Corpus
Modo: Corpus Pro

PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO SIN LICENCIA. SUPUESTO EN QUE NO SE ACTUALIZA ESE DELITO RESPECTO DE LOS EJIDATARIOS, COMUNEROS O JORNALEROS DEL CAMPO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 72/2004-PS. · Registro digital (IUS): 18567
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO QUINTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Enero de 2005, , Pág. 314.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 72/2004-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO QUINTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Las consideraciones del Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, al resolver el amparo directo penal 739/2001, en la parte que interesa son:

"SEXTO. Es fundado el concepto de violación, por las razones que enseguida se exponen.

"Al sentenciado se le imputa la comisión del delito de portación de arma de fuego sin licencia, previsto en el artículo 81, primer párrafo, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que a la letra dice: (se transcribe).

"El precepto 9o. referido en la norma transcrita, describe las armas que pueden poseerse o portarse, en los términos y con las limitaciones establecidas por aquel ordenamiento, mientras que el 10, lista los artefactos que podrán autorizarse a los deportistas de tiro o cacería para poseer en su domicilio y portar con licencia; armas entre las que se encuentran las pistolas calibre nueve milímetros, que no sean Mausser, Luger, Parabellum, Comando, así como los modelos similares del mismo calibre de las exceptuadas, de otras marcas.

"Pues bien, el elemento normativo de esa infracción antisocial, consistente en que la conducta núcleo del tipo se lleve a cabo sin la licencia correspondiente, tiene su origen en lo dispuesto por el diverso numeral 24 de la legislación en cita, en cuanto que para portar armas se requiere la licencia respectiva, de ahí que el injusto de que se habla tenga como punto de partida la inobservancia de una norma legal que impone al particular una obligación específica.

"Dicho de otra manera, para que la portación sea ilícita desde el punto de vista penal, se requiere necesariamente que se lleve a cabo sin licencia, a pesar de que exista la obligación de contar con ella.

"Ahora bien, el artículo 9o., fracciones I y II, de la ley en cita previene: (se transcribe).

"Lo anterior permite establecer, sin lugar a duda, que para portar armas de las que se mencionan en el artículo transcrito, fuera de las zonas urbanas, los ejidatarios, comuneros y jornaleros del campo, no requieren la licencia a que se refiere el artículo 24 invocado, sino únicamente la manifestación, de manera que si un jornalero del campo porta un arma de las que se mencionan en las circunstancias apuntadas, sin contar con licencia, no incurre en delito, aun cuando no haya hecho la manifestación correspondiente, pues ya quedó precisado que el elemento normativo del injusto a estudio lo constituye la falta de licencia, no de manifestación, y no debe perderse de vista que conforme lo dispuesto por el artículo 14 constitucional, en los juicios de orden penal queda prohibido imponer, por simple analogía, aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por ley exactamente aplicable al delito de que se trata.

"En todo caso, la falta de esa manifestación engendra, en última instancia, la posibilidad de que se le imponga sanción administrativa (sic), en términos del artículo 90 del ordenamiento en cita, que dispone: (se transcribe)."

La presente ejecutoria no dio origen a una tesis en sentido formal.

CUARTO. Las consideraciones del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en lo que interesa, son:

Al resolver el amparo directo penal 638/2000:

"VII. ...

"En relación con el primer concepto de violación expresado por el quejoso, en el sentido de que la responsable no haya tomado en cuenta algunas probanzas habidas en la causa, como lo son la documental pública consistente en la constancia expedida por el presidente del comisariado ejidal de la comunidad de San Bartolomé Atlatlahuaca, Municipio de Tenango del Valle, Estado de México, mediante la cual se hace constar que él es campesino, de bajos recursos económicos y que cuenta con una dotación de ejido de labor en tal lugar; y también las declaraciones del quejoso en las que manifestó que el día de los hechos se dirigía a una milpa de su propiedad y fue detenido en un camino rural; y las declaraciones de los agentes policiacos aprehensores mediante las cuales manifestaron el lugar en que fue detenido. Es preciso establecer que se advierte claramente que el Magistrado responsable sí tomó en consideración tales elementos de prueba, sólo que como de cargo y no de descargo, observándose que como se consideró en la sentencia reclamada, con las probanzas existentes se acreditó suficientemente que el inculpado el día de los hechos portó, es decir, tuvo bajo su radio de acción y ámbito de disponibilidad inmediata el arma de fuego fedatada afecta, junto con los nueve cartuchos útiles también descritos en autos, y la circunstancia de que sea campesino, no lo exonera de responsabilidad penal en la realización de los presentes hechos, y mucho menos hace que no se encuentren acreditados los elementos del delito a estudio. Pues si bien es cierto, el artículo 9o., de referencia, establece que los ejidatarios, comuneros y jornaleros del campo, fuera de las zonas urbanas, podrán poseer y portar con la sola manifestación, un arma de las ya mencionadas, o un rifle calibre veintidós, o una escopeta de cualquier calibre, excepto las de cañón de longitud inferior a 635 mm. (25", y las de calibre superior al 12 (.729" o 18.55 mm); también es verdad que en el caso concreto no se demostró que el sujeto activo del delito hubiere realizado tal manifestación ante la autoridad competente, que lo es la Secretaría de la Defensa Nacional, pues caer en el sentido de que por dicha disposición cualquier persona cuya ocupación figure en la hipótesis mencionada, puede poseer y portar cualquiera de las armas referidas, sin lugar a dudas equivaldría a dejar en estado de impunibilidad tales conductas.

"Por otra parte, la circunstancia consistente en que el activo haya ido circulando en su vehículo en un camino rural y, por ende, despoblado, no significa que no se configure la conducta ilícita a estudio; pues no se debe perder de vista que lo que la ley penal especial federal regula y sanciona, es precisamente la portación o bien la posesión de las armas de fuego que, como en el caso, requieran de la licencia respectiva expedida por la autoridad competente, y que se carezca de la misma por el sujeto activo, tutelándose así como bien jurídico la seguridad y tranquilidad públicas. Y no obstante que se establece que aquellos que tengan como oficio el de campesinos, comuneros o jornaleros del campo, fuera de las zonas urbanas puedan portar y poseer las armas ahí comprendidas, para ello se requiere haber hecho la manifestación correspondiente, y ésta desde luego procede ante la autoridad competente en la materia de la que se está hablando, lo que no sucedió en la especie. Por lo que se surte el delito de portación de arma de fuego sin licencia, previsto y sancionado en el artículo 81 en relación con el 9o., fracción II, y 24 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

"Por lo que contrario a lo alegado, se observa que en la sentencia reclamada no se infringieron los artículos 279, 286 y 290 del Código Federal de Procedimientos Penales, porque sí se analizaron y valoraron las pruebas existentes en la causa.

"De igual manera es infundado el segundo concepto de violación expresado, porque sí se estudiaron cada uno de los elementos del delito a estudio, de acuerdo al numeral 168 del ordenamiento adjetivo penal federal en cita, entre éstos, los objetivos y normativos, que el tribunal de alzada federal describió ampliamente. Siendo falso que el elemento consistente en que se ponga en peligro la seguridad pública no se encuentre actualizado en el caso concreto; pues es equívoco el quejoso al aducir que no se integra debido a que fue detenido cuando llevaba consigo el arma de que se trata, pero que ello aconteció en un camino rural cuando se dirigía a una milpa. Porque, como se establece en la sentencia reclamada, para que se dé tal elemento y, desde luego, el delito en cuestión, no reviste trascendencia ni resulta indispensable que se cometa dicho ilícito en lugares urbanos o donde haya mucha gente, porque el bien jurídico tutelado se altera desde el momento en que se porta una arma de fuego como la afecta, sin tener la licencia correspondiente expedida por la autoridad competente, como lo es la Secretaría de la Defensa Nacional.

"Por las razones apuntadas al dar contestación al primer concepto de violación, es por lo que es infundado a su vez el tercer concepto de violación expresado; ya que como se apuntó, en el presente asunto el activo no hizo la manifestación a que se hace referencia."

El amparo que precede dio origen a la siguiente tesis aislada:

"Novena Época

"Instancia: Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XV, enero de 2002

"Tesis: II.1o.P.98 P

"Página: 1326

"PORTACIÓN O POSESIÓN DE ARMAS DE FUEGO SIN LICENCIA POR EJIDATARIOS, COMUNEROS O JORNALEROS DEL CAMPO, FUERA DE LAS ZONAS URBANAS. El artículo 9o. de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos establece que aquellos que tengan como oficio el de ejidatarios, comuneros o jornaleros del campo, fuera de las zonas urbanas, pueden portar y poseer las armas ahí comprendidas, con la sola manifestación ante la autoridad correspondiente, que lo es la Secretaría de la Defensa Nacional; por lo que de no acreditarse esto último, se actualiza el ilícito de portación o posesión de arma de fuego sin licencia, pues caer en el sentido de que por dicha disposición cualquier persona cuya ocupación figura en la hipótesis mencionada, puede poseer o portar cualquiera de las armas referidas en ese artículo, sin lugar a dudas equivaldría a interpretar indebidamente el dispositivo de mérito y se dejarían impunes tales conductas.

"Amparo directo 638/2000. 11 de enero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Rubén Arturo Sánchez Valencia. Secretario: Cuauhtémoc Esquer Limón."

El Tribunal Colegiado, al resolver el catorce de junio de dos mil el amparo directo 261/2001, en lo más importante, aseveró lo siguiente:

"VII. ...

"Por otra parte, refieren que aunque no exista la manifestación de las armas, no implica que cometieron el ilícito, porque el artículo 9o. de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos señala como excepción, que la persona sea ejidatario y la portación la realice fuera del área urbana, y que tales requisitos los acreditaron en autos. Lo que es inexacto, en virtud de que durante la etapa de instrucción no acreditaron debidamente su calidad de ejidatarios, mucho menos que manifestaron las armas, de conformidad con el artículo 12 del Reglamento de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, ante la Secretaría de la Defensa Nacional o ante la Comandancia de Zona, Guarnición o Sector Militar que corresponda o en la Oficina Federal de Hacienda del lugar, ante el personal militar designado para tal efecto.

"Asimismo, refieren que el artículo 81 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos considera como delito portar armas de las comprendidas en los artículos 9o. y 10 de la misma ley, sin tener la licencia correspondiente, y que de ello se deduce que por su calidad de ejidatarios y el lugar donde fueron detenidos, no era necesario que contaran con la licencia, aspecto en el que tampoco atinan, porque como se dijo, no acreditaron durante la etapa de instrucción ante el Juez de la causa su calidad de ejidatarios y que contaban con la manifestación correspondiente de las armas, y entonces les era exigible la licencia de portación en términos del numeral invocado.

"Atento a lo anterior, resulta inatendible lo que aducen, en el sentido de que su conducta debe considerarse como una falta administrativa, a su decir, como lo estipula el artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por violaciones al reglamento de la ley especial de la materia.

"Por otro lado, aun cuando los impetrantes no manifiestan por qué concluyen que el tribunal responsable equipara licencia con manifestación, este Tribunal Colegiado de la lectura del acto reclamado, no advierte que se haya realizado tal equiparación.

"En otro aspecto, no les asiste razón al expresar que la ley no señala la forma de la manifestación; pues el artículo 12 del Reglamento de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos establece claramente que la manifestación se debe hacer por escrito y en forma directa ante las autoridades precisadas en párrafo que precede; y de acuerdo al numeral 13 del mismo ordenamiento, debe contener: a) Nombre y apellidos paterno y materno del interesado; b) Fecha de nacimiento, sexo, si sabe leer y escribir, profesión, oficio u ocupación; c) Nacionalidad; d) Lugar de residencia y domicilio particular; e) Características del arma; y f) Los demás señalados en el modelo de manifestación que expida la secretaría.

"También alegan, en relación con las pruebas documentales expedidas en su favor por el presidente del comisariado ejidal de San Dieguito Xochimancas, que la autoridad responsable no los previno para su ratificación, y que como documentales públicas surten efectos legales plenos. Al respecto, cabe señalar, en principio, que tales documentos no revisten el carácter de públicos por no haber sido expedidos por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, tal como lo prevé el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Penales y, por tanto, no tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en el numeral 280 del Código Federal de Procedimientos Penales; además, como bien lo apreció el tribunal responsable, no es dable tener las probanzas como auténticas, por no haber sido perfeccionadas conforme al artículo 272 del ordenamiento invocado, ya que no fueron ratificadas o reconocidas ante la presencia judicial por su emisor y, como consecuencia, carecen de eficacia probatoria para demostrar su calidad de ejidatarios; y sin que por otra parte, deba estimarse que la responsable estaba constreñida a requerir al emisor de las probanzas para que las ratificara, por no exigirlo la ley procesal y quedar su perfeccionamiento a cargo del oferente."

Al realizar el estudio del amparo directo penal 705/2001 estimó, en lo que interesa, lo siguiente:

"VII. ...

"En relación con lo alegado por el justiciable en el sentido de que la conducta que desplegó no es delictuosa porque acreditó ser campesino y ejidatario, haberse dado los hechos en un lugar rural y despoblado, además de llevar el arma para utilizarla con el fin de espantar los animales que rondan y destruyen sus cultivos; actualizándose así la hipótesis prevista en el artículo 9o., fracción II, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Cabe decir que, como lo estableció la responsable, en el caso concreto no se surte tal supuesto, toda vez que en la especie no se cumplió con uno de los requisitos contemplados en dicho dispositivo legal, como lo es el hecho de que se hubiere realizado la manifestación del arma de fuego respectiva ante la autoridad militar correspondiente, esto es, la Secretaría de la Defensa Nacional; pues de las constancias procesales no se desprende tal aspecto. Y en cuanto a lo que aduce el impetrante, en el sentido de que no se vulneró el bien jurídico tutelado por la norma aludida, es preciso señalar que contrario a ello, se tiene que efectivamente los delitos como el que se trata, son de tipo formal, y este orden de ideas, no es necesario que produzcan un resultado material en el mundo exterior, sin que la conducta ilícita penal se actualiza desde el momento mismo en que de alguna forma se porta por el activo el arma de fuego respectiva, como aconteció en el caso a estudio.

"En la especie es inaplicable la tesis citada por el quejoso, de rubro: ‘PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO SIN LICENCIA. NO SE DA EL TIPO DEL DELITO. SI QUIEN PORTABA EL ARMA DE FUEGO ES UN EJIDATARIO (ARTÍCULO 9o., FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS).’, cuyos datos y texto precisó en el escrito de conceptos de violación que se atiende, y que quedó transcrito en el tercer considerando de esta ejecutoria; esto es así, porque como ya se dijo, el activo no hizo la manifestación del arma ante la autoridad correspondiente, a que se refiere el precepto en mención."

QUINTO. Como una cuestión previa a resolver la existencia de la contradicción denunciada, debe señalarse que para que se surta su procedencia, es necesario que las posiciones opuestas se susciten en un mismo plano de análisis, de modo que no basta atender a la conclusión del razonamiento, sino que es necesario tener en cuenta las circunstancias fácticas y jurídicas que por su enlace lógico son fundamento del criterio asumido, ya que únicamente cuando exista tal coincidencia puede presentarse una contradicción de tesis.

Una vez agotado el aspecto formal, es necesario verificar que las posiciones opuestas se sitúen en un mismo plano de análisis, es decir, hay que verificar que en la resolución de cada uno de los asuntos se hayan examinado cuestiones jurídicas esencialmente iguales, y que se hayan adoptado criterios discrepantes.

Lo anterior significa que no basta atender a la conclusión de los razonamientos, sino que es necesario tener en cuenta las circunstancias fácticas y jurídicas que llevaron a los respectivos tribunales a asumir su criterio.

Asimismo, al estudiar las circunstancias aludidas, se debe distinguir entre las que sirven de fundamento a los criterios emitidos y aquellas que, aun cuando lo parecen, no constituyen un presupuesto lógico del razonamiento.

En otros términos, se actualiza la contradicción de tesis cuando concurren los siguientes supuestos:

a) Las cuestiones jurídicas planteadas deben ser esencialmente iguales, es decir, deben provenir del examen de los mismos elementos.

b) Los criterios deben ser, en términos lógicos, efectivamente contradictorios, es decir, debe ser posible comprobar que lo que uno de ellos afirma acerca de un mismo problema, el otro lo niega.

c) La diferencia de criterios debe presentarse en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas.

Sobre el particular, resulta aplicable la siguiente tesis de jurisprudencia:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 26/2001

"Página: 76

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

SEXTO. A fin de determinar si en el presente asunto se acreditan los extremos referidos, conviene precisar el contenido esencial de los criterios sustentados por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, así como los antecedentes de las ejecutorias en que se sostuvieron.

El Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 739/2001, tuvo en cuenta los siguientes antecedentes y consideraciones:

Quejoso: ...

Autoridad responsable: Tribunal Unitario del Vigésimo Quinto Circuito.

Acto reclamado: La sentencia pronunciada en el toca 337/01, en la que se confirmó la ejecutoria de veinticinco de septiembre de dos mil uno, dictada por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Durango, en la causa 72/2001, en la que se consideró al quejoso penalmente responsable en la comisión del delito de portación de arma de fuego sin licencia, previsto y sancionado por el artículo 81 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Resolución de amparo: La emitida el primero de febrero de dos mil dos, pronunciada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, en la que concedió la protección constitucional solicitada por el quejoso.

Consideraciones fundamentales de dicho fallo:

• Para portar armas de las mencionadas en el artículo 9o. de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, fuera de las zonas urbanas, los ejidatarios, comuneros y jornaleros del campo no requieren la licencia a que se refiere el numeral citado, requieren únicamente la manifestación hecha ante la autoridad correspondiente.

• En este sentido, no incurre en el delito de portación de arma de fuego sin licencia, previsto en el artículo 81 en relación con el 9o. de la ley en cita, el ejidatario, comunero o jornalero que porte un arma fuera de las zonas urbanas, aun cuando no haya realizado la manifestación respectiva, sino que esa conducta dará lugar a que se le imponga una sanción administrativa, en términos del artículo 90 de la propia ley.

• Lo anterior en consonancia con el artículo 14 constitucional, al señalar que la aplicación en derecho penal debe ser exacta, y en el caso concreto no se actualiza el delito, pues no les es exigible la licencia sino la manifestación.

Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver los juicios de amparo directo que integran la presente contradicción de tesis, tuvo en cuenta los siguientes antecedentes y consideraciones:

Amparo directo 638/2000

Quejoso: ...

Autoridad responsable: Segundo Tribunal Unitario del Segundo Circuito.

Acto reclamado: La sentencia de treinta y uno de octubre de dos mil, pronunciada en el toca 326/2000-VI, en la que se revocó la sentencia absolutoria de veintidós de septiembre de dos mil, dictada por el Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, por lo que se le consideró penalmente responsable en la comisión del delito de portación de arma de fuego sin licencia, previsto y sancionado por el artículo 81 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Resolución de amparo: La emitida el once de enero de dos mil uno, por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en la que se negó la protección constitucional solicitada por el quejoso.

Consideraciones fundamentales de dicho fallo:

• Aun cuando la ley autoriza a los ejidatarios, comuneros y jornaleros del campo para portar armas de las mencionadas en el artículo 9o. de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, fuera de las zonas urbanas, con el único requisito de la manifestación de la misma ante la autoridad correspondiente; sin embargo, el hecho de no contar con la manifestación señalada, les hace exigible el contar con la licencia a que se refiere el propio numeral 9o. de la ley.

• Por ello, al no contar con la misma, se actualiza lo previsto en el artículo 81 en relación con el 9o. de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, ya que de lo contrario se provocaría que no se pudieran sancionar ese tipo de conductas.

Amparo directo 261/2001

Quejosos: ...

Autoridad responsable: Tercer Tribunal Unitario del Segundo Circuito.

Acto reclamado: La sentencia de veintinueve de marzo de dos mil uno, pronunciada en el toca 34/2001, en la que se confirmó el fallo de primer grado, en el sentido de considerar a los quejosos penalmente responsables en la comisión del delito de portación de arma de fuego sin licencia, previsto y sancionado por el artículo 81 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Resolución de amparo: La emitida el catorce de junio de dos mil, pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en la que se negó la protección constitucional solicitada por los quejosos.

Consideraciones fundamentales de dicho fallo:

• No se actualizó la hipótesis prevista en el artículo 9o. de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, relativa a que quien tenga la calidad de ejidatario, comunero o jornalero del campo y esté fuera de las zonas urbanas, puede portar o poseer una de las armas señaladas en el propio numeral, con la sola manifestación de ello; ya que en el caso concreto, no acreditó haber realizado la manifestación aludida.

• Estimó además, que el delito de que se trata es formal, por lo que no es necesario que produzcan un resultado material en el mundo exterior, contrario a lo que aduce el quejoso al afirmar que no se vulneró el bien jurídico tutelado por la norma aplicada.

Amparo directo 705/2001

Quejoso: ...

Autoridad responsable: Segundo Tribunal Unitario del Segundo Circuito.

Acto reclamado: La sentencia de ocho de noviembre de dos mil uno, pronunciada en el toca 342/2001, en la que se confirmó la dictada en primera instancia por el Juez Primero de Distrito con residencia en Toluca, Estado de México, por lo que se consideró al quejoso penalmente responsable en la comisión del delito de portación de arma de fuego sin licencia, previsto y sancionado por el artículo 81 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Resolución de amparo: La emitida el catorce de febrero de dos mil dos, pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en la que se negó la protección constitucional solicitada por el quejoso.

Consideraciones fundamentales de dicho fallo:

• No se actualizó la hipótesis prevista en el artículo 9o. de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, relativa a que quien tenga la calidad de ejidatario, comunero o jornalero del campo y esté fuera de las zonas urbanas, puede portar o poseer una de las armas señaladas en el propio numeral, con la sola manifestación de ello; ya que en el caso concreto, no acreditó haber realizado la manifestación aludida.

• Estimó además, que el delito de que se trata es formal, por lo que no es necesario que produzcan un resultado material en el mundo exterior, contrario a lo que aduce el quejoso al afirmar que no se vulneró el bien jurídico tutelado por la norma aplicada.

Ahora bien, de la lectura de los aspectos destacados en las ejecutorias mencionadas en los párrafos anteriores, se desprende que el Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito al resolver el amparo directo 739/2001; y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver los amparos directos 638/2000, 261/2001 y 705/2001, sí se pronunciaron en torno a un problema jurídico cuyas características y antecedentes resultan ser esencialmente idénticos, en los términos siguientes:

a) Las resoluciones que contienen los criterios en pugna, devienen de amparos directos en materia penal, con lo que se concluye que son resultado del examen de constitucionalidad que realiza un Tribunal Colegiado de un fallo judicial, el cual no puede ser recurrido por medio alguno.

En el presente caso se promueven amparos en contra de resoluciones de Tribunales Unitarios, dictados al resolver recursos de apelación interpuestos contra fallos dictados por un Juez Federal en primera instancia.

b) El tema que abordan los estudios de los amparos respectivos es el mismo, esto es, el consistente en determinar si se configura el delito de la portación de arma de fuego sin licencia, previsto y sancionado por el artículo 81 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, cuando: el sujeto activo del delito se ostenta como ejidatario, jornalero o comunero del campo, y así se ubica en la hipótesis del segundo párrafo del artículo 9o. de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en el cual se establece que quien teniendo la calidad antes mencionada, podrá portar o poseer un arma de las señaladas en el propio artículo con la sola manifestación ante la autoridad correspondiente.

c) En los casos a estudio, fue precisamente la falta de manifestación la que dio origen a la contradicción de criterios, es decir, si en virtud de dicha omisión daba lugar a la configuración del delito de portación de arma de fuego sin licencia o si lo que origina es la imposibilidad de que se le imponga una sanción administrativa.

d) Así, el Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito estimó que la falta de manifestación del arma por parte del ejidatario, comunero o jornalero del campo ante la autoridad correspondiente, no configura el delito de portación de arma de fuego sin licencia, esto en razón de que la Constitución establece que el derecho penal es de aplicación estricta, por lo que al aplicar el diverso delito de portación de arma de fuego sin licencia al caso sometido a estudio, se estaría equiparando el término licencia con manifestación, lo cual está en contravención con lo señalado en la Carta Fundamental.

e) Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver los amparos relativos a la presente contradicción, contrario a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, estimó que la portación de arma de fuego de las señaladas en el artículo 9o. de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, aun cuando sea por ejidatario, comunero o jornalero, fuera de la ciudad, si no se cuenta con la manifestación a que se refiere el propio numeral, configura el delito de portación de arma de fuego sin licencia.

En ese orden de ideas, queda evidenciado que no obstante que los antecedentes y elementos jurídicos a evaluar, resultaban esencialmente iguales en el aspecto específico del orden de estudio apuntado, los órganos jurisdiccionales antes identificados concluyeron con posiciones jurídicas discrepantes.

Así las cosas, resulta válido colegir, como se anunció

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18567-f04efbd3/portacion-de-arma-de-fuego-sin-licencia-supuesto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.