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Modo: Corpus Pro

USO DE DOCUMENTO FALSO. ES COMPETENCIA DEL FUERO LOCAL, SI LA ACCIÓN DESPLEGADA POR EL SUJETO ACTIVO EN LA COMISIÓN DEL DELITO NO LA RESIENTE DIRECTAMENTE LA FEDERACIÓN COMO SUJETO PASIVO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 50, FRACCIÓN I, INCISO E), DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 74/2007-PS. · Registro digital (IUS): 20763
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO Y EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Febrero de 2008, , Pág. 436.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 74/2007-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO Y EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de esta denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y los puntos segundo y cuarto del Acuerdo 5/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en virtud de que la materia sobre la que versa la contradicción se circunscribe al ámbito penal, que es de la competencia exclusiva de esta Sala.

SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, habida cuenta de que la formularon los Magistrados de Circuito de uno de los tribunales cuyos criterios participan en la presente contradicción.

TERCERO. Metodología. En términos de la jurisprudencia plenaria P./J. 26/2001 (de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de dos mil uno, página setenta y seis) deben concurrir los siguientes supuestos para que exista contradicción de tesis: a) que al resolver los negocios se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

Con base en lo anteriormente señalado, lo que procede es examinar si en la especie existe o no la contradicción denunciada entre los criterios de los Tribunales Colegiados involucrados.

CUARTO. Criterio del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito. Este tribunal, aquí denunciante, conoció del amparo directo penal 374/2006 interpuesto en contra de la sentencia definitiva emitida en el toca penal 59/2006 por el Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Circuito, en la cual se confirmó la sentencia condenatoria a cargo del Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chiapas, por el delito de uso de documento falso previsto y sancionado por los artículos 243 y 246 del Código Penal Federal.

Los hechos configurativos de ese delito consistieron en la utilización, para cursar estudios universitarios en una institución privada, de un documento apócrifo en el que supuestamente la Dirección General de Educación Extraescolar, dependiente de la Secretaría de Educación Pública, hacía constar la terminación del bachillerato.

De esta manera, previo a resolver sobre el amparo directo puesto a su consideración, el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, a partir de la interpretación de los artículos 10 de la Ley General de Educación,(1) 38, fracción I, inciso e), de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,(2) 246, fracción VII, del Código Penal Federal(3) y 50, fracción I, inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(4) determinó:

"QUINTO. Los conceptos de violación transcritos en el considerando que antecede son infundados, sin que se advierta materia para suplir la deficiencia de los mismos, en términos del numeral 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo.

"Previo a exponer las consideraciones que sustentan la apuntada consideración conviene precisar que en la especie la competencia para conocer de la causa penal se surte a favor del fuero federal, toda vez que aun cuando el auto de formal prisión no se libró por el delito de falsificación de documento sino únicamente por el antijurídico de uso de documento falso por el cual se dictó la sentencia definitiva reclamada, la Federación continúa siendo sujeto pasivo del delito, como se verá enseguida.

"En efecto, del documento consistente en certificado de estudios de bachillerato fechado el quince de agosto de mil novecientos noventa y siete, con clave 09DEX0001G, con número de folio 09HEX002 y serie D006185, que resultó ser falso, se advierte que se hizo aparecer que la Dirección General de Educación Extraescolar, perteneciente al sistema educativo nacional, fue la que expidió el mismo, es decir, se trata de un documento en el que una dirección dependiente de la Secretaría de Educación Pública, hace constar que la quejosa terminó sus estudios de bachillerato; luego, si conforme al artículo 10 de la Ley General de Educación, la educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial, es un servicio público y de acuerdo a lo establecido por el artículo 38, fracción I, inciso e), de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, corresponde a la Secretaría de Educación Pública, organizar, vigilar y desarrollar la educación superior y profesional en las escuelas oficiales, incorporadas o reconocidas, es de concluirse que la Federación fue directamente afectada con la conducta de la reo, quejosa, al utilizar a sabiendas de que era falso, un documento oficial expedido por un funcionario de la Secretaría de Educación Pública, pues la circunstancia de que se hubiera utilizado dicho documento falso ante una institución de educación privada, no es razón para concluir que ésta fue quien resultó afectada por el delito y no la Federación. En efecto, la categoría de persona moral de derecho privado de la institución docente ante quien se presentó el documento apócrifo para los fines pretendidos por la sujeto activo, carece de trascendencia para desvirtuar el agravio sufrido por la nación al lesionarse el bien jurídico tutelado en la fracción VII del artículo 246 del Código Penal Federal, consistentes en los principios de la confianza pública depositada en la veracidad y autenticidad de documentos cuando se usan para realizar actos jurídicos y, por tal naturaleza, el titular del referido bien es la sociedad en general y en lo individual la persona jurídica que resiente la acción; de ahí que la competencia se surta a favor del fuero federal en términos del artículo 50, fracción I, inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

"Ahora, advirtiendo una posible contradicción de criterios entre la conclusión anteriormente alcanzada y el contenido en la tesis número I.5o.P.39 P, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la página 1742 del Tomo XX, septiembre de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: ‘COMPETENCIA PENAL. RECAE EN EL FUERO COMÚN, SI LA ACCIÓN DESPLEGADA POR EL SUJETO ACTIVO EN LA COMISIÓN DEL DELITO DE USO DE DOCUMENTO FALSO NO LA RESIENTE DIRECTAMENTE LA FEDERACIÓN COMO SUJETO PASIVO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 50, FRACCIÓN I, INCISO E), DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.’, con fundamento en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, y con testimonio autorizado de esta ejecutoria, hágase la denuncia de la posible contradicción de tesis a la Suprema Corte de Justicia de la Nación." (páginas cuarenta y dos anverso, a cuarenta y tres reverso, de la contradicción).

QUINTO. Criterio del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. En cumplimiento a lo ordenado por el presidente de esta Primera Sala en el auto de fecha once de junio de dos mil siete, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito hizo llegar a este Alto Tribunal copia certificada de los conflictos competenciales 125/2005, 135/2005, 155/2006 y 7/2007; no obstante, del análisis de los mismos se desprende que no forman parte de la presente contradicción, ya que, como se expondrá en la parte final de este considerando, no se refieren ni a cuestiones jurídicas ni a criterios esencialmente iguales al vertido en la resolución del conflicto competencial 5/2004, respecto del que se suscitó esta denuncia.

El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito resolvió el conflicto competencial 5/2004, suscitado entre el Juez Décimo Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal y el Juez Quincuagésimo Séptimo Penal del Distrito Federal.

En dicho conflicto, el tribunal debía determinar si correspondía a la jurisdicción federal o a la local conocer del delito de uso de documento falso, cometido por un particular que utilizó documentación apócrifa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para simular una auditoría a una universidad privada, a efecto de obtener de la misma un beneficio económico indebido. Además, en el supuesto de que decidiese que era competencia local, también debía determinar qué Juez local debía avocarse al conocimiento, toda vez que el Juez Quincuagésimo Séptimo Penal del Distrito Federal aducía que, en todo caso, quien debía conocer de la causa era el Juez con jurisdicción en Chalco, Estado de México, por ser éste el lugar en que acontecieron los hechos delictivos.

Así las cosas, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito resolvió, a partir de la interpretación de los artículos 11, fracciones I, II y III del Código Federal de Procedimientos Penales,(5) 246, fracción VII, del Código Penal Federal y 50, fracción I, inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en la parte que interesa, lo siguiente:

"QUINTO. ... Para resolver ... en qué fuero radica la jurisdicción, se debe atender al artículo 50, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación ... no obstante, dado que el Juez del Distrito Federal estableció como argumento principal para rechazar la competencia declinada, el supuesto previsto por la fracción I, inciso e), del precepto legal en comento ... se estima conveniente hacer énfasis en el análisis de dicha hipótesis, que dice:

"‘Artículo 50. Los Jueces Federales penales conocerán:

"‘I. De los delitos del orden federal.

"‘Son delitos del orden federal:

"‘...

"‘e) Aquellos en que la Federación sea sujeto pasivo.’

"El precepto legal anterior lleva a concluir que si se demuestra en la causa penal que la Federación es sujeto pasivo, entonces el delito de uso de documento falso cometido ... será del orden federal y el Juez penal competente para conocer del mismo radicará en uno de ese fuero.

"Así, para determinar el significado de la expresión ‘que la Federación sea sujeto pasivo’, es necesario establecer los parámetros que sirven para identificar cuándo una persona jurídica tiene tal calidad en una conducta típica y, después, verificar si en el caso concreto, la Federación resultó serlo respecto del delito de uso de documento falso.

"En primer término, desde una interpretación analítica, la función sintáctica que desempeña la expresión sujeto pasivo en la oración normativa, consiste en determinar la cualidad específica que debe tener la ‘Federación’, para que un delito sea considerado del orden federal, con independencia de que reúna otras calidades, como denunciante o querellante.

"En segundo término, se debe destacar que la ciencia penal define la expresión sujeto pasivo, como aquella persona en quien recae directamente la acción delictuosa; lo que excluye, por tanto, las afectaciones indirectas o mediatas que la acción antijurídica, innegablemente, causa a otras personas, puesto que, si se toma en consideración que todo delito afecta al sistema social, en cada hecho delictuoso se tendría un número indeterminado de sujetos pasivos o de personas que reclamarían la reparación del daño causado, aun indirectamente.

"Por otra parte, si se toma en consideración que el bien jurídico protegido por la ley constituye la base sobre la cual se elabora una hipótesis delictiva y, por ende, no puede existir algún tipo penal sin la pretensión de salvaguardar un determinado bien jurídico, entendiéndose por éste todo interés vital del individuo o de la colectividad; entonces, otro parámetro que sirve para determinar si una persona es sujeto pasivo de un delito, será verificar si es titular del interés jurídico protegido por la norma.

"Una vez realizadas las anteriores precisiones, la clave interpretativa para dilucidar a qué fuero pertenece una conducta ilícita, consiste precisamente en analizar la norma de competencia citada con anterioridad; es decir, el artículo 50, fracción I, inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en correspondencia con el tipo delictivo de que se trata, previsto en el numeral 246, fracción VII, del Código Penal Federal, que prescribe:

"‘Artículo 246. También incurrirá en la pena señalada en el artículo 243:

"‘...

"‘VII. El que a sabiendas hiciere uso de un documento falso, o de copia, transcripción o testimonio del mismo, sea público o privado.’

"Luego, del análisis de la transcripción precedente, así como de los nombres que reciben el capítulo y título del Código Penal, en los que está ubicado el delito de uso de documento falso, resulta inconcuso que el sujeto pasivo de éste deberá descubrirse en cada caso concreto y que el legislador quiso tutelar en el ilícito que nos ocupa, como bien jurídico la confianza pública depositada en la veracidad y autenticidad de documentos cuando se usan para realizar actos jurídicos y, por tal naturaleza, el titular del referido bien es la sociedad en general y en lo individual la persona jurídica que resiente la acción.

"Así, para dirimir si la Federación es sujeto pasivo en la especie, se deben analizar los parámetros apuntados, con base en los hechos que configuraron el delito de uso de documento falso, para lo que debemos partir del auto de plazo constitucional dictado. ...

"Confirma el criterio precedente, la tesis relacionada con la jurisprudencia 416 del Pleno de la anterior (sic) Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 706 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que se lee:

"‘COMPETENCIA EN MATERIA PENAL. La competencia en materia penal se fija por la naturaleza de los hechos imputados al acusado, en el auto de formal prisión que, bien o mal dictado, subsiste mientras no se revoque por los medios legales que el derecho establece.’

"Así como la tesis II/96 de la actual Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, correspondiente a enero de 1996, página 29, que dice:

"‘COMPETENCIA EN MATERIA PENAL. SE FIJA ÚNICAMENTE POR LOS HECHOS IMPUTADOS EN EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN, SIN QUE SEA DABLE TOMAR EN CONSIDERACIÓN OTROS HECHOS COMETIDOS POR OTRAS PERSONAS, DE LOS CUALES NO SE OCUPÓ EL AUTO DE TÉRMINO. Si del auto de formal prisión se desprende que éste fue dictado en contra del acusado por un delito que fue cometido en una entidad federativa, cuando aquél se desempeñaba como empleado en una institución bancaria, es inconcuso que, de conformidad con el artículo 6o. del Código Federal de Procedimientos Penales, el cual establece que: ‘Es tribunal competente para conocer de un delito, el del lugar en que se comete’, debe conocer del mismo el que tenga jurisdicción en dicho lugar, deviniendo irrelevante el que uno de los Jueces contendientes manifieste que el ilícito principal se cometió en entidad diversa, toda vez que no puede tomarse en consideración para fijar la competencia otro delito, presuntamente cometido por otra persona, y del cual no se ocupó el auto de formal prisión.’

"En esa tesitura, de las declaraciones ministeriales ... que se tomaron en cuenta en el auto de formal prisión respectivo, se llega al conocimiento de que el ocho de marzo de dos mil cuatro, aproximadamente a las trece horas ... se presentó en la rectoría de la universidad mencionada ... donde se identificó como servidor público adscrito a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; mostró el oficio 324-SAT-15-I-2120, de veintitrés de febrero del año indicado, suscrito por el administrador local de Auditoría Fiscal de Naucalpan ... que contenía la orden de auditoría para realizarse en dicha institución, documento que posteriormente se demostró es falsificado.

"Después de lo anterior, el referido inculpado solicitó a los representantes de la universidad ... una serie de documentos contables que no le fueron proporcionados en ese momento, por lo que les dijo que esa omisión daba lugar a la imposición de una sanción económica, pero que podían llegar a un ‘arreglo’, para lo que les solicitó le entregaran la cantidad de doscientos cincuenta mil pesos, en un plazo máximo de tres días, y evitar así cualquier revisión y sanción fiscal. Ante tal requerimiento, los funcionarios de la universidad le entregaron cincuenta mil pesos en efectivo y acordaron que el resto se cubriría el miércoles diez de marzo siguiente ... llegada esta fecha, se entrevistaron con el inculpado de referencia en el restaurante mencionado, donde le entregaron el cheque ... por la suma de ciento cincuenta mil pesos; no obstante, en virtud de que los funcionarios de la universidad habían dado aviso a las autoridades policiacas de la presión ... sobre ellos para lograr la obtención ilícita de una cantidad de dinero, bajo la amenaza de que en caso de incumplimiento se impondría una sanción de carácter fiscal, se preparó un dispositivo que culminó con la detención del inculpado, precisamente en el lugar y momento después de que recibió el cheque identificado con anterioridad.

"Una vez que la autoridad ministerial dio inicio a la averiguación previa, en la que logró recabar las testimoniales a que se ha hecho alusión, también ordenó el análisis del oficio 324-SAT-15-I-2120, de veintitrés de febrero del año indicado, que según el inculpado contenía la orden de auditoría que habría de realizarse en la universidad ... los expertos oficiales en grafoscopía y documentoscopia dictaminaron que dicho documento era apócrifo; lo que dio origen al ejercicio de la acción penal ... por el ilícito de uso de documento falso y otros delitos.

"De la mecánica de hechos narrada con anterioridad, es dable concluir que la acción desplegada ... al usar el documento apócrifo consistente en el oficio 324-SAT-15-I-2120, no fue resentida directamente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, menos aún por la Federación y, por supuesto, tampoco lesionó el patrimonio de los entes oficiales mencionados; pues es claro que, de manera contraria a lo que sostiene el Juez del Distrito Federal, la intención del inculpado fue obtener un beneficio económico indebido a costa de la Universidad ... único sujeto pasivo del delito, que obviamente no forma parte de la Federación, como bien lo ponderó el Juez Federal contendiente. Además, dado que según se ha dicho, el bien jurídico tutelado en el ilícito a estudio, consiste en la confianza pública depositada en la veracidad y autenticidad de documentos cuando se usan para realizar actos jurídicos, es claro que el titular de dicho bien lo fue en lo individual, la institución educativa mencionada y no la Federación.

"En tales condiciones, el equívoco del Juez Penal del Distrito Federal, al afirmar que la Federación fue sujeto pasivo del delito en análisis, radica básicamente en que consideró que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tenía ese carácter por el hecho de que figura en el margen del documento apócrifo, el escudo nacional que identifica a esa institución y se dice que fue expedido por uno de sus funcionarios; al respecto, cabe señalar que no se tomó en consideración que dicha secretaría no fue quien resintió la acción desplegada por el inculpado ... al utilizar el oficio falso con la finalidad de hacer creer a los funcionarios de la universidad ... que su presencia en la institución era para cumplir una orden legítima de auditoría fiscal que se practicaría en dicha institución educativa, sino fue esta última la (sic) sujeto pasivo en virtud de que resintió directamente la acción de uso del inculpado y el numerario y cheque referidos, que le fueron entregados, eran de su peculio; además el hecho de que aparezca en el documento falsificado el logotipo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y otros signos alusivos a ésta, por sí no constituyen un supuesto previsto en el numeral 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para identificar qué delitos son del orden federal.

"... En virtud de lo expuesto en los párrafos que preceden, se considera que no le asiste razón jurídica al Juez Quincuagésimo Séptimo Penal del Distrito Federal y, por ende, al no advertirse otra hipótesis de competencia federal que se actualice en el caso, se debe estimar que no radica en el fuero federal la jurisdicción para conocer y resolver la causa penal 42/2004-II ... (páginas ochenta, anverso, a ochenta y seis, anverso de la contradicción)."

Derivado de tal resolución, se integró la tesis número I.5o.P.39 P, consultable en la página 1742 del Tomo XX, septiembre de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro:

"COMPETENCIA PENAL. RECAE EN EL FUERO COMÚN, SI LA ACCIÓN DESPLEGADA POR EL SUJETO ACTIVO EN LA COMISIÓN DEL DELITO DE USO DE DOCUMENTO FALSO NO LA RESIENTE DIRECTAMENTE LA FEDERACIÓN COMO SUJETO PASIVO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 50, FRACCIÓN I, INCISO E), DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Se considera sujeto pasivo del delito a quien resiente directamente la acción típica, lo que excluye, por tanto, las afectaciones indirectas o mediatas que la acción antijurídica, innegablemente, causa a otras personas; luego, en el delito de uso de documento falso la Federación no tendrá ese carácter si el inculpado efectuó la conducta delictuosa, es decir, usó el documento apócrifo, con independencia de su naturaleza, ante una institución privada, pues la acción ilícita la resintió ésta y no aquélla, por lo que no se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 50, fracción I, inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, por ende, en estos casos la competencia recae en el fuero común."

Una vez que el tribunal determinó que la competencia se surtía a favor del fuero local, estableció que debía conocer del ilícito el Juez Quincuagésimo Séptimo Penal del Distrito Federal, y no su homólogo del Estado de México, con base en que fue el que primero tuvo conocimiento de los hechos delictivos.

Cabe destacar que este último problema no se presentó ni abordó en el caso resuelto por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito; asimismo, que su denuncia fue exclusivamente respecto a la determinación de si es de competencia local o federal el delito de uso de documento federal apócrifo realizado en las circunstancias detalladas en las respectivas ejecutorias, y no así respecto del diverso planteamiento que abordó el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en el que determinó a qué Juez local correspondía, en concreto, conocer de la causa penal.

Por consiguiente, resulta que las ejecutorias dictadas por ese tribunal al resolver los conflictos competenciales 125/2005, 155/2006, 135/2005 y 7/2007, que remitió a esta Sala ante el requerimiento que hizo su presidente, como se indicó al inicio de este considerando, no participan en esta contradicción, pues no aplican el criterio respecto del que versó la denuncia del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito ni se refieren a la problemática involucrada en la presente contradicción.

En efecto, en tales ejecutorias se aplicó el diverso criterio de que es competente el Juez que previene el asunto, y se abordó exclusivamente el problema de determinar qué juzgador debía ejercer jurisdicción en supuestos diversos al del caso en cuestión; específicamente: (i) para conocer del delito de robo agravado cuando no existe certeza del lugar donde se llevó a cabo la conducta delictiva (125/2005); (ii) para conocer de la apelación que versa sobre un auto emitido por urgencia por un Juez distinto al del lugar en que ocurrieron los hechos delictivos (155/2006) y (iii) competencia para conocer de un amparo contra órdenes de aprehensión (135/2005 y 7/2007).

SEXTO. Existencia de la contradicción. Como se advierte, de la relación de los anteriores antecedentes, sí existe contradicción entre los criterios denunciados.

Si bien los criterios de los tribunales versaron sobre hechos delictivos diversos, en tales asuntos existe coincidencia en la configuración del delito de uso de documento falso, con la especificidad de que la documentación falsa era una que correspondía emitir a la Federación; situación que fue valorada de forma distinta por ambos colegiados, a partir de la divergente interpretación que cada uno por su lado sostuvo del artículo 50, fracción I, inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el relativo 246, fracción VII, del Código Penal Federal.

Para el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, la situación antes descrita configuraba un delito del fuero federal, ya que, a su juicio, el mero uso, a sabiendas, de un certificado de bachillerato apócrifo cuyo original correspondería a una dependencia federal (como es la Secretaría de Educación Pública), implicó que la Federación fuera sujeto pasivo de ese delito, con independencia de que el documento se utilizara en perjuicio de un particular. En contrapartida, a criterio del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, el sujeto pasivo lo fue el particular que resintió materialmente la conducta delictiva, ya que estimó que la mera utilización por el inculpado de documentación falsa correspondiente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no hacía de la Federación un sujeto pasivo.

Conforme a lo anterior, sí existe la contradicción de criterios denunciada, y consiste en determinar si es competencia de los tribunales federales o locales conocer del delito de uso de documento falso cuando éste lo es respecto de uno que corresponde expedir a la Federación.

SÉPTIMO. Solución. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que, en la hipótesis recién especificada, por regla general, deben conocer de ese delito los tribunales del fuero local, con base en las razones y con la salvedad que a continuación se expone.

En principio, debe partirse de la base de que, como en la mayoría de los ilícitos, el uso de documento falso se encuentra tipificado tanto en la legislación sustantiva penal federal(6) como en la de diferentes entidades federativas.(7) Esta situación es frecuente y previsible para el legislador, de manera que ha establecido reglas para atribuir la competencia al ámbito federal o local, para resolver casos como el subyacente en esta contradicción.

En ese sentido, el artículo 11, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Penales, establece:

"Artículo 11. Para la decisión de las competencias se observarán las siguientes reglas:

"...

"II. Las que se susciten entre los tribunales de la Federación y los de los Estados, Distrito o Territorios Federales, se decidirán declarando cuál es el fuero en que radica la jurisdicción."

Por otra parte, el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece un catálogo competencial para los Jueces Federales, y dice:

"Artículo 50. Los Jueces Federales penales conocerán:

"I. De los delitos del orden federal.

"Son delitos del orden federal:

"a) Los previstos en las leyes federales y en los tratados internacionales. En el caso del Código Penal Federal, tendrán ese carácter los delitos a que se refieren los incisos b), a l) de esta fracción;

"b) Los señalados en los artículos 2 a 5(8) del Código Penal;

"c) Los cometidos en el extranjero por los agentes diplomáticos, personal oficial de las legaciones de la República y cónsules mexicanos;

"d) Los cometidos en las embajadas y legaciones extranjeras;

"e) Aquellos en que la Federación sea sujeto pasivo;

"f) Los cometidos por un servidor público o empleado federal, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas;

"g) Los cometidos en contra de un servidor público o empleado federal, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas;

"h) Los perpetrados con motivo del funcionamiento de un servicio público federal, aunque dicho servicio esté descentralizado o concesionado;

"i) Los perpetrados en contra del funcionamiento de un servicio público federal o en menoscabo de los bienes afectados a la satisfacción de dicho servicio, aunque éste se encuentre descentralizado o concesionado;

"j) Todos aquellos que ataquen, dificulten o imposibiliten el ejercicio de alguna atribución o facultad reservada a la Federación;

"k) Los señalados en el artículo 389(9) del Código Penal cuando se prometa o se proporcione un trabajo en dependencia, organismo descentralizado o empresa de participación estatal del Gobierno Federal;

"l) Los cometidos por o en contra de funcionarios electorales federales o de funcionarios partidistas en los términos de la fracción II del artículo 401(10) del Código Penal, y

"m) Los previstos en los artículos 366, fracción III;(11) 366 ter(12) y 366 quáter(13) del Código Penal Federal, cuando el delito sea con el propósito de trasladar o entregar al menor fuera del territorio nacional.

"II. De los procedimientos de extradición, salvo lo que se disponga en los tratados internacionales.

"III. De las autorizaciones para intervenir cualquier comunicación privada."

De la lectura de los artículos recién transcritos, se advierte que el legislador dispuso, en el artículo 11 antes citado, una regla de competencia por exclusión, en el sentido de que para resolver un conflicto competencial entre los tribunales federales y locales, basta con determinar el fuero correspondiente; regla que se complementa con otra, de residualidad, según la cual, si una conducta tipificada tanto en la l

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20763-66275fc6/uso-de-documento-falso-es-competencia-del-fuero · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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