió al patrón del pago de los diez mil pesos reclamado por la actora, al no justificar su acción; con independencia de que esa retención no obedezca a un servicio prestado al patrón por virtud de la relación laboral, pues tal prueba evidenciaría la posible ilegalidad de tal retención de ese numerario.
Tiene aplicación al caso la tesis sustentada por este órgano colegiado publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 73, del mes de enero de mil novecientos noventa y cuatro, tesis IV.3o. J/31, página 71, que textualmente dice: "PRUEBA CONFESIONAL, DEBE ADMITIRSE CUANDO AL ABSOLVENTE SE LE IMPUTAN HECHOS PROPIOS.-Si el quejoso ofreció la prueba confesional a cargo del director general de la empresa demandada, y la responsable estimó que resultaba inútil y ocioso su desahogo porque de los hechos narrados en la demanda no se desprendía que se le atribuyera algún evento, tal razonamiento es contrario a derecho, pues si bien es cierto que en el escrito de demanda no se le atribuyó hecho alguno, también es cierto que en la etapa de arbitraje el apoderado del actor expuso que el referido director intervino en el despido del trabajador. Por consiguiente, es inconcuso que a la persona a cuyo cargo se ofreció la confesional el actor le imputó hechos propios y, de ahí que, es procedente la admisión de la aludida probanza, debido a que con ella se pretendía demostrar las causas que motivaron el conflicto.".
Asimismo, se advierte que la responsable incurrió en distinta violación procesal, al desechar en forma ilegal la prueba documental por vía de informe propuesta por la actora.
La actora para acreditar su acción, entre otras pruebas, ofreció la siguiente:
"Documental por vía de informe: Consistente en el informe que deberá de rendir el departamento jurídico del Banco Bital, Sociedad Anónima, ubicado en calzada del Valle oriente 433, segundo piso, de San Pedro Garza García, Nuevo León, sobre lo siguiente: a) Qué persona física o moral abrió la tarjeta de crédito número 60594275256 que se encuentra a nombre de Ricardo Marroquín Garza. b) Informe sobre los movimientos que ha tenido la tarjeta de crédito número 60594275256 durante el periodo comprendido del 1o. de junio de 1999 al 17 de junio de 2000 (anexando los estados de cuenta de los últimos doce meses). c) Si actualmente se encuentra vigente dicha tarjeta de crédito, o bien si fue cancelada, informe qué persona física o moral canceló dicha tarjeta de crédito."
La responsable en el acuerdo relativo a la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas la desechó, estableciendo que: "se desestiman las pruebas documentales en vía de informe relativas al informe que rindan el departamento jurídico de Bancomer, así como el departamento jurídico de Bital, toda vez de que dicha prueba resulta inútil e intrascendente, en virtud de que los depósitos realizados a favor del finado Ricardo Marroquín Garza en las distintas instituciones bancarias no son causa de controversia sino el concepto del mismo, lo cual no resulta de los informes que rindan dichas instituciones, por tanto, la prueba en comento resultaría inútil e intrascendente para justificar el concepto de comisiones alegado, en virtud de no ser el medio idóneo para demostrar el concepto mencionado, lo anterior de conformidad con lo establecido por el artículo 779 de la Ley Federal del Trabajo.".
La anterior determinación de la responsable se estima ilegal, ya que en la etapa de demanda y excepciones la actora aclaró que la demandada le pagaba al fallecido actor la comisión a través de cheques de las cuentas número 065-04-5575 a cargo de Banorte, la 1307844-9 a cargo de Bancomer, en una tarjeta del Banco Bital número 60594275256, señalando que con la comisión y el salario diario promediaba un salario de doscientos cincuenta pesos diarios. Luego entonces, la responsable no tenía razón legal para desechar la prueba, ya que el artículo 776 de la Ley Federal del Trabajo establece que son admisibles todos los medios de prueba que no sean contrarios a la moral y al derecho, y si con dicha prueba la actora pretendía acreditar las comisiones que sostiene le pagaba la empresa a su finado esposo, la responsable no debe juzgar a priori, sino esperar a que el banco rinda su informe y entonces valorar la prueba, máxime que la actora ofrece también la prueba presuncional legal y humana, en lo que favorezca a sus intereses, y considerando que conforme lo dispuesto por el artículo 830 de la Ley Federal del Trabajo, la presunción es la consecuencia que la ley o la Junta deducen de un hecho conocido para averiguar la verdad de otro desconocido, la responsable debió admitir la citada prueba documental por vía de informe.
De autos también aparece que la responsable, en el desahogo de la prueba confesional ofrecida por la parte actora a cargo del gerente de la empresa demandada, desechó ilegalmente las posiciones 1, 9 y 10, ya que no motiva su determinación.
Al desahogarse la prueba confesional a cargo del gerente de la empresa, Heriberto Arredondo Rodríguez, se le formularon, entre otras, las siguientes posiciones: "1. Diga el absolvente si es cierto que el señor Ricardo Marroquín Garza ingresó a laborar para Auto Líneas San Antonio, S.A. de C.V., el 15 de julio de 1996. ... 9. Diga el absolvente si es cierto que la empresa Auto Líneas San Antonio, S.A. de C.V., cumplió parcialmente con lo establecido por el artículo 500 de la Ley Federal del Trabajo. ... 10. Diga el absolvente si es cierto que la empresa Auto Líneas San Antonio, S.A. de C.V., se ha negado la cantidad de 730 días de salario por concepto de indemnización por muerte.".
Respecto a dichas posiciones, la Junta textualmente las calificó de legales: "... a excepción de las posiciones números 1, 9 y 10, las primeras dos por no ser un hecho controvertido y la tercera por resultar insidiosa, de conformidad con lo establecido en el artículo 790 de la Ley Federal del Trabajo.".
La determinación de la responsable es ilegal, toda vez que señala que las posiciones 1 y 9 no las califica de legales por no ser hecho controvertido, sin precisar las razones legales de por qué las considera así; y, respecto a la 10, dice que es insidiosa, sin especificar los motivos para considerarla así; por tanto, al carecer de la debida motivación legal que todo acto de autoridad debe contener, en términos de lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, causó agravio en perjuicio de la actora, al dejarla en estado de indefensión.
Es aplicable al caso, la tesis sustentada por este Tribunal Colegiado, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, del mes de julio de 1998, visible en la página 297, que dice: "POSICIONES FORMULADAS POR LAS PARTES EN EL JUICIO LABORAL RESPECTIVO. LA JUNTA RESPONSABLE DEBE FUNDAR Y MOTIVAR EL DESECHAMIENTO DE LAS.-La Junta del conocimiento debe fundar y motivar el desechamiento que haga de las posiciones formuladas en el interrogatorio por cualquiera de las partes en razón de que de conformidad con el artículo 790 de la Ley Federal del Trabajo: ‘En el desahogo de la prueba confesional se observarán las normas siguientes: ... V. Las posiciones serán calificadas previamente, y cuando no reúnan los requisitos a que se refiere la fracción II, la Junta las desechará asentando en autos el fundamento y motivo concreto en que apoye su resolución ...’. Por tanto, si no lo hace así, la responsable incurre en violaciones a las leyes del procedimiento que afectan las defensas del oferente de la prueba y trascienden al resultado del fallo, violando además los artículos 14 y 16 constitucionales.".
Asimismo, en el desahogo de la citada probanza, sin fundamento ni motivación descalificó las posiciones libres 2, 3 y 4 formuladas por el oferente de la prueba.
Efectivamente, al desahogarse la citada prueba confesional a cargo del gerente de la empresa, Heriberto Arredondo Rodríguez, se formularon, entre otras, las siguientes posiciones libres: "... 2RP. Diga el absolvente si el recibo o vale con el número 301 son los que se utilizan cuando se le otorgan gastos a los operadores. 3RP. Diga el absolvente por qué concepto depositaba su representada las cantidades de dinero en la cuenta Bital número 4910 8900 8291 1624, tarjeta esta que se encontraba a nombre del señor Ricardo Marroquín Garza. 4RP. Diga el absolvente por qué motivo la empresa que usted representa le depositaba al señor Ricardo Marroquín Garza en la cuenta Bital 4910 8900 8291 1624 las comisiones que devengaba ...".
Respecto a las mismas, la Junta textualmente estableció: "... a excepción de las repreguntas 2, 3 y 4, porque no deviene de las posiciones formuladas con anterioridad ...".
Ahora bien, de lo anterior se advierte que la responsable al descalificar las citadas posiciones, tampoco funda ni motiva su determinación, ya que señala que las descalifica porque a su juicio no devienen de las posiciones formuladas con anterioridad, sin precisar por qué considera que deben reunir ese requisito, además de no fundarse en precepto alguno.
Igualmente, la responsable incurre en violación procesal en el desahogo de la mencionada prueba confesional ofrecida por la actora, al no apercibir a los absolventes de no contestar con evasivas el interrogatorio libre, en términos de lo dispuesto por el artículo 790, fracción VII, de la Ley Federal del Trabajo, ya que dicho precepto dispone que:
"Artículo 790. En el desahogo de la prueba confesional se observarán las normas siguientes: ... VII. Si el absolvente se niega a responder o sus respuestas son evasivas, la Junta de oficio o a instancia de parte, lo apercibirá en el acto de tenerlo por confeso si persiste en ello."
Y en el presente asunto, al formularle el interrogatorio libre al absolvente, en relación a las posiciones 1 y 5, que dicen: "1RP. Diga el absolvente cuál era el horario de trabajo que tenía el señor Ricardo Marroquín Garza en la empresa donde trabajaba. ... 5RP. Diga el absolvente qué porcentaje se le pagaba al señor Ricardo Marroquín Garza en los fletes que realizaba."; contestó a cada una de ellas: "Me remito a la contestación de demanda", por lo que en términos de lo dispuesto en el citado precepto, la Junta al advertir que contestaba con evasivas, debió apercibirlo en el sentido de que si persistía en ello, se le tendría por confeso, y al no hacerlo así, causó agravio en perjuicio de la parte actora, ahora quejosa.
Es aplicable al caso la tesis sustentada por este Tribunal Colegiado, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, del mes de diciembre de 2000, visible en la página 1241, que dice: "INTERROGATORIO LIBRE. LAS RESPUESTAS QUE REMITEN A LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA O ALGÚN OTRO TÉRMINO SIMILAR, SON EVASIVAS.-Si dentro del desarrollo de un interrogatorio, el absolvente al contestar las preguntas que se le plantean responde diciendo que la respuesta ya está expuesta en la contestación, o con algún otro término similar, es claro que de esa forma de contestar se concluye que la respuesta no es precisa ni congruente con los términos en que están planteados los cuestionamientos del interrogatorio, sino que es una respuesta evasiva que elude la pregunta en sus términos expresos, circunstancia esta que debe advertir oficiosamente la Junta del conocimiento e inclusive apercibir al absolvente de tenerlo por confeso si persiste con su actitud, en los términos del artículo 790, fracción VII de la ley laboral."
Asimismo, este Tribunal Colegiado en suplencia de queja, advierte diversa infracción procesal que trasciende al resultado del laudo y afecta las defensas del quejoso, en virtud de que dentro de los autos que integran el expediente laboral no obra el proyecto de laudo.
En efecto, analizando las constancias que integran el expediente laboral, se advierte que no obra en autos el proyecto del laudo, lo que actualiza esa violación procesal, que se traduce en inseguridad jurídica ante la falta de certeza que se haya elaborado el mismo y que ese proyecto haya sido formulado con los requisitos que al efecto señala el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, mismo que dispone que a partir de que se declara cerrada la instrucción, el auxiliar tiene un término de diez días para formular el proyecto de resolución en forma de laudo, con el extracto de la litis, el señalamiento de los hechos, el estudio de las pruebas, de las consideraciones jurídicas y de la formulación de los puntos resolutivos.
Lo anterior lleva a considerar también, en este aspecto, violadas las leyes que rigen el procedimiento, porque si el proyecto de resolución del que deriva el laudo reclamado, no se encuentra en autos, esa omisión evidencia desacato de la norma; amén de que produce la falta de certeza y, se repite, de la seguridad jurídica de las partes, de que dicho proyecto se haya elaborado conforme a lo dispuesto por los artículos 885 a 890 de la Ley Federal del Trabajo; es decir, si efectivamente lo formuló el auxiliar de la Junta dentro de los diez días siguientes a aquel en que se declaró cerrada la instrucción; y que dicho proyecto contenga: a) un extracto de la demanda, contestación, réplica y contrarréplica; en su caso, reconvención y contestación de la misma; b) señalamiento de los hechos controvertidos; c) relación de pruebas admitidas y desahogadas, su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; d) consideraciones que fundadas y motivadas se deriven de lo alegado y probado; y e) los puntos resolutivos; amén de que tal proyecto haya sido emitido por el auxiliar de la Junta.
Para determinar lo anterior, importa destacar cuál es la integración del personal jurídico que auxilia a las Juntas de Conciliación y Arbitraje en el ejercicio de la función jurisdiccional, que a éstas compete. Al respecto, el artículo 625 de la misma ley establece:
"Artículo 625. El personal de las Juntas de Conciliación y Arbitraje se compondrá de actuarios, secretarios, auxiliares, secretarios generales y presidentes de la Junta Especial.-La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, los gobernadores de las entidades federativas y el jefe del Departamento del Distrito Federal, determinarán el número de personas de que deba componerse cada Junta."
Para considerar las facultades y obligaciones de los auxiliares, se precisa tomar en consideración que el artículo 628, establece los requisitos que debe satisfacer.
"Artículo 628. Los auxiliares deberán satisfacer los requisitos siguientes: I. Ser mexicanos, mayores de veinticinco años y estar en pleno ejercicio de sus derechos; II. Tener título legalmente expedido de licenciado en derecho; III. Tener tres años de ejercicio profesional posteriores a la obtención del título de licenciado en derecho, por lo menos, y haberse distinguido en estudios de derecho del trabajo; IV. No pertenecer al estado eclesiástico; y V. No haber sido condenados por delito intencional sancionado con pena corporal."
Las funciones que competen a esta clase de servidores públicos son de trascendencia jurídica dentro del procedimiento, pues les corresponde sustituir a los presidentes de las Juntas, llevar el trámite de los juicios hasta dejarlos en estado de resolución, emitir las actuaciones que conforme a la ley proceda, y cuidar que los juicios no queden inactivos, como se infiere, de los siguientes preceptos:
"Artículo 610. Durante la tramitación de los juicios, hasta formular el dictamen a que se refieren los artículos 771 y 808, el presidente de la Junta y los de las Juntas Especiales serán sustituidos por auxiliares, pero intervendrán personalmente en la votación de las resoluciones siguientes: I. Competencia; II. Nulidad de actuaciones; III. Sustitución de patrón; IV. En los casos del artículo 727; y V. Cuando se trate de conflictos colectivos de naturaleza económica, en la que designe perito y en la que ordene la práctica de las diligencias a que se refiere el artículo 806."
"Artículo 620. Para el funcionamiento del Pleno y de las Juntas Especiales se observarán las normas siguientes: ... II. En las Juntas Especiales se observarán las normas siguientes: a) Durante la tramitación de los conflictos individuales y de los colectivos de naturaleza jurídica, bastará la presencia de su presidente o del auxiliar, quien llevará adelante la audiencia, hasta su terminación. Si están presentes uno o varios de los representantes, las resoluciones se tomarán por mayoría de votos. Si no está presente ninguno de los representantes, el presidente o el auxiliar dictará las resoluciones que procedan, salvo que se trate de las que versen sobre personalidad, competencia, aceptación de pruebas, desistimiento de la acción a que se refiere el artículo 726 y sustitución de patrón. El mismo presidente acordará se cite a los representantes a una audiencia para la resolución de dichas cuestiones, y si ninguno concurre, dictará la resolución que proceda. b) La audiencia de discusión y votación del laudo se regirá por lo dispuesto en la fracción siguiente. c) Cuando se trate de conflictos colectivos de naturaleza económica, además del presidente se requiere la presencia de uno de los representantes, por lo menos. d) En los casos de empate, el voto del o de los representantes ausentes se sumará al del presidente o al del auxiliar. ..."
"Artículo 771. Los presidentes de las Juntas y los auxiliares cuidarán, bajo su más estricta responsabilidad, que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos, proveyendo lo que conforme a la ley corresponda hasta dictar laudo, salvo disposición en contrario."
De los preceptos transcritos se infiere que los auxiliares de las Juntas son servidores públicos que, por regla general, llevan el trámite de los juicios laborales y los ponen en estado de resolución; empero, esas funciones no las realizan con independencia porque no son autónomos, sino que están jerárquicamente sometidos a la Junta respectiva.
En concordancia con los anteriores preceptos, también el numeral 886 del propio cuerpo legal establece:
"Artículo 886. Del proyecto de laudo formulado por el auxiliar, se entregará una copia a cada uno de los miembros de la Junta.-Dentro de los cinco días hábiles siguientes al de haber recibido la copia del proyecto, cualquiera de los miembros de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que no se hubieren llevado a cabo por causas no imputables a las partes, o cualquiera diligencia que juzgue conveniente para el esclarecimiento de la verdad.-La Junta, con citación de las partes, señalará, en
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/2819-ce822fa7/laudo-proyecto-de-la-falta-de-constancia-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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